A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA

LA PESADA LOSA DE HORMIGÓN SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA EN LA CIUDAD DE VALENCIA

MIGUEL MEZQUIDA FERNÁNDEZ.

ARQUEÓLOGO Y DIRECTOR EN GRMHV (GRUPO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE VALENCIA).

Después del emotivo Acto de Homenaje a la República y a los familiares de Teófilo Alcorisa que se realizó el pasado domingo 13 de abril en el Cementerio General de Valencia con la presencia de Baltasar Garzón, un amigo me comentaba: “… Lo fácil que es borrar las huellas materiales. Cómo una acción premeditada puede ocultar un hecho y que a la vuelta de unas pocas generaciones o incluso a lo largo de la vida de una sola persona puedan haberse olvidado por completo estos hechos, si no existen mecanismos y fuerzas que contrarresten mediante una Memoria Histórica”.

La verdad es que ese es el objetivo principal de la, para algunos mal llamada, Memoria Histórica o también Memoria Democrática, la recuperación de la memoria de los grupos étnicos, políticos o sociales vejados por la historia o por los que la escribieron.

Cierto es que esta labor memorialista está sujeta, la mayoría de las veces, a un profundo activismo social orientado a acabar con los estereotipos y verdades “per se” arraigadas en la cultura dominante; pero no es menos cierto que la historia como ciencia de la memoria ha sido constantemente manipulada a favor de los vencedores o de las élites perpetuadas en el poder a lo largo de los tiempos.

Como arqueólogos o como historiadores y acercándonos a una objetividad científica debemos rescatar esas huellas materiales, en un esfuerzo de investigación, que nos permita conocer la verdad y, a través de ella, lograr la reconstrucción, reparación y dignificación de la memoria de estos grupos denostados por la historia.

Sin embargo, este ya de por sí difícil trabajo se convierte en una lucha titánica como contra los molinos a los que se enfrentaba “El Quijote”, cuando se intenta rescatar del olvido la verdad de los hechos de la represión franquista en la ciudad de Valencia. En esta ciudad de las grandes construcciones de Calatrava, toneladas de hormigón también han servido en este caso para sepultar la Memoria de los “vencidos”. Tanto en sentido figurado, por la constante negativa del gobierno local que ha impedido llevar adelante cualquier actuación memorialista, como en el sentido físico del hormigón vertido con la complacencia del consistorio municipal en algunos cuadrantes del Cementerio General (Cuadrante 5º Izquierda), donde se encuentran en fosas comunes los cuerpos de centenares de represaliados.

Y es que, si en España existe un ayuntamiento insumiso a la vigente Ley de la Memoria Histórica¹, ese es el de la capital de la “tierra de la flores, de las luces y del amor” como dice la canción. Siendo uno de los casos más flagrantes el de la familia Alcorisa, que lleva casi una década luchando por recuperar los restos de Teófilo Alcorisa Monleón, situados con bastante probabilidad en el Cuadro 3 F del Cuadrante 4º Izquierda del Cementerio Civil del Cementerio General de Valencia.

Resumiendo un poco la situación actual del caso Alcorisa, tras varios años en los que se han alternado el silencio administrativo y los impedimentos técnicos planteados desde los despachos del consistorio al proyecto inicial, hasta el punto de hacerle perder a la familia una subvención estatal para llevar a cabo los trabajos de excavación y de exhumación, ahora resulta que desde el gobierno local se solicita un proyecto arqueológico para continuar con los trámites de gestión de los trabajos. Alargando sobremanera la concesión de unos permisos que con buena voluntad de las autoridades son remitidos a los interesados en pocas semanas o en un par de meses a lo sumo.

Esta vez, la nueva traba burocrática planteada es la adecuación del proyecto para conseguir los permisos arqueológicos de excavación, que si bien la vía arqueológica es una de las más frecuentes para la concesión de las licencias para la recuperación de restos de represaliados y comprendida tanto en la Ley de Memoria Histórica como en el Protocolo Nacional de Actuación², no es la única, ya que se han concedido también en innumerables casos los permisos de exhumación por el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria³.

Pero, independientemente de la vía, y de que existe cierta discrepancia entre cuál de las dos es la más idónea para conseguir la judicialización de los casos de asesinato (en mi modesta opinión “tanto monta, monta tanto” mientras la metodología sea científica, se mantenga la cadena de custodia y los trabajos sean supervisados por especialistas forenses), la realidad es que como no hay voluntad entre la casta judicial y parte de la casta política de juzgar estos crímenes, los trabajos no llegan más allá de la reparación moral de los familiares y de la dignificación de las víctimas. Pero como recientemente también decía en una entrevista Francisco Etxeberria⁴, nosotros seguiremos recogiendo los restos con metodología científica por si alguna vez la Justicia decide actuar en España.

Fuera de estas discusiones, a veces estériles y llenas de egos, en la que podamos entrar los profesionales del sector, todos sabemos y comprendemos que en este tipo de trabajos la metodología sigue siendo la arqueológica, los peritos forenses son imprescindibles y la multidisciplinariedad es totalmente necesaria para sacar el máximo partido a las pruebas materiales que se encuentran “in situ” en una fosa.

Aunque el Ayuntamiento de Valencia, lejos de plantear un debate o problema metodológico, lo que ha generado es un nuevo y burdo ardid legal para frenar el proceso. Que no exento de razón, por entenderse el Cementerio de Valencia como un yacimiento en sí por su antigüedad y por quedar recogida la vía arqueológica en la muchas veces poco resolutiva Ley de Memoria Histórica, como comentaba anteriormente, lo único que refleja es la poca sensibilidad del consistorio municipal en referencia al tema más humano que es la reparación de la injusticia cometida contra Teófilo y su familia.

Si bien el permiso arqueológico puede acabar facilitando el desarrollo de la intervención, esto nunca influirá en la comprensión de los resultados y de los restos exhumados como material patrimonial o arqueológico, porque en estos casos no lo son, ni por los técnicos son tratados como tales. Estaríamos entrando, quizás en la doble intención de deshumanización que parece perseguir el ayuntamiento de la ciudad en la que vivo.

Pero al fin y al cabo, esta es sólo la punta visible del iceberg de la verdadera situación de la Memoria Histórica en la ciudad de Valencia, e incluso de la Comunidad Valenciana. Donde una gran losa de hormigón reposa pesadamente sobre la verdad de los hechos, e impide ver y conocer a gran parte de la sociedad valenciana la realidad de aquella brutal represión franquista.

Es más, la ahora tan de moda apología al terrorismo y a los genocidas es tal en Valencia que aún se contabilizan más de 60 calles dedicadas a falangistas, fascistas italianos, mandos franquistas y un largo etcétera. Incluso en el “Cap i Casal ”⁵ a Franco se le mantiene en el Cuadro de Honores tal y como explica Matías Alonso (coordinador del GRMHV), en su artículo “Memoria silenciada en el Levante Feliz”, del especial de Memoria Histórica anteriormente referenciado. Pero como sigue apuntando Alonso varios son los municipios valencianos que mantienen estos honores a reconocidos causantes del Holocausto Español (Preston, 2012). Porque una cosa es respetar los monumentos o memoriales a las víctimas de la retaguardia republicana (Gabarda,1996), pero otra muy distinta mantener honores o elementos públicos o privados de exaltación a los golpistas.

A veces el miedo a este mal superado pasado reciente es tan acuciado, que nuestras autoridades autonómicas continúan viendo con suspicacia cualquier vestigio material de la contienda. Ya no es sólo el recelo a los trabajos de Memoria Histórica, en el sentido más amplio, sino que parece que intenten guardar en un cajón la debida protección y catalogación de los bienes patrimoniales pertenecientes a la Guerra Civil. Y que como he comentado otras veces (Mezquida, 2013), ya han sido debidamente amparados por diferentes leyes o normativas autonómicas en otras regiones del país.

Por tanto, y coincidiendo plenamente con lo que me comentaba mi buen amigo Víctor “… La labor de la arqueología en la recuperación de la Memoria Histórica no debe utilizarse como una barrera burocrática… Los arqueólogos somos historiadores…” (aunque no a los niveles de Santos Juliá o Julián Casanova, como recientemente debatimos con Alfredo González-Ruibal en unas conferencias de Alicante⁶), “… y junto a los testimonios orales y escritos, los materiales son clave para contar la historia”. Una historia manipulada y tergiversada durante cuarenta años de dictadura militar en España, pero también una historia ocultada y sepultada por un olvido intencionado a lo largo de otros casi 40 años entre una Transición, supuestamente ejemplar, y de una democracia de segunda, con miedo de su pasado más reciente nada democrático.

Esta “losa” histórica que arrastramos es una capa más de nuestra historia y debe conocerse como sucedió, desgajada de otras capas con las que los arqueólogos, historiadores y el resto de investigadores nos encontramos… Y sólo esperamos que esto sea finalmente comprendido por las autoridades políticas y judiciales del Estado y, que en vez de poner trabas, se dediquen definitivamente a quitarlas.

http://www.lalindearqueologia.com/index.php/crea-articulo/61-edicion-numero-3/construyendo-memoria-social-3/126-la-pesada-losa-de-hormigon-sobre-la-memoria-historica-en-la-ciudad-de-valencia

Acto de Homenaje a la Segunda República española y a los familiares de Teófilo Alcorisa celebrado en el Cementerio Civil del Cementerio General de Valencia. En la imagen, Baltasar Garzón dirigiendo unas palabras al público asistente.

EXHUMACIONES PRIVADAS Y LA FALTA DE FINANCIACIÓN, DEMANDAS A LA NUEVA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

EL NUEVO MARCO LEGAL MEMORIALISTA RETRASA SU TRÁMITE PARLAMENTARIO, PREVISTO EN JUNIO, DEBIDO AL NEGOCIADO DE LA MEMORIA ECONÓMICA Y A LA RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS AL TEXTO.

EL ANTEPROYECTO DE LEY ALTERARÁ «ALGÚN MATIZ» TRAS LAS 30 PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN APORTADAS POR CONSEJERÍAS IMPLICADAS EN EJECUTAR LA NORMA Y NUEVE COLECTIVOS SOCIALES.

LAS PRINCIPALES DEMANDAS DE LAS ASOCIACIONES -QUE PIDEN PARTICIPAR EN EL DEBATE EN LA CÁMARA ANDALUZA- PARTEN DE LA «EXCLUSIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN» EN LA EXHUMACIÓN DE FOSAS DEL FRANQUISMO Y DE LA ESCASA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PREVISTA.

JUAN MIGUEL BAQUERO 

La Ley de Memoria Democrática llegará al Parlamento de Andalucía en octubre. El trámite en la Cámara andaluza fue anunciado para junio, pero la resolución de las alegaciones a la norma y el negociado de la Memoria Económica han retrasado la gestión. ¿Aumentará la «escasa» asignación económica prevista? ¿Será posible, de lo contrario, aplicar en toda su extensión un texto legal «ambicioso»? Y las asociaciones memorialistas, principal motor en la búsqueda de fosas del franquismo, ¿participarán en el debate parlamentario? ¿Permitirá la nueva norma exhumaciones privadas? Son interrogantes con los que camina, aún comoanteproyecto, el marco jurídico.

Y más: ¿Provocarán las propuestas presentadas alguna modificación en el articulado de la ley? ¿Convocarán los partidos políticos a colectivos sociales a participar en el Parlamento? Consejerías implicadas en la ejecución legislativa y nueve asociaciones han presentado unas 30 alegaciones –entre las que hay dos individuales–, que el Gobierno andaluz debe responder. Y serán tenidas en cuenta.«Hay aportaciones interesantes y se van a incluir, aunque no sean modificaciones de peso si varían algún matiz conveniente», señalan fuentes de la dirección general de Memoria Democrática de la Junta.

En el debate parlamentario habrá asociaciones. Cuáles, y cuántas, dependerá tanto del reglamento interno de la Cámara como de las propias fuerzas políticas que la componen. PP, PSOE e IU deben decidir a qué colectivos invitan. Antes, a finales de este mes de julio quedará cerrada la financiación y la diligencia en el Consejo Consultivo para, tras el periodo estival, regresar al Consejo de Gobierno –autorizó la viabilidad del proyecto el 11 de marzo– que dará luz verde a la entrada en el Parlamento de una ley que supera en intenciones a lalegislación estatal, amplía el concepto de víctima de la represión, plantea la anulación de juicios de tribunales franquistas y asume otros retos como lainclusión de la memoria histórica en el currículo educativo o la prohibición de simbología y manifestaciones de carácter fascista.

La Junta estudia matizar la «rigidez» en torno a las exhumaciones

Y el recelo fundamental que el anteproyecto despierta está «en las cunetas»: la Junta asume la exhumación de fosas y el texto impide trabajos exhumatorios en fosas comunes al margen de la institución regional. Esta determinación choca en colectivos civiles que trabajan, hasta ahora, con escasa –y en muchos casos nula– implicación del Estado. ¿Es un muro que construye la Administración Autonómica? La ley es tajante, con sanciones graves y multas entre 10.000 euros y 150.000. Esta «rigidez» quedará matizada y asociaciones con recursos propios podrán afrontar labores arqueológicas, informan a eldiario.es/andalucia desde el Gobierno andaluz. Siempre, eso sí, bajo tutela de la Junta y con la obligatoriedad de solicitar permiso público «como marca el protocolo estatal».

Que el Parlamento convoque a asociaciones de derechos humanos es una de las apuestas del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) de CGT, que ya manifestó a este medio la posibilidad de que algún colectivo crítico acabe denunciando la ley. «Que el Estado se haga cargo» de exhumar fosas «es una de las demandas históricas», aunque la «exclusividad de la Administración» supondría una «subordinación absoluta» de las víctimas, apostillan. En su propuesta, RMHSA subraya la «escasa partida presupuestaria».

El posicionamiento de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA) concide, como en otros casos, en el avance que propicia la legislación y que la Junta «controle, financie y difunda» la prospección en fosas. Solicitan, eso sí, «que se cuente» con el movimiento social. Piden también revisar un «régimen sancionador» que puede afectar «a familiares o asociaciones que aborden una exhumación de forma privada» y abundan en otras alegaciones sobre denuncia judicial de aparición de restos óseos, reparación de víctimas por parte de entidades beneficiarias de «del trabajo esclavo» o suprimir una frase: «la Transición democrática dio resultados positivos ya que permitió superar la división creada por la guerra civil y la dictadura».

Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) insta a la Junta «a poner en marcha un plan urgente de exhumaciones«. En su escrito, la entidad de ámbito estatal –ha exhumado unas 200 fosas comunes desde el año 2000 en diversos puntos del país– refiere «pasividad» e «inactividad» en este sentido. Según la ARMH, «más de 30 familias andaluzas» recibieron de su parte «una ayuda que no les presta las instituciones» y ya han solicitado «otras 200».

Para la ARMH de Ronda (Málaga), el «elemento más negativo» de un articulado «oscuro y opaco» es el «intento de marginación» al movimiento memorialista. Falta un control exhaustivo que evite la aparición de «individuos, entidades o empresas» que hagan «negocio» de la «memoria antifascista», inciden. Desde la asociación de Aguilar de la Frontera (Córdoba) entienden que el anteproyecto «monopoliza y secuestra políticamente» la búsqueda en fosas y creen que la ley puede convertirse en «otro documento de declaración de buenas intenciones». «Sin dotación presupuestaria nace carente de lo más básico», arguyen.

http://www.eldiario.es/andalucia/Alegaciones-exhumaciones-privadas-presupuesto-simbolico_0_266673336.html

«LO TENEMOS TODO PARA ABRIR LAS FOSAS, MENOS VOLUNTAD POLÍTICA»

EN BARCELONA FUNCIONA EL PRIMER BANCO DE ADN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS FAMILIARES DE DESAPARECIDOS DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA FRANQUISTA.

TEXTO: FLOR RAGUCCI / FOTOS: GUILLEM SANS / 06/07/2014

Mientras que en Kosovo se identifican hasta mil cadáveres por ADN cada año y en Guatemala el propio gobierno obliga a los organismos sanitarios a buscar el ADN de las víctimas de sus crímenes de Estado, España sigue siendo el segundo país en el mundo con más fosas comunes sin abrir, después de Camboya. Estos datos, publicados por la ONU tras la visita de dos emisarios en septiembre de 2013 y enero de 2014, hablan por sí solos. La memoria histórica no figura en la agenda política de este país. Sin embargo, desde la sociedad civil cada vez es mayor el interés por descorrer el manto de olvido con el que se ha querido sepultar todo lo ocurrido durante la Guerra civil y los cuarenta años de dictadura franquista. Uno de los ejemplos más destacados puede verse en Barcelona, donde funciona el único banco de ADN para la identificación de los familiares desaparecidos en la Guerra civil que existe en el Estado español.

A raíz del encuentro fortuito de dos bisnietos de combatientes republicanos que asistían a una charla del Memorial Democràtic en 2010, se impulsó esta iniciativa pionera que busca recolectar el testimonio genético de los familiares vivos de los desaparecidos, antes de que sea demasiado tarde. «Nos dimos cuenta de que, como el Gobierno no tiene ningún plan estipulado y con la Ley de Memoria Histórica no hacemos nada, si no cogemos las muestras de ADN rápido, no quedará ninguna prueba, porque muchos de estos familiares directos están muriendo. Así que nos pusimos a trabajar a contrarreloj» explica Roger Heredia, miembro del grupo de policía científica de los Mossos d’Esquadra y uno de los impulsores del banco de ADN.

«Mi bisabuelo, natural de la Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre) al igual que yo, desapareció durante la Batalla del Ebro y nunca se ha sabido nada más de él. Los compañeros que estaban con él en la trinchera nos contaron que cuando lo mataron, en octubre de 1938, vieron como se lo llevaron en una camilla y es eso lo último que sabemos» relata Roger. Algo muy similar es lo que ha vivido Marc Antoni Malagarriga, cuyo tío desapareció en un campo de trabajo situado en La Seu D’Urgell y, pese a haber hecho todos los trámites pertinentes en la Generalitat para la investigación, no ha obtenido ninguna información acerca del paradero de su familiar.

Así las cosas, Roger y Marc se pusieron inmediatamente en contacto con el equipo médico de genética forense de la Universidad de Barcelona, encabezado por la Dra. Carme Barrot, para proponerles la creación del Banco de ADN. La respuesta fue un sí rotundo, aún tras reflexionar sobre los importantes obstáculos que se encontrarían en el camino: el dinero, para empezar. «Cuando nos lo plantearon lo primero que pensamos fue cómo íbamos a financiarlo porque no está la situación como para cargar a las familias con grandes gastos. Preparar el perfil de un desaparecido ronda los 2.000 euros, así que resolvimos no hacer eso de momento, sino tomar la muestra de ADN —que cuesta 150 euros— y conservar el extracto seco hasta que podamos abrir las fosas y tengamos con qué comparar. Ahora, coste mínimo y asegurar la prueba. Luego ya buscaremos cómo lo financiamos» explica la Dra. Carme Barrot, coordinadora del Banco.

El dinero no tendría que suponer ningún problema si España cumpliera con el tratado internacional por el cual, en los países donde ha habido un conflicto bélico, los gobiernos están obligados a acarrear con la identificación de sus víctimas. Pero la Ley de Memoria Histórica que rige en el Estado español desde 2007 incumple este pacto y dispone que serán las propias familias las que, a petición suya, pagando la exhumación y encontrando la fosa, podrán buscar los restos de sus parientes.

En Catalunya la situación es un tanto diferente porque, según la Ley de Memoria catalana sancionada en el 2009, no ha de ser la familia la que costee la apertura de la fosa sino la Administración. Pero no todo es oro lo que reluce y la normativa —pese a ser más avanzada que la española— contiene entre sus artículos una cláusula que complica las cosas: si tan solo uno de los familiares se niega, la fosa no puede exhumarse.

Ante el incumplimiento sistemático del acuerdo internacional por parte de España, las asociaciones por la memoria histórica de todo el país consiguieron elevar la alarma a la ONU y que dos emisarios vinieran —en septiembre del 2013 y enero del 2014— a certificar la falta. Los impulsores del Banco de ADN de Barcelona se reunieron con ellos y, tras obtener un informe desastroso de la ONU- «nos dijeron que en toda su carrera nunca habían visto una diferencia tan grande entre lo que dijo que había hecho el gobierno y lo que le contaron las familias que, efectivamente, se hizo» remarca Roger- informaron alParlament de Catalunya de esta visita y de su proyecto.

La presión del dedo acusador de la ONU surtió efecto y, rápidamente (diciembre del 2013) los diputados aprobaron con amplia mayoría una moción que instaba al Gobierno catalán a impulsar y divulgar el Banco de ADN; modificar la ley de fosas, porque ésta impide exhumar sistemáticamente; y actualizar el mapa oficial de fosas en Catalunya, porque solo constan 240 y se cree que existe un centenar más. Ahora bien, el plazo que el Parlament tenía para cumplir lo formulado en la moción se acaba de vencer- a finales de junio-y ninguno de los puntos se ha llevado a cabo.

«El primero, que era el de la difusión del Banco de ADN, no lo han hecho porque en vez de mandar un documento a las familias informándoles de nuestra existencia, les enviaron una solicitud para pedir información «sobre proyectos privados» —ni siquiera nos nombran— que la gente tiene que reenviar a la Generalitat. Es absurdo» se queja Roger Heredia. De hecho, tanto él como la Dra. Barrot denuncian que el Memorial Democràtic —organismo público destinado especialmente a la reconstrucción histórica— nunca les ha querido prestar atención: «A CiU no le interesa este tema, nos han dicho incluso que tienen órdenes de arriba de no publicarnos nada» afirma Heredia.

Tampoco el Gobierno catalán ha cumplido la modificación de la Ley de Fosas Comunes para desbloquear la exhumación y que las comparaciones del material genético pueda llevarse a cabo, siendo que en Catalunya a día de hoy solo se han abierto dos —de las 240 que figuran en el mapa oficial— como prueba piloto. «Para abrir las fosas tenemos todo lo necesario: acuerdos con la UB; forenses, antropólogos y arqueólogos voluntarios; gente que quiere hacer tesis o prácticas; campos de trabajo. Pero lo que no hay es voluntad política» reclama la Dra. Barrot.

La falta de apoyo gubernamental no paraliza al equipo del banco genético que, mientras espera que las fosas puedan abrirse, sabe que hay que aprovechar al máximo el tiempo, sobre todo si se tiene en cuenta que se han tardado 70 años en empezar a investigar este capítulo oscuro de la Historia. El plan es recoger el mayor número posible de muestras de ADN —de momento tienen 30— principalmente de hijos directos de los desaparecidos, porque son los familiares que tienen más edad (casi todos rondan los 75 años), para luego compararlas con las de los cuerpos que se encuentren en las fosas.

El siguiente paso es conseguir que se respete lo dispuesto por los tratados internacionales en materia de Memoria histórica. «Primero vamos a intentar hablar directamente con el Presidente de Catalunya y si aquí no nos hacen caso, iremos con las conclusiones oficiales de los relatores de la ONU al Tribunal de La Haya o a Estrasburgo, donde sea —asegura el impulsor del Banco— No puede ser que el Gobierno haya hecho una inversión cero y aún se ría de nosotros porque la parte ganadora está toda identificada, descansando en los cementerios y, en cambio, a los perdedores hay que dejarlos como están porque localizarlos es reabrir heridas. Las heridas nunca se cerraron».

http://www.publico.es/politica/532383/lo-tenemos-todo-para-abrir-las-fosas-menos-voluntad-politica

Roger Heredia, miembro del grupo de policía científica de los Mossos d’Esquadra. G. S.

EL JUZGADO DE CHICLANA NO INVESTIGARÁ LA FOSA COMÚN DE PATERNA DE RIVERA

ANDALUCESDIARIO.ES / 6 JUL 2014

Familiares de víctimas y activistas d e la memoria histórica han denunciado ante la Guardia Civil la localización de una posible fosa común en el Cementerio Parroquial de Paterna de Rivera, donde según los testimonios orales podrían estar enterrados vecinos de la localidad asesinados por los golpistas durante su ocupación de la localidad en julio de 1936 y los meses siguientes, hasta entrado el año 1937. En la interposición de la denuncia estaban presentes familiares de las víctimas encabezados por Juan Luis Vega, de quien partió la iniciativa de localizar dicho enterramiento, acompañados de representantes del ayuntamiento de Paterna de Rivera, personal técnico y Juan Francisco Arenas, asesor de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. La represión se saldó en Paterna con no menos de 40 asesinatos y la huida, el exilio o el procedimiento de muchas decenas más, según el historiador José Luis Gutérrez Molina.

Al igual que viene sucediendo en otros casos similares, en esta ocasión el Juzgado de Instrucción nº 4 de Chiclana comunicó a los familiares, autoridades de la Junta y Ayuntamiento y equipo técnico que dicho Juzgado no procedería a abrir Diligencias Previas y, por tanto, no se hará cargo de la investigación judicial de dicha fosa.

Según ha informado en una nota Cecilio Gordillo, coordinador de la sección de memoria histórica del sindicato CGT, los trabajos de localización los ha llevado a cabo el arqueólogo Jesús Román, que también ha realizado otras actuaciones arqueológicas en los enterramientos clandestinos de Grazalema, El Marrufo o Puerto Real. En el caso de Paterna para el estudio antropológico se ha contado con el osteoarqueólogo Juan Manuel Guijo, también de amplísima experiencia en este tipo de intervenciones (Aguilar de la Frontera, El Marrufo o Puebla de Cazalla, entre otras). El asesoramiento histórico ha corrido a cargo de José Luis Gutiérrez Molina, autor de Casas Viejas, del crimen a  la esperanza. Miguel Pérez Cordón y María Silva “Libertaria”, dos vidas unidas por un ideal (1933-1939) (Córdoba, Almuzara, 2008), libro durante cuya preparación investigó lo ocurrido en Paterna durante su ocupación por los golpistas.

http://www.andalucesdiario.es/politica/el-juzgado-de-chiclana-no-investigara-la-fosa-comun-de-paterna-de-rivera/

El Cementerio Parroquial de Paterna de Rivera.

CHARATA RETOMA LOS TRABAJOS DE BUSQUEDA DE ROSARIO MALÓN PUEYO ASESINADA EN 1936 POR EL FASCISMO

ENVIADO POR ARAINFO | REDACCIÓN EL 6 JULIO, 2014

El pasado mes de noviembre la asociación Charata, de Uncastillo, localizó los restos óseos de una de las hermanas Malón Pueyo, Lourdes, asesinadas en la madrugada del 20 de agosto de 1936 en el paraje de las Peñas de Santo Domingo (Longars – Cinco Villas).

Aunque con algo de retraso sobre lo previsto, entre los días 18 y 21 de junio regresaron junto a la familia Malón Mendi a las Peñas de Santo Domingo en busca de su hermana. Según los testimonios orales recabados por esta asociación, sus restos mortales debían hallarse enterrados en la cueva conocida como de Santo Domingo, donde se hallaba refugiada la familia Malón ese infausto día del verano de 1936.

Tras realizar diversos sondeos arqueológicos en la zona de la cueva, tanto dentro como en sus inmediaciones, no hallaron ningún indicio del enterramiento. “Así pues, nos planteamos volver de nuevo a la parte superior de la pradera, frente a la ermita de Santo Domingo, y buscar sus restos en los alrededores de donde apareció su hermana”, explica Charata.

El viernes 20 de junio localizaron un enterramiento, que exhumaron al día siguiente, ubicado apenas 6 metros de distancia del exhumado el año 2013. Sin embargo, “no se trata de la típica fosa, pues está realizada con muretes de piedra”. “De momento debemos ser prudentes y habrá que esperar a la finalización de los pertinentes estudios científicos por parte del equipo de historiadores, arqueólogos y antropólogos, antes de poder confirmar si los restos óseos corresponden a una de las hermanas Malón”, aclaran.

“Con la excusa de la crisis y a pesar de que miles de seres humanos aún yacen ‘desaparecidos’ en cientos de fosas comunes repartidas por la geografía aragonesa”, el Estado español y el Gobierno de Aragón han eliminado toda financiación en este sentido. A pesar de ello, la Asociación Charata ha decidido continuar con la labor de exhumación y de reconocimiento público a las víctimas, contando con la colaboración de la Asociación ARICO, y esperan poder cubrir los gastos de esta campaña con la concesión de alguna o algunas de las ayudas que han solicitado al Ayuntamiento de Uncastillo, a la comarca de Cinco Villas y la Diputación de Zaragoza.

Tras cuatro años de investigaciones, “tenemos la esperanza de estar cerca del final de esta trágica historia y poder completar el trabajo de reparación moral con la entrega de los restos debidamente identificados a la familia Malón Mendi”, concluyen.

http://arainfo.org/2014/07/charata-retoma-los-trabajos-de-busqueda-de-rosario-malon-pueyo-asesinada-en-1936-por-el-fascismo/

Exhumación de Charata, el pasado mes de noviembre en Longars, de los restos de las hermanas Malón. Foto: Charata

LOS 1.600 NOMBRES DEL OLVIDO

MEMÒRIA DE MALLORCA DOCUMENTA 49 FOSAS COMUNES DE LA GUERRA CIVIL EN LA ISLA

SÓLO EN LA DE LA PLAYA DE SA COMA DESCANSAN 500 PERSONAS

EXISTEN 759 VÍCTIMAS IDENTIFICADAS

LAURA JURADO – PALMA – 05/07/2014

Allí estaban. En una tumba de apenas dos metros cuadrados descansaban los restos de Joan, Miquel y Jaume. Con su hallazgo, la asociación Memòria de Mallorca ponía final feliz a la historia de tres de las 1.646 víctimas de la Guerra Civil documentadas en la Isla. El desenlace a cuatro años de investigación que comenzaron con un estudio aún hoy inédito: el de las 49 fosas comunes. Aquéllas que el Govern debía señalizar y proteger pero que hoy siguen a la intemperie del olvido.

Manel Suárez camina por el corredor lateral de Son Valentí. Allí donde el Muro de la Memoria llama siempre al recuerdo. Allí donde una silla envecejecida recuerda el fusilamiento de Emili Darder. Donde un clavel rojo sobresale en el listado infinito de víctimas de la Guerra Civil en Mallorca. Algunas, unas 759, con nombre y apellidos. Otras 887 con la única certeza de su muerte y aún por rescatar del anonimato.

Cerca, junto a una de las entradas, se abre el pasillo que antaño fue la parte más oscura del cementerio. La inmensa fosa común de Palma en la que se calcula que enterraron a unas 500 personas. «Los fusilados quedaban registrados por número de hoyo, y llegaron a existir diez», explica Manel Suárez, de Memòria de Mallorca. Diez inmensos agujeros en los que acabaron, también, indigentes y pacientes del psiquiátrico que no tenían recursos y a los que llegaban a lanzarse, en plena desesperación, los familiares en busca de su ser querido.

Con la alegría del desenlace de la fosa de Sant Joan hace apenas unos días, Manel echa la vista atrás. Hace cuatro años su asociación se embarcó en una de las misiones más complejas: trazar el mapa de las fosas comunes de Mallorca. La Ley de Memoria Histórica de Zapatero aceleró entonces un proceso que llevó al Govern del Pacte a firmar un convenio con la entidad.

La institución pagaba 36.000 euros para los trabajos. «A cambio, se comprometía a señalizar las fosas y protegerlas, así como a iniciar los estudios arqueológicos para analizar su posible apertura», recuerda. El Govern se haría cargo, también, de los análisis de ADN para devolver los restos a sus familias y publicaría el estudio para divulgarlo.

«A día de hoy, el Govern sólo ha cumplido con el dinero. Del resto, nada. Y deja a las familias sin protección, porque la gente que está en esas fosas son ciudadanos españoles asesinados», destaca Manel. Memòria de Mallorca, en colaboración con voluntarios, las familias de las víctimas y con el Ayuntamiento de Sant Joan, fue la encargada de exhumar la fosa de dicho municipio hace unas semanas. La primera que se abría en toda Baleares. «Creo que habría sido muy digno que alguien del Govern hubiera estado allí. Es una cuestión de normalidad democrática y de compasión», asegura.

Su estudio -el que el ejecutivo aún no ha autorizado a publicar sin su intervención- recoge 49 fosas en unos 29 municipios de la Isla. ¿Por qué en algunas localidades no hay? «Bien porque aún no se han encontrado o bien porque sus habitantes eran llevados a otro pueblo. De hecho, creo que eso formaba parte del terror, un sufrimiento intencionado para las familias porque se hacía aún más difícil que pudieran encontrar a las víctimas», aclara.

La mayoría de fosas están situadas en los cementerios municipales. No obstante, también hay varias en pozos -como el de S’Àguila en Llucmajor-, junto a carreteras o bajo la arena de la playa, como ocurre en Sa Coma. Allí descansan unas 500 personas fallecidas durante la marcha de Bayo. «Hasta finales de 1936, la orden era dejar a los fusilados a la vista, como una forma de aleccionar. A partir de entonces la estrategia cambió y se les llevaba a Porreres para asesinarlos», relata. Razón que explica que la fosa porrerenca sea otra de las más numerosas, con hasta 300 personas enterradas.

Otro de los casos más cruentos estuvo en Manacor, donde, según sostienen desde la asociación, se llegó a quemar a más de 200 personas tras darles muerte. «Una quema que se realizaba en un cementerio que existió hasta los 60 junto al actual teatro y que cesó por las quejas de los vecinos debido al olor», señalan. Aún más oscuros son los episodios en los que se lanzó a víctimas al mar desde los acantilados de Formentor o Deià, o desde el muelle de Palma.

Según el portavoz de Memòria de Mallorca, aproximadamente el 80% de las víctimas identificadas eran fusiladas tras ser detenidas en sus domicilios. Como ocurrió en el caso de los tres payeses encontrados en Sant Joan. Y sólo un 20% tenían un juicio, «que en realidad era una pantomima con pruebas falseadas». En el caso de los condenados a muerte, se han documentado casos de familias que pagaron 500 pesetas por librar a su familiar de dicha pena.

Aún existió una vía más: la de quienes procedían de la cárcel no por condena sino por una «treta». «Leían un listado de personas y decían que les iban a liberar e incluso les enseñaban cartas que así lo decían. Pero en realidad les subían a camiones y los fusilaban. Así murieron a centenares», afirma. Una práctica que, según Manel, fue más habitual a partir del nombramiento de Mateu Torres como gobernador civil y de Francisco Barrado como director de la policía.

En mitad del sendero de Son Valentí, una cruz indica la osera en la que acabaron los restos de la fosa común cuando en los 60 una aseguradora reformó la zona para su uso. Sin nombres, ni pistas, ni análisis. «Es como un almacén», se lamenta Manel, mientras explica que algunas víctimas descansan en nichos particulares, lo que dificulta el recuento. «La exhumación de Sant Joan demuestra que es posible hacerlo dentro de una normalidad absoluta y que es una gran inversión», insiste mientras espera la llamada que hace dos años no suena.

http://www.elmundo.es/baleares/2014/07/05/53b7b7dc268e3ee1168b456e.html

Manel Suárez en la zona donde se ubicaba la fosa común del cementerio de Palma. JORDI AVELLÀ

Fusilados en la Guerra Civil en una calle de Porto Cristo. FOTOS ANTIGUAS M.

Archivos desaparecidos

Testimonios orales, memorias de prisioneros y captores, publicaciones de Falange, o el ‘Diccionari vermell’ de Llorenç Capellà han servido para construir este completo informe finalizado en 2012. Fuentes a las que se sumó la digitalización, en 400.000 imágenes, de los archivos militares de Palma, de donde provino gran parte de la información. «La prensa de la época explicó, por ejemplo, cómo en Son Carrió se enterró a 700 personas», apunta Manel Suárez. Durante la investigación, la asociación descubrió que en cementerios como el de Bunyola, Calvià, Porreres o Llucmajor se han perdido los archivos desde 1936 a 1950. «Lo mismo ocurrió con los de la prisión de Can Mir tras su cierre en 1942, que se llevó un cura, o con los de Falange. Nadie sabe dónde están», asegura. Una laguna que ha dificultado aún más su estudio y los resultados hoy conocidos.

LA FAMILIA DE TEÓFILO ALCORISA EXIGE AL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA QUE COSTEE LA EXHUMACIÓN

LA FAMILIA DE TEÓFILO ALCORISA, PADRE DE UN MILICIANO DE LA GUERRA CIVIL AHORCADO 1947 Y ENTERRADO EN EL CEMENTERIO DE VALENCIA, HA PRESENTADO ESTE MIÉRCOLES ALEGACIONES CONTRA EL ÚLTIMO ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE RESUELVE QUE LOS GASTOS DE LA EXHUMACIÓN CORRAN A CARGO DE LOS INTERESADOS Y, POR CONTRA, PIDEN QUE SEA EL AYUNTAMIENTO QUIEN LOS ABONE YA QUE DEBIDO A SU RETRASO DE CINCO AÑOS EN DAR LA AUTORIZACIÓN HAN PERDIDO LOS 50.000 EUROS DE AYUDAS CONCEDIDAS POR LA LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA.

EUROPA PRESS. 02.07.2014

La familia de Teófilo Alcorisa, padre de un miliciano de la Guerra Civil ahorcado 1947 y enterrado en el cementerio de Valencia, ha presentado este miércoles alegaciones contra el último acuerdo de la Junta de Gobierno que resuelve que los gastos de la exhumación corran a cargo de los interesados y, por contra, piden que sea el Ayuntamiento quien los abone ya que debido a su retraso de cinco años en dar la autorización han perdido los 50.000 euros de ayudas concedidas por la Ley de la Memoria Histórica.

   El secretario de Memoria Histórica y del Grupo para la Recuperación, Matias Alonso, acompañado por el secretario general del PSPV de la provincia de Valencia, José Luis Ábalos, han ofrecido una rueda de prensa, en la que estaba presente una de las hijas y su marido, para mostrar su «estupor» por «las nuevas trabas» impuestas por el equipo de Gobierno de Rita Barberá sin el consenso ni conocimiento del resto de grupos.

   Así, ha explicado que estos nuevos condicionantes en la práctica «impiden» la exhumación de Teófilo de Alcorisa, el vecino de la pedanía conquense de Higueruelas conocido como ‘el Padre del Guerrillero’, que fue detenido en 1947 durante la represión franquista y enterrado en una fosa común del camposanto de la ciudad.

   Al respecto, Alonso ha explicado que el acuerdo del pleno del pasado 28 de febrero del Ayuntamiento para autorizar la exhumación de Alcorisa fue simplemente «una treta más» para lavar su imagen ante la sociedad por las presiones después de que el bufete de abogados de Baltasar Garzón asumiera de forma gratuita la defensa jurídica de la familia de Alcorisa y de la visita de dos representantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU.

   Sin embargo, el equipo de Gobierno de Barberá aprobó el 30 de mayo en solitario unos nuevos condiciones para autorizar la recuperación de los restos que en la práctica «lo imposibilitan» ya que la familia no puede costear los más de 50.000 euros que supondría la exhumación.

   Además, estos costes se han encarecido porque el Ayuntamiento «obliga a rehacer la documentación y contar con un informe de Patrimonio como si estuviéramos buscando la tumba del primer romano o visigodo de la ciudad». Cuando lo cierto, ha señalado, es que su cuerpo está «completamente localizado» en la fila 3 letra F2 del Camposanto.

   Pese a ello, el Ayuntamiento lleva más de cinco años en conceder una autorización que debió resolver un mes después de que se solicitara en junio de 2009. Este retraso ha provocado la pérdida de la subvención de 50.000 euros concedida por el Ministerio de Presidencia y en la actualidad ya «no se pueden reclamar porque no existe una partida para ello». «Es la única promesa que ha cumplido el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, desmantelar la Oficina y todas las ayudar para la Memoria Histórica», ha recriminado.

   Por ello, ha explicado que la familia y del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica han rechazado recurrir al mecenazgo para poder costear la recuperación de los restos, sino que debe hacerlo el propio Ayuntamiento de Valencia como «responsable» de esta dilación en el tiempo, durante el que han fallecido dos de los hijos del ‘Padre del Guerrillero’.

RECURRIRÁN A TODAS LAS VÍAS

   Si no lo hace, ha advertido que «recurrirán a todas la vías posibles», entre las que no ha descartado recurrir a los Tribunales por vía administrativa, complementaria a la judicial ya abierta, al Síndic de Greuges, presentar iniciativas en el Congreso de los Diputados y ponerlo en conocimiento de la ONU.

   Al respecto, Ábalos ha recalcado que se trata de un caso «claramente político» por la «obstrucción» de Barberá a la recuperación de la memoria histórica y al resarcimiento de las víctimas de la dictadura franquista.

   De hecho, Alonso ha señalado que se trata del único caso no resuelto de las 18 exhumaciones realizadas en la Comunitat Valenciana, algunas de ellas en localidades gobernadas también por el PP como en Paterna o Segorbe, cuyo alcalde «tardó dos días en autorizarlo». «Por qué en valencia no», ha cuestionado.

http://www.20minutos.es/noticia/2183080/0/familia-teofilo-alcorisa-exige-al-ayuntamiento-valencia-que-costee-exhumacion/

Foto: EUROPA PRESS

LOS FAMILIARES DE LA PEDRAJA RECAUDAN 8.000 PARA IDENTIFICACIONES

LA CAMPAÑA DE CROWDFUNDING FINALIZA CON ÉXITO, AUNQUE NO HA ESTADO EXENTA DE ESFUERZO Y NERVIOS

LA AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DESTINARÁ EL DINERO A REALIZAR ANÁLISIS DE ADN EN 15 DE LOS CUERPOS LOCALIZADOS

UN ENTERRAMIENTO DIGNO, EN EL CEMENTERIO DE VILLAFRANCA-MONTES DE OCA, ES UNA DE LAS PREOCUPACIONES DEL COLECTIVO

PATRICIA CARRO | 1/07/2014 

Después de mucho esfuerzo, incluso teniendo que pedir favores y casi suplicando, la Agrupación de Familiares de las personas asesinadas en los Montes de La Pedraja ha conseguido recaudar los 8.000 euros que necesitan para continuar con los trabajos de identificación de los cuerpos localizados en las dos fosas, pertenecientes a fusilados durante los primeros meses de la Guerra Civil Española. Ha sido a través de la plataforma Lánzanos, dedicada a la recaudación de fondos para proyectos solidarios o crowdfunding, cuyos responsables les harán entrega del dinero en los próximos días.

La campaña de mecenazgo comenzaba a principios del mes de abril y, aunque iba sumando poco a poco colaboradores, hace escasamente una semana sólo había conseguido recabar el 70% del dinero solicitado, lo que ponía en peligro le proyecto solidario. Y es que, de acuerdo con la política de Lánzanos,si no se alcanza el 100% del montante económico, ninguna de las aportaciones se materializa. Por ello, el presidente de la asociación de familiares, Miguel Ángel Martínez, reconoce que al final han tenido que hacer un esfuerzo extra para poder llevar a buen puerto la iniciativa.

15 cuerpos, a la espera

La petición de 8.000 euros no es aleatoria, sino que resulta de calcular cuánto costará llevar a cabo los análisis de los restos encontrados durante las campañas de 2010 y 2011. Martínez recuerda que, entre las dos fosas, se recuperaron 135 cuerpos, de los cuales 13 ya han sido identificados.Aunque los análisis de ADN ya se han llevado a cabo en 95 de los restos, queda mucho por hacer y es muy costoso. Cada uno de esos análisis, de los que se encarga un laboratorio de la Universidad del País Vasco en Vitoria, tiene un coste aproximado de 500 euros.

Es decir, la asociación requeriría de unos 20.000 euros para afrontar los 40 cuerpos pendientes, si bien es cierto que no en todos los casos es posible extraer materia orgánica, dado el deterioro que presentan los restos. De ahí que el objetivo a medio plazo de los familiares es trabajar sobre los alrededor de 15 que se encuentran en perfecto estado: 15 cuerpos a 500 euros el trabajo, da un total de 8.000 euros, la cantidad que han conseguido recaudar. Eso sí, Martínez no abandona la posibilidad de analizar los otros 25 restos porque, asegura, hasta que no se trabaja sobre ellos no se puede asegurar que sea imposible obtener materia orgánica.

Enterramiento con dignidad

Además, los familiares se encuentran con otro problema, el de ofrecer un enterramiento digno a los cuerpos recuperados. El Arzobispado ya ha cedido un terreno para la construcción de un panteón en el cementerio de Villafranca-Montes de Oca, sin embargo levantarlo costaría entre 18.000 y 20.000 euros.Miguel Ángel Martínez insiste en que las familias “están agotadas” y, ante la falta de ayuda institucional, la única salida que han visto es la solidaria. Aún así, exige mucho esfuerzo, puesto que no todo el mundo se fía de que los donativos vayan directamente a los programas anunciados y hay muchas peticiones en la red.

El presidente de la Agrupación de Familiares de personas asesinadas en los Montes de La Pedraja critica que, con la llegada al poder de Mariano Rajoy, el Gobierno Central haya eliminado cualquier tipo de ayuda destinada a la recuperación de la memoria histórica. Hablar de apoyos por parte de otras administraciones, como la Junta de Castilla y León o la Diputación de Burgos, es también impensable, puesto que, recuerda Martínez, ya tuvieron muchos problemas en su momento, cuando estuvieron descubriendo las fosas.

En las campañas de 2010 y 2011, debido a los cambios sufridos por el terreno, fue necesario llevar a cabo numerosas zanjas en la zona para ubicar las fosas. Como consecuencia de esos trabajos, algunos de los pinos allí plantados, y cuya antigüedad no pasaba de los 8 años, fueron arrancados, lo que generó problemas con la administración. Les exigían reponerlos e, incluso, se les abrió un expediente sancionador, aunque acabó archivándose. Así que de pedirles dinero ni se habla en la asociación, donde consideran que una sociedad “moderna y decidida” debería preocuparse por los desaparecidos o fallecidos en la Guerra Civil y el Franquismo.

Alrededor de 400

Por otra parte, los familiares están convencidos de que en La Pedraja tiene que haber más fosas, además de las dos descubiertas. Según los datos que manejan, el lugar fue común en enterramiento de fusilados de la comarca durante los primeros meses de la Guerra Civil, por lo que la cifra podría alcanzar las 400 personas. Sin embargo, estamos hablando de 4 hectáreas a rastrear, lo que dificulta el trabajo, y de que se requiere de profesionales, como los de la Sociedad Aranzadi, que sean capaces de distinguir un hueso de cualquier otro elemento que se pueda encontrar.

Lo que sí han podido hacer es llevar a cabo una acción de dignificación de las fosas. En el verano de 2012 se inauguró una reproducción en superficie la forma a tamaño real de las mismas, colocando un panel explicativo de lo que ocurrió en 1936 y una placa conmemorativa con las personas desaparecidas y que, supuestamente, corresponden con los restos allí localizados. La ubicación de las fosas está vallada y se ha colocado también un monolito recordatorio de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo.

http://burgosconecta.es/2014/07/01/los-familiares-de-la-pedraja-recaudan-8-000-para-identificaciones/

La Sociedad de Ciencias Aranzadi realiza las exhumaciones. BC

UN JUZGADO DE PUERTO REAL PARALIZA LA EXHUMACIÓN EN LA FOSA DEL CEMENTERIO

EL HALLAZGO DE RESTOS HUMANOS FUERA DE LOS ESPACIOS AUTORIZADOS OBLIGA A LA APERTURA DE DILIGENCIAS PARA DETERMINAR SU POSIBLE PROCEDENCIA

29.06.14 – 00:24 – SILVIA TUBIO | CÁDIZ.

Hay que seguir esperando. La recuperación de tres cadáveres en los trabajos de exhumación que se iniciaron la semana pasada en el cementerio de Puerto Real, dentro de un proyecto amparado por la ley de memoria histórica, han sido paralizados por orden judicial. El hallazgo de restos humanos fuera de los espacios autorizados, como los camposantos, obliga a la apertura de diligencias judiciales que determinen si cabe iniciar una investigación penal.

Los responsables de la excavación, nada más constatar la aparición de huesos, avisaron a la Policía Nacional que a su vez dio parte al juzgado de guardia. La siguiente orden emitida por una jueza de Puerto Real fue suspender los trabajos hasta que se confirmen que son restos antiguos, que en cualquier caso no podrían ser investigados porque los delitos han prescrito. Parece una obviedad, pero explican fuentes judiciales que es un procedimiento habitual para ir definiendo si se está ante una fosa común del periodo de la Guerra Civil y posterior como defienden los responsables de la asociación de Memoria Histórica de Puerto Real que llevan trabajando en este proyecto de exhumación desde el año 2007.

A principios de esta semana saltaba la noticia de que en la zona del cementerio de San Roque donde se había detectado la fosa común en 2010 se habían recuperado tres cuerpos y lo que podría ser una prueba evidente de que, al menos uno de ellos, había sido fusilado. El arqueólogo había recuperado un casquillo de bala. Si bien, estos hallazgos no son nuevos. Ya en 2010, cuando la Delegación provincial de Cultura, en colaboración con la Consejería de Justicia, trabajó en la zona para localizar la fosa, obtuvo los mismos resultados.

Por entonces, un equipo técnico con georadar detectó los primeros huesos que confirmaban que se estaba ante un enterramiento de varios cadáveres al hallarse más de un cráneo. Un forense determinó que los restos podían tener una antigüedad que coincidiera con el periodo de la Guerra Civil y posterior. El siguiente paso fue volver a enterrar los restos hasta que la asociación obtuviera la financiación y los permisos para exhumarlos.

Desde 2010

Ahora, al abrirse de nuevo la zanja que hay en una calle interior del camposanto, entre filas de nichos, han vuelto a recuperarse esos primeros restos que el georadar encontró en 2010. La previsión es que si la jueza autoriza que se retomen en los próximos días las labores de exhumación, la asociación inicie el rastreo de familiares que reclamen como suyos esos cuerpos. Llegados a este punto, la prueba de ADN es el único camino que queda para resolver las incógnitas de aquellos que buscan desaparecidos durante la contienda y la represión militar que siguió. A través de la información recogida por testimonios y la reconstrucción de los hechos ocurridos hace décadas, en ese cementerio se encuentran más de 120 personas enterradas, víctimas de un periodo negro de la historia española.

A las asociación puertorrealeña se ha acercado una veintena de personas que sospechan o tienen la certeza de que sus familiares fueron fusilados en la tapia del camposanto de San Roque.

Esa fosa es una de las 100 que en diciembre de 2010 la Junta identificó y situó en un mapa de la provincia de Cádiz. Un centenar de un total de 620 enterramientos localizados en toda la comunidad autónoma. La Administración regional contabiliza 3.021 víctimas que pudieran estar enterradas en las fosas de Cádiz. De esta cifra, los cuerpos de menos de un centenar de víctimas han podido ser exhumados desde que en 2003 la Junta aprobó el primer decreto -334/2003- que definía trabajos de coordinación para la recuperación de la memoria histórica.

Una cuestión que genera polémica pero que en la práctica se ha materializado principalmente en el cambio de nombres de vías y plazas, la eliminación de símbolos preconstitucionales pero en pocos proyectos de exhumación concluidos.

Escollo tras escollo

Los trámites para obtener los permisos que posibiliten la excavación en terrenos públicos o privados y la falta de recursos económicos para ejecutar proyectos que conllevan un importante desembolso económico han sido los principales escollos para que no se haya actuado en la mayoría de los enterramientos localizados por la Administración regional. Aunque desde 2003 existe una norma en Andalucía que reconoce el derecho de los familiares de las víctimas a poder acceder a sus restos; no fue hasta 2013 cuando se aprobó la base reguladora para la concesión de las subvenciones que sufraguen los proyectos de exhumación. Y a esto se suma la burocracia que frena la tramitación de los permisos en algunos casos o que colisiona con la prohibición expresa en otros.

Un ejemplo paradigmático de la lentitud en estos procesos es el caso de Puerto Real. La confirmación científica de que existe una fosa común que podría datar de la época de la Guerra Civil la obtienen en 2010 y los trabajos no ha podido iniciarse hasta hace dos semanas tras obtener todos los permisos y la concesión de una ayuda pública de 15.000 euros.

Con este proyecto ya son cuatro las fosas que se han abierto en la provincia desde 2004 -sumando El Bosque, Grazalema y el Marrufo-. En todas ellas hay intervención pública, pero requirieron del empuje asociativo y en el caso del cortijo jerezano, del aporte económico del dueño de Lotus, que buscaba los restos de su abuelo.

La Junta tiene previsto como actuación directa, sin que medie una asociación, un trabajo de exhumación en el cementerio de la capital; un proyecto atascado en la telaraña de las relaciones entre administraciones de distinto color político. El Ayuntamiento asegura que está a la espera de que la Consejería de Salud le firme los permisos para autorizar los trabajos; desde la Junta responden que toda la documentación está ya disponible. De mientras, las familias siguen esperando.

http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20140629/cadiz/juzgado-puerto-real-paraliza-20140629.html