LA APERTURA DE UNA FOSA DE LA GUERRA CIVIL DESENTIERRA UN PASADO DOLOROSO
LUNES 8 DE FEBRERO DE 2016
Por Sonya Dowsett
GUADALAJARA, Castilla La Mancha(Reuters) – Una mujer española de 90 años de edad, envuelta en un abrigo de piel y una bufanda de lana, se mantuvo de pie delante de una profunda tumba abierta y murmuró «mi padre» al ver un esqueleto desenterrado en el fondo de la fosa.
Timoteo, el padre sindicalista de Ascensión Mendieta, recibió un disparo en 1939 en los meses posteriores a la Guerra Civil española y fue enterrado en una fosa común en una de las esquinas del cementerio de la ciudad
de Guadalajara.
La fosa común fue la primera en ser excavada por orden de una juez argentina en una demanda presentada en busca de justicia por los crímenes cometidos durante la Guerra Civil 1936-1939 y de la dictadura del general Franco.
La demanda presentada por Mendieta para dar a su padre un entierro apropiado podría desencadenar una serie de exhumaciones similares.
El caso ilustra las dificultades que tiene España para afrontar un pasado que está desapareciendo de la memoria viva, pero que sigue dejando sus marcas en la actualidad.
La ley de amnistía aprobada para allanar el camino de la dictadura a la democracia perdonó los crímenes políticos cometidos en el pasado. Pero el hecho de que nunca se hizo un registro de las atrocidades cometidas significa que las hostilidades nunca fueron enterradas.
El antagonismo entre los dos bandos de la Guerra Civil persistió durante la transición a la democracia en los años 70, dando lugar a una profunda división entre la izquierda y la derecha en un sistema bipartidista que dominó la política española desde el fin del régimen de Franco.
En las últimas elecciones al Congreso de los Diputados, los españoles votaron en masa a nuevos partidos, rompiendo con el bipartidismo tradicional y marcando el comienzo de una nueva era política que ha imposibilitado hasta ahora formar un gobierno y obliga a los partidos a buscar un consenso que abarque diversos espectros políticos.
Los historiadores estiman que al menos 500.000 combatientes y civiles murieron en el bando republicano y el nacional durante la Guerra Civil. Tras el final de la contienda, decenas de miles de enemigos de Franco fueron asesinados o encarcelados en una campaña para eliminar a los disidentes.
Mendieta, quien tenía 13 años cuando murió su padre, viajó a Buenos Aires en 2013 para aportar pruebas sobre su muerte.
Esta mujer fue una de los cientos de personas que han recurrido a la legislación internacional en materia de derechos humanos para acudir a un tribunal argentino en busca de justicia por los crímenes llevados a cabo durante y después de la Guerra Civil.
«Me ha costado siempre pensar cómo se habrá caído, de arriba, de abajo», dijo a Reuters. «Ya podemos hacerle un entierro digno como todas las personas merece. No tirado allí como un perro.»
«PACTO DE OLVIDO»
España, al igual que muchos países de América Latina en su paso de la dictadura a la democracia, aprobó una la ley de amnistía en 1977 para poner punto final a su pasado violento.
Las Naciones Unidas y diversas organizaciones de derechos humanos han instado a España a revocar esta ley. Pero España ha defendido el llamado «pacto de olvido», que muchos ven como el precio necesario pagado para que la transición fuera un éxito.
Un proceso de reparación sólo habría dejado el país peligrosamente polarizado es el argumento esgrimido por muchos ciudadanos.
Un portavoz del Ministerio de Justicia dijo que era poco probable que la apertura de la fosa común afectaría la ley de amnistía.
Un portavoz del Ayuntamiento de Guadalajara dijo que solo por orden judicial se podrían llevarse a cabo más exhumaciones.
El tribunal alcarreño que aprobó la apertura de la tumba por orden de la juez argentina no hizo comentarios al respecto.
La juez argentina María Servini quiere dejar sin efecto la ley de amnistía para buscar justicia por los crímenes del franquismo que abarcan desde la tortura hasta ejecuciones extrajudiciales en un pleito abierto en 2010.
España recurrió también a ley internacional en 2005 para hacer un proceso al oficial de la marina argentina Adolfo Scilingo en un tribunal español por crímenes contra la humanidad durante la «guerra sucia» del país latinoamericano.
Baltasar Garzón, el exjuez español más famoso por su defensa de los derechos humanos, jugó un papel principal en ese proceso, que dejó sin efecto las leyes de amnistía argentinas aprobadas en 1987.
En su propio país, Garzón despejó el camino para la apertura de las primeras fosas comunes y abrió una investigación sobre los crímenes del franquismo en 2008, aunque abandonó el caso más tarde – un ejemplo de la sensibilidad política que suscita este tema.
El pasado sigue repercutiendo en la política nacional a muchos niveles – la alcaldesa izquierdista de Madrid y la presidenta conservadora del gobierno regional se han enzarzado en una disputa sobre la retirada de monumentos y placas ligadas a la España de Franco.
El último gobierno socialista de España, dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó una ley en 2007 dirigida a reconocer a las víctimas de ambos lados de la guerra, que incluía financiar las exhumaciones y los entierros.
La ley condenó formalmente el régimen de Franco, pero no llegó a suspender la amnistía o crear una «comisión de la verdad», tal como sucedió en Sudáfrica y Chile.
El Partido Popular (PP), que derrotó a los socialistas en las elecciones de 2011 y ganó los últimos comicios en diciembre aunque no obtuvo los votos suficientes para formar un gobierno, no derogó la ley, pero paró la financiación estatal de las exhumaciones.
«AQUÍ ESTÁN LOS ABUELOS»
A petición de la juez Servini, un tribunal de Guadalajara autorizó la exhumación de la tumba, que contenía 22 cuerpos de personas que se cree fueron asesinadas por las fuerzas de Franco en los meses posteriores al final de la guerra civil.
Los arqueólogos empezaron a excavar el 19 de enero, trabajando a partir de un archivo del ayuntamiento, que registraba con una cuidada caligrafía los nombres, edades y posición de los enterrados en el cementerio de la ciudad.
Las personas que trabajan en el proyecto están convencidos de que alrededor de 200 cuerpos en total están enterrados en fosas en este rincón del cementerio, que fue aislado del resto del camposanto por un muro hasta después de la muerte de Franco en 1975.
Se cree que el cuerpo de Timoteo es el decimonoveno o vigésimo de los cuerpos apilados verticalmente en esa tumba. Mientras los arqueólogos trabajaban desenterrándolos, decenas de familias llegaban al lugar para preguntar por familiares que podrían estar enterrados allí.
Más de 80 familias se registraron en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), un grupo sin ánimo de lucro que trabaja para la identificación de las víctimas. La ARMH ha documentado 114.226 casos de hombres y mujeres enterrados en fosas comunes en toda España.
Pablo Rodríguez, un jubilado de 63 años de edad, dejó a sus datos de contacto en una carpa montada por la asociación cerca de la excavación.
«Yo vine con mi madre de pequeño a dejar flores el Día de los Santos. ‘Aquí están los abuelos’, me decía. Había una tapia antes. Había que pedir una llave para pasar dentro», dijo.
Rodríguez llevaba una bolsa de plástico que contenía documentos antiguos y cartas, incluyendo una orden de 1940, emitida por un tribunal militar, para ejecutar a su abuelo por unirse a una rebelión.
«A mí me gustaría que estuvieran con su hija», dijo, señalando la tumba de su madre a 20 metros de distancia, en la sección principal del cementerio.
El arqueólogo René Pacheco paró un momento a descansar del trabajo de excavación. Los huesos se colocaron cuidadosamente en cubos, se izaron a la superficie y se metieron en cajas de cartón.
«Esta fosa tiene muchas particularidades. Una fosa en un cementerio y tan profunda no la habíamos encontrado nunca», dijo. «Con una profundidad tan grande está claro que había premeditación de la cantidad de cuerpos que iban a ser arrojados en la tierra».
Las muestras de los huesos y los dientes de los esqueletos se enviarán a Argentina junto con muestras de saliva de los familiares para realizar las identificaciones. Argentina llevará a cabo las pruebas de forma gratuita, un servicio que España no ha ofrecido, dijo Pacheco.
«Nos gustaría que fuera lo más rápida posible porque aquí tenemos una mujer de 90 años esperando», dijo.
http://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN0VH0XH?sp=true
REUTERS/Juan Medina
Pilar Alcorisa y su marido Luis Romero (centro) junto a otros miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Tania Castro
A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA 