A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA

Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido

Archive for diciembre 2011

Casi la cuarta parte de las fosas en Galicia siguen sin abrir 36 años después de la muerte de Franco

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 31/12/2011

UN CENTENAR DE VÍCTIMAS EN 19 FOSAS TOTALMENTE EXHUMADAS

Casi la cuarta parte de las fosas en Galicia siguen sin abrir 36 años después de la muerte de Franco

«Temor» a que Rajoy use la crisis como «excusa» para «privar de ayudas» en los colectivos de recuperación de la Memoria Histórica

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) –

   Casi una cuarta parte de las 49 fosas con víctimas de la Guerra Civil localizadas en Galicia –un total de 12– todavía no han sido abiertas 36 años después de la muerte del dictador Francisco Franco, aunque las familias y las diferentes asociaciones destacan el avance en la recuperación de los restos y la dignificación que ha supuesto el impulso de la Ley de Memoria Histórica.

   El mapa que recoge la web del Gobierno de memoria histórica revela que las fosas no intervenidas, con víctimas de fusilamientos, están en Valdoviño (A Coruña); en las localidades lucenses de Seoane do Caurel, Remeite, Candedo, Guitiriz y O Incio; en Campobecerros, Pentes, Soulecín –Ourense–; y en las localidades pontevedresas de Filgueiras, O Porriño y San Andrés de Xeve.

   Con todo, los datos que recoge esta web, que ofrece también información exhaustiva sobre el origen del enterramiento, su descripción en la historia, así como el número de víctimas, constata que otras 19 han sido totalmente exhumadas y la intervención ha permitido recuperar los restos humanos de un total de cien víctimas.

   En otros cuatro casos los huesos han sido exhumados parcialmente, mientras que los cadáveres de un total de 12 fosas fueron en su momento trasladadas al Valle de los Caídos. También se han detectado dos fosas –en Baralla (Lugo) y en Tameiga (Ourense)– que se dan por desaparecidas pese a que hay constancia histórica de su existencia.

   Por comunidades, Galicia se sitúa en un puesto intermedio de la tabla en relación al número de fosas localizadas. Así, encabezan el listado autonomías como Aragón –con 595 fosas detectadas–, Andalucía (539), o Asturias (321), mientras que en polo opuesto están las Islas Baleares y las Canarias, con cuatro en cada uno de los casos, Murcia, con seis, o Cantabria, con siete.

VÍCTIMAS DE FUSILAMIENTOS

   Tras cada fosa localizada hay una historia, pero en la mayoría de los casos tienen en común que los huesos recuperados pertenecen a víctimas de fusilamientos realizados en los primeros años de la Guerra Civil y que los asesinados son, casi siempre, hombres. Una de las pocas excepciones se da en una fosa ubicada en As Pontes (A Coruña), donde se entregaron a las familias los restos de tres hombres y una mujer.

   De las 19 que han sido exhumadas en su totalidad y en las que las distintas entidades llevaron a cabo las labores de recuperación han localizado un centenar de víctimas, el mayor número de restos identificados responde a la situada junto al atrio de la Iglesia de Santa Mariña de Xinzo, en Ponteareas (Pontevedra), con 17 personas identificadas; a la de O Acevo, en Fonsagrada (Lugo) con 13; y a la del Cementerio de Tenorio, en Cotobade, con 11.

   En el caso de los restos de Xinzo, entre los que podrían encontrarse restos de personas inhumadas con anterioridad en el cementerio parroquial, por decisión de los familiares desaparecidos, fueron depositados en un nicho conjunto en el cementerio de Pereiro. Por su parte, las víctimas de Fonsagrada fueron trasladadas al cementerio de esta localidad.

   A los ‘homiños de Boimorto’ corresponden los restos exhumados en Ortoño,  en Ames (A Coruña). Se trata de seis hombres que aparecieron muertos en la Curva dos Batáns, lugar en el que se colocó en el año 2007 una placa conmemorativa optando por la dignificación de la fosa. También se ha dignificado la fosa de Baiona (Pontevedra), en A Volta dos Nove, con nueve víctimas identificadas.

   En O Amenal (O Pino), donde se localizaron cinco víctimas, los trabajos se realizaron en 2008 y la información de la web del Gobierno revela que fueron los vecinos de la aldea quienes se encargaron de los enterramientos, de forma que las fosas fueron «cuidadas y respetadas» hasta hace 20 años. A su vez, en O Vicedo (Lugo), se pudieron recuperar los cadáveres de dos hombres que huyeron al monte en 1937 y que fueron asesinados en el Monte de A Penela.

   Un caso significativo es el de la fosa de Vilavella, en Triacastela (Lugo), donde fueron enterrados tres guerrilleros muertos en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Formaban parte de un grupo de ‘maquis’ que quedó cercado en noviembre de 1943 y una cuarta persona logró huir. Según recoge la información de esta fosa –exhumada en agosto de 2010–, la Guardia Civil expuso al público los cadáveres, por lo que los vecinos recordaban dónde estaban enterrados.

MOVER LOS RESTOS, A DEBATE

   Entre las asociaciones que acostumbran a apoyar a los colectivos y entidades que asumen la labor de exhumación se encuentra la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, si bien su presidente, Fernando Souto, constata que no constituye un asunto «exento de debate» puesto que hay quien defiende la recuperación de los cuerpos y otras voces que apuestan con la «dignificación» sin un desplazamiento.

   Sobre la mesa pone estas dos posturas el presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, Fernando Souto, quien ha remarcado que, en muchas ocasiones, el mero hecho de mover unos restos supone «eliminar las pruebas de un genocidio» y que, en la línea de la recuperación de los cadáveres, vislumbra la necesidad «católica» de las familias de recuperar los cadáveres y poder darles sepultura.

   Con todo, incluso en la exhumación, las familias tienen «opciones» de intentar acometer acciones legales, aunque Souto constata que, en la mayor parte de los casos, los familiares de las víctimas lo único que desean en «acabar con el proceso» o bien los jueces optan por decir «que no son competentes».

PROTOCOLO DE EXHUMACIÓN

   Sobre las labores de recuperar los restos, el presidente de esta asociación también ve con ojos críticos que, en muchos casos, se encarguen de intervenir las fosas entidades privadas con sus equipos de excavación y no el Estado «con un protocolo más rígido». «Hay que ir por el camino de hacer los trabajos con garantías y no a través de iniciativas privadas movidas por la buena voluntad», ha esgrimido Souto, en declaraciones a Europa Press.

   En cualquier caso, tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y mantiene en el portal web que se ocupa de esta cuestión un protocolo para la apertura y exhumación de los restos en fosas comunes en los que se determina los pasos a dar para acometer esta tarea interdisciplinar.

   Entre los especialistas requeridos incluye a historiadores, arqueólogos y expertos forenses, pero también aboga por «procurar» la participación de Institutos de Medicina Legal y universidades. Igualmente, concreta las autorizaciones precisas y señala que los hallazgos se pondrán «inmediatamente en conocimiento» de las administraciones, de la Policía o Guardia Civil, así como del Juzgado de Instrucción competente.

«INDEFINICIÓN» DEL PP

   Con un buen número de retos en la cabeza, con «el recurso de la memoria» para buscar un modelo de sociedad «mejor», y sin dejar de «mirar al pasado con vistas al futuro», el presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña tiene claros los avances que supuso la Ley de Memoria Histórica y teme la «indefinición» del PP.

   Con todo, prefiere esperar a ver la actuación del próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, antes de dar por hecho «un retroceso» y espera que la línea «más dura del PP», la que ve «un revanchismo y un guerracivilismo que no existen», no se imponga.

   Eso sí, Fernando Souto tiene claro que España pasa por una situación económica difícil, lo que podría «servir de excusa» al nuevo Ejecutivo para «privar de todo tipo de subvenciones» a los colectivos que trabajan en la recuperación de la memoria histórica.

http://www.europapress.es/galicia/noticia-casi-cuarta-parte-fosas

-hay-galicia-siguen-abrir-36-anos-despues-muerte-

franco-20111231140332.html

Foto: EUROPA PRESS/GOBIERNO DE ESPAÑA

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Derechos humanos en España: Argentina investiga crímenes de la dictadura de Franco

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 31/12/2011

Derechos humanos en España: Argentina investiga crímenes de la dictadura de Franco

SÁBADO 31 DE DICIEMBRE DE 2011 12:28PES

Marcela Valente (IPS/Buenos Aires).- Cobró impulso en Argentina una causa judicial sobre graves delitos cometidos durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura de Francisco Franco (1936-1975).

La jueza federal argentina María Servini de Cubría abrió este mes una investigación a raíz de la querella presentada en abril de 2010 por abogados humanitarios de Argentina en nombre de familiares de víctimas del régimen franquista.

La magistrada reclamó a España nombres de militares involucrados en aquella dictadura (1939-1975), listas de desaparecidos, de fusilados y de niños apropiados, así como la identificación de empresas supuestamente beneficiadas por el trabajo forzado de detenidos, entre otras medidas de prueba.

La jueza había archivado inicialmente la denuncia por considerar que había investigaciones abiertas en España. Pero la Cámara Federal, un tribunal penal de segunda instancia, le ordenó indagar «si efectivamente» la justicia de ese país europeo estaba actuando.

Así, la denuncia volvió a manos de Servini quien, en ejercicio del principio de la jurisdicción universal, liberó este mes el exhorto solicitando gran cantidad de material probatorio, como el domicilio de agentes del régimen que aún viven y certificados de defunción de los que fallecieron.

Para reforzar la petición, los abogados querellantes presentaron a Servini un nuevo documento en el que subrayan que, después de 36 años de dictadura y otros tantos de democracia en España, «no sólo no existe ni siquiera una Comisión de la Verdad, sino que no hay un solo niño al que se le haya restituido su identidad».

«La causa fue iniciada en Argentina porque todo evidenciaba que ni con un gobierno socialista había voluntad de que prosperara allí», explicó a IPS uno de los letrados argentinos, Beinusz Szmukler, en referencia a la última administración del Partido Socialista Obrero Español, que se extendió desde 2004 hasta el 21 de este mes.

Como señal de ausencia de esa voluntad, el abogado recordó el proceso que se sigue en España al juez de la Audiencia Nacional de ese país, Baltasar Garzón, suspendido desde mayo de 2010 y acusado de prevaricación por haber abierto una investigación judicial sobre crímenes cometidos durante la guerra civil (1936-1939) y el posterior régimen de Franco.

Garzón había aplicado a su vez el principio de jurisdicción universal para entender en delitos cometidos por la dictadura de Argentina (1976-1983) y de Chile (1973-1990) cuando distintas normas nacionales impedían esos juicios en los dos países sudamericanos.

Pero cuando Garzón intentó indagar en crímenes de su país, extinguidos por una amnistía adoptada en 1977, «fue desplazado y ahora corre el riesgo de perder su condición de juez», recordó Szmukler.

A raíz de ese desplazamiento, la española Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y una decena de organizaciones de derechos humanos de Argentina respaldaron la querella en Buenos Aires de familiares de víctimas del franquismo.

Con base en muchos de los argumentos de Garzón, los abogados presentaron la petición de investigación ante tribunales argentinos a nombre de seis descendientes de víctimas que viven en este país. El grupo de querellantes se ampliará en los próximos meses, ya que se están presentando nuevos casos de familiares, dijo Szmukler.

Uno de los demandantes es Darío Rivas, de 91 años, quien denunció el asesinato de su padre,Severino Rivas, supuestamente cometido en 1936 por miembros de la ultraderechista Falange Española.

Severino Rivas era alcalde de la localidad gallega de Castro de Rei, en la provincia de Lugo, noroeste de España, cuando fue apresado y fusilado. Permaneció como desaparecido durante décadas hasta que, a instancias de su hijo, sus restos fueron hallados en una fosa común. Darío los recuperó en 2005.

«El señor Severino Rivas y los familiares de (otra querellante) Inés García Holgado fueron víctimas de una técnica de homicidios perfeccionada por la Falange Española, que denominaba ‘paseos’ a los fusilamientos por la espalda», dice la denuncia.

Holgado es sobrina nieta de Elías García Holgado, quien era alcalde del poblado de Lumbrales y diputado de la occidental provincia de Salamanca. También detenido en 1936, murió ejecutado un año después de su arresto.

Estas circunstancias «son extensibles a decenas de miles de personas asesinadas en lo que constituyó un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes», sostiene la querella.

En su presentación, los juristas recordaron que los tribunales españoles ejercieron activamente la jurisdicción universal en casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina, Chile y Guatemala.

El objetivo no es cuestionar la vigencia de la ley de amnistía española, ratificada recientemente ante un intento de derogarla, sino ejercer la jurisdicción argentina respecto de crímenes «que ofenden y lesionan a la humanidad y que permanecen impunes», remarcaron los abogados.

Organizaciones de derechos humanos estiman en 113.000 la cantidad de personas desaparecidas en la guerra civil y el régimen de Franco, muchas supuestamente enterradas en unas 2.500 fosas comunes. Pero habría además unos 30.000 casos de menores supuestamente sustraídos de sus familias y apropiados ilegalmente.

Esas personas habrían sufrido la ocultación de su identidad y permanecen sin conocer su historia familiar y personal, sin que haya causa abierta por esos delitos en España, señalan activistas.

En solidaridad con estos casos, se sumó como querellante la organización Abuelas de Plaza de Mayo, dedicada a la busca de hijos de desaparecidos argentinos que sufrieron secuestro y pérdida de identidad a manos de agentes de la dictadura de este país.

Por eso Szmukler y demás abogados sostienen que la demanda «no se conforma» con una declaración de reconocimiento del genocidio y de compromiso de indagar en la verdad de los hechos.

Ese antecedente existe en Argentina, donde descendientes de armenios muertos en una operación ejecutada por el Estado turco entre 1915 y 1923, lograron que la justicia de este país sudamericano reconociera ese genocidio en una sentencia sin carácter punitivo, emitida en abril.

«En el caso de España, cuando presentamos la querella había al menos 13 militares vivos, y además están los casos de 30.000 personas que desconocen su verdadera identidad», dijo el abogado.

«Queremos una investigación a fondo, que se determine la verdad y se establezcan las responsabilidades. Si no lo hace España, lo haremos acá. Ojalá que haya colaboración», agregó.

http://www.periodistas-es.org/derechos-humanos/derechos-humanos

-en-espana-argentina-investiga-crimenes-de-la-dictadura-de-franco

 

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Serrat liquida el programa de memoria histórica al no considerarlo «prioritario»

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 31/12/2011

Serrat liquida el programa de memoria histórica al no considerarlo «prioritario»

P. CORTÉS FERRÁNDEZ31/12/2011

El Gobierno de Aragón no impulsará ningún proyecto para la Recuperación de la Memoria
Histórica. Este es el anuncio que la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, hizo público ayer durante su comparecencia en respuesta a la petición de CHA para conocer la posición del Ejecutivo aragonés respecto a programas como el de Amarga Memoria.

La titular de este departamento aludió a razones económicas y de prioridad para excusar que en los presupuestos del 2012 no exista ninguna partida destinada a planes de aplicación de la ley de Memoria Histórica. Sin embargo, Serrat negó en todo momento que ella hubiera tildado de superfluo el gasto en este área, a pesar de que la consejera, en declaraciones recogidas por Efe, afirmó que cuando hay que hacer ajustes, «siempre lo superfluo debería haberse evitado».

Cubierta en el parapeto que la crisis económica le concede para no invertir dinero en este tipo de asuntos, Serrat comenzaba su comparecencia explicando que no hay partida presupuestaria destinada a nuevos proyectos para el programa Amarga Memoria porque «se atiende a otras actividades consolidadas». Entre ellas, la consejera especificó que lo primero son «los gastos obligados de personal, bienes y servicios, y transferencias», para continuar «priorizando en educación lo que ha obligado a fuertes ajustes en otras áreas». Estas razones son, según Serrat, las que «nos obligan a decir que no hay partidas».

DINERO POR ENCIMA DE TODO / El grupo parlamentario de Chunta Aragonesista criticó duramente «la posición de ambigüedad que tiene el Gobierno de Aragón en este tema, donde es la economía o que prima». Además, el diputado Gregorio Briz recalcó que «el
respeto y la dignidad se deben poner por encima del dinero». Con estas palabras el aragonesista quiso mostrar su rechazo a que las personas que lucharon «por una causa justa y legal estén en las cunetas, y a los que lucharon por una causa justa pero ilegal no se les haya condenado».

Además, CHA reclamó un «aumento en la categoría jurídica y política para la recuperación de
la Memoria Histórica», un rango que se alcanzaría implicando al departamento de Justicia, según
Briz. También muy críticos se mostraron desde Izquierda Unida, cuando indicaron que, a su parecer, «el PP no ha roto emocionalmente con la herencia del franquismo ».

Además, el diputado Luis Ángel Romero especificó que IU no pide al Gobierno de Aragón que «condene el golpe de Estado, haga una fiscalía especial o construya un memorial», sino que «respete una ley para que los familiares puedan velar por su memoria ».

El grupo parlamentario de IU también criticó la «demagogia y frivolidad» utilizada por la consejera Serrat cuando se cuestionó «si había que invertir en construir nuevos colegios o en el proyecto Amarga Memoria». «Si utilizautiliza este tipo de actitudes y frivolidades es muy complicado que se gane nuestra consideración», reseñó Romero.

Por parte del PAR, María Herrero se subió al carro de la priorización de los recursos y aplaudió que el Gobierno de Aragón busque «un equilibrio intermedio», en lo que opina como un «tratamiento un tanto sesgado y parcial de esta cuestión».

Precisamente a esta objetividad aludió Ana Cristina Vera desde el PSOE al defender que es «necesario conocer la historia de una forma objetivo a través de docentes y profesionales, para no volver a repetirla».

Por su parte, esta decisión del departamento que dirige Serrat ya fue recibida con gran pesimismo por las asociaciones aragonesas que nacieron con el objetivo de buscar la recuperación de la memoria histórica. «Es lamentable que la DGA no esté dispuesta ya a colaborar en nuestras actividades », señaló Miguel Soriano Catalán, de la Asociación Pozos de Caudé.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/serrat-

liquida-programa-de-memoria-historica-no-considerarlo-

prioritario-_725190.html

La consejera Dolores Serrat, durante su comparecencia, ayer, en las Cortes.FOTO: CHUS MARCHADOR

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El Gobierno cree que el programa Amarga Memoria no ha servido para dignificar a las víctimas

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 30/12/2011

El Gobierno cree que el programa Amarga Memoria no ha servido para dignificar a las víctimas

El Ejecutivo aragonés no seguirá invirtiendo en el programa Amarga Memoria al considerar que «ya se han hecho muchas cosas» y que no ha servido para su verdadero fin, dignificar a las víctimas. Así lo ha asegurado la consejera Serrat, quien ha manifestado que en estos momentos no es prioritario y lo ha tildado de «dirigista»

Noelia Fragoso Delgado

Zaragoza.- Los Presupuestos de 2012 no destinan ninguna partida al programa Amarga Memoria. Una decisión del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi que no ha gustado a algunos grupos de la oposición como PSOE, CHA e IU, y que tildan de nefasta para la dignificación de las víctimas de la Guerra Civil española. A esa misma dignificación se ha referido la consejera de Cultura, Dolores Serrat, como razón por la cual se ha paralizado la inversión en este programa, dado que considera que no ha servido a ese fin lo que se ha hecho en los años anteriores. Lo ha afirmado en la Comisión de Cultura en las Cortes de Aragón este viernes a petición del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista al objeto de informar sobre las propuestas del Gobierno de Aragón para la Recuperación de la Memoria Histórica. Unas propuestas «para las que no hay presupuesto».

Así, Serrat ha explicado que los 2,3 millones de euros invertidos se han dedicado incluso a publicaciones que no han llegado a ser distribuidas, exposiciones, estudios que han «reescrito» la historia, «dirigistas» y «tangenciales».

La consejera ha proseguido defendiendo que ya se ha hecho mucho por la dignificación de las víctimas y que en este momento no es una prioridad para su Ejecutivo, resaltando que «ninguna familia ha venido a quejarse». Por otro lado, ha reconocido que las víctimas tienen que tener una fosa digna y ha recordado que Amarga Memoria no ha realizado exhumaciones en ninguna de las 500 fosas localizadas y sólo ha hecho un pequeño monolito de homenaje y reconocimiento. Aún así cree suficiente lo que ya se ha hecho y ha hablado de «malgasto» del dinero de todos al enumerar una serie de publicaciones que se financiaron con cargo al programa como «El PSOE en Ejea de los Caballeros» o «Comisiones Obreras», entre otras.

«El programa sirvió para desnaturalizar el espíritu de la Ley de Memoria Histórica», ha sentenciado la consejera, quien ha contado que sus abuelos estuvieron en diferentes bandos en la guerra, lo que provocó problemas en su familia y mucho dolor «solucionado en la Transición. No con amnesia sino cicatrizando las heridas». A ese dolor se han referido los diputados de CHA Gregorio Briz y el de IU Miguel Ángel Romero, quienes han exhortado a la Consejería a cumplir con la ejecución de la Ley de Memoria Histórica.

Finalmente, la diputada popular María José Ferrando al igual que la del PAR María Herrero han hablado de memoria «selectiva», de «dilapidación» de dinero público y de «alentar el enfrentamiento» al referirse a este programa y han asegurado que lo necesario ahora es priorizar «y eso no es prioritario». 

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=90500&secid=9

Serrat ha comparecido en la Comisión para dar cuenta de las acciones que piensa hacer el Gobierno en materia de memoria histórica

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Un oprobio a la memoria

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 29/12/2011

Un oprobio a la memoria

Tildar el programa Amarga Memoria de «superfluo» es una frivolidad carente de la más mínima sensibilidad

JOSÉ RAMÓN Villanueva, Nieto de un carabinero de la República29/12/2011

No por esperado, ha causado menos malestar la decisión del Gobierno de Aragón, anunciada por la consejeraDolores Serrat, de suprimir el programa Amarga Memoria calificándolo de «superfluo». La coartada perfecta para tomar esta medida ha sido la necesidad de realizar ajustes presupuestarios, pero la realidad es que el PP, ahora en el Gobierno, nunca ha tenido la voluntad política de acometer el deber moral y cívico que nuestra democracia adeuda, todavía, para con las víctimas del franquismo, una cuestión de salud democrática que debería medirse por otros parámetros distintos a los meramente economicistas. La derecha española, también en Aragón, siempre se ha mostrado reacia a romper, de verdad y de forma definitiva, las amarras emocionales e ideológicas con la herencia del franquismo, a diferencia de lo hecho otras derechas europeas, como las de Alemania, Italia o Francia, que apoyaron las políticas públicas de la memoria histórica antifascista y del impulso de la educación cívica en los valores democráticos.

Debemos recordar la Proposición no de ley 127/06 relativa al impulso de medidas para la recuperación de la memoria histórica del programa Amarga Memoria, presentada en las Cortes de Aragón por Chunta Aragonesista. En los debates de la misma, el año 2006, el PP ya dejó clara su posición. Una lectura atenta del Boletín Oficial de las Cortes de Aragón recoge determinadas afirmaciones de Antonio Suárez, entonces diputado portavoz del PP, sobre la referida proposición no de ley a la que calificaba de «sectaria» y «fundamentalista», «un camino equivocado», que sólo pretendía «la confrontación social». A nivel nacional, en pleno debate parlamentario sobre la futura Ley 52/2007 de la Memoria Histórica (LMH) impulsada por el Gobierno de Zapatero, ya advirtió Rajoy de que la derogaría en caso de ganar las elecciones del 2008 y es previsible que las políticas del PP pongan fin a la legislación memorialista que, pese a todas sus deficiencias y limitaciones, había abierto el camino para la plena reparación moral, y tal vez jurídica, de las víctimas de la dictadura franquista.

El programa Amarga Memoria del Gobierno de Aragón, bajo el impulso de Jaime Vicente Redón, ha realizado durante estos últimos años una labor encomiable gracias al trabajo realizado por Ana Oliva o Elisa Plana, junto con el apoyo entusiasta de Juan Carlos Gil y demás funcionarios de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Se editaron numerosas publicaciones, se realizaron diversas actividades culturales, jornadas y exposiciones, también en el ámbito educativo (visitas al Campo de Mauthausen o el proyecto de cooperación transfronteriza Las Rutas de la Memoria), se elaboró un mapa de fosas en Aragón (519 localizadas, uno de los más completos y sistemáticos de España), además de efectuar diversas exhumaciones con las oportunos criterios arqueológicos y antropológicos.

A FECHA DE HOY, y mientras siga en vigor la Ley 52/2007, corresponde a los poderes públicos, esto es, al Gobierno de Rajoy en Madrid o al de Rudi en Aragón, amparar y realizar actuaciones concretas en el ámbito de las políticas públicas de la memoria histórica. De hecho, la referida ley insta a la colaboración de las administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de las victimas «como última prueba de respeto hacia ellos», y también indica expresamente que «es deber del legislador, y cometido de la ley, reparar a las víctimas, consagrar y proteger, con el máximo rigor normativo, el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos». Y todo ello, no ha sido, no es, y nunca será algo «superfluo».

Una de las razones esgrimidas por el PP para enterrar Amarga Memoria es la de que había que recuperar «el espíritu de la Transición». Pero quienes esto dicen, olvidan los peajes que entonces hubo que pagar para consolidar la democracia española, entre ellos, el aprobar la Ley 46/1977 de Amnistía, una ley de punto finalpara con los crímenes del franquismo, el renunciar al restablecimiento de la legalidad republicana o el posponer las justas demandas de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista. Hoy, después de tres décadas de democracia constitucional, estas demandas de justicia, verdad y reparación que empezaron a abrirse paso, con problemas y dificultades en estos últimos años, no pueden quedar sepultadas por la previsible involución auspiciada por las políticas conservadoras del PP. Calificar estas cuestiones como «superfluas» es, cuando menos, una frivolidad carente de la más mínima sensibilidad cívica.

Los familiares de víctimas del franquismo han llorado durante largos años por sus familiares asesinados, muchos de ellos arrojados a cunetas donde yacen, todavía, para escarnio de nuestra democracia. Hoy vuelven a llorar por el desinterés de la derecha gobernante en España y también en Aragón por las cuestiones relacionadas con la memoria histórica y, mientras tanto, la herida, esa herida, esa historia sangrante, seguirá sin cerrarse.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/

un-oprobio-a-memoria_724734.html

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Argentina presiona a la justicia española

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 28/12/2011

Argentina presiona a la justicia española

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843 procesados, 266 condenas, cerca de 500 detenidos, 1.200 cuerpos recuperados en 27 años, 505 identificados y una búsqueda abierta. Son los datos de la reparación de las víctimas de la última dictadura militar en Argentina. En España, quienes padecieron la violencia del régimen de Franco han solicitado justicia internacional en ese país. Observando cómo han gestionado  su propio proceso, son muchos los motivos que tienen para confiar.

Familiares de víctimas del franquismo apelaron a la justicia universal desde Buenos Aires (Argentina) cuando las autoridades judiciales españolas suspendieron temporalmente al juez que trató de esclarecer los asesinatos de sus ascendientes. El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón declarará ante el Tribunal Supremo el próximo 24 de enero tras la denuncia por prevaricación que interpuso contra él Manos Limpias. El sindicado ultraderechista le acusó de no tener competencia en la investigación de los delitos cometidos durante el franquismo, considerados de lesa humanidad por organismos internacionales.

El pasado 3 de diciembre, la hija de Franco nombró Caballero de Honor de la fundación que defiende el nombre de su padre a Miguel Bernardsecretario general de Manos Limpias. La Fundación Francisco Franco otorgó la misma distinción a José Utrera Molina, dos veces ministro en el franquismo y suegro de Alberto Ruiz Gallardón, actual ministro de Justicia.

Ante el contexto de acontecimientos desfavorables para las víctimas y sus familiares, en el que ven lejos la satisfacción de sus demandas de justicia, es inevitable que éstas dirijan su mirada hacia Argentina y busquen en el país andino la vía para obtener la reparación que no hallan en España.

El proceso, que comenzó el pasado 14 de abril de 2010 con la denuncia  presentada en un juzgado bonaerense, prosigue y ahora España deberá faciliar a la jueza que lleva el caso en Buenos Aires, María Servini de Cubría, los datos de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de Falangehasta el 15 de julio de 1977. El exhorto fue enviado el pasado 13 de diciembre desde el ministerio argentino de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos al Gobierno español.

Pero la perspectiva judicial argentina no es la única en la que se fijan víctimas, familiares y asociaciones de derechos humanos en España. El proceso integral y judicializado de recuperación e identificación de desaparecidos que se está llevando a cabo en ese país supone el paradigma de actuación que se espera de un estado democrático.

ARGENTINA HACE SUS DEBERES

Por ejemplo, desde el pasado abril, el Código Penal argentino considera crimen de Estado la desaparición forzada en la que participen fuerzas policiales y, el Gobierno, a través de convenios firmados con asociaciones como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), ha formalizado e institucionalizado la búsqueda e identificación de los desaparecidos.

El estado argentino tardó casi dos décadas en asumir la tarea de la reparación, pero una vez adoptada esa responsabilidad en 2003, tras derogar las leyes de amnistía , comenzó un proceso de normalización que afecta a los juicios que aún se están celebrando contra los responsables del ultimo régimen militar (1976- 1983).

“Un elemento clave en las transiciones a la democracia es saber qué sucedió con los desaparecidos”, señaló Luis Fondebrider, antropólogo forense y miembro del EAAF, la semana pasada en Madrid, durante la jornada de balance de 27 años de trabajo del equipo.

Hasta la fecha, un total de 843 personas han sido procesas en juicios que se desarollan en diferentes regiones del país. De ellas, 449 irán a juicio y hay 593 cumpliendo condenas preventivas. Desde 1984, se contabilizan un total de 266 condenas firmes. Todo, según los datos del ministerio Fiscal argentino publicados el pasado 23 de diciembre.

“Un elemento clave en las transiciones a la democracia es saber qué sucedió con los desaparecidos”

Todas estos pasos vienen a profundizar la idea de la normalización de los procesos que reparan a las víctimas de las dictaduras. En Argentina, estos mecanismos se desarrollan en un clima de aceptación por parte de una sociedad “que no niega lo que sucedió en su pasado reciente”, explicó Mercedes Salado, integrante del EAAF.

FORENSES INTERNACIONALES

En 1984 surge el Equipo Argentino de Antropología Forense para dar respuesta a la desconfianza que la población tenía hacia los cauces oficiales. A lo largo de estos años, este organismo no gubernamental ha trabajado en exhumaciones en Timor Oriental, Bosnia, Croacia, Sudáfrica, Angola, Etiopia, Kenia, México, Honduras y Guatemala entre otros muchos. Trabajan bajo peticion de Comisiones de la Verdad, de organismos internacionales, estados o agrupaciones de familiares de víctimas.

La identificación de dos españoles asesinados en centros clandestinos de detención fue posible gracias a la labor de esta ONG. En  diciembre de 2009 se identificó al primero de ellos, Manuel Coley Robles, y al segundo, Urbano López  le devolvieron su nombre el pasado mes de septiembre. Ambos formaban parte del Habeas Corpus (requerimiento a las autoridades para llevar al detenido ante el juez)  presentado, en 1983,  por el cónsul general de España en Argentina a favor de los españoles involucrados en casos de detenciones forzadas.

El Equipo, gracias a un acuerdo entre los ministerios de Justicia español y argentino, recabó en 2008 50 muestras de sangre de españoles que creían tener familiares entre los desaparecidos durante la dictadura de Videla. Estas muestras, que se recogieron a traves de los cinco consulados de Argentina en España,  se sumaron a las miles que ya integran el banco de ADN necesario para identificar los restos humanos que se van recuperando en los procesos de exhumación.

Salado recordó que en España no han intervenido ya que aquí ya existen  “muchos profesionales haciendo una importante labor”. Pero hubo una exhumación en la que si jugaron un papel activo: la de la única fosa que se ha abierto en España por orden judicial, en Benavente (Zamora). “Fuimos tan solo para explicar que aquello era algo normal, que nosotros lo hacíamos siempre de ese modo y que no pasaba nada por ello“, rememoró.

http://blogs.publico.es/memoria-publica/2011/12/27/

argentina-presiona-a-la-justicia-espanola/

Una fosa común en la provincia de Tucumán.-AP

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El PP bloquea en Lugo la retirada de honores a Franco y a la Falange

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 28/12/2011

El PP bloquea en Lugo la retirada de honores a Franco y a la Falange

Los socialistas echan en cara a los populares que la dictadura es su «lastre»

PEPE SEIJO – Lugo – 28/12/2011

El portavoz del PP en la Diputación de Lugo, Xosé Manuel Barreiro, fue el único de los diputados populares que no abstuvo en el pleno donde se decidía la retirada de honores y distinciones a Franco y a la Falange. Pero fue por su ausencia, ya que se encontraba en Madrid estrenando su cargo de portavoz en el Senado. La abstención de sus 11 compañeros de partido fue la que impidió despojar de los títulos de presidente de honor al dictador, ya que el propio reglamento provincial de honores requiere la unanimidad del pleno.

«El Partido Popular siempre mira al presente y por el futuro. Lo de atrás procura siempre olvidarlo», esgrimía el exalcalde de Palas de Rei Fernando Pensado, para justificar el voto de su grupo. El título de presidente de honor de la Diputación el fue concedido al dictador en 1944 y en 1958 se le concedió la medalla de oro. Otras de las distinciones que se pretendían anular son las medallas de oro a la Sección Femenina de la Falange, a Pilar Primo de Rivera y al Frente de Juventudes.

El vicepresidente primero de la Diputación, el nacionalista, Antonio Veiga, recordó que el PP también se abstuvo en 2009 cuando se votó la moción presentada por el BNG para retirar estos honores. «Entendíamos que era un acto de justicia restituir la memoria, el honor, de cerca de 5.000 personas que sufrieron la represión en esta provincia. No era de recibo que 35 años después de muerto el dictador aún siguiera ostentando esos títulos honoríficos», explicó Veiga. Los socialistas, a través de su portavoz, Manuel Martínez, apelaron a la necesidad de cumplir la Ley de Memoria Histórica. «Es necesario que la reconciliación y los problemas que hubo durante muchos años queden atrás y podamos mirar para delante con la cabeza alta», afirmó el también alcalde de Becerreá.

El debate estuvo plagado de encendidas acusaciones a los populares. «Llevamos años intentando convencer al PP para que cuando se debatan estos temas sepa estar a la altura de las circunstancias», explicó Veiga antes de producirse la votación. El portavoz del BNG se refirió a las alegaciones que presentaron los populares para evitar la retirada de honores al dictador y afirmó que proceden de «un exsenador del PP, un exdelegado de la Xunta de Fraga o un exdirector general de Interior del PP». «Entonces no engañen a la ciudadanía», añadió, «si no creen en el sistema democrático, díganlo y suelten amarras con eso que parece que los amarra al año 75».

Más agria, si cabe, fue la segunda intervención del portavoz socialista que lamentó que los populares «sigan mirando para atrás, sigan mirando por el retrovisor y no se conviertan en una derecha moderna. Algún día tendrán que dar ese paso y olvidarse del lastre que tienen de la dictadura, que quieran o no es donde nacieron ustedes. Mientras no den ese paso y pierdan el pecado original mal les va a ir», reconvenía.

El portavoz del PP respondió que su partido «para nada va a recibir ningún tipo de lección democrática que vengan del BNG»: «No vamos a ser meros comparsas ni del BNG ni del PSOE. Tenemos criterio propio, actitud propia y fundamentación propia».

Tras la votación, y después de que el PP con su abstención frenase el proceso, el presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Ramón Gómez Besteiro, anunciaba que «en la próxima reunión de portavoces, la presidencia llevará una propuesta para reformar el reglamento de honores y distinciones» y suprimir la unanimidad que se exige ahora. Habrá que esperar, por lo tanto, a la convocatoria del pleno del próximo mes para ver si se fragua esa modificación que permita la retirada de honores a Franco y la Falange.

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/PP/bloquea/Lugo/retirada

/honores/Franco/Falange/elpepuespgal/20111228elpgal_6/Tes

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Las víctimas aplauden que Argentina investigue los crímenes del franquismo

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 27/12/2011

Las víctimas aplauden que Argentina investigue los crímenes del franquismo

Las asociaciones de víctimas del franquismo han celebrado hoy los avances de la investigación abierta por una jueza federal argentina por los crímenes cometidos durante el régimen franquista.

La jueza federal argentina María Servini de Cubría ha pedido a España información sobre ministros y responsables de las fuerzas de seguridad de la dictadura de Francisco Franco en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.

La solicitud se enmarca en la causa que investiga los crímenes del franquismo iniciada a instancias de un grupo de familiares de víctimas bajo el principio de justicia universal, que permite investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en terceros países.

En declaraciones a Efe, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, ha expresado su deseo de que el Gobierno español actúe de forma ejemplar cuando se le aplica el principio de justicia universal y este proceso ayude a las familias a conocer la verdad y averiguar el paradero de las víctimas.

España ha hecho fuera lo que no ha hecho dentro, en la aplicación del principio de justicia universal, ha apuntado Silva, quien ha agregado que «a Argentina no se le puede decir que ‘en casa del herrero, cuchillo de palo’, que es el caso español, porque los jueces argentinos que investigan los crímenes de la dictadura no son juzgados por hacerlo como Baltasar Garzón».

Por su parte, el portavoz de la Asociación Foro por la Memoria, José Antonio Moreno, ha lamentado «el ridículo democrático» del Estado español porque otro país aplique el principio de justicia universal, ante la inoperancia y la inactividad de los órganos judiciales españoles para esclarecer los delitos cometidos durante la dictadura de Franco.

Moreno se ha mostrado avergonzado, como español, de que otro Estado democrático trate de aportar justicia a las víctimas del franquismo, al tiempo que ha expresado su satisfacción y orgullo por la existencia de un país y un sistema judicial que garantice los derechos humanos.

Asimismo, el presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, José María Pedreño, se ha congratulado por la investigación de la justicia argentina, ya que no hay ningún procedimiento abierto en España por los crímenes contra la humanidad perpetrados durante la dictadura de Franco.

Es «una vergüenza» que «todo esté paralizado en España», a la espera de que el Tribunal Supremo decida cuáles son los juzgados competentes para investigar los crímenes del franquismo, ha aseverado Pedreño.

La vicepresidenta de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Paqui Maqueda, ha recibido con satisfacción la decisión de la jueza federal argentina, a la vez que se ha mostrado convencida de que «tarde o temprano» los crímenes del franquismo se van a esclarecer y se van a imponer la verdad, la justicia y la reparación, los tres pilares básicos del derecho internacional.

Maqueda ha indicado que es «una vergüenza que un país como Argentina que ha sufrido la represión tenga que dar una lección de derechos humanos a España».

Ha asegurado que el Gobierno del PP va a encontrar al movimiento de la memoria histórica «a pie de fosa, señalando

http://www.adn.es/lavida/20111227/NWS-0541-Argentina-

franquismo-investigue-victimas-crimenes.html

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Piden a España lista de empresas beneficiadas en el franquismo

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 27/12/2011

Piden a España lista de empresas beneficiadas en el franquismo

26-12-11 17:03 María Servini de Cubría libró un exhorto en el que solicita esos y otros datos, en la causa que investigan los crímenes del dictador iniciada por familiares de víctimas. Rige el principio de Justicia universal, por el que se pueden investigar hechos de lesa humanidad de otros países, como sucedió en España con represores argentinos.

AGENCIAS Buenos Aires

La jueza federal María Servini de Cubría libró un exhorto al Reino de España en el que solicitó nombres y domicilios de los integrantes del Consejo de Ministros y de los jefes de las fuerzas de seguridad que integraron el Gobierno de facto del general Francisco Franco entre julio de 1936 y junio de 1977 y si se encuentran vivos, en el marco de una investigación de los crímenes del “franquismo”.

También requirió información sobre la cantidad de personas desaparecidas, asesinadas y torturas durante la represión franquista, el número de niños apropiados y las empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo, entre otros datos, informaron hoy a DyN fuentes judiciales.

El exhorto de la magistrada se da en la causa donde investiga los crímenes del franquismo iniciada por un grupo de familiares de víctimas bajo el principio de Justicia universal, por el que se pueden investigar hechos de lesa humanidad ocurridos en otros países, tal como sucedió en España con represores argentinos.

Franco fue el líder del partido único “Falange Española” y gobernó el país bajo una dictadura fascista entre el 17 de julio de 1936, cuando dio inicio a la Guerra Civil Española, y el 15 de junio de 1977, período que dejó 1.500.000 muertes.

Servini de Cubría solicitó los “nombres y últimos domicilios conocido de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española” que actuaron durante el franquismo con la “certificación de los que hayan fallecido”.

Además, pidió “el número de personas desaparecidas, identificándoselos, en la medida de lo posible con sus nombres y apellidos, fechas y lugar de su desaparición”.

También, la cantidad de personas asesinadas y torturas por motivos de “persecución política” y “el número de niños sustraídos a sus familias de origen, apropiados y con su identidad sustituida por familias afectadas a la dictadura, debiendo identificar los grupos familiares despojados de aquellos”.

Otro de los puntos del exhorto es las fosas comunes encontradas en España con “señalamiento de los cuerpos que han sido identificados hasta la fecha” y “la lista de empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas”.

El exhorto fue enviado a Chancillería el 13 de diciembre pasado y el Ministerio de Relaciones Exteriores ya lo giró a España, explicaron las fuentes.

La jueza Servini de Cubría había rechazado el año pasado el pedido de investigación de los crímenes porque los hechos estaban siendo investigados en España, pero luego la Cámara Federal anuló ese fallo y ordenó proseguir con la causa.

http://www.cronista.com/economiapolitica/Reclaman-a-Espaa-

lista-de-empresas-beneficiadas-durante-

el-franquismo-20111226-0123.html

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La jueza Servini pidió a España datos de represores franquistas

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 27/12/2011

La jueza Servini pidió a España datos de represores franquistas

Reclamó también información sobre personas asesinadas y desaparecidas, así como sobre niños apropiados.

27/12/2011 00:01 | Agencia DyN

Buenos Aires. La jueza federal María Servini de Cubría libró un exhorto a España en el que solicitó nombres y domicilios de los integrantes del Consejo de Ministros y de los jefes de las fuerzas de seguridad que integraron el gobierno de facto del general Francisco Franco entre julio de 1936 y junio de 1977 y si se encuentran vivos, en el marco de una investigación de los crímenes del franquismo.

También requirió información sobre la cantidad de personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la represión franquista, el número de niños apropiados y las empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo, entre otros datos. Así lo informaron fuentes de la Justicia.

El exhorto se da en la causa en la que se investigan los crímenes del franquismo y que fue iniciada por familiares de víctimas bajo el principio de justicia universal, por lo que se pueden investigar delitos contra la humanidad ocurridos en otros países, tal como sucedió en España con represores argentinos.

Franco lideró el partido único Falange Española y gobernó el país bajo una dictadura entre el 17 de julio de 1936, cuando se inicio la Guerra Civil Española, y el 15 de junio de 1977, periodo que dejó 1.500.000 muertos.

Servini de Cubría solicitó “los nombres y los últimos domicilios conocidos de los miembros de los consejos de Ministros de los gobiernos españoles y de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española” durante el franquismo, con la “certificación de que hayan fallecido”.

Además, pidió “el número de desaparecidos, identificándolos en la medida de lo posible con sus nombres y apellidos, fechas y lugares de su desaparición”.

También, la cantidad de personas asesinadas y torturadas por “persecución política” y “el número de niños sustraídos a sus familias de origen, apropiados y con su identidad sustituidas por familias vinculadas con la dictadura, debiendo identificar los grupos familiares despojados”.

El exhorto fue enviado a la Cancillería el 13 de diciembre y ésta lo giró a España.

http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/jueza-servini-pidio-

espana-datos-represores-franquistas

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