10 AÑOS DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA: NI VERDAD, NI JUSTICIA NI REPARACIÓN
LA LLEGADA AL PODER DEL PP VACIÓ DE CONTENIDO UNA NORMA ILUSIONANTE QUE AHORA TRATA DE REFORMARSE EN EL CONGRESO.
26/12/2017
Este martes, 26 de diciembre, se cumplen 10 años de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en octubre de ese año con el apoyo de todos los grupos del Congreso salvo el Partido Popular y Esquerra Republicana de Catalunya. Los primeros decían que venía a reabrir heridas. Los segundos, que era poco ambiciosa. En medio, quieres apoyaron con más o menos entusiasmo el texto impulsado por el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Estaba llamado a ser el primer articulado que diera respuesta a la triple reivindicación de los supervivientes de la Guerra Civil y el franquismo y sus allegados: verdad, justicia y reparación. Sin embargo, se ha quedado en un intento a medio cuajar. Logros muy simbólicos pero de calado menor del ansiado como la eliminación de emblemas, calles y estatuas fascistas, sentencias nulas, nacionalidad para los que se fueron y sus descendientes…
La llegada a La Moncloa de Mariano Rajoy hizo que se dedicaran a la ley apenas dos millones de euros en 2013 y cero el año siguiente, cumpliendo con su amenaza de campaña: no hacerse cargo de ninguna excavación ni exhumación, cuando sacar el hueso al aire es el mayor empeño de quienes aún tienen a sus muertos en fosas comunes, cunetas y caminos. Amenazó con derogarla, pero no ha hecho falta. Con dejarla seca ha sido suficiente para lograr la derogación de facto.
Ahora, aprovechando que el PP no tiene mayoría absoluta en la Cámara Baja, varias iniciativas parlamentarias tratan de sacarle el dobladillo a la ley y ampliar su cobertura. Las asociaciones memorialistas encajan el nuevo impulso con un resquicio de esperanza.
«En estos diez años la sociedad ha abierto un debate acerca de la memoria histórica, de la relación del presente con el pasado, de la responsabilidad que tienen los individuos y los colectivos en la reparación de los daños que ha sufrido la sociedad. Frente a ciertos discursos que hablaban de reabrir heridas es evidente que esta labor ayuda a cerrarlas. Antes de utilizar la ideología para negar derechos hay que reflexionar. Nadie quiere tener un familiar enterrado en una cuneta. Eso es algo que no se le puede negar a nadie. Por eso la memoria coloca a las personas en su sitio. A las vivas y a las asesinadas», escribe Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Es posiblemente el mejor legado de la primera década de ley, pese a que «no da satisfacción» a sus reivindicaciones esenciales y no completa, lamenta, el «programa de transición» que se suele hacer de una dictadura a una democracia, el de contar de veras lo ocurrido (y no sólo la versión de quien vence), aplicar justicia (al menos, como mínimo, en los casos de crímenes contra los derechos humanos) y reparar a quien sufrió la persecución y la muerte.
LAS FOSAS
«La ley les da la posibilidad a las familias de acceder a subvenciones, en vez de ser la misma Administración quien se encargue de exhumar e investigar esos delitos. Nos hemos encontrado que con la llegada del PP el presupuesto con el que se han dotado las políticas de memoria es cero euros. Siguen siendo las familias con sus propios medios y buscando donde sea el dinero para poder llevar a cabo las exhumaciones. Y algo tan importante y determinante para la identificación de los restos como es el uso de bancos de ADN queda en el limbo», denuncia en El Salto Charo Arroyo, de la comisión de Memoria Libertaria de CGT.
El Gobierno se debía prestar a «colaborar» en la localización y en la apertura de fosas que guardan a más de 120.000 personas según las cifras más conservadoras y hasta 140.000 según las más realistas -España es el segundo país con más desaparecidos del mundo, tras Camboya-. Inicialmente, se aportaron cinco millones de euros para este cometido pero dado el ingente trabajo que quedaba por delante, el dinero sirvió para lo justo, realmente. En los últimos 17 años, desde que se produjo la primera exhumación por parte del movimiento memorialista en Priaranza del Bierzo (León), se calcula que se han hallado restos de más de 6.200 personas, poco más del 5% de los desaparecidos que restan. «Hay miles de familiares pendientes, gente mayor que lo que quiere es morirse en paz», resume la ARMH.
Importante fue la presentación, en 2011, del Mapa de Fosas de España. Hasta el pasado 17 de abril se han contabilizado en nuestro país 2.457 fosas comunes, de la cuales 1.221 siguen sin ser abiertas y 250 han desaparecido por la construcción de infraestructuras sobre los enterramientos, por planes urbanísticos que no los han tenido en cuenta. Aragón se sitúa a la cabeza de las comunidades en el número de enterramientos irregulares, con 600 fosas, seguida de Andalucía con 550 y Asturias, con 324.
LOS SÍMBOLOS, EL RECUERDO, EL RECONOCIMIENTO
Casi todos los logros se concentran en los primeros cuatro años de vida de la norma, es decir, en la segunda legislatura de Zapatero. Se calcula, según datos oficiales, que se limpiaron más de 3.000 símbolos, murales, cuadros, escudos, estatuas (bustos, ecuestres), medallones, etcétera, vestigios del franquismo repartidos por toda España. Nadie, aún sin ley, había pensado en los 30 años previos de democracia que podían sobrar las alusiones al generalísimo y sus compañeros. Uno de los primeros en aplicar la orden de fuera todo fue el Ministerio de Defensa de Carme Chacón.
Sin embargo, hay aún enconados debates sobre algo obvio -cumplir la ley- en determinados municipios. Por ejemplo, el callejero franquista de Madrid es una pesadilla para Manuela Carmena (Ahora Madrid). Tras un recurso de la Fundación Francisco Franco, se ha paralizado la retirada de la rotulación de 52 calles y plazas. No lo tiene claro ni Rajoy, quien el pasado 1 de diciembre mostró su desacuerdo con una decisión adoptada hace 15 años en Pontevedra, cuando se cambió el nombre de la que fue su calle de niño: pasó de estar dedicada al almirante franquista Salvador Moreno a la escritora Rosalía de Castro. «No sé por qué quitaron la calle. He vivido allí muchos años y le sigo llamando así», dijo el presidente.
La ley contemplaba además el reconocimiento de la nacionalidad española a todos los exiliados de la guerra y la dictadura, a sus hijos y sus nietos y también a los miembros de las Brigadas Internacionales, que combatieron para defender la II República. En este tiempo se han contabilizado 337.642 de estas concesiones, que no implica renunciar a la nacionalidad previa -en su mayoría, de naciones de América Latina y Francia-.
Gracias a la norma que ahora cumple 10 años se ha creado además el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, en el que se han recuperado archivos de notable valor, desde material sobre los niños de la guerra enviados a Moscú a material de los dirigentes republicanos en el exilio, pasando por negativos inéditos de imágenes de la contienda y la marcha de refugiados y documentos del Comité Internacional de la Cruz Roja.
EL VALLE DE LOS CAÍDOS
El Valle de los Caídos es la mayor fosa común de España, con 33.833 cadáveres -de los cuales 12.410 son de personas desconocidas-, además de la tumba del dictador Francisco Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. El conjunto monumental, situado en la sierra de Madrid, fue construido entre 1940 y 1958 como un homenaje a los «héroes y mártires de la Cruzada» que «legaron una España mejor», un trabajo obra de presos de izquierdas donde acabaron además miles de cuerpos de republicanos represaliados, en muchos casos sin permiso ni conocimiento de sus familias.
A partir de la aprobación de la ley, una comisión de expertos examinó la basílica donde están los cuerpos, junto a la que hay una abadía de monjes benedictinos, y constató que identificar y exhumar los restos sería muy complicado y costoso, porque se encuentran mezclados, sin etiquetar en la inmensa mayoría de los casos; no hay un nombre del que tirar, pero tampoco un lugar de procedencia siquiera.
Nadie ha tocado su estatus en estos años. Se ha propuesto dejarlo como está, sacar a los muertos republicanos o, como pidió el PSOE la pasada primavera, llevarse a Franco de allí para «resignificar» el espacio, que deje de ser un lugar de «memoria franquista y nacional católica» y se convierta en un espacio para la cultura de la reconciliación y la memoria colectiva democrática.
Según ha publicado la Cadena SER, el monumento franquista le cuesta 750.000 euros anuales a los españoles.
¿ILEGAL O NULO?
La Ley de Memoria Histórica no fue tan valiente como para declarar nulas de pleno derecho las condenas de los tribunales franquistas. «Era una ley de mínimos, por eso tememos que se convierta en una ley de punto final con el paso del tiempo si no se meten modificaciones», reconoce un diputado socialista orgulloso de que los suyos la sacaran adelante pero que se declara más ambicioso aún.
La norma acordó que se darían certificados de ilegitimidad de las condenas a personas que fueron ejecutadas, condenadas de por vida o a largas penas, de las que se han expedido algo menos de 2.500 según datos del Gobierno. Sólo en Cataluña, donde el Parlament sí ha ido más allá y ha anulado las sentencias de la dictadura, había 60.000 fallos que borrar.
TOQUE DE LA ONU
Pablo de Greiff,relator especial de la ONU, dijo en 2014 y, de nuevo, la pasada primavera, que España «debe atender de forma urgente las reclamaciones de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo», con las exhumaciones, el Valle de los Caídos y la nulidad de las sentencias «arbitrarias» como prioridades.
En sus informes ha sido muy duro con los Ejecutivos (del PP por olvidar la norma y del PSOE por aprobarla a medias), tanto que sus palabras podrían venir de cualquier nota de prensa de las asociaciones memorialistas. «No se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad. El modelo vigente de «privatización» de las exhumaciones, que delega esa responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las instituciones estatales…», denuncia en su texto, que tienes al final de esta noticia.
Además, De Greiff critica duramente las » interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía» de 1977, que «no sólo niegan el acceso a la justicia sino que también impiden cualquier tipo de investigación». Por esa ley, además de permitir la salida de los presos políticos, se impedía juzgar delitos pertenecientes a los años del franquismo, incluso aunque fueran de lesa humanidad, de genocidio y de desapariciones forzosas. Los tribunales españoles no han enjuiciado los crímenes de la dictadura y, por eso, decenas de víctimas han buscado justicia en otros países, especialmente en Argentina.
ALGO SE MUEVE
Ya no hay rodillo parlamentario del PP y, con la entrada con peso de partidos como Podemos en el Congreso, la lucha por reformar y mejorar la Ley de Memoria Histórica está en marcha. A principios de diciembre, y desde la simbólica tapia de un cementerio de Valencia donde fueron fusiladas 2.238 personas al término de la contienda, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, propuso la creación de una Comisión de la Verdad, de un banco público de ADN, un censo nacional de víctimas, el acceso a los archivos estatales que aún no están al acceso de familias e investigadores y una retirada de toda la simbología franquista «total».
Los socialistas, dijo Sánchez, quieren destinar recursos económicos para el cumplimiento efectivo de la ley y obligar al Gobierno a trabajar en la localización de fosas. En su propuesta, ya registrada en el Congreso, propone el traslado de los restos de Franco fuera del Valle de los Caídos y de Primo de Rivera a un lugar «no preminente» del recinto o donde designe su familia. Todavía se desconoce qué apoyos podría tener.
El PSOE se ha desmarcado, no obstante, de otra iniciativa que sí ha sido ya trabajada, negociada y pactada entre la izquierda y los nacionalistas representados en el Congreso: es la que trata de incluir en la Ley de Amnistía un artículo más que aclare que el borrón y cuenta nueva no impedirá sentenciar delitos de genocidio, lesa humanidad o desaparición forzosa, justo como pide Naciones Unidas.
Por ahora, la propuesta que más apoyos concita y más lejos ha llegado en el hemiciclo ha sido promovida por el aún llamado PDECat, que plantea declarar nulas las sentencias franquistas -lo mismo que ya se logró en Cataluña- y así reparar jurídicamente a las víctimas. Sólo el PP y Ciudadanos se han desmarcado.
Fruto de un acuerdo insólito entre PP, Ciudadanos y Podemos, los presupuestos de este año ya contemplaron una partida extra de 100.000 euros para una plataforma digital que investigue perfiles genéticos relacionados con el caso de los bebés robados en España entre los años 40 y 90 del siglo pasado. Hay miles de casos aún por resolver.
http://www.huffingtonpost.es/2017/12/26/10-anos-de-la-ley-de-memoria-historica-ni-verdad-ni-justicia-ni-reparacion_a_23316863/
EFE. Manifestantes por la memoria histórica concentrados ante el Teatro de la Maestranza de Sevilla, en el Día de Andalucía.
EL prior Santiago Cantera. – EL PERIÓDICO
A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA 