A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA

CUENTAN CON MÁS DE 120 PERFILES

EXPERTOS DE LA UPV DISEÑAN UN BUSCADOR CON PERFILES DE ADN DE RESTOS DE FOSAS DE LA GUERRA CIVIL SIN IDENTIFICAR

ESPECIALISTAS EN EL CAMPO DE LA MEMORIA HISTÓRICA PARTICIPAN EN UNA JORNADA DE LA FUNDACIÓN SABINO ARANA

BILBAO, 6 FEB. (EUROPA PRESS) –

Investigadores de la UPV/EHU han diseñado un buscador con perfiles de ADN de restos localizados en fosas de la Guerra Civil y que no han sido identificados, con el fin de facilitar la búsqueda de sus familiares. El equipo vasco cuenta con más de 120 perfiles sin identificar, el 50% de los realizados, a los que se espera sumar los resultados de otros estudios.

   El buscador de ADN ha sido presentado por la catedrática de Biología Celular e investigadora principal del grupo BIOMIC de la UPV/EHU, Marian Martínez de Pancorbo, durante la jornada ‘Memoria histórica y entornos cercanos: buenas prácticas y horizonte de futuro’ celebrada por la Fundación Sabino Arana en Bilbao.

   La experta ha explicado que el objetivo es poner en marcha una página web, aún sin determinar de qué institución o entidad, en la que los familiares puedan introducir sus datos de ADN y comprobar si existe alguna correspondencia con los perfiles de restos sin identificar. También se ofrecerá asesoramiento a los familiares que sí encuentren coincidencias en el buscador.

   Según ha indicado, en un 50% de los casos los perfiles genéticos de los restos que han obtenido no coincide con los de los familiares de los que se disponen de datos «probablemente» porque las familias «están buscando en unos sitios» cuando las víctimas «están en otros». Por ello, ha lamentado, «al no poder cruzar los datos quedan sin identificar».

   Los investigadores de la universidad vasca disponen ya de datos de 120 perfiles genéticos localizados en fosas de Euskadi, Navarra, Aragón y Galicia y sin identificar, si bien pretenden acordar convenios con otras entidades que también hayan realizado estudios «de calidad» sobre este tipo de restos «antiguos» cuyo análisis es «complicado».

   En concreto, el buscador, con «instrucciones sencillas», contará con un perfil del cromosoma ‘Y’ y, además, datos de «linajes maternos».

   Martínez de Pancorbo ha explicado que la publicación de esta herramienta, pionera en España, no se ha realizado por el momento, aunque una vez se determine en qué web se alojará podría ponerse en  marcha en el plazo de un mes.

   La investigadora ha presentado esta iniciativa, en la jornada de este viernes, a instituciones y asociaciones que trabajan en el campo de la memoria histórica ya que el objetivo de sus responsables es que sea «institucionalizada», si bien no se descarta ponerla en marcha desde la web de la universidad en caso contrario.

   La jornada de la Fundación Sabino Arana ha contado con la presencia de especialistas en el campo de la Memoria Histórica, representantes de la Administración pública con responsabilidades en esta materia y miembros de instituciones culturales y asociaciones memorialísticas han reivindicado «justicia y reparación» para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

   El encuentro ha sido abierto por el presidente de Sabino Arana Fundazioa, Juan María Atutxa, que ha reivindicado «»la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición».

   «Cuando casi han transcurrido 80 años, toda una vida humana o el equivalente a varias generaciones, desde que se iniciara la guerra, cuando prácticamente estamos asistiendo, por pura ley biológica, a la desaparición de los últimos testigos vivos de la guerra, las cunetas continúan todavía llenas de cadáveres y miles de familiares reclaman poder homenajear a los suyos con dignidad», ha lamentado.

Atutxa ha anunciado la reciente incorporación al Archivo de la Fundación de una «importante» donación particular del archivo personal de Esteban Bilbao Eguia, ministro de Justicia entre 1939 y 1943.

ESPACIOS DE MEMORIA

   Entre los ponentes de las tres mesas redondas que se han desarrollado a lo largo de la mañana, la directora de Derechos Humanos y Víctimas del Gobierno vasco, Monika Hernando, ha repasado el Programa de Memoria Histórica elaborado por el Ejecutivo autonómico con el fin de «poner un poco de orden» y «priorizar» en las actuaciones que se desarrollan en este campo.

   El plan se compone de 12 proyectos dirigidos a promover los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Entre ellos, se encuentran la creación y desarrollo de un plan vasco de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, la puesta en marcha de un Columbario de la Dignidad para restos mortales de desaparecidos sin identificar, y la creación de una Comisión para la elaboración de un Informe-Base de vulneraciones de derechos humanos entre 1936 y 1975.

   Además, contempla la activación de un protocolo de puesta en conocimiento de los hallazgos e investigaciones de desapariciones y crímenes del franquismo en manos de la Ertzaintza, la Fiscalía y los tribunales, el impulso y seguimiento a los informes y recomendaciones internacionales en materia de compromiso con el Derecho a la justicia, mediante el apoyo a las demandas, la coordinación con las Instituciones internacionales y la colaboración grupos de trabajo y relatores especiales, y el apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo.

   También está previsto lograr el reconocimiento «personalizado» de las víctimas y avanzar en la retirada o «resignificación» de simbología franquista. Desarrollar el Instituto de la Memoria y la Convivencia, ordenar los testimonios, archivos y bases de datos generadas sobre este tema, e impulsar la identificación e interpretación de los espacios de memoria del País Vasco son otros de sus objetivos.

   En este último apartado, la directora de Derechos Humanos y Víctimas ha anunciado que se ha encargado a la universidad un informe que será presentado en próximas semanas.

GEOGRAFÍA DE LA MEMORIA

   Por su parte, el diputado de Presidencia y portavoz de la Diputación Foral de Bizkaia, Unai Rementeria, ha advertido de que «la generación que vivió en primera persona aquella represión del primer franquismo está a punto de desaparecer» y, por tanto, urge poner en marcha iniciativas que permitan «recoger sus testimonios orales y que pongan a buen recaudo el patrimonio intangible de sus recuerdos».

   Rementeria ha expresado su compromiso a desarrollar «una política activa» sobre memoria histórica desde la Diputación Foral de Bizkaia, coordinada con ayuntamientos y Gobierno vasco, con «una gestión más proactiva que impulse y ordene las iniciativas propiciadas por una insuficiente Ley de Memoria Histórica». En este sentido, ha considerado que «el reto para la próxima legislatura es definir y poner en valor una geografía de la memoria de la Guerra y la represión franquista.

   También han participado en la jornada la arqueóloga de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Lourdes Herrasti, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, y el director del Memorial Democràtic de la Generalitat Catalunya, Jordi Palou.

   A ellos, se han sumado el arqueólogo e investigador de la UPV-EHU, Ander de la Fuente, el director del Museo de Arqueología de Bizkaia, Iñaki García Camino, el director del Centro de Interpretación del Cinturón de Hierro en Berango y miembro de la Asociación Sancho de Beurko, Aitor Miñambres, e Iñaki Odriozola, miembro de la Asociación Elgoibar 1936, así como cerca de un centenar de representantes del mundo académico, asociativo e institucional vasco interesados con la recuperación de la Memoria Histórica.

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-expertos-upv-disenan-buscador-perfiles-adn-restos-fosas-guerra-civil-identificar-20150206150758.html

Foto: EUROPA PRESS

UNA JUEZA DENIEGA LA EXHUMACIÓN DE UNA FOSA COMÚN PORQUE NO SE CREE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

LA JUEZA ARGENTINA MARÍA SERVINI HABÍA PEDIDO QUE SE RECUPERARAN LOS RESTOS DE TIMOTEO MENDIETA, ENTERRADO EN UN PATIO DEL CEMENTERIO DE GUADALAJARA

A PESAR DE QUE SU INHUMACIÓN (Y LA DE OTROS 21 FUSILADOS POR EL RÉGIMEN FRANQUISTA) ESTÁ PUNTUALMENTE DOCUMENTADA, LA MAGISTRADA DESCONFÍA DE ESOS DATOS

ASEGURA QUE A SIMPLE VISTA NO PUEDE DETERMINARSE DÓNDE ESTÁ LA FOSA Y QUE NO CREE QUE LOS DATOS DE LOS REGISTROS SEAN CIERTOS

LA HIJA DE TIMOTEO, ASCENCIÓN, VIAJÓ A BUENOS AIRES CON CASI 88 AÑOS PARA PRESTAR DECLARACIÓN EN LA QUERELLA CONTRA LOS CRÍMENES FRANQUISTAS

NATALIA CHIENTAROLI – 03/02/2015

Con casi 90 años a cuestas, Ascensión Mendieta se subió a un avión en diciembre de 2013 para cruzar el océano con un solo objetivo: buscar en Argentina la justicia que su país siempre le había negado. A 11.000 kilómetros de casa consiguió que por primera vez una jueza escuchara la historia de su padre, fusilado durante el régimen franquista. Y, lo más importante, logró que esa magistrada, María Servini, pidiera la exhumación de la fosa común en la que fue sepultado. Pero ahora otra jueza –esta, española– le niega el derecho a recuperar los huesos de su padre porque, afirma, no sabe dónde buscarlos. Y eso que su entierro está perfectamente documentado.

El cuerpo de Timoteo Mendieta Alcalá fue colocado, según los registros municipales, junto al de otras 21 personas en una fosa de 80 centímetros por dos metros, cavada en un patio del cementerio de Guadalajara. Fue de los primeros en ocupar un sitio en ese agujero destinado al olvido, el 16 de noviembre de 1939. Más tarde, el 24 y 25 de noviembre de ese año, otros hombres fusilados por orden del Juzgado Especial de Ejecuciones del régimen fueron colocados encima, en una especie de torre de cadáveres de hasta 11 niveles.

Todos estos datos –con los nombres de cada una de las víctimas y el día de su muerte– figuran en un informe que el Ayuntamiento de Guadalajara envió a la titular del Juzgado de Instrucción Nº1, María Lourdes Platero, que debía resolver el exhorto de la justicia argentina que solicitaba la exhumación de los restos de Mendieta. El   documento, al que ha tenido acceso eldiario.es a través del buzón seguro   Fíltrala –que comparte con La Marea, Diagonal y Mongolia–, explica que para recuperar los restos de Timoteo habría que exhumar todos los que hay en la fosa. También asegura que esa exhumación no supondría coste alguno, ya que se haría por orden judicial.

Pero el   auto de la jueza, fechado el 30 de octubre de 2014, recoge unas «manifestaciones y apreciaciones» que la llevan a denegar el pedido. «Que no se sabe exactamente dónde está la fosa». «Que la realidad […] puede no coincidir con la información obrante en los archivos». «Que las fosas están sin cimentar y que la separación entre ellas es de aproximadamente 25 cm, y que cada una contiene entre 20 y 50 cuerpos (circunstancia que por sí sola hace pensar que la información facilitada por el Ayuntamiento pueda no ajustarse a la realidad) […]». Conclusión: la exhumación se deja sin efecto porque «de la inspección ocular realizada y de las manifestaciones efectuadas no queda acreditado fehacientemente […] en qué lugar puede estar la fosa ni cuánto terreno abarca».

Estas palabras dan por tierra con las esperanzas de Ascención de cumplir su sueño: «Morirme con los huesos de mi padre». Un sueño que parecía estar, por primera vez en años, al alcance de su mano. «Me siento más cerca de mi padre que nunca», contó con un hilo de voz a eldiario.es cuando supo que  Servini había pedido la exhumación, en febrero de 2014. Un año después, los abogados de la querella contra los crímenes franquistas analizan la situación para decidir cómo proceder ante esta negativa. Pero Ascención sabe que puede quedarse sin tiempo para dar esta batalla.

«Mi madre ha cumplido ya 89 años y le ha dado una angina. Cada vez se la ve más baja, más agotada. Yo sé que hay genocidas culpables de la muerte de mi abuelo. Pero también habrá culpables de lo que le pase a mi madre», advierte Chon, hija de Ascención. «Le hemos edulcorado un poco la noticia», cuenta. «Y ella es tan buena, y tan poco rencorosa, que se lo ha tomado con tristeza pero con calma. Intentamos convencerla de que esta es una etapa, que vendrán otras», explica Chon.

«Cuando llegué a Argentina y me senté en el juzgado fue como si se abrieran unas puertas en mi vida. Hasta entonces nadie, ningún juez, había sido capaz de oír las atrocidades que tenía para contar», relataba emocionada meses antes, a la vuelta del viaje en el que cumplió 88 años. Sus hijas y sus nietas, que la acompañan a las concentraciones a favor de los represaliados del régimen de Franco, están dispuestas a continuar luchando cuanto haga falta.

Concejal y sindicalista

Ascención, la segunda de siete hermanos, tenía apenas 12 años «el día en el que vinieron a llevárselo». Timoteo Mendieta Alcalá era presidente de la UGT del pueblo de Sacedón, en Guadalajara. «Por ello, cuando comenzó la guerra fueron contra él y otros miembros del sindicato», cuenta su hija. Durante la guerra fue concejal y presidente de la Casa del Pueblo de UGT.

«Siempre luchó por la justicia social y por mejorar las duras condiciones de los trabajadores y jornaleros del pueblo», relata Chon. Poco después de que acabara la Guerra Civil fue condenado a morir en un «simulacro de juicio», sin pruebas, sin garantías, «sin defensa y sin justicia». Su esposa, María, no pudo siquiera verlo antes de que lo mataran. Se había llevado a sus hijos del pueblo huyendo de las represalias y del rechazo de su propia familia, que la castigó por haberse casado «con un rojo». Viuda y pobre, se dedicó al estraperlo para dar de comer a sus hijos y pronto acabó en la cárcel. Ascención, con 14 años, se encargó de sacar adelante a la familia.

De aquel mes de noviembre sobrevive un papel en el que se informaba de la suerte de su padre. Con el encabezado «Saludo a Franco ¡Arriba España!», el documento dirigido al Juez Especial de Ejecuciones expresa «el honor de comunicarle» que el cadáver fue enterrado «en el patio 4º, fosa nº2» del Cementerio Civil de Guadalajara. Lo firma el alcalde presidente en noviembre de 1939, «Año de la Victoria».

Timoteo Mendieta es solo uno de los 822 republicanos asesinados y enterrados en el cementerio de Guadalajara entre 1939 y 1944. Un caso de tantos, en el que al menos consta el trozo de tierra en el que se improvisó una tumba compartida y sin nombres. 76 años después, una jueza ha decidido que hurgar en esa tierra es demasiado esfuerzo.

http://www.eldiario.es/sociedad/deniega-exhumacion-desconfia-documentos-oficiales_0_352415115.html

Ascensión Mendieta, la hija del republicano represaliado cuya exhumación ha denegado la justicia española. /lacomunapresxsdelfranquismo.org

LA ARMH TIENE LOCALIZADAS 50 FOSAS Y DARÁ PRIORIDAD A CASOS CON HIJOS VIVOS

«SE HAN PASADO LA VIDA BUSCANDO A SUS PADRES», SEÑALAN DESDE LA ASOCIACIÓN, QUE PODRÁ RECUPERAR EL NIVEL DE TRABAJO TRAS RECIBIR EL PREMIO ALBA//PUFFIN

leonoticias.com – 01/02/2015

Este año 2015 empieza con buen pie para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Los 100.000 dólares de dotación económica tras recibir el premio ALBA/Puffin al Activismo en Pro de los Derechos Humanos le servirá para poder recuperar la actividad a unos niveles similares a los de antes de 2012, cuando el Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy retiró de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) los 300.000 euros de aportación enmarcados en la Ley de Memoria Histórica.

Esa situación obligó a los voluntarios a tratar de gestionar mejor sus escasos recursos, depurar mucho en qué lugares se actuaba, excavar sólo en los puntos en los que existían verdaderos indicios de la presencia de cuerpos de represaliados y detener los procesos de análisis de los restos para su identificación.

En todo este tiempo, la ARMH ha elaborado un dossier en el que tienen localizadas casi 50 fosas comunes por todo el territorio nacional, con unos 200 cuerpos yaciendo en ellas. Ese es el resultado de las investigaciones que se han ido realizando durante estos años en los que la actividad ha caído y que, hasta ahora, “no se ha podido desarrollar”. “Antes, suponía un esfuerzo desplazarte. Ahora sí lo vamos a tener más fácil”, ha indicado el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Marco González.

«No vamos a perder ni un minuto»En esos 50 puntos se centrará el trabajo de los voluntarios e investigadores. Pero se priorizará en función de un criterio que la asociación considera fundamental. “Todas las fosas son igual de importantes, pero vamos a retomar aquellas en las que se encuentran los padres de hijos e hijas que ahora tienen unos 90 años. No vamos a perder ni un minuto. Cada día que pasa te enteras del fallecimiento de alguno de los descendientes, que son personas que se han pasado la vida buscando a sus padres”

.En muchas de las ocasiones “no se ha llegado a tiempo”, ha reconocido González. Por eso, la actividad de la ARMH se centrará en este año en estos casos. Ya hay algunos proyectos a la vista. De la fosa de San Justo de la Vega se espera ahora poder contrastar genéticamente los restos hallados para su identificación, ya que la aportación económica del premio permitirá también mantener con vida el laboratorio de la asociación.

La necesidad de «optimizar»También se retomará el caso de los mineros desaparecidos en Sabero. Valderas será otro de los focos de atención. Todo ello con la experiencia de estos dos últimos años, en los que se el colectivo se ha visto obligado a “optimizar” y “profundizar más en la investigación” en diferentes fosas. “Hemos aprendido a tener la cabeza más fría, investigar más, reunir más testimonios y tener las localizaciones más claras”. Pero también, se ha logrado realizar un esfuerzo de “masa social”, ante la necesidad de buscar socios para sufragar la actividad de la asociación.

Pero dentro de todas esas dificultades, el año 2014 se ha saldado con pasos hacia adelante importantes. Se han realizado cuatro exhumaciones, una de ellas en Arganda del Rey (Ávila), otra en Villalibre de la Jurisdicción donde se recuperó el cuerpo de Arsenio Marcías. También se intentó encontrar tres cuerpos más en Santa Lucía de Gordón, que no aparecieron. En Rao (Lugo) se realizaron sondeos en el cementerio, pero se desactivó la búsqueda, que se retomará este año.

http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/La-ARMH-Ubica-Unas-50-Fosas-Con-200-Cuerpos-Y-Priorizara-La-vn165316-vst216

Imagen de una de las exhumaciones de la ARMH.

ASÍ SE SEÑALA EN UN DOCUMENTO SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA

EL GOBIERNO DEL PP RECONOCE AHORA LA “ILEGITIMIDAD” DE LOS TRIBUNALES ESPECIALES FRANQUISTAS

EL EJECUTIVO RECONOCE AHORA QUE LOS CONSEJOS DE GUERRA, EL TOP, LOS TRIBUNALES DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS, ETCÉTERA, SE CREARON CON «VULNERACIÓN DEL DERECHO A UN PROCESO JUSTO».

El Gobierno del PP ha reconocido “la ilegitimidad de los tribunales constituidos durante la guerra civil y, en todo caso, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, creados con vulneración de las más elementales garantías del derecho a un proceso justo”. Eso justamente es lo que se dice en la ley de memoria histórica aprobada por Rodríguez Zapatero, una ley que el Gobierno de Rajoy asegura que se sigue aplicando en España.

Así se lo ha transmitido textualmente el Gobierno al Congreso, en un documento en el que da a conocer que ha pasado amplia información al respecto al Relator Especial de la ONU, Pablo de Greiff, que había presentado previamente -el 22 de julio de 2014- un durísimo Informe sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, en el que acusaba al Ejecutivo de Rajoy de haber frenado las exhumaciones de cuerpos de fusilados y enterrados en las cunetas y las reparaciones a los represaliados por el franquismo, extremos que estaban todos contenidos en la ley de memoria histórica de 2007.

A través de un documento al que ha tenido acceso Vozpópuli, se reconoce por primera vez de forma explícita dentro del PP que eran “ilegítimos” los tribunales especiales, tanto los creados durante la guerra (incluye, por tanto, a los de los dos bandos) como después, durante el franquismo. Ese documento remitido al Congreso resume la respuesta del Gobierno del PP al duro informe del relator de la ONU.

Ilegitimidad de los consejos de guerra

Esa declaración da un vuelco a la situación, pues los máximos dirigentes del PP reconocen de hecho por primera vez que los consejos de guerra (como, por ejemplo, el del dirigente comunista Julián Grimau, fusilado por el régimen franquista en 1963) podrían no ser “legítimos”. Pero no sólo ése, sino muchísimos otros, como, posiblemente, el juicio por el que se condenó a muerte a los últimos fusilados del franquismo, en septiembre de 1975, pocos meses antes de la muerte del dictador.

Más concretamente, el Gobierno reconoce haber remitido al relator de la ONU numerosos datos sobre las llamadas “Declaraciones de Reparación” a víctimas del franquismo que se iniciaron a partir de 2007, durante la etapa de Rodríguez Zapatero, pero que siguieron produciendo después, durante el gobierno de Rajoy, aunque con una importante rebaja de expedientes.

Esas “reparaciones”, según dice el Gobierno, “se relacionan con los principios de reconocimiento general a las víctimas, que recoge el artículo 2 de la Ley 52/2007, que realiza una proclamación general del carácter radicalmente injusto de todas las condenas y sanciones producidas, por motivos inequívocamente políticos o ideológicos, durante la guerra civil y la dictadura, proclamación que se complementa con la declaración, en el artículo 3, de la ilegitimidad de los tribunales constituidos durante la guerra civil…”.

Se siguen exhumando fosas: ya hay identificadas 45.134 víctimas

En concreto, y para defenderse de las acusaciones del relator de la ONU, el ejecutivo del PP dice haber remitido a ese organismo numerosos documentos que incluyen las actividades de localización y exhumación de gran importancia que “pudieron llevarse a cabo gracias a las cantidades destinadas para ello desde 2006 a 2011”; es decir, durante el final de la etapa socialista.

Pero añade en ese punto que el Gobierno de Rajoy no rompió con la política seguida por los socialistas, sino que, a pesar de la crisis económica, en la que dice que se vio obligado a reducir las cantidades destinadas a esos trabajos, se siguieron exhumando fosas comunes.

“Prueba de ello”, dice el documento, “es que en el Mapa de Fosas de la Guerra Civil, que gestiona el Ministerio de Justicia, se incluyeron durante 2009, su primer año de funcionamiento, las localizaciones de 1.465 fosas. Posteriormente, y aun habiendo subvenciones sobre tales actividades, la incorporación de fosas ha sido paulatinamente inferior. Actualmente se recogen en el Mapa 2.382 fosas, con la localización e identificación de 45.134 víctimas”.

A la investigación de fosas se han destinado 25 millones de euros

Al Gobierno le preocupaban especialmente las observaciones realizadas por el Relator que perseguían dos líneas de actuación: la necesidad de que existan líneas de financiación para labores de exhumación y el ejercicio de funciones en materia de Memoria Histórica por parte de todas las Administraciones e Instituciones públicas.

Ante la crítica sobre que el PP ‘cerró el grifo’ y no permitió, por tanto, seguir investigando una vez que llegó al poder -diciembre de 2011-, el Gobierno indica que ya en 2006 (etapa Zapatero) se abrieron unas líneas de financiación en favor de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica para indagar y localizar fosas de la guerra civil. Pero añade que desde la apertura de esas líneas de financiación se han destinado más de 25 millones de euros, “lo que ha permitido la subvención de importantes actividades, de las que 8,2 millones de euros, el 39,6 %, se han destinado a la localización de fosas”.

Habría tenido que reconocer, sin embargo, al relator de la ONU que “en el marco de la actual situación de crisis económica, en el año 2012 se aplicaron por parte del Gobierno medidas para la contención del gasto público, lo que hizo que se declarara la no disponibilidad de créditos que amparen convocatorias de subvenciones pendientes de convocar o resolver, por lo que este criterio se aplicó a las subvenciones en esta materia”. Es decir, que efectivamente se ha producido un parón de hecho.

http://vozpopuli.com/actualidad/56735-el-gobierno-del-pp-reconoce-ahora-la-ilegitimidad-de-los-tribunales-especiales-franquistas

Los tribunales especiales franquistas carecieron de legitimidad: lo decía la ley de memoria histórica. – Foto EFE

TRESCIENTOS MASONES ANDALUCES FUERON FUSILADOS TRAS EL GOLPE DE FRANCO

LA REPRESIÓN FRANQUISTA SE ENSAÑÓ CON ELLOS APLICANDO TODOS LOS MEDIOS POSIBLES PARA CASTIGARLOS: MUERTE, CÁRCEL, DEPURACIÓN PROFESIONAL E INCAUTACIÓN DE BIENES Y MULTAS MILLONARIAS

“NO HAY DINERO PARA LA MEMORIA HISTÓRICA, PERO SÍ PARA BUSCAR A CERVANTES”

COLECTIVOS DE FAMILIARES REPRESALIADOS DURANTE LA GUERRA CIVIL CRITICAN QUE DESDE LA LLEGADA AL GOBIERNO DE MARIANO RAJOY «NO SE HAYA DESTINADO NI UN SOLO EURO A LA LABOR DE EXHUMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RESTOS»

MARIO ESCRIBANO – ACTUALIZADA 31/01/2015

La Agrupación de Familiares y Amigos de Represaliados en Valdenoceda (Burgos) ha denunciado que la búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes «aumenta la sensación de agravio de miles de familias españolas, cuyos padres y abuelos aún se encuentran entrrados de forma absolutamente indigna en fosas, cunetas y parcelas. No hay dinero para la memoria histórica, pero sí para buscar a Cervantes».

Asimismo, también critican que desde la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy «no se haya destinado ni un solo euro a la labor de exhumación e identifiación de restos», una muestra de «la falta de sensibilidad» del Ejecutivo, apuntan.

Esta agrupación, formada por cerca de 80 familias, subraya que las familias «ven cómo se destinan miles de euros a la recuperación de los restos de Cervantes o a la recuperación de los restos de miembros de la División Azul«, algo que aseguran no criticar, pero sí consideran que muestra la «actitud de un Gobierno que fomenta el agravio, se salta a la torera el principio de igualdad e ignora las demandas de muchos hijos y nietos que quieren recuperar a sus padres y abuelos«.

Por ello, reclaman a la administración pública busque «una solución a esta injusticia», ya que no reciben ningún tipo de ayuda para llevar a cabo la labor de exhumación, excepto las provenientes de las propias familias. Una labor que se completaría con la identificación y el traslado «a los cementerios de sus respectivas localidades, donde debieron se enterrados de forma digna». Para ellos, «no se trata de un debate sobre ‘abrir heridas'», sino de una forma por la que «miles de familias españolas puedan comenzas a cerrar sus heridas, abiertas desde hace más de 70 años».

Así, subrayan que «es necesario recordar que la exhumación y recuperación de los restos de Miguel de Cervantes se están invirtiendo 50.000 euros«, cantidad muy cercana a lo que necesitan para completar el proyecto de exhumación que llevan a cabo desde hace unos años. Aunque les parece bien esta medida «por su valor cultural», apuntan que esta está impulsada por el Ayuntamiento de Madrid, institución que, en cambio, «nunca se ha interesado» por diez madrileños que murieron y fueron enterrados en Valdenoceda, ni por sus descendientes.

Una subvención devuelta con intereses

Tras haber conseguido exhumar 117 cuerpos en las fosas comunesde la localidad, esta organización quiso continuar con la tarea e identificar los restos mortales de todos los presos que murieron en la cárcel franquista Valdenoceda. A esta tarea se le añadía una dificultad nada desdeñable: se encontraban bajo sepulturas más recientes.

El presidente de la Agrupación, José María González, recuerda que el último gobierno de Zapatero les concedió una subvención para llevar a cabo este proyecto. Reconoce que no pudieron cumplir los plazos del proyecto, ya que la necesidad de una autorización de los enterrados sobre las fosas ralentizó enormemente el proceso. Tuvieron que pedir permiso a casi una veintena de familias, cuenta González a infoLibre, y cuando venció el plazo establecido por el Gobierno solo habían obtenido el permiso de la mitad de los afectados, ya que el resto aún no había tomado una decisión.

El plazo, de seis meses, finalizaba el 31 de diciembre de 2011, ya con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo. Pese a que la Agrupación asegura que explicó al nuevo Gobierno los impedimentos que tuvo para llevar a cabo el proyecto, no consiguió una prórroga para utilizar la subvención. El Gobierno no solo hizo devolver la subvención –de 58.000- euros al Estado, sino que también impuso el pago de 4.000 euros en concepto de intereses. Aunque presentaron un recurso, este fue desestimado y, finalmente, tuvieron que pagar de su bolsillo esta cantidad.

“Rajoy dijo que iba a dar menos dinero para memoria histórica, pero más para exhumaciones. Al final, no ha hecho ninguna de las dos cosas”, critica González. Desde que se desestimó el recurso de la Agrupación, en marzo de 2012, el Gobierno no ha vuelto a conceder subvenciones para la exhumación de víctimas del franquismo.

Ya no esperan ninguna ayuda del Gobierno y están estudiando otros métodos para poder financiar la exhumación de los cadáveres restantes. Una de ellas es el crowdfunding. Este método de financiación colectiva a través de Internet es una de las principales propuestas que baraja la Agrupación, que ya se ha puesto en contacto con expertos para valorar la viabilidad del proyecto.

Una prisión en la que quien mataba era el hambre

Lo que era la fábrica de seda de la localidad se convirtió durante la Guerra Civil en una prisión franquista. En 1937, se habilitó para 300 presos, aunque la Agrupación asegura que llegó a acoger hasta a 2.500 hombres en condiciones infrahumanas. “Más que una cárcel, aquello era un centro de exterminio”, apunta González a este periódico, y subraya que la prisión fue adaptada por los propios prisioneros de guerra.

El presidente de la Agrupación también destaca la gran cantidad de presos procedentes de Castilla-La Mancha, especialmente de Ciudad Real, ya que cerca de la mitad de los exhumados eran procedentes de esta región. Asimismo, apunta que “eran trasladados en vagones y camiones de ganado” hasta esta localidad, situada en la provincia de Burgos.

La prisión se cerró en 1943. En estos seis años, 154 presos murieron. Ninguno de ellos fue fusilado. Según las investigaciones de la Agrupación, todos ellos fallecieron a causa del hambre o enfermedades relacionadas con la carencia extrema y las condiciones en las que habitaban.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/01/30/memoria_historica_cervantes_franquismo_27567_1012.html

Imagen de archivo de la exhumación en 2007. AFARV.

POLÉMICA EN ANDALUCÍA CON LA LEY DE MEMORIA

01 DE FEBRERO DE 2015

Reportaje publicado en el número de febrero de La Marea, que puedes adquirir en quioscos y en nuestra tienda virtual

A Frasquito el bueno lo fusilaron en 1937 en Ronda (Málaga). Su nieto Paco Pimentel, hoy con 70 años, inició una huelga de hambre a las puertas del cementerio el pasado noviembre, después de que la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, dependiente de una consejería dirigida en estos tres años de gobierno bipartito por IU, decidiera exhumar la fosa sin su apoyo y el de la asociación que preside. La Administración tenía previsto destinar 17.000 euros en una primera fase, una cantidad que “sólo dará para hacerse una foto con cuatro huesos”, denuncia Pimentel, que busca junto con otros familiares a unos 1.700 asesinados. Pilar Comendeiro y Nelly Bravo pelearon contra el silencio de las administraciones y, tras varios años, lograron por fin iniciar la búsqueda de su tío, uno de los mineros de Huelva que quisieron acabar con los planes de Queipo de Llano. De los resultados de la primera intervención, subvencionada por la Junta, se enteraron por la prensa. Guadalupe Martín removió cielo y tierra, archivo por archivo, para localizar a su abuelo, supuestamente enterrado en el cementerio de Adamuz (Córdoba). La exhumación comenzó el pasado verano con una ayuda autonómica. Desde entonces, asegura sentirse fuera del proceso y desinformada. Leyó en los periódicos que la Junta actuaría de oficio. El coordinador del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria Histórica y Social de Andalucía de CGT-A, Cecilio Gordillo, impulsor, entre otras muchas exhumaciones, de la búsqueda de restos en un campo de concentración en La Algaba (Sevilla), conoció los resultados del hallazgo por un teletipo de la agencia Efe.

La política que durante este tiempo ha adoptado la Dirección de Memoria, fundamentada en que tiene que ser el Estado –en este caso la Junta– quien asuma las exhumaciones, tal y como venían reclamando el colectivo memorialista, el derecho internacional y la ONU, ha venido generando sin embargo malestar, preocupación e indignación entre algunos familiares de víctimas del franquismo que, desde hace años, llevan buscando a los suyos solos, sin el apoyo de ninguna administración y con algunas en contra. La nueva Ley de memoria, uno de los proyectos que el adelanto electoral deja en el aire, establece multas de hasta 150.000 euros por la realización de excavaciones sin la autorización de la Junta, una actuación tipificada como falta muy grave. Es decir, exhumaciones modélicas llevadas a cabo por los familiares, prácticamente sin ayuda pública, como el caso de El Marrufo, en Cádiz, donde fueron localizados 28 restos, ya no serían posibles sin la autorización y tutela de la Administración.

Esto, que es una buena política en tanto que la Junta de Andalucía sería la que asumiría la reparación de las víctimas como una obligación de Estado, genera recelos entre el colectivo por temor a que un excesivo control de la Administración aparte a los familiares del proceso. “Se trata de una nueva política pública de memoria que da respuesta a los derechos humanos y no permite el olvido de los luchadores por la libertad y la democracia”, explicó el –hasta el cierre de esta edición– vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), durante la presentación del proyecto. Valderas aseguró que la ley, mucho más avanzada que la estatal, no se hacía con un afán sancionador, sino de convencer, y no creía que tuvieran que llegar a imponer ninguna multa porque, según indicó, no quedaría ni una fosa por abrir ni un hueso sin exhumar si lo piden los familiares.

El texto aprobado, que también prevé sanciones –de hasta 10.000 euros– por no retirar los símbolos franquistas, lleva una memoria económica de 10 millones de euros y prevé un plan cada cuatro años donde se priorizarán las medidas y actuaciones para la localización, exhumación y la identificación de restos. En Andalucía hay más de 600 fosas. ¿Qué porcentaje del presupuesto total se destinaría a exhumaciones? Valderas afirmó que dependería de la demanda. En la última convocatoria de subvenciones para trabajos de localización, catas, exhumaciones e identificación de ADN fueron concedidos 155.000 euros a ayuntamientos y asociaciones, una cantidad ajustada a los límites presupuestarios que, si bien es lo único que queda después de que el PP desmantelase la ley aprobada por el gobierno de Zapatero, resulta insuficiente para exhumar todas las fosas a un ritmo razonable. Muchos familiares son ya mayores y el tiempo corre en su contra. La del Marrufo, por ejemplo, supuso un coste superior a ese presupuesto anual y el proceso duró cuatro años.

Controlar el movimiento

Mari Carmen España lleva desde 2006 batallando para encontrar a su abuelo, un jornalero de Lantejuela (Sevilla), supuestamente enterrado en el pueblo vecino, La Puebla de Cazalla. El proceso de exhumación, empantanado por las dificultades físicas del terreno en el cementerio y por el insuficiente apoyo económico de las administraciones, acaba de finalizar la cuarta fase. Mari Carmen no tiene palabras para cuantificar el desgaste económico y físico que le ha supuesto. Pero es esa búsqueda lo que a la vez le da fuerzas para seguir avanzando: “Sí, pedimos al Estado y a la Junta que se responsabilicen de una vez por todas de la localización de nuestros seres queridos. Pero eso es una cosa y que se quiera dejar a un lado la voluntad de las familias, otra muy distinta. Por tanto, no veo otra explicación en esa política que querer controlar el movimiento y encauzarlo para que no sea tan molesto”.

En la respuesta a una pregunta parlamentaria de octubre, la diputada del PSOE-A Micaela Navarro ya dejó patente ese malestar que, según manifestó, le habían trasladado asociaciones memorialistas. También algunas alegaciones presentadas al anteproyecto hacían referencia al papel de los familiares. “La elaboración de una ley de tanto calado para el movimiento social de memoria no significa que nos retiremos y dejemos en manos de la administración la aplicación de ésta sin más: debemos estar alerta y realizar un seguimiento cercano para que se aplique aquello que consideramos se ajusta a las reivindicaciones y/o que se modifique lo que no se ajuste al sentido de las víctimas […]. Estamos de acuerdo en que la Junta de Andalucía asuma el proceso de exhumaciones, los controle, los financie y los difunda. Aunque ese trabajo debe contar con las asociaciones, familiares y víctimas que llevamos mucho tiempo trabajando en este tema”, recogía en su escrito a la Junta la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA), que considera que cualquier traba administrativa que la ley imponga a las víctimas y a sus familiares para la consecución de sus objetivos “se vivirá como un obstáculo insalvable al proceso de recuperación de la memoria”.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que desde 2000 ha exhumado más de 200 fosas en toda España, es bastante crítico con la nueva política de la Dirección de Memoria: “Es de extrema gravedad y de extrema prepotencia. Exhumar contra los familiares, como en el caso de Ronda, es una aberración. No se trata de una decisión judicial sino de una decisión política que pasa por encima de la voluntad de las familias. Se hace un uso partidista de la memoria, un control partidista, y la memoria no es la memoria de un sector del Parlamento. La ley se ha ido haciendo sin participación”.

Cecilio Gordillo, que había depositado toda su confianza de mejora en la tramitación parlamentaria, también mantiene esa misma percepción: “La desconfianza que sobre el movimiento memorialista se trasluce en el texto del proyecto de ley es su elemento más negativo. Pensamos que su reglamentismo, su proyección ralentizadora, oscurantismo y opacidad en las resoluciones administrativas que se atribuye son debidas precisamente a un ejercicio viejo de la acción política, al marginar, intentar controlar y desconfiar del movimiento memorialista. Se olvida que gracias a sus acciones desde hace más de una década estamos en la situación actual y que la propia administración andaluza ha terminado planteándose la elaboración de una ley como la de ahora”.

Santiago Fernández recuperó los restos de su tío en una cuneta sin el apoyo de ninguna administración y sigue buscando a otro familiar por su cuenta. Así respondió a través de su Twitter a la presentación del proyecto: “Dificultades para exhumar, autoritarismo y asociaciones de familiares puestas de rodillas: eso es la ley de memoria andaluza”. Según denuncia, en el fondo, la nueva política emprendida por la Dirección de Memoria, capitaneada por Luis Naranjo, no apuesta por las exhumaciones. “El director general procede de las filas de IU, pero hemos de concretar que es del PCA (Partido Comunista Andaluz) y ha sido vicepresidente del Foro por la Memoria de Córdoba.

El foro por la memoria entiende que las políticas de memoria trascienden, o han de trascender, la reparación de las víctimas en ámbitos familiares, estableciendo que la víctima de la dictadura fue la sociedad en su conjunto, ideologiza la memoria histórica convirtiendo el tiempo de la segunda república y la guerra en el referente para construir la izquierda de hoy”, escribe Fernández en una radiografía sobre la evolución del movimiento en Andalucía, publicada en la página web ‘todoslosnombres.org‘. Allí pone como ejemplo un artículo escrito por el propio Luis Naranjo, titulado El debate sobre las fosas, ¿exhumar, para qué?, en el que afirma lo siguiente: “En el marco de la memoria histórica, las exhumaciones no pueden considerarse sólo como un acto privado o familiar o como un derecho exclusivo de los descendientes, sino que poseen una dimensión pública y cívica, que se basa en el derecho de todos los ciudadanos a conocer lo que ocurrió”.

“Presuntos familiares”

Naranjo, en conversación con La Marea, niega rotundamente que hayan actuado en contra de las familias y se remitió a ese mismo artículo para defender su postura, que es la de la reparación pública: “Los muertos son del pueblo andaluz. Los familiares son presuntos familiares hasta que exista la comprobación del ADN. Y cada muerto es una prueba del horror que fueron los crímenes franquistas. Hay que sacar a la luz ese horror. Nuestro foro, además, fue pionero en las exhumaciones”, asegura. Según explica, la línea seguida por su departamento incide también en otra de las cuestiones que se encuentra en el espíritu de la ley: que los jueces se mojen. “Siguen archivando las denuncias, pero ahora lo están haciendo con más rapidez. Antes no pasaba eso”, añade.

Guadalupe Martín cuenta, sin embargo, que se dirigió a Naranjo, cuando aún era vicepresidente del Foro, para pedirle ayuda en la búsqueda de su abuelo: “Descartó de antemano la exhumación ante la reforma del cementerio y, una vez nombrado director general, se desentendió de nosotras sin dar explicación alguna”. Como director general, tras la exhumación realizada en verano, denuncia que se arrogó la potestad de presentar los resultados provisionales en una rueda de prensa. “Le pido a Luis Naranjo que actúe de forma más respetuosa y cautelosa sobre la información que hace pública, deje de hacer un uso político y partidista de los supuestos hallados, espere la confirmación del estudio antropológico una vez sean exhumados los restos, se nos consulte e informe de todas las decisiones respecto a los mismos”, desgranó Guadalupe en un escrito. Tras una reunión con él, llega a la misma conclusión: “Las familias hacemos el trabajo y ellos hacen lo que les da la gana. Nos dicen que actuarán de oficio y a la vez que lo solicitemos. Una contradicción”.

“La política de memoria tiene que ser pública y transversal. La reparación y las garantías de no repetición no deben ser asuntos de política partidista, sino de principios y derechos que conciernen a todos los ciudadanos”, insiste Naranjo, que considera que el movimiento memorialista está reconocido en la ley. Emilio Silva concluye que no puede haber una política pública de memoria si el centro de esa política no son los familiares.

http://www.lamarea.com/2015/02/01/polemica-en-andalucia-con-la-ley-de-memoria/

Paco Pimentel protesta a las puertas del cementerio de Ronda (Málaga). 

LOS VOTOS DEL PP IMPIDEN QUE SALGA ADELANTE LA PROPUESTA PARA COMPLETAR EL MEMORIAL POR LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO EN CALATAYUD

ENVIADO POR ARAINFO | REDACCIÓN EL 28 ENERO, 2015

Este lunes el Pleno del ayuntamiento de Calatayud denegó, con los 11 votos en contra del grupo del PP y 8 votos a favor (3 del PAR y 5 del PSOE), la propuesta de la asociación ARICO para que se terminaran de grabar los nombres que faltan en el Memorial del cementerio en recuerdo a las víctimas asesinadas por el golpe de estado y la represión franquista en la guerra civil.

ARICO reivindica la inclusión en el Memorial de todos los nombres de las personas asesinadas en la comarca de Calatayud, ya que en la actualidad solo están los nombres de los 115 vecinos y vecinas de la ciudad de Calatayud quedando fuera los del resto de la comarca.

ARICO denuncia que “incomprensiblemente el Partido Popular sigue enquistado en su cerrazón de no querer dejar a los vecinos y vecinas de la comarca de Calatayud poder leer los nombres de sus familiares asesinados durante la guerra civil”.

“Solo podemos decir que tanto los familiares como la asociación seguiremos reclamado a quien corresponda el poder terminar el proyecto inicial, si no es con este lamentable equipo de gobierno, será con el siguiente”, afirman.

La asociación ARICO agradece el apoyo del grupo municipal del PSOE por “ayudarnos a presentar esta propuesta y al grupo municipal del PAR por su apoyo”.

http://arainfo.org/2015/01/los-votos-del-pp-impiden-que-salga-adelante-la-propuesta-para-completar-el-memorial-por-las-victimas-del-franquismo-en-calatayud/

Imagen del Pleno celebrado este lunes

RECLAMAN LA EXHUMACIÓN DE MÁS DE 400 REPRESALIADOS FRANQUISTAS EN CÁDIZ

EFE – 28/01/2015 

La Plataforma por la Memoria Histórica de Cádiz ha reclamado hoy la exhumación de los cuerpos de más de 400 represialiados del régimen franquista que continúan enterrados en el cementerio de San José, en la capital gaditana, que fue clausurado hace 23 años.

Según ha indicado Antonio Chico, portavoz de la Plataforma, hasta ahora sus acciones han sido «inútiles», ya que Junta y el Ayuntamiento de Cádiz, «se echan la pelota unos a otros» por lo que han decidido emprender otras acciones de protesta y recoger firmas a través de internet para dignificar la memoria de los fallecidos.

Catalogados en los registros de Cemabasa, la empresa municipal de cementerios, hay 400 personas aunque ellos creen que la cifra podría ascender hasta los 700 la mayoría de ellos correspondientes a fusilamientos que se hicieron en los fosos de las Puertas de Tierra, en la Plaza de Toros y en la playa y personas que murieron en las cárceles de la Bahía.

Cada vez menos familias, asegura Chico, continúan en Cádiz en esta lucha. Muchos de ellos han fallecido antes de dar una «sepultura digna» a sus familiares y otros tienen miedo de dar el paso.

«Aunque parezca mentira hoy, 79 años después, hay miedo todavía a hablar de este tema» añade.

Por ello, reclaman que este cementerio sea declarado Lugar de Memoria Histórica, que se construya un monolito con los nombres de los fallecidos y que los restos puedan ser trasladados al cementerio mancomunado de Chiclana de la Frontera.

«En Cádiz no hubo guerra, aquí asesinaron», ha dicho el representante de la plataforma, para quien «políticamente no interesa» sacar este tema a la luz

http://andaluciainformacion.es/cadiz/475756/reclaman-la-exhumacion-de-mas-de-400-represaliados-franquistas-en-cadiz/

PLATAFORMA MEMORIA HISTÓRICA

LA JUSTICIA RECHAZA LA PETICIÓN DE ARGENTINA DE EXHUMAR LA FOSA DE UNA VÍCTIMA DE LA DICTADURA 

UNA JUEZ DE GUADALAJARA IGNORA DOS INFORMES DEL AYUNTAMIENTO FAVORABLES A LA EXHUMACIÓN Y OTRO DOCUMENTO DE 1939 QUE SEÑALA EL LUGAR CONCRETO DE LA FOSA. LA MAGISTRADA ALEGA PARA JUSTIFICAR LA DENEGACIÓN UN ACTA QUE LA DEFENSA DE LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA DESCONOCE.