Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 17/07/2016
LA VERGÜENZA DE UN PAÍS
EL FRANQUISMO EXHUMÓ A SUS CAÍDOS EN LA GUERRA CIVIL Y REPARÓ A SUS FAMILIARES INCLUSO ANTES DE FINALIZAR LA CONTIENDA. LOS CAÍDOS REPUBLICANOS Y SUS FAMILIARES SIGUEN ESPERANDO JUSTICIA. LA ONU, EL CONSEJO DE EUROPA Y EL COMITÉ CONTRA LA TORTURA HAN EXIGIDO A ESPAÑA EN NUMEROSAS OCASIONES EL FIN DE LA IMPUNIDAD DE LA DICTADURA.
ALEJANDRO TORRÚS – PUBLICADO: 17.07.2016
MADRID.- El franquismo reparó a sus caídos y familiares. Exhumó a sus muertos y entregó pensiones y reconocimientos a los familiares. El dictador Francisco Franco tuvo memoria con los que le habían ayudado a llegar al poder. La democracia, en cambio, esperó treinta años para aprobar una tímida Ley de Memoria y cuarenta años después de la Transición democrática la mayor parte de los muertos (republicanos) sigue en las cunetas. De hecho, según los datos del auto del juez Garzón, en España 114.226 desaparecidos de la Guerra.Como señaló el periodista Juan Carlos Escudier en un artículo publicado en esta casa: «Con Franco se reparaba mejor.» Eso sí, sólo a los suyos.
El dictador aprobó en abril de 1938, en plena Guerra Civil, un decreto que concedió pensiones extraordinarias a las viudas y huérfanos de los militares sublevados muertos en cautiverio. Dos años después, ya terminada la Guerra, este decreto se extendió a las viudas, huérfanos y padres de los militares que lucharon con los franquistas y fueron detenidos, ejecutados o murieron en la contienda. En 1941 una nueva ley ampliaba estos beneficios a los padres de los sacerdotes «muertos como consecuencia de la Guerra de Liberación”.
El franquismo también exhumó a los suyos. Concretamente, según la orden aprobada en mayo de 1940, «toda persona que desee exhumar el cadáver de alguno de sus deudos quefueron asesinados por la horda roja, para inhumarlos de nuevo en el cementerio, puede solicitarlo al gobernador civil de la provincia correspondiente”. Además, en 1939 se reguló el acceso preferente a la función pública por parte de mutilados, excombatientes y excautivos, así como a los familiares de las víctimas de la guerra.
Como es apreciable la reparación a una parte de las víctimas durante la dictadura fue considerable. La otra parte, la republicana, la que defendió la legalidad vigente que otorgaban las urnas quedaba ignorada, excluida y castigada. Su reparación debía esperar a la llegada de un nuevo régimen democrático que, en teoría, apreciaría los esfuerzos de los que defendieron la democracia y la legalidad republicana.
En principio, las perspectivas eran buenas. La ONU, en el año 1946, en la Resolución 39 (I) de la Asamblea General de la ONU sobre la cuestión española establecía que «en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini» y que, por lo tanto, no representa al pueblo español» por ser un régimen «impuesto por la fuerza.
Sin embargo, el contexto internacional cambió. El franquismo se convirtió en un régimen aliado contra el comunismo y la justicia quedó en un segundo plano. Después llegó la Transición; la Ley de Amnistía, que en la práctica funcionó como una ley de punto final; y una Ley de Memoria Histórica que descargaba sobre las familias la responsabilidad de la exhumación de sus familiares y ni siquiera era capaz de declarar nulas las sentencias de los tribunales franquistas que seguían señalando como delincuentes a personajes tan ilustres como Miguel Hernández.
De esta manera, en el año 2016 los muertos republicanos siguen en las cunetas y sus familiares siguen, como en 1939, esperando verdad, justicia y reparación. Al menos 114.226 desaparecidos siguen en las cunetas del Estado en alrededor de 2.500 fosas comunes aún por exhumar. 30.960 niños fueron robados y entregados a familias que apoyaban al régimen o al Auxilio Social sin que se haya realizado ninguna investigación oficial ni los niños hayan podido recuperar su identidad.
Tampoco hay ninguna investigación sobre los alrededor de 400.000 presos políticos que fueron utilizados como trabajadores forzados ni sobre las empresas que los emplearon. Las miles de personas que sufrieron torturas, malos tratos y detenciones continúan figurando como delincuentes para la Justicia española, así como los que fueron ‘ajusticiados’ por los franquistas durante la Guerra y los primeros años de represión. La lista de víctimas es casi infinita. Como los de la comunidad LGTBi, que fueron tratados y reprimidos como enfermos.
Pero el Estado de español continúa mirando hacia otro lado para no ver la impunidad de la dictadura franquista. Pero es que al olvido sistemático, además, se han sumado declaraciones de responsables del Partido Popular vergonzantes. Ejemplos no faltan.
Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, señaló en un mitin que «los de izquierdas son unos carcas, todo el día con la fosa de no sé quién»; Rafel Hernando,portavoz del PP en el Congreso, dijo en un plató de televisión que «los familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a su padre solo cuando hay subvenciones»; Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, respondió al periodista Jordi Évoleque no tiene «claro que sea cierto» que miles de españoles no sepan dónde están enterrados sus abuelos y que no cree que el Gobierno «pueda hacer nada para arreglarlo».
Son solo unos ejemplos de declaraciones que se añaden a los actos. Este jueves el Partido Popular de Cifuentes rechazó que el Pleno de la Asamblea de Madrid rindiera homenaje a las víctimas cuando se cumplen 80 años del inicio de la Guerra Civil y unos meses antes, junto a Ciudadanos, había rechazado que la Puerta del Sol luciera una placa en recuerdo a todos los ciudadanos que habían sido torturados en la Dirección General de Seguridad, cuya sede se emplazaba en la misma plaza.
EL CONSEJO DE EUROPA CONDENA LAS «MÚLTIPLES Y GRAVES VIOLACIONES»
La política de impunidad practicada por el Estado español ha estado acompañada de severas críticas por parte de la Comunidad Internacional. Los reproches, las condenas y las recomendaciones de los organismos internacionales encargados de velar por el respeto a los Derechos Humanos han sacado los colores a España una y otra vez.
En el año 2006 la Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó por unanimidad la primera gran condena internacional del régimen franquista. El organismo, en el que están representados 43 países, instó al Ejecutivo español a crear una comisión de investigación sobre los delitos del franquismo y presentar un informe al Consejo de Europa; a abrir los archivos civiles y militares a los historiadores, a abrir una exposición permanente sobre la represión en el Valle de los Caídos y a erigir monumentos a las víctimas del franquismo.
Diez años después, en 2016, el comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa reprochó a España prácticamente lo mismo. Porque a pesar de la Ley de Memoria Histórica poco a cambiado en el país: hay menos monumentos a los golpistas, pero las cunetas siguen llenas de republicanos y sólo Argentina investiga los crímenes de la dictadura.
De esta manera, el Comisionado reprochó a España que la Ley de Memoria dejara en manos de las familias los procesos de búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos; que el alcance de la misma siga siendo «limitado» y su aplicación deficiente debido a la «falta de presupuesto»; y que se ha haya hecho «muy poco» para «investigar» y sancionar a los responsables» debido, entre otros factores, «a la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977».
LA ONU SACA LOS COLORES A ESPAÑA
Pero sin lugar a dudas ha sido la ONU la que, a través de sus diferentes organismos, más ha recordado a España que su política de Estado de impunidad atenta contra el Derecho Internacional y los Derechos Humanos.
Así, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en 2012 febrero de 2012 que España está obligada a «derogar» la Ley de Amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de Derechos Humanos y a «investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos».
Una de las fechas más vergonzantes para España, en este largo camino para acabar con la impunidad de la dictadura, sucedió en la en el XXVII Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se celebró en 2014. España fue uno de los grandes protagonistas de este evento y no precisamente por su buen hacer. Allí se presentaron dos informes demoledores sobre la impunidad de la que goza el franquismo en España y sobre el obstruccionismo que practica la Justicia para que no se investiguen los crímenes de la dictadura y de la Guerra Civil.
Por una parte, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas instó a España a realizar un plan nacional de búsqueda de desaparecidos. Pidió que los jueces se personen en las fosas comunes y se investigue de oficio todas las desapariciones forzadas. Apremió a que se proporcione «los fondos adecuados»para que la Ley de Memoria Histórica «pueda aplicarse» y que se cumplan, entre otros, los artículos relativos a la retirada de símbolos y vestigios del franquismo. Solicitó que se creara un banco de ADN y se investigaran los casos de niños robados; insistió en la creación de una Comisión de la Verdad; y, por último, reclamó a España que colabore con la Justicia de Argentina en la causa que investiga los crímenes de la dictadura.
Por otra parte, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, leyó en este Consejo de Derechos Humanos el informe que realizó tras su viaje a España. Una vez más, el Relator Especial de la ONU advirtió a España de que tiene «la obligación internacional» de«extraditar o juzgar» a los franquistas reclamados desde Argentina y que «sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables».
Greiff también instó a España a dejar sin efecto la ley de amnistía ya que, en la práctica, «cumple las funciones de una ley de punto final»; recalcó la necesidad de que el Gobierno haga una «política de Estado» para reparar a las víctimas de franquismo; criticó que el Estado hubiera dejado en manos de los familiares la responsabilidad de la localización y apertura de fosas de la Guerra Civil; y, por último, pidió al Gobierno que anulara todas las sentencias de los consejos sumarísimos.
El Gobierno, por su parte, obvió todas estas recomendaciones y se limitó a decir en el mencionado Consejo de Derechos que la Transición y la Ley de Amnistía estuvieron basadas en «el olvido y el perdón» como única vía para «la reconciliación» y defendió que la Ley de Memoria Histórica era un conjunto de medidas de «reconocimiento y de carácter simbólico» para las víctimas, a pesar de que el Partido Popular la había anulado de facto dejándola sin fondos.
VÍCTIMAS DESAMPARADAS
En marzo de 2015, ante la reiterada política de la impunidad del Gobierno de Mariano Rajoy, cuatro expertos de Naciones Unidas -el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, Christof Heyns; el presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas, Ariel Dulitzky; el relator especial sobre la tortura, Juan E. Méndez, y el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, Pablo de Greiff – redactaron un contundente comunicado contra la decisión del Gobierno español de no extraditar a Argentina a los 17 franquistas que están imputadas en la causa judicial que investiga los crímenes de la dictadura. La magistrada María Servini de Cubria les imputa posibles crímenes de lesa humanidad.
«La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad», afirmaron los cuatro expertos.
Por último, también el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, en 2015, recordó al Estado español que los actos de tortura, incluidas las desapariciones forzadas, ni prescriben ni pueden ser amnistiados y urgió al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que este tipo de delitos, también aquellos ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo, sean debidamente investigados y enjuiciados y que las víctimas sean resarcidas
Pero ninguna de estas recomendaciones ha sido aplicada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ninguna. España sigue sin investigar los crímenes de la dictadura y sin colaborar con las autoridades judiciales de Argentina. Las víctimas, y sus familiares, de aquella Guerra siguen, a día de hoy, sin Justicia y sin reparación. En idéntica situación se encuentran los que sufrieron la tiranía del régimen filo fascista que nació de aquella Guerra. Pero es que los nacidos en democracia tampoco han disfrutado del derecho a la verdad, el derecho a que la Justicia investigue lo ocurrido en España durante aquellos años y a que una comisión de expertos, que cumpla los estándares internacionales, explique qué ocurrió en España durante la Guerra Civil y la dictadura. Son los datos de la vergüenza de un país.
La ARMH, sin ayuda del Estado español de ningún tipo, abrió la fosa común de Timoteo Mendieta.- REUTERS
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Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 17/07/2016
UN EQUIPO FORENSE RETOMARÁ EL 18 DE JULIO LA EXHUMACIÓN DE REPRESALIADOS EN EL CARMEN
LAS EXCAVACIONES REALIZADAS EN ABRIL YA DESCUBRIERON 41 CUERPOS EN PARTE DE UNA FOSA DEL ‘CUADRO 58’
J.SANZ| VALLADOLID – 17 JULIO 2016
Las entrañas del tristemente célebre ‘cuadro 58’ del cementerio de El Carmen ocultaban mucho más dolor del que imaginaron los especialistas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) cuando iniciaron en abril los trabajos de exhumación de los restos de los vallisoletanos represaliados durante la Guerra Civil. Allí se sabía que descansaban, aunque fuera «amontonados, cubiertos con cal y tirados como animales», los cuerpos de algunas de las víctimas de un alzamiento nacional del que están a punto de cumplirse ochenta años el próximo 18 de julio.«Pero nunca imaginamos las dimensiones de un enterramiento de apenas tres metros de largo por tres y medio de ancho», reconoce el presidente de la asociación, el arqueólogo Julio del Olmo.
Así que los voluntarios de la agrupación, aunque expertos en la materia, vieron que la excavación trascendía su capacidad, pararon los trabajos y pidieron ayuda. Esta llegó en forma de compromiso municipal para la concesión de una subvención que les permitiría profesionalizar la exhumación y «realizarla con todas las garantías tanto arqueológicas como forense». El convenio, que lleva una dotación máxima de 25.000 euros, se firmará la semana que viene y permitirá conformar «un equipo multidisciplinar formado por nueve especialistas». Siete de ellos, en su mayoría arqueólogos apoyados por un biólogo, trabajarán directamente sobre el terreno y los otros dos, con el reconocido antropólogo forense gallego Fernando Serrulla y un auxiliar, se encargarán de las labores de identificación de los restos en su clínica de Verín.
Los trabajos de exhumación en la fosa abierta en el ‘cuadro 58’ se retomarán en una fecha tan simbólica como el próximo 18 de julio y se prolongarán durante dos meses. «El objetivo es completar la excavación de esta fosa, en la que entre abril y mayo ya descubrimos los restos de 41 personas a apenas 1,40 metros de profundidad, y realizar la exploración de una segunda fosa anexa», explica Julio del Olmo, quien dirigirá los trabajos.
MUCHO MÁS DE LO IMAGINABLE
Los expertos de la asociación consideran que solo en la primera fosa, un punto señalado desde siempre por los familiares de algunas víctimas y que se libró de las sucesivas remodelaciones del camposanto, pueden encontrarse, al menos, treinta cuerpos más. «Suponemos que su profundidad puede rondar los dos metros, ya que esa era la profundidad de los enterramiento habituales, así que creemos que nos faltan unos sesenta centímetros para descubrirla por completo», añade Julio del Olmo antes de reconocer que lo encontrado ya «supera con creces lo que había visto en los catorce años que llevo trabajando en otras fosas comunes de la guerra».
La del ‘cuadro 58’ de El Carmen es la primera descubierta hasta la fecha en un más que centenario camposanto en el que se estima que descansan los restos de un millar de represaliados republicanos -documentados en su mayoría- que fueron asesinados con o sin juicio a partir del 18 de julio de 1936 y hasta tres años después del fin de la contienda (1942).
«Partíamos de la hipótesis de que los iban matando y luego abrían las fosas, pero hemos descubierto que era al revés, es decir, primero abrían las fosas y luego iban enterrando a los que iban asesinando», resume el arqueólogo antes de relatar como se han encontrado «con cuerpos más o menos colocados, que suponemos que eran los fusilados recientemente -en las ‘cocheras’ de San Isidro-, y otros amontonados, presumiblemente los recogidos de las cunetas, que arrojaban desde el borde». Y así se han topado con varias capas de restos cubiertas con cal y tierra, lo que dificulta «enormemente las labores de identificación». El objetivo, reconoce, «es rescatar el mayor número posible de restos para que reciban una sepultura digna e identificar a aquellos que sea posible».
Para ello cuentan con el apoyo del Ayuntamiento. «Entendemos que es una obligación legal y moral de las administraciones colaborar con estos trabajos y devolver la dignidad a las víctimas y a sus familias», señala la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, quien anticipa que el convenio se firmará «a tiempo» antes del inicio de los trabajos el 18 de julio. «Es una fecha simbólica, claro, y por eso la hemos elegido», concluye Julio del Olmo.
Una carpa protege la fosa común situada en un cruce de caminos del ‘cuadro 58’ del cementerio de El Carmen, que volverá a ser excavada a partir del 18 de julio. / Ricardo Otazo
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Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 16/07/2016
TRES ASESINADOS EN LA GUERRA CIVIL SERÁN ENTERRADOS CON DIGNIDAD
LOS CUERPOS LLEVABAN 80 AÑOS BAJO UNA ENCINA EN CASTILLEJO DE MARTÍN VIEJO
80 AÑOS DESPUÉS DE SU ASESINATO, TRES HOMBRES QUE SEGÚN LAS INVESTIGACIONES, YA QUE DADO EL ESTADO DE LOS CUERPOS NO HA SIDO POSIBLE SU IDENTIFICACIÓN MEDIANTE ADN, PODRÍAN SER ANTONIO ÁLVAREZ MARTÍNEZ, ANTONIO CÁNOVAS MESA Y NICOLÁS MARCOS MORÁN, SERÁN INHUMADOS EN EL MEMORIAL DEL CEMENTERIO DE SALAMANCA, ESTE LUNES 18 DE JULIO.
Tres víctimas más que serán inhumadas con dignidad, después de permanecer en una fosa al pie de una encina marcada con una cruz en el término municipal de Castillejo de Martin Viejo, próximo a Ciudad Rodrigo, desde 1936 hasta junio de 2010 en que fueron exhumados gracias a la información de una persona que lo recordaba, por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
La ARMH recuerda que “quedan por encontrar muchos desaparecidos en nuestra provincia y, junto con los familiares, seguiremos luchando porque no quede ni una sola víctima en ninguna fosa ni en ninguna cuneta de Salamanca”.
Familiar esperando ante la encina con una cruz grabada indicando el lugar de la fosa.
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Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 16/07/2016
LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE LOS RESTOS EN UNA PARIDERA SE INICIARÁN EN AGOSTO
ASOCIACIÓN POZOS DE CAUDÉ EXHUMARÁ DOS FUSILADOS EN ARGENTE
LA ASOCIACIÓN POZOS DE CAUDÉ EXHUMARÁ DOS FUSILADOS AL COMIENZO DEL ALZAMIENTO NACIONAL EN UNA PARIDERA DE ARGENTE. SE TRATA DE DOS REPUBLICANOS DE ALFAMBRA VINCULADOS AL AYUNTAMIENTO, UNO DE ELLOS ES LORENZO MARTÍNEZ ESTEBAN
REDACCIÓN/TERUEL – 16/07/2016
La Asociación Pozos de Caudé exhumará dos fusilados al comienzo del Alzamiento Nacional en una paridera de Argente. Se trata de dos republicanos de Alfambra vinculados al Ayuntamiento, uno de ellos es Lorenzo Martínez Esteban. Los trabajos de exhumación se harán por equipos de voluntarios y se comenzará el próximo 1 de agosto.
El presidente de la Asociación Pozos de Caudé, Francisco Sánchez, anunció que para el próximo uno de agosto se iniciarán los trabajos de exhumación de dos republicanos de Alfambra fusilados en una paridera en Argente.
Francisco Sánchez destacó la colaboración de los equipos de voluntarios que van a intervenir en los trabajos de exhumación de los fusilados, ya que gracias a ellos se podrá hacer, puesto que la labor la realizarán de forma altruista. También agradeció el apoyo y la colaboración que está prestando el Ayuntamiento de Alfambra con su alcalde a la cabeza, Francisco Abril.
Sánchez comentó que seguramente habrá dos equipos de trabajo para una pronta exhumación de los soldados, puesto que el trabajo se hace por voluntarios y es agosto cuando disponen de tiempo. «Además, un equipo empezará en las primeras horas del día con el frescor y el otro equipo por la tarde y así evitar también las horas de más calor en los trabajos de excavación».
El presidente de la Asociación Pozos de Caudé, Francisco Sánchez, expuso que los dos fusilados se enterraron junto a la pared de una paridera de Argente durante la Guerra Civil y que esta localización ha sido posible gracias a que uno de los enterradores hizo una señal, una pequeña cruz, que es donde se cree que están enterrados los dos republicanos de Alfambra.
Sánchez reseñó que uno de los fusilados es Lorenzo Martínez Esteban y que del otro se ha perdido la pista de los familiares.
Se espera que en una semana estén finalizados los trabajos para realizar luego un funeral en Alfambra y rendir un homenaje a finales de año.
Paridera en el entorno de Las Cañadillas, Argente, donde se estima que están enterrados los dos fusilados republicanos
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Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 16/07/2016
LA HIJA DE FIDEL CASTRO: “HE SUFRIDO UN ATAQUE MASIVO” POR DIRIGIR LA CÁTEDRA DE MEMORIA HISTÓRICA
La ex directora de la Cátedra de Memoria Histórica de la Complutense Mirta Núñez, que renunció a este cargo tras los desencuentros con el Ayuntamiento de Madrid al tratar de asesorar en la aplicación de la Ley, ha denunciado hoy que sufrió un “ataque masivo“, pero recalca que no tiene “alma de mártir”.
Mirta Núñez ha sido una de los participantes en las jornadas sobre memoria histórica organizadas este sábado por la plataforma ciudadana Ganemos Madrid, integrada en la formación política Ahora Madrid que gobierna el Ayuntamiento de la capital.
La historiadora dimitió de su cargo al frente de la cátedra el pasado mes de febrero, poco después de que ésta renunciara a asesorar al Consistorio en su Plan Integral de Memoria por su “incapacidad” para garantizar una labor sosegada y profesional.
“He sobrevivido a aquel ataque masivo que sufrí entre diciembre y enero. Fue doloroso, pero también ratificas amistades que estaban al lado cuando te encontrabas con esa artillería que no sé qué persona estuvo detrás, y como no tengo alma de mártir finalmente dimití”, ha declarado en el acto de hoy.
Tras su abandono, la socialista y abogada laboralista Francisca Sauquillo fue nombrada directora de la comisión que aplicará la Ley de memoria histórica en Madrid y que producirá modificaciones en el callejero, en virtud de un acuerdo suscrito entre el grupo municipal del PSOE-M y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.
Con su elección hubo un cambio también en las competencias de memoria histórica, que pasó a asumir la Alcaldía en lugar del área de Cultura y Deportes que dirige la concejala Celia Mayer, procedente de Ganemos Madrid, que defendió el plan inicial sobre esta materia elaborado por su departamento.
Durante su intervención, Mirta Núñez ha criticado la supervivencia del franquismo en las mentalidades españolas que, a su juicio, “deja una huella muy grande en la sociedad” debido a su “estrategia del miedo y la represión”, que cree que todavía sigue vigente en asuntos como las fosas o los niños perdidos durante esta etapa.
Para ella, a estas estrategias se unen en la actualidad otras de “apatía, egoísmo e individualismo”, y ha puesto como ejemplo que todavía hay pocas calles destinadas “a aquellos que de verdad lucharon por la libertad en España”. También se ha referido a la sugerencia de Manuela Carmena de cambiar el nombre del Valle de los Caídos por el de Valle de la Paz.
“Eso es un error, es hacer nuestro uno de los baluartes del franquismo, debemos hacerle llegar la noticia de que eso está impregnado de propaganda franquista. Allí se profanaron tumbas de republicanos, es el Valle del Dolor”, ha sostenido.
El siguiente en participar ha sido el abogado especializado en crímenes del franquismo Eduardo Ranz, quien ha explicado que los ayuntamientos tienen la obligación de retirar “inmediatamente la simbología de exaltación”, así como abrir el acceso a archivos y establecer una partida presupuestaria “en condiciones” para este asunto.
“De no hacerlo, pasarán cuarenta años de democracia y será un problema que seguiremos sin resolver”, ha subrayado Ranz, que ha insistido en la necesidad de hacer justicia para reparar a las víctimas del franquismo.
Este abogado ya denunció al Ayuntamiento de Madrid por no retirar vestigios de la dictadura, así como a varios alcaldes de pueblos españoles con denominación franquista por incitación al odio al considerar que incumplen la Ley de memoria histórica.
Otro de los participantes ha sido el abogado Andreu García, quien ha hecho una exposición sobre los presos políticos forzados que hubo durante la dictadura franquista, cuyo trabajo asegura que benefició a la Iglesia católica y a empresas, algunas de las cuales “siguen existiendo hoy en día”.
Por su parte, el abogado Carlos Slepoy, uno de los responsables de la querella argentina contra el franquismo, ha pedido al Estado que responda ante los “crímenes” cometidos en esta etapa: “No es una opción, sino una obligación de la Justicia investigar estos hechos”, ha indicado.
La placa del Cerro de los Ángeles que la alcaldesa de Getafe le pide al Obispo que retire
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Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 16/07/2016
UNANIMIDAD EN LA DIPUTACIÓN PARA DESTINAR DINERO A RECUPERAR FOSAS DE REPRESALIADOS POR EL FRANQUISMO
APROBADA SIN OPOSICIÓN UNA PROPOSICIÓN DE VALLADOLID TOMA LA PALABRA QUE IMPLICA AL PP EN LA AYUDA A LAS ASOCIACIONES MEMORIALISTAS
Valladolid Toma la Palabra ha conseguido que la Diputación de Valladolid, gobernada por el PP con el apoyo de C’s, apruebe una proposición de apoyo a la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo.
La propuesta, que ha sido respaldada por todos los grupos políticos, implica que la institución provincial, a partir del año que viene, tendrá que presupuestar una partida económica para dedicarla a este fin, además de tener que instar a la Junta de Castilla y León, también gobernada por el PP, a que “desarrolle una Ley” específica sobre este asunto.
La Diputación, en la proposición aprobada se compromete a colaborar con las asociaciones memorialistas de la provincia y el resto de administraciones en la elaboración de un censo de las personas desaparecidas y sus familiares, así como un mapa de las zonas donde se localicen o se presuma la existencia de fosas comunes o enterramientos clandestinos de la guerra y el franquismo.
“Actuar e intervenir sobre los terrenos donde se prevea la existencia de fosas, con el objetivo de buscar e identificar los restos de personas desaparecidas utilizando para ello todos los medios técnicos que sean precisos y, una vez localizadas las fosas, proceder a su señalización y preservación” es otro de los compromisos asumidos que se completan con la citada aportación económica en los presupuestos de la institución “para el buen desarrollo de esta tarea” y la realización de “un homenaje a las víctimas y las familias de las personas desaparecidas por estas causas”.
En la exposición de motivos de la proposición aprobada hoy en la Diputación se ha apuntado que 80 años después del golpe militar que provocó la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista todavía hay muchos familiares que ignoran el paradero de sus seres queridos; se estima que en España hay más de 100.000 personas desaparecidas en 2052 fosas comunes, de las cuales todavía hay 1821 sin abrir. Se calcula que hay 171 fosas en Castilla y León de las que se ha intervenido en 152. En Valladolid solamente doce han sido las fosas recuperadas, motivo por el que se sigue reivindicando medidas e instrumentos para que las administraciones públicas faciliten a los interesados las tareas de localización y, si procede, identificación de los desaparecidos, ha apuntado Valladolid Toma la Palabra.
El diputado Salvador Arpa ha recordado la existencia de la Ley de Memoria Histórica y ha denunciado que en Castilla y León no ha habido un desarrollo normativo en ningún aspecto de la Ley 52/2007. “Este hecho ha supuesto la indefensión de numerosos familiares de desaparecidos y de las asociaciones que las representan porque, excepto en contados casos, las instituciones autonómicas y locales no han asumido su obligación de facilitar la búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura, agravando la problemática existente, tanto a la hora de indagar donde están los desaparecidos, como en todo el proceso de intervención de una fosa común donde se encuentran restos humanos: restos de personas con signos de muerte violenta hace ochenta años, enterradas la mayoría de ellas de forma clandestina en hoyos excavados en cementerios o cerca de ellos, pero también lanzadas a cunetas, pozos y simas”, se ha recordado.
“A pesar de este vacío jurídico, las asociaciones memorialistas han realizado en los últimos años esta tarea de forma voluntaria y comprometida. Han investigado, localizado y coordinado con los familiares afectados, han solicitado actuaciones conforme a la Ley, han acudido a los tribunales de justicia españoles reclamando la investigación judicial de las desapariciones forzadas e, incluso, han invocado a la jurisdicción universal. Lo han hecho con rigor, con la colaboración ocasional de contadas administraciones públicas, y siempre a partir de una estrecha relación con las familias de las personas desaparecidas”, se indica en la proposición.
“A nuestro entender, a toda esta tarea tiene que darse una respuesta pública, tiene que haber una autoridad pública que asuma la existencia de estas fosas, se comprometa a investigar quién hay en ellas, a poner todos los medios posibles a disposición de esta investigación y a dar una explicación a los familiares interesados en una exhumación cuando ésta no se pueda realizar porque no es viable, y proceder a otra vía de reparación como es la protección y la identificación de la fosa. Todas las fosas tienen que ser como mínimo localizadas, señalizadas, protegidas y preservadas. Sólo con un proceso institucional coordinado y siempre en estrecha colaboración con las asociaciones memorialistas se garantizarán la eficacia, la celeridad, la coherencia y la responsabilidad necesarias para afrontar todo este proceso de búsqueda de los desaparecidos”, se indica en la propuesta finalmente aprobada y en la que se hace constar que “es necesario actuar con urgencia, celeridad y eficacia en materia de desapariciones forzadas”. “La urgencia y la celeridad son esenciales por la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos que vieron con vida por última vez a sus seres queridos”, ha señalado Arpa antes de apuntar que “el objetivo de esta proposición es dar un paso más en el reconocimiento y la memoria de los que sufrieron violencia por razones ideológicas, políticas o religiosas, y fueron víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, de forma que se avance en la reconciliación, la concordia y la justicia, en el respeto al pluralismo y en la defensa pacífica de las ideas”.
HOMENAJE A LOS REPRESALIADOS POR EL FRANQUISMO EN LOS MONTES TOROZOS DE VALLADOLID, DONDE SE LOCALIZA UNA DE LAS FOSAS MÁS IMPORTANTES. FOTO: ÚLTIMOCERO
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Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 15/07/2016
LA DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA CREA UN PLAN DE AYUDAS PARA TRABAJAR POR LA MEMORIA HISTÓRICA
EL PLAN DE AYUDAS ESTARÁ DOTADO CON 150.000 EUROS E IRÁ DESTINADO TANTO A FUNDACIONES COMO A ASOCIACIONES QUE TRABAJAN POR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA. LOS TRABAJOS PARA REALIZAR EXHUMACIONES, PUBLICACIONES Y ENCUENTROS PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS, SERÁN ASÍ SUBVENCIONADOS POR DICHA INSTITUCIÓN
La Diputación de Zaragoza ha decidido crear un programa de ayudas económicas destinado a facilitar la tarea que realizan asociaciones, fundaciones y cualquier entidad sin ánimo de lucro, en su trabajo para la recuperación de la memoria histórica. El plan de ayudas está dotado con 150.000 euros, y subvencionará así los trabajos necesarios para realizar exhumaciones, publicaciones y encuentros para la reparación de las víctimas.
La creación de este plan específico fue incluido en los presupuestos de este año, a iniciativa del grupo En Común, el cual, presentó una enmienda que favoreciera la recuperación de la memoria histórica. De esta forma, el actual equipo de gobierno de la Diputación de Zaragoza, cumple con la legislación vigente, es decir la Ley 52/2007, que obliga a las administraciones públicas a prestar ayuda, para “facilitar a los descendientes directos de las víctimas, las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil y la represión política posterior”, reconocen desde la Diputación de Zaragoza.
Cabe destacar, que en Zaragoza y en muchos de sus municipios, se dieron miles de casos de personas desparecidas durante dichos periodos. De hecho, son muchos los familiares y asociaciones existentes en Zaragoza que dedican todos sus esfuerzos desde hace años, en dignificar la memoria de las víctimas y a ser posible, la recuperación de sus restos.
Además, con este plan específico de ayudas se cumple el objetivo de fomentar los valores democráticos, “facilitando el conocimiento de los hechos acaecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, en Zaragoza; contribuir a que se cumpla el derecho de las familias de las víctimas a recuperar sus restos y a la debida reparación moral; favorecer el esfuerzo de las entidades en la búsqueda de los desaparecidos, y hacer posible la publicación de trabajos sobre la memoria histórica relacionados con los periodos de la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura”, destacan desde la Diputación.
Los requisitos para el acceso a este plan de ayudas, consisten en la presentación de un proyecto en el que se incluyan cualquiera de las tres actuaciones subvencionadas, exhumaciones, publicaciones y encuentros para la reparación moral de las víctimas. Las bases de la convocatoria ya se han publicado en el Boletín Oficial de Zaragoza, y ahora las asociaciones interesadas en obtener una subvención tienen 20 días hábiles para solicitarla.
Los técnicos de la Diputación serán los encargados de valorar los proyectos presentados. De esta forma, obtendrán un máximo de 30 puntos los proyectos destinados a las tareas de exhumación, y un máximo de 5 puntos para los proyectos enfocados a trabajos de publicación y encuentros para la reparación de las víctimas. Las cantidades económicas totales que presenta este plan de ayudas, “serán distribuidas entre todas las entidades solicitantes de forma proporcional al número de puntos que hayan obtenido, aunque se ha establecido que el importe máximo que puede recibir una asociación será de 25.000 euros -18.750 para exhumaciones, 3.125 para publicaciones y 3.125 para encuentros-“.
Con la presentación de este plan específico de ayudas, la Diputación continua con esta necesaria labor, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, en materia de recuperación de la Ley de Memoria Histórica. Cabe recordar, que el pasado 13 de enero a iniciativa también del grupo En Común, se instó a la retirada de una placa franquista que presidía la fachada principal del edificio y que fue borrada tres meses después, durante un acto en el que se inauguró un memorial en homenaje a las 14 víctimas de la institución durante la Guerra Civil.
Exhumación en Fuencalderas. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)
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Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 15/07/2016
PROPOSICIÓN PARA DESARROLLAR MEDIDAS DE APOYO EN LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS DURANTE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO.
PROPOSICIÓN QUE PRESENTA SALVADOR ARPA DE LA FUENTE, PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL TOMA LA PALABRA, AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 66 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID, AL PLENO CORPORATIVO A CELEBRAR EL DÍA 15 DE JULIO DE 2016 PARA DESARROLLAR MEDIDAS DE APOYO EN LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS DURANTE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO.
Miles de hombres y mujeres sufrieron persecución, violencia y muerte durante la Guerra Civil y la dictadura por razones políticas e ideológicas y, aún hoy, a punto de cumplirse el ochenta aniversario del cruento golpe de estado, muchas de estas personas, familiares y amigos, luchan por el derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar.
Ochenta años después, todavía hay muchos familiares que ignoran el paradero de sus seres queridos; se estima que en España hay más de 100.000 personas desaparecidas en 2052 fosas comunes, de las cuales todavía hay 1821 sin abrir. Se calcula que hay 171 fosas en Castilla y León de las que se ha intervenido en 152. En Valladolid solamente doce han sido las fosas recuperadas, motivo por el que se sigue reivindicando medidas e instrumentos para que las administraciones públicas faciliten a los interesados las tareas de localización y, si procede, identificación de los desaparecidos.
Y todo esto a pesar de que la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, la llamada Ley de Memoria Histórica, prevé distintas obligaciones para las administraciones públicas; obligaciones entre las que destaca la que se refiere a la localización de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil y el franquismo, para lo que establece que las administraciones públicas competentes facilitarán la indagación, la localización y la identificación de los desaparecidos, elaborarán y pondrán a disposición de los interesados mapas de fosas, preservarán y protegerán los terrenos donde se localizan las fosas comunes, y regularán las actividades de localización e identificación de los restos humanos. Esta regulación incluirá la autorización de prospecciones, la regulación del acceso a terrenos que sean de titularidad privada, el establecimiento del procedimiento y de las condiciones para recuperar, identificar y trasladar restos y, asimismo, la autorización de las exhumaciones que se practiquen.
En Castilla y León no ha habido un desarrollo normativo en ningún aspecto de la Ley 52/2007. Este hecho ha supuesto la indefensión de numerosos familiares de desaparecidos y de las asociaciones que las representan porque, excepto en contados casos, las instituciones autonómicas y locales no han asumido su obligación de facilitar la búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura, agravando la problemática existente, tanto a la hora de indagar donde están los desaparecidos, como en todo el proceso de intervención de una fosa común donde se encuentran restos humanos: restos de personas con signos de muerte violenta hace ochenta años, enterradas la mayoría de ellas de forma clandestina en hoyos excavados en cementerios o cerca de ellos, pero también lanzadas a cunetas, pozos y simas.
A pesar de este vacío jurídico, las asociaciones memorialistas han realizado en los últimos años esta tarea de forma voluntaria y comprometida. Han investigado, localizado y coordinado con los familiares afectados, han solicitado actuaciones conforme a la Ley, han acudido a los tribunales de justicia españoles reclamando la investigación judicial de las desapariciones forzadas e, incluso, han invocado a la jurisdicción universal. Lo han hecho con rigor, con la colaboración ocasional de contadas administraciones públicas, y siempre a partir de una estrecha relación con las familias de las personas desaparecidas.
A nuestro entender, a toda esta tarea tiene que darse una respuesta pública, tiene que haber una autoridad pública que asuma la existencia de estas fosas, se comprometa a investigar quién hay en ellas, a poner todos los medios posibles a disposición de esta investigación y a dar una explicación a los familiares interesados en una exhumación cuando ésta no se pueda realizar porque no es viable, y proceder a otra vía de reparación como es la protección y la identificación de la fosa. Todas las fosas tienen que ser como mínimo localizadas, señalizadas, protegidas y preservadas.
Sólo con un proceso institucional coordinado y siempre en estrecha colaboración con las asociaciones memorialistas se garantizarán la eficacia, la celeridad, la coherencia y la responsabilidad necesarias para afrontar todo este proceso de búsqueda de los desaparecidos.
En base a estas obligaciones, el Ayuntamiento de Valladolid ha suscrito un Convenio con la ARMH de Valladolid para continuar con los trabajos de exhumaciones en el Cementerio del Carmen, convenio que ha permitido recuperar 23 cuerpos por el momento y localizar otros 18. Por lo que nos parece adecuado llevar esta práctica al resto de la provincia, pues aún quedan lugares donde existen enterramientos ilegales.
Es necesario actuar con urgencia, celeridad y eficacia en materia de desapariciones forzadas. La urgencia y la celeridad son esenciales por la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos que vieron con vida por última vez a sus seres queridos.
El objetivo de esta proposición es dar un paso más en el reconocimiento y la memoria de los que sufrieron violencia por razones ideológicas, políticas o religiosas, y fueron víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, de forma que se avance en la reconciliación, la concordia y la justicia, en el respeto al pluralismo y en la defensa pacífica de las ideas.
En base a lo expuesto, desde el Grupo Provincial Toma la Palabra presentamos la siguiente proposición:
1.- LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID INSTA A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A:
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Que desarrolle una Ley para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo.
2.- LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID SE COMPROMETE A:
Colaborar con las asociaciones memorialistas de la provincia y resto de administraciones públicas a:
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Elaborar un censo de las personas desaparecidas y sus familiares.
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Elaborar un mapa de las zonas donde se localicen o se presuma la existencia de fosas comunes o enterramientos clandestinos de la guerra y el franquismo.
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Actuar e intervenir sobre los terrenos donde se prevea la existencia de fosas, con el objetivo de buscar e identificar los restos de personas desaparecidas utilizando para ello todos los medios técnicos que sean precisos.
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Una vez localizadas las fosas se procederá a su señalización y preservación.
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Mientras sea preciso, se dotará anualmente de una cantidad económica en los presupuestos de la institución para el buen desarrollo de esta tarea.
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Realizar un homenaje a las víctimas y las familias de las personas desaparecidas por estas causas.
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Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 14/07/2016
LA ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA BUSCA FOSAS COMUNES EN LOS PUERTOS DE EL PANDO Y MONTEVIEJO
DECENAS DE VÍCTIMAS ESPERAN SER LOCALIZADAS ESTA SEMANA POR EL COLECTIVO EN BOCA DE HUÉRGANO
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) comenzó esta semana la prospección arqueológica para localizar a varias personas desaparecidas en el Noreste de la provincia de León. La bajada del Puerto del Pando y la subida a Monteviejo están siendo peinados por técnicos de la ARMH para localizar los puntos en los que se ubican un número indeterminado de fosas comunes.
Los trabajos están siendo dirigidos por el arqueólogo René Pacheco y coordinados por el vicepresidente de la ARMH, Marco González y en ellos participan diversas personas voluntarias llegadas de varios puntos del Estado.
Las ayudas internacionales recibidas desde el sindicato noruego ELOGIT y el premio ALBA-PUFFIN al activismo en DDHH, recibido en 2015 en Nueva York, harán posible el desarrollo de estos trabajos.
HISTORIA
La investigación realizada por la ARMH con la ayuda inestimable del investigador local Pedro González de Prado, señala ambos puntos como lugares en los que se cometieron varios asesinatos por las fuerzas sublevadas contra el Gobierno de la IIª República. Desde el comienzo del golpe de Estado el 18 de julio de 1936, del que este lunes se cumple el 80 aniversario, y hasta meses después de la caída del Frente norte, en octubre de 1937, tanto Monteviejo (Siero de la Reina) como El Pando (Pedrosa del Rey) tuvieron un especial protagonismo en lo que a desapariciones forzadas se refiere. Primero, como lugar de asesinato de civiles que fueron apresados en los primeros meses, corroborando los testimonios recabados que sus cuerpos quedaban a la intemperie en la subida al puerto de Monteviejo. Sin embargo, pasados los meses y con la detención y presentación de miles de personas, combatientes del Ejército republicano, la bajada del Pando, muy cerca de la antigua localidad de Pedrosa del Rey (hoy sepultada por las aguas del Embalse de Riaño), fue el destino definitivo de varias víctimas más, trasladadas en camiones desde puntos alejados como Riaño, Guardo (Palencia) o Cistierna.
No sólo los testimonios han corroborado nuevamente toda esta información, sino que la aparición en el lugar de gran cantidad de evidencias balísticas relacionadas con la época y con la tipología de los asesinatos, confirman que los técnicos de la Asociación están muy próximos a la localización de estas víctimas.
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Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 14/07/2016
RECUERDO Y DIGNIDAD EXHUMARÁ LOS RESTOS DE UN VICEPRESIDENTE DE DIPUTACIÓN
ABUNDIO ANDALUZ FUE ASESINADO EN AGOSTO DE 1936 EN CALATAÑAZOR, SEGÚN RECUERDO Y DIGNIDAD QUE HA INICIADO EL PROCESO A PETICIÓN DE 2 DESCENDIENTES
La Asociación Recuerdo y Dignidad ha localizado el lugar en que, supuestamente, se encuentra el cadáver de Abundio Andaluz, vicepresidente de la Diputación de Soria, asesinado en agosto de 1936, y ha iniciado las gestiones para su exhumación. Así lo han anunciado este colectivo que «a petición de sus dos nietas y únicas descendientes vivas del político -Ana María y María Luisa Andaluz Caballero- ha comenzado todos los trámites oportunos para la exhumación de sus restos mortales y posterior análisis genético y traslado al lugar que determine la familia».
Nacido en Almazán y residente en El Burgo de Osma, Abundio Andaluz Garrido era abogado y militante del partido Izquierda Republicana. Según fuentes de Recuerdo y Dignidad, en febrero de 1936 fue elegido miembro de la Comisión Gestora de la Diputación Provincial en calidad de vicepresidente a las órdenes de Pablo Pérez Sevilla, diputado por Soria capital y miembro también de Izquierda Republicana, que fue nombrado presidente».
Según se ha documentado la asociación, en agosto de ese año, un grupo de falangistas lo sacó de su casa de El Burgo y, junto con otros tres detenidos, lo condujo, en un camión, hasta las inmediaciones de Calatañazor, a un paraje perteneciente a Los Baldíos de la Cañada Real, concreta un comunicado de prensa.
«Allí, fueron fusilados todos los ocupantes del camión pero Abundio Andaluz quedó con vida y se arrastró, a través de aquel bosque de enebros, hasta un claro donde un pastor encontró su cadáver dos días después. Debido a su estado de descomposición, las autoridades autorizaron su enterramiento in situ», suscriben las citadas fuentes.
La Asociación Recuerdo y Dignidad ha mostrado su agradecimiento al alcalde de Calatañazor, por su «inestimable colaboración» para dar con el lugar. «Gracias a él, , los miembros de Recuerdo y Dignidad han podido localizar el lugar exacto en el que, casi con toda certeza, yacen los restos del vicepresidente de la Diputación asesinado y han puesto en marcha el proceso para su identificación y exhumación», significan las citadas fuentes.
Precisamente, el nombre de Abundio Andaluz aparece recogido en la moción aprobada por el pleno de la Diputación Provincial la semana pasada, en señal de condena del alzamiento militar del que se cumple el 80 aniversario el próximo lunes día 18. «El texto dedica una mención especial a don Abundio Andaluz, Vicepresidente de la Diputación Provincial de Soria, asesinado durante el periodo de represión que acompañó a la Guerra Civil Española y a la posterior dictadura militar, tal y como reconoce la asociación. Se trata de una declaración institucional que fue aprobada el pasado jueves por los tres grupos políticos -PSOE, PP y No Adscritos, condenando «la represión contra civiles» que supuso el alzamiento.
El colectivo que dirige Iván Aparicio aplaude la moción aprobada por la institución provincial, así como el compromiso adoptado en ella en el sentido de que el pleno estudiará las medidas necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica.
Lugar en el que se exhumará el cuerpo del que fuera vicepresidente de la Diputación en 1936. – ANA TURBAU
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A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA 