A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA

Las labores de exhumación de cuerpos en San Cristóbal culminan este fin de semana

PAMPLONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) –

Este fin de semana terminarán las tareas de exhumación de los cadáveres de 37 prisioneros republicanos que fueron enterrados entre 1942 y 1945 en el monte San Cristóbal.

Durante la investigación se han localizado los 131 cuerpos que fueron inhumados en cajas de madera con una botella en la que se colocaron sus identidades. Por ahora, se han exhumado los 37 cuerpos que habían sido solicitados por las familias.

La investigación cuenta con el apoyo del Ministerio de la Presidencia y con las autorizaciones del Gobierno de Navarra y del Ministerio de Defensa, propietario del terreno en donde se encuentran los cuerpos.

Los trabajos han sido dirigidos por Francisco Etxeberria, profesor de Medicina Forense de la UPV-EHU y presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. La coordinación ha corrido a cargo de Koldo Pla, de la Asociación Txinparta de Pamplona.

La ubicación de los cadáveres en el cementerio ha sido interpretada tras un «laborioso» trabajo de investigación contando con un croquis que había sido realizado por el capellán de la prisión. En este croquis se diferenciaban los enterramientos católicos, en total 118, de los 13 civiles.

Además, la lectura de algunos de los textos localizados en el interior de las botellas y las características antropológicas apreciadas durante la exhumación, han permitido interpretar la secuencia de los enterramientos y su localización en un recinto de 154 metros de largo por 13 de ancho.

En el interior de las botellas se introducía un papel de media cuartilla con anagramas oficiales y escrito a máquina con los datos de filiación y fecha de muerte así como un número que aparece recogido en el croquis elaborado por el capellán de la prisión. Asimismo, se ha comprobado que dos de las tumbas se encontraban vacías.

Al igual que el fin de semana anterior, este fin de semana distintos familiares estarán presentes en el momento de la extracción de los restos.

http://www.europapress.es/navarra/noticia-labores-exhumacion-

cuerpos-san-cristobal-culminan-fin-semana-20100611112359.html

Familiares de represaliados promueven querellas contra el franquismo en Europa

Ningún juzgado gallego acató la orden de Garzón de investigar los crímenes de la dictadura y exhumar las fosas. Colectivos de la memoria histórica llevarán el caso al Constitucional

R. PRIETO | A CORUÑA Si España no investiga los crímenes del franquismo, que lo hagan otros países; tal y como hizo Garzón con la dictadura de Pinochet o de Videla. Bajo esta consigna, los familiares de víctimas del régimen de Franco se han movilizado para sentar en el banquillo de los acusados a los represores de la Guerra Civil y la postguerra. Y es que las ansias de justicia no entienden de fronteras. Argentina es el primer país de una larga lista donde pretenden movilizarse para que los responsables de los miles de paseos durante el franquismo sean juzgados. Colectivos de la memoria histórica ya han iniciado contactos con abogados para promover la presentación de nuevas querellas en países como Portugal, Francia, Reino Unido o Alemania.

El primer paso lo dio la Fundación Galega contra la Impunidade, que el pasado mes de abril presentó en Argentina el listado de unos 5.000 gallegos fusilados durante el franquismo y los poderes de una decena de familiares para que la Cámara Federal de Buenos Aires investigue los casos de más de 100.000 españoles desaparecidos y de los 30.000 niños secuestrados durante el franquismo.

La Comisión de la Memoria Histórica del 36 de Ponteareas, la única asociación gallega que se querelló ante la Audiencia Nacional en 2006 por los crímenes de la dictadura de Franco, promueve ahora la presentación de una demanda en Lisboa para que bajo el principio de jurisdicción universal Portugal también investigue los crímenes de lesa humanidad del franquismo. «Que la causa esté paralizada en España, nos está moviendo a internacionalizar la investigación», apunta el presidente de la Comisión de la Memoria Histórica de Ponteareas, Ángel Rodríguez Gallardo.

Parón en los juzgados

La denuncia que familiares gallegos represaliados ya han presentado en Argentina y que próximamente extenderán a Lisboa, Berlín, París o Londres coincide con el proceso abierto en España contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación tras haberse declarado competente para investigar los crímenes y desapariciones de la Guerra Civil y la postguerra.

De los 60 juzgados provinciales a favor de los que se inhibió el año pasado Garzón para que abriesen un juicio contra el franquismo y exhumasen las fosas comunes, sólo tres -Benavente, Palencia y Villacarrillo (Jaén- han continuado con la causa. El resto, o han dado carpetazo al asunto o lo han ignorado. Es el caso de seis tribunales de Galicia en los que recayó la investigación del franquismo -Aranga (A Coruña), Mondoñedo y Portomarín (Lugo), Baiona-O Rosal, O Porriño y San Andrés de Xeve (Pontevedra)-. Argumentos como que no se declaran competentes para ordenar la apertura de una fosa, que ya han transcurrido muchos años para investigar los crímenes del franquismo o que el volumen del trabajo del juzgado no permite llevar el caso mantiene bajo tierra las tumbas de Franco.

Ante la negativa de los jueces gallegos de investigar los crímenes de la dictadura, la Comisión de la Memoria Histórica del 36 se plantea recurrir al Tribunal Constitucional. Agotarán todas las vías legales a su alcance para evitar que la Justicia «ignore» las denuncias remitidas por los familiares ante el juez Garzón.

Y también pendiente de resolución, está la recusación de todos los miembros de los magistrados del Supremo que imputaron a Garzón por prevaricación presentada por la Comisión de la Memoria Histórica del 36. «Si el Supremo no resuelve -advierte Gallardo- iremos al Constitucional y si fuera necesario a algún tribunal internacional».

http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2010/06/11/familiares-represaliados

-promueven-querellas-franquismo-europa/392570.html

Exhumación de una fosa del franquismo en A Fonsagrada (Lugo), en verano de 2008. / fran martínez

Localizan una fosa común en Alcaudete con 29 Localizan una fosa común en Alcaudete con 29 fusilados de la Guerra Civil

Los cuerpos se encuentran en una zona que pudo albergar una trinchera de retaguardia y que está en una finca de propiedad privada

J. L. M.

Han pasado ya más de 74 años del final de la Guerra Civil española, pero aún permanecen abiertos muchos interrogantes y muchas heridas por parte de aquellos que perdieron a algún familiar en el conflicto armado y todavía hoy no saben dónde quedaron enterrados. En la comarca talaverana se libraron intensos combates durante la conflagración y la represión franquista se cobró sus víctimas en varias localidades una vez declarado el fin del enfrentamiento. Alcaudete de la Jara es uno de esos municipios en el que los vecinos se vieron afectados por la guerra y en el que las tropas del general Franco ajusticiaron a los cuadros republicanos más destacados

En una finca privada denominada ‘La Pradera Baja de Santa Teresa’ propiedad de un alto mando de la Guardia Civil durante la guerra, situada a poco más de tres kilómetros del casco urbano alcaudetano en dirección a Calera y Chozas, el arqueólogo e historiador talaverano César Pacheco ha iniciado las labores de exhumación de 29 personas que fueron fusiladas allí el 25 de abril de 1939, veinticuatro días después del final de la Guerra Civil. Según informaron ayer a este diario tanto el propio Pacheco como la coordinadora de los trabajos, Marisa Hoyos, el pasado 29 de mayo fue cuando comenzaron las excavaciones y ya han logrado recuperar los restos mortales de seis de los ajusticiados por en bando nacional.
En este sentido, Hoyos explicó que los cuerpos se encuentran en una pequeña franja de terreno de poca profundidad, por lo que creen que el lugar en el que esa treintena de personas fueron fusiladas pudo tratarse de una trinchera de retaguardia utilizada por los tropas republicanas, un puesto de tiro o un nido de ametralladoras. «Los trabajos están siendo bastante complicados, porque es un agujero demasiado pequeño y los cuerpos están muy apelotonados», declaró la coordinadora para destacar la complejidad de las labores que están desarrollando las cinco personas que conforman el equipo dirigido por Pacheco en la zona.
Los trabajos de exhumación realizados hasta el momento han permitido descubrir a los investigadores que dos de los seis represaliados ya extraídos de la fosa común recibieron el tiro de gracia en la cabeza, de tal forma que sus verdugos se aseguraron así de que estaban muertos. Junto a los huesos de los cadáveres localizados también se han encontrado varios objetos personales de los ajusticiados, como mecheros, cinturones, botones, monedas, albarcas típicas de la época y algunas prendas de ropa.

Identificaciones. Por expreso deseo de los familiares no se van a efectuar pruebas de laboratorio para determinar las identidades de los fusilados, «ya que lo que quieren es que sean enterrados todos juntos en el cementerio de Alcaudete, permaneciendo así unidos como en todos estos años», apuntó Marisa Hoyos. De hecho, los únicos trabajos de investigación que se van a llevar a cabo van a ser los necesarios para establecer las edades de los fallecidos.
Las labores de exhumación de esta fosa común alcaudetana no tiene fecha de finalización, debido a que el actual propietario de los terrenos no ha puesto ningún problema a los colaboradores de César Pacheco para que efectúen las excavaciones que consideren oportuna. Eso sí, la única condición que les ha fijado a los investigadores es que no se permita el acceso a ningún tipo de medio de comunicación.

http://www.latribunadetalavera.es/noticia.cfm/Local/20100605/localizan/

fosa/comun/alcaudete/29/fusilados/guerra/civil/

03E505C3-A90C-46CE-3574077E1BA4F35B

CÉSAR PACHECO

TRIBUNA ABIERTA

Sobre el mapa de fosas y la exhumación de fusilados de 1958-1959

* PROFESOR TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, POR FERNANDO MIKELARENA – Domingo, 6 de Junio de 2010 – Actualizado a las 09:47h.

EL pasado 11 de mayo, el pleno del Congreso aprobó una moción para impulsar el desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica y, especialmente, para garantizar la responsabilidad de todas las instituciones del Estado en las labores de búsqueda y exhumación de fosas de las víctimas del franquismo. La resolución, pactada entre IU-ICV y el PSOE, contó con la única oposición del PP y UPN, la abstención de Coalición Canaria y el respaldo del resto de grupos. No hay que olvidar que, tal y como recuerdan las asociaciones de familiares de desaparecidos, Navarra se encuentra en «un limbo» legal ante la exhumación de cuerpos de personas fusiladas durante la Guerra Civil, debido a que el Gobierno de Navarra se ha negado, al igual que las autonomías dirigidas por el PP, a suscribir el convenio propuesto por el Ministerio de Justicia para realizar el mapa de fosas y establecer un protocolo sobre cómo acometer las exhumaciones. A ello se une que se estima que los restos de unas mil personas podrían permanecer en fosas comunes salpicadas por la geografía foral.

En relación con este asunto, la lectura de un reciente artículo de Queralt Solé i Barjau (Inhumados en el Valle de los Caídos. Los primeros traslados desde la provincia de Madrid, Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, 2009, 9), disponible libremente en Internet en la dirección http://hispanianova.rediris.es es de gran interés porque de él se desprende que las autoridades navarras de 1958-1959, pese a no enviar el mapa de fosas comunes que se les ordenó hacer entonces, habrían contado con alguno, siquiera parcial, por cuanto enviaron al Valle de los Caídos los restos de más de un centenar de republicanos fusilados durante la Guerra Civil.

El mapa de fosas comunes y las circulares de 1958

El Monumento a los Caídos de Cuelgamuros (Guadarrama) se construyó entre 1940 y 1959, inaugurándose el 1 de abril de ese último año. Los pormenores del traslado de los restos óseos que se depositaron en los columbarios construidos en la cripta han podido ser reconstruidos por medio de la consulta de los fondos conservados en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares.

En una reunión del Consejo de Obras del monumento a los Caídos del 30 de diciembre de 1957, celebrada en el despacho del Ministro de Gobernación, Camilo Alonso Vega, y a la que asistió, entre otros, el Ministro de la Presidencia, Luis Carrero Blanco, se acordó «que por la Guardia Civil, se proceda a levantar unas relaciones de los muertos y asesinados en las distintas localidades, para que en el momento oportuno se conozca el número y un informe referente a los deseos de los familiares acerca del traslado de dichos restos».

Una circular de 23 de mayo de 1958 enviada por el ministro de Gobernación a todos los gobernadores civiles impartía instrucciones sobre cómo localizar enterramientos, pidiendo detalles sobre si estaban dentro o fuera de los cementerios, si eran enterramientos individuales o colectivos o si eran civiles o militares. Además, el ministro indicaba a los gobernadores que para obtener los datos solicitaran la colaboración de los alcaldes, párrocos, Guardia Civil y cualquier otra autoridad local que pudiera facilitar la labor mencionada, exigiendo, además, la remisión en el plazo de un mes de las relaciones de las personas enterradas en cementerios católicos, iglesias o panteones privados en quienes concurrieran las circunstancias antes expresadas, y cuyos más próximos parientes expresaran el deseo o prestaran su aquiescencia para que los restos de sus familiares fueran trasladados al monumento. Al principio de dicha circular se explicaba el motivo de la misma: el hecho de que uno de los principales fines perseguidos con la construcción del Monumento de los Caídos era «el de dar en él sepultura a cuantos cayeron en la Cruzada sin distinción del campo en que combatieran, según impone el espíritu cristiano que inspiró su creación, siempre que unos y otros fueran de nacionalidad española y religión católica». También ordenaba que se publicara una circular en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente, así como en los periódicos de mayor tirada y en los tablones de anuncios de los ayuntamientos. En el acta de la reunión del Consejo de Obras del Monumento a los Caídos de junio de 1958 se acordaba ampliar el plazo a los gobernadores civiles para la presentación de las relaciones de muertos en la guerra.

En Navarra se publicaron dos circulares en relación con esa cuestión en el Boletín Oficial de la Provincia de Navarra del miércoles 4 de junio de 1958. La primera conllevaba la obligación por parte de los ayuntamientos de realización de un mapa de las fosas comunes que hubiera en cada municipio en el plazo de 15 días. La segunda se refería a que los familiares de las personas de cuyos restos se notificara la existencia manifestaran en el plazo de quince días su deseo o consentimiento para que los restos de sus familiares fueran trasladados a la cripta de Cuelgamuros. Hay que señalar que en los demás números del Boletín Oficial de la Provincia de Navarra no hay más noticias acerca de la cuestión.

Con todo, la solicitud de información no tuvo demasiado éxito. En una segunda circular enviada por el ministro de Gobernación Camilo Alonso Vega a los gobernadores civiles el 31 de octubre de 1958 se detallaba exactamente la información que se quería obtener, cómo se quería y para cuándo, especificándose las medidas de las urnas individuales o colectivas y fijándose las fechas máximas para la realización de exhumaciones y envío de restos en cada provincia. Se decía que el 20 de noviembre sería la fecha tope para recepción de información. Los gobernadores tendrían que concretar las cifras de enterrados en cementerios o en fosas comunes, identificados o no, individualizables o no, diferenciando diversas categorías. Se abría la posibilidad para que se especificara si se trataba de «mártires» o de «rojos». En la Circular también se pedía que se elaborara un mapa de la provincia en el que se marcaran las poblaciones con enterramientos y el número de éstos, anotando los de cada tipología. También se ordenaba que los restos en cajas debían estar preparados para el 1 de febrero de 1959.

Sin envío de mapa desde Navarra

Las autoridades navarras no comunicaron ningún mapa de fosas, sino que se limitaron a informar solamente de los restos de cuatro personas, todos ellos del apartado que incumbía a personas enterradas en cementerios e identificadas. Navarra fue, junto con Soria (3) y Orense (1), la provincia que informó de los restos de menos personas. Otras provincias con cifras bajas fueron Logroño (10, de diferentes apartados), Salamanca (6), Zamora (8). Por contra, así como algunas provincias se limitaron a dar cifras de restos de personas del bando franquista, otras proporcionaron también datos de enterrados del bando republicano.

El traslado de restos a Cuelgamuros

Parece ser que las autoridades franquistas decidieron en 1958 trasladar a Cuelgamuros también restos de muertos republicanos, contrariando la idea original de que el monumento custodiase únicamente restos de muertos en el bando nacional. Aunque no es algo documentado, hay versiones que consideran que el cambio de opinión se pudo deber a una condición impuesta por la jerarquía de la Iglesia para aceptar hacerse cargo del monumento y del Monasterio.

En una circular de febrero de 1959 se regulaba cómo debían de ser las urnas y cómo debían hacerse las exhumaciones y cómo debían enviarse a Cuelgamuros. Los primeros restos llegaron allí a lo largo de marzo y abril de 1959.

El número total de inhumados en el monumento sería de 33.847. De ellos, 21.178 están identificados en el Libro de los muertos de la Guerra Civil Española, en su práctica totalidad del bando franquista, en muchos casos enterrados en fosas comunes cercanas a campos de batalla, siendo imposible su individualización para su traslado a su localidad de origen. De esos 21.178 inhumados identificados, las provincias con más nombres registrados serían Madrid (4.338), Zaragoza (3.839) y Teruel (2.448). Navarra sólo cuenta con 7 nombres, una de las provincias con menos. Guipúzcoa cuenta con 232, Vizcaya con 35 y Álava con 497. Asimismo, Logroño registra 10 y Soria con 40.

Además, se calcula en 12.669 el número de personas sin identificar cuyos restos habrían sido trasladados. Estos últimos se encuentran en los laterales de la cripta, detrás de los muros, y la mayoría corresponderían a restos de republicanos.

Envío de restos de republicanos desde Navarra y rescate en 1980

Entre los restos de 10.001 personas enviados allí desde la mayoría de las provincias españolas en los primeros meses se computaron los restos de 144 personas remitidas el 23 de marzo de 1959 desde Navarra, 7 de ellas en cajas individuales (que serían de combatientes franquistas identificados) y 137 en 9 cajas colectivas, estos últimos de republicanos fusilados. Es evidente que las familias de los combatientes navarros del bando nacional rechazaron el traslado. También hay que decir que algunos familiares de fusilados supieron entonces de la posibilidad de su exhumación y traslado.

Comparativamente, Navarra fue la provincia del bando franquista que en aquella primera tanda de envíos remitió más restos de personas, con diferencia, en cajas colectivas, extraídas de fosas comunes de fusilados. Por lo tanto, aunque no se habría comunicado a Madrid el mapa de fosas encargado a los ayuntamientos, sí que se habría hecho uso de alguna cartografía para acometer dicho traslado.

En febrero de 1980 se trajeron a Navarra los restos de 133 de esos fusilados republicanos navarros inhumados en Cuelgamuros. Tal y como se ve en el documento que reproducimos, eran 6 de Allo, 19 de Azagra, 27 de Corella, 1 de Larraga, 5 de Lodosa, 6 de Los Arcos, 2 de Mendavia, 52 de Pamplona y 15 de San Adrián, originalmente enterrados en fosas de Aberin, Arandigoyen, Ayegui, Cadreita, Pamplona, Milagro, Murillo, Ribaforada y Tudela. El rescate de los cuerpos fue posible tras numerosas gestiones iniciadas en mayo de 1979 por una comisión de cinco personas de familiares conocedores del tema. Javier Tusell, catedrático de Historia Contemporánea fallecido en 2005 y que entonces, con el gobierno de UCD, era director general de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de Cultura, habría representado el papel oficial de recibir a los familiares cuando fueron a recoger los restos al Valle de los Caídos, después de haber conseguido la autorización, habiendo sido para ello determinante la amenaza de la publicación en prensa de las largas que aquéllos recibían para conseguir su objetivo. De cualquier forma, parece ser que, tal y como han podido constatar, familiares de inhumados que han tratado de recuperar sus restos de allí en base a ese precedente (que sería hasta hace poco el único), no existe actualmente constancia en Patrimonio Nacional de dicha autorización obtenida por los representantes de los familiares navarros.

Todas las informaciones anteriores, pero sobre todo el hecho ignominioso de que hace cincuenta años se ocultara la localización de fosas comunes en las que posteriormente se exhumaron restos de represaliados para enviarlos a Guadarrama, deberían ser tenidas en cuenta de cara a un tratamiento mínimamente honesto de la cuestión hoy en día.

http://www.noticiasdenavarra.com/2010/06/06/sociedad/sobre-

el-mapa-de-fosas-y-la-exhumacion-de-fusilados-de-1958-1959

Exhuman en Murillo los restos de Juan Coronas y Ramón Lacasta

La Agrupación Fusilados de Murillo de Gállego desenterró a los dos ejecutados en la guerra

Dos «nuevas piezas del puzzle de fosas comunes» de España se resolvieron ayer con el desentierro de los restos mortales de Juan Coronas Ara y Ramón Lacasta Castán, vecinos de Agüero que fueron fusilados por falangistas el 2 de septiembre del 36 y enterrados en una fosa cavada a escasos metros de un olivo, pista clave en su localización, en las inmediaciones de la carretera A-132, en la zona conocida como La Lobarda.

O. ISARRE 04/06/2010

MURILLO DE GÁLLEGO.- Botones de la camisas, albarcas, un dedal que se usa para segar -puesto que ambos eran agricultores y en ello estaban cuando fueron detenidos- e incluso una moneda son los objetos que han aparecido junto a los dos esqueletos enterrados en una fosa y que ahora, tras las pruebas de identificación, descansarán en un cementerio.

La Agrupación de Fusilados de Murillo de Gállego 24 de octubre de 1936 y el equipo arqueológico dirigido por Javier Navarro finalizaron ayer los trabajos de exhumación de los restos mortales de Coronas y Ara, a los que asistieron familiares de los dos asesinados, vecinos de localidades cercanas y José María Meirás, el oficial más joven de la Guerra Civil, tanto en el bando golpista como en el republicano -en el que luchó-, que vive desde hace décadas en Ayerbe.

A escasos metros de la fosa que durante más de setenta años albergó a su tío, Jesús Lacasta declaraba la «gran emoción» que experimentaba mientras veía ultimar los trabajos de exhumación, llevados a cabo por la empresa Arquelogía y Restauración. Para Lacasta, enterarse de esta iniciativa fue una «gran sorpresa», ya que sabía muy poco acerca de la historia de su tío. «No estaba muy seguro de lo que le había ocurrido ni de que le estaban buscando», por lo que recibir la llamada de Antonio Ubieto, representante de la Agrupación de Fusilados de Murillo de Gállego, le cogió totalmente desprevenido.

Ubieto informó a este periódico de cómo fueron fusilados Juan Coronas y Ramón Lacasta, que contaban con 26 y 30 años de edad, respectivamente. El 2 de septiembre de 1936, menos de dos meses después de comenzada la Guerra Civil, Coronas y Lacasta se encontraban labrando en unas eras de Agüero cuando «vieron llegar a un grupo de personas armadas acercarse, por lo que se escondieron». Pero «al ver que eran del pueblo, decidieron salir». El grupo de simpatizantes de Franco, sin importarles que fueran vecinos, «se los llevó caminado hasta Agüero por la carretera general», que abandonaron en algún momento antes de llegar a Murillo.

La siguiente noticia que se supo de ellos, continuó Ubieto, es que «los enterraron dos personas de Murillo de Gállego, que venían de enterrar a otras personas fusiladas ese mismo día», una jornada que fue especialmente trágica en la zona, con «cuatro fusilamientos y nueve muertos al menos en apenas diez kilómetros».

Ubieto también indicó que el hecho que acabó costando la vida a Coronas fue «gritar «Viva el comunismo» en Agüero», mientras que el de Lacasta fue únicamente estar con el otro fusilado en el momento equivocado, ya que ambos eran agricultores. «Había que presentar un número de fusilados», señaló Ubieto sobre estos asesinatos de hombres que no habían cometido ningún delito.

Tanto Lacasta como Coronas son dos «piezas de un puzzle que no se acaba, con piezas perdidas para siempre, otras borradas y otras que dependen de la interpretación de cada uno», indicó Ubieto sobre la labor que llevan realizando desde hace décadas asociaciones de toda España, que en los últimos años se han multiplicado.

Por su parte, ahora, afirmó el sobrino de Lacasta, «lo principal de todo es recuperar los restos y darles una sepultura normal y hacerle un poco de justicia». Adelantó que su intención es la de «darle entierro en el cementerio de Murillo, donde nació y murió, junto al otro fallecido a no ser que haya dificultades». De hecho, Ubieto se encargará de los trámites con el Ayuntamiento de Murillo para enterrar los restos de Lacasta y Coronas.

El primo de Juan Coronas, Antonio Coronas, también acudió a las tareas de exhumación y comparte tanto con su hermana como con el sobrino del otro fusilado su intención de enterrar los restos en el cementerio de Murillo.

Antonio valoró la empresa y afirmó que «no cabe duda de que después de setenta años, estará mucho mejor en un cementerio», en referencia a los restos de su primo Juan Coronas. Añadió que «hubiera sido muy lamentable que los restos hubieran aparecido dentro de unos años mientras se labrara el campo».

Cabe recordar que en esta misma zona ya se llevó a cabo una exhumación de una fosa colectiva en 2008, recuperándose nueve restos mortales, aunque se esperaba encontrar un total de trece. Ubieto explicó las «dificultades» que existen para averiguar con certeza el lugar en el que fue enterrado cada fusilado, ya que los recuerdos se pierden o pueden verse distorsionados por el cambio en el terreno, sin olvidar la escasez documental.

Asimismo, Ubieto informó de la existencia de más fosas en las proximidades, como una «a poco más de un kilómetro en dirección a La Peña» de la excavada ayer, que se cree contiene los cuerpos de siete personas y las de otros republicanos que fueron asesinados, algo que la Agrupación tiene contrastado documental y con testimonios de los vecinos, en una zona que fue calificada por Ubieto de «pasillo» donde «los fascistas llevaron a cabo una intensa represión».

Tanto en la anterior exhumación como en ésta, Javier Navarro ha dirigido al equipo arqueológico. Ayer, mientras estaba a punto de concluir las tareas, explicó a este periódico las dificultades de la localización, «lo más difícil de todo», que puede llevar meses de dedicación y sin tener la certeza de obtener resultados. Navarro quiso dejar bien claro que el suyo es «un equipo totalmente profesional», y criticó al Gobierno, que «se ha equivocado al poner el peso (de las exhumaciones) en las asociaciones, que con voluntarios muy bien intencionados pero sin preparación, pueden destruir pistas acerca de cómo murieron».

En primer lugar, el grupo arqueológico, «con rigor metodológico y arqueológico», empleó el georrádar, que detecta anomalías en el subsuelo, siguiendo las indicaciones de vecinos y documentos. Tras no hallar ningún indicio, procedieron a realizar catas aleatorias en la zona donde finalmente aparecieron los cadáveres. Y cuando ya dieron con los restos, procedieron a desenterrarlos con herramientas que no dañen los huesos.

Ahora, estos restos, tras haberlos documentos correctamente, serán enviados a un laboratorio en Madrid, donde se les harán pruebas biométricas para su identificación. En caso de que éstas no resuelvan sus identidades, se realizarán pruebas de ADN. Una vez identificados, los familiares decidirán qué hacer con los restos.

En cuanto al presupuesto de esta exhumación, Ubieto indicó que el Ministerio de Presidencia adelantó 54.000 euros sobre un total de 60.000. Ese adelanto deberá justificarse a posteriori con toda la documentación que haya generado el trabajo.

http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=633514

El equipo de exhumación, durante la recta final de los trabajos. | P. SEGURA

Arqueólogos desenterrarán mañana los cadáveres de dos fusilados en la guerra

Huesca, 1 jun (EFE).- Un equipo de arqueólogos comenzará mañana a desenterrar los cadáveres de dos vecinos de la localidad de Agüero (Huesca), que fueron fusilados por falangistas el 2 de septiembre de 1936, dos meses después del inicio de la Guerra Civil.

Los cuerpos de Juan Coronas Ara y Ramón Lacasta Bailo se encuentran en un lugar próximo a la carretera A-132, a su paso por el municipio zaragozano de Murillo de Gállego, donde fueron enterrados, según confirmó a Efe un portavoz de sus familiares, Antonio Ubieto.

Antonio Ubieto, representante de la Agrupación de Fusilados de Murillo de Gállego 24 de Octubre de 1936, indicó que las labores concluirán el jueves, con el traslado de los restos al cementerio municipal de Agüero.

Los trabajos, autorizados por el Gobierno aragonés y financiados en su mayor parte por el Ministerio de la Presidencia, permitirán a las familias de Juan Coronas y de Ramón Lacasta, que contaban con 26 y 30 años de edad, respectivamente, proceder a su entierro legal setenta y cuatro años después.

El representante de la agrupación explicó que continúan, además, la búsqueda de los cadáveres de cuatro de los fusilados en Murillo de Gállego que permanecen aún en una ubicación desconocida, labor que calificó de «muy difícil» dado el tiempo transcurrido desde que se iniciaron las labores de rastreo.

La iniciativa de identificar a las personas que fueron fusiladas y de localizar a sus familias para obtener los permisos necesarios para la excavación partió del propio Ubieto, quien perdió a su bisabuelo en el fusilamiento que se llevó a cabo en un campo de cultivo situado a un kilómetro de distancia de Murillo.

Ubieto, según explicó a Efe, inició hace cuatro años una labor de investigación en archivos y registros que le permitió identificar, finalmente, a las dieciséis personas que la mañana del 24 de octubre de 1936 fueron obligados a desplazarse desde Murillo a un campo cercano para enfrentarse a un pelotón de ejecución.

La recuperación de la memoria de su bisabuelo le llevó a emprender una ardua búsqueda de parientes de los fusilados, con los que constituyó en febrero de 2007 la Agrupación de Familiares de los Fusilados de Murillo de Gállego de 24 de Octubre de 1936.

Según Ubieto, la mañana del 24 de octubre de 1936 fueron fusilados en Murillo 3 vecinos de la población, 4 de Loscorrales (entre ellos, el alcalde y 2 concejales), 3 de Bolea, 2 de Santa Eulalia, 1 de Quinzano, 1 de Ayerbe, y 2 de Huesca, un taxista y el maestro José Enrique Arregui.EFE

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=404865

La ARMH halla en Castillejo (Salamanca) los restos humanos de los que podrían ser los últimos paseados de Ciudad Rodrigo

CASTILLEJO (SALAMANCA), 1 Jun. (EUROPA PRESS) –

Un equipo de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Salamanca y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) halló en una fosa común de la localidad salmantina de Castillejo de Martín Viejo los restos humanos de seis civiles asesinados a finales de 1936 que, al parecer, podrían tratarse de los que se tienen acreditados como los últimos paseados de Ciudad Rodrigo.

Según informaron a Europa Press fuentes de la ARMH, en la madrugada del 16 de diciembre de 1936 fueron fusilados varios civiles en la finca de Rábida, junto a Pedrotoro, anejo de Ciudad Rodrigo. Se trataba de Avelino Martín Cascón, Evaristo Pino Castaño, Eduardo Aparicio Fernández, Olegario Niño Caballero, Alfredo Miguel Plaza, Emilio Martín Donoso y José María Sevillano Piñero.

El cadáver de Eduardo Aparicio Fernández fue retirado de la fosa de Rábida y trasladado por sus familiares a Béjar, en cuyo cementerio se encuentra enterrado desde el día 24 de diciembre de 1936. Estas ejecuciones y el «traslado» de una de las víctimas a Béjar dio lugar a una investigación judicial cuyo expediente se guarda actualmente en el archivo militar de Ferrol, donde fue hallado gracias al trabajo de la Asociación Memoria y Justicia de Salamanca.

La investigación, según apuntó la ARMH, motivó algún temor entre los falangistas de Ciudad Rodrigo, pues días después los restantes cadáveres fueron evacuados de la primera fosa.

Testigos directos relataron que a finales de 1936 falangistas de Ciudad Rodrigo abrieron una fosa una mañana y que por la noche llegó al lugar un camión. Al día siguiente, los testigos indicaron que se acercaron al lugar y comprobaron que había, además de un agujero, restos de hogueras y de bebidas y comida pero que no habían escuchado ningún disparo.

Según relataron, creyeron que eran seis personas de El Bodón, aunque en los datos con los cuentan ambas asociaciones no constan victimas de El Bodón a finales de 1936. No obstante, en el lugar existe una encina con una cruz inscrita para señalar y no olvidar dicha localización, aunque esta encina sustituye a una primera de la que solamente queda el tocón, delante de la cual están enterrados los restos.

De acuerdo con estos datos –número de víctimas, fechas y otras circunstancias–, ambas asociaciones apuntan a la hipótesis de que los hallados son los restos de las víctimas citadas, salvo los de Eduardo Aparicio.

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-armh-halla-castillejo

-salamanca-restos-humanos-podrian-ser-ultimos-paseados-

ciudad-rodrigo-20100601175712.html

Foto: ARMH

Cultura documenta en una web la represión franquista

Incorpora datos de 750.000 víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura

IÑIGO ADURIZ MADRID 01/06/2010 07:30

El Ministerio de Cultura puso ayer en marcha una nueva herramienta con la que pretende reconocer el sufrimiento y los agravios padecidos por cientos de miles de españoles que fueron víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista. El Portal de Víctimas de la Guerra Civil y Represaliados del Franquismo, en la web del Ministerio de Cultura, permite a cualquier ciudadano buscar documentos judiciales y policiales relacionados con quienes sufrieron las atrocidades de la contienda y la represión de la dictadura.

«Como dijo el filósofo Jorge Santayana, aquellos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo’. En el Ministerio de Cultura, llevamos tiempo sin olvidarnos de nuestro pasado», recalcó la subsecretaria de Cultura, Mercedes del Palacio. En este contexto, afirmó que el portal virtual desarrolla la Ley de Memoria Histórica y hace posible «que todos los ciudadanos que padecieron agravios por razones políticas, religiosas y sociales» en el periodo comprendido entre el golpe de Estado de 1936 y las elecciones de 1977 se sientan «respaldados por las instituciones».

De momento, se han incorporado 800.000 documentos digitales que se corresponden a fichas policiales o autos judiciales correspondientes a 750.000 represaliados. «Hacen referencia a ciudadanos leales a la República y a los que se levantaron contra el régimen republicano», especificó Del Palacio. El objetivo es que en pocos meses la base de datos incorpore cuatro millones de documentos referentes a tres millones de víctimas.

La «minuciosidad» de Franco

Todo ello se lo está facilitando «la minuciosidad con la que se explayaron los vencedores» cuando cometieron sus crímenes de Estado contra los vencidos, explicó la subsecretaria. Hubo, en su opinión, «un entramado especializado y ordenado para castigar a los denominados enemigos de España, lo que hizo que los Tribunales de Responsabilidades Políticas o de Orden Público, entre otros muchos, fueran «instituciones minuciosas que generaron una ingente masa de información que ahora se mantiene en los archivos del Estado», indicó.

El portal se presentó ayer en Madrid, pero el proyecto sigue «en pañales», según denunciaron varios representantes de las asociaciones de memoria histórica. Afirmaron que si bien hacen referencia a los documentos que se asocian a cada uno de los represaliados, «no permiten acceder a ellos».

Desde Cultura explicaron que quienes quieran una copia, deberán apuntar la signatura que sí facilita la web y desplazarse hasta los archivos donde se encuentren depositados.

El registro tampoco incorpora los datos de los españoles que fueron juzgados por tribunales militares. Rogelio Blanco, director general de Libro, Archivos y Bibliotecas, asegura que no han tenido acceso a los archivos históricos del Ministerio de Defensa, aunque reconoció que «hay conversaciones» con el departamento que dirige Carme Chacón. Fuentes de Defensa quisieron dejar claro que «todos los archivos son de acceso público».

Los miembros de las asociaciones de memoria histórica que ayer llenaron el salón de actos del ministerio durante la presentación del buscador también se preguntaron cómo reflejará el portal a los cientos de miles de desaparecidos durante la dictadura y de los que, recordaron, «no existen pruebas documentales».

Los responsables de Cultura explicaron, sobre todas estas cuestiones, que la consolidación del nuevo buscador «es cuestión de tiempo». «Todo llegará», insistió Blanco ante las preguntas de los asistentes a la presentación de la web.

http://www.publico.es/espana/316986/cultura/documenta/web/represion/franquista

TRIBUNA: JAVIER ORTIZ

Abrir las fosas comunes de una vez

Una modificación de la Ley de la Memoria Histórica ha puesto en manos de los Gobiernos la tarea de las exhumaciones. Se requiere coordinación y criterios científicos. Argentina ofrece un buen ejemplo

JAVIER ORTIZ 31/05/2010

Desde octubre del año 2000, en que se realizó con metodología arqueológica la primera excavación de una fosa común de la Guerra Civil, muchas han sido desde entonces exhumadas a lo largo de toda la geografía del país. Se pueden contar por docenas y las víctimas recuperadas por centenares. Diferentes asociaciones y organizaciones han sido las responsables de haber realizado estos trabajos de recuperación. De hecho, pusieron de moda el término memoria histórica. En 2006, el Gobierno de Zapatero optó por conceder subvenciones anuales a estas asociaciones y dejar que fueran ellas las encargadas de realizar los trabajos de documentación, exhumación e identificación. Ha sido una responsabilidad, por tanto, que ha recaído en asociaciones de voluntarios, donde en muchos casos han primado, frente a los criterios científicos, intereses personales, políticos o incluso económicos. En algunos casos, además, sus dirigentes y/o técnicos no estaban preparados para realizar una labor de esta envergadura por carecer de cualificación técnica o profesional.

El tema de las exhumaciones es demasiado importante como para que se haya dejado en manos de la improvisación con que trabajan muchas de estas organizaciones, y que ponen a prueba constantemente la dimensión científica que debe presidir este trabajo. Por respeto a las víctimas, las cosas no deberían haber ocurrido así. Y cuando hablo de víctimas no me refiero solo a los asesinados y enterrados en las cunetas de cualquier carretera de España, sino que también pienso en sus familiares, a los que, además de arrancarles la vida de un ser querido, se les negó el derecho a un entierro digno, impidiendo así cerrar el ciclo del duelo.

Y es que un crimen siempre será un crimen. Venga de donde venga, de la izquierda o de la derecha, del franquismo o del terrorismo de ETA, y carece de sentido que los unos quieran utilizarlo en plan revanchista para intentar hacer ver lo malos que eran los otros. Sea como sea, la dimensión del movimiento de la memoria histórica ha ido mucho más lejos, por así decirlo, de los conceptos de desaparecido y de fosa común. Estamos asistiendo a un revisionismo de nuestra historia reciente en el que surgen interpretaciones partidistas e interesadas sobre procesos como, por ejemplo, el de la Transición, que personalmente creo que es de lo poco que los españoles hemos hecho bien. Han aparecido también voces que claman para que se anule la Ley de Amnistía del 77: lo que nos obliga a recordar que dicha ley fue un logro de la izquierda y no de los franquistas, que se resistían a ella, y por la que hubo gente que llegó a perder la vida en la lucha para que se aprobase. Con ella se pretendía sacar de la cárcel a todos los antifranquistas encerrados, no indultar los crímenes de la dictadura. Una cosa es que en la Transición pudieran quedar algunos temas mal resueltos, pero de ahí a renegar de ella, y decir que aún gobiernan los franquistas y que este país no es una verdadera democracia, dista un abismo.

Algunos no salimos de nuestro asombro cuando vemos que determinados intereses están tergiversando el pasado reciente hasta el punto de intentar forzar una «argentinización» del caso español, llegando a comparar lo que se hizo aquí con las leyes de punto final que firmó Menem, cuando se trata de dos casos completamente distintos y contrapuestos, pese a que algunos insistan en hacerlos coincidir. Como afirma el periodista Florencio Domínguez, a este paso vamos a necesitar un comité de expertos que establezca «la verdad histórica» de la Transición.

Desde aquellos hechos han pasado más de 30 años y más de 70 desde la Guerra Civil. Ya va siendo hora, por tanto, que todo esto se analice y se vea desde la tranquilidad y el sosiego, y dejarnos de apasionamientos para poder realizar investigaciones serias de la historia de España, ayudar a las personas que tienen algún desaparecido y dejar por fin de utilizar esos asesinatos como arma arrojadiza de los «unos» contra los «otros». Este país se va mereciendo que no se levanten ampollas, ni peleas de taberna, y menos aún por su historia.

Para poner un poco de cordura a todo este asunto, debería ser el Gobierno español el encargado de llevar a cabo las exhumaciones que se hayan solicitado y poner así, en una cuestión tan delicada, algo de sentido común encima de la mesa. La fórmula que se ha utilizado hasta ahora, la de subvencionar y dejar el trabajo en manos de voluntarios no profesionales, ha demostrado ser errónea y estar agotada. Y debo, en este punto, entonar yo mismo un mea culpa por la parte de responsabilidad que me corresponde por haber ayudado a crear algo que se nos ha escapado de las manos y que ha creado más división que unión.

Las importantes cantidades de dinero dadas por el Gobierno (aunque haya asociaciones que insistan en negarlo) no se han visto recompensadas por los resultados obtenidos. Un acuerdo del pasado día 11, entre IU-ICV y el PSOE, ha hecho posible una modificación de la llamada Ley de la Memoria Histórica (que nunca ha servido para una sola exhumación y que solo se hizo con el fin de acallar críticas) para que sean las administraciones las que se responsabilicen del trabajo en las fosas comunes de la Guerra Civil. Así dicho, desde luego suena bien y acertado. Por fin, el Gobierno toma directamente cartas en el asunto, aunque sería interesante saber por qué no había tomado hasta ahora esta decisión. Tal vez había visto que se trataba de una bomba de relojería que podía estallarle en las manos en cualquier momento. Como dice el refrán, más vale tarde que nunca.

Ahora les toca explicar cómo tienen previsto llevar adelante esta nueva decisión, qué administraciones son las que habrán de responsabilizarse e involucrarse en esta labor. Y es que una cosa es querer y otra, muy distinta, poder; y es previsible que surjan muchas dificultades. Las Comunidades Autónomas seguramente tendrán mucho que decir al respecto. Hay algunas, como Aragón, que consideran que las exhumaciones de fosas comunes, al considerarlas yacimientos arqueológicos, están sujetas a la ley de patrimonio histórico de ese Gobierno. La Administración catalana, en cambio, no está por la labor de exhumar dichas fosas comunes y prefieren colocar monolitos en recuerdo de las víctimas.

En los próximos meses, el Gobierno deberá proponer un modelo de trabajo, que no sea otra vez fruto de las prisas y la improvisación y que no debería responder, simplemente, al afán de obtener un rendimiento político. Deberá ser valiente y saber dar un paso hacia atrás, que en ello no hay nada malo, pues saber rectificar es de sabios. Es necesario que pregunte y solicite consejo a los profesionales y, sobre todo, su tarea es la de ayudar a las personas que soliciten las exhumaciones dándoles soluciones, para así reconducir todo este proceso, en el que no han de tener ningún protagonismo y que deber ser realizado, por supuesto, sin ningún tipo de revanchismo como al que hemos asistido hasta ahora.

Quizá lo mejor sería hacer las cosas con naturalidad y sobre todo con mucha humildad. Tal vez el Gobierno debería fijarse en modelos que ya funcionan, como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), uno de los grupos más respetados en todo el Cono Sur, de amplia y contrastada experiencia a nivel internacional, donde prima la profesionalidad y lo que más importa es la calidad del trabajo realizado y no la cantidad de fosas exhumadas, como ha sucedido en España. No en vano, ellos fueron el primer grupo de este tipo a nivel mundial, trabajando en el campo de los desaparecidos desde 1984, primero en Argentina y más tarde en otros países. Se puede decir, sin lugar a dudas, que este equipo creó escuela y tal vez sea el espejo en el que España debe reflejarse.

Estamos en un momento en el que el Gobierno puede rectificar y reconducir toda esta dispersión de esfuerzos realizados hasta el día de hoy, por eso habrá que ver cómo se materializa este compromiso contraído con la sociedad española en general y con las víctimas en particular. Al menos, confiemos en que esta vez, por fin, las cosas se hagan bien. Por lo menos, que haya voluntad real de ello.

Javier Ortiz es arqueólogo forense.

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Abrir/fosas/comunes/

vez/elpepiopi/20100531elpepiopi_12/Tes/

«Supimos por la prensa dónde fue fusilado»

Familiares de tres gallegos paseados en 1937 en un pueblo zaragozano asistirán el día 14 a la exhumación de la fosa

Su objetivo es cerrar un capítulo de la historia. El de la suya. Cientos de hijos y nietos de paseados durante la Guerra Civil y la post–guerra buscan los restos de sus familiares. La respuesta ya ha llegado para más de mil familias en España de mano de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha exhumado en los últimos diez años más de 100 fosas del franquismo. La próxima con víctimas gallegas se hará en Aladrén (Zaragoza), donde fueron fusilados tres represaliados de Ribeira, Vigo y A Cañiza

R. PRIETO- SANTIAGO En tan sólo dos semanas, tres familias gallegas pondrán fin a una búsqueda que empezó hace más de 70 años. Voluntarios de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), grupo del Bierzo y promotor de las primeras exhumaciones del franquismo, abrirán el próximo día 14 de junio una fosa en Aladrén. En el cementerio de la localidad zaragozana yacen los restos de tres gallegos fusilados en diciembre de 1937: Cándido Silva Toucedo, de Aguiño (Ribeira), Juan Moreno Alegrete, de Vigo, y Benito Alonso Rivero, de A Cañiza. Se trata de la segunda exhumación con víctimas gallegas que se llevará a cabo fuera de la comunidad. La primera fue en el año 2004, en Arnado (León). Entonces, fueron recuperados los restos de Ramiro Franco, edil republicano de Rubiana (Ourense) y Carlos López, conocido como El coruñés.
La familia de Benito Alonso se enteró hace apenas un año del lugar en el que había sido paseado cuando intentaba pasarse al bando republicano. Y fue a través de un reportaje de este diario en el que informaba de los pasos dados por las otras dos familias que tenían a sus allegados sepultados en Aladrén. En esa información también se daba el nombre de Benito Alonso. «Supimos por esa información dónde había sido fusilado», comentan sus familiares desde el País Vasco. Su sobrino, que abandonó hace 50 años A Cañiza, había escuchado que Benito había muerto «por Zaragoza». Ninguna pista más que le acercase hasta el lugar exacto en el que había sido sepultado hace ya más de siete décadas. Y en la familia, cada vez que se hablaba del asunto, la respuesta era la misma: «Murió en la guerra. «Era un tema tabú. No se hablaba ni se preguntaba sobre lo ocurrido», relatan.
Junto a los familiares de Benito Alonso, los de Cándido Silva Toucedo y Juan Moreno Alegrete cuentan los días para cerrar este capítulo de la historia. Para la familia del coruñés Cándido Silva, no es la primera vez que intentan recuperar sus restos. Su hijo José ya lo intentó a mediados de los años ochenta, cuando a su regreso de Estados Unidos empezó a recabar documentación para tramitar una pensión para su madre. Pero sus esperanzas de exhumar sus restos se vieron frustradas al contactar con el párroco de Aladrén. En esa fosa, según le comentó el sacerdote, están enterrados una veintena de fusilados. Una exhumación que para entonces resultaba compleja, tanto por los permisos necesarios para el desenterramiento como por los costes de las pruebas de ADN para la identificación.
Veinte años después de ese intento fallido, la familia de Cándido Silva espera recuperar sus restos y darles sepultura en su tierra. Con el mismo propósito viajarán el próximo día 14 a Aladrén los familiares de Juan Moreno Alegrete. Puri Fernández rehizo con el pasado del tiempo el puzzle de la memoria de su abuelo. «Siempre supimos dónde estaba enterrado, pero nunca por dónde tirar», comenta la nieta de Juan Moreno. Pero tras contactar con la ARMH, Puri se hizo con las piezas que faltaban para su particular rompecabezas. Una de las últimas la colocará tras la apertura de la fosa cavada en el cementerio de Aladrén hace siete décadas. Y la última, cuando los restos de su abuelo descansen en su tierra.

http://www.farodevigo.es/galicia/2010/05/30/supimos-prensa-fusilado/443269.html

Cándido Silva, de Ribeira. // FDV