A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA

LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO SUFREN UN BLOQUEO JUDICIAL DE SUS PETICIONES

EL CONSTITUCIONAL INADMITE EN TIEMPO RÉCORD LAS PETICIONES DE AMPARO EN RELACIÓN AL VALLE DE LOS CAÍDOS; ESTRASBURGO DESESTIMA DEMANDAS CON CRITERIOS EQUIVOCADOS Y EL SUPREMO NO VE DELITO EN LAS OFENSIVAS DECLARACIONES DEL DIPUTADO RAFAEL HERNANDO. EN 15 DÍAS, TRES ARCHIVOS DE TRES CASOS EN DIFERENTES TRIBUNALES DE JUSTICIA

PATRICIA CAMPELO MADRID 28/06/2014

La última inadmisión a trámite del Tribunal Constitucional sobre un caso relacionado con una víctima del franquismo, enterrada sin consentimiento familiar en el Valle de los Caídos, se ha producido esta semana, cuatro meses después desde su interposición. Este archivo pasa a engrosar la lista de solicitudes de amparo por parte de familiares que piden recuperar los restos de sus seres queridos enterrados en Cuelgamuros.

Con el cerrojazo del Constitucional se cierra la vía penal en España, siendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos [TEDH], con sede en Estrasburgo, la siguiente parada de un periplo judicial demasiado largo para quien lleva décadas esperando justicia.

«Al final, todo es una cuestión de voluntad política; y no sé qué oscuros intereses hay en el Estado español que no quieren que se toque este tema», se queja Francisco Cansado Blesa (53 años), víctima del último carpetazo del Constitucional.

Junto a su padre, Jesús Cansado Pérez, de 83 años, trata de recuperar los restos de su abuelo José Cansado Lamata, un jornalero y sindicalista de UGT, concejal de Ateca (Zaragoza) y fusilado en octubre de 1936. Sus restos fueron trasladados al Valle de los Caídos en 1959 y, según un informe de Patrimonio fechado en abril de 2010, el grupo de 81 personas provenientes de la zona de Calatayud, entre las que se encontrarían los hermanos Cansado Pérez, está ubicado en la cripta de la tercera planta a la derecha del altar mayor «en columbarios con simbología religiosa e inscripciones con un número de entrada y el lugar de procedencia». Los nombres y apellidos sólo se apuntaban en las cajas que contenían restos de falangistas o requetés.

De la mano del abogado Eduardo Ranz, hijo y nieto de la víctima solicitaron amparo ante el Constitucional el pasado 19 de febrero. Esta semana han recibido la inadmisión a trámite. El alto tribunal alega «la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo», a pesar de los que derechos vulnerados alegados por el letrado sí son susceptibles de amparo. Es el caso de la tutela judicial efectiva y de la igualdad [artículos 24.1 y 14 de la Constitución], la ausencia de recursos efectivos, la nula protección jurisdiccional y la inexistencia del derecho que tienen las personas a unirse a sus familiares, recibiendo sus restos para testimoniar su respeto y su honra. Todo, según preceptos incluidos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Además de los restos de José Cansado, la familia reclama también los de su hermano Antonio, un jornalero sin actividad política que fue retenido cuando preguntó en el Ayuntamiento por la detención de Jesús.

Jáuregui: de sacar a los muertos «nada de nada»

«No pierdo la esperanza de que algún día tropecemos con alguien de algún gobierno que nos atienda», reconoce Francisco que, junto con otros familiares, se reunió con el ex ministro Ramón Jaúregui en 2011 a propósito del informe de la comisión de expertos del Valle de los Caídos.

«Decía [Jaúregui] que había que hacer allí un lugar para la memoria y la reconciliación, pero que de sacar a los muertos ‘nada de nada’. Hablaba de reconciliación pero yo digo que no me tengo que reconciliar porque no he discutido con nadie, tan sólo quiero que me den a mis familiares. Y si quieren hacer un lugar de memoria y reconciliación, debe ser laico, pero Jáuregui decía ‘cómo vamos a quitar la cruz'», revela. «Me pareció casi más una persona del PP que del PSOE, y son socialistas las personas a las que buscamos», concluye Francisco.

Sin grandes esperanzas en el TEDH

El siguiente paso para la familia Cansado es demandar al estado español ante el tribunal de Estrasburgo, un camino en el que no se albergan muchas esperanzas. El pasado 9 de junio, el abogado Eduardo Ranz recibió la inadmisión de la demanda presentada en este tribunal por Purificación Lapeña, nieta y sobrina de Manuel y Antonio Lapeña Altabás. El primero fue detenido en los días posteriores al golpe de estado militar del 18 de julio de 1936 y asesinado en el barranco de la Bartolina. Antonio fue fusilado en las tapias del cementerio de Calatayud en octubre de ese año y arrojado a la fosa común.  En 1959, el Ministerio de Gobernación franquista ordenó a los gobernadores civiles provinciales la exhumación y traslado de los restos mortales de los dos hermanos, procedimiento que se siguió en todo el país, al Valle de los Caídos con motivo de su inauguración. Según consta en el registro de inhumaciones de la abadía benedictina, sus restos llegaron el 8 de abril de 1959 junto con otros vecinos de Villarroya de la Sierra, su lugar de origen.

«Normalmente, el TEDH suele tardar un año en responder, pero esta vez ha resuelto a los  19 días», señala el abogado Eduardo Ranz, que lleva de manera altruista estas demandas de víctimas del franquismo. La notificación con la inadmisión, firmada por la letrada del TEDH Anna María Mengual I Mallol, la recibió Ranz por correo postal ordinario, cuando la práctica habitual es el envío certificado, y en ella se esgrimen argumentaciones falsas a juicio del abogado.

Alegatos equivocados de Estrasburgo

«En primer lugar, indica el TEDH que la demanda solicita que se ordene a los tribunales españoles la toma de muestras de ADN cuando, en realidad, lo que hemos pedido es que se condene al estado español a realizar la exhumación del Valle de los Caídos», aclara. El segundo argumento de Estrasburgo es que la demanda «no contiene la formulación de los hechos», algo que Ranz niega tajantemente ya que este contenido se presentó «en un documento adjunto de 20 páginas y a doble espacio, tal y como solicita el tribunal». Precisamente, en este apartado de la demanda, el abogado incluyó otro de los argumentos utilizados después por la letrada de Estrasburgo para razonar la inadmisión. «Una absoluta contradicción», lamenta Ranz. Además, este es uno de los nuevos impedimentos del TEDH a la hora de formular demandas, ya que obliga a los demandantes a explicar su caso en 20 páginas, «cuando estas demandas no bajaban de las 180», apostilla.

En el tercer alegato de inadmisión del caso Lapeña, la letrada del TEDH resbala en la fecha en la que ella cree que comienza el plazo de presentación del recurso una vez agotada en España la vía del TC. «En el Constitucional, el recurso fue inadmitido tres veces, la primera en noviembre de 2013 y la última en febrero de 2014, y la fecha de referencia para contar los seis meses de plazo que tenemos ha sido la primera, respetando por tanto escrupulosamente los plazos», clarifica Ranz. «Además, la notificación acaba con la coletilla de que ‘no será conservado el expediente’ y que no responderán a cartas o llamadas. Así, nos indican que todo el trabajo ha ido a la basura, faltando al respeto de todas las personas que pudieran estar en situación de solicitar justicia al Tribunal Europeo, cuyo nombre recuerdo que es, de Derechos Humanos», deplora.

Criterios antagónicos en la fiscalía del Constitucional

El caso de los familiares de Purificación Lapeña puso en entredicho el criterio del Tribunal Constitucional. Al menos durante una semana. Días después de recibir el pasado noviembre la notificación del TC con la inadmisión de este caso, el fiscal Manuel Miranda presentó el denominado ‘recurso de súplica’, una potestad que tiene la fiscalía para cuestionar el criterio de inadmisión de un recurso de amparo en el TC. En este caso, Miranda recomendó que el tribunal se replanteara su opinión, ya que el fondo del asunto es trascendente y que debía justificarse su inadmisión. Una semana después, la fiscal jefe María de los Ángeles Sánchez-Conde dejó sin efecto el recurso de Miranda que, de ser aceptado, habría sentado jurisprudencia y allanado el camino al resto de casos similares.

A pesar del bache, Lapeña y Ranz presentaron dos recursos más, también inadmitidos. El segundo archivo fue firmado por la propia Sánchez-Conde, en enero de este año, y el tercero un mes después, sin rúbrica nominal. «Han sido tres escritos, tres firmas y casi tres criterios distintos», lamenta Ranz.

Para el Supremo, un «parece ser» atenúa las declaraciones de Hernando

Otra muestra de la dificultad de acceder a la justicia que tienen las víctimas del franquismo ha quedado reflejada en la inadmisión a trámite por parte del Tribunal Supremo (TS) de la querella interpuesta por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica  contra el diputado del PP Rafael Hernando.

El pasado noviembre, Hernando aseguró en un programa de televisión en una franja horario de máxima audiencia que «algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando ha habido subvenciones para encontrarlo». La Fiscalía del TS pidió apartarse del caso el pasado 6 de mayo por entender que se trata de una «querella privada» entre particulares,  a pesar de observar indicios de un delito de injurias por publicidad.  15 días después, el auto del Supremo firmado por el ponente de la sala José Ramón Soriano ha inadmitido la querella alegando que «visto en su conjunto», la expresión de Hernando de «parece ser» pertenece al ámbito de la «libertad de expresión».

Con el archivo de este caso y las inadmisiones en el Constitucional del caso Cansado y en el TEDH, del caso Lapeña, han sido tres las puertas cerrada para las víctimas del franquismo en los últimos 15 días, dejándoles en un escenario de escasas garantías judiciales.

MIEMBROS DE LA MEMORIA HISTÓRICA VUELVEN A EXCAVAR BUSCANDO DESAPARECIDOS DE LA GUERRA CIVIL

ARALDA CONFIRMÓ QUE HAN ESTADO BUSCANDO EN GARAFÍA SIN ÉXITO DE MOMENTO

FIRMADO UN CONVENIO ENTRE EL CABILDO Y LA ASOCIACIÓN DE LA MEMORÍA HISTÓRICA

Actualizada el 27 de junio de 2014

El presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, y la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Historia de La Palma, Aralda Rodríguez, han firmado este vienes un convenio por importe de 10.000 euros que servirá para identificar mediante pruebas de ADN los restos de fusilados de la Guerra Civil que se encuentran enterrados en los cementerios de Los Llanos y Fuencaliente y para seguir buscando a más desaparecidos en la la Isla.

Pestana indicó que con la firma de este acuerdo el Cabildo «da un pequeño paso de justicia con una asociación que lleva años luchando por seguir recuperando los restos mortales de quienes fueron asesinados tras el triunfo del golpe en el año 36 y que derivó en una guerra civil».

Recordó que después de una semana de lealtad a la República hubo un ensañamiento especial con muchos palmeros cuyo único delito era ser simpatizantes de sindicatos o de fuerzas republicanas o de izquierdas, así que «damos un pequeño paso para financiar los costos de identificación mediante ADN de los restos mortales que ya se han recuperado y también con la posibilidad de seguir buscando en otros puntos donde sabemos que hay más restos». Una labor que, indicó, hay realizar y que «esperamos continuar en los próximos años porque es una razón de justicia con quienes perdieron la vida, y por respeto a sus familias, para que podamos descansar todos y darle la sepultura con su identificación que es lo mínimo que pedimos de cualquier ser humano».

El presidente insular señaló que poco a poco la sociedad e incluso los partidos que no estaban por la labor, los van viendo como razonable porque «este tema se está abriendo paso en el corazón y en la memoria de la gente». Por lo que «esperamos que estos recursos sean eficaces y permitan continuar con la identificación». Pestana recordó que él estuvo en el acto de Fuencaliente, en el que se le dio sepultura a siete de los cuerpos encontrados en dos fosas comunes en el Pino del Consuelo de Fuencaliente y «ahora falta culminarlo con la identificación».

Aralda Rodríguez, Lala, dio las gracias por la ayuda al Cabildo porque «la necesitamos para identificar a estas personas que todavía no sabemos quiénes son». «Hace poco me han dicho que mi padre está enterrado en Los Llanos con cinco personas más pero con las pruebas que se hicieron en el 94 no eran seguras y ahora con el ADN ha aparecido ahí y yo deseo traerlo donde yo quiera».

Rodríguez contó que la semana pasado estuvieron excavando cuatro días en Garafía, en el barranco de Mejas, pero «desgraciadamente no encontramos nada aunque vamos por el bueno camino porque nos han dicho que por esa zona hay restos. Se nos han ofrecido a hacer los trabajos con una pala y vamos a ver si a finales de julio podemos volver y sacamos a esas personas porque una nieta de un señor que está enterrado ahí tiene muchos deseo de recuperar a su abuelo, y luego queremos buscar en otras partes de la Isla que no hemos estado porque nos hacen falta recursos». En este sentido, manifestó que «toda la ayuda que nos den siempre será bienvenida venga de donde venga», dijo Aralda.

Además de en Garafia, tienen intención de seguir buscando en Fuencaliente y Mazo, porque sigue faltando mucha gente. En total, fueron 52 los desaparecidos en La Palma.

http://www.elapuron.com/noticias/sociedad/12647/miembros-de-la-memoria-histrica-vuelven-a-excavar-buscando-desaparecidos-de-la-guerra-civil/

Momento de la firma del convenio entre el Cabildo y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de La Palma para indenficar restos de fusilados de la Guerra Civil.  |  publicada por: redaccion

IDENTIFICAN RESTOS DE CINCO VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL HALLADOS EN UNA FOSA

VALLE SÁNCHEZ / TOLEDO / DÍA 28/06/2014

EL VIERNES SE ENTREGARON A SUS FAMILIARES EN UN ACTO CELEBRADO EN EL AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA DE LA SAGAR

Cinco familias de Añover de Tajo, en Toledo, han logrado casi ochenta años después identificar a sus familiares que fueron fusilados durante la Guerra Civil. Todo comenzó en el año 2008, cuando la familia Díaz-Guerra, de Alameda de la Sagra, acudió al despacho del abogado toledano Fernando Garrido para pedirle ayuda sobre el exhumación de los restos de varios fusilados por las tropas llamadas nacionales en las tapias del cementerio de Añover de Tajo en el año 1937. Al parecer, habían sido asesinadas unas doce personas, entre ellasMariano Díaz-Guerra, que fueron enterradas en una fosa común en el exterior del cementerio.

Así, el letrado solicitó al alcalde de Añover de Tajo, Alberto Rodríguez, de IU, con base en la llamada Ley de Memoria histórica, el examen de los restos para una posible identificación. Tras varios meses de incomprensible silencio, el alcalde cedió ante la presentación de una reclamación previa en vía adminstativa y accedió a la entrega de los restos que fueron trasladados a la Universidad Autónoma de Madrid, en donde el profesor y antropólogo forentes Angel Fuentes comenzó a trabajar en su identificación.

Tras varios años de un intenso y escrupuloso estudio, el equipo del profe Fuentes, formado por Sara Martín, José Carlos Timón, Angel Mora y Filippo Scalisi, concluyó su trabajo recientemente y han logrado identificar plenamente a cinco de los fusilados, entre ellos, Mariano Díaz-Guerra. El trabajo del equipo del profesor Fuentes ha sido objeto de un Master que será presentado en los próximos días.

El viernes, por fin, en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Almeda de la Sagra se procedió a la entrega de los restos a los familiares. Posteriomente, se desplazaron a Añover de Tajo para hacer entrega de los restos no identificados al alcalde del pueblo, quien, según denuncian las familias, en este tiempo «se ha negado a atender las peticiones de los familiares para que el acto de entrega se realizara en el lugar donde fueron fusilados». Ahora, tras recibir los restos tendrá que depositarlos en un lugar digno. En los últimos días se ha identificado a un joven de 17 años que se llamanba Chicelino y quien, al parecer, tenía un hermano que murió en la residencia de Santa Casilda de Toledo.

http://www.abc.es/toledo/20140628/abcp-identifican-restos-cinco-victimas-20140628.html

ABC / El equipo del profesor fuentes, formado por Sara Marín, José Carlos Timón, Ángel Mora y Filipp Scalisi

LA COMARCA DE CINCO VILLAS, A PROPUESTA DE CHA, PODRÁ LOCALIZAR E IDENTIFICAR LOS RESTOS DE LAS VÍCTIMAS REPUBLICANAS

LA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, A PROPUESTA DE CHA, VA A DIRIGIRSE A LOS AYUNTAMIENTOS DE ESTA COMARCA PARA QUE CONCEDAN LAS CORRESPONDIENTES AUTORIZACIONES PARA LAS ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS RESTOS DE LAS VÍCTIMAS REPUBLICANAS.

Alberto Celma, portavoz de CHA, señala que “se sabe que en Lobera de Onsella fueron enterraron vecinos de Uncastillo, en Luesia hay fosas comunes con 16 personas; en Longas dos fosas con maquis; también hay una fosa común en Sádaba donde se enterraron a 19 personas y siete personas que fueron asesinadas en el Corral del Gil está enterrados en una fosa en Uscastillo. Son muchas personas y lo único que pedimos es dignidad para todas ellas y reposo y tranquilidad para sus familias”.

Celma recuerda que “en este momento en España, en las cunetas, en los bosques, junto a tapias de cementerios, hay enterradas más de cien personas civiles republicanas tras ser asesinadas en la Guerra Civil y durante el franquismo y cuando se acaba de cumplir 75 años del final de la contienda, las asociaciones para la memoria histórica anuncian que hay ayuntamientos que no conceden autorizaciones administrativas para poder llevar a cabo la exhumación de los cadáveres”.

El portavoz de CHA señala que la propuesta de su grupo es para evitar que se produzcan estas situaciones. “No podemos tener a personas de 93, 96 0 100 años mendigando que se exhumen los cuerpos de sus familiares que fueron asesinados y desaparecidos”.

http://www.chunta.org/comunicacion/noticias/leer/1485/la-comarca-de-cinco-villas-a-propuesta-de-cha-podra-localizar-e-identificar-los-restos-de-las-victimas-republicanas/

EL TC IMPIDE RECUPERAR LOS RESTOS DE DOS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

VUELVE A INADMITIR UN RECURSO DE AMPARO PRESENTADO, ESTA VEZ, POR LA FAMILIA DE DOS JORNALEROS DESAPARECIDOS EN SEPTIEMBRE DE 1936 Y ASESINADOS UN MES DESPUÉS. EL TRIBUNAL CONSIDERA QUE «NO SE HA VULNERADO NINGÚN DERECHO FUNDAMENTAL».

PATRICIA CAMPELO MADRID 26/06/2014 

José Cansado Lamata era un jornalero de Ateca (Zaragoza), afiliado a la UGT, que desapareció tras ir a prestar declaración al ayuntamiento de su localidad, en septiembre de 1936. Fue fusilado un mes después. Su hermano Antonio, sin afiliación política, fue detenido y asesinado también en octubre de ese mismo año. Ahora, el hijo y el nieto de José reclaman recuperar los restos de sus familiares, trasladados ilegítimamente al Valle de los Caídos en los años 50, pero les acaban de cerrar la última puerta que han tratado de cruzar en la justicia española: la del Tribunal Constitucional.

El recurso de amparo presentado por Jesús Cansado Pérez (nieto) y Francisco Cansado Blesa (hijo) el pasado marzo ha sido inadmitido por el alto tribunal alegando «la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo», según la notificación a la que ha tenido acceso Público.

«Esto significa que, jurídicamente, las instancias anteriores a las que acudimos (el juzgado de San Lorenzo de El Escorial y la Audiencia Provincial de Madrid), en sus fallos no vulneran los derechos fundamentales de la Constitución, que es lo que formalmente habilita para admitir o no un caso en el Tribunal Constitucional», explica Eduardo Ranz, abogado que ha asistido a la familia.

«En el recurso de amparo se tiene que alegar la vulneración de alguno de los derechos fundamentales comprendidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución. Nosotros alegamos la falta de tutela judicial efectiva [artículo 24.1]», aclara .

José Cansado tuvo un cargo de concejal suplente en el consistorio de Ateca tras las últimas elecciones municipales de la Segunda República. Tras la falta del edil titular, Cansado acabó ocupando su puesto. El 22 de septiembre de 1936, el alguacil del pueblo le notificó que se presentara esa misma tarde en el ayuntamiento, donde fue retenido junto a otros hombres de la localidad. Al día siguiente, se llevaron a todos en un camión hasta Calatayud, incluido Antonio, hermano mayor de José Cansado. El 30 de octubre fueron fusilados durante su traslado a Zaragoza.

Tras la inadmisión de este caso por parte del Tribunal Constitucional, la Fiscalía podría interponer recurso de súplica en el plazo de tres días. De no ser así, se archivarían las actuaciones, quedando como último recurso la elevación de la denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, desde hace años, está inadmitiendo a trámite casos similares.

Aun así, Eduardo Ranz confirma que acudirán a Estrasburgo antes de seis meses, el plazo legal marcado para mandar el caso ante el TEDH.

http://www.publico.es/politica/530490/el-tc-impide-recuperar-los-restos-de-dos-victimas-del-franquismo-del-valle-de-los-caidos

El valle de los caídos en una foto de archivo– EFE

CAMPAÑA DE MECENAZGO PARA LA EXHUMACIÓN DE LA FOSA DE ESTÉPAR

POR BURGOS DIJITAL

Indicando vuestro nombre y el texto: «Monte de Estépar»

Incluso si alguien no está muy puesto en nuevas tecnologías o no puede hacer el ingreso se puede pasar por el Espacio Tangente y entregarlo en mano, ya que ellos se pueden encargar de tramitar el ingreso.

La exposición seguirá abierta hasta el 31 de julio.

Por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo.

DIEZ CASOS EN LOS QUE LA JUSTICIA IGNORA FOSAS DEL FRANQUISMO

UNAS 40 FOSAS DE LAS MÁS DE 600 QUE EXISTEN EN ANDALUCÍA HAN SIDO EXHUMADAS Y, DE ÉSTAS, EN APENAS UNA CUARTA PARTE LA APARICIÓN DE RESTOS HUMANOS LLEGÓ HASTA INSTANCIAS JUDICIALES.

LOS JUZGADOS TERRITORIALES SUELEN SOBRESEER LOS CASOS DENUNCIADOS APLICANDO LA LEY DE AMNISTÍA O LA TEÓRICA PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS DE ASESINATO.

JUAN MIGUEL BAQUERO 

¿Cuántas exhumaciones de fosas del franquismo se han denunciado en juzgados andaluces? Apenas una cuarta parte de los 40 trabajos arqueológicos que arrojaron restos de víctimas del alzamiento gopista. En Andalucía, hay más de 600 sepulturas de la guerra civil y la dictadura. ¿El resultado de las denuncias? Carpetazo a las investigaciones. En alguna ocasión, el juzgado territorial ordenó el levantamiento del material óseo. En otros, abrió diligencias previas que acabaron sobreseídas. Como muestra, diez casos en los que tribunales ignoran crímenes de desaparición forzada.

Para el juez territorial en el que recaiga el trámite, la aparición de personas con signos de muerte violenta no es motivo de juicio. La autoridad judicial suele escudarse en la Ley de Amnistía de 1977, en la teórica prescripción de los actos represivos (son considerados delitos comunes y no de lesa humanidad) o que, por el tiempo transcurrido, no exista a quién imputar el crimen. Ha ocurrido así en las últimas denuncias por aparición de víctimas del franquismo en Encinasola (Huelva) y Coria del Río (Sevilla). Antes, hubo precedentes similares en El Marrufo (Cádiz), Cañete la Real (Málaga), Zalamea la Real (Huelva), La Puebla de los Infantes (Sevilla), Víznar, Órgiva e Íllora (Granada) o Almería.

«No existiría a quién exigir responsabilidad penal», alega el Juzgado de Aracena

Después de varios años de búsqueda, Juan Landero apareció en la finca municipal Dehesa La Atalaya. Landero fue asesinado en 1936, poco después del estallido golpista, y en presencia de su familia. La búsqueda, promovida por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Coria (ASREMEHCO) con la participación de la dirección general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, concluyó con éxito y el caso recibió el protocolo establecido para exhumaciones públicas: denuncia a la autoridad policial. El Juzgado Número 1 de Coria ordenó el levantamiento de los restos. También abrió diligencias previas, que cerró días más tarde. No consumó ningún tipo de investigación.

El Juzgado Número 2 de Aracena, sobre la fosa de Encinasola, basó el sobreseimiento de la causa en que «no existiría a quién exigir responsabilidad penal al haber transcurrido más de 70 años», según el auto emitido por la jueza titular. La Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA), con el apoyo económico de la Diputación de Huelva, había localizado cinco cuerpos en labores dirigidas, como en Coria, por la arqueóloga Elena Vera y el antropólogo forense Juan Manuel Guijo. La denuncia, en esta ocasión directamente en sede judicial, se realizó el pasado 20 de noviembre. «Aún llegándose a calificar los hechos como la más grave de las infracciones contra la vida humana, asesinato, éstos habrían prescrito por el transcurso de más de 20 años», abunda la magistrada en una resolución fechada el 11 de febrero.

in embargo, una actuación emblemática como la del cementerio de San Rafael en Málaga nunca ha sido llevada a la justicia. Con la participación de todas las administraciones públicas, desde la local a la estatal, se exhumaron 2.840 víctimas de las más de 4.500 que albergaba la considerada mayor fosa común de España. El caso, aún en la actualidad, sigue sin pisar juzgado alguno. A principios de mayo, por otro lado, en la fosa común del cementerio de El Madroño (Sevilla) se localizan 29 personas arrojadas en un sepulcro de unos dos metros de ancho por once de largo, en un trabajo promovido por la dirección general memorialista, el Ayuntamiento local y AMHyJA en el que no se descarta encontrar más restos humanos «en las superposiciones de los cuerpos». La comunicación judicial llegará en unos días, una vez finalizado el informe técnico extraído del enterramiento colectivo.

La aparición de asesinados durante la guerra civil no desemboca en una investigación judicial

En el Barranco de Víznar, la Junta de Andalucía fue la primera institución del Estado que, en julio del 2013, comunicó a un juzgado evidencias de crímenes franquistas. La Administración Autonómica calificó la actuación de «paso histórico» y repitió el proceso en Cañete la Real(Málaga). La intención era que la judicatura interviniese y ordenase las exhumaciones, algo que no ha ocurrido hasta ahora. Todo lo contrario, los casos acabaron siendo archivados. Como en el sepulcro de Tocón, en Íllora. El Juzgado de Loja ordenó el levantamiento de los restos. Se espera, hasta ahora, un paso más de la justicia.

El periplo judicial de los crímenes franquistas en Granada tiene parada también en Órgiva. La aparición de «un cráneo con un claro impacto de bala con orificio de entrada y salida» lleva al Ayuntamiento a comunicar los hechos. Corría el año 2003 y se trata, recuerda el coordinador del grupo memorialista de CGT, Cecilio Gordillo, de «la primera denuncia de este tipo en una de las primeras exhumaciones públicas durante la que mantuvimos contacto directo con la consejería de Justicia de la Junta de entonces». La Policía Judicial traslada los restos óseos a la capital granadina para su estudio. Al final, el juez sobresee el caso. En el año 2006, una excavación enZalamea la Real descubrió los cuerpos de un matrimonio ejecutado en julio del 37. Eran Rosario Palmar y Francisco Caballero. Tras informar a la Guardia Civil, el proceso recayó en el Juzgado de Aracena. Sin resultado, hasta hoy.

El caso no prosperó, como en La Puebla de los Infantes ( Sevilla), con una denuncia de familiares de cinco asesinados que se recurrió ante el Juzgado de Lora, que la había sobreseído previamente. En Almería, en 2009, la información llegó hasta Naciones Unidas donde los promotores de las tareas exhumatorias fueron «recibidos por el Alto Comisionado para Desapariciones Forzosas, los familiares y el abogado, Pablo Gutiérrez», indica el arqueólogo Juan Luis Castro. Había aparecido una víctima del franquismo. A día de hoy «no hemos recibido contestación», subraya. También hubo denuncia en la fosa del cortijo El Marrufo. Allí se buscaron más de 600 asesinados aunque sólo han llegado a rescatarse hasta ahora 28 víctimas. «La jueza», recuerda Castro, dijo que había «prescrito el delito», que ahora forma parte de la denominada Querella Argentina que investiga crímenes cometidos en España desde 1936 a 1977.

http://www.eldiario.es/andalucia/casos-juzgados-andaluces-ignoran-franquismo_0_267724228.html

Restos humanos aparecidos en la fosa común de Encinasola (Huelva) // Foto: JUANMA GUIJO

ENCONTRADOS TRES CUERPOS EN LOS PRIMEROS TRABAJOS DE EXHUMACIÓN EN LA FOSA COMÚN DE PUERTO REAL

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN POR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y SOCIAL DE PUERTO REAL, FRANCISCO ARAGÓN, DESVELA QUE SE HAN ENCONTRADO TRES CUERPOS –UNO DE ELLOS CON UN ORIFICIO DE BALA EN LA CABEZA– EN LAS PRIMERAS ACTUACIONES DEL PROYECTO DE EXHUMACIÓN DE CADÁVERES DE LA FOSA COMÚN DE LA GUERRA CIVIL EN PUERTO REAL (CÁDIZ), Y SEÑALA QUE LA FOSA ESTÁ SIENDO CUSTODIADA POR ORDEN JUDICIAL HASTA QUE SE ELABORE UN INFORME.

EUROPA PRESS. 24.06.2014

El presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica y Social de Puerto Real, Francisco Aragón, desvela que se han encontrado tres cuerpos —uno de ellos con un orificio de bala en la cabeza— en las primeras actuaciones del proyecto de exhumación de cadáveres de la fosa común de la Guerra Civil en Puerto Real (Cádiz), y señala que la fosa está siendo custodiada por orden judicial hasta que se elabore un informe.

En declaraciones a Europa Press, Aragón detalla que fue este lunes 23 de junio cuando comenzaron los trabajos para exhumar los cuerpos de la fosa común sita en las inmediaciones del cementerio de San Roque, en Puerto Real, con la presencia de un arqueólogo, dos representantes de la asociación y un asesor de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía.

Fruto de esos trabajos se han hallado tres cadáveres, uno de los cuales presentaba un orificio de bala en la cabeza, encontrándose asimismo el casquillo de bala. El informe que la autoridad judicial ha solicitado será el que determinará «si se sigue adelante y si son restos de personas asesinadas durante la Guerra Civil, como estima la asociación».

Se trata de un paso «previsto» por la asociación en el proceso de desarrollo de los trabajos. Así, este miércoles continuarán los trabajos para la exhumación de los tres cadáveres inicialmente descubiertos y, una vez se completen estas exhumaciones, el desarrollo de los trabajos se someterá al informe solicitado por la autoridad judicial.

Aragón estima que en la fosa, de unos treinta metros, «tiene que haber más de una capa de cuerpos, ya que de los tres encontrados dos están a un mismo nivel y otro por debajo», ya que además han aparecido «restos de cal viva, que es lo que usaban como estrategia par descomponer cuerpos». La exhumación de los cadáveres que se estima se encuentran en esta fosa supone «la culminación del último objetivo que tenía la asociación».

Aragón resalta que «una vez que concluyan los trabajos de exhumación, se hará un análisis de ADN a los cadáveres y automáticamente la asociación se pondrá en contacto con los familiares», y explica que «una vez todo se contraste, los parientes se llevarían los cuerpos de sus familiares para enterrarlo como creyeran conveniente».

Ante la posibilidad de que haya cuerpos de los que se encuentren que no sean reclamados por familiares, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica y Social de Puerto Real tiene previsto enterrarlos, si los hubiere, en los alrededores del monolito de la asociación en el cementerio de San Roque.

http://www.20minutos.es/noticia/2175474/0/

LOCALIZADOS EN MALLORCA LOS CUERPOS DE TRES HOMBRES FUSILADOS EN 1936

LA IDENTIFICACIÓN ES SEGURA, AUNQUE FALTA DETERMINAR A QUIÉN CORRESPONDE CADA CADÁVER

MARISA GOÑI / PALMA

SÁBADO, 21 DE JUNIO DEL 2014

Los cuerpos de tres agricultores mallorquines asesinados por los fascistas en 1936 han sido localizados en una fosa del cementerio deSant Joan. Se trata deMiquel Salom, Joan Gual y Jaume Gual, simpatizantes de UGT y Esquerra Republicana. Uno de ellos tiene cinco impactos de bala y los otros dos tres cada uno, según ha explicado la coordinadora del equipo de arqueólogas y antropólogas que han colaborado de forma altruista con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Cristina Rihuete.
«Hoy se ha hecho historia de verdad», afirmaron ante los restos Isabel y Joana Gual, familiares de uno de ellos, que han ido al cementerio cada día desde que el pasado lunes se iniciaron las excavaciones.

Aunque está pendiente la prueba de ADN, la identificación es segura al cien por cien, según los técnicos, por las características del caso. Se ha contado con documentación judicial, ya que cuando ocurrieron los hechos se abrieron diligencias y se tenían referencias claras. Los tres, naturales de Maria de la Salut, fueron capturados en la noche del 15 de octubre del 36 y conducidos en un camión. Los mataron en las cuestas del Xorrigo, en la carretera que une Palma y Manacor, y los tiraron a un pozo. Los encontró un pastor y finalmente fueron enterrados en una fosa del cementerio de Sant Joan. Falta saber a quién corresponde cada uno de los cuerpos, lo que llevará un proceso que puede durar un año.

Se trata de la primera exhumación de fosas del franquismo que se hace en Mallorca, donde hay localizadas 47 e identificadas 1.500 víctimas. Según explicó la portavoz de Memoria Histórica de Mallorca, Maria Antònia Oliver, han dado parte del caso en el Juzgado de Manacor para que lo tramiten según la legislación vigente. «Se ha demostrado que es posible» ha sostenido la alcaldesa del municipio, Catalina Gayà, quien ha contado con el apoyo de todos los grupos municipales en esta iniciativa que confía en que otros secunden para «normalizar nuestra historia».

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/localizados-mallorca-cuerpos-tres-hombres-fusilados-1936-3321285

MARISA GOÑI – Una arqueóloga, ante los restos de los tres hombres.

DOS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO DECLARAN POR PRIMERA VEZ EN UN JUZGADO DE MALLORCA

LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN MEMORIA DE MALLORCA, MARIA ANTÒNIA OLIVER, HA DESTACADO LA IMPORTANCIA DE LAS COMPARECENCIAS PORQUE ES LA PRIMERA VEZ QUE DOS VÍCTIMAS HAN PODIDO DECLARAR DIRECTAMENTE EN UNA SEDE JUDICIAL ESPAÑOLA

EFE PALMA 19/06/2014 13:13 ACTUALIZADO: 19/06/2014

Dos hijas de víctimas de desapariciones forzosas ocurridas en 1936 y 1937 en Mallorca han prestado hoy declaración en un Juzgado de Instrucción de Manacor por la llamada querella argentina contra los crímenes del franquismo, en la primera ocasión que pueden relatar sus casos ante la Justicia española.

La presidenta de la Asociación Memoria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha destacado la importancia de las comparecencias porque suponen que por primera vez dos víctimas han podido declarar directamente en una sede judicial española, en sus propios juzgados territoriales, sin necesidad de hacerlo por vídeo-conferencia o desplazándose a Buenos Aires y sin la asistencia de la juez que inició e instruye actualmente la causa en Argentina.

Según Oliver, «esto significa que la justicia española está colaborando y abre el camino para seguir el proceso» en España. «Por primera vez víctimas del franquismo pueden declarar ante la Justicia española por lo ocurrido y esto es importantísimo», ha insistido.

La Asociación Memoria de Mallorca forma parte de la coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina (CEAQUA) contra los crímenes del franquismo, que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Argentina, cuya titular es la jueza María Servini de Cubría.

La primera en prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Manacor, en labores de auxilio judicial internacional, ha sido Catalina Moyá, hija de Baltasar Moyá Bauzá, militante del Partido Socialista de Capdepera que fue detenido en 1936 y desapareció unos meses después. Catalina Moyá ha relatado sus recuerdos y lo que le contó su madre acerca de lo ocurrido a su padre. «Mis recuerdos son que vinieron a buscarlo cuatro falangistas y se lo llevaron. Mi madre estuvo un mes sin tener noticias suyas y luego supo que estaba detenido en el barco de Jaime I, en el puerto de Palma», ha dicho.

La mujer, tras prestar declaración, ha contado también que a su padre «después lo pasaron a la cárcel, al almacén de maderas apodado Can Mir en Palma». «Decían que lo pusieron en libertad el 15 de enero del 37, pero la libertad fue que por la noche lo asesinaron», ha afirmado. La hija del desaparecido ha explicado que creen que fue enterrado en una fosa del cementerio de Porreres.

Catalina Moyá confía en que este proceso judicial le permita: «conseguir abrir la fosa de Porreres donde están los restos de mi padre para poder enterrarlos de manera digna junto a los de mi madre». «Tengo esperanzas de conseguirlo», ha expresado.

Posteriormente ha prestado declaración Francisca Mas, hija de Joan Mas, de Izquierda Republicana, que fue el último alcalde republicano de Montuïri. Detenido en su domicilio y asesinado en Palma en setiembre de 1936, fue enterrado en las fosas comunes del cementerio de Palma.

Maria Antònia Oliver ha explicado que la voluntad de las dos mujeres que han declarado y de otras víctimas del franquismo es «conocer la verdad y recuperar los restos de sus familiares». «Poder declarar ante la justicia y conocer la verdad ya es una reparación», ha subrayado Oliver.

Otra víctima ha sido citada a declarar el día 27, en el Juzgado de Instrucción número 4 de Palma en este mismo proceso.

Estas declaraciones derivan de la querella interpuesta en 2010 ante el Tribunal Oral Federal de Argentina, creado especialmente para la defensa de los Derechos Humanos, por parte de un grupo de exiliados españoles por los crímenes cometidos por el franquismo.

http://www.publico.es/politica/528756/dos-victimas-del-franquismo-declaran-por-primera-vez-en-un-juzgado-de-mallorca

Concentración de víctimas del franquismo delante de la Audiencia Nacional.EFE