Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 03/07/2011
Investigadores piden abrir una fosa de Colmenar Viejo
Quieren pedirle permiso a las familias para descubrir qué hay en el interior de esa fosa que investigan desde hace dos años
CADENA SER 03-07-2011
En el lugar estarían encerrados cerca de 100 personas que fueron asesinadas durante la dictadura
Algo más de dos años han estado investigando en Colmenar Viejo un grupo de expertos de la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica para saber lo que entraña una fosa que, junto a una tapia del cementerio, se encuentra bajo una lápida que dice «en recuerdo de los que aquí descansan».
Han logrado realizar un listado provisional con los nombres y apellidos de poco más de un centenar de personas que fueron fusilados por la dictadura franquista, justo después de la Guerra Civil. Ahora, buscan a familiares de los que están enterrados para abrir la fosa.
La fosa oculta a vecinos de una docena de corporaciones, algunos de ellos políticos, otros simplemente defensores del Frente Popular durante la guerra, gente de poblaciones como Hortaleza o Fuencarral.
Los investigadores trabajan para encontrar familiares de los asesinados con la intención de comenzar, no antes del final del verano, la apertura de la fosa.
Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 03/07/2011
Presentada en Argentina una querella contra el franquismo
Varias organizaciones humanitarias esperan que «víctimas de la dictadura» se sumen a la iniciativa
01/07/2011 14:37 / PÚBLICO.ES / AGENCIAS / Madrid / Buenos Aires
Organizaciones humanitarias de Argentina y España, junto al Nobel de la Paz 1980 Adolfo Pérez Esquivel, han presentado en los tribunales de Buenos Aires una querellapara que se investigue el «genocidio» y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en España.
La denunciaha quedado en manos de la jueza federal María Servini de Cubría, informaron a la agencia Efe portavoces de los demandantes que expresaron su confianza en que «víctimas de la dictadura franquista» se sumen paulatinamente a esta iniciativa.
Esquivel, ayer, anunciaba en una entrevista con Público, la presentación de la querella justo el mismo día en que se cumple el 79º aniversario de la proclamación de la II República española. Una de las organizaciones humanitarias que encabezan la demanda es la que preside el premio Nobel argentino, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
La querella criminal se fundamenta en el principio de «jurisdicción universal» para juzgar crímenes de lesa humanidad contemplado en la Constitución de Argentina y «consagrado en el Derecho Internacional», explica el texto.
En España, sostiene, hubo «un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes». Esquivel asimismo, recordaba ayer que durante la dictadura se «trataron de ocultar los crímenes y por eso hicieron la Ley de Amnistía de 1977, como si nada hubiera pasado».
«Evitar que los crímenes queden impunes»
La iniciativa fue anunciada el 9 de abril tras conocerse que el juez Baltasar Garzón tendrá que sentarse en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo. «El objetivo es evitar que esos crímenes queden impunes», explicaba entonces Carlos Slepoy, abogado argentino que representará a los colectivos de familiares de los 113.000 desaparecidos registrados en España.
La querella parte de los caos particulares de dos familiares de víctimas y desaparecidos
Los denunciantes parten del caso concreto de dos familiares de víctimas y desaparecidos del franquismo, Darío Rivas e Inés García Holgado. El texto expone en primer término los casos de García Holgado y Rivas como ejemplos de muchos más para defender que el franquismo ejecutó un plan sistemático que puede ser definido como genocidio «político, social y cultural».
Darío, en representación de la española Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, ya vivía en Argentina cuando su padre, Severino, alcalde socialista de la localidad lucense Castro de Rei murió en 1936 fusilado a manos de pistoleros de Falange Española. Desde entonces, siempre ha luchado porque se conozcan las circunstancias de la muerte de su padre y en 2005 consiguió exhumar sus restos.
A su vez, Inés García Holgado denuncia crímenes contra varios de sus parientes, entre ellos su tío, Elías García Holgado, asesinado en 1937 luego de haber sido encarcelado cuando se desempeñaba como alcalde de Lumbrales y diputado provincial en Salamanca.
Nombres y domicilio
La querella recoge los siguientes delitos: «homicidio, homicidio agravado, privación ilegal de la libertad calificada por la aplicación de torturas y demás delitos que resulten de la investigación, cometidos en España en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones parlamentarias libres y pluralistas desde las de 16 de febrero de 1936».
Los querellantes solicitan un listado de desaparecidos, asesinados y torturados
Para la determinación de los hechos delictivos, el contexto en el que se produjeron y sus características, los querellantes transcriben extensamente párrafos de los autos del juez Garzón de 2008 en los que, primero, se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo y, posteriormente, trasladó la competencia a los juzgados de las provincias donde hay fosas comunes.
En la querella, los denunciantes afirman que no tienen como propósito cuestionar la Ley de Amnistía española, sino «el ejercicio de la jurisdicción argentina respecto de crímenes que ofenden y lesionan a la humanidadque permanecen impunes». Con todo recuerdan que este tipo de leyes no son admitidas por el Derecho Internacional y en Argentina se han declarado «insanablemente nulas».
En cualquier caso, apuntan que esta «ley interna española» no afecta a la jurisdicción que ejerzan los órganos judiciales de otros países, tal y como, además, han puesto de manifiesto los tribunales españoles «que ejercieron su jurisdicción respecto de crímenes del mismo tenor cometidos en América Latina cuando, con justificación en leyes de impunidad, los tribunales de nuestros países no podían o no querían ejercer su jurisdicción sobre los mismos».
Tildan de «inaudito» que Garzón haya sido acusado de prevaricación
Por ello, tildan de «inaudito» que el juez Garzón haya sido acusado de prevaricación por la Falange cuando lo que hizo fue «interpretar la Ley de Amnistía en conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el sentido de que la misma no puede amparar la impunidad de crímenes de lesa humanidad».
Los querellantes solicitan, entre otras cosas, que los tribunales argentinos recaben «los nombres y último domicilio conocido de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español que desarrollaron sus funciones» entre el periodo anteriormente citado, según recoge el texto.
Asimismo, piden un listado con el número de desaparecidos, asesinados y torturados, otro de las fosas halladas en España, un censo de los niños robados a sus familias durante la dictadura y los nombres de «todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas».
Decenas de miles de personas asesinadas
Severino Rivas, «de profesión labrador» y «destacada vida política, que incluye su militancia contra la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1929)», fue detenido y encarcelado el 29 de julio de 1936, tres días después de que lo pidiera un miembro del «movimiento fascista»Falange Española, dice la demanda.
«La partida de defunción de Severino Rivas fija su deceso el mismo día de su liberación (29 de julio) por hemorragia profunda por proyectil de arma de fuego, en la margen derecha de la carretera que va de Lugo a (Portomarín)», puntualiza el texto.
«Fueron víctimas de una técnica de homicidios perfeccionada por la Falange Española»
Agrega que «fue enterrado anónimamente en una fosa común en lo que entonces era el atrio de la capilla (y actualmente el cementerio de Cortapezas). Durante más de 50 años, Darío Rivas, el querellante, intentó por todos los medios encontrar los restos de su padre», que finalmente halló en 1994.
La querella también señala que en 1936 Elías García Holgado «fue encarcelado en las prisiones de Madrid y de Salamanca» y «fusilado el 5 de julio de 1937, luego de un proceso sumarísimo, condenado por adhesión a la rebelión» contra los seguidores de Franco.
«El señor Severino Rivas y los familiares de Inés García Holgado fueron víctimas de una técnica de homicidios perfeccionada por la Falange Española, que denominaba ‘paseos’ los fusilamientos por la espalda de los presos a los que los sublevados no sometían a un juicio, cuyos cadáveres eran dejados al costado de los caminos», subraya.
«Los sublevados dejaban los cadáveres de sus presos al costado de los caminos»
Destaca que «todas estas circunstancias narradas son extensibles a decenas de miles de personas asesinadas en las semanas que siguen al 17 de julio de 1936 por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección».
La denuncia ha sido presentada, aparte de los casos particulares por un total de diez organizaciones no gubernamentales: Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, española; Abuelas de Plaza de Mayo; Liga argentina por los Derechos del Hombre; Comisión Provincial por la Memoria; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Centro de Estudios Legales y Sociales; Asociación de ex detenidos-desaparecidos; Federación de Asociaciones Gallegas de la República de Argentina; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y el Comité de Acción Jurídica.
Primera visita de la Comisión de Expertos nombrada por el Gobierno al Valle de los Caídos. El objetivo: decidir el futuro del centro. Ambiente más que tenso que relatan en ALBA Luis Losada y José Mª Ballester Esquivias.
El lunes 27 de junio por la mañana salieron de la sede del Ministerio de la Presidencia, en Moncloa, dos vehículos y un minibús. A bordo iban los miembros de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, que han sido nombrados de forma discrecional por el Gobierno. Se dirigían al Valle para realizar su primera visita. Algunos de ellos nunca habían puesto antes los pies en Cuelgamuros. Empezaron por la basílica. Más adelante, accedieron a la base de la cruz por el ascensor especial para terminar almorzando en la hospedería. También fueron a la abadía.
No obstante, sí que se produjo un discreto encuentro, el pasado 8 de junio, entre el presidente de la Comisión, el exministro Virgilio Zapatero, y el abad del Valle de los Caídos, Anselmo Álvarez. En declaraciones a ALBA, el abad asegura que esperará a ver “el desarrollo de los acontecimientos y a que se serenen las aguas” antes de contemplar un posible cambio de estrategia.
Desde luego, a los monjes motivos para la desconfianza no les faltan. La víspera de la visita, en las páginas de La Vanguardia, uno de los miembros de la Comisión, el profesor de la Universidad de Barcelona Ricard Vinyes, hizo unas declaraciones nada conciliadoras. Por ejemplo, consideró que derribar “un monumento no es acabar con el patrimonio”.
Vinyes no es el único miembro de la Comisión cuya trayectoria inspira serias dudas sobre la objetividad de sus actuaciones. De ella forman parte el expolítico Miguel Herrero de Miñón -cuya deriva hacia posiciones nacionalistas en unos casos y próximas al Gobierno actual en otros es de sobra conocida-; el monje historiador Hilari Raguer, acérrimo antifranquista; Manuel Reyes Mate, articulista habitual de El País; y varios colaboradores de los foros de la memoria histórica.
Virgilio Zapatero, por su parte, suma a sus numerosos cargos el de patrono de la Fundación Pablo Iglesias. “No es que pidamos la presencia de un directivo de la Fundación Nacional Francisco Franco”, ironiza Pablo Linares, de la Asociación para la Defensa del Valle, “pero esto no nos convence”.
Como la comisión del 82
Linares hubiera preferido una composición similar a la de la Comisión de Expertos de 1982, constituida entonces no para reflexionar sobre el futuro del Valle, sino sobre su sentido. La integraban altos cargos como el director general de Bellas Artes, el de Arquitectura, un representante del Monasterio de El Escorial, uno de Patrimonio Nacional y uno por parte de los monjes. Entonces,se evitó la confrontación con la Iglesia.
Ahora, apenas un mes después de su constitución, la nueva Comisión y las autoridades eclesiásticas ya han chocado frontalmente. Ha sido a cuenta de la baja de monseñor Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona. El prelado ha sido plenamente respaldado por el cardenal Antonio Mª Rouco, que pidió a Raguer que también se marchara. Ante la negativa de este, Rouco ha dejado claro que Raguer está solo en su condición de historiador. O sea, que se representa a sí mismo.
La actitud de la Iglesia se sustenta en una razón muy sencilla: no quiere ofrecer al Gobierno la excusa de que las decisiones que se tomaránen un futuro no muy lejano -la Comisión dispone de cinco meses para entregar su dictamen, base de la futura decisión gubernamental- han sido consensuadas con ella.
Con quien sí parece tener intención de consensuar el Gobierno sus decisiones es con Esquerra Republicana de Catalunya. Su diputado Joan Ridao asegura a ALBA estar en contacto con el Ministerio de la Presidencia. Hace unos meses Ridao pidió la supresión del culto en todo el Valle. “No sé qué hacen los monjes ahí”, dijo.
Tal no es, de momento, la intención de un Gobierno que parece haber hecho de la ambigüedad su línea de conducta. Por otro lado, se sabe que una de las intenciones de la Comisión consistirá en sugerir la transformación de la hospedería en una especie de centro de memoria histórica.
Habida cuenta de que la hospedería es, a día de hoy, parte indivisible de la abadía, el Gobierno estaría planteando la forma de un nuevo convenio con los monjes para tener más autonomía en la proyección de actividades.
¿Cuáles? A principios de mayo, el ministro de la Presidencia -competente para todo lo relacionado con el Valle-, Ramón Jáuregui, dio un esbozo de respuesta desde la tribuna del Congreso de los Diputados. “La intención del Gobierno no es convertir el Valle de los Caídos en un Auschwitz antifranquista, sino en un símbolo de la memoria reconciliada”.
Sin embargo, el 21 de junio Jáuregui declaró en los pasillos del Senado antes de una comparecencia que “hay asuntos pendientes como el Valle de los Caídos y los restos de Franco”. Como no podía ser menos, esta ambigüedad no ha hecho sino desatar aún más las especulaciones. Se ha llegado a hablar de trasladar al presidente de la República Manuel Azaña.
En relación con un posible traslado fuera del Valle de los restosmortales del anterior jefe del Estado, Francisco Franco -uno de los asuntos más polémicos-, el Gobierno podría aprovecharse de la posible brecha que se vislumbra entre el padre abad y la hija de Franco. Ambos mantuvieron recientemente una conversación. Nada ha trascendido del encuentro.
No obstante, el padre Álvarez señaló en El País que no se opondría al traslado, mientras que Carmen Franco sí que ha manifestado su oposición, pero evitando enfrentamientos estridentes. La Fundación Nacional Francisco Franco -presidida por su hija- sí parece estar dispuesta a librar batalla en todos los frentes. Su vicepresidente ejecutivo, Jaime Alonso, lo dejó muy claro en Intereconomía: “Si el Gobierno insiste en remover los restos de Franco, nos tendrá enfrente, también judicialmente”.
Lucha de poder
Casi igual de polémica es la exhumación del resto de cadáveresenterrados en los osarios del Valle. El 4 de mayo, el vicepresidente del Gobierno -y superior directo de Jáuregui-, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconocía, basándose en unos informes forenses del Ministerio de Justicia, lacomplejidad extrema -por no decir la imposibilidad- de llevar a cabo esa operación.
Especialmente la tarea de identificación, salvo en lo concerniente a los cadáveres de Franco y de Primo de Rivera. Pero esto no significa renuncia política. Por eso Linares -que da por buenos los informes forenses- se muestra extremadamente respetuoso con todos aquellos que deseen exhumar los restos de sus familiares, pero exigiendo “el mismo respeto a las 63 familias de nuestra asociación que se niegan rotundamente a que los restos de sus familiares sean sometidos a identificaciones, catas o prospecciones”.
Concluye que “si las exhumaciones fueran posibles sin molestar o profanar los otros restos, la importancia sería otra”. Sea como fuere, Linares teme quedarse fuera del proceso, pues nunca ha sido consultado por instancias oficiales.
A estos o se les ha vuelto a olvidar la promesa o están demasiado ocupados en intentar dirimir la lucha de poder que ha surgido en el seno de Patrimonio Nacional, el organismo público encargado de la gestión diaria del Valle. El 22 de mayo fue destituido el hasta ahora gerente del organismo -su número dos-, el diplomático José Antonio Bordallo Huidobro. Su sustituto tendría que haber sido nombrado en el Consejo de Ministros celebrado dos días más tarde.
Curiosamente, no hubo nombramiento. Sí que hay, en cambio, motivos de inquietud si logra el puesto Pablo Larrea, cuyo nombre es el que más circula por los mentideros. Hasta fechas recientes, Larrea fue delegado de Patrimonio Nacional en El Escorial y no destacó por su sensibilidad hacia el Valle. Según ha podido saber ALBA, Larrea ya ejerce una influencia notable sobre el presidente de Patrimonio Nacional, el veterano embajador Nicolás Martínez-Fresno, y aspiraría a sucederle.
Si así terminan las rivalidades, sería la prueba más evidente del golpe de timón que el Gobierno pretende dar al que era, hasta su cierre, en noviembre de 2009, uno de los monumentos más visitados de España, por delante incluso del Palacio de Oriente y del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Y que, desde esa fecha, padece el encarnizamiento del Gobierno.
Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 01/07/2011
Galicia desentierra los archivos de la represión
La Fundación Luis Tilve colabora con el Gobierno en la digitalización de los juicios abiertos al movimiento obrero gallego
Hasta ahora, el acceso a cualquiera de las más de 150.000 causas abiertas a los represaliados por la dictadura franquista que alberga el Archivo Militar de Ferrol solo podría hacerse en papel y solicitando una autorización. Sin embargo, con el convenio que firmaron esta semana la Fundación Luis Tilve de Santiago y el Ministerio de Defensa, tanto los investigadores como los familiares podrán consultar dentro de unos años en formato digital y sin ningún permiso previo los expedientes de los políticos y sindicalistas más relevantes de la época. La entidad ya comenzó la primera fase del proceso con la selección de unos 200 documentos.
ALEXANDRE MOLEDO – A CORUÑA «Gran parte de la historia permanece en la oscuridad y en el olvido porque el volumen de información dificulta su localización y registro», asegura el secretario xeral de la Fundación Luis Tilve de Santiago, Roxelio Álvarez. La entidad pretende aportar su granito de arena y lograr que vean la luz miles de documentos de valor histórico relacionados con los juicios sumarísticos de la Guerra Civil y el franquismo en Galicia, a los que hasta ahora tan solo se podía acceder tras lograr una autorización por parte de Defensa. El objetivo del convenio es que en un futuro los documentos sean de consulta abierta para todos los investigadores y familiares. Para conseguir este objetivo, el Ministerio de Defensa y la Fundación Luis Tilve colaborarán durante un año en la digitalización de los procedimientos judiciales abiertos a los represaliados entre 1934 y 1960 en la comunidad gallega. Dos expertos de la organización trabajarán en el Archivo Militar de Ferrol en la búsqueda, clasificación y procesamiento digital de los fondos, priorizando aquellos con peor estado de conservación y seleccionando las causas de los represaliados afiliados al PSOE y al sindicato UGT, ya que la entidad compostelana se encarga de gestionar el archivo del movimiento obrero gallego. La archivera de la Fundación Luis Tilve Carmen Penela lleva más de dos años inmersa en la recuperación de los consejos militares de sindicalistas y socialistas de Galicia y su equipo ha encontrado más de 200 con 800 encausados. «La falta de financiación –apunta– paralizó los trabajos, pero con este acuerdo se retomarán». Penela matiza que aunque los tres años de la Guerra Civil fueron los más duros, «los juicios continuaron otras dos décadas». También reconoce que la identificación de los nombres de los perseguidos por Franco es el primer paso de la investigación y la «más laboriosa», pues la consulta en archivos municipales o el Diccionario Biográfico Socialista Español puede abarcar «la mitad» de todo el proceso. La selección es fundamental. «Lo ideal sería hacer un vaciado de todos los documentos pero eso es inviable», explica la experta, quien aclara que por eso han decidido centrarse en los más acordes con la filosofía de la fundación. Una vez llegados a este punto habría que fotografiar el material escogido «página a página» y pasarlo a formato digital para su posterior consulta o publicación. El secretario de la Fundación Luis Tilve destaca la sencillez y pragmatismo de este método frente al escaneado. El archivo ferrolano conserva en sus fondos más de 150.000 expedientes de la Guerra Civil en Galicia y otras cinco autonomías apilados en ocho kilómetros de estanterías repletas de textos históricos, aunque muchos todavía se amontonan en cajas a la espera de ser revisados y catalogados. Entre las más de 150.000 causas custodiadas en el centro, destacan el consejo de guerra que llevó al paredón al profesor Leopoldo Alas Argüelles, hijo del escritor Leopoldo Alas Clarín o el que provocó el ingreso en prisión de la hermana de Dolores Ibarruri, la Pasionaria. En una de esas cajas del archivo ferrolano en las que se acumulan archivos, el investigador de la ARMH Santiago Macías encontró en 2003 la causa abierta en 1934 a Juan Rodríguez Lozano, abuelo del actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El texto refleja los detalles del juicio al que el capitán Lozano fue sometido en ese año por intentar colaborar con el periódico El Socialista junto a su declaración y una carta que envió al diario. Ahora, la Fundación Luis Tilve quiere recuperar la memoria histórica de «personalidades políticas de la época y miembros de partidos democráticos procesados por sus ideas», afirma Álvarez. Las últimas publicaciones de la organización recopilan las biografías del escritor JuanTizón y el exalcalde de Ferrol Jaime Quintanilla. La historiadora Rosa López también analizó en su obra Os nenos da guerra los casos de los niños expatriados durante la contienda a países como la Unión Soviética o México. para acceder a la información. «Hasta ahora no había ningún acuerdo como éste en el que se tratase el orden sistemático de los fondos históricos», afirma. El Ministerio de Defensa a través de acuerdos con otros organismos digitalizó 14.317 archivos judiciales militares del franquismo que contienen más de un millón de imágenes.
Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 01/07/2011
Segorbe autoriza la exhumación de 3 cuerpos de una fosa común tras obtener el permiso familiar
Uno de ellos fue alcalde republicano de Gátova (Valencia), Cipriano Esteve
Europa Press | Castellón Actualizado viernes 01/07/2011
El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, ha confirmado este viernes que la próxima semana firmará el escrito de autorización para la exhumación de tres cuerpos de una fosa común de esta localidad tras haber obtenido los permisos de los familiares.
Se trata del que fuera alcalde republicano de Gátova (Valencia), Cipriano Esteve, Tomás Maicas y un tercer represaliado que fueron fusilados en 1939 y enterrados en una fosa común junto a otro cuerpo más en Segorbe.
Las familias de Esteve y Maicas reclaman la exhumación y traslado de los cadáveres a Gátova y Teresa (Castellón), respectivamente, y de las otras dos, la que en principio se oponía ha solicitado el traslado del cuerpo a otra fosa dentro del mismo cementerio, mientras que la cuarta, aunque ha apoyado la iniciativa, en principio no tiene interés en la exhumación.
El coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GPRMH), Matías Alonso, ha asegurado que el caso de Segorbe es «muy importante porque deja las cosas en su sitio y se demuestra que es un procedimiento totalmente legal, así como que es la vía más eficaz para ayudar a las víctimas vivas».
Defensa ha informado que se trata de documentación perteneciente a la antigua jurisdicción del Ejército de Tierra que comprende las provincias de Albacete, Alicante, Badajoz, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Toledo y Valencia.
Esta actuación se enmarca en la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, conocida como Ley de la Memoria Histórica.
En este mismo marco, el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, ha firmado hoy convenios con la Asociación de Estudios sobre la Represión en León y con la Fundación Luis Tilve de Santiago, que permitirán la organización y digitalización de procedimientos judiciales celebrados entre 1934 y 1960 en León, Asturias y Galicia.
Los archivos judiciales militares conservan en sus fondos abundante documentación sobre procedimientos sumarísimos instruidos durante la guerra civil y la dictadura.
Estos fondos, generados por la justicia militar y que hoy se custodian en dependencias del Ministerio, se encontraban hasta ahora dispersos por muy numerosas localizaciones y pendientes de un tratamiento profesional que garantizara su conservación y facilitara su consulta por ciudadanos e investigadores.
Además de los dos convenios firmados hoy, el Ministerio de Defensa ha suscrito recientemente acuerdos con la Universitat Jaume I de Castellón, con la Fundación Pablo Iglesias y con la Universidad del País Vasco. EFE
Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 29/06/2011
Acto de Darío Rivas con las víctimas del franquismo
El hombre que interpuso la demanda contra los crímenes de la dictadura franquista ante la justicia argentina se reúne en Madrid con familiares de las víctimas.
nuevatribuna.es | Actualizado 29 Junio 2011
Darío Rivas, el nonagenario que interpuso en Buenos Aires una demanda contra la dictadura franquista, se encuentra de viaje en España. Huérfano de un alcalde socialista asesinado durante la Segunda República, este gallego que reside en Argentina desde lo años treinta del pasado siglo, se ha empeñado en acabar con la impunidad del franquismo.
El pasado 14 de abril de 2010, Darío presentó ante la justicia argentina una demanda contra los crímenes de la dictadura franquista, exigiendo la aplicación del mismo principio de justicia universal que permitió al juez Baltasar Garzón retener a Pinochet en Londres en octubre de 1998.
Darío, de 91 años, ha denunciado el asesinato de su padre, Severino Rivas, un alcalde socialista de la localidad lucense de Castro de Rei, asesinado en 1936. Los restos de su padre fueron exhumados en el año 2005 por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que se personó con él en la causa argentina junto a numerosos colectivos y activistas de los derechos humanos: las madres y las Abuelas de Plaza de Mayo; y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre otros.
Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 29/06/2011
Extranjeros en las fosas
Marga Luengo | Ponferrada
Actualizado martes 28/06/2011
Voluntarios de Estados Unidos e Inglaterra se suman a la exhumación
No hay fronteras para la búsqueda de la dignidad. Con esa premisa trabajan los voluntarios que colaboran cada año, especialmente en los meses de verano, con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. A lo largo de los próximos meses y sólo en la provincia de León, el calendario de exhumaciones se amplía para aprovechar las bondades del clima y el tiempo libre de los voluntarios, muchos de ellos estudiantes universitarios extranjeros.
Serán 33 cuerpos, 33 personas las que se rescaten de las cunetas, de las fosas del olvido en las que la barbarie humana las enterró una vez. EnDehesas, en Pardamaza, en Toreno, en la cuesta del Lago de Carucedo, en Rioscuro (Laciana) y en Joarilla de las Matas, la asociación pondrá en marcha sus equipos de arqueólogos, antropólogos forenses, técnicos y otros voluntarios para extraer la memoria de lasentrañas de la tierra.
Son ocho personas, explica el vicepresidente, Marco González, las que habitualmente forman el equipo de la ARMH. Arqueólogos, auxiliares de arqueólogo, antropólogos de campo, antropólogo de laboratorio, forense y antropólogo social. Todos ellos contarán a partir del mes de julio con las manos amigas de antropólogos forenses y antropólogos sociales venidos de Estados Unidos e Inglaterra. También estudiantes universitarios que están desarrollando sus tesis y proyectos de fin de carrera o doctorados sobre la Guerra Civil Española y quieren conocer desde dentro el movimiento surgido sobre la memoria histórica.
Las exhumaciones comenzarán en julio, una vez que la asociación disponga de los permisos y lo harán en Dehesas. Allí se enfrentarán a un enterramiento individual, como también en Toreno, Pardamaza y Lago de Carucedo, que irán a continuación. La mayor de las fosas es la de Joarilla, donde se espera recuperar 22 cuerpos. Ya en octubre, se abrirán fosas en San Esteban de Valdueza y Villanueva.
Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 29/06/2011
Víctimas del franquismo piden al congreso que condene el golpe de estado de 1936 en su 75 aniversario
27/06/2011 | lainformacion.com
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, que aproveche el próximo 18 de julio, día en que se cumplen 75 años del golpe de Estado de Francisco Franco, para que el Pleno de la Cámara Baja condene aquella acción militar y reconozca a todas las víctimas de la dictadura.
Este colectivo ha registrado una petición expresa en el Congreso para que «se lleve a cabo en el Pleno de la cámara un acto de condena de la dictadura franquista, del golpe militar y del uso de la violencia, porque si no: ¿qué altura moral tiene un Estado para exigir condenas de violencias si no es capaz de hacerlo con el mayor acto de terrorismo paramilitar y de Estado de nuestra historia?».
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica recuerda que el 20 de noviembre de 2002 se produjo por primera vez un acto de condena de la dictadura, pero fue en la Comisión Constitucional y no en el Pleno de la Cámara.
Ahora, considera que ha llegado el momento de que el Pleno del Congreso «condene la dictadura, reconozca el tremendo daño que causó a nuestra sociedad y se solidarice con las familias de los miles de desaparecidos y desaparecidas que todavía se encuentran en fosas comunes».
En la solicitud se pide «la condena del golpe de Estado, la retirada de los retratos de los tres presidentes de las cortes franquistas, que lo fueron no por elección democrática, sino por la conquista del poder mediante el uso de la violencia; la asistencia de una representación del Gobierno, que desde la muerte de Franco no ha llevado a cabo un acto institucional dentro de nuestro territorio con las víctimas de la dictadura, la invitación a los embajadores deAlemania e Italia, que contribuyeron decisivamente a la instauración de la dictadura franquista, y la creación de un espacio dentro del Congreso de los Diputados dedicado a todos los hombres y mujeres que lucharon contra la dictadura y a los que no pudieron ser elegidos como representantes de la ciudadanía por la restricción de las libertades».
(SERVIMEDIA)
Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 29/06/2011
UZ, GOBIERNO ARAGONÉS E IBERCAJA
Un estudio identifica el gen de los reyes privativos de Aragón
ZARAGOZA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) –
Un estudio de la Universidad de Zaragoza (UZ), apoyado por el Ejecutivo autónomo e Ibercaja, ha identificado el gen de los reyes privativos de Aragón, antes de la creación de la Corona, en 1137, y ha confirmado, entre otras cosas, la identidad de Ramiro II.
La investigación ha sido realizada por un equipo multidisciplinar sobre los restos de los reyes enterrados en Aragón. Se ha centrado en los análisis de los restos del Panteón Real de San Juan de la Peña, donde se encontrarían los restos de Ramiro I, Pedro I y Sancho Ramírez; en la Iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca, donde estarían enterrados Alfonso I el Batallador y Ramiro II; en el Monasterio de las Benedictinas de Jaca, donde estaría el sarcófago de Doña Sancha con los restos de las hijas de Ramiro I, Doña Sancha, Doña Teresa y Doña Urraca.
Los resultados han sugerido la presencia de los restos de Ramiro I en San Juan de la Peña; confirman el enterramiento de su madre y de sus tres hijas en el sarcófago de Doña Sancha; la posible identificación de Alfonso I y constatan que la persona enterrada en el sepulcro de Ramiro II es este monarca.
En rueda de prensa, el director general de Patrimonio, Jaime Vicente, ha presentado el resultado del trabajo, que ha permitido a historiadores, antropólogos, forenses y genetistas acumular una gran cantidad de datos sobre una época, la Edad Media, de la que en el caso aragonés solo se conserva el uno por ciento de la documentación que utilizaron los monarcas.
Han encabezado esta investigación, que ha durado tres años, la catedrática de Medicina Legal de la Universidad de Zaragoza, Begoña Martínez Jarreta, directora del equipo multidisciplinar, y el catedrático de Historia Medieval, Carlos Laliena. El estudio abarca la monarquía privativa de Aragón, hasta la unión con la casa de Barcelona.
Jaime Vicente ha opinado que los resultados son «espectaculares» gracias a un proceso de investigación «modélico». Ha explicado que los historiadores no tenían la certeza de que los restos óseos depositados en el Panteón de San Juan de la Peña y la Iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca pertenecieran a la dinastía real, lo que la genética ha podido confirmar ahora.
El director general ha señalado que los restos inhumados en los lugares mencionados estaban notablemente deteriorados, en parte por desmembramientos. También han influido las enfermedades que padecieron. «Era importante identificarlos y se ha hecho», ha dicho.
«Podemos sentirnos orgullosos» por el éxito logrado, ha continuado Jaime Vicente, quien ha indicado que ahora se puede saber cómo se alimentan, cuáles son sus características y qué estrategia utilizaron para implantar su poder real.
Por su parte, Begoña Martínez ha explicado que las fuentes escritas situaban a Ramiro I (1035-1063), Pedro I (1094-1104) y Sancho Ramírez (1063-1094) en el Panteón del Monasterio antiguo de San Juan de la Peña y a Alfonso I (1104-1134) y Ramiro II (1134-1137, muerto en 1157) en la Iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca.
La investigación se ha extendido al sarcófago de Doña Sancha, en el monasterio de las Benedictinas de Jaca, donde se encuentran los restos de las hijas de Ramiro I, Doña Sancha, Doña Teresa y Doña Urraca.
La catedrática de Medicina Legal ha declarado que, hasta la fecha habían fracasado numerosas investigaciones en otros países de Europa, como es el caso de la identificación de los restos de Santa Juana de Arco, en Francia, o Petrarca en Italia. En total se han investigado los restos de unos 70 individuos, «un número extraordinariamente elevado de restos», ha dicho Martínez.
Aunque falta la confirmación de la prueba de carbono 14, este estudio ha encontrado «firmes evidencias» de que Ramiro I está enterrado en el Panteón de San Juan de la Peña. En el caso de Alfonso I, en cuya tumba de San Pedro el Viejo hay varios individuos, dos de ellos son candidatos por diversos indicios para ser Alfonso I. Por los resultados de los análisis genéticos y las patologías que presenta uno de los dos esqueletos, los investigadores están razonablemente seguros de haber encontrado al rey.
LAZOS FAMILIARES
Los restos hallados en San Juan corresponden a un grupo «compacto» de personas cuyos restos fueron inhumados en tumbas excavadas en la roca durante los siglos IX y X, en todo caso antes de la refundación del monasterio, en 1025.
Este grupo mantiene entre sí lazos familiares, así como características físicas y genéticas. Algunos de ellos son guerreros, dada su anatomía, las lesiones y su «elevadísima talla», 1,80 centímetros, algo anormal en la época.
Se ha obtenido el perfil genético de 18 individuos. Asimismo, los investigadores han estudiado al cromosoma ‘Y’ de varios varones enterrados en el Monasterio de San Juan de la Peña, un perfil típico del Pirineo y de la zona atlántica de Francia y España.
Los datos que ofrecen estos restos son «coherentes» con los obtenidos de los restos de Ramiro I y Ramiro II, en lo referente a genética, data, dieta y alimentación.
La dieta de estas personas incluía un alto consumo de carne, que se incrementó con el paso de los siglos, ha dicho Begoña Martínez.
ENFERMEDADES
El antropólogo José Ignacio Lorenzo ha expuesto que en los restos que corresponden a Alfonso I se advierte una operación quirúrgica para extraer la muela del juicio. También presenta un desarrollo muscular de todos la clavícula y el brazo, algo que los investigadores relacionan con el uso de la espada.
Asimismo, tenía artrosis generalizada, en especial en toda la columna vertebral, como consecuencia de su importante actividad física y el estrés de las grandes cabalgadas.
Ramiro II medía entre 1,60 y 1,61 metros, ha indicado Lorenzo, quien ha aclarado que «no eran superhombres, sino aragoneses». En todo caso la talla de los restos encontrados es más elevada que la media de la época. Este rey tenía gingivitis expulsiva, depósitos de sarro, artrosis y escoliosis.
En el caso de Doña Sancha, en el sarcófago se han encontrado restos de nueve individuos diferentes, algunos de los cuales son intrusiones, esto es, restos extraños al enterramiento oficial.
«Con alta seguridad» y de forma «muy probable», los restos encontrados en el sarcófago de Doña Sancha corresponden a las hijas de Ramiro I y la abuela de las tres. También hay restos de otras mujeres y de niños.
«UN PASO ADELANTE»
El catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, Carlos Laliena, ha precisado que la información de que se dispone sobre la época es «muy limitada», por lo que este estudio supone «un paso adelante muy grande».
La importancia del estudio radica en que no se conocen hechos de menor importancia, sino cómo se organizaba la familia real, cómo exhibían su carisma, «imprescindible para ejercer su poder», cuando la política se basaba en los vínculos «entre un puñado de jefes de guerra», lo que exigía «desarrollar un sofisticado protocolo entre nobles y reyes». De esta forma, «los rituales eran muy importantes», ya que los reyes debían ocupar una posición diferente a los nobles.
El medievalista ha comentado que ha habido «muchísimos problemas» para realizar los análisis, puesto que los restos a analizar no son momias, que están más conservadas, sino huesos profundamente mineralizados.
Se han usado nuevas aplicaciones y tecnologías como la virtopsia, y se ha desarrollado un nuevo protocolo de extracción de ADN antiguo que podría sentar la bases de esta nueva línea de investigación.
Foto: EUROPA PRESS
A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA 