Arico continúa avanzando en su titánico trabajo para recuperar la dignidad de las personas asesinadas por el franquismo

Enviado por AraInfo | Achencia de Noticias d´Aragón el 20 septiembre, 2013

Hace escasos días Arico – Memoria Aragonesa, asociación que trabaja por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido, informaba de sus últimos avances explicando que “a través del sistema de crowdfunding se han recaudado 7.385 euros que suponen un 107% del dinero presupuestado para la exhumación de Saturnina Arbea Villacampa y Mariano Legarre Mínguez, por lo que queremos agradecer públicamente a quienes han realizado aportaciones económicas y también a quienes de una u otra forma apoyan estos proyectos”.

Asimismo desde Arico indican que los restos que exhumamos en Sos d´o Rei Catolico están en el laboratorio de Antropología Forense de València para ser estudiados. “Dichos restos -continúan- no estamos seguros que correspondan a Saturnina ya que lo que nos encontramos en el cementerio fue un espacio lleno de enterramientos sin señalizar -llegamos a localizar 6- de los cuales solo uno se ajustaba a la documentación que teníamos, si el informe antropológico no es concluyente tendremos que hacer una prueba de ADN para confirmar o descartar definitivamente si esos restos óseos corresponden a Saturnina”.

Las asociaciones Arico y Charata -de Uncastiello- recuerdan que “hay muchas maneras de luchar y ésta es la que nosotros queremos y sabemos hacer. Porque 77 años después de estas muertes violentas el Estado sigue desatendiendo a sus ciudadanos y ciudadanas”, todo esto sucede mientras expertos internacionales hablan en términos “de oportunidad histórica para investigar los crímenes del franquismo”, haciendo referencia a las últimas noticias que indican que la Junta de Andalucía “abre el camino a la investigación judicial de los crímenes del franquismo tras comunicar evidencias de asesinatos colectivos halladas en fosas comunes de Cañete la Real, Víznar y Órgiva”, y que insta a los jueces a que asuman estas causas e inicien el protocolo de exhumaciones, apoyándose para ello “en los protocolos y la jurisprudencia internacional, como el Tribunal de Núremberg, el de Derechos Humanos o Naciones Unidas”. Dado que es la primera vez que se toma esta iniciativa, los juzgados en que los que recaigan los procesos se encuentran ante una “oportunidad histórica”, recalcan.

Contra la impunidad franquista

Amaya Olivas, magistrada en Barcelona, miembro de Jueces por la Democracia y autora del ‘Modelo para el protocolo de exhumaciones’, explica que las diligencias de investigación tras denuncia por desapariciones forzadas o detenciones ilegales han de centrarse en la localización e identificación de restos humanos y su exhumación. Este formulismo, aún no aplicado en el Estado español, requiere de la colaboración multidisciplinar y la actuación coordinada de las “fuerzas judiciales -juez, fiscal y policía judicial- junto a antropólogos y médicos forenses”.

Por su parte, Carlos Slepoy, abogado de la Querella Argentina contra la dictadura franquista señala que “es una iniciativa de gran trascendencia. Sólo resta que haya jueces que en cumplimiento de las normas internacionales de Derechos Humanos y los tratados suscritos por el Estado español, abran el camino de la investigación judicial ante esta oportunidad histórica. Si lo hacen otros seguirán su ejemplo y se pondrá fin a la impunidad del franquismo”. El letrado sostiene que “todas las instituciones tienen la obligación no solo de apoyar a las víctimas y sus familiares, sino de asumir como propio e intransferible el cultivo de la memoria histórica”.

Además de estas esperanzadoras noticias que llegan desde el País andaluz, también es calificada internacionalmente como “oportunidad histórica” la orden de detención internacional contra cuatro torturadores del franquismo dictada por María Servini de Cubría, magistrada de la República de Argentina. La magistrada ha dictado una resolución por la que dicta orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para cuatro ex funcionarios de seguridad acusados de torturas: el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González, y el ex inspector José Antonio González Pacheco. Y tal y como señala Ana Delicado, corresponsal de Público en Buenos Aires, “es decir, que en la causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo, han pasado a ser imputados estos cuatro ex funcionarios, que deben ser extraditados a efectos de recibir declaración indagatoria. Se procede que esta magistratura curse específicamente a las autoridades españolas esta orden de detención, -dice textual la resolución de la magistrada-, y el texto especifica que se debe comunicar el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria con la Interpol”.

http://arainfo.org/2013/09/arico-continua-avanzando-en-su-titanico

-trabajo-para-recuperar-la-dignidad-de-las-personas-asesinadas-por-el-franquismo/

Foto: Arico

EL GOBIERNO PRESTARÁ «LA COLABORACIÓN QUE PERMITA LA LEY» A LA JUSTICIA ARGENTINA EN SU INVESTIGACIÓN DEL FRANQUISMO

NIEGA HABER OBSTACULIZADO LA CAUSA

MADRID, 19 SEP. (EUROPA PRESS)

El Gobierno asegura que «no está obstaculizando» la investigación judicial abierta en Argentina por los crímenes de la dictadura franquista y hasta el momento ha «dado trámite a cuantas solicitudes de auxilio judicial internacional se han recibido» sobre este particular. Además garantiza que «prestará toda la colaboración» que «prevea y permita» la legislación española.

   Así lo asegura el Ejecutivo en una respuesta que ha remitido al portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Gaspar Llamazares, quien se interesó por la actuación del Gobierno ante la causa abierta en Argentina.

   Precisamente este miércoles, la jueza argentina María Servini que investiga los crímenes de la dictadura ha solicitado la extradición de cuatro ex altos funcionarios de la Policía y de la Guardia Civil por presuntos delitos de torturas.

   En concreto plantea una orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González, y el ex inspector José Antonio González Pacheco, alias ‘Billy El Niño’.

   En la respuesta remitida a Llamazares, que recoge Europa Press, el Ejecutivo subraya que es «absolutamente respetuoso con la actuación de la justicia, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional e internacional». En este contexto, subraya que «prestará toda la colaboración que nuestra legislación prevea y permita».

   También señala que el Ministerio de Justicia, «en su calidad de autoridad central», debe «garantizar que los Convenios Internacionales sobre auxilio judicial internacional existentes se apliquen correctamente» así como que «la práctica de diligencias judiciales en España se realice bajo la cobertura jurídica de dichos Convenios».

PERO EL PODER JUDICIAL ES INDEPENDIENTE

   En este contexto, recuerda que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación remitió una Nota Verbal a la Embajada de Argentina, el 8 de mayo de 2013, «recordando la existencia de un acuerdo bilateral con Argentina en materia de asistencia judicial penal y las exigencias que regulan el procedimiento para la realización de este tipo de diligencias jurisdiccionales».

   Eso sí, apunta que, dada la «absoluta independencia del Poder Judicial», no corresponde al Ejecutivo «colaborar con la justicia argentina en el marco de una investigación judicial» sino, que en su caso, y «previa remisión de la oportuna comisión rogatoria», es a las autoridades judiciales a las que corresponde prestar dicha colaboración.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-prestara-

colaboracion-permita-ley-justicia-argentina-investigacion-

franquismo-20130919202113.html

LA AUDIENCIA DE MADRID

RECHAZAN LA PETICIÓN DE APERTURA DE FOSAS DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

MADRID, 19 SEP. (EUROPA PRESS) –

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la petición de apertura de fosas del Valle de los Caídos, dado que el cementerio está sujeto a la exclusiva potestad estatal y este tribunal no es competente para decidir sobre este asunto.  

   En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, la sección cuarta de la Audiencia madrileña tumba un recurso de apelación formulado por un particular contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de San Lorenzo de El Escorial de archivar el 8 de mayo de 2012 la citada petición, un proceso que se conoce como causa de la Memoria Histórica.

   Estas diligencias se incoaron el 14 de mayo de 2009 tras la inhibición acordada por el Juzgado Central de Instrucción Número 5, dirigido entonces por el juez Baltasar Garzón. Éste decidió inhibirse a favor de los juzgados competentes.

   La pretensión del recurrente consistía en la restitución de los restos mortales de sus familiares para inhumarlos en el cementerio de Pajares de Adaja (Ávila), lugar del que eran originarios.

   La Sala concluye en la resolución judicial que al ser el cementerio de la Basílica del Valle de los Caídos un camposanto sujeto a la exclusiva potestad estatal, el recurrente debió haberse dirigido ante la autoridad administrativa competente.

   «No es el proceso penal ni por tanto es a este tribunal a quien le corresponde decidir sobre la solicitud deducida en el recurso de apelación», recoge la resolución judicial.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-audiencia-madrid-

rechaza-peticion-apertura-fosas-valle-caidos-20130919155508.html

ARGENTINA DICTA ORDEN DE DETENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA CUATRO TORTURADORES DEL FRANQUISMO

EN UNA DECISIÓN SIN PRECEDENTES, LA JUEZA MARÍA SERVINI DE CUBRÍA PIDE, A TRAVÉS DE LA INTERPOL, LA EXTRADICIÓN DE ALTOS FUNCIONARIO POLICIALES Y DE LA GUARDIA CIVIL, EN LA CAUSA ABIERTA EN ESE PAÍS PARA JUZGAR LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO

ANA DELICADO BUENOS AIRES 18/09/2013

En un día histórico para las víctimas del franquismo, la magistrada María Servini de Cubría ha dictado una resolución por la que dicta orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para cuatro ex funcionarios de seguridad acusados de torturas: el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisarioJosé Ignacio Giralte González; y ex inspectorJosé Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño.

Es decir, que en la causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo, han pasado a ser imputados estos cuatro ex funcionarios, que deben ser extraditados «a efectos de recibir declaración indagatoria». «Se procede que esta magistratura curse específicamente a las autoridades españolas esta orden de detención», dice textual la resolución de la magistrada. El texto especifica que se debe comunicar «el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)».

La resolución, entonces, será enviada tanto a INTERPOL como a las autoridades españolas para proceder a la detención de los primeros cuatro procesados de la causa, abierta en abril de 2010, tal y como acaba de confirmar a Público uno de los abogados que ha recibido en mano la resolución de la jueza, el argentino Carlos Slepoy.

Los abogados solicitaron por escrito a la jueza, en marzo de este año, que emitiera órdenes de captura internacional contra nueve responsables del régimen franquista: tres ex ministros, José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez; y dos ex jueces, además de los cuatro exfuncionarios de seguridad que ahora han pasado a estar procesados en la causa. La magistrada ha decidido proceder, por ahora, contra estos últimos.

La ley procesal argentina prevé que, si existen indicios de criminalidad en una persona, se la llame para que preste declaración indagatoria, cuyo efecto es la orden internacional de detención si el acusado se encuentra fuera del país. Ésta es la victoria más importante que consiguen las víctimas del franquismo en el marco de una causa que comenzó hace más de tres años. El proceso ha sufrido varios escollos que ahora comienzan a disiparse.

Siguientes pasos

La jueza recibirá el próximo 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Francisco Franco, a víctimas de la dictadura y a funcionarios españoles para que presten su testimonio en el marco de la causa. Se espera la llegada de parlamentarios de BNG, IU, Amaiur, y quizás alguno del PSOE. Es probable que se adelante el diputado de ERC Joan Tardà, para interponer en octubre una querella por el asesinato durante la dictadura de Lluis Companys, presidente de la Generalitat durante la II República, y que también lo acompañen  varios concejales y alcaldes de su partido.

A ello se le suma el creciente apoyo institucional que en Argentinaotorga cada vez más relevancia a la causa. Además de la resolución de apoyo del Congreso Nacional a la causa judicial, el alcalde de de la ciudad de La Plata ha declarado de interés municipal la querella argentina contra los crímenes del franquismo, y lo mismo está estudiando la legislatura provincial de Buenos Aires. La última en mostrar su respaldo ha sido la legislatura porteña (el Parlamento de la ciudad de Buenos Aires), que acaba de aprobar por unanimidad una declaración de apoyo a la querella y de condena al franquismo. Hace unos días, se constituyó la Plataforma Argentina de Apoyo a la Querella contra los Crímenes del Franquismo, a la que se adhirieron casi 100 organizaciones, y uno de sus objetivos es el de sumar el apoyo de más instituciones a la qerella, en sintonía con lo que está sucediendo en España con la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina(CeAQUA).

«Este apoyo es fundamental», resalta Slepoy.  Los abogados se han reunido con prácticamente todas las fuerzas del Congreso, y con el director de Derechos Humanos de la Cancillería, Federico Villegas Beltrán, para garantizar que las próximas videoconferencias que realice la jueza con víctimas del franquismo no vuelvan suspenderse, como ya sucedió en tres ocasiones. Los querellantes también estuvieron con Mario Fera, presidente de Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la tramitación técnica de las querellas, para dejar asegurado nuevos problemas.

Estado de la causa

Hasta ahora, la jueza había enviado a España dos comisiones rogatorias. En la primera, solicitaba que le informaran sobre si había investigaciones en curso sobre el franquismo, en qué juzgado estaban, en qué estado se encontraban. También pedía información sobre el plan sistemático de exterminio de la dictadura, y en específico, sobre el plan deliberado, planificado y legalizado del secuestro de niños. Varios meses después, contestó la Fiscalía General de Estado que encabezaba Cándido Conde-Pumpido, cuando por entonces el PSOE estaba en el Gobierno. La Fiscalía alegó que en España estaba investigando el franquismo, y advertía que el principio de jurisdicción universal es subsidiario, es decir, que podía aplicarse cuando no había investigaciones en el país donde se cometió el crimen, por lo se entendía que Argentina no tenía competencia para investigar.

Los abogados de la querella replicaron con un escrito, aclarando que todos los procesos abiertos en distintos juzgados del país a raíz de los testimonios que había enviado el juez Baltasar Garzón, habían sido archivados en su inmensa mayoría, y que sólo quedaban tres abiertos, pero relacionados con la existencia de fosas comunes y exhumación de cuerpos, sin que hubiera una investigación penal. La jueza reaccionó inmediatamente y mandó una segunda comisión rogatoria a España, pidiendo la identificación de muchos responsables. La Fiscalía General volvió a contestar cuando ya estaba el PP en el Gobierno,  con Eduardo Torres-Dulce como nuevo fiscal general, en donde reiteraban que Servini de Cubría no tenía competencia para juzgar los crímenes franquistas. Para entonces, Garzón ya había sido condenado en febrero de 2012 por el Tribunal Supremo.

La magistrada decidió entonces viajar a España, pero el viaje fue cancelado porque la Corte limitó el número de funcionarios con los que podía viajar. Para su llegada se había creado un movimiento con una lista de 100 declarantes. La suspensión de su viaje generó una enorme frustración.

Pero con la actual resolución de la jueza, con la que dicta la primera orden internacional de detención contra los primeros representantes del franquismo, la magistrada ha dado un paso que puede marcar un hito en la historia española.

La única causa judicial que hay abierta en el mundo en relación a los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina. La Constitución argentina reconoce desde 1853 el principio de justicia universal, por el que este país tiene jurisdicción para perseguir los crímenes franquistas al haberse negado España a investigar por sí misma los crímenes cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Según los autos de Garzón, la represión franquista dejó al menos113.000 desaparecidos y unos 30.000 niños apropiados por el régimen que fueron sustraídos a las familias republicanas.

http://www.publico.es/469209/argentina-dicta-orden-de-detencion-

internacional-contra-cuatro-torturadores-del-franquismo

La jueza argentina María Servini.EFE.

LA ONU VISITA ESPAÑA PARA INVESTIGAR LAS «DESAPARICIONES FORZADAS» DEL FRANQUISMO

UNA DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ORGANISMO INTERNACIONAL LLEGA EL LUNES A MADRID PARA ESCLARECER SI EL ESTADO ESPAÑOL CUMPLE CON SU OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR LOS CRÍMENES COMETIDOS POR LA DICTADURA FRANQUISTA Y DE REPARAR A LAS VÍCTIMAS

ALEJANDRO TORRÚS MADRID 17/09/2013 

El pasado 30 de agosto, el Gobierno de Mariano Rajoy, coincidiendo con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, emitió un comunicado en el que resaltaba el compromiso del Ejecutivo por «la promoción y el respeto de los derechos humanos, la lucha por erradicar toda violación de los mismos y, muy específicamente, las desapariciones forzadas». En el comunicado, el Gobierno insistía en su voluntad de esclarecer «cualquier caso de desaparición forzada» y aseguraba desplegar «año tras año más esfuerzos en esta esfera».

Sus palabras, sin embargo, no han debido convencer al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, que este lunes viaja a España para determinar si el Estado español cumple con su obligación de investigar las desapariciones forzadas acaecidas durante la dictadura franquista y la Guerra Civil, el establecimiento de una verdad histórica sobre la violación de derechos humanos durante el mismo período histórico y la reparación de las víctimas, que a día de hoy, casi 38 después de la muerte del dictador, continúan batallando para poder encontrar y dar sepultura a sus familiares desaparecidos.

Motivos para la incredulidad no le faltan al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Nada más llegar al poder, Mariano Rajoy cerró la oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura que fue creada para coordinar la exhumación de desaparecidos; eliminó la partida de los Presupuestos destinada a la memoria histórica; y obstaculizó la investigación de los crímenes cometidos durante el régimen de Franco iniciada por la Justicia argentina.

Todo ello, en un país, España, donde hay entre 88.000 y 130.000 personas enterradas en cualquier cuneta, 30.000 niños robados, una cantidad de fusilamientos llevados a cabo en nombre de la ley franquista imposible de determinar y donde la única persona que salió malparada de la causa judicial abierta contra la dictadura franquista fue el propio juez que instruyó la causa.

«Investigar, al menos por vergüenza»

Por ello, con el fin de determinar si el Estado español cumple con sus obligaciones en materia internacional de respeto por los derechos humanos y de esclarecimiento del pasado, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU visitará durante una semana Madrid, Barcelona, Sevilla y Vitoria, donde mantendrá diversas reuniones con autoridades, víctimas de la dictadura, familiares de desaparecidos, asociaciones civiles, abogados, académicos y otros actores pertinentes.

«Esta visita es fundamental para nosotros. Las víctimas de la dictadura están siendo desatendidas por los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ante esta situación, la llegada de la ONU sirve denunciar internacionalmente que España incumple sus obligaciones y esperamos que sirva para que, al menos por vergüenza, el Estado actúe», explica a Público Jordi Gordon, portavoz de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que se reunirá con el Grupo de Trabajo este lunes.

Otra de las asociaciones que ha confirmado su presencia a Público en la reunión con el Grupo de Trabajo ha sido la Asociación Recuerdo y Dignidad, cuyo presidente, Iván Aparicio, ha explicado a este diario que expondrán al grupo el incumplimiento sistemático de la Ley de Memoria Histórica por parte de ayuntamientos, comunidades y Gobierno central.

La delegación del Grupo de Trabajo, integrada por los expertos Ariel Dulitzky y Jasminka Dzumhur acompañados por los funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Ugo Cedrangolo (Secretario del Grupo de Trabajo) y Yiyao Zhang, visitará en su visita a España las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla y Vitoria.

A su llegada a Madrid, la delegación será recibida por familiares de víctimas del franquismo que acudirán al aeropuerto de Barajas con una gran foto de víctimas de la dictadura bajo la leyenda: «España: 130.000 desaparecidos, dos mil fosas comunes con miles de víctimas sin identificar y decenas de miles de niños robados esperan una solución que el Estado español niega a las víctimas del franquismo».

Desde 2002 reclamando una investigación

La investigación por parte de la ONU de la impunidad de los crímenes franquistas y del incumplimiento por parte de España de la legalidad internacional, no obstante, no se limita al período de Gobierno de Mariano Rajoy. Las víctimas acudieron al Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU por primera vez en el año 2002. Concretamente, las víctimas denunciaron el caso de tres ciudadanos desaparecidos en 1947, 1949 y 1950.

En su informe anual de 2004, el Grupo de Trabajo reflejó la imposibilidad de informar sobre las tres denuncias ante la falta de información aportada por las autoridades españolas. Estas afirmaciones se han sucedido hasta la actualidad con la peculiaridad de que en el año 2008 el Grupo de Trabajo recomendó a España derogar la Ley de Amnistía recordando al Estado español que los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca y que una ley nacional no puede jamás borrarlos de la memoria colectiva.

http://www.publico.es/468938/la-onu-visita-espana-para-

investigar-las-desapariciones-forzadas-del-franquismo

Víctimas del franquismo y sus descendientes participan en una manifestación de apoyo al juez Baltasar Garzón el 24 de abril de 2010.

EL BANCO DE ADN PARA LA MEMORIA HISTÓRICA YA TIENE SU PRIMERA MUESTRA

GUILLERMINA GÓMEZ HA SIDO LA PRIMERA PERSONA A LA QUE LA JUNTA DE ANDALUCÍA LE HA TOMADO UNA MUESTRA DE ADN PARA PODER IDENTIFICAR EN UN FUTURO A SU PADRE FUSILADO EN 1936.

SU PADRE, ANSELMO GUILLERMO GÓMEZ BERMÚDEZ, FUE DIRIGENTE SOCIALISTA EN POSADAS (CÓRDOBA), REPRESALIADO Y FUSILADO POR LAS TROPAS SUBLEVADAS EN LA CAPITAL CORDOBESA.

TRAS TODA LA VIDA BUSCANDO LOS RESTOS DE SU PADRE Y RECLAMANDO LA ACCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES, EL PARLAMENTO EUROPEO RECONOCIÓ A GUILLERMINA “EL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS A LA VERDAD Y LA JUSTICIA”.

CARMEN REINA 

17/09/2013

Guillermina Gómez tiene 76 años, los mismos que han pasado desde que mataron a su padre, Anselmo Guillermo Gómez Bermúdez, dirigente socialista natural de Posadas(Córdoba) que fue asesinado por las tropas sublevadas en agosto de 1936 en la capital cordobesa.

Entonces, Guillermina aún estaba en el vientre de su madre y, desde que tuvo uso de razón, comenzó a buscar el cuerpo de su padre. Ahora, a sus 76 años, ella ha sido la primera persona a la que la Junta de Andalucía le ha tomado de oficio muestras en un laboratorio para que formen parte del Banco de ADN que se ha promovido desde la Dirección General de Memoria Democrática de la administración autonómica dentro de su labor por la recuperación de la memoria de quienes fueron víctimas del régimen franquista.

El objeto final de esta recogida de muestras de ADN será realizar una posible identificación en un futuro con los restos de su padre, que fue juez de paz en la localidad de Palma del Río (Córdoba) y represaliado por sus ideas políticas. “Él tenía unas ideas políticas muy avanzadas. Pero eso no es motivo para que se mate a nadie”, cuenta Guillermina a eldiario.es/andalucia.»Estalló la guerra, tuvieron a mi padre un mes en la cárcel y de la cárcel lo sacaron para fusilarlo».

De momento, el compromiso de la Junta de Andalucía con esta mujer luchadora ha sido el de hacerle las pruebas de ADN e indagar, en documentos de archivos provinciales y libros de registro del cementerio, para obtener la mayor certeza posible sobre el lugar de enterramiento de su padre, en el caso de una futura exhumación.

Porque, por ahora, no se plantea la posibilidad de iniciar el proceso para la exhumación. «Dicen que no hay dinero pero que están sobre el tema a ver si pueden avanzar», explica Guillermina. Porque la Junta de Andalucía sabe que no es posibleestablecer una fecha a corto plazo para ello, tanto por el coste económico como por la dimensión de las fosas, donde hay cientos de personas e incluso se han realizado construcciones encima.

Toda la vida buscando el cuerpo de su padre

Guillermina lleva toda su vida buscando el cuerpo de su padre. Ella misma recuerda que, salvo los años de crianza de sus cinco hijos, el resto de su vida la ha dedicado ainvestigar y buscar información acerca del paradero de los restos de Anselmo Guillermo Gómez Bermúdez, de quien se sospecha que debe estar enterrado en una fosa común del cementerio de La Salud en Córdoba.

Durante todo este tiempo, Guillermina, apoyada en sus cinco hijos que junto a ella buscan recuperar la memoria de su abuelo, ha llevado su reclamación a todas las instancias posibles: administraciones públicas, juzgados, archivos, etc.

Reconocimiento del Parlamento Europeo

Pero no fue hasta que elevó una reclamación de información sobre el caso de su padre a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo cuando desde Bruselas le reconocieron, en noviembre de 2012, «el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia» y se instó al Estado Español a velar por ese derecho.

En su respuesta a Guillermina y su familia, Bruselas se hizo eco de su petición para que las administraciones, el poder judicial y los cuerpos de seguridad hagan pública la información y documentación que obren en su poder sobre familiares en casos como el suyo. Y, junto a ello, que el Gobierno español realice un plan para identificar a quienes permanecen enterrados en fosas comunes víctimas de la Guerra Civil.

«De allí salí contentísima» rememora Guillermina recordando su paso por el Parlamento Europeo. «Hablaron hora y media de mi padre», describe como ejemplo de la consideración e importancia que le dieron a su caso en la UE. «A partir de esto, el ministro de Justicia – Alberto Ruiz Gallardón- me escribió admitiendo que mi padre no había hecho nada malo y que lo habían fusilado», relata con la convicción de quien tiene la razón de su parte.

A partir de ahora, esta mujer sigue su lucha. No va a dejar de reclamar, donde sea necesario, que las administraciones hagan lo posible por recuperar la memoria de su padre y de quienes se encuentran en su misma situación.

De momento, en el Cementerio de La Salud de Córdoba, ha visitado el Muro de la Memoria, dondeaparece la inscripción con el nombre de Anselmo Guillermo Gómez Bermúdez, en este monumento levantado en 2011 por el Ayuntamiento para honrar a 2.311 víctimas del franquismo en Córdoba de las que hay constancia que fueron fusiladas y enterradas en los camposantos de la ciudad.

http://www.eldiario.es/andalucia/Banco-ADN-Memoria-Historica-

muestra_0_176383008.html

Guillermina Gómez, con la foto de su padre, junto al Muro de la Memoria que recuerda a las víctimas del franquismo.

PROPUESTA POR EL GPRMH

CULTURA AUTORIZA LA EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS DEL ‘SOLDADO DESCONOCIDO’ EN EL TORO

CASTELLÓN, 18 SEP. (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Cultura de la Generalitat Valenciana ha autorizado la intervención propuesta por el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GPRMH) para realizar la exhumación de los restos del ‘soldado desconocido’, localizados en el municipio castellonense de El Toro, uno de los escenarios de la Batalla de Levante de la Guerra Civil, según ha informado el coordinador de esta entidad, Matías Alonso.

   Con esta autorización, el GPRMH se ha puesto en contacto a su vez con el Ayuntamiento de El Toro para su conocimiento y recabar su colaboración, «según conversaciones anteriores en un clima de entendimiento que nos hace suponer que no habrá ningún tipo de problema, dentro de la normalidad con que estamos trabajando en la exhumación de Borriol», ha apuntado Alonso.

   Dada la proximidad de ambas actuaciones, el GPRMH dará a conocer el programa concreto, una vez se haya adaptado a las novedades surgidas en la localidad castellonense de Borriol, donde se está procediendo a la exhumación de los restos de José Valls, fusilado durante la Guerra Civil.

   Respecto a la exhumación de El Toro, Matías Alonso ha señalado que «se trata de dar un destino digno a los restos de una persona joven, a juzgar por la parte visible de sus restos, que sigue abandonada y a la intemperie en una ladera en uno de los escenarios de los combates entablados hace justamente 75 años, a mediados de agosto de 1938, cuando un contraataque republicano intentaba romper las líneas franquistas en la batalla del Rincón de Arnau».

   Este joven quedó allí, se desconoce su identidad y el lugar donde han aparecido sus restos hace dudar sobre su pertenencia a uno u otro ejército contendiente. Su juventud hace posible que aún haya algún hermano, esposa o familiar buscándolo, por lo que se efectuar su análisis de ADN y ponerlo a disposición de los familiares, según el GPRMH.

«UNA DEUDA DE TODOS»

   Alonso entiende que este soldado «representa a los miles que murieron en ésta y todas las batallas y que en gran proporción siguen desaparecidos por cunetas y barrancos de toda España», por lo que considera que es «una deuda de todos y vamos a hablar con distintos estamentos para, ante la ausencia total de presupuesto económico, cada cual apoye hasta donde pueda en recuerdo y honor de quienes, independientemente del ejército en que lucharon, perdieron la guerra por igual».

   «Tratar con respeto a esta persona es el mejor homenaje que se puede dar a todos ellos, y encontrarle un sitio digno, a poder ser localizando a sus familiares, es la mejor forma de contribuir a una reconciliación entre todos y vertebrar la asignatura pendiente de nuestra Memoria», ha finalizado.

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-cultura-autoriza-

exhumacion-restos-soldado-desconocido-toro-20130918140355.html

Foto: GPRMH

LAS OBRAS DEL PANTEÓN DE SAN RAFAEL EN MEMORIA DE LOS FUSILADOS SE ACABARÁ EN OCTUBRE

CONCHI GARCÍA

LA CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO EN MEMORIA A LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL EN EL CEMENTERIO DE SAN RAFAEL DE LA CAPITAL CONCLUIRÁN EN EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN LA ASOCIACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE MÁLAGA. EN ESTE PANTEÓN, CON FORMA DE PIRÁMIDE, QUEDARÁN GRABADOS LOS NOMBRES DE LOS MÁS DE 4.400 FUSILADOS QUE HAY DOCUMENTADOS, Y SE DARÁ SEPULTURA A LOS RESTOS DE LOS 2.800 PERSONAS QUE FUERON EXHUMADOS DE LAS FOSAS COMUNES

Casi un año después de que comenzaron las obras para levantar un monolito en memoria de las víctimas de la Guerra Civil en el antiguo cementerio de San Rafael, los trabajos están a punto de concluir, según la Asociación de la Memoria Histórica, y podrá ser inaugurado en el mes de octubre. Ya está construida la pirámide de ocho metros de altura y 140 metros cuadrados de superficie, y la cripta. Queda por poner la piedra de mármol que revestirá el monumento y donde se grabarán los nombres de las 4.411 personas que, según los documentos, fueron fusiladas allí.

La actuación cuenta con un presupuesto cercano a los 182.000 eurosaportados por el Ayuntamiento, el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Más allá de esto, la Asociación de la Memoria Histórica quiere también que se conserve el muro y las fosas comunes del cementerio como símbolo del recuerdo de los malagueños de ambos bandos fusilados durante el conflicto.

El panteón, que tiene unos tres metros de profundidad, albergará los restos de los 2.840 fusilados que fueron recuperados de las fosas comunes y que actualmente se encuentran custodiados en Parcemasa. Así, una vez que acabe la construcción, se procederá al traslado de los cuerpos, que previamente los arqueólogos habrán documentado cada uno en su féretro, y se celebrará un entierro que contará con la presencia de todas las instituciones y personas que han colaborado en la exhumación de las fosas.

El objetivo es que si en un futuro las pruebas de ADN permiten identificar a las víctimas, los familiares puedan recuperar los restos.

La Universidad de Málaga acabó hace unos dos meses la extracción de muestras de los restos, con la intención de cotejarlas con las pruebas de ADN que se habían realizado a los familiares vivos de las víctimas, y poder así identificar los cuerpos. Este proceso se encuentra ahora paralizado, a la espera de conseguir financiación. Las familias sin embargo, no pierden la esperanza.

La de San Rafael está considerada como la mayor fosa común de Europa. Las investigaciones documentales han certificado que en ellas había más de 4.400 fusilados, de los que 2.800 se han recuperado en las labores de exhumación desarrolladas en los últimos años. Después de la inauguración de este monumento, el objetivo del Ayuntamiento es recuperar el resto de los casi 74.000 metros cuadrados del antiguo camposanto como zona verde.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/obras-panteon-san-rafael-

memoria-fusilados-acabara-octubre/csrcsrpor/20130913csrcsrnac_39/Tes

PRIVATIZACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

EL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY (MADRID) IMPIDE A LA ARMH LA EXHUMACIÓN DE UNA FOSA COMÚN DENTRO DEL CEMENTERIO Y ASIGNA LA TAREA A LA EMPRESA PRIVADA FUNESPAÑA

FUNESPAÑA REMITE A LAS FAMILIAS UNA FACTURA DE 700 EUROS PARA REALIZAR LA EXHUMACIÓN SIN GARANTÍAS EN LA IDENTIFICACIÓN

Hace menos de dos años que Carmelo Palmero se enteró de que su tío Guillermo lleva 74 años enterrado en una fosa común del Cementerio Viejo de Arganda del Rey, en Madrid. Cuando tenía 17 años, Guillermo Palmero marchó voluntario de su pueblo de Miguelturra en Ciudad Real para defender la República. Y poco más supieron de él. Se integró en la columna PUA (Pro Unidad Antifascista) que fue disuelta en varias brigadas y, en una de ellas, le mandaron a la Batalla del Jarama en el frente de Arganda. A los pocos días, le pegaron un tiro.

«Mi padre y mi madre me cuentan –explica Carmelo– que mi abuela se murió llorando pensando dónde estaría su hijo». Ese recuerdo es el que empuja a Carmelo y a su padre Mamés a exhumar los restos de su tío y llevarlos de vuelta a Miguelturra. 74 años después.

Lo que no esperaban los familiares de dos de los tres hombres enterrados en la fosa bajo ninguna lápida ni placa –Alfonso Fernández-Cabrera y Francisco Villar son los dos restantes– es que Funespaña, la empresa privada concesionaria de la gestión del cementerio, les citara para la exhumación enviándoles una factura de 727,62 euros y una advertencia de que su empresa «no puede garantizarle que los restos exhumados sean realmente los de su familiar».

Cuando Carmelo recibió esta notificación de Funespaña, el Ayuntamiento de Arganda ya había desestimado en dos ocasiones la intervención de los arqueólogos, antropólogos forenses e historiadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Palmero no se niega a pagar, si es necesario, pero no entiende que no le den garantías de recuperar sin margen de error los restos cadavéricos de su tío, algo que la ARMH sí le garantiza con pruebas de ADN.

Carmelo se había decidido a contactar con esta asociación después de casi un año de silencio administrativo del Ayuntamiento argandés desde el inicio de los trámites a comienzos de 2012. Ya en 2013, y tras la incorporación de la ARMH al proceso, el Consistorio autorizó la exhumación pero indicó que sería Funespaña, la empresa más potente de nuestro país en servicios funerarios, recientemente absorbida por Mapfre, quien procedería a ella.

La asociación que preside Emilio Silva solicitó hasta en tres ocasiones encargarse de la exhumación, avalando su actuación con un informe de intervención adaptado a los protocolos internacionales, sin coste para el Ayuntamiento ni las familias. La última negativa la recibieron a finales de junio. En ella, el servicio de letrados del Ayuntamiento, gobernado por el PP, expone los siguientes motivos: «Consta hoja del Libro de Enterramientos en el que están perfectamente identificados la fila y la sepultura donde se encuentran los cuerpos en el Antiguo Cementerio Municipal de Arganda del Rey. Por lo que no se trata de una fosa común, sino de un enterramiento regular en un cementerio público».

En una carta de respuesta, la ARMH replica que, según Naciones Unidas, una fosa común es aquella que tiene más de un cuerpo. Y en esta se encuentran tres. El único dato que aporta el Libro de Enterramiento es el orden en el que fueron arrojados los cuerpos. Se desconoce si fueron enterrados en féretro o si se encuentran o no en contacto directo los tres inhumados.

El siguiente motivo por el que el servicio jurídico del Ayuntamiento deja fuera a la asociación memorialista es que «la muerte se produjo en el frente de Arganda durante la denominada Batalla del Jarama. Es notorio que dicha batalla, al margen de otras consideraciones políticas enfrentó a dos ejércitos regulares, por lo que está excluido los elementos que legitimarían a la asociación peticionaria para su actuación. A saber, que se tratara el enterramiento de una fosa común, con cuerpos no identificados, y se tratara de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o por represión política con posterioridad a la misma».

«Ponen en duda la violencia de la muerte de tres soldados. ¿Les parece poco violento desaparecer en medio de una guerra a 200 kilómetros del hogar y que tu familia desconozca tu paradero hasta hace dos años?», contesta la asociación.

Marco A. González, vicepresidente de la ARMH, recuerda además que para dictaminar si hubo o no una muerte violenta se necesita la intervención de un antropólogo forense durante la exhumación, así como el análisis posterior de los restos cadavéricos. «¿Garantiza Funespaña las medidas de cadena de custodia y de correcta extracción de las evidencias para su análisis? ¿Se van a preocupar de localizar los posibles proyectiles de arma de fuego que acrediten que se trata de una muerte violenta?», sigue preguntando la Asociación, sin conseguir respuestas. Tampoco eldiario.es, a la hora de publicar este artículo, ha conseguido contestación a estas cuestiones de Pilar Penalva, responsable de Funespaña en el Corredor del Henares.

«Para exhumar una fosa se necesita emplear una metodología arqueológica, pero exhumar no es simplemente excavar la fosa» escribe el prestigioso médico forense Francisco Exteberria enDiccionario de memoria histórica. «La exhumación no es sino una parte del proceso analítico que comienza en los archivos, sigue con los testimonios y finaliza en uno o varios laboratorios para, posteriormente, establecer los actos de reconocimiento público e institucional que sean pertinentes».

La historiadora Queralt Solé, que ha estudiado las fosas comunes de la Guerra Civil, coincide con Etxebarria al analizar el caso de Arganda: «La recuperación moral no va a suceder» tal y como el Ayuntamiento está planeando hacer la exhumación. Solé ve «absolutamente fuera de lugar» la resolución del Ayuntamiento que interpreta debe de estar hecha «desde el desconocimiento del trayecto de la Ley de Memoria Histórica en estos años». Respecto a la ARMH, Solé entiende que «están legitimados para intervenir porque las familias están pidiendo una exhumación técnica y les están negando este derecho».

Desde el punto de vista jurídico coincide con la historiadora el profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III José María Sauca Cano, quien manifiesta «cierta sorpresa por una resolución tan restrictiva». El artículo 11 de la Ley de Memoria Histórica favorece la colaboración de las Administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de las víctimas. «La Guerra Civil está incluida y un fallecimiento en el campo de batalla sigue siendo una desaparición violenta«, responde Sauca a las objeciones del Ayuntamiento de Arganda que pretenden dejar fuera la trinchera de la Batalla del Jarama como lugar de reparación de la memoria. Y, respecto a la identificación de los combatientes, «no se hizo entrega de los restos a los familiares y, por demás, parece que éstos no tuvieron noticia del lugar del enterramiento hasta fechas recientes. El hecho de que la Administración registrase la identidad de los fallecidos no resulta relevante. El dato es que sus familiares, que son quienes detentan el derecho a la memoria histórica, no lo conocían».

En entrevista telefónica con eldiario.es, la concejala delegada de Infancia, Familia, Juventud y Promoción de la Vida Saludable de Arganda, María Fernández Rufo, insiste en que al tratarse de «personas identificadas en un registro» el Ayuntamiento estaría «incumpliendo la Ley» si dejara hacer la intervención a la ARMH. «La Ley contempla los restos no identificados o los desaparecidos y estas personas están totalmente identificados con fila, sepultura, nombre, apellidos y edad», recalca la concejala, que quiere dejar claro que «a la familia no se le niega el apoyo ni se les ha obviado» y que si los familiares quieren una identificación de los restos tras hacer la exhumación, es necesario que pidan una orden judicial.

Sobre la pertinencia o no de la intervención de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el abogado consultado indica que no le cabe duda de que «las consideraciones del artículo 11.1 de la Ley le resultan aplicables». «Luchar contra las voluntades es muy difícil», valora Francisco Etxebarria. «En este caso, la voluntad del Ayuntamiento es no dar el permiso. Y con eso está todo dicho». Si finalmente se realiza, esta fosa de Arganda del Rey sería la primera exhumación técnica realizada en la Comunidad de Madrid de víctimas de la Guerra Civil. Quizá por eso y en opinión del vicepresidente de la ARMH, los responsables políticos querían «una exhumación blanca, sin ruidos».

Para el profesor Sauca Cano, «las equiparaciones entre ejércitos regulares, necesidad de fosa común, cuerpos no identificados, etcétera, son consideraciones de mayor o menor pertinencia de conformidad con las leyes de la guerra pero fuera del ámbito de la llamada Ley de Memoria Histórica. Entre otras cosas, esta Ley reconoce un derecho a las víctimas y/o sus familiares precisamente para ese tipo de casos«.

http://www.eldiario.es/sociedad/Privatizacion-memoria-historica_0_173933464.html

La familia de Guillermo Palmero Muñoz espera poder realizar la exhumación con garantías de recuperar, sin duda alguna, los restos del miliciano muerto en la Batalla del Jarama. Foto: ARMH.

RUEGAN AL AYUNTAMIENTO QUE PROCEDA A LA LOCALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS FUSILADOS DEL FRANQUISMO EN SAN JOSÉ

La plataforma en Cádiz de la Memoria Histórica ha registrado una solicitud en el Ayuntamiento de la capital instando a que se proceda a la localización identificación y  posterior entrega –a los familiares o a la propia plataforma- de los restos mortales de los fusilados que se encuentran en las fosas comunes y sepulturas localizadas en el clausurado cementerio de San José. Esta petición también la han hecho llegar de manera individual organizaciones de memoria histórica de la provincia, partidos políticos y sindicatos.

El colectivo lamenta que el Consistorio no ha querido hacer público los nombres de las más de 400 personas asesinadas por la dictadura franquista que se encuentran en estas fosas “y ha intentado por todos los medios dar la menor publicidad posible”, por lo que apenas existen solicitudes de exhumaciones, y este 10 de septiembre concluye el plazo para solicitarlo.

Esta plataforma quiere que esta petición “sea también un modesto pero sincero homenaje a las personas y a sus familiares desaparecidos”, sin rencor ni revanchismo; se busca “cumplir el legítimo deseo de dignificar la figura de sus antepasados, y de que sus restos les sean entregados”.

Se entiende además que este ruego, según se señala en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, no es solo “justo moralmente”, sino que está amparado por el derecho español e internacional.

La ciudadanía de Cádiz que sufrió estas pérdidas y fusilamientos durante la Guerra Civil española y la posguerra, vería recuperado este olvido histórico, recompensando el callado sufrimiento de aquellas personas que tienen algún familiar enterrado en fosas comunes”, sentencian desde la plataforma en Cádiz de la Memoria Histórica en el escrito dirigido a la alcaldesa Teófila Martínez.

 http://www.diariobahiadecadiz.com/detalle-noticia-25015

(FOTO: Eulogio García -de archivo-)