Los arqueólogos abrirán la segunda fosa con represaliados gallegos fuera de la comunidad

Los cuerpos de un coruñés y dos pontevedreses están enterrados en el cementerio zaragozano de Aladrén . Los tres fueron fusilados en diciembre de 1937 cuando intentaban pasarse al bando republicano

«Busco a mi padre». «Sé dónde está enterrado mi abuelo». Al grupo promotor de las primeras exhumaciones en España no dejan de llegarle peticiones para recuperar los restos de los miles de ‘paseados’ durante la Guerra Civil. En España ya se han recuperado más de 1.000 cuerpos de las 120 fosas abiertas. Desde la primera exhumación en Galicia, en 2003, arqueólogos de la ARMH ya han hecho diez más y han localizado 43 cadáveres. Para este verano está prevista la apertura de una fosa con víctimas gallegas fuera de la comunidad: un coruñés y dos pontevedreses fusilados por falangistas hace más de 70 años en el cementerio zaragozano de Aladrén

R. PRIETO | A CORUÑA A más de 700 kilómetros de su tierra. Los cadáveres de tres gallegos yacen en Aladrén (Zaragoza) desde que hace más de 70 años fueron paseados por los falangistas. Cándido Silva Toucedo, de Aguiño (Ribeira), Juan Moreno Alegrete, de Vigo, y Benito Alonso Roibero, de A Cañiza (Pontevedra), fueron ejecutados en diciembre de 1937 cuando trataban de pasarse al bando republicano. La búsqueda ha terminado para las tres familias gallegas.

En cuestión de semanas, un equipo de arqueólogos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), grupo originario del Bierzo y promotor de las primeras exhumaciones del franquismo en España, se trasladará a Zaragoza para recuperar sus restos. Será la segunda fosa con represaliados gallegos que abrirá la ARMH fuera de la comunidad. La primera fue en el año 2004, en Arnado (León). Entonces fueron recuperados los restos de Ramiro Franco, concejal republicano de Rubiana (Ourense) y Carlos López Figueroa, conocido en la zona como El coruñés.

Las familias quieren cerrar este capítulo de la historia. De la suya. Para los hijos y nietos de los represaliados durante la Guerra Civil, pasar página no significa «caer en el olvido», sino «mantener viva la memoria». Esa con la que cargaron durante décadas y de la que ahora, «por fin» pueden despojarse. ¿Cómo? Dejando que sus muertos «descansen en paz». En su tierra.

Para la familia del coruñés Cándido Silva Toucedo, no es la primera vez que intentan recuperar sus restos. Su hijo ya lo intentó a mediados de los ochenta. A su regreso de EEUU, José Silva empezó a recabar papeles para tramitar una pensión para su madre. Aunque ya desde niño sabía dónde estaba enterrado su padre, no fue hasta que «removiendo» el pasado para lograr una ayuda del Estado para su madre se planteó exhumar la fosa en la que permanecía enterrado su padre desde el 11 de diciembre de 1937. «Aunque en esa época nadie hablaba de recuperar los restos, yo me lo propuse. Entonces, los cuerpos se recuperaban de forma clandestina. No es como ahora que ya se han hecho muchas exhumaciones», relata José desde la localidad ribeirense de Aguiño.

Sin embargo, sus esperanzas se vieron frustradas al contactar con el párroco de Aladrén. En esa fosa, según le comentó, están enterrados cerca de una veintena de fusilados. Un exhumación compleja para entonces, tanto por los permisos necesarios para la apertura de la fosa como por los costes de las pruebas de ADN para la identificación de los restos.

Veinte años después de ese primer intento, José Silva, de 75 años, espera cumplir su propósito. Y la que fue la última voluntad de su madre: «Ella ansiaba recuperar sus restos».

En la fosa donde fue enterrado Cándido Silva, también yacen los huesos vencidos de otros cuatro represaliados. Pero hasta el momento, la investigación de familiares e historiados sólo ha puesto nombre y apellidos a dos de ellos. Juan Moreno Alegrete y Benito Alonso Tobeiro. Pese a los intentos de la nieta de Juan Moreno por contactar con familiares de Benito Alonso para informarles de la exhumación en Aladrén, no ha conseguido averiguar el paradero de posibles hermanos o sobrinos.

De niña, a Puri Fernández Moreno sólo le contaban que su abuelo había muerto en la guerra. Muchas preguntas y el silencio como respuesta. Sólo con el paso del tiempo se enteró de que había sido fusilado por las fuerzas nacionales cuando intentó pasarse al bando republicano.

Hace años que quería recuperar los restos de su abuelo, pero no sabía cómo hacerlo. «Siempre supimos dónde estaba enterrado. Pero no sabía por dónde tirar», recuerda.

El camino hacia Aladrén empezó a recorrerlo hace un par de años, cuando un equipo de arqueólogos exhumó una fosa en Ponteareas. Fueron ellos quienes la pusieron en contacto con el vicepresidente de la ARMH, Santiago Macías, que a su vez la remitió a un historiador en Zaragoza. A partir de ahí, Puri retrocedió a diciembre de 1937 para reconstruir las últimas horas de su abuelo. «Algunos niños de Aladrén que entonces tenían 12 años recuerdan a mi abuelo. Saben que lo tenían preso en el pueblo. Saben dónde los fusilaron, a él y al resto», comenta.

Puri ha logrado que la historia de su abuelo deje de ser tabú para la familia. Ahora ya no tiene que escuchar lo que tantas veces decía su abuela: «Os nenos son fillos de Dios e testemuña do demo». Ya no tiene que enfrentarse al silencio como única respuesta.

http://www.laopinioncoruna.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009062200_4_297712__

Galicia-arqueologos-abriran-segunda-fosa-represaliados-gallegos-fuera-comunidad

El pontevedrés Juan Moreno Alegrete (en pie en el centro de la fotografía). / la opinión

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) –

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) firmará próximamente un convenio de colaboración con el Ministerio de la Presidencia para trabajar en la elaboración de un mapa integrado de las fosas comunes que siguen sin exhumar en toda España y avanzar así con lo estipulado en la Ley de la Memoria Histórica.

La FEMP ha transmitido al Gobierno su voluntad de colaborar en la localización de fosas de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista y, para ello, difundirá a las entidades locales las directrices marcadas por el Ejecutivo para el cumplimiento de la Ley de la Memoria, según apunta en un artículo de la revista ‘Carta Local’ recogido por Europa Press.

El Gobierno ya se puso en contacto con la FEMP y con todas las comunidades para solicitar su colaboración y les hizo llegar el texto de un convenio para la elaboración de un mapa integrado de los lugares de inhumación. El objetivo es que este mapa recoja la localización geográfica de las fosas, así como caracteres y otros datos relevantes.

A partir de la firma del convenio, la FEMP informará a las entidades locales del protocolo impulsado por el Gobierno que fija las bases de actuación científica para la localización, exhumación e identificación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La subsecretaria del Ministerio de Justicia, Purificación Morandeira, destaca la importancia «cualitativa y cuantitativa» de las corporaciones locales para el cumplimiento de la Ley de la Memoria. «El Ministerio de Justicia considera esencial la colaboración de la FEMP –reconoce–. Su proximidad y facilidad de comunicación con todos los municipios la convierte en un puente de enlace con los ayuntamientos que quieran colaborar».

El objetivo es que una «primera versión» del mapa de fosas esté lista dentro de seis meses, aunque Morandeira advirtió de que no se trata de «un documento estático» sino que «ha de estar actualizándose continuamente». «Podríamos decir que un documento completo e integrado de los lugares de exhumación nunca se acaba totalmente, ha de ser un documento vivo y en continua mejora y ampliación», sostiene.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-memoria-femp-colaborara-gobierno-

elaboracion-mapa-fosas-comunes-guerra-civil-20090621122357.html

La Diputación dará los permisos para que pueda abrirse la fosa de Lorca

Para que el camino hacia la exhumación quede expedito, ya sólo faltaría que la delegación de Cultura de la Junta también autorizase la excavación

21.06.09 – C. MORÁN | GRANADA

La posibilidad histórica de que se abra la fosa en la que se supone están los restos del poeta Federico García Lorca, está más cerca que nunca de hacerse realidad. La Diputación Provincial de Granada, propietaria del terreno en el que se encuentra el enterramiento clandestino, ya ha decidido que dará los permisos que sean necesarios para favorecer la exhumación de los cadáveres de los fusilados entre las localidades de Víznar y Alfacar durante la Guerra Civil.

Al parecer, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada, que abandera la iniciativa, ya ha solicitado formalmente la pertinente autorización a la institución que preside el socialista Antonio Martínez Caler, que, por su parte, ha acordado no poner ningún tipo de impedimentos. Un paso más hacia la superación de un enigma de indudable relevancia histórica.

Para que el camino hacia la apertura de la fosa quede expedito, ya sólo faltaría que también la delegación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía diese su visto bueno burocrático a la exhumación del poeta y de sus compañeros de infortunio: el maestro Dióscoro Galindo y el banderillero Francisco Galadí, cuyos descendientes no han dejado de batallar para lograr recuperar los restos de aquéllos.

Opiniones encontradas

La familia Lorca, por contra, no es partidaria de remover la tierra bajo la que se cree está el universal poeta granadino, un detalle que ha hecho que el proceso haya estado siempre rodeado de polémicas y opiniones encontradas.

Además, la vía penal -ensayada en primer lugar por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada en nombre de los parientes de Galindo y Galadí- se había convertido en un laberinto sin salida. El magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, delegó en los tribunales provinciales la tarea de abrir las fosas, pero la jueza de Granada a la que le correspondió el ‘caso Lorca’ devolvió el expediente a su lugar de origen. La jurista entendió que los hechos que rodearon a las ejecuciones sumarias de Lorca y los demás, podían constituir delitos de lesa humanidad, cuyo abordaje está reservado a la Audiencia Nacional.

Era lo mismo que había dicho Garzón, que, sin embargo, archivó la investigación tras constatar que los presuntos responsables habían fallecido. Por cierto, la iniciativa de Garzón de investigar los crímenes de la Guerra Civil le ha valido una imputación por la comisión de un supuesto delito de prevaricación.

A la vista del atasco, la asociación se decantó por la vía administrativa, tal y como les aconsejó en su día Jesús García Calderón, Fiscal Superior de Andalucía y una autoridad en materia de protección del patrimonio.

Según el criterio de García Calderón, la fosa en cuestión puede catalogarse como un yacimiento arqueológico, tal y como adelantó IDEAL. Es decir, que lo único que habría que hacer es pedir la correspondiente autorización a la Diputación Provincial de Granada -la propietaria del terreno- y a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que es la institución competente lo relacionado con el patrimonio histórico y cultural.

El primer paso ya está dado.

http://www.ideal.es/granada/20090621/granada/diputacion-dara-permisos-para-20090621.html

El lugar en el que se supone está la fosa. / R. L. PÉREZ

«En Argentina hubo golpe; en España, guerra»

La familia de Luis Dorado se topó con sentencias insólitas en su pelea judicial

RAÚL BOCANEGRA – Sevilla – 20/06/2009 23:00

«Es claro que no nos encontramos ante un delito de genocidio, por mucho que la parte recurrente quiera argumentar lo contrario, sin que la doctrina de la Audiencia Nacional [que juzga estos delitos] pueda ser aplicable al caso dada la diferencia de situaciones entre el Golpe de Estado Argentino y la situación creada por la Guerra Civil Española». Es un extracto del auto de la Audiencia provincial de Córdoba que desestimó en 2006 la demanda de investigación del asesinato en 1936 del diputado socialista de la II República, Luis Dorado Luque.

Ésta, junto a otras decisiones judiciales de la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional y administrativas del Ayuntamiento de Córdoba, han abocado a su familia a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo es la primera demanda para que éste le ampare contra el Estado españolen su intento de que se investigue la muerte del parlamentario y se logre exhumar su fosa, en el cementerio de Córdoba.

La sentencia de 2006, firmada por los magistrados Eduardo Baena, José María Magaña y Pedro Roque, que declara definitivamente prescrito el asesinato del diputado, aduce además que la iniciativa de la familia «reaviva viejas heridas y remueve el rescoldo de la confrontación civil». También afirman los jueces que «a estas alturas del siglo XXI debe ser de plena aplicación la Constitución Española, llamada unánimemente en su XXV aniversario como de la reconciliación».

Exhumación imposible

La familia de Dorado Luque ha tratado los dos últimos años de exhumar el cuerpo del parlamentario de la fosa donde está enterrado, en el cementerio de Córdoba. Contaba para ello con una subvención que le concedió el Gobierno de 19.500 euros, pero se topó con el Ayuntamiento de Córdoba, gobernado entonces por Rosa Aguilar (ex alcaldesa de IU) en coalición con el PSOE, formación a la que pertenecía el diputado.

Para el desarrollo de las tareas de prospección y exhumación, la familia tuvo que pedir una autorización municipal, por tratarse de un terreno público. El Ayuntamiento se negó alegando, tras solicitar un informe, que había otros 39 cadáveres en la fosa y que sus familiares eran «difíciles» de localizar.

http://www.publico.es/espana/actualidad/233665/argentina/golpe/espana/guerra

Los cuatro de As Voltas do Prado

Un equipo de arqueólogos busca los restos de cuatro represaliados lucenses en Mondoñedo

R. PRIETO | A CORUÑA Sólo uno de los cinco fusilados en septiembre de 1936 en As Voltas de Prado, en Mondoñedo, descansa en paz. Los restos de Bruno Martínez fueron recuperados de forma clandestina por sus familiares en los años cuarenta. Los de sus cuatro vecinos -Florencio Carballo, Antonio María Martínez López, Enrique Navarret García y Andrés Vale Blanco- permanecen enterrados en una fosa común en el cementerio de Mondoñedo.

Dos días después del hallazgo de los restos de José Antonio Díaz en el cementerio lucense de Argomoso, arqueólogos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) -grupo originario del Bierzo leonés promotor de las primeras exhumaciones en España- se trasladaron ayer al cementerio de Mondoñedo para iniciar las labores de búsqueda de cuatro cadáveres sepultados hace ya más de setenta años. La exhumación será coordinada por el arqueólogo coruñés Andrés Crespo Prieto. Junto a él, trabajan varios voluntarios de la asociación y la antropóloga forense Roxana Ferlinni, profesora de la Universidad de Londres que ha trabajado en misiones humanitarias de Naciones Unidas en Ruanda y Kosovo. Ella analizará los restos en el laboratorio que la ARMH tiene en Ponferrada.

Según la documentación recabada por historiadores del colectivo, el 12 de septiembre, a la una de la madrugada, una camioneta con cinco presos atados de pies y manos salió de la cárcel de Ribadeo. Los reclusos fueron trasladados a un lugar de la carretera N-634, conocido como As Voltas de Prado, cerca de Mondoñedo. Ahí fueron fusilados.

Los cuerpos fueron encontrados al día siguiente por vecinos del lugar que bajaban con carros de leña hacia Mondoñedo. Fueron ellos quienes organizaron el traslado de los cadáveres a la localidad lucense en un autobús de la empresa Autos Morán. Cada uno, tras hacerles un reconocimiento descriptivo, fueron enterrados en fosas individuales y, según los archivos consultados por la ARMH, alineadas.

Hoy, el equipo encargado de la exhumación retomará los trabajos en la fosa de Mondoñedo. Es es segundo desenterramiento organizado este verano en Galicia. Sólo dos días después de la exhumación en la localidad vecina de Argomoso, donde fue exhumado el cuerpo de José Antonio Díaz, también fusilado en septiembre de 1936.

http://www.laopinioncoruna.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009062100_4_297499__

Galicia-cuatro-Voltas-Prado

Las fosas del franquismo llegan a Estrasburgo

La familia de Luis Dorado, diputado socialista asesinado en 1936 por los franquistas, denuncia al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su «falta de asistencia»

ÁNGEL MUNÁRRIZ – SEVILLA – 19/06/2009 08:00

La familia de Luis Dorado, diputado del PSOE por Málaga en la II República asesinado en Córdoba por los franquistas en 1936, ha demandado al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Los demandantes, que han agotado sin éxito las vías judiciales en España primera y segunda instancia en Córdoba, Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional, alegan que «la pasividad del Estado español al no esclarecer el paradero del desaparecido o las circunstancias de su muerte, la falta de asistencia a la familia y la ausencia de investigación exhaustiva representan violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos», ratificado por España en 1979, según Antonio Gutiérrez, nieto de Dorado y portavoz de la familia.

La familia de Dorado es la primera de descendientes de desaparecidos o ejecutados por los franquistas que toma esta medida, al menos que se conozca. Diversas fuentes judiciales y otras relacionadas con el movimiento memorialista aseguran que no les consta otra denuncia contra España en Estrasburgo por este tema y apuntan a la importancia de la misma por hacer referencia a «crímenes cometidos por fuerzas armadas del régimen anterior ante los que el Estado debe dar una respuesta».

Todos los intentos de abrir su fosa común, con 500 cuerpos, fracasaron

La representación legal de la familia presentó la demanda el 12 de junio. «No hay plazos fijos para la admisión a trámite, pero suele tardar de seis meses a dos años», apuntan fuentes judiciales. Los abogados de Dorado esperan ahora confirmación de la recepción por parte del Tribunal.

La demanda, firmada por Carmen Dorado, de 83 años hija de la víctima, y su hijo, Antonio Gutiérrez, de 57, fue presentada tras comprobar que todas las puertas legales en España se cerraban tras una lucha de casi 30 años. La familia ni siquiera ha conseguido una partida de defunción. «No hemos sido reparados económica ni moralmente. Sólo hemos recibido burlas y dejadez de la justicia y la administración», afirma Gutiérrez, cuyo objetivo, desde el principio, ha sido claro: localizar el cuerpo, exhumarlo, identificarlo, entregarlo a la familia y modificar el Registro Civil.

Registro Civil «En casi 30 años, sólo hemos recibido burlas de la justicia»

El calvario empieza en 1979, al tramitar el papeleo para reconocer la viudedad de Josefa Ortiz, esposa de Dorado. La familia se vio obligada a presentar una declaración voluntaria de fallecimiento en 1980 al comprobar la imposibilidad de demostrar que Dorado estaba muerto, porque no consta en el Registro Civil de Córdoba. A partir de ahí, los familiares inician una lucha que culmina en 1993 con el reconocimiento del derecho de Josefa Ortiz a percibir una pensión de viudedad sin carácter retroactivo.

«Ahí ya no teníamos ni un documento para seguir pleiteando», afirma Gutiérrez. Sólo la progresiva apertura de los archivos militares va abriendo con los años expectativas para la familia, que logra al fin demostrar el asesinato de Dorado a partir de una investigación privada. «Desde mediados de los 90 voy indagando y empieza a llegarme información, anónima o de investigadores como Francisco Espinosa», explica Gutiérrez, que destaca el «apoyo» de la CGT.

El recurso de la familia a la vía judicial resultó infructuoso. En 2006, tanto el juzgado de instrucción 2 de Córdoba como la Audiencia Provincial rechazan sus denuncias. Sus argumentos se fundamentan en la prescripción de los delitos de secuestro, desconocimiento de paradero y asesinato y en la Ley de Amnistía. «Ahí ya sabíamos que aquí nuestra causa no tenía futuro, pero teníamos que agotar toda la vía en España para poder ir a Estrasburgo», explica Gutiérrez.

La denuncia apunta a una violación de la Convención de Derechos Humanos Inhibición de Garzón

La familia presentó un recurso de amparo ante el Constitucional, que resolvió que no era de su competencia. En cuanto a la Audiencia Nacional, la causa le tocó a Baltasar Garzón. Al inhibirse en noviembre de 2008 en favor de los órganos territoriales, la familia dio la causa por perdida. «No somos una asociación ni pedíamos un juicio al franquismo. ¿Por qué no nos dio respuesta individual, si sabía que en el juzgado territorial ya habían dado por prescritos los delitos?», pregunta Gutiérrez.

Justo el día en que Garzón trasladó la causa a los órganos territoriales, el juzgado de instrucción 6 de Córdoba comunicó que no seguiría con la exhumación de la fosa en la que supuestamente están los restos de Dorado, en el cementerio de la Salud. Allí habían empezado en octubre los trabajos de localización de la fosa, en una actuación dentro del programa de subvenciones que la Ley de Memoria Histórica garantiza a los familiares para buscar a sus difuntos. La familia llegó a denunciar a Rosa Aguilar, alcaldesa de Córdoba (entonces en IU), por prevaricación, al estimar que el Ayuntamiento ponía impedimentos para la apertura de la fosa, donde se calcula que hay entre 400 y 500 cadáveres. La denuncia fue archivada al no encontrarse indicios de delito.

Sus descendientes no han conseguido ni siquiera una partida de defunción

La demanda en Estrasburgo no pretende que el Tribunal asuma la investigación u ordene la exhumación cuestiones sobre las que carece de competencias, sino que reconozca la existencia de una violación de los derechos humanos que obligue al Estado a hacerlo. La familia y sus abogados prefieren no revelar el contenido exacto de la demanda, ya que daría ventaja al Estado para preparar su defensa en caso de que sea admitida.

«No pedimos que se enjuicie al régimen anterior. Sólo queremos hacer valer nuestros derechos fundamentales, que son inherentes a todo ser humano», aclara Gutiérrez.

http://www.publico.es/espana/233297/fosas/franquismo/llegan/estrasburgo

Los familiares de los 22 fusilados en 1936 reciben hoy las pruebas de ADN

El Foro por la Memoria concluye una fase más del trabajo de identificación

JUAN RUZ, SANTAELLA | ACTUALIZADO 20.06.2009 – 05:01

La espera para muchas de las familias de los 22 santaellanos fusilados en 1936 en los cementerios de Santaella y La Guijarrosa podrá terminar hoy. Para esta noche está prevista la entrega y presentación de los trabajos de identificación de ADN y los estudios antropológicos impulsados por el Foro por la memoria con tal de certificar la identidad de estas personas, cuyos restos fueron recuperados en el verano de 2004.

Uno de los portavoces del Foro en Santaella y dirigente provincial de Izquierda Unida, Francisco Urbano, comentó a El Día que de esta forma se ejecuta una fase más de la labor iniciada hace años y avanzó que serán las antropólogas Dawnie W. Steadman -de la Universidad estadounidense de Binghamton- y Camila Oliart -de la Universidad Autónoma de Barcelona-, las que den cuenta de su investigación, «algo que han hecho de forma voluntaria y ofreciendo su tiempo libre a esta causa, lo cual engrandece aún más el estudio», precisó Francisco Urbano. No obstante, tanto algunos de los familiares como el propio Urbano matizaron que «no sabemos si ha sido posible» la identificación a través de la pruebas de ADN de los 22 fusilados, ya que se trata de una prueba muy compleja con muchos condicionantes previos que dificultan esta tarea.

La investigación de Steadman y Oliart, junto a otras dos compañeras -Jennifer M. Bauder y Elena Sintes-, tuvo su fase de más complejidad en el verano de 2005, cuando se dedicaron a estudiar cada uno de los huesos depositados en los ataúdes con los restos y a anotar todas las características de los mismos, un trabajo minucioso en el que contaron con la ayuda de muchos de los familiares de las víctimas. Los huesos fueron rescatados en 2004, 17 de ellos de una fosa común localizada y excavada en el cementerio de San José de La Guijarrosa y otros cinco de otra fosa en el cementerio de Santaella.

http://www.eldiadecordoba.es/article/provincia/452132/los/familiares

/los/fusilados/reciben/hoy/las/pruebas/adn.html

La asociación ha presentado un escrito al juez solicitando su personación en el caso. Calculan que en el cementerio de Valencia hay enterradas 39.142 personas

LEVANTE-EMV VALENCIA La Asociación Forum per la Memòria del País Valencià ha presentado, ante el juzgado de instrucción número 14 de Valencia, el escrito de personación y de solicitud de exhumaciones de cinco fosas comunes del Cementerio General de Valencia. Según indica el documento, allí podría haber un total de 39.142 personas enterradas en las diversas fosas comunes que, juntas, forman una superficie de más de 41.000 metros cuadrados.

La asociación ha informado que se personó el pasado día 17 en forma legal en las diligencias previas derivadas de la remisión realizada por parte del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

La personación se ha realizado tanto en nombre de la asociación cómo de dieciocho familiares de represaliados abandonados en las fosas comunes del Cementerio de Valencia, que solicitan su voluntad de que se les reconozca como parte y se les notifiquen las sucesivas diligencias.

Igualmente, se han reiterado en la petición realizada en la Audiencia Nacional para que se acuerde la exhumación de las fosas comunes denominadas de la Sección octava derecha, Sección quinta Derecha, séptima Derecha, Sección décima y Sección quinta izquierda del Cementerio General de Valencia.

Según las fuentes, las peticiones están fundamentadas en un auto de la Audiencia Nacional que tipifica los hechos denunciados como delitos de detención ilegal con desaparición forzada de personas, en el contexto de crímenes contra la humanidad.

Exigen la retirada de un escudo franquista

La Asociación de Vecinos, Cultural y de Consumidores Patraix se ha dirigido al Ayuntamiento de Valencia para que, a su vez, pida al Arzobispado la retirada de un escudo preconstitucional de la fachada de un edificio de su propiedad situado en la calle Pablo Meléndez, número 13.

La asociación entiende que «iniciativas llevadas a cabo hace pocos días como la retirada de un escudo anticonstitucional en el Hospital Militar hace más viable el paso de página de una etapa difícil en la vida de nuestro país y a la vez es un paso hacia delante en la convivencia ciudadana».

El presidente de la asociación, Antonio Pla Piera, explicó a Levante-EMV que este edificio está en el complejo de viviendas Virgen de los Desamparados y que después de servir de escuela se ha convertido en un centro de actividades de distintos movimientos católicos. En su fachada pueden verse, de hecho, los carteles del Movimiento de Cursillos de Cristiandad y del Movimiento Diocesano de Juventud.

Aún así, el escudo que hay en su fachada había pasado desapercibido para el barrio hasta que recientemente fueron podados los árboles que lo ocultaban.

Fue entonces cuando unos vecinos contactaron con la Asociación de Vecinos, Cultural y de Consumidores Patraix para que tomara alguna iniciativa tendente a la desaparición del símbolo. Y eso han hecho. Han enviado un escrito al Ayuntamiento para que sea el consistorio, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, el que promueva la eliminación del escudo, aunque teme que rechazará esta competencia y tendrán que dirigirse directamente al Arzobispado.

Para los vecinos, sería deseable, no sólo que desaparezca este símbolo de la dictadura de Franco sino que el Arzobispado devuelva el edificio al barrio para su uso público. De momento, esperarán noticias para seguir actuando. J. Parrilla valencia

http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009062000_16_603421__

Valencia-Forum-Memoria-pide-exhumacion-fosas-Valencia

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica está realizando en Mondoñedo los trabajos de exhumación de varios cuerpos de hombres que fueron fusilados en la época de la Guerra Civil.

Comenzaron el jueves por la tarde con la localización y exhumación de los restos de José Antonio Díaz Álvarez, un vecino de Ove (Ribadeo), asesinado por un grupo de falangistas en septiembre de 1936. Este ribadense tenía 39 años cuando lo mataron, estaba casado y tenía cuatro hijos.

Según los datos facilitados por la asociación, fue sacado a punta de pistola de su casa a principios de septiembre por los falangistas, que también tenían intención de detener en la zona de Vilavella a un vecino llamado Pedro Soto, herido de bala.

http://www.lavozdegalicia.es/lemos/2009/06/20/0003_7797417.htm

La segunda fase de las excavaciones de las fosas comunes de la Guerra Civil descubiertas en el cementerio municipal de La Puebla de Cazalla (Sevilla), localidad gobernada por Antonio Martín Melero (IU-CA), han supuesto el descubrimiento de los restos de otros 53 represaliados y la «localización» de los restos óseos de otras 20 personas en una zona aún por excavar, según informó a Europa Press el propio alcalde.

LA PUEBLA DE CAZALLA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

Según Antonio Martín Melero, la reanudación de estas excavaciones gracias al acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento, la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (Amhyja) y la Consejería de Justicia y Administración Pública se ha saldado ya con el descubrimiento de «53 cuerpos» en las zanjas ya localizadas durante la primera fase de las excavaciones a través de sondeos realizados por geo radar.

La reanudación de las excavaciones en este entorno donde los primeros sondeos supusieron el rescate de 17 cadáveres hasta que el geo radar detectó indicios de más de cien nuevas inhumaciones, según el alcalde, está dando «buenos resultados», si bien explicó que el trabajo de los arqueólogos es «muy minucioso». «Todos los días se ha estado recuperando cuerpos», dijo Antonio Martín Melero advirtiendo de que el Ayuntamiento y la Amhyja necesitarán «apoyo» financiero para hacer frente al rescate de los aproximadamente 20 cadáveres «localizados» bajo un osario pero aún sepultados.

«Esperemos que no haya que paralizar esto ora vez», dijo así en cuanto a los problemas surgidos para reactivar las excavaciones tras el rescate de los primeros 17 cadáveres, pues la primera intervención contaba con el respaldo financiero de la Consejería de Presidencia y esta segunda fase no ha dado comienzo hasta que dicho departamento no ha entregado a la Consejería de Justicia y Administración Pública esta partida de 40.000 euros expresamente para esta nueva campaña de excavaciones.

Cabe recordar que la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía cree que este cementerio podría sumar «casi 200» cadáveres de represaliados si se confirman las sospechas en cuanto a las tres fosas restantes que han sido detectadas a través de un geo radar.

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1345350/06/09/Memoria-Descubiertos

-53-nuevos-cadaveres-en-las-excavaciones-de-la-fosa-de-La-Puebla-de-Cazalla-Sevilla.html