A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA

NACIONES UNIDAS RATIFICA DOS INFORMES SOBRE CRÍMENES FRANQUISTAS

“ES LA PRIMERA VEZ QUE LA ONU RECONOCE A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO”

EL ORGANISMO DA DOS MESES A RAJOY PARA ELABORAR UN PLAN DE REPARACIÓN.

MARÍA JOSÉ ESTESO POVES

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ratifica el 10 y 12 de septiembre el informe del relator especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Repa­ra­ción y las Garantías de No Repe­ti­ción, y el del Grupo de Trabajo de Desapa­ri­ciones Forza­das o Involuntarias (GTDFI), elaborados en el Estado español sobre el abandono institucional de las víctimas de los crímenes de la dictadura franquista.

“Es un momento histórico para las víctimas del franquismo porque el máximo órgano de derechos humanos insta a Rajoy a reconocer a las víctimas y hacer justicia”, dice Sole­dad Luque, integrante de la Coordi­nadora Estatal de Apoyo a la Que­rella Argentina contra crímenes del franquismo (CeAqua), desde Gine­bra, donde asiste, junto a otros representantes de asociaciones de memoria histórica, a las sesiones del Consejo de Derechos Humanos en las que se da lectura a estos documentos.

Un varapalo al Gobierno

“Los dos informes son un varapalo al Gobierno español porque concluyen que España no cumple con sus obligaciones como país democrático que ha ratificado todos los tratados internacionales sobre derechos humanos”, explica Jordi Gordon, portavoz de la Plata­forma para la Comisión de la Verdad, que agrupa a más de cien asociaciones de memoria histórica de todo el Estado español. Coincide con Lu­que en que éste es un hecho histórico porque“por primera vez las víctimas del franquismo ven reconocidos sus derechosante la ONU como víctimas. El Gobierno ya no tiene excusa para no cumplir con las recomendaciones de Naciones Unidas”.

El Grupo de Trabajo de Desapa­riciones Forzadas o Involun­ta­rias de Naciones Unidas dio 90 días, desde que se dio a conocer su informe el pasado 30 de julio, para que el Gobierno presente “un cronograma en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo” para atender a las víctimas del franquismo. Ariel Dulitzky, responsable del Grupo de Trabajo, señala que Espa­ña está obligada a elaborar “una política de Estado” para atender a las víctimas de forma urgente y hace al Gobierno más de 40 recomendaciones sobre aspectos como la apertura de fosas, la represión, los desaparecidos, archivos, etc. Dulitzky asegura que la inacción del Gobierno no es una cuestión económica, sino “de voluntad política”.

El segundo informe ha sido elaborado por el relator especial de Nacio­nes Unidas sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff. El relator visitó nuestro país durante diez días, entre el 21 de enero y el 10 de febrero, y se reunió con víctimas y representantes de las asociaciones de memoria histórica y también con miembros del Gobierno, la judicatura y jueces independientes.

Existe también un tercer informe de la ONU, del 5 y 6 de noviembre de 2013, en el que por primera vez se evalúa y se pide al Gobierno español “cumplir” con los desaparecidos de la dictadura y la Guerra Civil. El documento es muy crítico con el grado de cumplimiento por parte de Es­paña de la convención que firmó en 2010 sobre desaparición de perso­nas. La Asociación para la Recupe­ración de la Memoria Histórica (ARMH) celebra estos informes de la ONU porque “está claro que desde el Derecho Penal Interna­cional y desde los tratados internacionales firmados por España, el Gobierno incumple sistemáticamente sus obligaciones”, según las palabras de su presidente, Emilio Silva.

Fosas ‘privatizadas’

Por su parte, el informe de Greiff, publicado a finales de julio, desgrana en 22 páginas los temas en los que España está violando los tratados internacionales, en la misma línea que lo hace el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. Greiff señala que en España “no se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad”. Tampoco existen “censos oficiales de víctimas, ni datos o estimaciones oficiales sobre el número total de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”, recoge el informe.

El relator de Naciones Unidas muestra también su “preocupación” por la falta de interés del Estado por exhumar los cuerpos que permanecen en las cunetas. “Desde 2011, el presupuesto para la Ley de Memo­ria Histórica, incluyendo las exhumaciones, ha sido anulado”, dice el relator. Greiff habla de la “privatización” de las exhumaciones, que obliga a las familias a hacerse cargo de los gastos para desenterrar a sus seres queridos. También alude a que esta falta de responsabilidad del Estado en la apertura de fosas permite que ni siquiera las autoridades judiciales acudan a certificar los restos de los fusilados en las fosas.

De Greiff celebra la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, “que llevó a la elaboración del mapa de fosas (…)”, ya que, según los datos de los que disponen las asociaciones de memoria histórica, “existen 45.000 personas sepultadas en las 2.328 fosas aún sin abrir” y unos 150.000 desaparecidos. A nivel internacional, Naciones Unidas afirma que España es el segundo país en número de desaparecidos y fosas comunes del mundo, después de Camboya.

“Además, está el caso de los niños robados, que según la investigación judicial de Garzón fueron más de 30.000 hasta los años 50, pero todos sabemos que después fueron robados muchos más. Niños a los que se les cambió el apellido, fueron dados en adopción o fueron entregados a familias de otros países, como, por ejemplo, Alemania”, señala Gordon.

En este sentido, Luque, presidenta de la asociación Todos los Niños Robados son También Mis Niños e integrante de la Coordi­nadora X-24, que agrupa a más de una veintena de organizaciones de familiares de bebés robados, destaca la importancia de los informes de Naciones Unidas porque reconocen su preocupación por las víctimas, “no sólo por los que han fallecido o fueron asesinados por la dictadura, también por los desaparecidos vivos, como son nuestros niños robados”, explica a este medio. En este sentido, el informe de Greiff recomienda al Gobierno la creación de un banco de ADN y la apertura de los archivos públicos y privados, incluidos los de la Iglesia. La Plataforma para la Comi­sión de la Verdad apunta que “ni siquiera el concepto de desaparecido está incluido en la legislación española y que Naciones Unidas dice que tiene que crearse”.

El informe también se hace eco de la respuesta que dan al relator integrantes del Gobierno ante la falta de asunción de responsabilidades con las víctimas. Greiff, que se reunió con el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, sostiene que “variosrepresentantes del Go­bierno en las reuniones que mantuvieron enmarcaron las discusiones en el siguiente esquema: o todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto”, recoge el informe de Greiff.

“Democracia de bajo perfil”

Esta afirmación es para José María Pedreño, presidente de la Federa­ción de Foros por la Memoria, “un reflejo del bajo perfil de democracia que tenemos”. Por su parte, para Silva“es muy grave que el Gobierno se ampare en ese discurso de que ‘se van a despertar los odios’ para no hacer nada. En ese sentido, el relator de la ONU demuestra que cree más en la fortaleza de nuestra democracia que el propio Gobierno”.

El informe repasa la “remoción de los símbolos” y explica que “el Gobierno informó (…) de que la mayoría de los símbolos y monumentos inventariados fueron retirados”, pero también se hace eco de las denuncias de organizaciones de memoria, que critican la no retirada de gran parte de éstos”. Sobre el Valle de los Caídos, De Greiff señala que se ha convertido en “un símbolo de exaltación del franquismo”, explica que “nada da cuenta de que fue construido con el trabajo forzoso de miles de presos políticos” y recomienda llevar el cuerpo de Franco a otro lugar.

“Estos informes sobre las víctimas del franquismo son un golpe muy duro de Naciones Unidas hacia este Gobierno, y gobiernos anteriores, y revelan lo difícil que es la memoria histórica porque el Gobierno del PP sabe que hacer visibles a las víctimas es hacer visibles también a los verdugos, de los cuáles son herederos directos”, sostiene Pedreño.

https://www.diagonalperiodico.net/saberes/23889-es-la-primera-vez-la-onu-reconoce-victimas-del-franquismo.html

Fosa de víctimas del franquismo en Gumiel de Izán, próxima a Aranda de Duero. / ÁLVARO MINGUITO

UNA FOSA DE 400 MUERTOS EN LOS CAMPOS DE BURGOS

LA MATANZA DE CENTENARES DE PERSONAS INCLUYÓ A PERSONALIDADES HISTÓRICAS COMO EL PADRE DE FRANCISCO AYALA O EL COMPOSITOR ANTONIO JOSÉ

UNA CAMPAÑA DE MECENAZGO PERMITE RECUPERAR 70 CUERPOS EN ESTÉPAR QUE AHORA DEBEN SER IDENTIFICADOS POR LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

DIEGO BARCALA  – 09/08/2014

Una de las mayores matanzas de la Guerra Civil acaba de ver la luz. Los crímenes del monte de Estépar, cerca de Burgos, fueron desenterrados en forma de 70 esqueletos extraídos de tres fosas distintas. Son sólo una parte de los entre 300 y 400 civiles asesinados por falangistas, militares y guardias civiles franquistas que aprovecharon su puesta en libertad en la cárcel para asesinarlos en grupos.

Son las consecuencias de las famosas sacas que en 1936 sembraron de sangre diversos pueblos burgaleses. Las excavaciones, que se retomarán en noviembre, han sido llevadas a cabo gracias a una campaña de mecenazgo impulsada por la Coordinadora por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos que ha conseguido recaudar 14.000 euros en 40 días para costear parte del trabajo de un equipo de 20 científicos a la órdenes del arqueólogo Juan Montero y el forense Francisco Echeverria.

“Aprovecharon que se trataba de un terreno baldío, con una tierra blanda fácil para enterrar, apartado del casco urbano para una vez ensayado una vez, repetirlo. Es el ejemplo perfecto para entender qué eran las sacas”, explica Echeverria. El número de cuerpos extraídos de cada fosa coincide con el número de presos puestos en libertad que se registraron en la cárcel de Burgos. “Te puedo decir que se trata de los que salieron de la cárcel en los días 29 y 30 de septiembre de 1936. Puede variar cualquier cosa, pero con identificar a uno de ellos y sus edades se puede saber de qué personas se trata porque la salidas de prisión están documentadas y se pueden consultar”, aventura el historiador local José Ignacio Casado.

El procedimiento demuestra la sistematización de una masacre tolerada. “Imagina que estás detenido en los días posteriores a la sublevación. Pasas unos días en la cárcel y como no tienen nada contra ti, te sueltan. Estás feliz por salir en libertad y en la puerta te esperan una panda de falangistas o los del pueblo que te suben a un camión y acabas en una cuneta a con un tiro de fusil en la cabeza. Esto pasaba, y en algún momento alguna autoridad de este país deberá documentar y oficializar estos sucesos”, reclama el forense Echeverria.

Entre los centenares de personas asesinadas en Estépar se encuentran personalidades de relevancia histórica como el compositor Antonio José, su hermano Julio maestro y periodista y el padre del escritor Francisco Ayala. Algunas informaciones aseguran que en esos parajes se encuentran también los restos del padre del escritor Fernando Sánchez Dragó aunque el investigador José Ignacio Casado asegura que los restos de Fernando Sánchez Monreal se encuentran entre los recuperados en dos fosas con cerca de 50 personas en Viallamayor de los Montes. Sánchez Dragó aseguró en una entrevista que se enteró del asesinato de su padre en 1956 cuando, durante una manifestación estudiantil, el famoso comisario de la policía franquista Roberto Conesa le espetó: “Eres un resentido porque matamos a tu padre”, según reconoció en una entrevista en El País en 2006. A pesar de ello, es habitual en sus columnas encontrar elogios al fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera, del que se confiesa admirador.

Un gran número de fosas

Los trabajos de excavación comenzaron el pasado 18 de julio y se alargaron hasta el viernes 27. “Se ha conseguido contactar con más de 60 familiares (descendientes que, en la actualidad, se desperdigan por toda la geografía española, a pesar de que la mayoría de las víctimas procediesen de la provincia de Burgos). Todos son muy conscientes de que dado el gran número de fosas y, por tanto, de víctimas, y la falta de recursos económicos por la nula implicación de las Administraciones Públicas, las tareas de identificación van a ser tremendamente complejas”, lamenta el arqueólogo Juan Montero.

Pese a toda la labor de investigación histórica que se pueda llevar a cabo con la documentación de la prisión de Burgos, sin pruebas genéticas será difícil la entrega de los cuerpos identificados a los familiares. El paso de 80 años desde los asesinatos han hecho que se pierdan testimonios claves de lo ocurrido. Detalles con el del hermano de Francisco Ayala, José Luis, que tal y como describe Francisco en sus memorias, salió en una saca pero se libró del asesinato porque lo mandaron al frente.

El padre, Francisco Ayala Arroyo, pese a no militar en ningún partido de izquierdas y estar en Burgos con su familia desde 1931 como administrador del Monasterio de las Huelgas Reales por designación del ministro Miguel Maura, no se libró de la masacre del verano de 1936. Ayala se enteró en Barcelona, poco tiempo antes del exilio del Gobierno republicano para el que trabajaba, del fatal desenlace de su padre. “La noticia del asesinato de mi padre y demás desventuras no me concedió a mí el alivio de las lágrimas, sino que me dejó el corazón helado”, escribió en sus memorias publicadas por primera vez en 1988 con el título Recuerdos y olvidos (1906 -2006) por Alianza Editorial.

Años después de la Guerra Civil, el escritor recibió a su hermano Vicente en Buenos Aires. Su hermano le contó los horrores vividos junto al padre de ambos en el penal de Burgos hasta que Francisco no aguantó más: “Basta, basta. Dejemos eso”. Imaginar lo vivido aquel agosto de 1936 por su padre le perturba y así lo cuenta en las memorias. Pero rescata una anécdota truculenta que le contó su hermano. En 1935, un crimen delirante en Burgos provocó un escalofrío en la población. El hijo de un matrimonio campesino que vivía de cultivar la huerta estaba muy orgulloso de una hermosa col que había conseguido hacer crecer. Presumía sin parar de ello advirtiendo: “Como alguien toque esa col, le como el hígado”.

Como no podía ser de otra manera, le robaron el fruto. “Le como el hígado”, repitió sin descanso durante semanas hasta que un día le dijo su padre, temeroso de que cometiera una barbaridad: “Mira, no pienses más en eso. La col la arranqué yo, porque como eres tan bruto no quería que fuera a ocurrir una desgracia”. No hubo más que hablar. Un par de días, o semanas, más tarde le trae el muchacho a su madre un hígado para que se lo cocine, y la vieja se lo prepara sin sospechar nada. Era el hígado del padre. Pues bien, este presidiario que cumplía condena en Burgos fue el encargado de hacer de barbero de los presos políticos como el padre de Ayala y tantos otros. “Un detalle truculento cuyo refinado y morboso sadismo revela quizá mejor lo que allí ocurría que la descripción de las innumerables e inconcebibles atrocidades que me contó Vicente apenas llegado a Buenos Aires”, recordó Ayala antes de morir sin el alivio al menos de ver los restos de su padre enterrados en un lugar digno.

http://www.eldiario.es/sociedad/burgos-memoria_historica-estepar-recuperacion_0_290121286.html

PERDIERON LA VIDA ENTRE 1936 Y 1941

CATORCE ROSAS EN CATORCE TUMBAS

ARANZADI RESCATA LOS RESTOS DE PARTE DE LOS REPUBLICANOS FALLECIDOS EN EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE ORDUÑA

UN REPORTAJE DE ARACELI OIARZABAL – LUNES, 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014

La fachada del camposanto de Orduña -ciudad vizcaína anclada en pleno Valle de Ayala- luce desde finales de junio de 2013 una placa “en memoria de los cautivos fallecidos en el campo de concentración y en la prisión central de Orduña, cuyos cuerpos fueron enterrados en algún lugar de este cementerio, y de quienes perdieron la vida en defensa de la libertad y en contra del fascismo entre 1936 y 1941”.

Pues bien, lo que sólo eran indicios, quedó demostrado el pasado fin de semana, cuando un nutrido equipo de expertos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi -con su presidente y antropólogo forense a la cabeza, Paco Etxeberria, y a solicitud del Ayuntamiento orduñés- localizaba y sacaba a la luz, bajo la superficie de hormigón del pasillo derecho que da acceso a los nichos de la entrada al cementerio, 14 tumbas individuales y perfectamente alineadas, con restos óseos que, a simple vista, se constató pertenecían a los hombres que murieron en la citada prisión.

Por los archivos se sabe que en la cárcel orduñesa no se recluyó a mujeres, y “todos los esqueletos hallados pertenecen a hombres”, según explicó por los micrófonos de Radio Llodio Jimi Jiménez, uno de los arqueólogos del equipo de Etxeberria, que también apuntó como evidencias de que se trataba de los cuerpos de los republicanos que buscaban que “todos aparecen sin calzado y con objetos personales muy escuetos, y en situaciones muy similares a exhumaciones de personas muertas en cautiverio ya realizadas en otras zonas como Pamplona o en las cercanías de Villarcayo en Burgos”, argumentó.

El propio Etxeberria dio más datos, arrodillado ante una de las tumbas. “Todos aparecen enterrados a la misma profundidad, ordenados y metidos en féretros individuales de madera, más estrechos en piernas y más anchos en hombros. Quizás por las dentaduras podamos extraer el ADN, ya que se tiene la lista de fallecidos y se ha localizado a alguna familia, pero será difícil porque ha pasado mucho tiempo”, señaló. No obstante, “el valor de este trabajo es simbólico; son 14 republicanos que representan a otros miles, un grano más en el conocimiento de la verdad, de lo que pasó”, subrayó.

De hecho, el fatídico listado al que hacía referencia Etxeberria deja constancia de que fueron 224 los muertos o asesinados en el campo de concentración de Orduña. Se sabe que muchos de ellos están enterrados bajo los actuales nichos, pero por respeto obvio a los que allí descansan, no se acometerá ningún desenterramiento, ya que la intervención no ha sido sino un modo de honrar y resarcir en parte la memoria de los fallecidos y de sus familias.

La noticia de este hallazgo corrió como la pólvora entre la población, y fueron muchos los vecinos que se acercaron a ver de cerca la minuciosa labor de exhumación de los restos, aunque a decir verdad no causó sorpresa. Y es que en el municipio era un secreto a voces que “a los prisioneros, en su mayoría republicanos y gudaris, se les enterraba a la entrada a la derecha de lo que llamaban cementerio civil, o tierra no sagrada, como si de malhechores se tratara”, recuerda Salvador Oyarzábal, hijo de un gudari del batallón Araba que también fue condenado, como tantos otros, a trabajos forzados lejos de su tierra.

EL LIBRO QUE DESPERTÓ LA MEMORIA Sin embargo, no fue hasta la publicación en 2011 del libro Prisioneros en el campo de concentración de Orduña, del periodista laudioarra Joseba Egiguren cuando se comenzó a hablar abiertamente del oscuro pasado que encierran las paredes del actual colegio de los Padres Josefinos de Murialdo. De hecho, es el primer trabajo de investigación sobre este episodio histórico silenciado durante más de 75 años, y ha revelado al mundo -a través de documentos civiles y militares, y estremecedores testimonios de sus últimos inquilinos- que alrededor de 50.000 prisioneros de guerra fueron recluidos “en condiciones deplorables” en el campo que el régimen franquista estableció, entre los años 1937 y 1939, en lo que antaño fue el colegio de los jesuitas, y donde unos años antes había estudiado, curiosamente, el lehendakari José Antonio Agirre.

Los restos están siendo analizados en el Departamento Forense de la UPV en Donostia. El Ayuntamiento de Orduña ha decidido es que, una vez finalice el trabajo de laboratorio, los restos volverán al cementerio de Orduña. Por lo que respecta a las tumbas abiertas, los operarios municipales comenzaron el jueves los trabajos de reconstrucción de la zona. En el momento de cubrirlas, cada uno de los huecos tenía depositada una rosa roja en su interior.

http://www.noticiasdealava.com/2014/09/08/araba/catorce-rosas-en-catorce-tumbas

Paco Etxebarria trabaja en una de las sepulturas.

BUSCAN A 4 FAMILIAS CACEREÑAS PARA IDENTIFICAR RESTOS EXHUMADOS EN BURGOS

08-09-2014 / 11:21 H EFE

La Agrupación de Familiares de Represaliados en Valdenoceda (Burgos) busca a cuatro familias de la provincia de Cáceres para que donen una muestra de saliva de la que el laboratorio pueda extraer ADN que sirva para identificar los restos exhumados en la citada localidad burgalesa.

En la prisión de Valdenoceda (Burgos), que estuvo abierta desde finales de 1938 hasta agosto de 1943, se tiene constancia oficial de la muerte de 154 presos republicanos.

De ellos, cuatro eran de la provincia de Cáceres, «donde quizás todavía puedan vivir algunos de sus descendientes directos», asegura el colectivo en un comunicado antes de apuntar que el primer paso para la identificación es la localización de las familias.

Se trata de las familias de Esteban Arrojo García, hijo de Jerónimo y Paula, natural de Hervás, que vivía en Cáceres ciudad, que murió el 11 de noviembre de 1938 y era soltero; Lorenzo Márquez Parejo, hijo de Guillermo y Benita, de Garciaz, que murió el 5 de abril de 1941 y quien también era soltero.

También se busca a la familia de Joaquín Bravo Lucena, hijo de Juan y Pastora, de Plasencia, que murió el 13 de marzo de 1942. Estaba casado, dejó 2 hijos y era pintor de profesión.

Por último, se busca a los familiares de Máximo Tejero Domínguez, hijo de Sebastián y Juana, de Zorita, que murió el 20 de agosto de 1943 y era soltero. Era hijo de Sebastián y Juana.

Aquellas personas que dispongan de datos sobre estas familias pueden ponerse en contacto con la asociación en el siguiente correo electrónico: valdenoceda.exhumacion@gmail.com.

El objetivo, insiste el colectivo es conseguir la localización de esas cuatro familias y poder realizar pruebas, «muy sencillas y sin coste alguno, de ADN».

La prisión de Valdenoceda estuvo abierta desde finales de 1938 hasta agosto de 1943 en la localidad de Valdenoceda (norte de Burgos).

Allí murieron oficialmente 154 personas, que fueron enterradas bien en el cementerio viejo (11 de ellos, entre los cuales se cree que está Esteban Arrojo García), en plena calle (2) o en un solar de Instituciones Penitenciarias (141), donde están los otros tres cacereños.

La Agrupación, que se constituyó formalmente en 2005 y que inició en 2007 los primeros trabajos de exhumación, ha conseguido exhumar a un total de 116 restos, ha podido contactar con 95 familias de toda España y ha identificado 49 restos, muchos de los cuales reposan por fin en su pueblo, con su familia.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1663095

ESPAÑA DESTINÓ 674.500 EUROS A LA MEMORIA HISTÓRICA DE BOSNIA

08 DE SEPTIEMBRE DE 2014 – DANIEL AYLLÓN

Artículo publicado en la revista de septiembre 2014 –nº19– de La Marea. Aquí, a la venta]

BOSNIA // Sarajevo es una ciudad salpicada por decenas de pequeños cementerios musulmanes, repletos de lápidas blancas bajo las que descansan miles de víctimas del sitio que sufrió la ciudad durante la guerra de Bosnia (1992-1995). Junto a uno de los camposantos se encuentra la sede central de la Comisión Internacional para las Personas Desaparecidas (ICMP, en sus siglas en inglés), la organización que exhuma las fosas comunes que hay en todo el país. De los 30.000 desaparecidos de la guerra bosnia, han sido identificados ya casi 20.000.

En el hall de la Comisión luce, entre otras, la bandera de España, en agradecimiento por los fondos con los que el Gobierno financió la recuperación de cuerpos. Entre 2008 y 2010, la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo destinó en total 674.500 euros. Una parte, dedicada a víctimas de torturas.

Pero estos avances no se han logrado gracias a la iniciativa del Gobierno bosnio, sino a la comunidad internacional que, tras la guerra, impuso la obligación de recuperar los cuerpos y buscar a los desaparecidos. La presidencia del país está formada por representantes de las tres etnias mayoritarias –bosniacos musulmanes, serbobosnios ortodoxos y bosniocroatas católicos–, que mantienen semibloqueado el país desde hace siete años por su capacidad de veto y su incapacidad para llegar a acuerdos.

En España, la situación es diferente. Organizaciones vinculadas a la Memoria Histórica reclaman desde hace 75 años la recuperación de los cuerpos de los asesinados durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. En 2008 presentaron en la Audiencia Nacional un listado de 114.000 desaparecidos, con nombres y apellidos, a los que habría que añadir las señas de los que sus familiares no han entregado documentación.

El problema para recuperar los cuerpos no ha sido la falta de fondos del Gobierno, sino a qué los ha dedicado, señala Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Y pone dos ejemplos: “Desde 1996, el Ministerio de Defensa ha destinado dinero a la exhumación de la División Azul del frente soviético. Y Aznar siguió financiando durante años a la Fundación Francisco Franco”.

De este modo, las familias del bando republicano han tenido que buscar a sus seres queridos sin apenas ayuda. Con una pala y el testimonio de vecinos, entre 1979 y 1981, se realizaron bastantes exhumaciones improvisadas. Éstas carecían del rigor científico de las pruebas de ADN, que llegaron en 2000. Ese año, el propio Silva logró localizar la fosa común en la que había sido enterrado su abuelo, junto a otros 12 hombres, en Priaranza del Bierzo (León). Todos, republicanos de izquierdas, habían sido asesinados por falangistas el 16 de octubre de 1936.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue el que financió más exhumaciones, de 2006 a 2011. En este periodo, se recuperaron cerca de 6.000 cuerpos, explica Silva. Tras la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa, en 2011, se suspendieron todas las partidas: el Gobierno guardó en el cajón la memoria de las víctimas y éstas tuvieron que volver a recurrir al altruismo y al trabajo voluntario. Muchos arqueólogos, forenses e investigadores han dedicado durante años sus vacaciones de verano a practicar exhumaciones para ahorrar costes. Pero hay que pagar desplazamientos, excavadoras… y pruebas de identificación, lo más caro. La última exhumación, en el Monte de Estépar (Burgos), ha sido posible gracias al sindicato noruego de electricistas de Elogit, que donó el pasado mes de julio 6.000 euros tras conocer que muchos de los represaliados españoles eran sindicalistas.

“El Estado es quien tiene que garantizar los derechos de las víctimas y los desaparecidos. Es su responsabilidad, no la nuestra”, reclama Silva, que escribió decenas de cartas a los gobiernos de Aznar y Zapatero, pero jamás le contestaron: “Ni siquiera tenemos un interlocutor en el Gobierno”.

Además del silencio, las víctimas soportan acusaciones como la del diputado Rafael Hernando (PP), que hace un año afirmó en la cadena 13Tv que “algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarlos”. Silva exclama enojado: “¡A pesar de que las ayudas son para proyectos, no para las víctimas!”. En el caso de ETA, por el contrario, las víctimas sí reciben compensaciones. Aunque el Tribunal Supremo archivó la denuncia de la ARMH contra el diputado, la asociación ha recurrido ante el Constitucional.

Rapapolvo de la ONU

Además de la falta de financiación para las investigaciones, Naciones Unidas presentó el pasado 30 de julio un demoledor informe contra el Estado español. Tras la visita del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU en septiembre de 2013, la organización elaboró una larga lista de recomendaciones y dio al Gobierno 90 días para presentar “un cronograma en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo” para implementar sus peticiones y asistir a las víctimas del franquismo.

El informe recordaba que España está “obligada” por el Derecho Internacional y la Declaración sobre protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas a “asumir su responsabilidad” y elaborar una “política de Estado comprensiva, coherente y permanente” que permita a los familiares de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura saber qué pasó con las víctimas y recuperar sus restos.

En septiembre de 2009, España ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones. En agosto de 2012, el Gobierno de Rajoy hizo incluso una declaración formal de su compromiso contra las desapariciones forzadas. Pero sus palabras jamás llegaron a cristalizar en un proyecto.

Las pruebas de ADN

El equipo de investigadores de la ICMP comenzó a trabajar en Bosnia y Herzegovina, en 2001, cruzando muestras de ADN de huesos con las de la sangre de los familiares que buscaban a desaparecidos. Hasta entonces, las identificaciones se habían realizado –como en España– sin rigor científico, recuerda en Sarajevo su directora general, Kathryne Bomberger. Una marca de nacimiento, un reloj o una prótesis bastaban los primeros años para reconocer a los asesinados. Así se identificó a entre 6.000 y 8.000 víctimas.

Las posteriores identificaciones corresponden a las pesquisas de la Comisión: otros 14.629 cuerpos, con nombres y apellidos. A éstos hay que añadir 509 de la guerra de Croacia (1991-1992 y 1995) y 2.466 de la de Kosovo (1998-1999). Su banco de ADN cuenta con más de 90.000 muestras de sangre de víctimas y familiares que buscan en la ex Yugoslavia a hijos, padres y hermanos, en su mayoría.

Desde 2001 el trabajo de ICMP se ha extendido a una veintena de países. Cada vez más gobiernos recurren a ellos para identificar a víctimas de catástrofes como la del tsunami de Indonesia (año 2004, con 186.000 muertos y 42.000 desaparecidos), matanzas (Sudáfrica, Libia, Colombia…) o accidentes como el del barco que naufragó en Filipinas en 2008 y dejó más de 800 víctimas. El último reto ha sido el avión derribado en Ucrania en el que viajaban 298 personas.

“Vamos allá donde nos llaman”, explica Bomberger. “La única forma para ir a España es que seamos invitados por el Gobierno. Es un tema muy político y nos tiene que invitar: así demostraría su voluntad de querer resolver el problema. En algunos países, hay gente que dice ‘eso pasó hace tanto…’, pero es algo permanente. Los familiares siempre tienen una tortura mental preguntándose qué le ha pasado a su ser querido”, añade.

En el mundo hay millones de desaparecidos, según Bomberger, que empieza a enumerar: “800.000 en Ruanda, entre un millón y 250.000 en Irak, 65.000 en Colombia, 26.000 en México… y decenas de miles en España”. Algunas investigaciones están bloqueadas por falta de voluntad de los gobiernos. Bomberger no conoce en profundidad el caso español y prefiere no hacer valoraciones políticas.

La matanza de Srebrenica

“Trata de no sacar los códigos de números en las fotografías, por favor”, solicita al entrar en la gran morgue de la guerra, en Tuzla, el ayudante de antropólogo Nermin, de 35 años y con diez de experiencia en ICMP. “Están todos identificados pero preferimos que no aparezcan por respeto a las familias”. Meticuloso, analiza con sus guantes de látex azul, sobre una mesa metálica, seis partes del tronco inferior de un varón adulto: “El resto del cuerpo está en otra fosa que no hemos localizado”.

Procede del entorno del pueblo montañoso de Srebrenica (37.000 habitantes, según el último censo del país, de 1991, realizado antes de la guerra), donde tuvo lugar la mayor matanza. Allí, las fuerzas serbobosnias lideradas por el jefe de Estado Mayor del Ejército de la República Srpska, Ratko Mladic, masacraron a cerca de 8.000 hombres bosniacos musulmanes. Ocurrió ante la mirada impasible de los soldados holandeses de la ONU. Un tribunal de los Países Bajos condenó el pasado mes de julio al Estado holandés por la muerte de 300 de estos fusilados, a los que tenían el mandato de proteger.

Las tropas de Mladic –apodado El carnicero de Srebrenica y en prisión desde 2011– separaron primero a los varones de entre 13 y 80 años, de niños, ancianos y mujeres. A continuación, los ejecutaron y enterraron en fosas comunes. Conscientes de que los satélites habían detectado las sepulturas, y con el objetivo de dificultar las investigaciones, ingenieros y soldados desenterraron en los días posteriores miles de estos cuerpos con excavadoras y bulldozers y los trasladaron –muchos cadáveres, troceados por la violenta exhumación– a segundos nichos e, incluso, a terceros. De las más de 70 fosas comunes descubiertas en el entorno de Srebrenica, menos de la mitad son primarias.

“Tal fue el traslado que hemos llegado a encontrar partes de un mismo cuerpo hasta en seis fosas diferentes”, explica el coordinador del equipo de identificaciones de la Comisión en la sede de Tuzla, Edin Jašaragic. Algunos de los restos se han encontrado en nichos separados por 50 kilómetros. En esta ciudad industrial del noreste de Bosnia y Herzegovina, la ICMP centraliza la identificación de los restos exhumados. En uno de los dos edificios que la Comisión tiene en el municipio se encuentran el archivo de expedientes, los laboratorios y las oficinas. En el otro, la morgue con miles de huesos. Cerrada con puertas herméticas, la sala emana un cierto hedor. En cientos de planchas de metal se encuentran las bolsas amarillas, verdes, blancas y azules que contienen los huesos. Todas, identificadas por su código genético y la fosa en la que se encontraron. Cada cuerpo, en su estante, columna y pasillo. Algunas familias se resisten a enterrar a las víctimas hasta que no recuperen todos sus huesos, pero en la ICMP les advierten de que es difícil y, en ocasiones, imposible completar el esqueleto entero.

Antes de volver a sus análisis, Jašaragic destaca que España dispone de “buenos laboratorios para hacer análisis de ADN”, pero se encoge de hombros al preguntarle por qué no están trabajando en las cunetas de las carreteras de Granada, Sevilla o León.

http://www.lamarea.com/2014/09/08/espana-destino-674-500-euros-la-memoria-historica-de-bosnia/

Centro de análisis forense de ICMP en Tuzla (Bosnia y Herzegovina). DANIEL AYLLÓN

ZARAGOZA AÚN MANTIENE CALLES CON DENOMINACIÓN FRANQUISTA

IU EXIGE QUE SE APLIQUE LA LEY EN AGUSTINA SIMÓN O DIEZ DE AGOSTO. EL CONSISTORIO PIDE USAR LAS JUNTAS DE DISTRITO PARA TRASLADAR LAS PETICIONES

ESTRELLA SETUÁIN 08/09/2014

A pesar del cambio de nombre que se hizo en 43 calles de Zaragoza con motivo de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en el 2009, continúan existiendo algunas vías en la ciudad con denominación franquista. Una circunstancia que molesta a algunos sectores, que consideran que debería realizarse un nuevo inventario de calles y procederse a su modificación.

Así lo manifestó recientemente José María Ballestín, miembro de la Secretaría de Memoria Histórica de Izquierda Unida, que lamentó que perduren denominaciones de la época franquista «siendo que ya se hizo un esfuerzo para eliminar todos los nombres de personajes del régimen en su momento».

El miembro de la institución reconoció el «gran trabajo» del consistorio que, por iniciativa nacional, obligó el cambio en la nomenclatura de algunas calles de la capital. Por consenso político se acordó la modificación de 43 de las 60 vías propuestas, por lo que continuarían existiendo calles con denominaciones alusivas a la guerra o al régimen posterior. Agustina Simón y Diez de Agosto son algunos ejemplos de calles que mantienen nomenclatura alusiva a la dictadura, y aunque no existe un listado, desde IU aclararon que todavía hay algunas más en toda la ciudad.

Fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza detallaron que el grupo de trabajo que se creó para llegar a este consenso estaba formado por todos los agentes interesados posibles, y se hicieron cinco borradores completos para que la lista fuese «muy rigurosa». Por esta razón, el consistorio «se sorprendió» al conocer que todavía quedan calles con nomenclatura del régimen franquista. Con todo, las mismas fuentes detallaron que «si las hubiera, se utilicen las juntas de distrito o el registro municipal» para trasladar las peticiones de cambio. Una vez recibida la queja, la comisión de Cultura la evaluaría en función a la ley.

Otra reivindicación de la Secretaría de Memoria Histórica de Izquierda Unida es que vuelvan las denominaciones que recordaban hechos históricos, como la desaparecida calle Democracia. «Teníamos también plaza y calle Primero de Mayo y ahora ya no existen», explicó Ballestín.

Y aunque estas denominaciones sí que generan controversia en la ciudad, el hecho de que pervivan las placas del Ministerio de Vivienda con el yugo y las flechas en algunas casas de barrios como el Arrabal o Picarral, parece no molestar. Desde la Asociación de Vecinos Tío Jorge, en el Arrabal, aseguraron que es un tema al que no se le da importancia, aunque en algunos bloques se pintó encima de las insignias o se retiraron.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/zaragoza-aun-mantiene-calles-denominacion-franquista_968747.html

La calle Agustina Simón está en el centro de la capital aragonesa. – Foto: ÁNGEL DE CASTRO

PUEBLA DE GUZMÁN (HUELVA) OBTIENE EL PERMISO DE CATAS DE LAS FOSAS COMUNES Y COMENZARÁN LOS TRABAJOS EN ESTE MES

PUEBLA DE GUZMÁN (HUELVA), 7 SEP. (EUROPA PRESS) –

El Ayuntamiento de Puebla de Guzmán (Huelva) tiene previsto comenzar el estudio previo necesario de perimetraje y situación de las cuatro fosas comunes existentes en la localidad y que se encuentran en el antiguo cementerio municipal, al obtener el pasado mes de agosto el permiso necesario de catas y limitación, otorgado por la Dirección General de la Memoria Histórica de la Junta de Andalucía para iniciar estos trabajos, que arrancarán en este mismo mes.

   En declaraciones a Europa Press, el alcalde, el socialista Antonio Beltrán, ha indicado que la arqueóloga responsable de otras exhumaciones en Andalucía Elena Vera, y encargada del proyecto, se trasladará a la localidad en unos 15 días para comenzar los citados trabajos, con el fin de conocer la extensión de estas fosas y el número concreto, ya que podrían ser más de cuatro.

   En las mismas, que en un principio se exhumarán con fondos propios municipales –aunque al estar dividido el proyecto en varias fases en algunas podría participar con algún montante la Junta de Andalucía–, se prevé encontrar restos de unas 90 personas que fueron fusiladas durante la Guerra Civil en la localidad.

Entre ellas las apodadas ‘Las rosas de Guzmán’, que fueron 15 mujeres asesinadas en 1937 entre el citado cementerio y el callejón de la Fuente Vieja, una fosa que está identificada al señalarlo un vecino, familiar de una de las fallecidas.

   El alcalde ha insistido en la necesidad de llevar a cabo estos trabajos bajo la coordinación de todas las administraciones competentes y «siempre de la mano de la Junta», y se ha referido también al permiso solicitado a la Delegación de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía en Huelva, ya que la zona aledaña a este espacio está declarada Bien de Interés General.

   La intención de exhumar estas fosas, según señala el primer edil, por parte del Ayuntamiento, ubicadas en el antiguo cementerio clausurado hace 15 años, «no es de ahora sino de hace bastante tiempo y gracias a la iniciativa popular que surgió en Puebla de Guzmán para que se recuperara la memoria histórica y darle un digno adiós a los injustamente represaliados, cuyos restos se encuentran en estas fosas».

   Cabe recordar que a principios del mes de noviembre se presentó ‘Perseguidos’, el nuevo libro realizado por el periodista onubense Rafael Moreno, que recoge las historias de represaliados en la provincia de Huelva durante el periodo de la Guerra Civil y los años posteriores, centrándose gran parte del mismo en los acontecimientos ocurridos en el citado municipio.

http://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-puebla-guzman-obtiene-permiso-catas-fosas-comunes-comenzaran-trabajos-mes-20140907110823.html

Foto: EUROPA PRESS/AREMEHISA/Archivo

ORDUÑA EXHUMA LA VERDAD DE CATORCE PRESOS

LA SOCIEDAD ARANZADI FINALIZA LA MAYOR RECUPERACIÓN DE CUERPOS REALIZADA EN UNA MISMA INTERVENCIÓN EN EUSKADI

UN REPORTAJE DE I. G. – DOMINGO, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LA Sociedad de Ciencias Aranzadi exhumó el pasado fin de semana 14 cuerpos de presos antifascistas de la Prisión Central de Orduña en el cementerio de la localidad vizcaina. El proyecto, que partió del ayuntamiento, ha pasado a suponer la mayor recuperación de cuerpos en una misma intervención realizada en Euskadi, con el matiz de que los enterrados no estaban en una fosa común. Según ha podido saber DEIA, el consistorio prevé que los restos exhumados descansen de forma digna en una sepultura a construir en recuerdo de aquellas personas.

La iniciativa de prospección y exhumación partió del pleno municipal -gobernado por Bildu y que, incluyendo al concejal del PP, condenó el franquismo-, que se puso en contacto con Aranzadi para impulsarla. También han participado en el proyecto la oficina de Derechos Humanos del Gobierno vasco, la Fiscalía General y el Instituto de Medicina Legal. Además, el equipo dirigido por Paco Etxeberria en la Facultad de Medicina de la UPV/EHU, en el campus de Donostia, estudiará los restos.

Las prospecciones comenzaron los días 27, 28 y 29 de agosto. A través de un acuerdo con el Ayuntamiento de Orduña, se hizo una cata de 14 por 2,5 metros en el camposanto, y “enseguida comenzaron a salir cuerpos que guardaban una disposición”, explica el técnico de Aranzadi, Jimi Jiménez. “Pronto” se dedujo que podrían ser internos de la prisión de Orduña, explica. Agrega que “de los 14, ninguno era mujer, y su edad es de más de 30 años, lo que responde al perfil de prisioneros de la cárcel”.

CAMPO Y LUEGO PRISIÓN Cabe recordar que el centro penitenciario de Orduña fue primero un campo de concentración durante la Guerra Civil y, al finalizar la contienda, pasó a ser prisión central, según estudios del periodista de la ciudad Joseba Egiguren (Laudio, 1964), quien publicó el libro Prisioneros en el campo de concentración de Orduña (1937-1939).

Los 14 cuerpos estaban enterrados bajo una base de hormigón que se construyó décadas después en el cementerio. Hay constancia, según el registro local, de que se dio sepultura a, al menos, 225 hombres que cumplían condena tras sufrir un juicio del régimen franquista. Según las investigaciones, la mayoría eran de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, aunque también hay constancia de algunos, “pocos”, vascos. “Hay dos zonas en las que se supone que están enterrados. Una es esta, la del cementerio donde no podemos seguir exhumando cuerpos que están debajo de los nichos actuales. Y luego hay otra zona que no está muy clara o donde se han podido hacer movimientos de tierras”, coinciden en sus exposiciones Jiménez y Egiguren.

A partir de este hallazgo, Aranzadi ha dejado muestras que serán estudiadas por el equipo de Etxeberria. Jimi Jiménez asegura que, a pesar de que se cuenta con la identidad de todas las personas que fueron enterradas en ese lugar, será “muy difícil” identificar a estos 14. Según tiene previsto el ayuntamiento, se dará digna sepultura a los restos hallados, levantando algún tipo de monumento en la propia Orduña destinado a preservar su memoria.

Desde Aranzadi, así como el propio Joseba Egiguren, certifican que los muertos, tanto en campos de concentración primero como más tarde en la prisión, fallecieron de hambre o por enfermedades como tuberculosis, avitaminosis, bronquitis… “La población penitenciaria no moría por la violencia como tal. Fueron muertes, entre comillas,naturales causadas por hambre, frío y las escasas condiciones higiénicas”, aporta Jiménez.

Egiguren estima por su parte que se dio muerte a estas personas hasta en tres ocasiones: “La primera porque les mataron de hambre. La segunda porque, tras ser enterrados, se les dio una segunda sepultura de hormigón. Y la tercera, porque fueron olvidados”.

Con esta exhumación, a juicio del periodista, “se ha reivindicado su memoria. Tras mi trabajo de investigación, quedaba que el pueblo los reivindicara y se les dignificara”. Egiguren amplía que se internó a estos civiles en “una tierra lejana, hostil, y con mucho frío. Es más, por la lejanía de sus familiares, no podían recibir ayudas”.

Así queda reflejado en el libro de este autor cuando un testimonio aporta que “mi abuelo no era de política, pero le metieron porque era de los que hablaban mucho”. Otros aseguran que, aunque de manera oficial se dejó morir a 24 personas en el periodo en que este espacio fue campo de concentración, “fueron más, porque unos se suicidaban y a otros se les mataba a palos. La muerte era algo muy habitual allí”.

28 MUERTOS EN UN MES Los fallecidos se multiplicaron en los posteriores años en la prisión central durante el franquismo. “Murieron 201 hombres en un año y la mayoría lo hacían de hambre. El 1% de la población penitenciaria moría al de un mes. Es más, hubo un mes en el que fueron 28, casi un muerto al día. Este periodo, en el que fue una cárcel, está sin investigar”, aporta el autor de Prisioneros en el campo de concentración de Orduña (1937-1939). “Desgraciadamente, permanecieron en manos del enemigo en la más absoluta indefensión y sin ningún tipo de garantía judicial, apaleados, humillados, ateridos de frío, enfermos y medio muertos de hambre. Algunos no pudieron soportarlo”, agrega Joseba Egiguren.

A juicio de este autor, la exhumación de estos 14 cuerpos supone “exhumar la verdad, dignificar sus vidas, porque llegaron a morir por su lucha. Además, contribuye a que sus familias puedan ejercer su derecho de verdad, reparación y justicia”, valora, y va más allá: “Porque esto no es una película, es una verdad incómoda que hay que saber aceptar aunque no guste, con el objetivo de cerrar un ciclo”. El campo de concentración de la localidad funcionó entre junio de 1937, con Franco ya en Bilbao, y hasta el fin de la guerra en 1939. La prisión central de Orduña estuvo abierta, por su parte, entre 1939 y el verano del año 1941.

http://www.deia.com/2014/09/07/sociedad/historias-de-los-vascos/orduna-exhuma-la-verdad-de-14-presos

Los 14 cuerpos exhumados y Joseba Egiguren, autor del libro ‘Prisioneros en el campo de concentración de Orduña (1937-1939)’ (Foto: S. C. Aranzadi)

VESTIGIOS QUE YA SON HISTORIA

ADEMÁS DEL MONOLITO DE LAS CÍES, EN VIGO SE ELIMINARON ESCUDOS E INSCRIPCIONES EN UNA DOCENA DE IGLESIAS Y EN LA CASA DAS ARTES

MARTA FONTÁN VIGO 07.09.2014 | 09:35

La aprobación en 2007 de la Ley de la Memoria Histórica supuso el principio del fin de la simbología franquista. En territorio vigués es historia uno de los que fue uno de los grandes símbolos de la dictadura, el monolito de las islas Cíes, que se demolió el verano de 2008. Ya han desaparecido también otros vestigios: los superpuestos en las fachadas de más de una decena de iglesias de la ciudad, así como otros que había en edificios tan céntricos y emblemáticos como el del antiguo Rectorado de Areal o el de la Casa das Artes. Ahora, con la sentencia del juez de lo Contencioso-Administrativo, el Concello, que aún puede recurrirla, está obligado a demoler la controvertida Cruz de O Castro, ubicada frente a la explanada donde se ubica el propio Ayuntamiento.

La eliminación del monolito franquista de Cíes no fue fácil. Tras un primer intento fallido el 30 de junio de 2008, esta mole construida en 1961 cayó a la tercera voladura al día siguiente, 1 de julio, el mismo en el que la Xunta asumía la tutela del Parque Marítimo-Terrestre Illas Atlánticas de Galicia. En total, hicieron falta 50 kilos de explosivos para finiquitar lo que el entonces conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, definió como «un auténtico pegote de hormigón».

En 2010 se comenzó a retirar simbología de la dictadura en pleno centro de Vigo. Así, se procedía a la eliminación de vestigios en doce templos. Además de en Santiago de Vigo y en la Concatedral, se actuó en las iglesias de San Andrés de Comesaña, San Miguel de Bouzas, Santa María de Castrelos, San Salvador de Coruxo, San Salvador de Teis, Santo Tomé de Freixeiro, San Francisco de Asís, San Miguel de Oia, San Andrés de Valladares y Santa Cristina de Lavadores. Lo que no se pudo retirar entonces fueron los restos tallados en la piedra, ya que requerían de una autorización de la Xunta.

También se eliminó el escudo que presidía la fachada del antiguo Rectorado de Areal, que se sustituyó por el emblema del Concello cuando Corina Porro trasladó al edificio la Alcaldía -se mantuvo allí hasta el gobierno de Abel Caballero-. Y se actuó asimismo en otro inmueble emblemático de la ciudad, el de la Casa das Artes. «Año de la Victoria. Anno Domini MCMXXXIX». Tanto estas inscripciones alusivas a la victoria del bando nacional en la Guerra Civil como el escudo preconstitucional que coronaban la fachada desaparecieron.

http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2014/09/07/vestigios-son-historia/1089520.html

Eliminación de vestigios franquistas de Colegiata. // J.M./R.G.

HALLAN EN LA SIERRA DE EL TORO RESTOS DE UN SOLDADO MUERTO EN LA GUERRA CIVIL

04-09-2014 / 16:00 H EFE

Los alumnos y profesores que participan desde el pasado lunes en un campo de trabajo en la Sierra de El Toro, entre las provincias de Castellón y Teruel, para recuperar los restos de soldados caídos en el Frente de Levante durante la Guerra Civil han localizado el primero de los cuerpos.

Los restos han aparecido en la peña Salada, en el término de la localidad turolense de Abejuela, según han manifestado a EFE fuentes del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GRMH) de la Comunitat Valenciana, que ha promovido este curso junto a la Universidad Complutense de Madrid.

«Se localizaron el segundo día del campo de trabajo, prácticamente al primer golpe de azada; estaban muy en la superficie y en una zona muy transitada», ha explicado a EFE el coordinador en la Comunitat Valenciana del GRMH, Matías Alonso.

Los restos están «muy maltratados» ya que el cuerpo «fue roto por las raíces de una sabina», según Alonso, quien ha añadido que los restos «están calcinados, posiblemente por el incendio de 1993. Creemos que cuando ardió la maleza quedaron al descubierto muchos cuerpos».

Entre hoy y mañana viernes los restos serán trasladados para su análisis al Instituto de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid, aunque en un principio los expertos indican que podría tratarse de varón de entre 25 y 30 años.

«Por el escenario da la sensación de que es un soldado republicano, pero no tiene identificación alguna, más allá de una suela», ha indicado Alonso, que ha añadido que los participantes en el campo de trabajo ya han localizado otras posibles fosas.

El «Curso de Arqueología y Antropología Forense» ha sido promovido por el colectivo memorialista y la Escuela de Medicina Legal de la Complutense.

El objetivo es seguir con la búsqueda de restos de soldados y darles «un entierro digno», según Alonso. «Aquí queda, desgraciadamente, una cantidad indeterminada de soldados españoles, franquistas y republicanos, que siguen abandonados por esta zona tan amplia donde se desarrolló la Batalla de Levante», ha añadido.

En el campo de trabajo participan cinco profesores de la Universitat de València y de la Complutense de Madrid, y una veintena de alumnos, algunos llegados de Eslovenia, Portugal, Francia o Irlanda.

Todos han pagado una matrícula de entre 450 y 800 euros, en función de la duración de su estancia, que ha permitido llevar a cabo las exhumaciones y proseguir con la labor de recuperación de la memoria histórica ante la falta de ayudas del Gobierno, según el Grupo de Recuperación de la Memoria Histórica.

Este colectivo ya ha puesto en marcha otras iniciativas para hacer frente a la merma de ayudas para desarrollar su labor, entre ellas el micromecenazgo por internet, con el que la entidad logró recaudar más de 9.000 euros el año pasado para exhumar los restos de un socialista fusilado en Borriol y para buscar al llamado «soldado desconocido» de El Toro.

Durante esta primera semana el centro de operaciones del campo de trabajo se ha instalado en Peña Salada, en el término de la localidad turolense de Abejuela y en la segunda semana el equipo de estudiantes se trasladará a Peña Juliana, en Bejís (Castellón).

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1660924