Familiares de desaparecidos del franquismo reivindican sus derechos
En el Día Internacional que la ONU ha fijado para recordar a estas víctimas, el Gobierno español sigue sin cumplir las resoluciones de Naciones Unidas
PATRICIA CAMPELO Madrid 30/08/2011
Antonio Robledo Venero ha forjado los recuerdos de su padre, Desiderio Robledo Prieto, a través de la memoria de su madre y de su abuela. Ellas le contaron que el día que su progenitor salió de casa tras ser llamado a filas por el Gobierno de la Segunda República, le dejó en la cuna con un beso y un»hasta la vuelta». Pero Desiderio, de profesión leñador y natural de Potes, nunca regresó y, para mayor dolor de sus familiares, a día de hoy «no existe». Se trata de un desaparecido más, como los más de 113.000 documentados en el auto de Baltasar Garzón por el que se declaró competente para investigar estos delitos cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. «No sabemos nada de él, apenas algunas pistas que nos ha contado gente que le conoció», lamenta su hijo Antonio, de 80 años.
Entre los indicios con los que busca desesperadamente el paradero de su padre —»tengo derecho a saber», dice estremeciéndose— está el nombre del lugar de partida de Desiderio antes de unirse a su regimiento. «Debió partir para el frente desde Beranga, perteneciente al ayuntamiento de Hazas de Cesto (Cantabria) en 1936», indica Antonio. La pista se pierde por el Valle de la Lora (Burgos) donde Antonio cree que su padre pudo encontrar su destino.
El caso de Desiderio Robledo representa las miles de situaciones similares que continúan dándose por todo el mundo y para las que Naciones Unidas ha querido dedicar el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La preocupación de la organización ante el «aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo» propició fijar de manera oficial la efeméride en un día que familiares de desaparecidos ya venían recordando.
La resolución de la Asamblea General de la ONU que fija este día —a celebrar desde 2011— recuerda también el derecho a las víctimas a «conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y los resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida».
Convención «incumplida»
El 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la Convención Internacional de Protección contra las desapariciones forzadas, un tratado internacional suscrito por varios países, entre ellos España, que obliga a los Estados a esclarecer estos delitos. El Gobierno español, en cambio, no asume sus responsabilidad en este sentido, tal y como denuncian asociaciones de víctimas del franquismo.
«Se trata de un delito permanente porque el secuestro del cadáver se sigue cometiendo hasta la confesión de los autores o hasta que los restos sean encontrados con evidencias que permitan la identificación», señala Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
Para el profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III Rafael Escudero, «mientras no se investiguen las desapariciones, el Gobierno incumple sus obligaciones de Derecho internacional». La adhesión de España a la Convención de Naciones Unidas es, a juicio de Escudero, un ejercicio de «hipocresía política». «De cara al exterior, el Gobierno muestra su voluntad de sumarse a la lucha contra este crimen de lesa humanidad pero, de puertas adentro, sigue sin reconocer que estos crímenes se produjeron en España y que, por su extrema gravedad, son imprescriptibles», denuncia.
En el caso de las exhumaciones que se realizan en España, cuando las asociaciones de memoria denuncian la aparición de cadáveres con signos de violencia la práctica habitual de las autoridades es «no abrir diligencias» porque consideran el delito prescrito. A pesar de ello, el Gobierno español contestó a la justicia argentina el pasado julio que estos crímenes sí se están investigando y, de esta manera, impedir que prosiga laquerella interpuesta en Buenos Aires por familiares de víctimas del franquismo.
La ARMH, que ayer realizó un acto de homenaje a desaparecidos en Ponferrada, denuncia la «prevaricación generalizada, salvo mínimas excepciones, del poder judicial español que convive con la falta de investigación y reparación a víctimas de los delitos más graves que se han cometido en el Estado español».
La dejación de responsabilidades del Gobierno que denuncian algunas asociaciones recae directamente sobre los familiares de esas víctimas. Antonio Robledo, que apenas tiene documentación sobre su padre, no puede inscribir el fallecimiento de su progenitor en el registro civil y, por ello, no tiene acceso a las subvenciones que dispone la Ley 52/2007 de memoria histórica. Desiderio es un «desaparecido» y debido a la falta de documentos que prueban su participación en la contienda, queda fuera de los avances de la nueva ley del Registro Civil. Esta norma facilita la posibilidad de inscribir a «personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión política inmediatamente posterior siempre que, de las pruebas aportadas, pueda inferirse razonablemente su fallecimiento, aunque no sean inmediatas a éste».
Pero el grueso de las pruebas que posee Antonio son sus recuerdos: «Mis hermanos y yo éramos los hijos de los ‘rojillos’ y había tanta propaganda que llegué a creer que mi padre era malo», rememora, a la vez que confiesa que aquello le volvió algo tímido. «Mi familia siempre me habló muy bien de él, su memoria es honorable», subraya.
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del-franquismo-reivindican-sus-derechos
Siluetas de desaparecidos durante el acto de homenaje eN Ponferrada organizado por la ARMH.
A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA 