Cándido Marquesán 30 jun 2009

Acaba de aprobarse, el pasado 17 de junio, en el parlamento catalán la Ley sobre localización e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, más conocida como «Ley de Fosas».

Una ley pionera en España, que profundiza más que la «Ley de Memoria Histórica», puesto que en ella se reconoce el derecho de las familias a buscar a sus seres queridos desaparecidos, así como la obligación y responsabilidad de la Generalitat de Catalunya de hacerse cargo de los costes que dicha búsqueda conlleve.

Cataluña ha sido la comunidad más sensible a todo lo relacionado con la recuperación de la Memoria Histórica. Ya en febrero de 2003, con Gobierno de CIU, se creó la Comisión Interdepartamental sobre la Localización de Fosas de Personas desaparecidas durante la G.C y el F. Pocos días después, en la misma legislatura, el 27 de marzo de 2003, el Pleno del Parlamento aprobó por unanimidad una Moción sobre la recuperación de la Memoria Histórica especialmente sobre las personas desaparecidas durante la G.C. y el F., instando al Gobierno a culminar el mapa de todos los lugares donde hubiera fosas comunes en Cataluña,. Con el actual Gobierno del Tripartito, la Comisión Interdepartamental consideró que para conseguir todos los objetivos comentados, el instrumento esencial sería una Ley, que es la que estamos comentando y que han votado a favor los partidos miembros del Tripartito junto con CIU, en cambio lo han hecho en contra, lo que era previsible, los populares y se han abstenido los 3 diputados del grupo mixto.

El objeto de está Ley es localizar a las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista para reconocerles su dignidad y hacer efectivos los derechos de sus familiares y a obtener información sobre su destino y a recuperar e identificar sus restos, si se puede. A señalizar y dignificar los lugares de los enterramientos y a recuperarlos como espacios de memoria. A satisfacer el derecho de la sociedad a conocer la verdad de los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y las circunstancias en las que se van a producir las desapariciones. Los gastos derivados de las actuaciones para la búsqueda y localización de las personas inscritas en el Censo de personas desparecidas, que aparece en el artículo 4 de la Ley, correrán a cargo de la Administración de la Generalitat. Todo un reto, si tenemos en cuenta que en Cataluña existen 179 fosas, como mínimo, donde podrán estar más de 9.000 cadáveres, y que el abrir una fosa puede suponer unos 40.000 euros, y 1.000 euros cada trabajo de identificación forense.

En el Preámbulo constatamos una fundamentación jurídica de profundo calado, ya que la susodicha Ley se inscribe en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los diferentes tratados o acuerdos internacionales sobre derechos humanos a los que se refiere el artículo 4 del Estatuto, y además no hace sino hacer cumplir lo establecido al artículo 54 del Estatuto que señala: «La Generalitat y los demás poderes públicos deben velar por el conocimiento y el mantenimiento de la memoria histórica de Cataluña como patrimonio colectivo que atestigua la resistencia y la lucha por los derechos y las libertades democráticas. A tal fin, deben adoptar las iniciativas institucionales necesarias para el reconocimiento y la rehabilitación de todos los ciudadanos que han sufrido persecución como consecuencia de la defensa de la democracia y el autogobierno de Cataluña. La Generalitat debe velar para que la memoria histórica se convierta en símbolo permanente de tolerancia, de dignidad de los valores democráticos, de rechazo de los totalitarismos y de reconocimiento de todas aquellas personas que han sufrido persecución debido a sus opciones personales, ideológicas o de conciencia».

Igualmente se menciona en el mismo Preámbulo el golpe de estado del 18 de julio contra el Gobierno constitucional de la II República, representado en Cataluña por el Gobierno de la Generalitat, y que trajo consigo una larga y cruenta guerra civil que, en ambas retaguardias, en ambos bandos, propició un estallido de violencia que costó la vida a millares de personas; sobre todo entre los meses de julio a diciembre de 1936, ya que se generalizaron detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales e inhumaciones clandestinas. Una vez acabada la Guerra Civil, la represión institucionalizada por parte de los vencedores en forma de consejos de guerra sin ningún tipo de garantías jurídicas continuó durante una larga posguerra.

Ya en 1937 el Tribunal de Casación de Cataluña, a instancias del Gobierno de la Generalitat, puso en marcha la primera acción para recuperar, dignificar e identificar los restos de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales y de las inhumaciones clandestinas en Cataluña, cometidas en la zona leal a la Republica.

En el caso de las autoridades rebeldes, la primera acción para tal fin se hizo en octubre de 1936, que continuó una vez acabada la guerra, pero solo afectó a las víctimas de la represión republicana, olvidándose de las víctimas de la represión franquista, cuyos restos todavía se encuentran en fosas comunes de localización no siempre conocida. Por ende, se ha producido un agravio comparativo. Mientras que unos están enterrados en tumbas con sus nombres conocidos, otros no lo han conseguido. El tratamiento legal de unos y otros es muy diferente, lo que constituye una vulneración del principio de igualdad reconocido por el artículo 14 de la Constitución española, que establece «ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social».

Además de los diferentes apartados de la Ley, resultan altamente aleccionadoras en su tramitación parlamentaria otras razones justificativas de la Ley. Según Joan Saura, de carácter estrictamente democrático, ya que si hoy vivimos en un régimen consolidado de libertades y de paz, es absolutamente imprescindible reparar esta injusticia, una cuestión de coherencia con nuestros propios principios. Además el afrontar y asumir los horrores y los crímenes del pasado es una característica de las democracias maduras. ¿Qué mejor muestra de reconciliación que ser capaz de asumir el pasado doloroso y tomar medidas para corregir tales errores? Esta Ley contribuye a la reconciliación, así como el refuerzo de la convivencia democrática. Pero además hay una razón de carácter ético, que debía superar cualquier diferencia política. ¿Quién podría aceptar que un ser querido continuase en cualquier margen de un camino? Esta Ley pretende compensar a los numerosos familiares, que desean ansiosamente dar una cristiana sepultura a sus seres queridos.

En su intervención, el Consejero de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, cita un fragmento realmente profundo, que debe hacernos pensar a todos, del prólogo que el historiador Joan Villarroya, escribió para el libro, titulado Els morts clandestins. Les fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya, de Queralt Solé i Barjau. Joan Villarroya indica que: «El setiembre pasado, estando en Dieppe, en la costa de Normandía, visitó el cementerio de los soldados canadienses muertos en el desembarco. Cada tumba está perfectamente cuidada, porque los chicos de las escuelas de los alrededores las han apadrinado y son los responsables de limpiarlas y plantarles flores. Esta visita al cementerio de Dieppe se puede extender a los cementerios que se conservan en Francia, donde están enterrados los soldados aliados y alemanes muertos durante la I y la II Guerra Mundial, incluso los restos de los soldados desconocidos reposan en grandes tumbas. Hay respeto y dignidad por todos los combatientes, enfrentados en el campo de batalla. Pasados más de 60 años del final de la última guerra mundial, se conservan intactas las tumbas de los soldados caídos, tanto sean franceses como alemanes.

Tras la lectura del fragmento del prólogo, Joan Saura, se hace la siguiente reflexión: «Ni en Cataluña ni en el conjunto del Estado español es posible visitar a cementerio alguno, donde de manera digna e individualizada estén los despojos de los soldados muertos en el frente, mucho menos todavía, el de las víctimas de la represión que la Guerra Civil ocasión».

También resulta muy interesante el cierre de la intervención del diputado socialista-ciudadanos por el cambio, Sr. Balcells, cuando recurre a las palabras de una periodista, que se ha dedicado a investigar aquí y en otros lugares con dramas similares el problema de las fosas. Se refiere a Montse Armengol, que en su libro Les fosses del silenci, partiendo de la experiencia de Nicaragua, se hace la siguiente reflexión: «En Guatemala hemos visto como nos pasaban la mano por la cara por el esfuerzo institucional para localizar las fosas, para obtener ayudas internacionales, para hacer un banco de ADN, para tener un psicólogo a pie de fosa que atendiera a los familiares de las víctimas en aquel momento, a la vez esperado y doloroso, en que surge el primer hueso, una bota o una chaqueta, que confirma la pérdida violenta de un ser querido. El momento en que una pala abre la tierra y se rompe el silencio; el momento en que, por fin, puede comenzar el duelo, el personal, el del familiar del desaparecido y el colectivo: el de la sociedad que ha padecido la tragedia. Nada de eso»- acaba diciendo Montse Armengol- «hemos visto en esta España que presume de dar lecciones de transición o de perseguir a los dictadores criminales».

Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Popular de Cataluña, intervino Rafael López, señalando que para satisfacer el derecho de toda la sociedad a conocer la verdad de los hechos ocurridos y las circunstancias en que se produjeron las desapariciones, no se necesita una Ley. Como tampoco crear más organismos. Acusa al gobierno del Tripartito que en 5 años no han hecho nada para reparar moral, económica y jurídicamente a las víctimas. Termina aduciendo que quieren la reparación de todas las víctimas.

Entiendo que los objetivos marcados y explicitados anteriormente, son de tanta importancia, que como mínimo debía hacerse en una norma, con rango de Ley. Pienso que esta decisión emprendida por la Generalitat es muy importante, ya que viene a saldar una deuda pendiente con muchos de los muertos que todavía permanecen esparcidos por las cunetas de numerosas carreteras. Lo lamentable es que se haya tenido que esperar tanto, para que una Administración del Estado español haya dado ese paso adelante. Cabe pensar, sería deseable, que se sumen otras en los años sucesivos. Porque no deberíamos olvidar, como acaba de señalar recientemente Carlos Jiménez Villarejo que el juez Baltasar Garzón será citado como imputado en cuanto presunto autor de un delito de prevaricación, consistente en dictar a sabiendas resoluciones injustas. Es el delito más grave que puede atribuirse a un juez. La razón es que, según el Tribunal Supremo, decidió investigar el golpe militar del 18 de julio de 1936 y una limitada parte de los crímenes de la dictadura, las más de 100.000 personas desaparecidas cuyo paradero aún se desconoce y los secuestros de menores. La organización ultraderechista Manos Limpias y cinco magistrados del Supremo van a hacer posible un hecho que produce estupor a la conciencia democrática. Es este el país que tenemos.

http://www.extremaduraaldia.com/candido-marquesan/la-ley-de-fosas-una-ley-pionera-en-espana/

82397.html

Un estudio geofísico con radar de la fosa común del cementerio de la localidad malagueña de Vélez-Málaga permitirá obtener imágenes en tres dimensiones y delimitar la zona en la que reposan los restos de los 224 represaliados en el municipio durante la Guerra Civil.

El trabajo se ha efectuado por el Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada, bajo la supervisión del Área de Patrimonio Histórico-Artístico del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

José Antonio Peña, investigador del Instituto Andaluz de Geofísica, ha explicado a los periodistas que se ha actuado en un área de 56 metros cuadrados, junto a la tapia sur del camposanto.

Aquí se han trazado perfiles longitudinales cada veinticinco centímetros y se han tomado muestras con un radar cada dos centímetros.

Peña, que considera que la profundidad óptima para el estudio ronda los tres metros, ha informado de que lo que se pretende es obtener imágenes sucesivas lo más nítidas posibles, para trabajar con ellas en el laboratorio, en un proceso que se prolongará durante unos diez días.

«Vamos tomando imágenes sucesivas como si fueran rebanadas de un pan de molde y después, las podemos mirar una a una, juntarlas todas o transparentarlas de tal forma que nos ayude a evidenciar lo que hay en el interior de la fosa», ha añadido el investigador.

La concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Sara Sánchez (PSOE), ha manifestado que los objetivos de esta iniciativa son dignificar el espacio y delimitar la zona que ocupa la fosa para protegerla.

La concejala ha señalado que los resultados del estudio se pondrán en conocimiento de las personas y colectivos que han trabajado en el municipio para la recuperación de la memoria histórica.

http://www.adn.es/local/malaga/20090630/NWS-2089-Delimitan-Guerra-Civil-Velez-

represaliados.html

Los jueces frenan las denuncias de las víctimas

Gran parte de los tribunales en los que se inhibió Garzón han archivado los casos

DIEGO BARCALA – MADRID – 30/06/2009 08:00

Los juzgados territoriales no quieren saber nada de las víctimas de la represión franquista. Más de ocho meses después de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se inhibiese en favor de 43 tribunales según el recuento de los denunciantes para investigar esos delitos, tan sólo tres magistrados han aceptado la investigación. La gran mayoría ha optado por archivar la causa y sólo cuatro están pendientes de decidir qué hacer.

Los denunciantes que acudieron a la Audiencia Nacional están recibiendo unportazo similar por parte de jueces y fiscales. Según la información que han podido recopilar de las inhibiciones, el proceder usual de los jueces está siendo el siguiente. En primer término, se acepta la inhibición de Garzón. Analizado el caso, es considerado un delito común que ha prescrito puesto que fue cometido hace más de siete décadas y, por último, se archiva. La fiscalía está apoyando estas decisiones, por lo que los casos están cayendo en saco roto.

Tan sólo los juzgados de Benavente (Zamora), Palencia y Villacarrillo (Jaen) han optado por otra vía y están investigando el asesinato. En su opinión, no es un delito común, sino de desaparición forzosa, lo que obliga a esclarecer el casos hasta que se conozca todo sobre la víctima. Otros juzgados, como los leoneses de Villablino y Astorga, Ejea de los Caballeros (Aragón) o el de Bilbao están estudiando su decisión. Los juzgados de instrucción de Madrid y Zaragoza han desestimado la denuncia sin más.

Denuncia en Santalla

Las asociaciones de víctimas del franquismo no se resignan a que la justicia les dé la espalda. El pasado 25 de junio fueron descubiertos unos restos humanos en una fosa en Santalla (Priaranza del Bierzo, León) en una excavación arqueológica a cargo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). El vicepresidente del colectivo, Santiago Macías, acudió a la Guardia Civil para denunciar el hallazgo. Los agentes informaron al juzgado de Ponferrada (León). A los dos días fueron extraídos los esqueletos para su identificación sin que ningún representante judicial investigara por qué cinco personas acabaron enterradas junto a un camino con un tiro en la sien.

En opinión de Macías, el juzgado incumple el artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta norma obliga al juzgado a abrir instrucción «por causa de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, antes de proceder al enterramiento del cadáver o inmediatamente después de su exhumación […] se identificará por medio de testigos que, a la vista del mismo, den razón satisfactoria de su conocimiento».

Los restos de los cinco cuerpos de Santalla serán identificados por la antropóloga forense, Roxana Ferllini, contratada por la ARMH. La iniciativa privada de este colectivo, sufragada en este caso por una subvención del Ministerio de Presidencia, es la única forma que tienen los descendientes de los cinco asesinados de darles una tumba convencional. Es decir, digna.

http://www.publico.es/espana/235584/jueces/frenan/denuncias/victimas

Una fosa de Zamora es la única abierta gracias a Garzón. – DIEGO BARCALA

La Ley de Memoria Histórica, una norma necesaria pero insuficiente

Gaizka Palacios – publicado Hace 2 horas |

Esa es la opinión de las asociaciones, organismos y grupos que trabajan para esclarecer qué fue lo que ocurrió con los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura: «No se trata de abrir heridas, sino de cerrarlas. Es necesario esclarecer todo lo ocurrido y depurar responsabilidades para poder reparar a las víctimas».

La Ley de Memoria Histórica está compuesta de 22 artículos que buscan reconocer y ampliar derechos y establecer medidas a favor de quienes padecieron la persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Pero, ¿es esta ley suficiente?

Todas las asociaciones, organismos y grupos que trabajan para esclarecer qué fue lo que ocurrió con los desaparecidos coinciden, sin excepciones, en que la Ley de Memoria Histórica salió adelante porque era necesaria, pero que es insuficiente.

Paco Etxeberria, profesor de Medicina Forense en la UPV y actual presidente de la Sociedad de Ciencias de Aranzadi, explica que «a todas las víctimas, en general, del terrorismo, sean del franquismo, del Batallón Vasco-Español, del GAL o de ETA, se les deben reconocer tres derechos fundamentales que son el derecho a conocer la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación».

Sin embargo, critica que a las víctimas de la Guerra y la dictadura no se les reconocen esos tres pilares fundamentales, «ya que no tienen derecho a la justicia».

El número de víctimas civiles aún se discute, pero son muchos los que convienen en afirmar que la cifra se situaría entre 500.000 y 1.000.000 de personas. Muchas de estas muertes no fueron debidas a los combates, sino a las ejecuciones. «Durante la dictadura no se investigaron esas muertes, pero ¿por qué ocurre lo mismo en democracia?», se pregunta Etxeberria.

El presidente de Aranzadi cree que el primer error de fondo de la Ley de Memoria Histórica radica en que la propia comisión encargada de realizar el análisis del estado de la cuestión estuvo formada por personas que realizaron un insuficiente trabajo.

«Todos los partidos políticos salvo el Partido Popular (aunque sí algunos de sus miembros) reconocen que esta ley es insuficiente, que hay que hacer mucho más, pero cuando llega la hora de la verdad, cuando pueden aportar, los políticos se ciñen a las directrices de sus respectivas ejecutivas. Esto es, priorizan el partidismo a la justicia».

Sin embargo, cada vez son más las facultades de derecho y los juristas que se interesan por este tema, ya que hay mucho que investigar más allá de las muertes en combate y ejecuciones. «Hemos encontrado documentación de 55.000 vascos represaliados durante el franquismo por acontecimientos anteriores o durante la guerra y eso sólo según los datos que hay registrados; se dice pronto, pero es una barbaridad», subraya Etxeberria advirtiendo de la gravedad del asunto.

Garzón, ¿querer y no poder?

Las diferentes asociaciones de víctimas del franquismo no cesan en su empeño de que más pronto que tarde se haga justicia. Así, varias agrupaciones, entre ellas la Sociedad Aranzadi, acudieron a los juzgados de instrucciones locales pidiendo la tutela necesaria para llevar a cabo las exhumaciones. La respuesta que obtuvieron fue que investigar dichos sucesos no era de su competencia.

Ante esta negativa, decidieron llevar el caso a la Audiencia Nacional, con la esperanza de que Baltasar Garzón tomara cartas en el asunto. No en vano fue el juez que llegó a abrir diligencias a Augusto Pinochet por crímenes de guerra, torturas y asesinatos.

En octubre de 2008 Garzón accedió a investigar los crímenes ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional interpuso un recurso al considerar que el juez carecía de competencia. El recurso argumentaba que la investigación que pretendía abrir Garzón no constituía un asunto de «justicia universal», por lo que su investigación corresponde «a los juzgados de cada territorio».

La patata caliente vuelve así a los juzgados de instrucción locales, que insisten en que no es su competencia, por lo que los asesores jurídicos deberán trabajar para desbloquear esta situación. Hace algunos días, sin embargo, una juez de Benavente (Zamora) determinó identificar y exhumar los restos de un grupo de civiles que fueron ejecutados por falangistas y que desde 1936 yacen en una fosa común. Esta decisión puede crear precedente.

Cerrar heridas

Los dos objetivos principales de toda investigación deben ser esclarecer los hechos y depurar responsabilidades para poder reparar a las víctimas, aunque esto llegue tarde. Hay quienes señalan que con la apertura de diligencias judiciales se reabren heridas del pasado, pero no es así. El conocimiento de la verdad, la buena acción de la justicia y la reparación servirán para cerrar heridas y pasar esta página de la historia.

Etxeberria opina que detrás de todo esto está «el miedo» a investigar del Estado español, «porque si se llega hasta el final se acabaría implicando a partidos políticos y a su dejación en esta materia que nos ha llevado a la amnesia».

Por otro lado, la ley señala que las administraciones públicas facilitarán las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente. No obstante, acceder a archivos resulta una tarea complicada y en ocasiones imposible.

La responsable del Registro Civil de Gernika, por ejemplo, no permitió a los investigadores de Aranzadi el acceso a la documentación de la lista de fallecidos en el bombardeo de la localidad vizcaína, una actitud que Etxeberria califica como «preconstitucional» y «lamentable».

El caso llegó hasta el Congreso de los Diputados donde Josu Erkoreka (PNV) preguntó si era posible que un responsable de un archivo o registro pudiera denegar el acceso a documentos solicitados. La asesoría jurídica del Ministerio de Justicia analizó el caso y llegó a la conclusión de que un responsable no tiene poder para impedir el acceso a investigadores teniendo en cuenta los fines de dicha investigación.

¿Qué hacen los ayuntamientos?

La Ley de Memoria Histórica es insuficiente y al Gobierno español no le interesa ir más allá, según el presidente de Aranzadi. Pero, ¿qué pueden hacer las Juntas Generales y los ayuntamientos ante esta situación? «Pueden hacer mucho y sin coste económico alguno», responde Etxeberria.

El Ayuntamiento de Beasain, por ejemplo, convocó un acto de homenaje por las 18 personas que murieron durante el franquismo en la localidad guipuzcoana. «Fue un acto muy sencillo, en el que las familias de las víctimas recibieron un documento oficial con los nombres de los fallecidos. Fue un acto de reconocimiento, simple, pero las familias lo agradecieron muchísimo», subraya el presidente de Aranzadi.

A menudo, aquellos gestos que parecen más insignificantes son los que más llegan a las víctimas porque les hacen sentirse arropadas.

http://www.eitb.com/noticias/sociedad/detalle/181899/la-ley-memoria-historica-

norma-insuficiente/

Fosa común hallada en Iragorri (Oiartzun). Foto: EITB

Por GERVASIO SÁNCHEZ (SOITU.ES)

Antes de viajar a La Puebla de Cazalla (Sevilla) tecleé Google y busqué. Encontré un artículo con fecha de 31 de mayo de 2008: «Exhumados ocho cuerpos de represaliados de la Guerra Civil». Habían sido hallados a tres metros y medio de profundidad. «Por fin los familiares podrán darles el descanso que se merecen», decía la nota.

Los antropólogos forenses advertían que había más cuerpos en la gran fosa. Algunas fuentes barajaban la posibilidad de que perteneciesen a 200 personas fusiladas en diferentes pueblos de la zona tras la sublevación militar de 1936. La fosa se había abierto gracias a una subvención del Ministerio de Presidencia. Como el artículo pertenecía a un portal progubernamental no incidía en los datos más oscuros: que la subvención se había acabado y que la fosa se tenía que cerrar por falta de dinero.

Me fui a otro portal antigubernamental. Allí me enteré de que la Junta tenía que decidir si apoyaba económicamente la exhumación. «Hay nuevos nombramientos. Vamos a tener que esperar uno o dos meses por lo menos», decía Fernando Soto, comisario de Recuperación de la Memoria Histórica, a modo de disculpa.

El por lo menos ha durado un año hasta que otra subvención ha permitido continuar con los trabajos en mayo de 2009. Ningún cuerpo ha sido identificado todavía. Ni siquiera se han empezado a tomar muestras de sangre a los familiares, muchos de ellos ancianos. Es posible que pase otro año para que eso ocurra. Todo depende de las subvenciones que se aprueban con cuenta gotas.

El 3 de junio visité por primera vez la fosa. «Hace mucho tiempo que no veíamos a un periodista por aquí», me dijo una de las antropólogas. Después Mari Carmen España, la familiar más activa, me comentó: «Los periodistas venían todos los días desde Sevilla durante el año pasado. Teníamos que suspender los trabajos para atender a los medios. Pero este año ya no interesa».

No me sorprende porque hace tiempo que aprendí que lo que hoy es mediaticamente correcto, mañana puede ser políticamente incorrecto. Lo que más lata (como dicen los chilenos) me da es que casi siempre la prensa vaya a remolque de los intereses políticos.

Calentar o enfriar el tema a conveniencia

2008 fue el año de la fama de todo lo vinculado con la memoria histórica. Por cierto, hace unos días una persona me dijo que la memoria y la historia son términos incompatibles, que es memoria o es historia, que la historia debe ser objetiva y la memoria es subjetiva.

Tengo una carpeta repleta de largos reportajes sobre el drama de los desaparecidos de nuestra guerra. Hay medios que iban de la mano del Gobierno. Calentaron el tema porque interesaba calentarlo. Se encargaron de enfriarlo cuando había que enfriarlo. Otro día hablaremos de las relaciones punibles entre prensa y poder.

Pero prefiero contarles una anécdota real antes de que se me olvide: un periodista de trinchera camina por la redacción hablando en voz alta y dando consejos (todo el mundo tiene que saber que se dirige a una alta autoridad del Estado). Habla como si formara parte de su gabinete de prensa aunque pertenece a la plantilla del diario. Un compañero observa y piensa: «No debería ser al revés: que la autoridad competente hable y que el periodista escuche y pregunte…»

Hay algo que me sorprende. ¿Por qué siempre que sale el tema de la guerra civil aparece salpicado de datos interesados y declaraciones cruzadas? Si acordamos buscar a los desaparecidos, ¿hay alguien que todavía crea que solo se habla de los de un bando o que hay diferentes tipos de dolor ante este drama?

Una hilera de nichos impide continuar

Volvamos a la fosa sevillana. Decenas de cuerpos fueron sacados en las primeras semanas de trabajo de esta última fase. Pero existe un grave problema: una hilera de nichos construida en los años ochenta impide continuar excavando ante el peligro de derrumbe.

Hay dos posibilidades: traer maquinaria pesada y realizar un apuntalamiento para poder excavar sin que se hunda la hilera. O trasladar temporalmente los restos de los nichos, derrumbar la construcción, sacar los cuerpos de los fusilados que están sepultados debajo, volver a construir los nichos y colocar en ellos los restos originales. En el primer caso hay que hacer una obra muy costosa y complicada y en el segundo convencer del traslado temporal a los familiares de los que están decentemente enterrados.

Mientras se toma una decisión les describo lo que se ve sin ánimo de ser macabro. La primera fila, la que está más alta, muestra intercalados los cráneos de unos y los calzados de otros con un orden exquisito. En la segunda fila se ve la mitad del cuerpo de un joven de 17 años. Las arqueólogas ya han señalados más restos. En la tercera fila, la más profunda, otra intercalación de cráneos y zapatillas. Y es muy posible que haya más filas a mayor profundidad.

La Puebla de Cazalla puede convertirse en un símbolo de la aplicación de la lógica o en un nuevo ejemplo de la incompetencia de nuestras autoridades.

A modo de posdata: no he querido describir cómo fueron ejecutados, cómo fueron lanzados al fondo de la fosa y cómo fueron encontrados. Podría escribir un artículo muy duro con todos los datos como si fuera un forense. Pero, recuerden, se trata de aunar esfuerzos para poner fin a esta tragedia y no utilizar la memoria como arma arrojadiza.

http://www.soitu.es/soitu/2009/06/28/losdesastresdelaguerra/1246201281_092708.html

Gervasio Sánchez: Fosa y fila de nichos en el cementerio de la Puebla de Cazalla

Gervasio Sánchez: Los trabajadores miden la profundidad de la fosa abierta en la Puebla de Cazalla.

La asociación Contra el Silencio y el Olvido ha logrado exhumar, en tres años de trabajo, los cuerpos de los represaliados entre 1937 y 1951 en el cementerio de San Rafael, en Málaga

RAÚL BOCANEGRA – Málaga – 29/06/2009 07:00

Cuando los arqueólogos exhumaron la fosa 4 del cementerio malagueño de San Rafael en la que fueron enterrados en 1937 los restos de Vicente Córdoba, ayudante de zapatero, su hija Francisca, estaba allí, a pie de zanja. «Estaba puesto de laíto. Me cogí un huesecito y casi me caigo», recuerda con emoción, sentada a resguardo de mareos en el sillón de su casa, en la que desde hace poco vive de alquiler, porque la que tiene en propiedad, en un cuarto piso, no tiene ascensor y Paca, como la conoce todo el mundo, ya necesita usar bastón. Tiene ahora 77 años y una memoria de elefante, según Miguel, su marido.

Hasta ahora, el cuerpo de su padre, Vicente, es el único identificado de los 2.700 que han exhumado, según el equipo de arqueólogos, dirigido por Sebastián Fernández, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. La fosa malagueña es la mayor en la que se trabaja desde la II Guerra Mundial. Ahora tratarán de ponerle nombres y apellidos con pruebas de ADN a los cuerpos encontrados tras tres años de excavación.

El cuerpo hallado en la fosa 4 medía 1,57 metros, y Paca es bajita; llevaba zapatos de calidad, y él trabajaba para un zapatero, y se encontró donde Paca decía que iba a estar, en el lugar que le había dicho el sepulturero conocido de Vicente a su tía, la misma tarde de julio del 37 que lo enterró. José Alberto Fernández, uno de los miembros del equipo que trabaja en la fosa afirma con prudencia que los indicios indican que el cuerpo es el de Vicente Córdoba, pero advierte que no hay certeza absoluta.

Contra el problema de las identificaciones, la asociación Contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica, encargada de la exhumación, prepara a partir de septiembre, para rematar un trabajo ejemplar, pruebas de ADN a todos los familiares de represaliados que quedan vivos, que son centenares. En enero, prevén también comenzar a hacérselas a todos los cadáveres.

El 21 de julio de 1937 Málaga ya estaba dominada por las tropas franquistas. Paca era una niña de 5 años y había ido con su madre a llevar comida en una lata a un hombre «muy bajito, muy rubio, muy enamoradizo», su padre, Vicentea la sazón de 37 años, que estaba preso «por haber piropeado a una mujer». Iban un día sí y otro no. La madre tenía que atender a cuatro hijos. En la puerta de la cárcel de Málaga dejaron, como era costumbre desde hacía tres meses, la lata, a la que habían amarrado, como hacían siempre, un cartel con el nombre: Vicente Córdoba. Y, como habitualmente, esperaron a que alguien saliera para hacer el intercambio de latas. Pero el 21 de julio de 1937 nadie fue.

«Y ya dieron las tres. Y mi madre, nerviosa, preguntó. A ese de madrugá se lo llevaron a la tapia, le dijeron. Mi madre cayó al suelo, junto a mí y la lata. Nos sacaron, mi madre llorando conmigo. Estuvimos un rato en un descampado, yo lloraba de ver llorar a mi madre. Cuando se repuso fuimos a casa», rememora Paca. En el sillón deja salir un hondo suspiro, la mirada lejana, con la lata grabada en los ojos marrones.

Pruebas a cientos de familias

Las pruebas de ADN las hacen porque las tienen que hacer. Dentro de unos años no quedará nadie vivo y será imposible ni siquiera tratar de poner nombres y apellidos a los cuerpos. Sin embargo, no confían en el éxito. No quieren dar falsas esperanzas a nadie. Antonio Somoza, pieza clave en la exhumación, recuerda el caso de los conocidos como los 13 de Priaranza exhumados el 28 de octubre de 2000, en Priaranza del Bierzo (León) cuando se logró la primera identificación por ADN (la del abuelo de Emilio Silva, presidente de la ARMH), pero donde no se pudo identificar a todos. Y eran sólo 13.

Las técnicas han mejorado, pero la cal viva que arrojaron los franquistas sobre la fosa y los 70 años de enterramiento han deteriorado los restos. Por ello, el ADN se extraerá preferentemente de la dentadura, donde ha quedado más protegido, aseguran los arqueólogos. Los expertos recuerdan, como un mensaje a las familias, que no deben hacerse ilusiones, que serán difíciles las identificaciones.

Un cráneo semienterrado con un tajo limpio en la frente preside la entrada al llamado Patio Civil del camposanto. Está protegido por una carpa, debajo de la que se afanan los arqueólogos. Al fondo, hay esqueletos amontonados, tirados de cualquier manera, los brazos sujetos con alambre, hay que detenerse para saber a quién pertenece ese fémur o aquel cráneo. Un botón, un anillo, suelas de zapato emergen de la tierra removida como testimonio mudo de la barbarie. «Es duro porque esto está vivo aún. Los familiares están aquí. Todos los días viene alguien y te emocionan», afirma José Alberto Fernández.

La mujer de un rojo

El patio civil es el noveno lugar en el que excavan y el único que lleva un nombre. Al resto, los arqueólogos los han calificado con números. De la fosa 1 han exhumado 251 cuerpos; de la fosa 2, fueron 225; de la fosa 3, extrajeron 177 cadáveres; en la 4, donde estaba Vicente Córdoba, pudieron encontrar 278 restos; de la 5, sacaron 206; de la 6, la cifra llegó a los 210; en la 7 hallaron 150 cuerpos y en el sector 8, se toparon con 21 fosas, zanjas de 2,5 por 2,5 metros en los que había unos 50 hombres en cada una de ellas. Más de mil en total. «En vez de una fosa grande, hicieron zanjas y apilaron los cuerpos», dice José Alberto Fernández.

De los 2.700 cuerpos sólo el 4% pertenece a mujeres. «La represión franquista para ellas fue distinta. Quedaban marcadas. Era la mujer de un rojo», afirma Raquel Zugasti, historiadora que ha participado en la elaboración del mapa de fosas en la provincia de Málaga. También se han encontrado restos de niños, pero los investigadores no creen que fueran fusilados no han encontrado señales de violencia, sino que eran de barrios pobres y cuando se morían desnutridos, enfermos, sin cuidados las familias no tenían recursos para un entierro. Entonces, las autoridades se deshacían de ellos.

El trabajo de los arqueólogos es exhaustivo. Conservan datos detallados de cada uno de los cadáveres, cuidadosamente catalogan en fichas la posición del cuerpo, los objetos encontrados, toda la información útil. En unos barracones, utilizados al mismo tiempo como despacho y almacén, descansa la memoria del desastre: en cajas de madera amontonadas y clasificadas están los esqueletos rotos por 14 años de matanza. Hasta el año 1951, se fusiló en la tapia del camposanto de San Rafael. Se encontraron no sólo balas de máuser, sino también de Parravicino-Carcano, el rifle del ejército italiano, y casquillos de ametralladora. Cuando había que matar a muchos: tac, tac, tac, al bulto, tac, tac, tac. A la zanja.

Después de 72 años, Vicente y los 2.700 encontrarán en breve un entierro digno.

El ayuntamiento del PP financia el trabajo

Colaboración. Unicaja y la universidad

La exhumación ha podido llevarse a cabo gracias a la colaboración de las administraciones, gobernadas por socialistas (Gobierno y Junta) y conservadores (Ayuntamiento). Unicaja y la Universidad de Málaga también colaboran.

Un parque. Habrá un monumento

El cementerio dejó de utilizarse como tal en 1987. En 2002 se planteó la posibilidad de hacer un parque, a lo que se oponían los vecinos. El alcalde, Francisco de la Torre, que viene de UCD, se decantó por esperar. El parque se hará cuando acabe la exhumación con un monumento a las víctimas.

http://www.publico.es/espana/235393/pruebas/adn/casi/restos/mayor/fosa/abierta/franco

Un cráneo exhumado recientemente en la fosa del cementerio de San Rafael, en Málaga. – LAURA LEÓN

«Nuestra ley de la Memoria histórica es la ley de una vergüenza histórica», aseguran 46 asociaciones, foros y colectivos dedicados a la recuperación de la memoria de la lucha antifranquista en un comunicado hecho público ayer para reclamar de nuevo al Gobierno «verdad, justicia y reparación» respecto de los desaparecidos de la dictadura y sus familiares.

Las organizaciones piden al Ejecutivo «que cumpla con su obligación de dar normal aplicación al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a todas las normas internacionales que le obligan, y atienda a su deber, moral y jurídico».

Para ello exigen la modificación de la ley y su sustitución por un sistema de búsqueda, exhumación e identificación de las fosas con restos de desaparecidos, así como de localización de los «niños perdidos». Se haría, proponen, mediante una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos participada por representantes de la fiscalía y la judicatura, del Gobierno, de los cuerpos policiales y las instituciones de derechos humanos así como de las asociaciones, conforme los estándares internacionales.

Las asociaciones consideran que el modelo de búsqueda, localización y exhumación de los restos actual es el de la Orden de Franco de mayo de 1940 -que la Ley de la Memoria copia- y entienden que no es de recibo, ya que, a su juicio, debería ser aplicable el modelo propuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el de la ONU. El comunicado lamenta que el Gobierno no haya emprendido todavía medida alguna ante el caso de los «niños perdidos» del franquismo, que la ley ni siquiera menciona.

http://www.elpais.com/articulo/espana/grupos/memoria/historica/creen/ley/verguenza/

elpepunac/20090629elpepinac_14/Tes

El alcalde entrega a los familiares la resolución para exhumar los restos de los ocho guerrilleros

PACO CERDÀ VALENCIA El alcalde de Benagéber, Rafael Darijo, ya ha firmado la resolución de alcaldía que autoriza la exhumación de los restos humanos sepultados en la fosa común del cementerio municipal. Esta tumba colectiva esconde los cuerpos de ocho personas asesinadas por la Guardia Civil en marzo de 1947 durante una operación de castigo contra la guerrilla antifranquista. Su apertura, prevista para después del verano, supondrá la primera excavación de una fosa común de la dictadura en la Comunitat Valenciana.

Los familiares de cuatro de los ocho de Benagéber recibieron la resolución de manos del alcalde el pasado sábado, en el marco de la primera Jornada sobre la Memoria Guerrillera de Benagéber. Según ha podido saber este periódico, el primer edil ha hecho efectiva la resolución tras «limar todas las diferencias» y «recibir la promesa de no interferencia» de la única descendiente de los enterrados en el fosar que se oponía a la exhumación y que había amenazado con presentar un recurso contencioso administrativo si se autorizaban las exhumaciones.

De los ocho de Benagéber se ha logrado contactar con familiares de cinco de ellos. Los hijos de Clemente Alcorisa, Salvador Garrido y Santiago Martínez, tres de los enterrados en la fosa común, pretenden recuperar los restos de sus padres para que sean depositados en compañía de sus esposas. Los sobrinos de Daniel Cortés quieren que se identifiquen los restos de su tío y que sigan enterrados en el fosar.

La firma de la resolución de alcaldía da luz verde institucional a la exhumación. Ahora, los familiares -constituidos en asociación- esperan a que el Ministerio de Presidencia les comunique la concesión definitiva de la subvención de 58.359 euros que han solicitado para los trabajos de exhumación. De momento tienen la concesión provisional de la ayuda. Y la definitiva «va por buen camino», según detalló ayer Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, que junto a La Gavilla Verde presta apoyo a los familiares.

El alcalde de Benagéber, pionero en tomar una decisión de este calibre en la Comunitat Valenciana, defendió la medida: «Es de justicia porque supone una reparación moral para los familiares. Y a mí nadie me tiene que decir lo que esto significa, porque a mi abuelo lo fusilaron en Paterna el 9 de mayo de 1940», añadió el socialista Rafael Darijo. Si nadie presenta recurso de alegación en el plazo de un mes, la resolución será firme.

Primer respaldo institucional

El coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica valoró el hecho como «memorable para las cuatro familias afectadas, porque serán las primeras de la Comunitat Valenciana en cerrar su herida». Matías Alonso subrayó la trascendencia de la resolución de alcaldía de Benagéber porque «es la primera vez en 60 años que los familiares de fusilados reciben de las autoridades políticas otra cosa que no sea desprecio», según Alonso.

Como ya adelantó Levante-EMV en marzo, la exhumación correrá a cargo del grupo Paleolab, el único equipo de la Comunitat Valenciana especializado en fosas de la Guerra Civil y el franquismo. Los trabajos se prolongarán durante un año, en el que la fosa estará vigilada las 24 horas del día para evitar vandalismos.

La historia de «los ocho de Benagéber», ante su último capítulo

La historia de «los ocho de Benagéber» arranca en enero de 1947 con los sucesos de Losa del Obispo, donde la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA) intentó asesinar al gobernador civil de Valencia. El intento fracasó y, poco después, los guerrilleros mataron a un guardia civil en la carretera de Madrid, a la altura del barranco Rubio del Rebollar. En el tiroteo participó el guerrillero Antonio Gan, que resultó herido y que fue acompañado por el también guerrillero Manuel Torres (Foto 1) a Casa Paquita, un punto de apoyo del maquis en la aldea de Nieva (Benagéber). Sin embargo, un vecino los delató a la Guardia Civil, que 24 horas después (25 de marzo de 1947) irrumpía en la casa y mataba a los dos guerrilleros. También se llevó al hombre de la casa, Santiago Martínez (Foto 2). Ello precipitó al día siguiente una redada en la colonia de trabajadores que construían un embalse cercano y que colaboraba con el maquis. Cinco de los más de 30 detenidos allí fueron asesinados tras ser usados por la Guardia Civil como escudos humanos en el asalto al campamento guerrillero de Valdesierra, el 26 de marzo. Se trataba de Santiago Martínez, Clemente Alcorisa (Foto 3), José Martínez y Juan Luján, Salvador Garrido (Foto 4). Otro maquis, Daniel Cortés, murió en el enfrentamiento en el campamento guerrillero. Los restos de esas ocho personas (tres guerrilleros y cinco trabajadores del pantano) son los que yacen en la fosa de Benagéber que va a ser abierta.

http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009062900_19_606407_

_Comunitat-Valenciana-Benageber-firma-primera-orden-para-abrir-fosa

Fosa común del cementerio de Benagéber con los cuatro enterramientos dobles y la placa que recuerda a los guerrilleros asesinados . levante-emv

Almudena Álvarez Palencia, 27 jun (EFE).- Las exhumaciones que se están practicando en el parque de La Carcavilla, situado en pleno casco urbano de Palencia, dejan al descubierto la tragedia de los represaliados en la Guerra Civil, que se ha ocultado durante décadas bajo los columpios de un parque infantil.

Hasta ahora han aparecido restos de 21 personas que fueron fusiladas durante la contienda y enterrados posteriormente en un cuadrante del antiguo cementerio municipal de Palencia, una zona que hoy ocupa un parque infantil dentro del área que se conoce como el parque de la Carcavilla de Palencia.

El equipo de personas que trabaja en esta exhumación y que dirige Jimi Jiménez, asegura que nunca se ha visto en una igual y es que no están acostumbrados a compartir la limpieza e identificación de los huesos que van apareciendo con las miradas curiosas de los niños que cada día se acercan a jugar en los columpios de ese parque.

Así lo ha explicado Jimi Jiménez, que todavía se asombra cuando algunas madres prohíben a sus hijos acercarse a las fosas o preguntar qué están haciendo, porque siguen viendo en estos trabajos más una amenaza que una realidad histórica de la que hay que aprender.

«Nos sorprende el rechazo de la gente y que todavía tengas que explicar una cosa tan humana como el derecho a decidir donde quieres enterrar a tu padre», ha subrayado en declaraciones a Efe.

Pero no solo el entorno infantil convierte esta exhumación en un caso especial, también lo hace el hecho de que se sepa casi con exactitud el lugar donde se enterraba a los represaliados durante la Guerra Civil y que esto facilite la localización de las 30 personas que están buscando.

Todos ellos eran vecinos de las localidades de Baltanás y de Villaviudas, asesinados durante la guerra y enterrados en lo que, por aquel entonces, era el cementerio municipal de Palencia, por lo que existe documentación que indica en qué lugar fueron enterrados, ya que se les destinó a uno de los cuatro sectores en los que estaba dividido el cementerio.

Pocos años después, en la década de los años 40, se construyó un nuevo cementerio a las afueras de la ciudad y se llevaron allí los restos de las personas enterradas en los otros sectores, dejando en La Carcavilla los de los fusilados.

Con el tiempo, aquella zona se llenó de vegetación y acabó formando parte de la ciudad, que creció hacia el norte, hasta que en 1979 el ayuntamiento decidió recuperar este espacio y habilitarlo como un parque de uso público.

En una segunda remodelación, años mas tarde, se eliminó el muro de piedra que rodeaba el campo santo y se rehabilitó el Parque de la Carcavilla tal y como hoy se conoce, con zonas verdes, pistas deportivas, una gran fuente en el centro y un parque infantil.

Y es precisamente bajo los columpios y los juegos infantiles, donde han descansado hasta hoy los restos de más de 25 vecinos de Baltanás y de otras 5 personas de Villaviudas.

Un lugar frecuentado por sus familiares, que siempre han sabido y defendido, en silencio, que sus padres, tíos y hermanos estaban en ese lugar del parque.

Ahora se han constituido como una agrupación familiar y han conseguido una subvención del Gobierno, además del permiso del ayuntamiento de Palencia, para poder excavar bajo toboganes y caballitos.

Los trabajos, que realiza la sociedad de ciencias Aranzadi del País Vasco en colaboración con la Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica y la Universidad Autónoma de Madrid, comenzaron a finales de mayo y previsiblemente se alarguen hasta mediados de julio, ha confirmado el arqueólogo.

Unos trabajos complejos por la extensión del terreno sobre el que trabajan y por las canalizaciones de agua y conducciones eléctricas que atraviesan la zona.

Hasta el momento se han excavado 9 fosas y se han encontrado 25 cuerpos, de los cuales «sabemos con exactitud que 21 corresponden a fusilados porque existen indicios claros, como que están de cuatro en cuatro, se les echa cal encima para acelerar su descomposición, no están enterrados en cajas y tienen uno o varios orificios de bala en la cabeza» ha manifestado el arqueólogo.

Sin embargo todavía falta la tarea más difícil: la identificación de todos los restos, algo que se hará en el laboratorio antropológico de la Universidad Autónoma de Madrid, para devolvérseles a sus familiares. EFE aaf/erbq

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=30164&titulo=

Buscan+los+restos+de+30+fusilados+bajo+los+columpios+de+un+parque+de+Palencia

Cuando aparecieron los primeros restos en la fosa común, en la que finalmente se han hallado los cuerpos de cinco personas, el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Santiago Macías, notificó el hallazgo a la guardia civil, «para que se produjera la pertinente intervención judicial», como especifica el artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

«La instrucción tuviere lugar por causas de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, antes de proceder al enterramiento del cadáver o inmediatamente después de su exhumación, hecha la descripción ordenada en el artículo 335, se identificará por medio de testigos que, a la vista del mismo, den razón satisfactoria de su conocimiento». (artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)

Durante los tres días en los que se ha llevado a cabo la exhumación «ninguna persona relacionada con los juzgados de Ponferrada se ha personado en el lugar en el que ha sido hallada la fosa, a pesar de las evidencias halladas en los restos de que se trataba de seres humanos que habían sido asesinados de forma violenta», explica la Asociación.

Concluye la exhumación

A última hora de la tarde han sido exhumados los últimos restos de los cinco cuerpos. En la fosa han sido encontrados algunos objetos personales: gemelos, botones, monedas, una medalla, hevillas, una especie de mechero y dos llaves. Además, uno de los enterrados tiene piezas dentales de oro.

Ahora los restos serán estudiados por la antropóloga forense Roxana Ferllini, profesora de la Universidad de Londres, que desde hace un año colabora con la asociación en las labores de  identificación. Se trabaja con un documento que arroja siete posibles nombres: los villafranquinos Nicolás Álvarez Fernández, Victoriano García Castaño, Ovidio de la Cal Izquierdo, Gaspar Uría Mauriz y el citado Eduardo Celaá Rodríguez; el cacabelense Antonio Fernández Alonso o el ponferradino Juan Francisco Falagán Álvarez.