A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA

La alcaldesa de San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba) se niega a que se inaugure oficialmente en el cementerio municipal un monolito a los fusilados por el franquismo en la guerra civil.

El acto de inauguración oficial del nuevo monolito en memoria de los represaliados del franquismo en San Sebastián de los Ballesteros, esta programado desde hace mas de cinco meses para el próximo día 13 de agosto del 2011 a las 20:00 horas en el cementerio municipal de esta pequeña localidad cordobesa.

    El anterior Ayuntamiento socialista de esta localidad, fue el promotor de esta idea suscitada por un amplio colectivo de familiares y coordinada y asesorada por las Asociaciones de Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (AREMEHISA) y la de la Rambla.

     Para ello el anterior equipo municipal, encabezado por su alcalde Mateo Luna Alcaide, recibió el pasado año de la Junta de Andalucía una  subvención en la modalidad de Ayuntamientos Beneficiarios de Monumentos, de conformidad con la orden de 2 de diciembre de 2009 (Boja núm, 5, de 11 de enero de 2010) para las entidades sin ánimo de lucro , Ayuntamientos y Universidades públicas de Andalucía, con la finalidad de realizar actuaciones para el desarrollo de medidas para la coordinación de actuaciones de  Recuperación de la Memoria Histórica, y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Posguerra, en base a estudios históricos que avalen la certeza de los hechos que ocasionaron la desaparición de personas y el lugar de su enterramiento. 

    Pero el reciente cambio electoral derivado de las pasadas elecciones municipales ha suscitado la polémica entre la actual alcaldesa del Partido Popular Mª. Adela Ortega Martin y los promotores de esta iniciativa.

    La edil del PP, no quiere ni oír hablar del monumento a los represaliados por el franquismo, situado en el interior del antiguo cementerio local, argumentando que la inauguración oficial del mismo “dividirá” la opinión de sus tranquilos convecinos y “levantará ampollas” en la localidad.

     La dialéctica empleada durante las últimas semanas por José Sag Ortiz, coordinador del colectivo de familiares y miembro de AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera, no han surtido los efectos deseados, ya que la alcaldesa, ha llegado a manifestar “… que si es necesario cerrara las puertas del cementerio municipal para que el acto de inauguración no llegue a celebrarse, pues victimas fueron todos, los de un bando y los del otro” y no atiende, ni contesta siquiera a las continuas llamadas para celebrar una reunión y aclarar esta cuestión.

      La máxima responsable actual del consistorio se niega a que se erija un monumento en el cual no aparecen ni tan siquiera los nombres de las personas represaliadas, ni incluso ninguna frase conmemorativa a favor de “los que lucharon por defender la República”. Un monumento genérico, en el cual los familiares de las víctimas podrán depositar una flores en memoria de sus seres queridos, que aún siguen desaparecidos en cunetas y fosas comunes y reparar y mitigar el dolor y el sufrimiento que han soportado durante tres cuartos de siglo, dando un verdadero ejemplo de tolerancia y dignidad, como nunca se ha dado en este país.    

      Los familiares, hijos, nietos y demás familia, están dispuestos a realizar el próximo día 13 de agosto (sábado), un homenaje oficial a sus “desaparecidos” victimas de la barbarie y la sin razón desatada a raíz del alzamiento militar del 18 de julio de 1936. Para ello, muchos de ellos ya octogenarios se desplazaran desde miles de kilómetros y volverán a pisar de nuevo la localidad que tuvieron que abandonar hace ya demasiados años, para echar raíces y rehacer sus vidas en otros puntos de España, donde el recuerdo y el dolor no los ahogara todos los días.

       Su homenaje, su pequeño homenaje, tanto tiempo esperado, no se vera aplazado una vez más, están decididos. A muchos de ellos no les queda mucho tiempo. Y si es necesario y la intransigencia e intolerancia de la alcaldesa la impide, celebrarán los actos de homenaje en la localidad vecina de La Rambla.

       A solo tres días del 75 aniversario de la sublevación militar del día 18 de julio de 1936, la polémica, esta servida. Irremediablemente, aún existen dos Españas. Una sigue apostando por el olvido, que nos conduce a no conocer nunca la verdad y obliga a las familias de las victimas una vez más a la humillación democrática de dejar pasar una oportunidad para que las heridas se cierren y cicatricen. La otra España, hoy ya sin resignación y sin imposición ha desechado el olvido y apuesta por la memoria. Esa memoria que día tras día, lo quieran o no honra y dignifica a nuestros muertos.

       Irremisiblemente, mientras esto siga así … aún seguiremos en guerra.   

       Rafael Espino Navarro.-

       Presidente de AREMEHISA.-  

http://www.aremehisa.org.es/

Monolito a los represaliados del franquismo en San Sebastián de los Ballesteros, en la imagen Mateo Luna Alcaide, anterior alcalde socialista de la localidad y el escultor cordobés José Balmón Castell.

El Congreso condenará el golpe del 18 de julio

Todos los grupos apoyan una declaración con motivo del 75º aniversario de la sublevación franquista

IÑIGO ADURIZ MADRID 15/07/2011

No es una reprobación explícita del franquismo, pero sí una condena unánime del acontecimiento que dio comienzo a la Guerra Civil que derivó en una dictadura que se prolongó durante 40 años. El Congreso de los Diputados conmemorará el próximo lunes, 18 de julio, el 75º aniversario del golpe de Estado franquista con una declaración institucional en contra de la sublevación militar de 1936.

Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds presentaron ayer el texto de condena ante la Junta de Portavoces extraordinaria que se celebró en la Cámara Baja tras el Pleno. Fuentes parlamentarias explicaron que ningún grupo vetó la propuesta, por lo que la declaración institucional se leerá durante la sesión del próximo lunes.

La iniciativa insiste en que, en el 75º aniversario del inicio de la Guerra Civil, «nadie puede sentirse legitimado», como ocurrió en 1936, «para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos». Estas prácticas, que fueron las que llevaron a los franquistas al poder, merecen según el texto «la condena y repulsa de la sociedad democrática».

Aluden a la Constitución

A renglón seguido, el texto considera «conveniente» para la «convivencia democrática» que se mantenga «el espíritu de concordia y de reconciliación que presidió la elaboración de la Constitución de 1978 y que facilitó el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia».

La redacción del texto, expli-caron desde IU, es «casi idéntica» al de la iniciativa que salió adelante en la Comisión Constitucional del Congreso en 2002 y que contó con el respaldo de todos los grupos, incluido el PP. Se trata, agregaron desde la formación que lidera Cayo Lara, de que «ningún grupo» en clara alusión a los conservadores se niegue, nueve años después, a respaldar esta nueva iniciativa.

Pero antes de la lectura del texto el próximo lunes, fuentes parlamentarias explicaron que el presidente del Congreso, José Bono, realizará «pequeñas modificaciones» en el mismo que, según apuntaron, no afectarán al principal mensaje de la propuesta, que es «denunciar la represión y el uso de la fuerza durante la dictadura».

IU e ICV responden con su iniciativa a la petición que registró el mes pasado la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y que exigía una condena del pleno del Congreso al franquismo, así como»un acto de reparación con las víctimas de la dictadura».

El miércoles, el presidente de la asociación, Emilio Silva, se quejaba de la falta de respuesta de la mayoría de los grupos y consideraba «incomprensible» que la Cámara Baja conmemore a las víctimas del terrorismo o a las del Holocausto nazi y no recuerde a los «cientos de miles de desaparecidos durante la dictadura».

Víctimas «discriminadas»

Ayer recibió con escepticismo la noticia de la propuesta de IU e ICV. «Algo es algo», dijo Emilio Silva. Pero siguió considerando que los familiares de los desaparecidos y los asesinados por el régimen de Franco están «discriminados en la institución en la que reside la soberanía del pueblo». «Es triste que Bono abra la puerta del Congreso a muchas víctimas y se las cierre a las del franquismo», lamentó.

La asociación vasca de víctimas del golpe de Estado, de la represión y del régimen franquista Ahaztuak 1936-1977 también ha remitido a diferentes grupos políticos con representación en diferentes ayuntamientos del País Vasco y de Navarra una propuesta de moción recordando esa fecha, «condenando el asalto armado a la legalidad democrática de la Segunda República, el genocidio desatado y la posterior dictadura».

Para ese mismo día se han propuesto varias iniciativas concretas para que sean apoyadas desde los consistorios. Han recibido respuestas de varios ayuntamientos, como el de Urduña, en Bizkaia, que tiene previsto celebrar hoy un pleno extraordinario en recuerdo de todas las víctimas de la dictadura.

España responde a Argentina que sí investiga los crímenes franquistas

El Gobierno cita el sumario que abrió Garzón, por el que será juzgado por prevaricación, para evitar que otro país instruya una causa por genocidio

DIEGO BARCALA MADRID 15/07/2011 

El Gobierno español ha enviado tres informes a la Justicia argentina para frenar que sus tribunales inicien una investigación de los crímenes del franquismo bajo el paraguas del principio de jurisdicción universal para los crímenes de lesa humanidad. El Ejecutivo alude a la causa abierta en octubre de 2008 por el juez Baltasar Garzón todavía abierta pese a la suspensión del magistrado para evitar que la jueza argentina María Servini de Cubría empiece una investigación en relación con las 113.000 desapariciones forzadas que ya empezó el propio Garzón a documentar.

El Gobierno ha respondido vía diplomática ocho meses después del requerimiento del Juzgado Federal en Buenos Aires equivalente a la Audien-cia Nacional que exigía una comprobación sobre si existía una investigación en curso que impidiera la apertura del caso en Argentina. Fuentes del Ministerio de Justicia explicaron ayer que el Gobierno había enviado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores documentación que básicamente consiste en un informe de la Fiscalía con una relación de los juzgados con causas abiertas derivadas de la investigación abierta en 2008 por Garzón, informa Ángeles Vázquez.

Los denunciantes consideran a la espera de poder leer detenidamente los informes a los que tendrán acceso hoy que esos juzgados que han investigado alguna de las fosas comunes citadas en el sumario de Garzón no han realizado una investigación penal. Por tanto, es demostrable que el país donde se cometió el supuesto genocidio no está investigando la responsabilidad de los crímenes.

El principio de jurisdicción universal exige dos condiciones para abrir un caso. Primero: que el delito denunciado sea de lesa humanidad. Y segundo: que el país donde se produjeron los crímenes se oponga a abrir una investigación. El objetivo es que las víctimas puedan encontrar el amparo de la justicia más allá de sus fronteras, en el caso de que los criminales gocen de impunidad. El juez Baltasar Garzón se acogió a este principio para solicitar la detencióninternacional del dictador Augusto Pinochet en Londres, gracias a una denuncia recibida en la Audiencia Nacional.

Los tres informes enviados a Buenos Aires en junio están elaborados por la Fiscalía General del Estado, el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional del que era titular Garzón antes de ser suspendido precisamente por instruir el caso y por el Juzgado de Instrucción número 3 de Granada. El documento enviado desde Andalucía corresponde a la investigación del asesinato en la fosa donde se cree fue enterrado Federico García Lorca junto con tres represaliados en 1936.

La denuncia presentada el 14 de abril de 2010 por familiares de víctimas del franquismo en los juzgados federales de Argentina tiene su origen en el portazo que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a petición del Fiscal Javier Zaragoza, dio al intento de Garzón de abrir una investigación. Ante la falta de una respuesta en España, decidieron acudir a un país que reconociera el principio de jurisdicción universal.

Ese muro terminó de consolidarse cuando el juez que abrió la causa, el propio Garzón, fue imputado por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación. Según los denunciantes, el sindicato ultra-derechista Manos Limpias y Falange Española -este último acabó siendo expulsado del caso-, el magistrado había decidido investigar a sabiendas de que era una decisión injus-ta puesto que la Ley de Amnistía de 1977 impide, a su juicio, investigar las responsabilidades del pasado franquista.

El juzgado de Garzón se inhibió en favor de 46 tribunales territoriales donde se cometieron los crímenes denunciados por las asociaciones de familiares de víctimas. Veintiséis de estos juzgados archivaron la causa basándose en tres consideraciones básicas: los delitos habían prescrito al no ser considerados de lesa humanidad; la ley de amnistía impide la investigación; y la ley de la memoria histórica es suficiente para atender a los denunciados.

Sólo una juez fue a la fosa

Apenas tres jueces decidieron continuar la investigación de alguna manera. La jueza de Zamora, Tania Chico, fue la única que acudió a una fosa común en Benavente, pero se limitó a cumplir la ley de Enjuiciamiento Criminal que exige al juez acudir al lugar del crimen. Los magistrados de San Lorenzo de El Escorial donde llegó la denuncia sobre los muertos del Valle de los Caídos y de Granada devolvieron la causa a la Audiencia Nacional al estar de acuerdo con la tesis inicial de Garzón que aseguraba que la competencia era de su tribunal.

La decisión de estos dos jueces suscitó una cuestión de competencia que todavía está por decidirse en el Tribunal Supremo. Este tribunal señaló que no resolvería hasta que Garzón no fuese juzgado por el supuesto delito de prevaricación. El hecho de que uno de los informes enviados a Argentina provenga de Granada hace que los denunciantes crean que España se escudará en esa cuestión de competencia sin resolver para decir que está investigando.

Los denunciantes en Argentina llegaron a solicitar un listado de posibles culpables vivos. Desde ministros del franquismo hasta dirigentes militares o policiales. Los delitos de la denuncia presentada en Argentina llegaban hasta los fusilamientos de septiembre de 1975. El senador Manuel Fraga debería formar parte del listado de personas que serían interrogadas en el caso de que España obedeciera a lo solicitado en octubre por la jueza argentina.

Críticas al Congreso por no condenar la sublevación del 18 julio

La Asociación para la Recuperación de la Memoria recuerda que desde la muerte de Franco, el Parlamento sólo ha vivido una condena realizada por «un pequeño grupo» de parlamentarios

13/07/2011 16:07 / PÚBLICO.ES / EUROPA PRESS / Madrid

PRESENTA ‘VIDAS ROBADAS’

Sara C. Tarancón L’informatiu

Lo que era una práctica habitual en las cárceles franquistas se convirtió en una acción generalizada a partir de la década de los 50 en clínicas y casas cuna. El robo de los niños y su venta posterior tuvo un móvil más ideológico que político. Así lo demuestran en el libro ‘Vidas robadas’ que publican los periodistas Natalia Junquera y Jesús Duva.

Las madres pasaron de ser mujeres de maquis o republicanas a ser solo embarazadas: jóvenes, sin recursos o abandonadas por sus familias que se dejaron engañar por varias organizaciones religiosas y algunas clínicas donde les aseguraron que sus hijos habían nacido muertos. En algunos pueblos valencianos, como Albal, hubo incluso una ‘colonia’ de niños de Madrid; sus padres los compraron en la clínica San Ramón. Y como se sabe que la memoria y la historia no son muy amigas, los periodistas del diario El País, Natalia Junquera y Jesús Duva, recopilan en Vidas robadas (Ed. Aguilar) el testimonio de padres, hermanos e hijos en busca de su familia. Los dos periodistas provechan para denunciar al tiempo, que pasa de largo hasta que le toma el relevo el olvido si no hay nadie que le dé el alto.P: Va siendo hora de que el periodismo se convierta en un arma de denuncia para este tipo de reivindicaciones…
R: Cierto. Hemos disfrutado mucho contando estas historias porque pensamos que, además de rescatarlas creemos que, escuchando, ayudamos a los afectados. Podemos favorecer encuentros al hacer públicas fotografías e historias que pueden ser la pieza que alguien está buscando. Queremos que la justicia actúe y que las víctimas puedan reencontrarse.

P: Se ha publicado mucho sobre este tema –tanto en El País como en otros medios-y este libro, Vidas robadas, recoge los resultados de un largo proceso de investigación. También hay documentales que recopilan estos testimonios. El periodismo ha abierto el camino. ¿Cuál es el siguiente paso?
R: El trabajo que hemos hecho en El País puede impedir que jueces, fiscales y ministros miren para otro lado, que no se escaqueen. Ojalá sirviera para eso. Los juzgados son los que más poder tienen para poder ayudar a las víctimas, empezando porque cuentan con la potestad de hacer hablar a los que llevaron a cabo estas prácticas. Al fin y al cabo, aquellos que buscan a sus familias necesitan, ante todo, información para poderlas encontrar. Ni reclaman venganza ni su denuncia va con ánimo justiciero.

P: ¿Se han creado algún enemigo al publicar estas historias?
R: La verdad es que no. Lo más desagradable que nos hemos llevado ha sido el portazo en las narices que nos dio el doctor Eduardo Vela, director de una de las mayores fábricas de bebés, la clínica San Ramón, en Madrid. Fuimos a hablar con él y se negó en rotundo. Sigue ejerciendo hoy, treinta años después de que fuera uno de los mayores intermediarios dentro de la red de robos y decidimos ir a preguntarle porque, aparte, muchas familias le acusaron a él directamente de estar implicado en la venta de sus hijos.

P: Y no abrió la boca…
R: No. Sigue ejerciendo, a sus 77 años en una consulta de Madrid, como si nada. Él vendió, por ejemplo, muchos niños a padres valencianos. En la Comunitat Valenciana hay muchos casos de padres compradores y algunos menos de madres engañadas. Además es curioso, porque se transmitía todo por el boca-oreja y hasta Venezuela llegó el rumor de que en España era facilísimo hacerse con un niño.

P: ¿Cómo fijaban el precio del bebé?
R: Pensamos que el móvil económico no era el fundamental porque podía costar desde diez mil pesetas hasta lo mismo que un piso. Tiene un tinte más ideológico porque los intercambios se seguían produciendo aunque no hubiera dinero de por medio; bastaba con que el matrimonio llevara otra mujer embarazada a la casa cuna a cambio del niño en adopción que se llevaban los nuevos padres. Era un tema más ideologizado, como de intentar corregir los renglones torcidos de Dios al colocar a los pequeños en familias católicas o procedentes de un escalafón social superior. Bueno, luego hay casos en los que se han llegado a pagar tres millones de pesetas, como por ejemplo el de Manuel Espí, un valenciano que tuvo que arruinarse prácticamente para poder tener a Lucas, el pequeño que adoptó.

P: Cuentan en Vidas robadas que han tenido que pasar 35 años para que el tema salga la luz. ¿Puede ser un síntoma claro de que hay un problema serio en este país? Háblenme del papel de la Iglesia en este escándalo.
R: Ahora mismo hay 850 casos en las Fiscalías provinciales y creemos que existen muchos más. Este casi medio siglo de silencio ha cerrado muchas bocas sobre estos acontecimientos que, efectivamente, ocurrieron con el beneplácito de las instituciones y de la Iglesia, por supuesto. Los que conocemos tan solo son la punta del iceberg. Queda mucho por contar. Por ejemplo, que la Iglesia –y no la Iglesia en sí, sino determinados curas y monjas- trabajaron como captadores de padres que no podían tener hijos y que estaban dispuestos a comprarlos y recolectores de mujeres embarazadas a las que engatusaban para que les entregaran al bebé o directamente engañaban haciéndoles creen que su pequeño había nacido muerto.

P: De esa página oscura de nuestra historia parece que ha sobrevivido el miedo.
R: Ahora las madres engañadas no tienen miedo y tampoco los hijos que saben que son adoptados; ahora tienen pánico los padres que compraron a los niños. Por un lado piensan que contar la verdad supondría poner en riesgo la relación con su hijo adoptivo, o temen que este, al retomar la relación con sus padres biológicos, se olvide de los adoptivos, cosa que no ha ocurrido. Por el otro lado, muchos viven todavía con la incertidumbre de que todo esto les salpique puesto que, en su momento, sabían que estaban haciendo algo que no era legal.

P: Después de conocer estos casos se podría pensar que las adopciones que se hacen aquí de niños procedentes de otros países –se me ocurre China, por ejemplo- también estén llenas de irregularidades.
R: Los controles que existen en España hacen inviable que esto siga ocurriendo y, mucho menos, con la impunidad con la que sucedía antes, pero sí es cierto que en países asiáticos o africanos pueden existir tramas parecidas. El tráfico de niños en algunos países daría para otra investigación.

P: España es pionera en pocas cosas y resulta patético que exportemos a países con regímenes dictatoriales como el que teníamos nosotros este modelo de adopción basado, en hacerles creer a las madres que sus hijos están muertos.
R: Es muy típico en las autocracias el robo de niños y efectivamente, también se dio en la dictadura argentina o en Chile. La gran diferencia con el caso español reside en que, pese a haber sido mucho más reciente, en Argentina se ha andado mucho camino; ya hay más de seiscientos procesados y la Justicia está actuando. Aquí va todo mucho más lento.

P: ¿Por qué?
R: Me lo he preguntado muchas veces también en el tema de exhumación de fosas porque yo (Natalia Junquera) me encargo de temas de memoria histórica y lo veo. Prácticamente el día siguiente del final de la dictadura argentina, como parte del proceso fundacional de la democracia, se crearon comisiones de la verdad para esclarecer los hechos, reparar a las víctimas y hacer justicia. En España, setenta años después, el juez Garzón, que intentó investigar los crímenes del franquismo, buscar la fosa de Lorca, permitir a las familias que exhumaran los restos de padres, tuvo que irse, exiliado, a La Haya. En el fondo hay una parte del franquismo que sigue ahí, sigue viva.

P: En una información suya publicada en El País decía que el ministro de la Presidencia, Fernando Jáuregui quería hacer del Valle de los Caídos “un lugar de memoria reconciliada”. Sin quitar la cruz ni sacar los restos del dictador parece un tanto complicado. ¿Cómo se podría transformar este Valle en un lugar real con el que se identificaran todos los Caídos?
R: Esa es la papeleta que le ha endosado el Gobierno a una comisión de expertos muy heterogénea, constituida por historiadores, filósofos, juristas… hay hasta un monje benedictino. Tienen cinco meses para decidir cómo convertir ese sitio que hoy es lo que Franco quiso que fuera -un monumento a la victoria de su bando- en un lugar de memoria reconciliada que sirva para todos. Podrían, por ejemplo, convertir esa tumba faraónica que se construyó el dictador en un museo –en el caso de que lo saquen y lo lleven al mausoleo que tiene su familia-. Así lo hicieron con los centros de la tortura en Argentina. Es complicado porque el símbolo del símbolo, que es esa cruz de 150 metros se va a quedar donde está, según ha dicho el ministro.

P: En esa misma información de El País se explica que la familia de Franco no quiere mover los huesos del dictador. ¿Cuánto poder de presión puede llegar a tener la familia Franco hoy?
R: Según el Gobierno, ninguno. Si la comisión de expertos decide la exhumación del cuerpo del dictador, se hará, diga lo que diga la familia. Lo que puede ocurrir es que lleguen las elecciones en noviembre, por ejemplo, y que la decisión de esta comisión se archive en un cajón. Entonces el Valle de los Caídos seguiría como está, al menos, cuatro años más. No veo yo al Partido Popular con ganas de meterle mano a este tema.

P: Parece que la memoria y la reparación de los daños está supeditado a lo de siempre, a la política y a su color.
R: Claramente. Si lo que dicen las encuestas sobre las elecciones generales se cumple y gana el PP se presupone que seguirán en su línea de no querer hacer mucho ruido con este tema, ni mucho menos abanderar un cambio en este sentido. Dudo mucho que a Rajoy le apetezca ser el presidente de España que sacó a Franco del Valle de los Caídos. Parece que todo va a seguir igual. Medio siglo después de su muerte, el dictador resiste.

P: Los nudos los ató demasiado fuerte. Sería gracioso que Rajoy abanderara la reparación de las víctimas mientras Zapatero pasa a la historia como el socialista que aplicaba todas las medidas neoliberales que podía…
R: Sería una sorpresa sí, pero efectivamente Zapatero ha terminado haciendo lo contrario de lo que anunció en su momento. Quizás Rajoy inaugure su mandato sorprendiéndonos… No sabemos lo que pensar

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natalia-junquera-una-parte-del-franquismo-

sigue-muy-viva-todavia/

«MEDIO SIGLO DESPUÉS DE SU MUERTE, EL DICTADOR RESISTE». FOTO: SUSANA ALFONSO

La ‘Libertaria’ muere de forma oficial 75 años después

Fue asesinada por los golpistas en el 36 y, ahora, un juzgado ordena la inscripción de su fallecimiento en el Registro Civil

OLIVIA CARBALLAR Sevilla 12/07/2011

María Silva, Libertaria, superviviente de la matanza de Casas Viejas y asesinada por los golpistas en agosto de 1936, ha muerto oficialmente 75 años después. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Chiclana de la Frontera (Cádiz) ha declarado su fallecimiento legal en un auto fechado el pasado 22 de junio, al que ha tenido acceso Público, y ordena la inscripción de su muerte en el Registro Civil, como solicitó su hijo Juan Pérez Silva en mayo de 2008.

Cuando mataron a su madre, que estaba embarazada, él tenía sólo 13 meses. “Es un gran paso, estoy muy contento y muy agradecido con todas las personas que me han ayudado, pero me da pena que se haya producido tan tarde”, explica ahora con 76 años. La decisión supone un reconocimiento moral para las familias de miles de desaparecidos en la guerra civil y la dictadura, que sufrieron una doble muerte, la real y la de esfumarse de la historia.

Días después de la sublevación del 36, se dictaron órdenes específicas para no inscribir a las víctimas con la clara intención de dejar el menor rastro posible, según varias asociaciones que llevan años pidiendo que se hagan las reformas necesarias para facilitar la inscripción, entre ellas la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia y el grupo de trabajo de CGT-A. Las familias que han solicitado la inscripción casi siempre se han encontrado con un inconveniente en los juzgados: aportar testimonios presenciales, de primera mano.

En el caso de María Silva, su hijo aportó la investigación Casas Viejas. Del crimen a la esperanza. María Silva ‘Libertaria’ y Miguel Pérez Cordón: dos vidas unidas por un ideal (1933-1939), realizada por José Luis Gutiérrez, y pidió que se declarara el fallecimiento de su madre el 24 de agosto de 1936 “a causa de muerte violenta realizada por las Fuerzas del Ejército y civiles sublevados”.

En un informe del pasado 8 de junio, la Fiscalía no formula oposición alguna y la jueza Bárbara Izquierdo declara la muerte de María Silva el 1 de enero de 1947, en aplicación de la legislación de desaparecidos, según la cual se declara el fallecimiento a los diez años desde la última vez que se supo de la persona.

Testimonios presenciales

El auto contrasta con otro reciente, dictado el pasado 9 de febrero en Cabra (Córdoba), que deniega la solicitud de inscripción de la defunción de Francisco Gómez Barranco porque, al no disponer de testimonios presenciales, no se acredita su muerte. Además, a diferencia del juzgado de Chiclana, califica las investigaciones aportadas como novelas históricas.

Fruto de la campaña de las asociaciones memorialistas, el Senado acaba de aprobar una enmienda del PSOE que, en teoría, facilita la inscripción de la defunción, de forma más rápida y económica, aunque sigue siendo insuficiente para el colectivo. A Juan, que le ha costado el proceso en torno a 2.000 euros, le queda aún lo más difícil: hallar el cuerpo de su madre, uno de los casos que iba a investigar Garzón. «Ese es el paso más gordo y creo que no se va a dar», concluye. 

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/

386717/la-libertaria-muere-de-forma-oficial-

75-anos-despues

Estreno Documental

Hola.

Seguro que acercarte una tarde de jueves a la vera del Ebro, en el Parque del Agua , a compartir momentos(breves) de emoción con las gentes de ARMHA y los familiares del protagonista del documental ,»Quico», no es lo peor que puedes hacer a mediados de Julio en nuestra inmortal ciudad.

Me gustaría mucho que nos acompañaras.

Tendremos expuesta a la entrada de Arbolé nuestra exposición sobre el exilio republicano, que podéis pedirnos para exponerla en vuestro Centro Cívico o Educativo.

La introducción será breve.

El documental, no por más conciso,menos interesante o emocionante(como os decía más arriba).

También en versión de lengua de signos.

Un rato(el que queráis)para compartir después con preguntas a arqueóloga, documentalista, voluntarios y familiares.

Y finalmente, el colofón de darnos un pequeño homenaje , en un bonito paraje, donde es fácil aparcar(además)para departir con una loncha de jamón y un buen vino, hablando de futuros proyectos y de las cosas que nos interesan y nos unen(y de las otras).

Gracias por intentar acudir y acompañarnos y más todavía a los que de verdad hagan el esfuerzo y se acerquen.

No debería decirlo, pero igual hasta hay algún regalito.

Un abrazo a todos y todas.

Quique

ARMHA

ARMHA
ASOCIACION POR LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA DE ARAGON

http://armha.blogspot.com/

Inhumación de los restos y Homenaje a los antifascistas asesinados en Menasalbas (Toledo)

Federación Estatal de Foros por la Memoria, – 11 Julio 2011

El próximo sábado 16 de Julio se llevará a cabo el entierro definitivo de los 16 republicanos asesinados el 3 de Abril de 1939, en Menasalbas (Toledo), cuyos restos fueron exhumados de una fosa común clandestina durante la segunda quincena de Julio del año pasado.

El entierro se llevará a cabo a las 19:30 horas en el cementerio municipal.

Previamente se realizará un Acto Público informativo a las 17:30 horas en la Casa de la Cultura de Menasalbas

http://www.foroporlamemoria.info/2011/07/inhumacion

-de-los-restos-y-homenaje-a-los-antifascistas-

asesinados-en-menasalbas-toledo/

El próximo sábado 16 de Julio

Cuando la tierra revela la verdad

La ‘fosa de los ferroviarios’, en Gumiel de Izán (Burgos), ha dejado al descubierto los cuerpos de 59 civiles fusilados en el verano de 1936. La mayoría eran jornaleros y trabajadores del ferrocarril. Los trabajos de exhumación, que han durado 6 días, han dado paso a la posterior identificación de los restos óseos en laboratorios. Varios descendientes de las víctimas esperan poder dar sepultura digna a sus familiares

P.C. Madrid 09/07/2011

Imagen realizada a 30 metros de altura en la que se percibe la longitud de esta fosa, de unos 35 metros aproximadamente, en el paraje de La Legua, en la provincia de Burgos.

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http://www.publico.es/espana/386157/cuando-

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