A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA

EN BUSCA DE 10 FAMILIAS MADRILEÑAS PARA IDENTIFICAR RESTOS EXHUMADOS EN VALDENOCEDA

LA AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE REPRESALIADOS EN VALDENOCEDA (BURGOS) BUSCA A 10 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA QUE DONEN UNA MUESTRA DE SALIVA DE LA QUE EL LABORATORIO PUEDA EXTRAER ADN QUE SIRVA PARA IDENTIFICAR LOS RESTOS EXHUMADOS EN ESA LOCALIDAD DE BURGOS.

Según ha informado la asociación, la prisión de Valdenoceda, que estuvo abierta desde finales de 1938 hasta agosto de 1943, era una terrible cárcel de exterminio, dadas las condiciones de vida de los presos, sin apenas comida. Se tiene constancia oficial de la muerte de 154 presos republicanos. De ellos, 16 eran de Madrid, donde todavía viven algunos de sus descendientes directos.

La Agrupación de Familias ha conseguido localizar a seis de esas 16 familias. Esa localización ha servido para identificar los restos de tres presos, que han podido ser devuelto a sus familias. A otras tres familias se les ha tomado una muestra de saliva, de la que el laboratorio extrae ADN para cotejar con el de los restos exhumados.

Todavía hay diez familias que aún no han sido localizadas. De este modo, están buscando a parientes de Esteban Robledo González, que vivía en Madrid capital, murió el 22 de junio de 1940 y estaba casado; y de Andrés Montalbán Menéndez, de Madrid capital. Murió el 6 de junio de 1941. Estaba casado con María Corrón (o Corrons). También buscan a la familia de Anselmo Montero Hernández, natural de Majadahonda y que vivía en Aravaca. Murió el 3 de agosto de 1941 y era viudo; a la de Salvador Castro Hernández, de Madrid, que murió el 16 de septiembre de 1941 y estaba casado; a la de Teodoro Pérez (podría llamarse Perea) Martín, natural de Miraflores de la Sierra, pero cuya familia quizás se trasladó a vivir a Aranjuez. Murió el 18 de octubre de 1941 y estaba casado.

La sexta familia buscada corresponde a la de Mariano Vilar Recuero, de Madrid capital, que murió el 2 de diciembre de 1941 y estaba casado. También intentan encontrar a la de Sebastián Martínez Tomás, de Madrid capital, que murió el 10 de julio de 1942 y estaba casado; a la de Antonio Abad Vara, de Getafe, que murió el 4 de septiembre de 1942 y estaba casado con Julia Sanz (o Sáiz), con la que tenía un hijo y cuatro hijas.

Completan la lista Félix Villalba Sánchez, de Morata de Tajuña, que murió el 10 de noviembre de 1942 y era viudo; yAgustín Vara Garoz, de Torrejón de Velasco, que murió el 25 de marzo de 1943 y era soltero. La agrupación ha difundido estos datos junto con su dirección de correo electrónico (valdenoceda.exhumacion@gmail.com) con el objetivo de conseguir la localización de las familias y poder realizar pruebas, «muy sencillas y sin coste alguno», de ADN.

http://www.madridiario.es/noticia/-madrid/agrupacion-de-familiares-de-represaliados-en-valde/busqueda-familiares-represaliados-valdenoceda/414996

Prisión de Valdenoceda

Autor: Agrupación de Familiares de Represaliados en Valdenoceda

LA ARMH DENUNCIA QUE TVE HIZO DESAPARECER A 113.000 ‘DESAPARECIDOS’ DE LA REPRESIÓN TRAS LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

LUNES, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014

EN EL DÍA DEL DESAPARECIDO, LA NOTICIA EN EL INFORMATIVO DEL ENTE PÚBLICO CIFRÓ EN 100.000 DESAPARECIDOS POR CONFLICTOS BÉLICOS EN EL MUNDO, CUANDO EL CENSO DE LA ONU YA RECONOCE SÓLO EN ESPAÑA A MÁS DE 113.000 REPRESALIADOS.

En el Día del desaparecido, la noticia en el informativo del ente público cifró en 100.000 desaparecidos por conflictos bélicos en el mundo, cuando el censo de la ONU ya reconoce sólo en España a más de 113.000 represaliados.

El pasado 30 de agosto se conmemoraba el Día Internacional de los Desaparecidos. El Telediario 2 de TVE emitió un reportaje en el que informaba de que “en el mundo hay unos 100.000 desaparecidos por conflictos, desastres naturales o procesos de emigración. En el Día del Desaparecido la ONU exige a los Estados que eliminen todos los obstáculos para ayud ar a las investigaciones sobre la suerte de estas personas”.

Pero para la ARMH “el reportaje no hace ninguna mención a los 114.226 desaparecidos españoles, que permanecen en paradero desconocido como consecuencia de la represión franquista. Sí se menciona a la ONU que en el último mes ha hecho públicos dos informes del Alto Comisionado de Derechos Humanos sobre el caso español. Precisamente, uno de esos informes le ha dado un plazo de 90 días al Gobierno de España para que presente un plan de búsqueda de los desaparecidos españoles, una información publicada recientemente que no se menciona en el reportaje de TVE”.

Entre las acciones que tiene previsto llevar a cabo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, está el informar a la Comisión Mixta Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, encargada de supervisar desde el Congreso de los Diputados el buen funcionamiento del ente público en el cumplimiento de sus criterios de calidad informativa.

Por otra parte, la ARMH estudia la posibilidad de tomar “algún tipo de acción judicial por considerar que es una forma de maltrato y negacionismo.
Una televisión pública, que tiene el deber de informar con rigor y pluralidad, y no puede hacer desaparecer a esos 114.226 desaparecidos, porque es una grave ocultación de nuestra historia reciente y un agravio”.

http://www.infobierzo.com/la-armh-denuncia-que-tve-hizo-desaparecer-a-113-000-desaparecidos-de-la-represion-tras-la-guerra-civil-espanola/116033/

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MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS CON OCASIÓN DEL

«DÍA INTERNACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIONES FORZADAS»,

«La desaparición forzada de personas a manos de los Estados constituye una violación inaceptable de los derechos humanos. Los actos equivalentes a la desaparición forzada de personas cometidos por grupos armados y terroristas también constituyen una violación grave de los derechos humanos. Esta práctica abominable priva a las personas del amparo de la ley y, por tanto, puede conllevar un gran peligro de que sufran violencia física y, en ocasiones, una ejecución atroz. Además de causar una preocupación y una angustia inimaginables a las víctimas y sus seres queridos, esto crea un clima generalizado de miedo y terror en sociedades enteras.

En un tiempo las desapariciones forzadas fueron empleadas principalmente por las dictaduras militares. Cada vez más se han convertido en un instrumento utilizado por muchos Estados de todo el mundo, algunos dentro de estrategias de lucha contra el terrorismo o la delincuencia organizada y otros para aplastar la disidencia y el activismo en pro de los derechos humanos.

En este solemne día, quiero reiterar con la mayor firmeza que, con arreglo al derecho internacional, no debe someterse a nadie a una detención secreta. Toda persona privada de su libertad debe ser retenida en lugares reconocidos y supervisados oficialmente donde disfrute de seguridad y las garantías del estado de derecho. Los Estados deben informar plenamente sobre el paradero de las personas que han desaparecido. Y deben aplicar de manera efectiva el derecho a la verdad, la justicia y la reparación a todas las víctimas y sus familiares. Las desapariciones forzadas constituyen una práctica que no puede tolerarse en el siglo XXI.

Hasta la fecha, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entró en vigor en diciembre de 2010, ha sido firmada por 93 Estados y ratificada por 43. La Convención proporciona una base sólida para luchar contra la impunidad, proteger a las personas desaparecidas y sus familias y fortalecer las garantías ofrecidas por el estado de derecho, entre ellas la investigación, la justicia y la reparación.

Insto a todos los Estados Miembros a que firmen y ratifiquen la Convención sin demora. Ha llegado el momento de que la Convención alcance la ratificación universal y se ponga punto final a todas las desapariciones forzadas”.

Enlace a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas:

http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm

IU EXIGE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA Y PIDE QUE SE RETIRE LA PLAZA FRANQUISTA DE PEÑAFLOR Y SE RENOMBREN ALGUNAS CALLES DE ZARAGOZA

ENVIADO POR ARAINFO | REDACCIÓN EL 1 SEPTIEMBRE, 2014

Izquierda Unida exige, una vez más, el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. El pasado viernes, en el barrio rural de Peñaflor (Zaragoza) el vocal de IU en la Junta de Distrito, Ricardo Ruiz, y un miembro de la Secretaría de Memoria Histórica y valores republicanos de la formación política y social, José María Ballestín, denunciaron en rueda de prensa el incumplimiento de esta norma por parte del Gobierno PP-PAR.

Como caso concreto, Ricardo Ruiz denunció la existencia de una placa franquista en uno de los costados de la iglesia de Peñaflor, situada en la plaza del Rosario. Ruiz ha reiterado la necesidad de que el símbolo franquista sea retirado y ha propuesto que sea trasladado al cementerio privado con el que cuenta la localidad.

Cabe recordar que el pasado marzo, Izquierda Unida hizo esta propuesta en el pleno de la Junta de Distrito, pero tanto el PP como el PSOE se opusieron. IU advierte de que, si no se cumple la Ley de Memoria Histórica, la localidad puede dejar de percibir ciertas subvenciones.

Por otra parte, José María Ballestín ha desgranado algunos de los casos concretos que ponen de manifiesto el incumplimiento del Gobierno de la Ley de Memoria Histórica en el caso de la ciudad de Zaragoza. En concreto, Izquierda Unida reclama al Ayuntamiento que cambie el nombre de algunas calles por su origen franquista, como son Agustina Simón y 10 de agosto. Ballestín ha recordado que desde que se aprobó la Ley, 43 vías de las capital aragonesa han sido renombradas, sin embargo, quedan muchas, “al igual que queda mucho por hacer para el cumplimiento de la Ley a la que la DGA no destina ayudas”.

http://arainfo.org/2014/09/iu-exige-el-cumplimiento-de-la-ley-de-memoria-historica-y-pide-que-se-retire-la-plaza-franquista-de-penaflor-y-se-renombren-algunas-calles-de-zaragoza/

Imagen de la placa en Peñaflor

LAS FOSAS CAEN EN EL OLVIDO

EL PRINCIPADO NO ES UNA EXCEPCIÓN. «VIVIMOS DE LAS RENTAS DEL GOBIERNO DE ZAPATERO», RECONOCEN DESDE INTERIOR, AL TIEMPO QUE DESCARTAN IMPULSAR NUEVAS INVESTIGACIONES

SIETE AÑOS DESPUÉS DE LA APROBACIÓN DE LA LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA, DECENAS DE FAMILIAS SIGUEN ESPERANDO QUE LES DEVUELVAN LOS RESTOS DE SUS FAMILIARES DESAPARECIDOS

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA / ANDER AZPIROZ |  GIJÓN / MADRID.- 31 AGOSTO 2014

Siete años después de su aprobación, la Ley de la Memoria Histórica mantiene una larga lista de tareas pendientes. La primera de ellas es aún la de localizar, exhumar y entregar a sus familias los restos de decenas de miles de españoles que, 65 años después la conclusión de la Guerra Civil y 39 desde el fin de la dictadura, permanecen sepultadas en fosas comunes de cementerios o cunetas de carreteras secundarias.

Según la investigación que llevó a cabo el exjuez Baltasar Garzón en la causa del franquismo, 114.226 personas desaparecieron entre 1936 y 1951 a causa de la represión llevada a cabo por el régimen, un número que las asociaciones de la memoria histórica consideran por debajo de la realidad. Desde el año 2000 se han recuperado los restos de cerca de 6.000 de los asesinados.

En Asturias, un estudio de la Universidad de Oviedo, coordinado por la profesora Carmen García, y en cuya elaboración se trabajó durante casi una década, sirvió como punto de partida para la administración autonómica a fin de tener un censo de las fosas comunes de la región. Una cifra que, según las conclusiones del citado informe, alcanza las 353 enterramientos, de los cuales 324 corresponden a víctimas de la represión franquista. La influencia de Izquierda Unida en aquel momento (2011) en el Gobierno, gracias a la alianza con el PSOE, permitió situar al Principado como uno de los territorios donde se articularon de manera más ágil iniciativas para registrar y localizar los lugares donde se encontraban los caídos. Aquel Ejecutivo, a través de la Consejería de Bienestar Social, impulsó el encargo de 81 monolitos para, en una primera etapa, recordar a los fallecidos distribuidos por distintos concejos de Asturias. No obstante, los cambios en los gobiernos, tanto regional como central, propiciaron un freno a toda iniciativa vinculada con la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. Sobre todo, en el caso del Ejecutivo estatal que, en este caso concreto, era quién concedía las ayudas para el desarrollo de la normativa.

El artículo 11 de esta ley establece en concreto que «las administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore». Lo redactado sólo estipula que el Estado ayude a los familiares, sin llegar a encomendarle la responsabilidad de exhumar a los españoles asesinados.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), mantiene que la entrada en vigor de la ley no supuso avance alguno. «El principal problema ha sido siempre el mismo y no se ha solucionado con esta norma descafeinada. Esto debería ser una responsabilidad del Estado y no de los hijos o los nietos de las víctimas», critica.

Falta de subvenciones

Uno de los mayores problemas que se presenta para la búsqueda y exhumación de los represaliados es la falta de fondos. Mientras estuvo en el Gobierno el PSOE otorgó subvenciones a la memoria histórica por valor de unos 25 millones de euros. Silva recuerda que a ellos ese dinero les permitió «contratar a dos o tres personas y actuar de una forma más ágil». Pero las últimas ayudas llegaron en 2011.

«Está todo parado», reconoce el director general de Justicia e Interior del Gobierno asturiano, José Luis Villaverde, consciente de que ahora «no hay un euro». Es claro a la hora de afirmar que el Ejecutivo central no promoverá investigación alguna sobre las fosas comunes. En alguna ocasión puntual aceptó el pago de determinados estudios, asumiendo una «mala planificación de las asociaciones encargadas».

En abril de 2012 el Ministerio de Presidencia se comprometió a que el Gobierno del PP mantendría las subvenciones a la memoria histórica aunque éstas se destinarían sólo a la exhumación. Sin embargo, a pesar del anuncio, la partida para ese fin fue eliminada en los presupuestos de 2013.

«El Estado», prosigue Villaverde, «no movilizó cantidad alguna». El Principado, según sus palabras, en este tema «vive de las rentas» que dejaron las ayudas cursadas en su momento por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y que permitieron financiar la colocación de los citados monolitos. Precisa, no obstante, que las convocatorias impulsadas desde la Administración central eran abiertas y tenían como destinatarios a los colectivos para que actuaran.

Las asociaciones, por ahora, mantienen su actividad como buenamente pueden. Por ejemplo, las próximas excavaciones de la ARMH se sufragarán con una donación de 6.000 euros de un sindicato noruego. «Desde 2000 a 2007 las exhumaciones que hicimos no tenían dinero público», recuerda Silva, para asegurar que seguirán con su labor. La ventaja con la que se cuenta, explica, es que, aunque no dispongan de dinero sí cuentan con la colaboración desinteresada de forenses, psicólogos, antropólogos y arqueólogos.

El principal gasto es el derivado de las pruebas de ADN que se realizan para identificar a las personas exhumadas. Para ello, la ARMH cuenta con la ayuda de un laboratorio «que se porta muy bien con la asociación» y una ONG argentina que realiza algunos de los análisis de forma gratuita.

El mapa de las fosas

La Ley de la Memoria Histórica ordenó dibujar un mapa a nivel nacional con la ubicación de las 2.000 fosas comunes registradas hasta el momento. El encargado de llevarlo a cabo y actualizarlo es el Ministerio de Justicia, aunque su elaboración y mantenimiento depende de los datos que suministran las comunidades autónomas.

Desde el principio las asociaciones detectaron diferentes disposiciones. Mientras que Asturias (que cuenta con su particular mapa de fosas ) o Andalucía se implicaron a fondo, otras regiones como la Comunidad Valenciana prestaron una menor colaboración, por lo que el mapa no ofrece una imagen fidedigna del alcance de la represión.

http://www.elcomercio.es/politica/201408/31/fosas-caen-olvido-20140831004614-v.html

Cementerio de Arriondas, con el monolito que recuerda la fosa común. / NEL ACEBAL

NUEVO TIRÓN DE OREJAS

LA ONU SUSPENDE OTRA VEZ A ESPAÑA EN MEMORIA HISTÓRICA

ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS VEN RECONOCIDA SU LABOR TRAS EL INFORME, QUE CRITICA LA LEY DE AMNISTÍA

IKER UGARTE – SÁBADO, 30 DE AGOSTO DE 2014

BILBAO – No es la primera vez que un organismo internacional le da un tirón de orejas al Estado español por temas relacionados con el franquismo y con la falta de memoria que han demostrado algunas de sus instituciones políticas y judiciales. Negarse a buscar fosas comunes, la no persecución de presuntos torturadores y un largo etcétera que no pasa desapercibido en Europa. Si hace dos días era el Consejo de Europa el que reprendía a España por no afrontar su pasado y por hacer caso omiso a las familias de unos 150.000 desaparecidos, ayer el relator especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos destacó los “vacíos” institucionales en materia de verdad y justicia en esta misma cuestión.

Concretamente, Pablo de Greiff criticó en su informe la privatización de las exhumaciones, la falta de información oficial y la Ley de Amnistía. Recomendaba además que el Valle de los Caídos deje de ser un sitio de “exaltación del franquismo” y recordó al Gobierno español que debe juzgar o extraditar a los acusados de torturas en la causa argentina.

Tuvo contacto con el actual Gobierno español, y llegó a la conclusión de que no vale la excusa de enterrar el pasado para no resucitar odios y rencores. La opinión del relator es totalmente contraria, pues deja claro en su informe que es precisamente investigando y reparando a las víctimas como se puede cerrar esa herida. “Resulta especialmente sorprendente observar que no se haya hecho más en favor de los derechos de tantas víctimas”, concluye el especialista de la ONU en el citado informe. No ha habido respuesta clara por parte del ejecutivo de Mariano Rajoy. Por el contrario, han sido varias asociaciones las que se han visto reconfortadas con el informe.

AMPARO La Coordinadora Estatal de apoyo a la querella que se tramita en Argentina fue una de las asociaciones que se vio reforzada y apoyada por el informe. En este sentido, creen que la tesis sobre la inexistencia de justicia se reafirma con un documento como este. Señalaron que ratifica posturas defendidas por el colectivo como la de que “no se estableció nunca una política de Estado para la promoción de la verdad”.

Para este colectivo hay varios puntos a destacar, como por ejemplo la falta de un censo del número total de víctimas de la Guerra Civil española y la dictadura. Señalaron también que, además de las víctimas mortales, nunca se han reconocido las diferentes formas de represión, tales como la represión contra las mujeres, así como “las responsabilidades de las empresas privadas por su participación activa o complicidad” en la comisión de delitos contra los derechos humanos. Desde Euskadi, el colectivo Egiari Zor se mostró reconfortado y animado por el informe del relator.

MUCHO POR HACER En el informe, Pablo de Greiff deja en una posición incómoda al Estado español en relación con el franquismo, y da a entender que hay víctimas de primera y de segunda. Además, la ONU considera que los miembros de las fuerzas de seguridad no reciben suficiente formación sobre lo ocurrido en el franquismo ni sobre la responsabilidad que pudieron tener esos cuerpos en la comisión de esos delitos.

http://www.deia.com/2014/08/30/politica/estado/la-onu-suspende-otra-vez-a-espana-en-memoria-historica

Fotografía cedida por la Federación Estatal de Foros por la Memoria Histórica de miembros de esta asociación en los trabajos de exhumación. (EFE)

IU PIDE QUE SE RETIRE LA PLAZA «FRANQUISTA» DE PEÑAFLOR

EUROPA PRESS. ZARAGOZA|ACTUALIZADA 29/08/2014

Además, el partido quiere que se renombren diferentes calles de Zaragoza.

El vocal de IU en la Junta de Distrito de Peñaflor, Ricardo Ruiz, y el miembro de la Secretaría de Memoria Histórica y valores republicanos de la formación política y social, José María Ballestín, han exigido retirar la plaza franquista de esta barrio zaragozano y renombrar algunas calles de la capital aragonesa.

Ambos han exigido, una vez más, el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, tras comprobar en el barrio rural de Peñaflor «el incumplimiento de esta norma por parte del Gobierno PP-PAR». 

Como caso concreto, Ricardo Ruiz ha informado de la existencia de una placa franquista en uno de los costados de la iglesia de Peñaflor, situada en la plaza del Rosario. Ruiz ha reiterado la necesidad de que el símbolo franquista sea retirado y ha propuesto que sea trasladado al cementerio privado de la localidad. 

El pasado marzo, IU trasladó esta propuesta en el pleno de la Junta de Distrito, pero tanto el PP como el PSOE se opusieron por lo que IU ha advertido de que, si no se cumple la Ley de Memoria Histórica, «la localidad puede dejar de percibir ciertas subvenciones». 

Por otra parte, José María Ballestín ha enumerado algunos de los casos concretos que ponen de manifiesto el incumplimiento del Gobierno de la Ley de Memoria Histórica en el caso de la ciudad de Zaragoza.

En concreto, Izquierda Unida ha reclamado al Ayuntamiento de Zaragoza que cambie el nombre de algunas calles de la ciudad por su origen franquista, como son Agustina Simón y 10 de agosto.

Ballestín ha recordado que desde que se aprobó la Ley, 43 vías de las capital aragonesa han sido renombradas, sin embargo, quedan muchas, «al igual que queda mucho por hacer para el cumplimiento de la Ley a la que la DGA no destina ayudas».

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2014/08/29/iu_pide_que_retire_plaza_franquista_penaflor_307324_301.html

EUROPA AL DÍA

VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO PIDEN REPARACIONES AL ESTADO ESPAÑOL

Las víctimas del franquismo instaron hoy (29.08.2014) al Estado español a aplicar las recomendaciones definitivas de la ONU para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos durante la guerra civil española (1936-1939) y la posterior dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

El delegado de Naciones Unidas (ONU), Pablo de Greiff, pidió en un informe al Gobierno español que impulse la ley de memoria histórica aprobada en 2007 durante el mandato del socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y actualmente sin efecto por falta de fondos económicos.

Las víctimas coinciden con De Greiff en que en España «no se estableció nunca una política de Estado para la promoción de la verdad» desde la muerte de Franco, en 1975. «Ni existen censos oficiales del número total de víctimas de la guerra civil y la dictadura, ni se reconoce la importancia de temas como los trabajos forzosos de presos, muertes en bombardeos, niños robados, consecuencias de la guerra y diferentes formas de represión», explicaron desde Ceaqua a través de un comunicado.

El informe definitivo de la ONU, hecho público el jueves en virtud de la visita que De Greiff realizó a España en enero, recomienda al Gobierno revisar el modelo actual de exhumación de fosas, que ha delegado en víctimas y asociaciones, así como establecer una política estatal de archivos que garantice el acceso a todos los fondos.

También pide la «resignificación» del Valle de los Caídos, uno de los símbolos del régimen franquista levantado tras la guerra civil y en el que descansan los restos de Franco. De Greiff reclama la reparación de todas las víctimas y que se tomen medidas para atender las peticiones relacionadas con la restitución de propiedades y documentos incautados a particulares durante la guerra y la dictadura.

(dpa)

http://www.dw.de/v%C3%ADctimas-del-franquismo-piden-reparaciones-al-estado-espa%C3%B1ol/a-17889542

LOS 10 SUSPENSOS DE LA ONU A ESPAÑA EN MEMORIA HISTÓRICA

EL RELATOR ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DESTACA LOS «VACÍOS» INSTITUCIONALES EN MATERIA DE VERDAD Y JUSTICIA

PABLO DE GREIFF CRITICA EN SU INFORME LA ‘PRIVATIZACIÓN’ DE LAS EXHUMACIONES, LA FALTA DE INFORMACIÓN OFICIAL Y LA LEY DE AMNISTÍA

RECOMIENDA QUE EL VALLE DE LOS CAÍDOS DEJE DE SER UN SITIO DE «EXALTACIÓN DEL FRANQUISMO» Y RECUERDA AL GOBIERNO QUE DEBE JUZGAR O EXTRADITAR A LOS ACUSADOS DE TORTURAS EN LA CAUSA ARGENTINA

NATALIA CHIENTAROLI – 28/08/2014

Son 20 páginas las que ha necesitado Pablo de Greiff, relator especial de la ONU, para resumir su análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Y la conclusión principal es que España hace poco (y en ocasiones, mal) por la búsqueda de la verdad y la justicia sobre estos hechos, y por la reparación a las víctimas.

La sentencia es contundente: «No se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial, ni mecanismos de escalrecimiento de la verdad. El modelo vigente de « privatización» de las exhumaciones, que delega esa responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las insituciones estatales…». Además, De Greiff critica duramente las « interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía» que «no sólo niegan el acceso a la justicia sono que también impiden cualquier tipo de investigación».

El relator especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, realizó una visita oficial a España del 21 de enero al 3 de febrero de este año. En esas semanas se reunió con numerosas asociaciones de víctimas e instituciones relacionadas con la memoria histórica, además de varios miembros del Gobierno. Entre ellos, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo.

De sus contactos con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, De Greiff destaca que el enfoque ‘oficial’ es maximalista. «Varios representantes enmarcaron las discusiones en el siguiente esquema: ‘O todos concluimos que ya estamos todos reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto», explica el relator. Su opinión es absolutamente contraria, ya que se basa en la fortaleza y estabilidad de la democracia española. Por el contrario, cree que «los vacíos en la respuesta institucional al tema […] de la Guerra Civil continúan siendo objeto de diferencias más profundas de lo que podrían ser».»Resulta especialmente sorprendente observar que no se haya hecho más en favor de los derechos de tantas víctimas», concluye el especialista de la ONU.

1. Remoción de símbolos franquistas

De Greiff considera positiva la Ley de Memoria Histórica de 2007 que obliga a quitar todos los símbolos y monumentos que exalten el franquismo. Asegura que el Gobierno le informó de que la mayoría de ellos ya se había retirado. Sin embargo, destaca que posee información de la existencia de calles y edificios, placas conmemorativas e insignias que ensalzan a altos cargos y funcionarios franquistas.

2. Valle de los Caídos

«El sitio constituye en sí mismo la exaltación del franquismo», observa el relator, que critica la falta de información. «Nada da cuenta de que fue construido con el trabajo forzoso de miles de presos políticos bajo condiciones inhumanas» o sobre «los cuerpos de las casi 34.000 personas que ahí están inhumadas», afirma. «Nada explica quién fue José Antonio Primo de Rivera ni por qué fue inhumado en el centro de la Basílica», ni por qué Franco «fue inhumado allí sin ser víctima de la Guerra Civil». De Greiff recomienda «resignificar» el lugar como guardián de la memoria y sugiere la retirada del cuerpo de Francisco Franco. «Difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación […] mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores del dictador».

3. Educación deficiente

El informe destaca que las reformas educativas de 1990 y 2006 mejoraron el enfoque sobre esta parte de la historia española en los curriculums escolares, pero asegura que algunos manuales aún hacen referencias globales, «manteniendo la idea de una responsabilidad simétrica». De Greiff considera que la mayoría de los españoles han sido educados en la idea de que la Guerra Civil fue «un conflicto entre dos Españas» y en la que se reforzaba la política del « borrón y cuenta nueva» en lugar de destacar los abusos y la violencia del régimen.

4. Policías, militares y jueces poco formados

La ONU considera que los miembros de la Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas no reciben suficiente formación sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el franquismo ni sobre la responsabilidad que pudieron tener esos cuerpos en la comisión de esos delitos. También asegura que los jueces no reciben formación de temas específicos de derechos humanos, ni de la obligación del Estado en la persecución de delitos internacionales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra.

5. Falta de información

«No existen censos oficiales de víctimas, ni datos o estimaciones oficiales sobre el número total de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura», enumera el informe. Además, destaca temas «subexplorados» como el de los trabajos forzosos de presos, muertes en bombardeos, represión, niños robados, o la participación o complicidad de empresas privadas en la violación de los derechos humanos. El relator considera que la Ley de Memoria de 2007 no soluciona en absoluto este problema, e insta al Gobierno a establecer una institución «independiente pero oficial» de búsqueda exhaustiva de información, como la Comisión de la Verdad que impulsan varias asociaciones.

6. Acceso restringido a los documentos

Lo del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca está muy bien, según el informe. El problema es que en la práctica no se permite el acceso libre a numerosos archivos, y que muchos de ellos permanecen clasificados  «invocando riesgos a la seguridad nacional» y «sin criterios claros». De Greiff lamenta que la ley de Transparencia del Gobierno de Mariano Rajoy no haya abordado los vacíos legales que generan este problema.

7. Exhumaciones ‘privatizadas’

El relator expresa su «preocupación porque el Estado no haya hecho más para gestionar las exhumaciones e identificación del los restos» y critica que esta tarea se haya dejado en manos de familiares y asociaciones. De Greiff destaca que el Gobierno negó «la legitimidad de este reclamo», sino que en general despachó el tema refiriéndose al mapa de fosas y las subvenciones para exhumaciones. «Desde 2011 –puntualiza el relator– el presupuesto para la ley de Memoria, incluyendo las exhumaciones, ha sido anulado». Asegura que el desentendimiento del Estado en este asunto provoca que no participen autoridades judiciales y que no existan registros oficiales sobre lo que encierran ñas 2.382 fosas que contendrían más de 45.000 restos de personas

8. El obstáculo de la Ley de Amnistía

Aquí es donde se observan mayores déficits, y la Ley de Amnistía se erige como el principal obstáculo en la búsqueda de justicia, ya que los casos se archivan «sin que los jueces siquiera conozcan los hechos». Pablo De Greiff entiende que la norma en sí misma no impide la apertura de causas, sino que son las «interpretaciones restrictivas» –tanto de esta ley como de los principios de no retroactividad o de seguridad jurídica, o de la aplicación de la norma más favorable o la prescripción de los delitos– las que dificultan la investigación de los delitos.

De Greiff recuerda que estos efectos de la Ley de Amnistía son incompatibles con loscompromisos internacionales que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado meses antes de aprobar la ley. Además, asegura que conceder los beneficios de la ley de Amnistía requiere al menos una investigación de los hechos, «pues de otra manera no hay responsabilidad alguna que se pueda suspender o extinguir».

9. Jurisdicción universal

Naciones Unidas reconoce que España ha sido pionera en la aplicación de la jurisdicción universal, y cita sobre todo los casos de las causas contra el dictador chileno Augusto Pinochet y el militar argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad. La ONU ve «con precupación» las reformas de 2009 y 2014 que «limitan significativamente» que los juzgados españoles puedan investigar crímenes internacionales graves, y asegura que «sigue atentamente» los procesos en marcha «como la resistencia de algunos jueces de cerrar las causas» invoando estándares internacionales.

Además, De Greiff recuerda al Gobierno español que tiene la obligación de colaborar con la justicia argentina en la causa en la que se investigan crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. En cuanto a la solicitud de extradición de exagentes de seguridad acusados de torturas, el relator es taxativo: « sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables».

10. Víctimas ‘de segunda’

«Muchas organizaciones y víctimas han expresado que se siguen sintiendo como ‘víctimas de segunda categoría», describe el informe. Un sentimiento alimentado, analiza «por medidas más ambiciosas en favor del reconocimiento y reparación otorgadas a […] víctimas del terrorismo». El relator recomienda al Gobierno español que aproveche los debates del Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima como oportunidad para incluir «todas las categorías de víctimas».

http://www.eldiario.es/sociedad/ONU-Espana-Guerra-Civil-franquismo_0_297120710.html

Amnistía Internacional denuncia la impunidad con la que la justicia trata los crímenes del franquismo

El relator de la ONU, Pablo de Greiff, ha reprochado al Estado que no investigue ni enjuicie los «graves» crímenes de la Guerra Civil y la dictadura. \ EFE

POLÉMICA SÍMBOLOS DEL FRANQUISMO

FRANCO, FUERA DE PLAZO EN BRUNETE

SE APROBÓ EN PLENO LA RETIRADA DE LA HERENCIA FRANQUISTA SIN QUE EL PP HAYA ACTUADO

DANIEL SOMOLINOS – ACTUALIZADO: 21/08/2014

Han pasado 38 años desde la muerte de Francisco Franco pero su legado sigue dando de qué hablar. El pasado 3 de julio se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Bruenete la retirada de los símbolos franquistas que se erigen en su Plaza Mayor pese al voto en contra de los miembros del Partido Popular.

«Los populares jamás han querido que desaparezcan los vestigios del franquismo. Pese a que la moción que presentamos fue ratificada, no han hecho nada», explica Álvaro Aguilera, portavoz de Izquierda Unida de Brunete.

El delegado califica este hecho como «la continuación natural de una forma de hacer política impregnada de falangismo y franquismo«. Desde su partido aseguran que llevan luchando desde 1987 para retirar todo lo relacionado con «aquella época sanguinaria».

El 3 de agosto se fijó como fecha límite para que se actuara al respecto, según Aguilera. «Dimos la oportunidad de que taparan el legado, si quitarlo les suponía más problemas, pero ni por esas», detalla, convencido de que la voluntad de los populares es no llevarlo cabo ya que «deben sentirse identificados«.

Ante estas acusaciones el Partido Popular ha manifestado que no tienen ningún inconveniente en cumplir lo acordado en el Pleno. «Estamos estudiando a nivel técnico la mejor opción para dar cumplimiento a la moción, que no ofrecía respuestas avaladas por informes técnicos solventes sobre cómo quitar o tapar estos elementos».

El equipo del Gobierno, para ensalzar y dar protagonismo a su localidad, pidió en el verano de 2013 que la Plaza Mayor, junto con la iglesia y las vistas del Paseo de Boadilla, se integraran en los Bienes de Interés Cultural (BIC). Desde Izquierda Unida creen que se trata de una estrategia para ganar tiempo mientras se resuelve la sentencia del BIC, que continúa en trámites.

«Como forman parte de un conjunto arquitectónico, éste podría verse seriamente perjudicado», ratifican fuentes de la Alcaldía, algo que Izquierda Unida tacha de argucias para distraer, ralentizar y, finalmente, escurrir el bulto: «Superponer una placa para tapar los símbolos no supone riesgo alguno, únicamente se trata de colocar algo delante, sin dañarlo».

La herencia franquista está en boca de todo el pueblo. Incluso salió a relucir en las grabaciones que publicó EL MUNDO y que tenían por protagonistas a una cabo de la Policía Municipal de Brunete, Susana Corrales, y la concejala de UPyD, Isabel Cotrina, que fue presuntamente víctima de un intento de compra por parte del alcalde,Borja Gutiérrez Iglesias.

En un fragmento de la grabación se escucha a Corrales sugiriendo a la edil de manera vehemente que reflexionara bien a la hora de pronunciarse respecto a este tema: «Ni se te ocurra votar a favor de quitar el águila de la plaza que aquí te fusilan… te fusilan«. Y es que el voto de Cotrina le podía traer consecuencias graves. «Puedes encontrarte con alguna putada en tu fachada», le advertía Corrales.

Los populares de Brunete se defienden y recuerdan cómo Izquierda Unida formó parte de un gobierno en coalición en el año 1995. «Pese a que ocuparon diferentes concejalías nos preguntamos por qué entonces no presentaron ninguna moción», se cuestionan fuentes del Consistorio.

«Claro que presentamos la propuesta durante aquél año, pero los tres partidos con los que formábamos gobierno, PSOE y dos partidos independientes, no nos apoyaron y la iniciativa terminó no saliendo adelante», explica Aguilera.

El portavoz no acepta la imagen que su municipio está dando a todos aquellos turistas que deciden visitarlo: «Vienen y no se pueden creer que haya un águila de la falange presidiendo la plaza… En Alemania e Italia sería indigno«, clama, mientras asemeja Brunete con «el circo de los horrores» por el cúmulo de inmoralidades que se han venido sucediendo en los últimos meses: «Cada día aparece un nuevo escándalo, una nueva muestra de que el Partido Popular dirige el municipio de espaldas a los ciudadanos y ciudadanas».

http://www.elmundo.es/madrid/2014/08/21/53f4fabf22601dd25d8b4586.html

Una de las placas franquistas ubicadas en la Plaza Mayor de Brunete. QUIQUE PARA