A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA

TRIBUNA: JORGE M. REVERTE

Los muertos de todos

JORGE M. REVERTE 18/06/2010

Los muertos de la Guerra Civil española deberían ser de todos. Y todos esos muertos deberían recibir el homenaje de la sociedad entera, porque en su mayoría lo fueron injustamente. En ambos bandos. Yo creo que eso es lo que quería decir Joaquín Leguina en el artículo que ha sido tan mal celebrado en las últimas semanas.

Veamos por orden algunas cosas. La primera, que no hay que discutir mucho para concluir que la República era el régimen legal y legítimo, y que los rebeldes comenzaron una inmensa matanza con propósitos exterminadores desde que se inició el golpe de Estado del 18 de julio. A esa sangre le siguió más sangre, vertida desde muchos lados.

Los defensores de la causa de la República (entre los cuales me cuento) olvidan a menudo que muchos republicanos actuaron, en bastantes ocasiones, con la misma crueldad y frialdad que los golpistas. Y no siempre desde el descontrol que la inexistencia del Estado facilitaba. Valgan cuatro ejemplos:

El de Paracuellos del Jarama, donde milicias organizadas que dependían del PCE y de la CNT acabaron con la vida de más de 2.000 sospechosos de connivencia con los insurgentes. No eran la República, pero formaban parte de su entramado. Lo demuestran las actas de la CNT halladas por Diana Plaza, que trabajaba para mí como documentalista para el libro La batalla de Madrid.

El de los asesinatos de Barcelona. Varios miles de personas de la pequeña burguesía (o simplemente católicos) fueron asesinados de forma planificada por la FAI, según la documentación aportada por Miquel Mir en su libro Diario de un pistolero de la FAI.

El libro de Fernando del Rey Paisanos describe con una documentación abrumadora cómo, desde antes del comienzo de la sublevación, en un pueblo manchego llamado La Solana, todo el mundo sabía a quién tenía que matar en cuanto comenzara el enfrentamiento que ya se olía.

En Cataluña, al finalizar la guerra, se produjeron matanzas de prisioneros realizadas por milicias que dependían del Gobierno y controlaban las cárceles. Javier Cercas, que ha participado en esta polémica, ha novelado los sobrados datos que existen al respecto.

Estos cuatro ejemplos bastan, a mi juicio, para afirmar que se dieron casos abundantes de planificación en el bando de la República, que afectan a fuerzas fundamentales de las que la defendían.

Eso no impide seguir sosteniendo que, de forma general, se pueda decir que la República era un régimen legítimo que estaba defendido por personas honradas, pero también por asesinos, mientras que los alzados formaron un conglomerado criminal que también fue defendido por personas decentes.

Pero si pasamos a las víctimas y nos alejamos de la política, podemos analizar con un poco de cordura lo que de ahí nos debe quedar. Aquí me voy a contentar con exponer un solo ejemplo que es el más espinoso: Paracuellos.

Y es que poca gente comenta que de los más de 2.000 asesinados a las afueras de Madrid en noviembre y diciembre de 1936 no existe identificación individual. Se sabe de muchos, se sabe que están ahí, pero no se conoce ni el número exacto ni la identidad de cada uno de los cadáveres que reposan en las zanjas. ¿Merecían la muerte? ¿Hay que sacarles el ADN a todos? Pienso que no, que nos basta con reconocer que fueron asesinados de forma injusta y que algo les debe recordar. Los franquistas les han recordado siempre. ¿Y los demás?

Como a los demás. Lo que está todavía pendiente es la recuperación de la dignidad de muchos que fueron asesinados por los franquistas. Devolverles la dignidad y dar a sus familias la posibilidad de completar el duelo que Franco les negó. Hay que ser malnacido para seguir negándolo. Y han sido, por su parte, muy poco hábiles y diligentes los Gobiernos de la democracia que no han completado esa tarea.

Creo que llegar a un acuerdo sobre estas bases es bastante sencillo.

No existe ninguna diferencia de grado entre las víctimas de Paracuellos y las de Badajoz. Ha existido una diferencia de trato durante 40 años. Pero todos fueron asesinados a sangre fría, de forma indiscriminada, sin juicio y sin causa. Les podemos hacer iguales ahora. Pero la base para conseguirlo es reconocer que ninguno fue asesinado justamente, por mucho que de los asesinos, que no lo fueron todos los combatientes, unos fueran golpistas odiosos y otros fueran odiosos defensores (aunque nos pese a algunos) de una causa justa.

Detesto el franquismo, todo lo que supuso y toda la herencia que dejó. Pero no me cuesta nada, sino todo lo contrario, proclamar que todos esos muertos son míos. Los que están en unas fosas y los que están en otras.

Y que no considero míos a ninguno de los que los asesinaron. Ni son míos los milicianos que fueron a Paracuellos ni los falangistas que limpiaban cada pueblo de forma ordenada. En casi todos los casos se trataba, además, de gente que estaba en la retaguardia, que no combatía, que solo mataba a seres indefensos.

Franco mató el doble que los republicanos. Eso, ¿qué tiene que ver con cada víctima?

Jorge M. Reverte es periodista y escritor.

http://www.elpais.com/articulo/opinion/muertos/todos/elpepuopi/

20100618elpepiopi_5/Tes

San Lorenzo

LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA

Familiares de asesinados tras la Guerra Civil piden la apertura de la fosa común del cementerio parroquial

Un grupo de familiares de antifranquistas asesinados tras la Guerra Civil y sepultados en fosas comunes del cementerio parroquial de San Lorenzo de El Escorial, situado en el paseo Miguel de Unamuno, acudieron en la tarde de ayer -acompañados por miembros del Foro Social de la Sierra- a la Asamblea de Madrid, para presentar en su registro un escrito en el que se insta a la Comunidad de Madrid a la apertura de la fosa, en la que están enterradas al menos 79 personas.

El texto, firmado inicialmente por los familiares de cinco de los sepultados, solicita “el inicio de los trámites pertinentes que conduzcan a la apertura de la fosa de San Lorenzo, búsqueda e identificación de las víctimas enunciadas y de las restantes, todo ello de imperiosa obligación para las instituciones públicas, como responsables últimas en la búsqueda de las desapariciones forzosas y crímenes contra la humanidad, como consecuencia de los acuerdos y convenios internacionales suscritos por el Estado español, en aplicación del principio de Justicia universal”.

En el caso de San Lorenzo de El Escorial, explican los firmantes de este escrito, “tenemos perfectamente documentada la existencia de al menos 75 de estas personas, que lo dieron todo por la justicia social y la revolución, por la libertad y la democracia, y que por ello fueron asesinadas, enterrando su memoria en lo más profundo de las entrañas de la tierra, de un patio empedrado y frío, y de la conciencia colectiva, sin posibilidad de rescate ni de sus restos mortales ni de su dignidad aplastada”.

http://www.elfarodelguadarrama.com/noticia/24732/San-Lorenzo/

familiares-asesinados-tras-guerra-civil-piden-apertura-

fosa-común-cementerio-parroquial.html

Familiares de víctimas de Franco retan a Aguirre a abrir una fosa

La presidenta madrileña se comprometió en abril a «hacer lo necesario» para buscar los restos de los represaliados

IÑIGO ADURIZ Madrid 17/06/2010

«Haremos lo necesario para que todos los que quieran buscar los restos de sus antepasados puedan buscarlos».

Esperanza Aguirre pronunció esta frase el pasado 28 de abril y el Foro Social de la Sierra de Guadarrama, que aglutina a familiares de víctimas de la dictadura, se lo ha tomado al pie de la letra.

La organización tiene previsto presentar mañana viernes ante la Asamblea de Madrid (donde el PP tiene la mayoría absoluta) una solicitud para que la cámara autonómica promueva la apertura de una fosa común en San Lorenzo de El Escorial, en la que están los cuerpos de, al menos, 79 fusilados durante la dictadura.

La petición llegará gracias al respaldo de IU, y contará con la firma de cinco personas que durante años han sufrido «el olvido» del horror del franquismo. El cuerpo del padre de Concepción Fernández-Salinero, una de las solicitantes, está en la mencionada fosa madrileña. «Él fue el alcalde republicano de San Lorenzo, y por eso lo fusilaron», explica, aún compungida.

«No tuvo ni defensa ni juicio»

A diferencia de otras víctimas que eran más jóvenes durante la Guerra Civil, ella recuerda perfectamente aquel 23 de junio de 1939 en el que los militares franquistas acabaron con la vida de su padre. «Era una bellísima persona, tenía 38 años y 8 hijos de los que hoy sólo quedamos tres», afirma. Con su respaldo a la iniciativa, únicamente busca «la tranquilidad de saber que el cuerpo de mi padre está ahí».

«No tuvo ni defensa ni juicio», lamenta, por su parte, Rosa Camisón, cuyo padre Fabián, que fue secretario general de la CNT, fue víctima de la pena de muerte de uno de los llamados procesos sumarísimos. Los cuarenta años de dictadura y los treinta de democracia no han acabado con su «dolor», por un lado, «por haber estado toda una vida sin padre» y, por otro, por los ocho años que pasó con sus abuelos mientras su madre estaba en la cárcel «por ser mujer de quien era».

Sus objetivos, como los de los demás firmantes cuyos familiares perecieron en la sierra madrileña a manos de los franquistas (Pedro Rubio, Miguel Ángel García y Santiago Grande), es recuperar los cuerpos de sus familiares y «que se anulen los juicios sumarísimos que les condenaron» a la pena máxima. Quieren recuperar el honor que, durante más de setenta años, les han negado las instituciones.

http://www.publico.es/espana/321503/franco/aguirre/fosa/comun/restos/

memoria/historica/victimas/dictadura

Los familiares, ante la Asamblea de Madrid. MÓNICA PATXOT

«Abrir las fosas no es un favor a las víctimas; es una obligación»

Debate entre un forense argentino y otro español sobre políticas de memoria

NATALIA JUNQUERA – Madrid – 17/06/2010

«Siento mucha envidia. Es sana, pero envidia. Porque allí, habiendo pasado menos tiempo, con muchas menos víctimas y menos drama que en España, han ido mucho más allá que nosotros», confesaba Fausto Canales, de 75 años, hijo de un fusilado en 1936 cuyo cuerpo fue robado y enterrado en el Valle de los Caídos, tras escuchar a Luis Fondebrider, director y fundador del Centro Argentino de Antropología Forense. Fondebrider acababa de hacer un balance de las políticas de justicia y reparación para las víctimas de la dictadura argentina inimaginable para las de la española: 1.000 procesos judiciales abiertos, 634 procesados, 101 bebés robados recuperados, 350 cuerpos identificados y un banco de sangre propiedad del Estado con 6.500 muestras para poder poner nombre y apellidos a más víctimas.

EL PAÍS reunió a Fondebrider y lo más parecido a su homólogo español, Francisco Etxeberria, forense y profesor de medicina legal en la Universidad del País Vasco, que ha participado en más de un centenar de exhumaciones de fosas de la Guerra Civil. Durante casi dos horas, hablan sobre lo que el Estado y la justicia han hecho por las víctimas del pasado trágico en cada país, e intentan aclarar por qué en Argentina fue posible perseguir a los verdugos y reparar a las víctimas casi al día siguiente del fin de la dictadura, mientras que en España, 34 años después de la muerte de Franco, no ha sido posible. Ambos se conocieron en 1993 en Bogotá en un congreso sobre antropología forense y derechos humanos.

– Cómo empezó. «Los primeros decretos del nuevo Gobierno, casi inmediatamente después de la dictadura, fueron para crear una comisión investigadora sobre lo ocurrido», explica Fondebrider. Era 1983. La presión de los militares desembocó en las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, similares a una amnistía. «En 1984, un grupo de estudiantes de arqueología, medicina, antropología… fundamos el Centro Argentino de Antropología Forense para atender a los familiares de los desaparecidos, y en 1986 empezamos a recibir pedidos de otras partes del mundo». Los pedidos son exhumaciones y peritajes en países como Sudáfrica, Perú o Sudán. En 2003, el Gobierno anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

El relato de Etxeberria es bien distinto. En el año 2000 ayudó a Emilio Silva, hoy presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a rescatar los restos de su abuelo. Fue la primera exhumación realizada con métodos científicos en España. «Los forenses no tenían experiencia. En estos 10 años hemos tenido que improvisar. Ahora estamos en lo que yo imagino que fueron los comienzos en Argentina, cuando existía incomprensión y los profesionales del mundo académico no se atrevían a intervenir». «Cuando di el primer paso, hubo quien me dijo en mi Facultad de Medicina: ‘Paco, ten cuidado. No te metas en este asunto».

– Relación con la justicia. «En Argentina no se abre una fosa sin autorización judicial. En todas las investigaciones hay una autoridad clara, el juez, y una cadena de mando: el fiscal, el perito…», explica Fondebrider. «En España se han abierto más de 200 fosas y la autoridad judicial solo ha intervenido en tres», cuenta Etxeberria.

– Relación con el Gobierno. «En Argentina nunca hemos encontrado oposición a esta tarea por parte del Gobierno. En los últimos cuatro años hemos recibido casi cuatro millones de dólares de subvenciones. Un secretario de Estado me dijo una vez: ‘Si el Estado ha pagado por picanas eléctricas, ahora debe pagar para ayudar a encontrar a las víctimas».

«En España hay una ausencia de liderazgo institucional», afirma Etxeberria. «Faltan políticas públicas de memoria. Se deja hacer. Hasta ahora, el proceso lo han liderado las asociaciones, que no tienen capacidad para ocuparse del asunto». «Nos fijamos mucho en el Gobierno central, pero la estructura del Estado llega hasta cada pueblo. Allí también hay políticos con sueldo que pueden hacer cosas sin necesidad de que se lo marque una ley, como homenajear a los funcionarios que perdieron su puesto de trabajo. Es higiene democrática».

– Por qué Argentina tan rápido y España tan lento. Fondebrider asegura que la clave del proceso argentino ha sido «la fuerza y la perseverancia de los familiares y los organismos de defensa de derechos humanos». «Si en Argentina hubiera ocurrido algo parecido a lo del juez Garzón, los argentinos habrían tomado el Supremo», afirma. «Cada año, las fuerzas armadas envían al Parlamento una lista de ascensos militares. La lista es revisada por organismos de derechos humanos que estudian si alguno participó en la dictadura. También ha sido muy importante el apoyo internacional. EE UU ha contribuido mucho financieramente, también países de Europa Occidental». Y finalmente una conciencia social. «Hoy en día muy pocas personas cuestionan en Argentina que lo que sucedió durante la dictadura fue un plan sistemático para eliminar a una parte importante de la sociedad».

«El franquismo tiene una sociología instalada hasta nuestros días», asegura Etxeberria. «De todos los testimonios que he oído en las exhumaciones el que más me impresionó fue el de una mujer que me contó que ella había pensado que su padre había sido un canalla, que su muerte era justa, hasta que un día se hizo mayor y se dio cuenta de que la habían engañado y tomó conciencia de la injusticia. A nivel colectivo, muchos españoles piensan aún que Franco nos salvó de algo peor o que fue un genio que nos llevó a la modernidad. La sociedad española aún no se ha hecho mayor».

– Cómo acabará el proceso. Etxeberria es optimista. «Tengo la plena convicción de que va a haber más implicación política e institucional, precisamente tras el drama del caso Garzón. Se ha creado una Oficina de Atención a las Víctimas en el Ministerio de Justicia, no en el de Asuntos Sociales o el de Cultura. Me parece muy significativo. Los poderes públicos tienen que dar un paso al frente y hacer mucho más de lo que han hecho hasta ahora. Aunque yo creo que la forma de resolver este asunto es a través de una fiscalía especial».

Fondebrider asegura que aún queda mucho. «Estos procesos no se terminan ni en cinco, ni en 10, ni en 15 años, como a veces quieren los políticos. Llevan varias generaciones. Abrir las fosas no es un favor que le hacemos a las víctimas, ni una dádiva de los Gobiernos. Es una obligación».

El CSIC analiza una década de exhumaciones

Luis Fondebrider está en España porque le ha invitado el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para participar en unas jornadas sobre la aplicación de la ciencia en la investigación de casos de violencia política. Fondebrider compartió cartel con Antonius Robben, catedrático de Antropología Social de la Universidad de Utrecht, quien habló sobre «memoria, duelo y exhumaciones en Argentina y Chile». Después, ambos debatieron con expertos españoles. Todo forma parte del proyecto que está llevando a cabo el CSIC para analizar con juristas, forenses, antropólogos, psicólogos e historiadores, las políticas de memoria en España y el impacto social, cultural y jurídico de una década de exhumaciones.

El trabajo de campo, dirigido por el antropólogo Francisco Ferrándiz, que ha asistido a decenas de exhumaciones desde el año 2000, parece haber probado ya una cosa: «En las fosas, no hay ánimos de venganza, ni afán revanchista. La polémica en torno a este asunto es una polémica sobrevenida, fabricada entre políticos», afirma Ferrándiz.

http://www.elpais.com/articulo/espana/Abrir/fosas/favor/victimas/

obligacion/elpepiesp/20100617elpepinac_14/Tes

El forense español Francisco Etxeberria (izquierda) y el argentino Luis Fondebrider, ayer en Madrid.- SAMUEL SÁNCHEZ

ALADRÉN.

Cancelada la exhumación de los tres gallegos fusilados

16/06/2010 M. FRANCO

La exhumación en Aladrén de tres soldados gallegos que fueron fusilados en 1937 por intentar pasar a las filas republicanas tuvo que ser cancelada ayer. Las catas que la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica y sus colaboradores llevaron a cabo durante todo el día no lograron sacar a la luz los restos. Esta es una posibilidad con la que el colectivo ya contaba. Los testimonios apuntaban a que los cuerpos fueron enterrados en lo que ahora es el interior del cementerio de Aladrén o en la zona civil del camposanto, por lo que es probable que fueran trasladados posteriormente a un osario, cubiertos por otras tumbas o que se haya construido encima. En principio, la búsqueda no se reanudará.

El sentimiento era ayer de decepción entre Puri Fernández, nieta de una de las víctimas, y su madre, que ayer colaboraron en la búsqueda de los restos de su abuelo, Juan Moreno Alegrete, y de Benito Alonso Rivero y Cándido Silva Toucedo. «Estamos muy desilusionados, sabíamos que existía esta posibilidad pero esperábamos encontrarlos», reconoció Fernández. Esta mujer lleva tres años recopilando datos e información a partir del certificado de defunción. «En mi casa era mi abuela la que quería hacerlo y no pudo –explicó–, pero hace unos años hubo hubo otra excavación en Pontevedra y me decidí».

Los resultados ponen fin a esta búsqueda. Félix Tundidor, que prepara su tesina sobre el movimiento antifranquista y que ha colaborado activamente desde Aragón con esta familia gallega, señaló que este desenlace no es inusual. «No es la primera vez que veo algo así –explicó–. Puede que los testimonios no sean del todo fiables, puede que haya habido otros enterramientos encima… Ya sabíamos que podría haber problemas». El vicepresidente de la asociación, Santiago Macas, se expresó de manera similar. «Los cementerios son complicados, pero había que hacerlo –manifestó–. Los muertos del otro bando tienen aquí su sitio, pero de estos, que además venían de lejos, no se ha preocupado nadie».

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=589726

Los trabajos se prolongaron durante toda la jornada, sin éxito. FOTO: SERVICIO ESPECIAL

La Asociación de la Memoria buscará este verano a 11 fusilados en La Laguna

La presidenta de la entidad en Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, se muestra segura de que la excavación en el cementerio lagunero de San Juan se desarrollará antes del próximo 15 de septiembre y que, tras esa fecha, se procederá a su identificación por el equipo de arqueólogos de la ULL en virtud del acuerdo suscrito.

ÁLVARO MORALES, Tenerife

La búsqueda de los once republicanos de izquierdas represaliados, asesinados y enterrados supuestamente en una fosa común del cementerio lagunero de San Juan puede cristalizar por fin durante este verano, tras años de gestiones y espera, si se cumplen las previsiones de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife. Su presidenta, Mercedes Pérez Schwartz, señala a EL DÍA que sólo quedan unos flecos para solventar los permisos y el visto bueno definitivo a una excavación que, según sus cálculos, debe producirse antes del próximo 15 de septiembre para que, a partir de ese día, se proceda a la identificación de los restos, comprobando por fin si son ciertos los testimonios, indicios y pruebas que investigadores y familiares de estas víctimas iniciales del golpe de estado de Franco, como Alfredo Mederos, presidente de honor de la entidad, llevan esgrimiendo desde hace muchos años.

Las familias (hijos, nietos, sobrinos…) de Luis Figueredo Rojas, Domingo Cruz Cabrera, Domingo García Hernández, Saturnino González Falcón, Jacinto Silvera Peña, Vicente Hormiga Mederos, Honorio Cecilio de Armas Fernández, Guetón Rodríguez Melo, Alfonso Martín Power, Juan José Martín Escobar y Alfredo Mederos Galán llevan desde 1936 esperando este momento. Desean saber si el paradero desconocido que ha resumido el trágico final de las vidas de sus seres queridos ha tenido desde entonces un mismo punto de partida y llegada: la fosa común del cementerio de San Juan.

Como Schwartz, Alfredo Mederos también es optimista y espera que la larga espera se disipe en los próximos meses y la búsqueda e identificación den los frutos que desea desde hace tanto tiempo junto al resto de familiares. Más cauto se muestra Alejandro Gámez, uno de los miembros del equipo de arqueólogos de la Universidad de La Laguna que ha preparado el proyecto de excavación tras el convenio suscrito por la entidad docente, la citada asociación y el Ayuntamiento de La Laguna el pasado 6 de octubre de 2009. Gámez espera también que todo se solvente en breve, pero cree preferible no dar por sentado que la exhumación se produzca en los meses de este verano hasta que no se resuelva el correspondiente proceso en la ULL y se disponga de todos los permisos necesarios.

El edil de Servicios y Cementerios, Plácido Mejías, prefiere que los trabajos de excavación, por el contrario, comiencen tras el periodo estival porque, de esa manera, su departamento contará con más personal y le será más fácil cumplir con la parte operativa a la que le obliga el convenio.

El equipo de arqueólogos lo integran seis técnicos formados en la ULL con experiencia en trabajos de archivos y documentación, así como en arqueología y antropología funeraria. Estos especialistas ya han colaborado con la asociación y pretenden identificar la zona concreta de la fosa común, delimitándola en lo posible.

Para ello, y en la fase de documentación, han trabajado las características físicas de los represaliados a través de entrevistas orales a los familiares para su posterior identificación. También han analizado el uso histórico y la organización del cementerio y su fosa común.

Durante la intervención arqueológica, y una vez hallados los pretendidos restos, se aplicará el protocolo establecido para evitar la contaminación de ADN. Tras la exhumación, los restos pasarán al Instituto Anatómico Forense de Santa Cruz de Tenerife, donde, tal y como pauta la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno central, se procederá a las analíticas para la identificación.

La asociación siempre ha subrayado que sólo desea cicatrizar heridas «que nunca han cerrado». Mederos cree que se trata de una justicia histórica para con estas personas y sus familiares. La entidad alabó en octubre de 2008 la predisposición de la entonces alcaldesa, Ana Oramas, a ayudar en esta búsqueda, apuesta luego corroborada en el citado convenio, ya suscrito por el actual máximo mandatario, Fernando Clavijo.

http://www.eldia.es/2010-06-15/tenerife/4-Asociacion-Memoria-

buscara-verano-fusilados-Laguna.htm#4

ALADRÉN.

Comienza la exhumación de tres gallegos fusilados en 1937

15/06/2010

La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica comenzará esta tarde los primeros trabajos para exhumar los restos de tres soldados gallegos que fueron fusilados en 1937 por intentar pasar a las filas republicanas y que se encuentran, previsiblemente, en lo que ahora es el cementerio de Aladrén. Según explicó ayer el vicepresidente de este colectivo, Santiago Macas, hoy se llevarán a cabo las catas para intentar localizar los cuerpos y empezar mañana con el desenterramiento en sí.

Macias se mostró ayer prudente y recordó que cabe la posibilidad de que los restos no sean encontrados. Las investigaciones, basadas en testimonios y en la documentación del consejo de guerra que condenó a los tres hombres a pena de muerte en 24 horas, apuntan a que los cuerpos fueron enterrados en las cercanías del cementerio, en un terreno que forma ahora parte del propio camposanto, lo que dificulta la operación. La asociación cuenta con una subvención de 45.000 euros del Ministerio de la Presidencia para financiar distintas actuaciones y con la colaboración de voluntarios y familiares.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=589514

Lo siento Maru, va por tí.

En estos tiempos leemos continuamente noticias de exhumaciones de víctimas del franquismo y de la guerra incivil y ya quizás a muchos no les llama la atención más que el número de víctimas y las circunstancias de su muerte.
Pero detrás de cada exhumación hay multitud de historias la mayoría desconocidas para nosotros, historias de las víctimas, de sus familias marcadas desde entonces física, moral o económicamente y de las tres formas en muchos casos, historias de los participantes en el equipo de exhumación, sus familias, etc. incluso historias de sus verdugos y familiares.
El caso que nos ocupa, el llamado «cementerio de las botellas» en el fuerte San Cristóbal de Pamplona, donde tras quince días de intenso trabajo se han localizado los restos de los 131 enterrados de los que se han exhumados 37 algunos en presencia de sus familiares, lleva implícitas miles de historias detrás y alrededor pero yo quiero centrarme en una en especial: no se trata de ningún fallecido ni tampoco de ningún familiar ni siquiera del equipo habitual y habituado en exhumaciones que merecerían cada uno un capítulo aparte.

Yo quiero destacar la pequeña gran historia de «Maru».

A Maru la conocí hace unos dos meses en el fuerte junto a una nieta de uno de los antiguos presos del fuerte San Cristóbal y las volví a ver en dos homenajes relacionados con el fuerte.
Al enterarse de los trabajos de exhumación contactó conmigo diciéndome: «me gustaría colaborar si piensas que puedo ser útil en algo haciendo lo que sea», respondiéndole que cualquier colaboración es bienvenida dado que el campo de trabajo es extenso y sin problemas de espacio.
Comenzó el lunes y al final de la jornada le pregunté qué le había parecido contestándome con un ¡ufff..! cargado de emoción.
Durante toda la semana y en un terreno muy embarrado por las continuas lluvias, ha estado trabajando con la azada o en lo que fuese y yo diría que al límite de sus fuerzas, pasando el último día a poner al descubierto uno de los esqueletos junto con otro miembro del equipo. En un momento dado me preguntó si sabía de quién era dicho esqueleto y le contesté: sí, claro, se llamaba Agustín, y continuó todo el día limpiando con todo cuidado cada hueso de Agustín.

El fin de semana acudieron algunos familiares a presenciar la exhumación de sus allegados entre ellos los familiares de Agustín. La verdad es que  las relaciones con los familiares y sus reacciones ante los restos de sus parientes están cargadas de emociones y sentimientos profundos que se contagian al resto de asistentes y así entre familiares, prensa, organización, curiosos y otras tareas apenas presté atención al resto de compañeros ni a Maru.
Cuando la situación se fue normalizando la vi muy afectada y llorosa y me acerqué dándole un abrazo mientras le comentaba: Es duro, verdad? …pero..tanto te ha afectado?
Su respuesta, sin dejar de llorar, fue: es que al final consideraba a Agustín como si fuese mi pariente.

Esta es la pequeña gran historia que quería contar; se podrían decir muchas más cosas pero pienso que sobran las palabras.

Perdona Maru por desvelar tu fragilidad pero quería publicar tu grandeza de corazón.
Un abrazo

Publicado por Venancio Pla

http://fuertesancristobal-txinparta.blogspot.com/2010/06/

lo-siento-maru-va-por-ti.html

«No tuve juicio, ni abogado ni sentencia, mi familia me sigue buscando»

Cineastas, actores, músicos y escritores se meten en la piel de 15 ejecutados en la Guerra Civil y la dictadura

NATALIA JUNQUERA – Madrid – 14/06/2010

Artistas y familiares de víctimas del franquismo han presentado esta mañana un vídeo, realizado por Azucena Rodríguez, en el que 15 escritores, actores y músicos ponen rostros y voz a otros tantos asesinados durante la Guerra Civil.

Pedro Almodóvar interpreta a Virgilio Leret Ruiz, aviador, Jefe de las Fuerzas Aéreas de la Zona Oriental de Marruecos. Fue el primer militar asesinado por sus compañeros sublevados al amanecer del 18 de julio de 1936 en la Base Aérea Militar de Melilla. No tuvo ni abogado, ni juicio, ni sentencia. Sus hijas todavía lo están buscando.

Maribel Verdú pone voz a Primitiva Rodríguez, enlace de la guerrilla antifranquista, detenida el 6 de septiembre de 1947. Su sobrino iba con ella y vio cómo dos hombres la forzaban detrás de unos arbustos mientras a él lo alejaban del lugar en una camioneta.

Hugo Silva es José Villalibre Toral, albañil y labrador, miembro de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra. El 22 de agosto de 1936 fueron a buscarlo un grupo de falangistas. Se lo llevaron junto a otros vecinos. Lo detuvieron unas horas y después lo asesinaron. Tampoco tuvo ni abogado, ni juicio, ni sentencia.

María Galiana recuerda la historia de Balbina Gayo Gutiérrez, maestra republicana, directora de las Escuelas Graduadas de Cangas del Narcea. Fue detenida el 9 de septiembre de 1936 y asesinada al día siguiente. Su marido, Ceferino Farfante Rodríguez, también maestro, fue a preguntar por ella y quedó detenido el mismo día que la asesinaron. Al día siguiente también a él le mataron. Dejaron tres hijas muy pequeñas que todavía los están buscando.

Juan Diego Botto es Santos Valentín Francisco Díaz, herrador, tesorero del Círculo Obrero. Fue detenido en agosto de 1936 y encerrado en un campo de concentración. En octubre de ese mismo año le fusilaron junto a otras seis personas en Villadangos del Páramo (León). Dejó siete hijos, el mayor de 17 años, el menor de 11 meses. Su cuerpo no ha sido recuperado hasta la fecha.

Almudena Grandes se mete en la piel de Granada Garzón de la Hera. El cura de su pueblo la denunció por no estar casada por la Iglesia. Primero la excomulgaron, después, la raptaron y le raparon la cabeza. Fue fusilada con otras 16 mujeres. Después de enterrar sus cuerpos en un lugar desconocido, denunciaron a su marido. También fue ejecutado, como el mayor de sus siete hijos.

José Manuel Seda recuerda a Gerardo González Iglesias, jornalero y militante de la Unión General de Trabajadores. Tenía cuatro hijos. Al comienzo de la guerra se alistó como miliciano. Al caer el frente de Asturias fue detenido y fusilado posteriormente el 5 de marzo de 1938. Fue a parar a una fosa común. Sus hermanos Ángel, de 32 años y Ramón, de 26, también fueron asesinados.

Pilar Bardem habla en nombre de María Álvarez, que durante años ayudó a los guerrilleros antifranquistas. Fue condenada en varias ocasiones a penas de cárcel y destierro. En julio de 1951 fue detenida junto a su hermano Marcelino. A ambos les fue aplicada la ley de fugas y fueron asesinados por un grupo de guardias civiles durante su supuesto traslado.

Juan José Millas es Antonio Parra Ortega, un jornalero de 34 años de la localidad sevillana de Marchena. Frecuentaba la Casa del Pueblo el día que tenía libre de cada quincena. Fue detenido en su casa el 28 de agosto de 1936 y asesinado el 4 de septiembre de ese mismo año en el Camino del Lavadero, junto al cementerio. Tenía dos hijos y dos meses después de que lo asesinaran nació su hija Antonia.

Carmen Machi pone voz a Isabel Picorel. El 26 de agosto de 1936 escapó junto a sus tres hijos de su casa. Alguien la había avisado de que los falangistas iban a detenerla por sus simpatías republicanas y como castigo a su marido, quien, tras el golpe de Estado del 18 de julio, se había unido a las fuerzas democráticas republicanas de Asturias. Al día siguiente de la fuga, Isabel volvió a casa a recoger algunas pertenencias y allí la detuvieron. Fue asesinada junto a otros tres hombres en una cuneta en el municipio de Fresnedo.

Miguel Ríos es Severiano Rivas, alcalde republicano. Fue detenido en 1936 mientras estaba tomando un café. A los dos meses, le pegaron un tiro y abandonaron su cuerpo en los alrededores del cementerio.

Juan Diego es Feliciano Marcos Brasa, de Destriana (León), miembro de las Juventudes Socialistas de su localidad natal e hijo de Higinio Marcos Pérez, presidente de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra. A finales de julio de 1936, Feliciano fue secuestrado en su pueblo y torturado, asesinado y enterrado en un paraje alejado varios kilómetros. En octubre de ese mismo año su padre fue también asesinado junto a dos vecinos.

Paco León es Joaquín León Trejo, maestro de escuela en un pueblo de Sevilla. Un alumno le denunció por republicano. Le fusilaron a él y a sus dos hermanos. Su familia y su bisnieto Paco León le siguen buscando.

Aitana Sánchez-Gijón recuerda a Julia Conesa. Trabajaba como cobradora de tranvías y estaba afiliada a las Juventudes Socialistas Unificadas. En mayo de 1939 un conocido de su novio la denunció a la policía. La detuvieron cuando cosía en su casa y la fusilaron el 5 de agosto, con 19 años de edad, con otras doce compañeras. Las llamaron las 13 Rosas. Fueron a parar a una fosa común.

Javier Bardem es Francisco Escribano, cabrero, de 18 años. Le acusaron de haber robado para los del monte dos sacos de garbanzos, una manta, unas tijeras, seis calcetines, seis pañuelos y diez pesetas. Por este crimen fue fusilado el 1 de julio de 1941. En la misma tapia, y por el mismo delito, murieron su padre, dos de sus tíos y uno de sus primos.

Todos los actores han trabajado de forma altruista. La Plataforma Cultura contra la impunidad ha hecho este vídeo «para hacer visibles a las víctimas del franquismo, poner caras y voces reconocibles a los protagonistas de la gran tragedia colectiva cuya memoria no ha sido capaz de asumir el Estado español después de treinta años de democracia».

Actores, actrices, músicos y escritores han querido reivindicar «la vigencia de los valores» que defendieron las víctimas. «La democracia española, edificada de espaldas a su propia tradición, cimentada sobre la mentira de que una guerra civil y cuarenta años de dictadura no son más que una página cualquiera, que puede pasarse sin reflexión y sin amargura, seguirá siendo frágil, dudosa y menor de edad, hasta que no afronte la tarea de elaborar una posición clara y contundente respecto al sangriento, difícil pasado, que sigue marcando su destino y el de incontables familias españolas», aseguran.

«El principal objeto de esta campaña es que sea la última. Que la sociedad civil no tenga que seguir movilizándose para cubrir responsabilidades que sólo deberían corresponder a los poderes públicos», añaden. «No basta con que el Estado español subsane las deficiencias de la ley de Memoria Histórica, ni con que ponga a disposición de los afectados todos los medios legales y materiales precisos para acabar con la vergüenza de las fosas repartidas por el territorio nacional. Exigimos que se ponga en marcha una auténtica política pública en materia de memoria. Que en todos los ámbitos, desde la redacción de los libros de texto hasta los callejeros de pueblos y ciudades, desde los reglamentos de las leyes hasta la representatividad institucional, se manifieste de forma definitiva el reconocimiento de los vínculos históricos de la democracia española».

Sólo así, concluyen, se podrá «subsanar la inmensa deuda moral e histórica» que los españoles tienen aún con una generación «que lo dio todo para conquistar un futuro de paz y libertades».

http://www.elpais.com/articulo/espana/tuve/juicio/abogado/sentencia/

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Las pruebas de los crímenes de Franco

Técnicos del Archivo General Militar trabajan para facilitar el acceso a los expedientes militares de miles de víctimas de la dictadura

IÑIGO ADURIZ MADRID 13/06/2010 08:15

El Ejército de la democracia está intentando reconstruir la crónica del horror que provocó durante el franquismo. La memoria histórica salpica de lleno a unas Fuerzas Armadas que durante cuarenta años de dictadura promovieron ejecuciones de cientos de miles de españoles que actuaron o se manifestaron en contra del régimen franquista.

Pero los militares de Franco dejaron un exhaustivo legado de pruebas de sus ejecuciones y juicios sumarísimos en las sentencias, resoluciones, actas y testimonios de todos esos procesos judiciales, que se han mantenido almacenados durante años en los archivos históricos militares.

Se abrieron al público hace más de una década, pero víctimas del franquismo e investigadores han denunciado que siguen existiendo dificultades a la hora de acceder a ellos. Unas críticas que no han sentado nada bien a los trabajadores del Archivo General Militar de Madrid. El depósito, que recoge millones de documentos de la dictadura, abrió al público hace algo más de un año.

«Desde entonces, han llegado un millar de investigadores unos seis al día, a quienes se les han facilitado unos 10 o 15 expedientes cada jornada», destaca orgulloso el director técnico del archivo, Rogelio Pacheco. El 80% de los documentos que les fueron requeridos » han estado a disposición de los investigadores de forma inmediata», apunta Agustín Sánchez, responsable de referencias del depósito, en respuesta a las mencionadas críticas.

En un 15% de los casos, los investigadores salen con las manos vacías. Esto se debe a que «no existe un reflejo documental de las personas a las que se refieren los solicitantes», explica Pacheco. Se refiere a los numerosos crímenes ocultos del régimen de Franco, aquellos que provocaron la muerte a cientos de miles de españoles a los que se dio por desaparecidos, y que fueron tirados a las cunetas o enterrados en fosas comunes. Estas personas siguen sin tener hueco siquiera en los archivos militares de la memoria.

Mal estado de los papeles

Hay un 5% de las solicitudes que son denegadas. Se rechazan las peticiones que incumplen los plazos de la Ley Patrimonio Histórico de 1985, que prohíbe la consulta de los documentos hasta 25 años después de la defunción del represaliado o hasta los 50 del final del procedimiento. Otras muchas se deniegan porque los expedientes se encuentran en mal estado. Y es que la humedad y los hongos han provocado que muchos de los papeles que documentan la contundente represión de la dictadura hayan quedado prácticamente ilegibles.

«El trabajo de los restauradores resulta imprescindible para poder ir actualizando el archivo», señala Pacheco. «Pero es muy lento, porque hay que ir página por página», agrega. Respecto a la conservación, existen diferencias dependiendo de las zonas de donde vengan los documentos, según explican los especialistas del depósito. El de Madrid recoge los expedientes de la antigua Primera Región Militar, la que comprendía todas las zonas centrales de España, incluyendo lo que hoy delimitan las comunidades autónomas de Extremadura, Madrid, Comunitat Valenciana, Murcia y parte de las dos Castillas.

«Los valencianos son los que llegaron en peor estado», reconoce Ana Isabel Cerrado, responsable del área de descripción del depósito. Esos papeles, que fueron trasladados desde la Comunitat Valenciana, sufrieron el efecto de varias riadas en los años cincuenta y, desde entonces, no han sido tratados por los militares de la zona. «El papel tampoco era de los mejores», destaca, asimismo, la propia Cerrado.

Como ejemplo, la encargada de documentar las distintas referencias militares cita el complejo y grueso cuadernillo que constituye el expediente correspondiente al escritor Miguel Hernández. La del poeta es una compleja recopilación de actas, registros, resoluciones y testimonios impresos o redactados en distintos papeles de diferentes tamaños.

Por todas esas dificultades, los técnicos del archivo más importante de la dictadura por el número de documentos que almacena consideran que «hay mucho por hacer». Uno de los principales objetivos de sus responsables, a corto plazo, es la consolidación de una base de datos con los nombres de todas las personas cuyos expedientes están archivados en el depósito madrileño. «De momento, hemos conseguido almacenar 250.000», resalta Rogelio Pacheco. Para localizar el resto de nombres, los técnicos deben realizar una búsqueda manual en los cientos de archivadores que ocupan una de las salas del edificio.

El objetivo final es la digitalización de todos y cada uno de los documentos, otra ardua labor teniendo en cuenta que, dada la antigüedad y la calidad de los papeles, los escaneos deben realizarse uno por uno. Los 10.000 expedientes correspondientes a la provincia de Castellón ya han sido incluidos en la base de datos y las 750.000 referencias documentales que los componían también han pasado un proceso de digitalización.

Es un minúsculo paso en el camino hacia la modernización de los archivos militares. La información referida a los represaliados castellonenses que ya ha sido almacenada ocupa sólo una de las frondosas estanterías del archivo madrileño. Pero, según apunta el director técnico del depósito, «hay cientos de estanterías que, puestas unas detrás de otras, sumarían unos 25 kilómetros». En una de las salas, de unos mil metros cuadrados, tan sólo se recoge el 20% del total de documentos del depósito, tal y como afirmaron los responsables del archivo.

A falta de una orden específica de Defensa, la consulta de los históricos documentos es gratuita. Los datos de Castellón ya pueden reproducirse a través de un ordenador. Y, para hacerse con copias del resto, se permite a los investigadores hacer fotografías o, en los mejores casos, realizar fotocopias. «Todo depende del estado de conservación de los escritos», insiste Pacheco.

Los técnicos esperan que este año puedan volver a digitalizar otros 10.000 expedientes. Pero son sólo cuatro las personas que almacenan la información, la digitalizan y se encargan de facilitársela a quien la solicite. «Si fuéramos más, todo sería más fácil», reconocen.

http://www.publico.es/espana/320045/pruebas/crimenes/franco

Una de las salas de depósito del Archivo General Militar de Madrid. – iguel G. Castro