LA ONU EXIGE A ESPAÑA QUE ELABORE UN PLAN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS DURANTE EL FRANQUISMO

EL GRUPO DE TRABAJO DE NACIONES UNIDAS DA UN TIRÓN DE OREJAS AL ESTADO ESPAÑOL E INSTA A PONER EN MARCHA LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS Y JUDICIALES NECESARIAS PARA QUE LAS DESAPARICIONES FORZADAS «NO SEAN CRÍMENES SUJETOS A AMNISTÍA»

PÚBLICO / EUROPA PRESS MADRID 30/09/2013

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas, que ha visitado España durante la última semana, ha dado un tirón de orejas al Estado español tras reunirse con distintas autoridades -representantes del Gobierno central y varias comunidades, el Poder Judicial y el Defensor del Pueblo – y con asociaciones de víctimas del franquismo.

El objetivo de su visita era examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias,en particular los aspectos concernientes a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria para las víctimas de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura.

En el informe preliminar aprobado por los dos miembros de este grupo de trabajo -Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky- se constata que en España no se tiene en cuenta «el carácter de delito de lesa humanidad» en el caso de las desapariciones cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. «Esta interpretación es contraria a las obligaciones internacionales de España y se recomienda su modificación», reza el texto.

En concreto, demandan al Estado crear un «plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas» que garantice la coordinación de las actividades de exhumación e identificación y actualización de los Mapas de fosas desarrollados de acuerdo a Ley de Memoria Histórica. Recomiendan, asimismo, que responsables de la administración y la Justicia «se personen en el momento de las realizaciones de las exhumaciones y luego analicen y actúen sobre los resultados que las mismas arrojan».

«El Estado Español debería asumir el liderazgo y comprometerse de manera más activa y urgente para atender la demanda de miles de familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. Todas las iniciativas relativas a la búsqueda de desaparecidos tienen que ser parte de una política de Estado comprensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa», dice el informe preliminar.

De ese modo, instan «al Estado español a juzgar las desapariciones forzadas a la luz de sus obligaciones internacionales y a establecer legislativamente la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas o la determinación de que la prescripción solo puede comenzar a computarse a partir del cese de la desaparición forzada».

En paralelo, solicitan la puesta en marcha de medidas legislativas y judiciales, para asegurar que las desapariciones forzadas «no sean crímenes sujetos a amnistía, en particular privando de todo efecto la Ley de Amnistía de 1977″, como, según recalcan, ya han recomendado distintos organismos internacionales, y que supone un obstáculo para juzgar los crímenes del franquismo.

Asimismo, constatan que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2009 restringió «manera considerable la competencia de los tribunales españoles y la aplicación del principio de jurisdicción universal», en contraste con la legislación anterior. De hecho, subraya que antes de esa reforma España había realizado «importantísimas contribuciones al desarrollo de la jurisdicción universal» mediante por ejemplo la investigación de crímenes de las dictaduras latinoamericanas», lo que demuestra «la capacidad de la judicatura española de investigar seria y sancionar cabalmente las graves violaciones a los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas».

Por ello, el grupo de trabajo llama a los tribunales españoles a asegurar que aquella reforma de 2009 «no obstaculice el ejercicio de su jurisdicción universal sobre actos de desaparición forzada». También anima a España a ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y a incluir en el nuevo Código Penal como delito autónomo la «desaparición forzada».

En su informe también remarcan que, ante la «situación de impunidad de los responsables de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura», las víctimas españolas han «solicitado a los tribunales de Argentina ejercer la jurisdicción universal» y emplaza al Gobierno a «prestar todo el auxilio judicial en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a delitos de desaparición forzada que se lleve a cabo en cualquier país por casos de desapariciones forzadas en España». Para los expertos de la ONU, la avanzada edad de muchos de los familiares y testigos que vieron por última vez con vida a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura hace necesario que el Estado actúe con «urgencia y celeridad» en esta materia.

Por último, el grupo de trabajo también llama al Estado a proporcionar los fondos adecuados para que la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse eficazmente, a abrir un proceso regular de consulta con los familiares y las asociaciones así como a proporcionarles un mayor apoyo institucional y financiero. Además, abogan por la creación de una entidad estatal «con pleno apoyo institucional» que se encargue de todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento y la gestión de una base de datos central sobre las desapariciones con los datos que ya tienen distintas asociaciones y expertos.

En este punto, defienden que la base de datos elaborada por el Juzgado de Instrucción Penal número cinco -que en su momento ocupó el juez Baltasar Garzón que inició una investigación sobre los crímenes del franquismo– contiene información sobre más de 114.000 victimas, «debería ponerse a disposición del publico de manera inmediata».

http://www.publico.es/471621/la-onu-exige-a-espana-que-elabore-un

-plan-nacional-de-busqueda-de-desaparecidos-durante-el-franquismo

Vista general de la reunión de la Mesa y Portavoces de la Comisión de Interior con el grupo de trabajo de la ONU.- EFE

PRUEBAS DE ADN DETERMINARÁN SI RESTOS HALLADOS EN BORRIOL SON DE FUSILADOS

30-09-2013 / 11:25 H EFE

Las pruebas de ADN determinarán si entre los restos de 17 personas hallados en la fosa de Borriol (Castellón) están los de dos fusilados en la Guerra Civil a los que se busca desde el 6 de septiembre en la primera exhumación de España realizada mediante una campaña de micromecenazgo.

Así lo ha confirmado a EFE el coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GRMH), Matías Alonso, quien ha indicado que los trabajos de campo se han dado por concluidos hoy lunes y que entre los 17 cuerpos localizados «no hay ninguno con evidencias de muerte violenta por arma de fuego».

«La fase de análisis que se abre ahora ha ser mucho más profunda para determinar si entre estas personas están José Valls y Luis Meseguer -ejecutados en Borriol el 2 de septiembre de 1938- o si debemos darles por desaparecidos», ha matizado.

Según Matías Alonso, hoy partirán hacia Madrid, «custodiados por un técnico», los cuerpos de las personas que están, por sexo y edad, «dentro del rango que buscamos».

El análisis se llevará a cabo en el Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid.

«Primero se realizará un estudio antropométrico, y si este determina que no están entre los restos los de Valls y Meseguer, prácticamente se hará innecesaria la prueba de ADN. Si por el contrario se plantea cualquier tipo de duda, se hará la prueba de ADN para dar por concluido el proceso», ha explicado Alonso.

El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica considera que los resultados finales no estarán hasta dentro «de dos o tres meses».

Alonso reconoce que el giro dado por los acontecimientos sí ha generado «cierta decepción» entre los familiares porque «esperaban resultados en un plazo de tiempo corto», pero precisa que cada exhumación tiene sus peculiaridades.

«Durante décadas, en los años de la posguerra, hubo enterramientos realizados sobre otros ya existentes, se aprovecharon y reaprovecharon fosas, sobre todo entre los ciudadanos más humildes, que muchas veces eran depositados en osarios sin avisar a la familia, con lo que se destruyeron restos, y esto es lo que ha podido pasar en Borriol», ha aclarado el coordinador del GRMH.

La de Borriol es la primera exhumación realizada en España con la financiación obtenida gracias a las aportaciones de los internautas, un total de 9.000 euros.

Matías Alonso alaba la «profesionalidad» de los especialistas que han trabajado a pie de campo en la fosa del cementerio de Borriol durante prácticamente un mes, aunque lamenta la «precariedad» de recursos y presupuesto con la que se ha llevado a cabo por la falta de apoyo económico de la Administración.

El GRMH mantiene los plazos para desarrollar a lo largo del mes de octubre la exhumación del llamado «soldado desconocido» del municipio de El Toro (Castellón), que se acometerá con parte de la financiación obtenida para el desenterramiento de Borriol. Será la tercera realizada en la provincia de Castellón.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1504990

EL FRANQUISMO, EN EL BANQUILLO

UNA JUEZ ARGENTINA PONE EN EVIDENCIA A LA JUSTICIA ESPAÑOLA

TRAS SUPERAR MÚLTIPLES OBSTÁCULOS, LAS VÍCTIMAS CELEBRAN LAS PRIMERAS IMPUTACIONES

NATALIA JUNQUERA MADRID 29 SEP 2013

«Sabemos que estás embarazada porque tienes los pechos muy grandes. Nos importa tres cojones si abortas”. Silvia Carretero estaba, efectivamente, de dos meses cuando fue detenida y torturada, primero en la comandancia de la Guardia Civil de Badajoz y después en la Dirección General de Seguridad (DGS), en Sol (Madrid), en septiembre de 1975. Tenía 21 años. Hoy es una de las firmantes de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, en su nombre y en el de su marido, José Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados de la dictadura, el 27 de septiembre de 1975, junto a Humberto Baena y Ramón García Sanz —los tres eran miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP)— y los etarras Ángel Otaegui y Juan Paredes. Carretero llamó a aquel bebé Luisa Humberta Ramona en homenaje a su marido y sus dos compañeros. Luis Eduardo Aute les escribió Al alba.

El día que Isabel Pérez Alegre, también miembro del FRAP, cumplía 21 años, Carretero se las apañó para enviarle unos dulces a la celda de aislamiento en la que estaba desde el pabellón de presas políticas de la cárcel de Yeserías. Treinta y ocho años después, Pérez Alegre acudirá en los próximos días al consulado argentino en Madrid para sumarse a la querella interpuesta en Buenos Aires. La causa, que pareció dormitar durante más de tres años, acaba de dar un vuelco al ordenar la magistrada María Servini de Cubría la detención de tres expolicías (dos han muerto) y un ex guardia civil acusados de torturas. Pérez Alegre conoce bien a uno de ellos, Billy el Niño, al que el juez Pablo Ruz va a citar en la Audiencia Nacional.

“Me detuvieron en octubre de 1975. Me llevaron a la DGS, me rodearon y me empezaron a pegar por todas partes. Eran cinco policías. Billy el Niño pegaba de vez en cuando, pero sobre todo dirigía a los demás. Me ataron a un radiador y me golpearon con porras en las corvas, en los riñones… Cuando fui al baño me tuvieron que llevar entre dos, ya no podía caminar. Me miré al espejo y no reconocía mi propio cuerpo, deformado por los golpes…”, relata Pérez Alegre.

Treinta y ocho años después, los moratones han desaparecido, pero otras secuelas permanecen. “Lo peor fue que me quebraron, me hicieron hablar, y eso es algo que a veces no me deja dormir por las noches. Detuvieron a compañeros míos y yo los oía gritar y sabía que les estaban haciendo lo mismo que me habían hecho a mí. Hubo un chico que se tiró contra una puerta, y los cristales llegaron hasta donde yo estaba. Intenté suicidarme con aquellos cristalitos, pero eran muy pequeños. También pensé en darme un golpe fuerte en la cabeza contra el radiador, pero no tenía fuerzas…”, recuerda. “La gente que no ha tenido ese miedo permanente no sabe lo que es el miedo. Oír un ascensor y sentir pánico por quién subirá, estar siempre asustado…”.

Todos los represaliados del franquismo empiezan a contar su historia hablando del miedo. El que tenían a ser fusilados, a que hicieran desaparecer en cualquier cuneta a un familiar, a que les robaran a su hijo, a las torturas, a pudrirse en una cárcel tras una farsa de juicio… y el miedo que, muerto Franco, seguían teniendo a exigir responsabilidades, a denunciar lo que habían sufrido. Cuando Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, abrió la fosa en la que yacía su abuelo, en octubre de 2000, familiares de otros fusilados le llevaban a sus casas para contarle en susurros y con las persianas bajadas que ellos también estaban buscando a su padre, a su hermano… “Ahora ya no tienen miedo”, explica Silva. “Cada fosa abierta ha sido un paso adelante. Estos 13 años han sido un proceso de toma de conciencia, de aprendizaje de libertad”.

Las exhumaciones activaron un resorte que se convirtió en un fenómeno imparable. Los familiares empezaron a exigir al Estado la localización de los hombres y mujeres hechos desaparecer por el franquismo. En 2006acudieron a la justicia. Para cuando, seis años después, se les terminaron de cerrar todas las puertas de la española, tras lasuspensión del juez Baltasar Garzón y un auto del Supremo que eliminaba cualquier vía para la investigación penal de los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura, ya no estaban dispuestos a conformarse. Y deshaciendo el mismo camino que 15 años antes habían hecho las víctimas de la dictadura de Jorge Rafael Videla hasta Madrid, llamaron a las puertas de la justicia argentina.

La querella se presentó en Buenos Aires el 14 de abril de 2010, día de la República, en un acto que contó con la presencia de un premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Dos semanas después, el fiscal argentino Federico Delgado dictaminó que debía desestimarse porque en España “había procesos judiciales en curso” sobre los crímenes denunciados. El 5 de mayo de 2010, la juez archivó la causa. Pero el 3 de septiembre de ese año, la sala segunda de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina le obligó a reabrirla porque el fiscal había obtenido “de internet”, decía el auto, la argumentación para desestimarla.

En octubre de 2010, la juez libró un exhorto diplomático al Gobierno para que le informara de si se estaba investigando en España un plan sistemático de exterminio de los “partidarios de la forma representativa de gobierno” entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. El Ejecutivo de Zapatero no se dio prisa en responder y cuando lo hizo, en junio de 2011, fue para mentir.

En España —decía el informe enviado a la juez argentina por el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido—, “se están tramitando numerosos procedimientos judiciales relativos a hechos delictivos cometidos durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura, tanto en relación con la eliminación física de los partidarios de la República y de la forma democrática de Gobierno, como de la desaparición de menores”. El escrito recordaba que el juez Garzón había repartido en noviembre de 2008 la causa contra el franquismo entre los juzgados territoriales donde se encontraban las fosas, y que muchos las habían archivado, pero no por aplicación de la ley de amnistía de 1977, sino por “extinción de la responsabilidad penal”. Ni una palabra de la suspensión del juez de la Audiencia Nacional precisamente por abrir aquella causa.

El primer gran triunfo de las víctimas fue precisamente desmontar ante la justicia argentina esa mentira del Gobierno español, mostrándole que la fiscalía había calificado aquel plan sistemático de exterminio como delitos comunes; que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional había acordado en diciembre de 2008 “dejar sin efecto todos los actos y resoluciones” tomadas por Garzón; que en 2009 había sido admitida a trámite en el Supremo una querella contra él del pseudosindicato Manos Limpias a la que se sumaría en enero de 2010 nada menos queFalange, y que en mayo de ese año, el Poder Judicial había suspendido al juez de la Audiencia Nacional. Es decir, que el único investigado en España por los crímenes del franquismo era, precisamente, el juez que había querido investigarlos.

Y la juez argentina empezó a actuar. El 13 de diciembre de 2011 libróotro exhorto pidiendo a las autoridades españolas que le enviaran nombres y último domicilio de los miembros de los consejos de ministros, Fuerzas Armadas, Guardia Civil, policía y dirigentes de Falange entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977; el número e identidad de los desaparecidos, asesinados y torturados por motivos de persecución política; el de niños robados; la localización de las fosas comunes y la lista de empresas beneficiadas por el trabajo forzado de los presos republicanos que seguían activas. El Gobierno español respondió que las personas a las que se imputaba “la autoría intelectual” del plan de exterminio franquista habían fallecido y que, en cualquier caso, España tenía “competencia preferente” para juzgarlos.

La juez decidió entonces tomar declaración a 91 víctimas y solicitó autorización para desplazarse a Madrid, Vigo y Barcelona, del 8 al 28 de septiembre de 2012. Le dieron permiso, pero pocos medios y menos días, por lo que Servini de Cubría desistió. En mayo de 2013 dispuso los medios necesarios para la toma de esos testimonios por videoconferencia en el consulado argentino en Madrid, pero en el último momento el procedimiento se suspendió porque el embajador argentino comunicó a la magistrada “el malestar” que causaba al Gobierno español lo que estaba haciendo.

Por todo esto es por lo que la juez empleó nada menos que 204 folios para justificar la petición de detención de cuatro policías en su auto del pasado 18 de septiembre.

De esas 204 páginas, Garzón, al que la juez argentina citó a declarar el pasado 27 de mayo, destacó cuatro palabras: “Crímenes de lesa humanidad”. “Es lo que son. Lo que yo he creído siempre. Me alegro mucho por las víctimas del franquismo, aunque me apena que sea en Argentina donde se tengan que investigar estos crímenes porque España cerró todas las vías”, declaró a EL PAÍS. El exjuez de la Audiencia Nacional está convencido de que Servini de Cubría seguirá imputando a más responsables.

Los querellantes habían pedido la imputación de otros cinco cargos franquistas: tres exministros —José Utrera Molina, suegro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez González— y dos exjueces —Rodolfo Gómez Chaparro y Jesús Cejas Mohedano—. Ahora anuncian que van a pedir más, pero de momento, las víctimas celebran ese triunfo de los presos políticos, agrupados en la asociación La Comuna, como uno propio. Cuando en 2000 se abrió la fosa donde yacía Emilio Silva Faba “era impensable que llegara el día en que hubiera una orden de detención internacional contra un cargo franquista”, explica su nieto. “Para mí, Billy el Niño es un compañero de los que fusilaron a mi abuelo cuarenta años antes. Era parte de una misma estructura diseñada para mantener a la población aterrorizada y defender los intereses de una élite”.

La vida de Ascensión Mendieta, de 88 años, se truncó mucho antes de que Billy el Niño se hiciera célebre en Madrid por su afición a la tortura, pero está muy ilusionada con el avance que las órdenes de detención suponen para la causa y con el viaje que, pese a su avanzada edad, piensa hacer a Argentina para explicarle a la juez por qué su nombre también está en esta querella. “Nos dejaron sin padre a siete hermanos, el más pequeño de un año. Yo tenía 12 cuando lo fusilaron. Quiero que le saquen de la fosa en la que está con otros 16 hombres”.

Mañana, Carlos Slepoy, uno de los abogados que lleva años peleando por sacar adelante esta causa, se reunirá con el juez Ruz. Este letrado argentino cierra un círculo perfecto, el camino de ida y vuelta que marca la última resolución de Servini de Cubría. Slepoy fue el abogado en la primera causa que se abrió contra Videla, desde España, precisamente por Garzón, en septiembre de 1996. Y ahora es el defensor de los españoles que han hecho el camino inverso, de Madrid a Buenos Aires, para que se investiguen los crímenes del franquismo. “Durante mucho tiempo”, recuerda, “Argentina se opuso a juzgar los crímenes de su dictadura. Finalmente, el presidente Néstor Kirchner decidió que o se juzgaban o se extraditaba a España a los responsables. El muro de impunidad se fue resquebrajando y muchos jueces argentinos se replantearon la situación —hoy hay más de 300 condenados—. Estoy convencido de que en España habrá jueces que, pese a lo que le ocurrió a Garzón, se atrevan a investigar estos crímenes. En pocos días se ha condensado el trabajo de años, se ha puesto en jaque a la impunidad. Y es producto del tesón de las víctimas”. Ya no se conforman. Y están acostumbradas a esperar.

http://politica.elpais.com/politica/2013/09/27/actualidad/1380312857_504304.html

De izquierda a derecha: Felisa Echegoyen y José María Galante (torturados por Billy el Niño), junto a Carlos Slepoy y Ascensión Mendieta, en la puerta de la antigua DGS. / ULY MARTÍN

“ENTERRAR A LOS MUERTOS ES LA LÍNEA QUE SEPARA LA BESTIALIDAD DE LA HUMANIDAD”

BERNARDO ATXAGA DISERTA SOBRE LA MEMORIA JUNTO A FAMILIARES DE TRES MAESTROS ALAVESES QUE FUERON ASESINADOS POR EL FRANQUISMO Y TIRADOS EN UNA FOSA, SUCESO QUE RECOGIÓ EN ‘EL HIJO DEL ACORDEONISTA’.

ANALIZA EL ENFRENTAMIENTO ENTRE INTELECTUALES DE UNO Y OTRO BANDO PARA HACER VALER SU VERSIÓN CON TEXTOS ESCRITOS POR EL LADO REPUBLICANO QUE LA HISTORIA OLVIDÓ TRAS SU DERROTA.

EL ESCRITOR VASCO ADVIERTE DE QUE TODAVÍA HOY “HAY QUE ESTAR SIEMPRE EN GUARDIA” PARA HACER VALER LA “VERDAD HISTÓRICA”.

GORKA ASCORBEBEITIA

Corría el 9 de agosto de 1936, las tropas de Franco acababan de entrar en Araba a las órdenes del general Mola. Partiendo de la denuncia del párroco de Salvatierra, los requetés arrestaron a Mauricio Rodríguez, maestro del pueblo alavés de Gordoa, Bernardo Domingo, maestro de Galarreta y Miguel Gil, maestro de Zalduendo. Sin juicio previo y con la única acusación de ser ‘unos rojos’, los tres fueron fusilados y sus cuerpos echados en la fosa común de Otxoportillo en la vecina sierra de Urbasa donde yacen todavía a día de hoy. Bernardo Atxaga recogió este suceso en su novela de 2003 ‘El hijo del acordeonista’ partiendo de las memorias de Pedro Salinas, testigo de excepción y superviviente de los asesinatos.

Este miércoles el escritor vasco ha ofrecido una conferencia sobre memoria histórica, él prefiere usar el término “verdad histórica”, en Bilbao acompañado del historiador Mauricio Rodríguez-Gastaminza, nieto de Mauricio Rodríguez, y del actor Josean de Miguel, nieto de Bernardo Domingo. La ponencia fue parte de las actividades relacionadas con la exposición ‘Navarra, 1936’ que se ha podido visitar durante los últimos días en el Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU. En la misma, Atxaga defendió que en el trato que se da a los caídos reside la diferencia entre la civilización y la barbarie. “Enterrar a los muertos es la línea que separa la bestialidad de la humanidad”, resumió el autor de ‘Obabakoak’ en un momento de su intervención.

El escritor vasco comenzó leyendo el canto 23 de la Ilíada de Homero en el que Aquiles llora la muerte de su amigo Patroclo. Según Atxaga, dicho texto “establece perfectamente las 3 líneas maestras que giran en torno a una muerte violenta”: la cercanía al difunto, la honra en su funeral y el recuerdo de una vida ejemplar. Llegó a hacer referencia incluso al ‘ Poema de Gilgamesh’, considerada la narración escrita más antigua de la historia, para recordar que uno de sus temas principales “es el llanto por alguien cercano”. “Los muertos de Otxoportillo carecieron de aquello que han querido los humanos desde el principio de los tiempos”, aseveró el literato.

Tras establecer la piedra angular de su tesis, Atxaga pasó a analizar la “batalla ideológica” por establecer la verdad histórica de la guerra civil. Recordó a través de los textos de Yvonne Cloud y Luis Cernuda los testimonios de los niños huidos de Euskadi en plena guerra civil para retratar cómo algunos intelectuales de la época también intentaron contar su historia. Habló también del párroco de Gernika, que se dedicó a viajar por Europa para extender el conocimiento de la masacre ocurrida en su pueblo y romper la imagen de ‘Santa cruzada’ que pretendía arrojar la sublevación fascista.

Sin embargo, todos estos esfuerzos quedarían en el olvido tras la derrota del bando republicano y los esfuerzos de los intelectuales del lado franquista por establecer su versión. “No fue una lucha entre la civilización y la barbarie como se ha dicho muchas veces, los que se resistían a esta verdad desde el campo fascista no eran botarates”, apuntó Atxaga. “Aunque no forma parte de mis temas habituales, la noticia de la muerte de los tres maestros me llegó y cuando acabé de escribirla pensé: ‘En esta lucha poética, yo aporto este grano de arena’”, añadió.

Preguntado por cómo ve la situación en la actualidad, el escritor vasco dijo que se está dando un “rescate poético” de los olvidados durante la guerra civil. “La labor de recuperación, incluso física, de los fusilados y el llevarles a un buen funeral con buena compañía y con un buen mensaje para lo que fue su historia, eso se está produciendo ahora”, detalló. Sin embargo, Atxaga cree que “existe todavía hoy una lucha de dos o tres facciones alrededor de este tema” y por ese motivo “hay que estar siempre en guardia”.

Atxaga advirtió, además, que la barbarie y la lucha ideológica por ocultarla no ha sido exclusiva de la guerra civil española. Puso como ejemplo el conflicto de la antigua Yugoslavia, “que vimos todos por televisión”. “Y Aquí también se ha dado, que las tumbas de personas que habían muerto en atentados fueran violadas. Por debajo de eso no hay nada más que bestialidad”, concluyó.

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Enterrar-muertos-separa-

bestialidad-humanidad_0_179532666.html

Bernardo Atxaga, Josean de Miguel y Mauricio Rodríguez-Gastaminza ofrecen una conferencia sobre memoria histórica. /G. A.

ABOGADOS DE LA QUERELLA ARGENTINA CONTRA EL FRANQUISMO: «LA JUSTICIA ESPAÑOLA HA INCUMPLIDO LA LEY»

LOS LETRADOS ACUSAN AL JUEZ RUZ DE COMETER «UN FLAGRANTE INCUMPLIMIENTO» DEL TRATADO BILATERAL DE EXTRADICIÓN Y ASISTENCIA JUDICIAL Y DE LA LEY DE EXTRADICIÓN ESPAÑOLA AL NO HABER DETENIDO YA A LOS DOS IMPUTADOS.

PÚBLICO MADRID / BUENOS AIRES 29/09/2013

Los abogados de la querella en la causa contra el franquismo de Argentina han asegurado que la justicia española ha incumplido la ley. A través de un comunicado, explican que la decisión del juez Ruzde comunicar a la jueza que dos de los imputados han fallecido y que, cuando se solicite la extradición,serán llamados a prestar declaración los otros dos es «un flagrante incumplimiento» del Tratado bilateral de Extradición y Asistencia Judicial y de la Ley de extradición española, informa Ana Delicado.

Lo que debería haber hecho el juez, según los abogados es detener a los imputados y, en un plazo no superior a 24 horas, ponerlos a disposición del juez instructor de la Audiencia Nacional que se encontraba de guardia «a efectos de que por parte de éste se decidiera si acordaba su prisión provisional o adoptaba cualquiera otra de las medidas cautelares previstas en las mismas».

«No nos sorprende la actitud de la fiscalía —dados sus antecedentes de nula colaboración con la justicia argentina en esta causa—, ni la de los responsables políticos del gobierno español, que han ejercido constantes presiones para evitar el progreso de la misma, pero sí nos causa una profunda extrañeza que el juez instructor haya consentido esta evidente transgresión de la legislación aplicable», señalan los abogados.

Sin embargo, los letrados confían en que «cuando se curse la solicitud de extradición por parte del juzgado argentino, los imputados se encuentren a disposición de la justicia y que la Audiencia Nacional adopte cualquiera de las dos decisiones que en derecho corresponden: el enjuiciamiento de los imputados en España o su extradición a Argentina», dicen. «Cualquier otra decisión implicará dejar aún más en evidencia, nacional e internacionalmente, que el lugar en el que los imputados cometieron sus crímenes se ha convertido en el único refugio que tienen en el mundo ante la actuación de la justicia», conluyen.

http://www.publico.es/471259/abogados-de-la-querella-argentina-

contra-el-franquismo-la-justicia-espanola-ha-incumplido-la-ley

MEMORIA HISTÓRICA | PARA LOCALIZAR SUS RESTOS

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS DEL FRANQUISMO PIDEN MÁS MEDIOS A LOS ENVIADOS DE LA ONU

ASOCIACIONES ANDALUZAS SE REÚNEN CON LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE BOSNIA

LA MISIÓN INTERNACIONAL ANUNCIARÁ SUS CONCLUSIONES EL LUNES EN MADRID

EDUARDO DEL CAMPO | SEVILLA

Antonia Parra Villalba avanza renqueante apoyada en un bastón llevando colgado al cuello un retrato de su padre, el agricultor Antonio Parra Ortega. Tenía 34 años cuando se lo llevaron de su casa de Marchena para fusilarlo. «No sabemos dónde lo echaron», dice la anciana. «Me dejó en el vientre de mi madre. No lo conocí yo a él ni él a mí. Nací dos meses después». 77 años después de quedarse huérfana, y al cabo de una década buscando dónde estarán los huesos de su padre, Antonia ha tenido en la tarde de este viernes una reunión solemne con la Organización de las Naciones Unidas.

Ella, junto a decenas de familiares de víctimas andaluzas de la represión franquista cuyos restos siguen perdidos, y activistas de una veintena de asociaciones de recuperación de la memoria histórica de Sevilla, Huelva, Córdoba, Huelva y Málaga, se han encontrado en el hotel NH Plaza de Armas de la capital hispalense con la enviada especial del Grupo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, la jueza Jasminka Dzumhur, que además es la actual Defensora del Pueblo de Bosnia-Herzegovina.

El encuentro oficial se produce dentro de la visita que la misión del Grupo sobre Desapariciones Forzadas, perteneciente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, está realizando esta semana a España paraconocer de primera mano la situación de la búsqueda de los desaparecidos y, en particular, los de la represión franquista.

En la reunión en un salón del hotel (celebrada a puerta cerrada para los periodistas, salvo unos minutos al inicio para tomar imágenes antes de las declaraciones), representantes de los familiares (primero los de la provincia de Sevilla, luego en una segunda sesión los del resto de Andalucía) han explicado las dificultades a las que se han enfrentado en la última década para localizar las fosas, excavarlas, recuperar los restos e identificarlos, lo que se ha conseguido por completo en pocos casos dada la falta de ayuda del Estado.

Han trasladado a los enviados de la ONU «el dolor y el duelo sin cerrar después de 77 años» que sufren estos ancianos y su denuncia de que en España «el Estado ha delegado en las asociaciones» el ingente trabajo de búsqueda y recuperación de los desaparecidos para darles un entierro digno, lo que ha hecho que la mayoría de los «114.000» asesinados por la represión franquista tras el golpe de 1936 sigan revueltos en fosas comunes y cunetas, ha explicado a ELMUNDO.es antes de la reunión Paqui Maqueda, vicepresidenta de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia.

El grupo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, que ha venido a España invitada formalmente por el Gobierno español y a instancias de las asociaciones, sólo puede intervenir ante los Estados en litigios sobre casos ocurridos después de la fundación de Naciones Unidas en octubre de 1945, aunque ello no le impide escuchar, como ha hecho esta semana, las tragedias ocurridas en un contexto histórico inmediatamente anterior.

Las asociaciones han insistido en rogar a la ONU que de una manera u otra incluya a los desaparecidos desde 1936 en las recomendaciones que hará a España al cabo de su misión, y que el Estado facilite todos los recursos necesarios (materiales, técnicos, judiciales, humanos, económicos…) para recuperarlos. Tras pasar por Madrid, Barcelona, Sevilla y Vitoria (donde el otro enviado internacional, el jurista argentino Ariel Dulitzky, se reunía este viernes a la vez en una reunión similar), la misión de la ONU dará una rueda de prensa el lunes en el hotel NH Paseo del Prado Madrid para adelantar sus conclusiones.

Antes del encuentro de Sevilla, se han concentrado con fotos de sus parientes asesinados en la puerta del hotel. Minutos antes de entrar en el salón para el encuentro con la enviada bosnia, Enrique Narváez Hernández, de 80 años, de Marchena, contaba al periodista que asesinaron primero a su padre, Enrique Narváez Borrego, y unas semanas después a su madre, Concepción Hernández García, tras vejarla y pasearla por el pueblo, sólo porque era la mujer de un izquierdista. La arrancaron de noche de su casa dejándolos solos a su hermano y a él, que tenía tres años. «Mi abuela materna fue a preguntar por su hija a la Falange y también le dieron aceite de ricino y la pelaron.No se podía permitir ni el lujo de llorar». No sabe dónde están los restos de sus padres.

Cuando ya se disponían a entrar al hotel para encontrarse con la ONU, un hombre de unos 45 años que pasaba en un coche rojo por la calle ha sacado la cabeza y les ha gritado «¡Viva Franco! ¡Que os jodan!», haciendo el saludo nazi con el brazo izquierdo, que ha transformado a continuación en una ‘peineta’ con el dedo corazón. Al ver la gratuita provocación, se podía uno imaginar que serían exaltados como éste quienes hace 77 años se transformaron de la noche a la mañana de vecinos respetables en vulgares asesinos.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/28/andalucia/1380385894.html

LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

I-E PROPONE CREAR UN BANCO DE ADN PARA IDENTIFICAR DESAPARECIDOS

PAMPLONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) –

   El grupo de Izquierda-Ezkerra en el Parlamento de Navarra va a presentar seis enmiendas con el objetivo de mejorar la Ley de Memoria Histórica, que está en trámite. Entre ellas, propone la creación de un banco de ADN para la identificación de desaparecidos.

   En concreto, según ha explicado I-E en una nota, el objetivo de este banco es «conservar muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones». Del mismo modo, «cualquier familiar podría pedir que le tomaran muestras de ADN, para así ir tratando de solucionar el problema de las desapariciones».

   En segundo lugar, la coalición de izquierdas considera «importante» que en la ley «se contemple la importancia de la anulación de los juicios franquistas». Por ello, en la norma plantean que el Gobierno de Navarra solicite al Estado «la nulidad de todos los juicios a ciudadanos navarros realizados por tribunales militares y/o civiles por causa de motivos políticos vinculados a la República, Guerra Civil o a la lucha en defensa de la democracia durante la dictadura o la transición».

   Asimismo, también se propone «elaborar un censo de personas desaparecidas donde se reseñará toda la información posible respecto a las circunstancias del fallecimiento o desaparición de cada una de las víctimas».

   En el apartado de exhumaciones, Izquierda-Ezkerra plantea que «si por cualquier circunstancia alguien descubriera restos que pudieran corresponder a personas desaparecidas durante la guerra civil o la dictadura franquista, deberá comunicarlo de forma inmediata a la Administración foral».

   Por último, la coalición solicitará el cambio de nombre de la plaza Conde de Rodezno de Pamplona a través de esta ley y planteará que el Gobierno de Navarra «instale en el campo de concentración de Gurs (Francia) una mención especial a los navarros internados en dicho campo, como homenaje a la lucha contra el fascismo y por la libertad llevaba a cabo por cientos de navarros tras el golpe de estado franquista y durante la II Guerra Mundial».

   En opinión de I-E, «la ley de Memoria Histórica es urgente y necesaria», por lo que considera que «para antes de diciembre Navarra debería tener su propia ley en vigor, para mejorar en la recuperación de la memoria histórica y para tratar de corregir la injusticia que se ha cometido durante tanto años con los familiares de las personas asesinadas a raíz del golpe militar franquista».

http://www.europapress.es/navarra/noticia-propone-incluir-ley-memoria

-historica-creacion-banco-adn-identificar-desaparecidos-20130928170117.html

AUNQUE PUEDE ALBERGAR UNAS 3.000 PERSONAS

HALLAN 4 FOSAS COMUNES Y LOS RESTOS DE 10 VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO EN EL CEMENTERIO DE RONDA (MÁLAGA)

La Asociación Memoria Histórica estima que los enterramientos pueden albergar unas 3.000 personas

   RONDA (MÁLAGA), 23 Ago. (EUROPA PRESS) –

   Las investigaciones iniciales y las catas realizadas por la Asociación de la Memoria Histórica de Ronda en el cementerio de este municipio malagueño han concluido con el hallazgo un total de cuatro fosas comunes y los restos de 10 víctimas del franquismo, aunque calculan que el enterramiento puede albergar unas 3.000 personas.

   Así lo ha informado este viernes el director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo, quien acompañado por el presidente de la Asociación de la Memoria Histórica de Ronda, Francisco Pimentel, y el arqueólogo que ha dirigido los trabajos, Raúl Hoyos, ha presentado el informe preliminar de las catas llevadas a cabo con el fin de localizar y delimitar las fosas comunes en las que descansan los cuerpos de los fusilados durante la Guerra Civil española.

   Durante las prospecciones, que se han alargado por un periodo de dos meses, se han realizado un total de 24 catas, que han sacado a la luz cuatro fosas con una profundidad de entre un metro y un metro y medio. En ellas se han encontrado 10 cuerpos, algunos de ellos cubiertos de cal, junto con algunos restos metálicos, capas de carbón, navajas o suelas de zapatos, entre otros efectos.

   Al tratarse de unas labores previas, una vez llegados a los primeros cadáveres sólo se profundizó unos diez centímetros, según ha explicado el arqueólogo. Sin embargo, desde la Asociación Memoria Histórica calculan que allí podrían encontrarse los restos de en torno a 3.000 personas.

EXHUMACIÓN DE LOS CUERPOS

   No obstante, los documentos escritos constatan la presencia de 1.607 fallecidos desde marzo de 1937, a lo que habría que sumar las muertes producidas con anterioridad y de las que no se tiene constancia documental. Naranjo ha explicado que el próximo paso consistirá en la exhumación de los restos para su identificación, que es el objetivo final de este proceso.

   «La exhumación sin identificación no tiene sentido», señaló. Hasta ese momento, las perforaciones realizadas serán cubiertas de nuevo, y los restos «serán dejados tal y como se encontraron».

   Los resultados de los trabajos también fueron presentados ante el Juzgado de Guardia de la localidad, donde Naranjo emitió en nombre de la Junta de Andalucía una comunicación por «evidencias de crímenes de lesa humanidad».

   En este sentido, ha añadido que esta decisión está amparada por la jurisprudencia internacional, ya que estas acciones «no prescriben por muchas leyes de amnistía que se promulguen». Además, el director general también mostró su deseo de que sea el Estado quien promueva la exhumación e identificación de las fosas existentes en todo el territorio nacional, ya que «España es el único país en el que son las asociaciones las que tienen que realizar las exhumaciones».

   Al acto también ha asistido un numeroso grupo de familiares de los fallecidos, tanto de Ronda como de otros puntos de la comarca, algunos de los cuales han mostrado su desacuerdo por cómo se han desarrollado los trabajos. «No se puede hacer algo así sin convocar antes una reunión y pedirnos permiso», ha manifestado uno de los presentes, molesto porque las fosas «hayan sido abiertas sin contar con el consentimiento de los familiares».

http://www.europapress.es/nacional/noticia-hallan-fosas-comunes-restos-

10-victimas-franquismo-cementerio-ronda-malaga-20130823184728.html

Foto: EUROPA PRESS

UN PANTEÓN EN ESPAÑA ESPERA LOS NOMBRES DE SUS MUERTOS

POR INÉS BENÍTEZ

MÁLAGA, España, 26 sep 2013 (IPS) – Una pirámide en construcción llama la atención en el antiguo cementerio de San Rafael, en la sureña ciudad española de Málaga. Está destinada a ser monumento de miles de fusilados, cuyos cuerpos se hallaron en la mayor fosa común de la Guerra Civil Española y la dictadura de Francisco Franco (1936-1975).

El cementerio se cerró en 1987. IPS lo visitó el miércoles 25 y pudo ver que está muy avanzada la construcción del panteón en forma de pirámide, que se recubrirá de losas de mármol blanco con los nombres grabados de todos los fusilados en este sitio. El resto del predio abandonado será un jardín público.

Completar el monumento y el panteón llevará solo unas semanas más. Pero saber cuáles de los restos encontrados corresponden al nombre de cada víctima llevará muchísimos años.

“Solo recuerdo los gritos de mi madre cuando se lo llevaron”, dijo José Dorado, de 79 años, quien tenía tres cuando tropas de Franco fusilaron a su padre, el empleado ferroviario Pedro Dorado Cruces, en la localidad malagueña de Bobadilla.

Corría 1937. El cuerpo de Pedro, de 33 años, fue arrojado con los de otros compañeros de trabajo en una zanja del cementerio de San Rafael, relató Dorado a IPS.

Documentos indican que aquí se fusiló a 4.471 personas hasta la década de 1950, presuntamente por ser republicanas, el bando derrotado en la guerra civil. Entre octubre de 2006 y octubre de 2009 se recuperaron 2.840 cadáveres en la exhumación más grande que se haya realizado en Europa occidental.

El resto de los cuerpos pudo haber sido trasladado al Valle de los Caídos de Madrid, un monumento que el franquismo levantó en las décadas de 1940 y 1950, dijo Francisco Espinosa, de la Asociación contra el Silencio y el Olvido – Memoria Histórica de Málaga, que reúne a más de 400 familiares.

Dorado, presidente de esta asociación, se define como “una persona a la que le gusta batallar”. En 2002 comenzó a batallar, precisamente, para que se abriera la fosa común de San Rafael, y lo logró en 2006.

La Universidad de Málaga recogió muestras de ADN de los restos para cruzarlas con las de más de un millar de parientes de los fusilados, pero aún no hay identificaciones, explicó a IPS el socio fundador de la asociación malagueña, Antonio Somoza.

Los restos reposan en cajas a la espera de ocupar la cripta bajo la pirámide.

En cuatro décadas, entre 88.000 y 130.000 personas fueron asesinadas y enterradas en cualquier zanja por distintas partes del país y unos 30.000 bebés fueron robados, según denuncias.

“Pedimos que se saquen los restos de las cunetas y se puedan enterrar como personas”, reivindicó Espinosa, de 76 años, que ha luchado más de tres décadas para hallar el paradero de su progenitor, un carpintero argentino.

“Mi padre murió aquí. Yo estaba aún en el vientre de mi madre y mi hermano tenía tres años”, dijo a IPS, de pie junto a un ciprés en San Rafael.

Ningún intento de investigación ha prosperado, porque los tribunales se apegan a la ley de amnistía de 1977, que impide juzgar los crímenes de aquel período. Además, el actual gobierno de Mariano Rajoy eliminó la oficina que coordinaba las exhumaciones y los fondos para contribuir a las costosas pruebas de ADN.

Documentos indican que aquí se fusiló a 4.471 personas hasta la década de 1950, presuntamente por ser republicanas, el bando derrotado en la guerra civil. Entre octubre de 2006 y octubre de 2009 se recuperaron 2.840 cadáveres en la exhumación más grande que se haya realizado en Europa occidental.

El resto de los cuerpos pudo haber sido trasladado al Valle de los Caídos de Madrid, un monumento que el franquismo levantó en las décadas de 1940 y 1950, dijo Francisco Espinosa, de la Asociación contra el Silencio y el Olvido – Memoria Histórica de Málaga, que reúne a más de 400 familiares.

Dorado, presidente de esta asociación, se define como “una persona a la que le gusta batallar”. En 2002 comenzó a batallar, precisamente, para que se abriera la fosa común de San Rafael, y lo logró en 2006.

La Universidad de Málaga recogió muestras de ADN de los restos para cruzarlas con las de más de un millar de parientes de los fusilados, pero aún no hay identificaciones, explicó a IPS el socio fundador de la asociación malagueña, Antonio Somoza.

Los restos reposan en cajas a la espera de ocupar la cripta bajo la pirámide.

En cuatro décadas, entre 88.000 y 130.000 personas fueron asesinadas y enterradas en cualquier zanja por distintas partes del país y unos 30.000 bebés fueron robados, según denuncias.

“Pedimos que se saquen los restos de las cunetas y se puedan enterrar como personas”, reivindicó Espinosa, de 76 años, que ha luchado más de tres décadas para hallar el paradero de su progenitor, un carpintero argentino.

“Mi padre murió aquí. Yo estaba aún en el vientre de mi madre y mi hermano tenía tres años”, dijo a IPS, de pie junto a un ciprés en San Rafael.

Ningún intento de investigación ha prosperado, porque los tribunales se apegan a la ley de amnistía de 1977, que impide juzgar los crímenes de aquel período. Además, el actual gobierno de Mariano Rajoy eliminó la oficina que coordinaba las exhumaciones y los fondos para contribuir a las costosas pruebas de ADN.

http://www.ipsnoticias.net/2013/09/un-panteon-en-espana-espera-los-nombres-de-sus-muertos/

EL PANTEÓN PIRAMIDAL QUE SE CONSTRUYE EN EL CEMENTERIO DE SAN RAFAEL DE MÁLAGA. DEBAJO, EN UNA CRIPTA, REPOSARÁN LOS 2.840 CADÁVERES EXHUMADOS DE UNA FOSA COMÚN. LAS FAMILIAS PODRÁN RECLAMARLOS CUANDO SE CONOZCAN SUS IDENTIDADES. CRÉDITO: INÉS BENÍTEZ/IPS

LA JUNTA TERMINA EL PROYECTO PARA EXHUMAR LOS CUERPOS DE SEIS REPRESALIADOS DEL CEMENTERIO DE ALMERÍA

ALMERÍA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) –  

   La Junta de Andalucía ha recibido ya el proyecto para llevar a cabo la exhumación de los cuerpos de seis represaliados de la Guerra Civil cuyos restos se encuentran en cuatro fosas comunes ubicadas en el cementerio de San José y Santa Adela de Almería de forma que en los próximos días será remitido al Ayuntamiento de Almería, encargado de autorizar o no la actuación en el camposanto.

   Así lo han explicado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, quienes han detallado que el proyecto fue entregado a principios de esta semana en la Delegación del Gobierno andaluz en Almería por el arquitecto encargado de su elaboración y posteriormente elevado ante la Dirección General para su aprobación definitiva.

   El documento recoge los detalles de la actuación que permitiría obtener los restos mortales de los represaliados así como una planificación de los trabajos a desarrollar. En este sentido, las mismas fuentes han apuntado que la ejecución puede realizarse «sin dificultades» en cuanto a la afección del terreno, ya que en ninguno de los casos afecta a los nichos propios del cementerio.

   El proyecto recoge así, a partir de los datos aportados también por los historiadores y antropólogos, la ubicación de las fosas, que se encuentran en calles y zonas descampadas del camposanto. Igualmente, prevé todas las medidas de seguridad a tener en cuenta en el desarrollo de los trabajos, que en cualquier caso son de una «dificultad técnica baja».

   La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Memoria Democrática, inició el pasado 12 de julio los trabajos de campo previos a la confección de un proyecto para ejecutar las seis exhumaciones y, por el momento, se ha ajustado a los plazos previstos por la Administración andaluza, que esperaba tener listo el informe para la segunda quincena de septiembre.

   En esta línea y en caso de que la actuación fuera finalmente autorizada por el Consistorio capitalino, la ejecución podría realizarse durante los primeros meses de 2014, si bien todo dependerá de cuestiones presupuestarias y de la capacidad de gestión de las administraciones.

SEIS FAMILIAS

   Hasta el momento son seis las familias que han solicitado la exhumación de los restos de uno de sus familiares. La última en sumarse a esta acción pide la recuperación del cuerpo de Diego Guevara, un perito mecánico de Cuevas del Almanzora (Almería) que murió fusilado el 16 de diciembre de 1939.

   Además de este caso se trabaja para recuperar los restos de Sebastián García, de Mojácar, ejecutado el 17 de agosto de 1939, y de Antonio Barrionuevo, natural de Berja y asesinado en diciembre de 1939; así como los de Torcuato Ortega y Francisco Alcaraz, cuyos restos estarían en la misma fosa.

   El proceso auspiciado desde el Gobierno andaluz contempla también la recuperación del cuerpo de Martín Márquez, el que fuera último alcalde republicano de Cuevas del Almanzora y cuyos restos, según la prueba documental, se hayan en el paseo central del cementerio de Almería.

   No obstante, son alrededor de 400 los cadáveres que se encuentran en fosas comunes del cementerio de Almería, por lo que tanto desde la Dirección General de Memoria Democrática como desde las asociaciones de memoria histórica se ha animado a los interesados en recuperar los restos de sus familiares a contactar con alguno de estos organismos.

http://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-junta-termina-proyecto-

exhumar-cuerpos-seis-represaliados-cementerio-almeria-20130921105131.html