A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA

El último testigo narra «la muerte física y la desaparición jurídica» de los represaliados

@DiarioSIGLOXXI  

Martes, 7 de febrero de 2012, 20:44

– Declara también el hijo de un desaparecido en 1947, que no tuvo constancia de la muerte de su padre hasta que acudió a un notario en 1973

– La fase de prueba concluye y este miércoles las partes expondrán sus informes definitivos

MADRID, 07 (OTR/PRESS)

La prueba testifical en el proceso judicial contra el magistrado Baltasar Garzón en el juicio del franquismo ha concluido este martes. La jornada se ha cerrado con la declaración ante el Tribunal Supremo del hijo de un desaparecido en 1947, que no tuvo constancia de la muerte de su padre hasta que acudió a arreglar unos papeles a un notario en 1973. Tras las declaraciones de Antonio Solsona el último testigo ha sido Antonio Ontañón, que ha narrado como se aplicaba «la muerte física y la desaparición jurídica» a los represaliados.

Antonio Ontañón, ha narrado ante los siete magistrados que componen la Sala que a los represaliados se les aplica «la muerte física y la desaparición jurídica», pues existía la consigna de que «de los rojos no debía quedar ni rastro».

Así, Ontañón, presidente de la Asociación de la República de Cantabria y autor del libro «Rescatados del Olvido», ha manifestado a preguntas de la defensa de Garzón que esta obra, que él aportó a la causa abierta en la Audiencia Nacional, es fruto de 30 años de investigación y se refiere al periodo 1937 y 1948, que es cuando se produjo la represión franquista en Santander.

En este sentido, ha señalado que, en aplicación de la anterior consigna, se aplicó el tiro de gracia y se hizo desaparecer a cientos de personas «en la tapia oeste» del cementerio de Ciriego desde el 27 de agosto de 1936, «que es cuando las tropas de Franco entraron en Santander».

Según la investigación de Ontañón, que reflejó en su libro, de edición propia, una vez celebrados los consejos sumarísimos urgentes y dictadas las condenas y fijada la fecha de la ejecución, el jefe de piquete se personaba en la prisión provincial y decía al director el número de presos que a ejecutar, que casi siempre eran entre 13 y 16 personas.

Además, las fosas comunes, «zanjas comunes» para Ontañón, se preparaban para cien cadáveres, cada día se metían los ejecutados y se echaba cal viva encima, hasta cubrir la zanja con el centenar previsto. «Como mínimo en el cementerio civil hay 12 zanjas de éstas», ha puntualizado.

A preguntas del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez- Fresneda, el testigo ha señalado que interpusieron su denuncia en septiembre de 2008, tras conocer que en la Audiencia Nacional se había iniciado un procedimiento. «Como es lógico, nos falta tiempo para sumarnos».

El interés de esta asociación era el de «enmendar una situación arbitraria e injusta, porque se trata de crímenes contra la humanidad». Antes habían acudido al Juzgado de Torrelavega en relación con dos fosas que querían abrir, pero no les atendieron ni se personó nadie de este órgano. Tampoco han obtenido subvenciones.

La declaración de este testigo había obligado a suspender la vista por el espacio casi una hora debido a que Ontañón se encontraba volando hacía Madrid cuando fue citado por primera vez ante la Sala.

ANTONIO SOLSONA AFIRMA QUE NO SUPO DE LA MUERTE DE SU PADRE HASTA 1973

Previamente, había declarado Antonio Solsona, vecino de Castellón e hijo de un desaparecido en 1947. Se trata de la primera víctima que narra su experiencia ante el alto tribunal por hechos acaecidos años después de la Guerra Civil, por la supuesta vinculación de esta persona con los «maquis» que operaban en la zona, que su hijo niega.

Asimismo, Solsona ha llegado a señalar incluso el nombre -M. Lobo- del responsable de la Guardia Civil que se llevó de su casa a su padre y a un vecino. No tuvo constancia formal de su muerte hasta que tuvo que arreglar unos papeles en un notario en 1973, mediante un atestado de la Guardia Civil decía que tuvieron que aplicarle la denominada «ley de fugas» por intentar escaparse de camino al cuartel, pero la familia nunca recuperó su cuerpo.

Por su parte, el abogado de Garzón en esta causa, Gonzalo Martínez- Fresneda, preguntó a Solsona si creía que la detención de su padre estuvo relacionada con un «maquis» que operaba en dicho zona. «No tenía relación alguna -ha contestado el testigo-. Tres o cuatro veces vinieron y pidieron comida, poco o mucho les tuvo que dar». Además, 

Solsona denunció los hechos en la Fiscalía de Castellón pero le contestaron que «estaban prescritos».

Otra de los testigos que ha declarado ha sido Emilio Silva, dirigente del a Asociación por la Memoria Histórica, que opera en toda España, y coautor del libro «Las Fosas de Franco». Ha señalado que, en el momento de presentar denuncia en la Audiencia Nacional esta asociación llevaba ya ocho años ayudando a localizar desaparecidos.

Según Silva, su asociación tiene documentados más de 12.000 casos de desaparecidos en toda España, y si no presentaron denuncia hasta 2006 es porque «las cosas tienen que madurar». Entre otras acciones, el testigo ha narrado su denuncia de 64 casos concretos ante Naciones Unidas solicitando la aplicación del protocolo de desaparecidos de 2002.

Seguidamente, ha tomado la palabra el fiscal Luis Navajas, que es la primera vez que lo hace en este juicio para interrogar a un testigo, para interesarse por la personación de la Asociación de la Memoria Histórica en una causa abierta por una juez argentina por las desapariciones ocurridas en España entre 1936 y 1977.

«Fuimos allí porque en España se investigaron desapariciones en Argentina, y entendemos que, en virtud del principio de Justicia Universal, ello puede ser bidireccional -ha afirmado-. Si tiene que ser una juez argentina la que asuma la responsabilidad, eso es lo que queremos».

LA DEFENSA ENTREGA MULTITUD DE DOCUMENTOS SOBRE DESAPARICIONES

Por otro lado, el abogado defensor de Garzón ha entregado a los siete magistrados del Tribunal Supremo un «acopio» de decenas de resoluciones y documentos emitidos por instancias internacionales sobre desapariciones forzadas, crímenes de lesa humanidad e incluso el exdictador libio Muamar el Gadafi.

Una vez concluido el interrogatorio de dos testigos, la defensa del magistrado de la Audiencia Nacional ha explicado que ha reunido cerca de 60 documentos muy voluminosos, cuyo contenido íntegro ha entregado a la Sala en soporte digital mientras que también ha remitido copia a las partes.

En la sexta sesión del juicio por el franquismo, el abogado Gonzalo Martínez- Freneda ha subrayado que, entre este material, se incluye un comunicado de 28 de marzo de 2009 de organizaciones integradas en Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL) relacionado con la memoria histórica y la posibilidad de juzgar la historia.

Además, la relación de escritos incorpora varios requerimientos de la Oficina de Registro de la Corte Penal Internacional sobre la investigación a Gadafi después de «haber contemplado su muerte en la televisión», así como múltiples resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos o la vulneración del derecho internacional humanitario.

Finalmente, a pesar de que la defensa solicitaba que no se hiciera lectura de la querella presentada contra Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos del Jarama, el presidente del tribunal, ha admitido la propuesta de Manos Limpias.

Ahora, y una vez desarrollada también la fase documental, solo queda que las diferentes partes expongan sus informes finales y se conceda turno de última palabra a su acusado.

El abogado de Manos Limpias intentó que este último trámite se pasara al próximo lunes alegando que necesitaba tiempo tras la abundante documentación aportada este martes por la defensa de Garzón. No obstante, el presidente de la Sala, Carlos Granados, ha denegado esta petición y el juicio se reanudará este miércoles.

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El Gobierno congela el plan de reforma del Valle de los Caídos

El Gobierno socialista recibió el pasado 29 de noviembre el informe de la comisión de expertos para el futuro del Valle de los Caídos

JUANMA ROMERO Madrid 08/02/2012

El Gobierno socialista recibió el pasado 29 de noviembre, ya en tiempo de descuento, el informe de la comisión de expertos para el futuro del Valle de los Caídos. De aquel documento destacó una recomendación: exhumar los restos de Franco para llevarlos «al lugar que designe» su familia.

Ahora el Ejecutivo es del PP y el proyecto entra en vía muerta, como así vino a expresar la vicepresidenta. Cuando le preguntó en el Senado el portavoz del PNV, Joseba Zubia ayer la Cámara Alta celebraba su primera sesión de control, Soraya Sáenz de Santamaría se refugió en la búsqueda del «consenso» para sugerir que Franco no saldrá por ahora del mausoleo.

«El informe de la comisión de expertos dice que cualquier decisión al respecto deberá contar con el consenso político y social. El Gobierno trabajará de forma cuidadosa para no reabrir viejas heridas y trabajar por el espíritu de reconciliación» que alumbró la Transición. Zubia le pidió que no escurriera el bulto, que el Ejecutivo debe «hincarle el diente» al tema porque para eso el PP dispone de una amplísima mayoría absoluta.

La vicepresidenta volvió a rodear el mismo punto. Recordó que la comisión de expertos ya aconsejaba buscar acuerdos parlamentarios y a «negociar con la Iglesia» la autorización» para sacar al dictador de Cuelgamuros y que tres de los 12 miembros del grupo de trabajo rechazaron el traslado del cadáver.

«No se logró el consenso», y eso que era un consejo de sabios «designados por un Gobierno socialista», desdeñó Santamaría. Ahora bien, trabar el consenso será «difícil», avisó. Era como ponerse la venda antes que la herida

http://www.publico.es/espana/420911/el-gobierno-

congela-el-plan-de-reforma-del-valle-de-los-caidos

Santamaría, ayer.-PACO CAMPOS (EFE)

TRIBUNA: JULIÁN CASANOVA

Incómodo pasado 

NATALIA JUNQUERA Madrid 5 FEB 2012

La verdad a juicio en España. Así se titula el editorial que el prestigioso diario estadounidense The New York Times publica hoy en defensa del juez Baltasar Garzón. «España es ahora una democracia viva, pero el juicio contra Baltasar Garzón iniciado la pasada semana [el de la memoria histórica] es un preocupante eco del pensamiento totalitario de la era de Franco», asegura la cabecera para quien el juez estaba amparado por el derecho internacional cuando estableció que ante crímenes contra la humanidad no podían aplicarse leyes de amnistía. «Miles de fosas siguen cerradas», recuerda el diario.

Para The New York Times, el Tribunal Supremo «nunca debió haber aceptado este caso», abierto, recuerdan, tras la denuncia de «dos grupos de extrema derecha».

El diario llama también la atención sobre el hecho de que en España, «donde los procesos contra magistrados son poco frecuentes», un solo juez tenga tres causas abiertas, lo que «podría frenar la independencia judicial».

«El juez Garzón se hizo famoso por sus procesos contra los terroristas vascos, torturadores argentinos, el dictador chileno Augusto Pinochet y políticos españoles. Sus poderosos enemigos ahora ven la oportunidad de terminar con su carrera. El juez Garzón es a veces innegablemente ambicioso, pero procesarle por excavar en los crímenes de la era franquista es una ofensa a la justicia y a la historia. El Tribunal Supremo debe absolverle», concluye el periódico

http://politica.elpais.com/politica/2012/02/05/actualidad/

1328451036_306475.html

El juez Baltasar Garzón, en Madrid. / Sergio Barrenechea (EFE)

Programa de actuaciones de la ARMH para 2012

Tres fosas comunes, 20 biografías en la cuneta

ISABEL LANDA LÓPEZ Donostia-San Sebastián 5 FEB 2012 

Por sus manos han pasado los informes de las tres exhumaciones realizadas en Euskadi —dos en Gipuzkoa y una en Bizkaia— que dieron como resultado tres féretros vacíos. El director del Instituto Vasco de Medicina Legal, Carlos Cubero, asegura que los casos de bebés robados y las adopciones ilegales han seguido un mismo patrón. “Va a ser muy duro, pero es necesario que salga la verdad, aunque para ello hace falta voluntad”, subraya.

Pregunta. ¿Qué dicen los informes de las exhumaciones?

Respuesta. En los tres casos, el de Derio en el que el supuesto bebé se enterró en 1992, el de Itsasondo, datado en 1977, y el de Polloe, en el 74, no había restos óseos. Esto significa desde un punto de vista científico que allí no se introdujo ningún recién nacido muerto. Si lo hubiera habido, el cadáver por la descomposición hubiera acabado en restos. A los cinco años, normalmente, ya no hay tejido blando y solo queda tejido óseo que permanece para siempre en el tiempo.

P. ¿Podría haber alguna otra explicación que justifique las cajas vacías? ¿Movimientos de tierra o traslados en los panteones?

R. No. Se sacó un féretro con el deterioro natural del tiempo por las condiciones ambientales y se ve que aquello no ha sido manipulado. Insisto, si en verdad se hubiera metido un recién nacido muerto o un feto a término que fallece tras nacer, hubiera habido restos óseos.

P. ¿Qué protocolo están siguiendo los forenses vascos?

R. Entre abril y mayo de 2011, la consejera de Justicia, Idoia Mendia, nos adelantó que seguramente tendríamos que intervenir y nos planteó si estábamos preparados. La preocupación era por si había suficientes recursos y personal para ello. La respuesta fue que sí. Hay personal, medios materiales y conocimientos técnicos y científicos. A finales de junio se nos remitió un protocolo de actuación desde el Departamento de Justicia para la colaboración en los casos que sea necesaria la identificación a través de métodos científicos de investigación del ADN y la asistencia del Instituto Vasco de Medicina Legal. Se trata de aplicar un protocolo conjunto para que haya una homogeneización y una buena articulación a nivel estatal.

P. ¿Se puede caer en el error de agrupar todos los casos?

R. Hay que matizar y diferenciar unos de otros. No sé si hubo una trama, aunque todo induce a que sí. No puedo asegurarlo porque hay que investigar. El resultado nos dirá si ha habido una trama, quiénes han intervenido y la localización de esas personas que algunas han podido fallecer. Pero sí creo que las sustracciones de bebés y las adopciones ilegales han seguido un mismo patrón. No parece que se haya actuado de forma individual.

P. Hace cuatro o cinco décadas no existían los códigos deontológicos en las clínicas y hospitales que conocemos hoy. ¿Era fácil actuar de forma irregular?

R. Ahora las cosas se hacen con más rigor y hay más sistemas de control. Además, la propia sociedad es más exigente y no vive en la credulidad y en la ignorancia, dicho con respeto. En una situación tan extrema como una mujer que está dando a luz, ésta es más vulnerable. Está claro que sabían a quiénes manipular. Ahora exigimos más. Aunque sea un momento triste pedimos documentación, ver al recién nacido muerto y llevárnoslo para inhumar. Antes no se hacían las cosas así pero evidentemente se tenía que hacer como estaba establecido por el reglamento del Registro Civil. Es verdad que ahora sería impensable por los controles que hay en las instituciones y en la sociedad. Lo que es sorprendente es que haya podido ocurrir en los años 80 y 90 cuando ya existía de alguna forma ese control.

P. ¿Falta tanta documentación como se cree?

R. Todos los casos no pueden salir a la luz porque no va haber documentación suficiente para abrir las investigaciones. Esto va a generar mucha frustración porque hay muchas familias que están reviviendo las dudas que tuvieron en su día y no se pueden crear falsas expectativas. En aquella época estaba todo en papel y este aparece y desaparece, se traslada de sitio. Pero confío en que haya más documentación de la que la sociedad piensa que hay. Creo que así es, hay más de la que todos pensamos. Lo único que sí tiene que haber es sensibilización. Si estás sensibilizado intervienes con más celo. Lo que me preocuparía es que haya sectores que no quieran llegar a saber la verdad. Pero si todos a una estamos sensibilizados y ponemos nuestros conocimientos, herramientas y nos coordinamos, se puede hacer mucho más de lo que la sociedad piensa. En muchos casos no se podrá llegar a la verdad, pero en otros sí. Lo que tiene que haber es voluntad.

P. ¿La Comisión interdepartamental creada entre Sanidad, Justicia e Interior es un paso importante en la coordinación?

R. Sí. Es necesario que cada uno sepa qué actuaciones tiene que llevar a cabo pero que haya una interrelación. Esto va a permitir agilizarlo todo. La investigación siempre va a ir canalizada por el juez y el fiscal, pero no excluye para que haya unos canales de comunicación entre los operadores activos que ayude a tener más comunicación.

P. ¿Qué opinión tiene de la supuesta trama de robos de bebés?

R. Como patólogo forense y como persona, creo que hay que humanizar los casos con respeto hacia las familias, sin entorpecer las investigaciones, pero dando la justa información para sensibilizar a la sociedad con unos hechos tan brutales que cuesta creer que hayan ocurrido. Prefiero ser reservado, pero quiero que se llegue a saber toda la verdad y cuando eso ocurra probablemente nos llevemos muchas sorpresas sobre médicos, puede que religiosos y funcionarios. Saldrán nombres y pienso que nos vamos a llevar sorpresas con personas muy reconocidas a quienes se les podría imputar. También me hace pensar lo duro que va a ser cuando se llegue a saber dónde están esos niños, esas personas que no saben que fueron robados y que piensan que sus padres son los biológicos. Eso es durísimo.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/04/paisvasco/

1328380041_076496.html

El director del Instituto Vasco de Medicina Legal, Carlos Cubero, en su despacho. / TXETXU BERRUEZO

El juicio a Garzón encara su final con testimonios de más víctimas de Franco

Medio millar de personas se solidarizan con el juez Garzón

La amnesia de Isabel

Mientras Garzón es juzgado, varios familiares reciben los restos de fusilados por el franquismo

BELÉN TOLEDO Segorbe (Castellón) 03/02/2012

Isabel Martínez es una administrativa de 33 años de Paiporta, un pueblo de Valencia. Llevaba una vida tranquila hasta que, hace unos meses, recibió una llamada de Gátova (Castellón), de donde proviene su familia. Se enteró, de repente, de que, siete décadas atrás, su abuelo paterno había sido político, de izquierdas y republicano. Que había sido fusilado tras un juicio que fue una farsa y enterrado junto a otros tres hombres en una fosa común, a un metro de la tapia en la que le volaron la cabeza. De golpe, Isabel se enteró de que, tras el normal e inocente «Martínez» que acompaña su nombre, hay toda una historia de política, guerra y sufrimiento del hombre del que heredó el apellido.

Seis meses después de esa llamada, Isabel tenía ayer en su casa un pequeño ataúd. Dentro, estaba el cráneo agujereado por las balas y el resto de huesos de Bernardino Martínez Morelló, ese abuelo olvidado. Después de 73 años enterrados, los restos han sido rescatados gracias a la Ley de Memoria Histórica. Ayer por la mañana, la nieta de Bernardino, junto a los familiares de otros tres políticos que fueron asesinados junto a él, acudieron a Segorbe (Castellón), donde recogieron los cadáveres. Los cuerpos han sido exhumados, identificados y colocados en ataúdes por un equipo forense después de la larga tramitación que exige la ley. Los fusilamientos tuvieron lugar el 2 de noviembre de 1939, cuatro meses después del fin de la guerra.

El acto de ayer estuvo marcado por la coincidencia en el tiempo con el juicio a Baltasar Garzón. Desbordada por las preguntas de la prensa al respecto, Isabel prefirió no hablar del asunto: «Me reservo mi opinión». Después, contó la historia de su familia. Una narra-ción que ayudó a entender por qué la nieta de un concejal asesinado por las tropas golpistas prefiere no opinar sobre el acoso al magistrado que intentó que historias como la de su abuelo fueran investigadas por la Justicia española.

Isabel narró cómo, tras la ejecución, su abuela, la viuda de Bernardino, tomó de la mano a sus tres hijos y se fue del pueblo. Emigró a Valencia. Y se murió «sin hablar nunca de su marido». Lo mismo hizo su hijo pequeño, el padre de Isabel, que durante toda su vida mostró un desapego rallando en la urticaria hacia la política. «Su frase era la política es para quienes comen de ella», recordó ayer su hija.

El resultado es que ni ella ni su familia tenían ni la más remota idea de la historia de su abuelo. Ignoraban que fue concejal de Gátova y afiliado a Izquierda Republicana. Que fue capturado por las tropas golpistas. Y que los tres hombres con los que compartió el paredón y la fosa común eran el alcalde del mismo pueblo, otro edil y el alcalde de Teresa, otra localidad cercana. Que todos «fueron asesinados por ser cargos públicos republicanos tras un juicio que fue una farsa», en palabras de Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Memoria Histórica de Valencia, la organización que ha ayudado a los familiares a recuperar los restos.

El terror de la abuela de Isabel dio paso a una amnesia generalizada en su familia. Y a la costumbre de vivir ajenos a la participación en la gestión pública que tan cara había costado al abuelo. «Mi familia me enseñó a reservarme mis ideas y a no mezclar la política con otros temas», explicó.

Isabel fue, sin embargo, la única que no habló ayer de Garzón. El recuerdo del juez, que a esa misma hora afrontaba su juicio en el Tribunal Supremo, protagonizó casi todas las preguntas y salpicó todos los discursos. «Intentó que familiares como vosotros no tuvieran que pasar por trámites burocráticos y que el Estado asumiera las búsquedas (de los desaparecidos)», dijo Alon-so. Su imagen, sentado en un banquillo rodeado de togas y del ritual propio de la justicia, contrastaba con la del acto de entrega de los restos de los fusilados. Por la oposición de una de las familias, no hubo un ritual de despedida común a todos, ni se permitieron las banderas republicanas.

Los familiares recogieron los pequeños ataúdes en la capilla del cementerio, rodeados de flores de plástico llenas de polvo, bidones vacíos y esqui-vando una moto aparcada junto al altar. El alcalde de la localidad, del PP, ni siquiera acudió. Alegó que no había sido formalmente invitado.

La ceremonia se limitó a unos discursos breves y emocionados en el mismo lugar donde se produjo la ejecución: en un muro que en la época separaba dos huertos anexos al cementerio de Segorbe. Uno de los familiares tomó la palabra para agradecer a «todos los que han hecho posible» la recuperación de los restos de los ejecutados, que en las próximas semanas serán enterrados en las respectivas sepulturas familiarse. El actual alcalde de Gátova, el socialista Leopoldo Romero, agradeció al borde del llanto que la «democracia» haya permitido recuperar los restos de su antecesor en el cargo.

La misma democracia que, sin embargo, no logró despertar a la familia de Isabel de su letargo. Por la tarde, la nieta se dedicó a leer el dossier que el forense le había dado sobre el juicio que le costó la vida a su abuelo. Llegó, poco a poco, a una conclusión: «Creo que de estas cosas se tendría que hablar más en las escuelas». Cerca de ella, el ataúd de Bernardino Martínez esperaba, por fin, una digna sepultura.

http://www.publico.es/espana/420123/la-amnesia-de-isabel

Isabel Martínez, en el centro, con los restos de su abuelo, ayer, en Segorbe (Castellón).-JUAN NAVARRO

NATALIA JUNQUERA Madrid 2 FEB 2012 

A Pedro Solsona no le interesaba la política. No era de izquierdas ni de derechas. Sus únicas preocupaciones eran la tierra que había heredado en Vistabella (Castellón), su mujer y sus cinco hijos. Vivían aislados. “Solo teníamos tres vecinos y las noticias eran lo que te contaran ellos”, relata Antonio, su hijo, de 65 años. La Guerra Civil quedaba lejos. “Casi ni la sentimos”. Terminada la contienda, siguieron con sus vidas: su tierra, sus gallinas… hasta una noche de julio de 1947, en que recibieron una visita inesperada.

“Eran una docena, armados hasta los dientes. Dijeron que eran maquis y pidieron comida. Mis padres les dieron patatas, pan, huevos… Volvieron cuatro o cinco veces más. Se preparaban la cena, la pagaban y se iban. Alguna vez durmieron en el pajar”, relata Antonio. Las cenas con los maquis llegaron a oídos de un hombre al que los Solsona no temían porque entonces todavía no habían oído hablar de él: el capitán Lobo.

“Maximiliano Lobo era el capitán de la comandancia de la Guardia Civil de Lucena. Se presentó en casa y dijo que se llevaba a mi padre detenido. También tenía al vecino, Manolo”. El barbero del pueblo fue el último en verlos con vida. “Fue a afeitar al cuartel y vio a mi padre con la cara desfigurada. Le habían torturado”, relata Antonio, entonces un bebé.

A los tres días, el capitán Lobo subió a Pedro y a Manolo a un camión para trasladarlos a la cárcel provincial. “Pero en medio del camino les dijeron que se bajaran y los mataron. Los dejaron allí tirados. El bus que baja a Castellón pasó por allí y gente que iba dentro reconoció a mi padre”.

El capitán Lobo llamó desde el pueblo más cercano a la comandancia para decir que había dejado dos cadáveres en el camino. Que los detenidos habían intentado escapar y los había matado. “Eso es lo que dice el atestado de la Guardia Civil, pero es mentira”, cuenta Antonio. “Un pastor y su hijo lo habían visto todo: cómo se paraba el camión y cómo les disparaban una ráfaga de tiros”.

La familia supo luego, cuando Pedro Solsona ya estaba muerto, que el motivo de la detención eran aquellas patatas, pan y huevos que habían dado a los maquis. Y entonces sí, empezaron a oír hablar del capitán Lobo. “Quería que todo el mundo le tuviera terror. Daba palizas sin motivo a los pastores, y a mitad de la paliza paraba a descansar y fumar un cigarro. ‘Yo no tengo prisa’, les decía. No era muy alto, ni muy fuerte, pero estaba lleno de odio”.

Mucha gente supo lo ocurrido el mismo día, porque los cuerpos pasaron varias horas en la carretera y los vieron. “Pero a mi madre tardaron un mes en comunicárselo. La llamaron al cuartel: ‘Su marido está muerto por colaborar con la guerrilla’. Eso fue todo”. Esta es la historia que Antonio relatará en el Supremo la semana que viene. Como tantos otros, no sabe dónde fueron a parar los restos de su padre.

http://politica.elpais.com/politica/2012/02/02/actualidad/

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Antonio Solsona muestra una fotografía de su padre, Pedro, fusilado en 1947. / ÁNGEL SÁNCHEZ