A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA

EDUARDO RANZ: “LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA SE ESTÁ CUMPLIENDO EN MADRID AL CERO POR CIENTO, IGUAL QUE CON BOTELLA Y GALLARDÓN”

EL LETRADO CALCULA «UNOS 250 VESTIGIOS FRANQUISTAS» ENTRE LOS 21 MUNICIPIOS DEMANDADOS

PREGUNTADO POR LA EXHUMACIÓN EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS, ADELANTA A ESTE DIARIO QUE PATRIMONIO NACIONAL LE HA RESPONDIDO PIDIENDO «LA FIRMEZA DE LA SENTENCIA», ALGO QUE RANZ CALIFICA COMO «TRABA»

EN EL CASO DE QUE PATRIMONIO NACIONAL NO DÉ MARCHA ATRÁS EN SU NEGATIVA, EL ABOGADO EXPLICA QUE LLEVARÁ EL CASO AL TRIBUNAL SUPREMO

ÁLVARO SÁNCHEZ CASTRILLO – PUBLICADA 02/07/2016

Eduardo Ranz es abogado. Desde el año 2012 lucha contra viento y marea en los tribunales con el objetivo de borrar, de una vez por todas, los vestigios franquistas de las calles españolas. Un reportaje en la prensa sobre un grupo de maquis escondidos en los montes entre Cuenca y Valencia le abrió los ojos. En ese momento empezó su relación con la memoria histórica y su lucha contra el incumplimiento de una normativa que, según señala, se encuentra «derogada de facto» desde la llegada del PP al Gobierno. Un Ejecutivo conservador que, critica, ha bloqueado cualquier iniciativa planteada con su «abrumadora mayoría» en el Parlamento.

Le irrita que, después de nueve años desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica, todavía permanezcan en el callejero español vías con nombres que guardan relación con la dictadura. A mediados de marzo de 2015 empezó su andadura demandando a 38 alcaldes y 15 obispos por no cumplir con una normativa que en su artículo 15.1 recoge la obligación de retirar toda la simbología relacionada con el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil o la dictadura franquista. Este miércoles, logró que un juzgado de Valladolid condenara alAyuntamiento de Olmedo por mantener en su callejero esta simbología.

El Consistorio es el primero de una lista de 21 municipios que se mantienen a la espera de una decisión judicial después de los procedimientos abiertos por Ranz. En concreto, el abogado ha puesto el foco de la justicia sobre Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Alcocero de Mola (Burgos), Almería, Andújar (Jaén), Burgos, Gavilanes (Ávila), Guadiana del Caudillo (Badajoz), León, Llanes (Asturias), Logroño, Madrid, Melilla, Quintanilla de Onésimo (Valladolid), San Leonardo de Yagüe (Soria), Tineo (Asturias), Tortosa (Tarragona), Villafranco del Guadalhorce (Málaga), Villafranco del Guadiana (Badajoz) y Villaviciosa (Asturias).

Además, Ranz consiguió que el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo del Escorial ordenase el pasado 4 de abril la exhumación en el Valle de los Caídos de los hermanos Lapeña. Se convirtió en el primer auto que daba luz verde a una excavación en el mausoleo del dictador. Sin embargo, la puerta permanece todavía cerrada para el equipo de arqueólogos porque Patrimonio Nacional, que tiene la llave, se niega a actuar hasta que se les aporte «la firmeza de la sentencia»: «Están poniendo una traba administrativa».infoLibre entrevista al abogado dos días después de conocer su victoria judicial frente al Ayuntamiento de Olmedo (Valladolid).

PREGUNTA. Almería, Andújar, Burgos, Gavilanes, Llanes, León… Y así hasta 21 ayuntamientos a lo largo de toda España que han sido demandados por usted por incumplir la Ley de Memoria Histórica de 2007. ¿Por qué estos y no otros? ¿Qué tienen en común?

RESPUESTA. Estos 21 municipios reúnen todos los elementos para que la demanda sea admitida a trámite: no tienen elaborado el catálogo de vestigios y mantienen calles con nombres que guardan relación con el franquismo. Según la jurisprudencia, el obligado a cambiar la calle es el titular del bien. De toda la información que he manejado, estos han sido los municipios con un incumplimiento manifiesto.

P. No sé si conoces el número de calles que pueden tener relacionadas con la dictadura.

R. Almería tiene unas 25 vías. En el caso de Olmedo (Valladolid) sólo hay una: la calle Onésimo Redondo [popularmente conocido como El Caudillo de Castilla, fue uno de los fundadores de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), que luego se integraron en la Falange de Primo de Rivera]. En Madrid, por otro lado, hay unas 186… En fin, podríamos estar hablando de unos 250 elementos de vestigios franquistas.

P: También demandó a otros once municipios que incluyen en sus nombres referencias a la dictadura. Seis de ellas fueron admitidas a trámite, en tres de estos pueblos se cambió el nombre y todavía estaba a la espera de ver qué pasaba con otras dos. ¿Cómo avanza este proceso?

R: Estos pueblos están incluidos en la lista de 21 municipios. Todas esas demandas han sido admitidas a trámite, excepto la de Llanos del Caudillo, de la que todavía no ha llegado notificación. Después de que se admitan a trámite, el siguiente paso, que ya han dado algunos de ellos, es aportar el expediente administrativo y, tras eso, o se celebra juicio o directamente se da por concluso y se esperaría la sentencia.

P: Primo de Rivera, Franco, Emilio Mola, Queipo de Llano o José Moscardó, entre otros, siguen conservando decenas de calles en España después de nueve años desde que entró en vigor la ley…

R: En el caso de Olmedo, la noticia es que un juez ha condenado al municipio a cumplir una ley. Algo que es obvio: hay que cumplir una normativa que se está incumpliendo a pesar de llevar ya nueve años en vigor. Aunque debería haber una conciencia y voluntad política por parte de los ayuntamientos en aplicar la ley, parece que serán los jueces los que tendrán que imponer algo tan obvio en democracia.

P: Pero, ¿crees que los jueces terminarán ordenando retirar la práctica totalidad de estos vestigios en España?

R: Eso ya es cosa del poder judicial. Primero hay que plantear una demanda, hay que fundamentarla y ganar el juicio. Si la pregunta es si puede haber una sentencia que sea para toda España, la respuesta es que hasta la fecha no. El poder legislativo no permite eso. Hay que ir caso a caso y esperar que ocurra lo que ha ocurrido en Olmedo.

P: Usted también demandó al Ayuntamiento de Madrid por no redefinir el nombre de 186 calles en la capital. En el escrito, solicitó la testificación de la alcaldesa, Manuela Carmena, así como la de la delegada de Cultura y su secretario general técnico. ¿Cómo se encuentra ese procedimiento?

R: La jueza lo ha dado por concluso, por lo que el siguiente paso será dictar la sentencia, que no tardará en salir y esperemos que sea muy parecida a la del municipio vallisoletano.

P: ¿Pero declararon finalmente?

R: No, no declararon porque no fue necesario. El pleito se redujo a una cuestión de legalidad, nadie discutió la prueba, ni ellos ni yo, por lo que quedó reducido a la pura legalidad, al contenido del artículo número 15 de la Ley de Memoria Histórica. En concreto, el 15.1, que recoge la retirada inmediata de la simbología de la exaltación, y el 15.3, que hace referencia a la elaboración de un catálogo de vestigios.

P: Esta semana se ha debatido la primera medidaacordada por el Comisionado de la Memoria Histórica, un órgano que rechazan las asociaciones memorialistas porque aseguran no estar representadas. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Consideras que debería incluir a algún portavoz de los colectivos?

R: Lo primero hay que ser coherente, y el Ayuntamiento de Madrid está siendo bastante incongruente. Aunque en diciembre se dieron algunos pasos en el Pleno, las calles franquistas siguen en el callejero a fecha de hoy. Hay una clara incongruencia entre lo que se dice políticamente y lo que se dice judicialmente.

Por otro lado, respecto a la retirada de honores y distinciones, estos sólo tienen eficacia jurídica mientras haya vida y, una vez que fallecen esos señores, el Ayuntamiento, que es quien lo otorgó, tiene que retirarlos. Pero esto no se tenía que haber hecho en 2016, sino en el momento en el que fueron muriendo generales, políticos… Es decir, vamos con 30 o 40 años de retraso.

P: Por lo que me dice, ¿considera que el Ayuntamiento de Madrid, que ya lleva un año dirigido por Ahora Madrid, avanza al mismo ritmo que otros municipios en manos de PP y PSOE?

R: Sí. Los otros eran completamente ajenos a actuar. Aquí, a efectos reales, la Ley de Memoria Histórica en Madrid se está cumpliendo al cero por ciento. Exactamente igual que lo que ocurría con Ana Botella o Gallardón.

P: El pasado mes de abril, una sentencia del Juzgado de Instrucción número 2 de San Lorenzo del Escorial ordenó la exhumación en el Valle de los Caídos de los hermanos Lapeña. Sin embargo, era Patrimonio Nacional el que tenía que dar el visto bueno. ¿Han recibido respuesta?

R: Sí. Patrimonio Nacional dice que hasta que no se les aporte la firmeza de la sentencia, ellos no van a cumplir el auto del juzgado. Por lo tanto, ponen una traba administrativa, porque ellos ya conocían el procedimiento y tuvieron acceso a las diligencias. En definitiva, es una respuesta que retrasa y rechaza algo tan obvio como es cumplir un auto, como es cumplir una ley o como es cumplir la Constitución Española.

P: ¿Y cuál es entonces el siguiente paso?

R: Si no reaccionan, les demandaremos ante el Tribunal Supremo, que no decidirá si se exhuma o no, sino que obligará a Patrimonio Nacional a cumplir el auto judicial.

P: Pero, con la legislación en la mano, ¿crees que se va a obligar?

R: Sí, lo creo y lo afirmo. Pero no lo digo yo, lo dice la Ley Contencioso-Administrativa, lo dice el Código Penal, lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo dice la Constitución Española… El tema es que perdemos tiempo. La demandante tiene 57 años, uno más no le supone un especial problema. Pero el hijo de los desaparecidos tiene 92, un año más sí que puede suponerle un problema.

P: Ya han pasado nueve años de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica. En tu opinión, ¿cuáles son los puntos que menos se han cumplido de la normativa?

R: Bueno, este análisis lo tendría que hacer el Ministerio de Cultura o el Ministerio de la Presidencia. Lo que sí que puedo decir es que hay tres incumplimientos manifiestos: el acceso a los archivos, la falta de ayudas para las exhumaciones y la ausencia de cumplimiento en materia de simbología. La normativa ha sido derogada de facto porque el espíritu de la ley son las exhumaciones, por lo que en el momento en el que no se conceden o se retiran las ayudas para esto es como si se hubiese derogado. Lo primero que hizo el PP fue cerrar la Oficina de Víctimas del Franquismo. Lo segundo, echar para atrás cualquier iniciativa con la mayoría abrumadora que hasta hace poco tenían en el Parlamento.

P: Usted ha sido definido como el abogado memorialista. ¿Cuándo y por qué comenzó a involucrarse en este tipo de procesos?

R: Empecé hace cuatro años a raíz de un artículo sobre unos maquis que se habían echado al monte entre Cuenca y Valencia que publicó Natalia Junquera en El País. A partir de ese momento, empecé a hablar con gente, a acudir a exhumaciones, a integrarme y a sentir lo que se siente a pie de fosa. Todo esto, sumado a que soy profesional del derecho, el resto, ha hecho que siguiese adelante.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/01/eduardo_ranz_51984_1012.html 

El abogado Eduardo Ranz.

OBJETIVO CUMPLIDO EN LA EXHUMACIÓN DEL CEMENTERIO DE CASTRONCELOS

LOS INVESTIGADORES RECUPERAN DOS CUERPOS HUMANOS QUE, SEGÚN TODOS LOS INDICIOS, SON LO QUE ESTABAN BUSCANDO

FRANCISCO ALBOMONFORTE / LA VOZ, 02 DE JULIO DE 2016

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) dio ayer por terminada la exhumación de los restos de dos vecinos de Monforte asesinados en 1938 y enterrados en el cementerio parroquial de Castroncelos, en A Pobra do Brollón. En la operación se pudieron recuperar dos cuerpos que en opinión de los especialistas que llevaron a cabo la tarea son con total seguridad los del antiguo concejal Ramón Somoza Álvarez y el sastre José Rodríguez Silvosa. En los trabajos estuvieron presentes varios miembros de las familias de los dos hombres. Durante la jornada de ayer, el lugar también fue visitado por el alcalde de A Pobra do Brollón, José Luis Maceda, y el de Monforte, José Tomé.

Una vez terminados los trabajos, como se hace siempre en este tipo de exhumaciones, la asociación presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil, haciendo constar legalmente el hallazgo de restos humanos con indicios de muerte violenta. El objeto de esta iniciativa -explican- es «que la justicia investigue el crimen, según dicta la ley de enjuiciamiento criminal española y la Convención contra la Desaparición Forzada de la la ONU». Según explican los miembros de la ARMH, los restos humanos estaban sepultados en dos lugares diferentes, separados por una distancia de unos veinticinco metros y situados respectivamente junto al muro este y al muro oeste del recinto del cementerio.

Indicios de heridas graves

En los dos cuerpos se detectaron diversos indicios de heridas graves y uno de los cráneos presenta un orificio que puede haber sido causado por un disparo de bala. No obstante, para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo la muerte de estas personas es preciso llevar a cabo un proceso identificativo con métodos de antropología forense que tardará varios meses en concluir. Una vez acabado este proceso, los restos mortales serán entregados a los parientes de las víctimas, que decidirá la manera en que se les dará una sepultura definitiva.

Para determinar la identidad de los cadáveres – apuntan por otra parte desde la asociación- seguramente no será necesario realizar pruebas genéticas. Este tipo de análisis se practica en las exhumaciones de fosas comunes en las que aparecen restos de individuos de similar edad que pueden confundirse unos con otros. En este caso se trata de dos fosas individuales bien diferenciadas, cuya ubicación y cuyas características se corresponde de manera exacta con los datos de que se disponían previamente los investigadores acerca de la forma en que se produjo la muerte y el enterramiento de cada una de las víctimas.

Los restos serán sometidos ahora a un exhaustivo proceso de identificación

El hallazgo de las sepulturas de Ramón Somoza Álvarez y José Rodríguez Silvosa se produjo de una manera casi fortuita, cuando los integrantes de la ARMH buscaban los restos de otras dos víctimas de ejecuciones extrajudiciales de la Guerra Civil. Estos restos no han aparecido todavía, pero sí se encontraron los que después se ha comprobado que son los de José Rodríguez Silvosa. Este hallazgo dio pie a suponer que en el cementerio de Castroncelos había rastros de otros asesinatos cometidos por motivos políticos, diferentes de los que originaron la búsqueda.

El historiador Alejandro Rodríguez, uno de los miembros del equipo de investigadores de la asociación, señala que la localización de las dos fosas se basó en testimonios orales y a la vez en registros documentales de la época. El archivo del tribunal militar de la provincia de A Coruña -que se halla ubicado en Ferrol- contiene documentación relativa a este sangriento suceso.

Clavos de un ataúd

Gracias a estos testimonios se pudo saber que Ramón Somoza Álvarez había sido enterrado en un ataúd, mientras que José Rodríguez Silvosa fue sepultado directamente en el suelo del cementerio. En la operación de exhumación realizada durante los dos últimos días se comprobó que los dos cadáveres habían sido soterrados precisamente de esa forma. La madera estaba desintegrada, pero la presencia de numerosos clavos indica que el enterramiento había sido realizado con un féretro.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2016/07/02/objetivo-cumplido-exhumacion-cementerio-castroncelos/0003_201607M2C5991.htm 

ROI FERNÁNDEZ

ARAGÓN CONDENA POR VEZ PRIMERA EL GOLPE DE ESTADO DE 1936

LAS CORTES APRUEBAN POR VEZ PRIMERA UNA DECLARACIÓN UNÁNIME DE CONDENA AL GOLPE DE ESTADO DE 1936 Y A LA DICTADURA FRANQUISTA EN UN TENSO DEBATE QUE PRECEDIÓ A OTRO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE QUE LA FAMILIA DEL GUERRILLERO PUEDA RECUPERAR SUS RESTOS, LOCALIZADOS EN EL CEMENTERIO DE TORTOSA

EDUARDO BAYONA – PUBLICADO: 29.06.2016

ZARAGOZA.- Las Cortes de Aragón han aprobado por unaminidad la primera resolución en la que la cámara condena de manera explícita el “golpe de Estado” y el “régimen de dictadura militar” de Franco. La resolución, defendida por el diputado de Cha Gregorio Briz –profesor de historia-, incluye la reivindicación del proyecto de estatuto de autonomía de Caspe de 1936 y el Consejo de Defensa de Aragón, la inclusión de referencias a este último en el currículum educativo aragonés y un llamamiento al Gobierno autonómico para que lleve a la cámara el proyecto de “ley de localización e identificación de laspersonas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura franquista y de dignificación de las fosas comunes”.

Briz pidió a los grupos “generosidad para lograr de una vez por todas lo que nunca se ha logrado: una condena que dignificaría la posición institucional” de las Cortes. “No se trata de hablar de ajustes de cuentas, sino de cerrar las heridas y reconocer el papel de los que lucharon por la democracia”.

El PP, a pesar de votar finalmente a favor, intentó descafeinar la resolución con una enmienda que proponía ampliar la condena a “todo tipo de violencia y represión política en los años previos a la guerra”. Briz la rechazó: “Es complicado. ¿Vamos a 1830? ¿A las guerras carlistas?”.

El PP intentó maquillar las atrocidades del franquismo señalando que “hace 41 años que acabó y desembocó en el periodo más próspero de la historia de España”

Los conservadores, cuyo diputado Fernando Galve intentó maquillar las atrocidades del franquismo señalando que “hace 41 años que acabó y desembocó en el periodo más próspero de la historia de España”, acabaron apoyando la propuesta inicial de Cha, aunque acusando a la izquierda de “querer seguir alimentando el frentismo”.

“España ya no está partida. Hoy lo hemos demostrado”, ironizó el nacionalista, mientras Darío Villagrasa, del PSOE, denunciaba las posiciones de “falsa neutralidad” con las cuestiones memorialistas. “Hay una diferencia entre los que están enterrados en cementerios y los que siguen en cunetas y sus familiares continúan buscándolos”, recordó.

Gregorio Briz

El rescate de un maquis revela una laguna en la Ley de Memoria

La historia de Francisco Serrano, comandante de uno de los batallones de la Agrupación Guerrillera de Levante, del maquis, ha puesto sobre la mesa una de las lagunas de la Ley de Memoria Histórica: la dificultad, o más bien imposibilidad, de que las familias de víctimas de la guerra civil y la dictadura puedan rescatar sus restos para darles sepultura.

Las Cortes de Aragón han aprobado este miércoles una resolución por la que mandatan al Gobierno autonómico para que coordine con las comunidades autónomas “en los que se tenga constancia de que existan restos localizados de aragoneses asesinados” durante la guerra civil y la dictadura “a fin de facilitar su regreso a Aragón en caso de ser solicitado”. La resolución, aprobada por unanimidad a propuesta de C’s, reclama también al Gobierno central a que impulse la Ley de Memoria Histórica “con dotación presupuestaria suficiente”, tras su recorte a cero a partir de 2013.

Las Cortes piden que el Gobierno coordine con otras comunidades la exhumación y regreso de aragoneses asesinados durante la Guerra en otros territoriso

La propuesta, impulsada por el su coordinador autonómico de C’s, el historiador turolense Ramiro Domínguez, que ha realizado varias investigaciones sobre el maquis, tiene su origen en la historia de Lidia Serrano, hija de Francisco –alias El Rubio y El Pitarquino-. Su padre dejó la casa familiar cuando ella, nacida en 1936, tenía 10 años. Volvió a verlo dos veces antes de que muriera la madrugada del 3 de agosto de 1954 cerca de Tortosa (Tarragona).

“Pretendo que pueda tener los restos de su padre antes de morir ella”

Lleva desde entonces enterrado en una tumba sin nombre de esa localidad tarraconense. Sin embargo, todas las gestiones y esfuerzos que su hija ha realizado para poder trasladar sus restos a Castellote (Teruel) han resultado infructuosos al no existir medios ni órganos de coordinación entre comunidades autónomas en asuntos de Memoria Histórica. “Lo que pretendo es que pueda tener sus restos antes de que ella muera”, explica Domínguez.

La familia Serrano vivía y trabajaba en la masía Vallibona, a la que su padre regresó poco después de acabar la guerra tras haber luchado en el bando republicano. Su tío Miguel tardó algo más, ya que pasó un tiempo en un campo de concentración. Al regresar, se vio obligado a pasar cada pocos días por el cuartelillo. Hasta que se hartó de esa situación y decidió ocultarse y vivir como un topo en la casa. Así estuvo durante cinco años, hasta que, a mediados de 1946, fue visto por un grupo de vecinos que acompañaban a unos topógrafos. Huyó a la mañana siguiente, antes de que la Guardia Civil fuera a buscarle.

Los agentes se llevaron a su hermano y a su padre Isidro, en lo que fue el inicio de un calvario familiar con frecuentes hostigamientos, detenciones y torturas. Francisco, que llegó a perder las uñas en uno de esos episodios, y su padre decidieron unirse al maquis, que tenía unidades desplegadas por el Maestrazgo y los Puertos de Beceite –a caballo entre Teruel, Tarragona y Castellón- desde la fallida invasión del valle de Arán en 1944.

El maquis comenzó a desplegarse por las montañas del Maestrazgo y Beceite tras la fallida invasión del valle de Arán en 1944.

Miembro del grupo de la mítica guerrillera La Pastora

Francisco participó en varias acciones armadas como miembro del grupo de La Pastora,Teresa Pla Messeguer, uno de los miembros del maquis más buscados y que sufrieron penas de prisión más largas –salió en 1977-, en Fortanete, Fes o Las Parras de Castellote antes de abandonar la agrupación guerrillera en 1950, desencantado por su politización. Siguieron subsistiendo a base de golpes y viviendo en el monte, con episodios como la noche que llegaron a compartir techo –pero no piso- con una patrulla de la Guardia Civil en una masía del barranco de Zoticos cuyos habitantes, tras darles cobijo, les ayudaron a huir.

Francisco Serrano murió como consecuencia de los balazos que recibió durante un tiroteo en la masía de El Reguer, en el Baix Ebre, en la que vivían los dueños de Arroces Nomen. Calcularon que podían obtener un botín para tirar un tiempo, aunque no contaban con que uno de los ocupantes de la casa guardaba la pistola que había utilizado durante la guerra. Salió con vida de la casa, pero murió desangrado esa misma noche. Cuando la familia recibió la noticia de su muerte, sus compañeros ya le habían enterrado en una tumba sin lápida ni símbolos en el cementerio de Tortosa en la que años después, entre finales de los años 70 y principios de los 90, alguien depositaba flores varias veces al año.

Identificado hace más de cuatro años

Fue identificado hace menos de cinco años, cuando una de las asociaciones de Memoria Histórica que trabajan en Catalunya contactó con un anciano que, casi seis décadas antes, había ayudado a los guerrilleros a trasladar el cadáver a lomos de su mulo hasta el cementerio. “Lo conoció y lo vio marchar”, explica Domínguez, que se ha marcado como meta que Lidia pueda sepultar en el cementerio de su pueblo los restos de su padre.

“Quiere enterrarlo en un lugar en el que pronto estará ella”, añade. Con 80 años y después de una azarosa vida –tuvo que hacerse cargo de su hermana menor por la enfermedad de su madre antes de que les quemaran la masía-, ella espera poder cumplir ese anhelo “después de mil trabas y mil historias”, anota el diputado.

La proposición fue apoyada por los seis grupos de la cámara, incluidos el PP y el Par, cuya diputada, María Herrero, recordó que en España “hay gente que sigue teniendo una huella emocional porque no sabe dónde están los restos de sus familiares o no puede tenerlos cerca”.

http://www.publico.es/politica/aragon-condena-vez-primera-golpe.html 

Las Cortes de Aragón han aprobado por unanimidad primar a las empresas fiscalmente transparentes en los contratos de la comunidad.

UN MONOLITO PARA RESARCIR A FAMILIARES DE UNAS VÍCTIMAS DE «DOBLE REPRESIÓN»

DESPUÉS DE LAS EXHUMACIONES FALLIDAS PORQUE LOS RESTOS FUERON TIRADOS A UN OSARIO SIN NINGUNA CLASIFICACIÓN, EL MONUMENTO DARÁ RESPUESTA A SU DEMANDA DE «DIGNIFICACIÓN, CONSUELO Y MEMORIA»

IVÁN GÓMEZ | ACTUALIZADO 30.06.2016

Hoy se cumplen nada menos que 77 años del fusilamiento en la Plaza de Almería del que fuera durante la II República el alcalde republicano de Cuevas, Martín Márquez Navarro, tal y como lo ordenara un Consejo de Guerra Sumarísimo, el mismo que dictó en los años de postguerra otras 370 ejecuciones en la provincia. En 2002 iniciaron la búsqueda de sus restos mortales sus nietas Manuela y Ana Márquez, quienes han venido dedicando su tiempo y propios medios económicos, y en su particular cruzada contra el olvido encontraron el respaldo del Defensor del Pueblo y la ONU a través de su Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en Ginebra. En la provincia ya venía trabajando en la localización de las fosas para las exhumaciones la Asociación Memoria y Libertad, presidida por Francisco Ortega, hijo del que fuera alcalde republicano de Gádor, Torcuato, conocido como el Candiles. Todos los familiares estaban de acuerdo en construir un monumento para honrar la memoria de los represaliados, si bien fueron finalmente seis los que dieron autorización para que la Dirección General de Memoria Democrática iniciara los trabajos de rescate de los restos óseos. Su frustración con el resultado final infructuoso de todos los sondeos arqueológicos, excavaciones y exhumación a finales de 2014 se ha acrecentado estos días con el informe encargado por la Junta en marzo de 2015 al historiador Oscar Rodríguez Barreira en el que confirma que las fosas de la postguerra fueron removidas, reutilizadas y amortizadas en los años cuarenta y cincuenta en el cementerio de San José y Santa Adela. Un documento en base a los archivos municipales, ya que no había «Libros del Enterrador», y a los testimonios anónimos de trabajadores de aquella época. Las nietas de Martín Márquez van a reclamar responsabilidades políticas, personales o civiles a los que hicieron posible esas «exhumaciones secretas» en su intento de llegar hasta el final en la búsqueda de su «yayo».

Desde el colectivo que preside Paco Ortega se conforman con un monolito, el que reclaman ya desde hace dos décadas, con el que dar respuesta a su demanda de dignificación y memoria y así se lo trasladó recientemente al alcalde en una reunión. No están conformes con el templete que se instaló a finales de 2008 como homenaje a todas las víctimas de la Guerra Civil. La Junta ha anunciado al conocer los resultados del informe que no se debe cerrar la investigación y anunció que con la ley de memoria histórica en tramitación parlamentaria se contemplan medidas para la reparación del daño. Los considera víctimas de una «doble represión» por la «secuencia macabra» que se produjo en el cementerio con la remociones de los restos mortales.

http://www.elalmeria.es/article/almeria/2318723/monolito/para/resarcir/familiares/unas/victimas/doble/represion.html 

Familiares de seis víctimas de la represión franquista de postguerra.

LOS RESTOS DE REPRESALIADOS SE EXHUMARON «A ESPALDAS DE LOS FAMILIARES», SEGÚN UN INFORME

28/06/2016 – EUROPA PRESS

A LA FAMILIA SE LE IMPIDIÓ «INTERVENIR» EN EL PROCESO DE EXHUMACIÓN

Los restos de los represaliados de la Guerra Civil que fueron fusilados y enterrados en fosas comunes en el cementerio de San José de Almería fueron exhumados entre las décadas de 1940 y 1950 «a espaldas de los familiares» a quienes además se les impidió «intervenir» en el proceso, ya que los restos mortales fueron enviados al osario sin ningún tipo de clasificación, lo que hace prácticamente «imposible» su recuperación.

Así lo confirma el informe final elaborado por el doctor en Historia Contemporánea Oscar Rodríguez Barreira a quien la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Memoria Democrática, encargó la elaboración de un estudio que detallara la situación del cementerio y el destino de los restos tras las exhumaciones fallidas realizadas en noviembre de 2014 para encontrar los cadáveres de seis represaliados.

El documento, publicado este mes, considera a partir de sus pesquisas que las instituciones democráticas «deberían explicar a los familiares tanto el destino final de los restos óseos de sus víctimas como la política de memoria que guió a la dictadura», con lo que señala la apertura de un debate que «en la medida de los posible» permita «dar respuesta a las demandas de dignificación, consuelo y memoria de lo deudos de las víctimas».

Cabe recordar que el equipo de arqueólogos encontró en dos de las fosas excavadas enterramientos de caridad en lugar de los cuerpos de los represaliados, lo que hizo que las exhumaciones se paralizaran y no se llegaran a descubrir todos los enterramientos, entre ellos, el del último alcalde republicano de Cuevas del Almanzora, Martín Márquez Navarro, cuya familia impulsó el proceso de exhumaciones y de cuyo fusilamiento se cumplen este jueves 77 años.

La investigación, que recoge buena parte en las vivencias de las nietas del represaliado, apunta que la experiencia de la familia Márquez «es un ejemplo paradigmático de la situación de indefensión y abandono» que sufrieron las familias de las víctimas de la Guerra Civil antes de que se desarrollaran las políticas de memoria histórica.

Según Barreiro, «la tardanza en el despliegue de todas estas políticas e iniciativas, la mala coordinación durante mucho tiempo entre las diferentes instituciones y personas implicadas, el hecho de residir lejos de Almería y las malas experiencias sufridas en los primeros años de su búsqueda e investigación, añadido a algún que otro malentendido, ha facilitado que la familia Márquez sea muy suspicaz a la hora de entender las razones por las que no se ha exhumado la fosa» que se situaría bajo una fila de nichos de difícil acceso y en la que, por otra parte, la Junta no ha descartado del todo una intervención.

No obstante, el investigador destaca a la vista de los datos recopilados en sus conclusiones que si los restos cadavéricos fueron extraídos y cambiados de ubicación tal y como apuntan los indicios, «identificar concretamente cualquiera de los cuerpos resultaría una tarea extremadamente difícil, sino imposible».

Testimonios
El informe incluye además el testimonio de la nieta de otro de los represaliados en el cementerio, quien narra cómo su abuela recibió noticias «a finales de los 40» de los trabajos de exhumación en el camposanto, por lo que en ese momento se dirigió hasta el lugar para reclamar el cuerpo y darle un entierro «digno» aunque «la presencia de autoridades» le impidió hacerse con los restos en ese momento.

Este testimonio indica que los trabajos para desplazar los restos de los fusilados se habrían realizado «en secreto» y «a primera horas de la madrugada a fin de evitar que se supieran de los mismos». Esta cuestión hila, según el investigador, con el testimonio ofrecido por un «antiguo trabajador del cementerio», quien explicó que fue necesario el desmantelamiento para «proceder a nuevas inhumaciones, en su mayoría, de caridad».

La versión de este antiguo empleado descartaría además la existencia de uno libros de registros paralelos conocidos como los ´Libros del enterrador´, en los que se anotara la ubicación de los cuerpos y su extracción posterior.

Según explica el autor, los libros de registro que se conservan en el archivo, que fueron conducidos ahí en 1999 ante la entrada de una nueva empresa de gestión municipal, se han mostrado pobres e inexactos en las ubicaciones de las nuevas inhumaciones y en ellos no se recogen las exhumaciones secretas, lo que sumado a la posterior reordenación del cementerio, con la construcción de nuevos nichos y calles, hace «complejo» hallar referencias certeras.

http://www.lavozdealmeria.es/vernoticia.php?IdNoticia=109376&IdSeccion=2 

Entrada del cementerio de la capital.   La Voz.

SE BUSCAN FAMILIARES DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

EL COLECTIVO MEMORIALISTA DE SAN FERNANDO (CÁDIZ) LANZA UN LLAMAMIENTO PARA ENCONTRAR LAS FAMILIAS DE MÁS DE 200 EJECUTADOS POR LOS REBELDES GOLPISTAS EN LA CIUDAD

LA POSIBLE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA FOSA COMÚN DEL CEMENTERIO LOCAL ACELERA LA BÚSQUEDA DE PISTAS SOBRE DESCENDIENTES QUE ESTARÍAN «EN DISTINTAS REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL»

JUAN MIGUEL BAQUERO  – 20/06/2016

Localizar a las víctimas del franquismo en un pueblo de la bahía gaditana como objetivo. Pero no único. La asociación memorialista de San Fernando (Cádiz) busca también a los familiares de los ejecutados. Hasta ahora tienen pistas sobre el paradero de una veintena de descendientes de las más de 200 personas a las que el terror golpista segó la vida en el municipio.

Por el carácter militar de la población, en 1936, el resto puede andar desperdigado en cualquier punto del país. De ahí el llamamiento de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (AMEDE) «a familiares que pudieran tener algún deudo en la fosa común del cementerio». Un mensaje en botellas virtuales que tiran por tres vías: páginas en redes sociales como Facebook o Twitter y el correo electrónicofamiliaresfosasanfernando@gmail.com como buzón.

En las intervenciones arqueológicas sobre  fosas del franquismo con un número elevado de individuos suele estar presente esa doble dificultad: conocer todos los asesinados, con nombre y apellidos, y encontrar a todas sus familias. Las  ejecuciones sumarias de los rebeldes tras el alzamiento militar que provocó la guerra civil y la estrategia de ocultar los cuerpos dieron un excelente resultado a los verdugos. Casi 80 años después de los crímenes, España es tras Camboya el segundo país del mundo con más desaparecidos forzados.

No es una historia única por tanto. Las víctimas, arrojadas como perros a la tierra, en ocasiones cubiertas de cal viva, quedaron al albur del tiempo y el olvido. Los descendientes, huérfanos de todo duelo, existieron bajo el combate desigual de la desmemoria. Es un relato reincidente. La costumbre del silencio. Una rémora social que recibe el  mensaje unánime de los partidos políticos encargados de la tramitación parlamentaria de la ley de Memoria Democrática de Andalucía. Lo que no es tan común es la convocatoria pública a los descendientes.

Una población «eminentemente militar»

«Dado el carácter eminentemente militar de la población de San Fernando ya en 1936, con una fuerte presencia de la Armada, y por las circunstancias económicas, sociales y políticas del golpe de Estado y la posguerra que condujeron a gran parte de la población al exilio, es razonable pensar que muchas de las familias de los represaliados de los que se busca recuperar sus restos puedan hallarse en distintas regiones del territorio nacional»,  escriben desde la asociación memorialista al proyecto Todos (…) los nombres.

Quieren «colaboración», llegar a las víctimas y sus familiares. Y para eso el colectivo tomó forma con su fundación a principios del presente año. El presidente es desde entonces Juan Manuel Fernández Roldán, nieto del que fuera último alcalde durante la Segunda República, Cayetano Roldán, muerto a tiros por franquistas en la madrugada del 29 de octubre del 36.

La asociación ha servido para sumar fuerzas y activar un proceso en el que, de una forma u otra, llevaban años trabajando: abrir la fosa del Cementerio Municipal de San Fernando. Ya han solicitado el proyecto a la dirección general de Memoria Democrática de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, para el que pretenden la colaboración del  servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz y del Ayuntamiento isleño.

La labor arqueológica y antropológica determinará, llegado el caso, qué volumen tiene el enterramiento ilegal. No se sabe a ciencia cierta cuántos de los más de 200 asesinados están ahí sepultados. O si un puñado de ellos reposaría en otro camposanto, el de San Carlos, conocido como cementerio de los ingleses.

Por esto, en los últimos meses los integrantes de la asociación se han dividido en grupos de trabajo. Unos para elaborar un informe histórico para delimitar con la mayor exactitud posible la dimensión de la tumba. Otro fin es determinar la relación de víctimas de la represión franquista que pudieran hallarse inhumadas en ella de forma anónima hasta el momento. Y un equipo más «inmerso en la búsqueda de posibles familiares que pudieran tener algún deudo en esta fosa común». Hasta el momento, aparecieron descendientes de uno de cada diez. Por eso, en San Fernando se buscan familiares de víctimas del franquismo.

http://www.eldiario.es/andalucia/cadiz/buscan-familiares-victimas-franquismo_0_523548075.html 

Víctimas del franquismo. JUAN MIGUEL BAQUERO

LAS CUNETAS DE LA ADMINISTRACIÓN: 3.000 EUROS POR REGISTRAR A UN DESAPARECIDO DE LA GUERRA CIVIL

¿CUÁNTOS REPRESALIADOS DEL FRANQUISMO SIGUEN LEGALMENTE “VIVOS” EN LOS REGISTROS CIVILES?

MARÍA SERRANO – 21.06.2016

¿Cuántos represaliados del franquismo siguen legalmente “vivos” en los Registros Civiles? Según los estudios realizados en las últimas décadas, entre un 30 y un 50 % de las víctimas, están registrados como desaparecidos. Estos crímenes se produjeron en las zonas donde rápidamente triunfó el Golpe de Estado.

El registro civil es una fuente documental imprescindible. Aporta la base inicial para adentrarnos en la zona más oculta de un conflicto como fue la guerra civil española, de la que el próximo 18 de julio se cumplen 80 años. El historiador Francisco Espinosa, especialista en esta temática, estima que “para contabilizar a todas las víctimas, hay que sumar a los asesinados por aplicación de bando de guerra sin previo juicio, desde la sublevación a los primeros meses de 1937”. Esta es la fecha en la que se decidió poner en marcha la mecánica judicial de los juicios sumarísimos de urgencia. Aunque las cifras reales son mayores, hasta el momento, se conocen los nombres de unas 135.000 víctimas del bando republicano.

REGISTRAR A UN DESAPARECIDO

Para iniciar los trámites de inscripción en el Registro Civil y comenzar la cuantificación “final” de los represaliados en España, los familiares directos interesados tienen que llevar a cabo un complejo proceso judicial que puede llegar hasta los 2.000 y 3.000 euros de coste. Espinosa apunta que uno de los requisitos de las inscripciones fuera de plazo ha sido “aportar testimonios del hecho, cuestión que siempre, antes por unas razones y ahora por otras, ha resultado problemática”.

Esta prueba resulta de gran impacto para los familiares. Los trámites provocan múltiples viajes al lugar de nacimiento o vecindad de la víctima, los recursos a la negativa de inscripción, los interminables plazos en las respuestas, y en definitiva la demora en solucionar un viejo problema “los de la guerra” no resuelto, pese a la restitución democrática de 1978.

El grupo memorialista de CGT Andalucía lidera una campaña para acabar con los trámites impuestos por el Estado para el registro de los desaparecidos. Cecilio Gordillo, coordinador del grupo, apunta que en su investigación “está constatado que a los pocos días del golpe de estado se dictaron órdenes precisas para que no se inscribieran en los Registros Civiles a los asesinados”. No fue hasta noviembre de 1936, cuando se publicó un decreto por el que miles de personas pudieron «legalizar» la muerte de sus familiares. La causa sería falseada, cambiando el concepto de “fusilado” por «en choque con fuerza armada», «a consecuencia del bando de guerra» o simplemente «a consecuencia del Glorioso Movimiento Nacional».

LAS 17 ROSAS

Gordillo apunta que “era la única vía para que las viudas de guerra cobrarán una pensión con el primer gobierno de UCD, por su marido al que mataron y que, en muchos casos, no sabían dónde se encontraba”. De cara a las próximas Elecciones Generales del 26 de junio, la inscripción en los Registros ha sido una de las reivindicaciones de este grupo memorialista, junto a una docena de asociaciones del resto de España. “Sólo pedimos a los partidos que incluyan este tema en sus programas. Es un asunto de derecho. No pedimos tanto”, aclara.

Lucía Sócam es víctima de todo aquel horror. Tiene enterrada en el cementerio de Guillena (Sevilla) a su tía abuela Granada Hidalgo Garzón, fusilada a los 41 años en este municipio, donde asesinaron a 17 mujeres, conocidas como las 17 rosas. Tras una década buscando los restos, la unión de los familiares en una asociación memorialista, permitió unir fuerzas para exhumar sus restos en 2012. Las metieron en cajas, hueso a hueso, para ser de nuevo enterradas, pero aún quedaba un paso más para acabar la lucha y era la inscripción legal de sus muertes.

Lucía apunta que este proceso judicial no está resultado fácil a pesar de que “el Ayuntamiento de Guillena, junto a los familiares, llevamos luchando por este trámite casi tres años cuando se terminó la exhumación y no podemos dejar de lado lo del Registro Civil, ya que es el paso último para demostrar que mi tía abuela y sus 16 compañeras fueron asesinadas. No desaparecieron de la noche a la mañana”.

ARROJADAS A UNA FOSA

Manuela, Rosario, Natividad, Granada, Trinidad, Ramona, Ana María, Josefa… fueron arrojadas a una fosa común sin previo juicio, sin dignidad entre la noche del 6 y 8 de noviembre de 1937. Tal y como consta el documento del pleno de Guillena, gobernado por el PSOE y que solicita la inscripción de defunción en el Registro, “las 17 mujeres de Guillena fueron secuestradas y encerradas en el calabozo Municipal situado en el actual Ayuntamiento durante dos meses, desde finales de Agosto o principio de Septiembre de 1937 hasta principios de Noviembre. Todas las investigaciones apuntan al día 4 de Noviembre como fecha exacta de este suceso, cuando fueron llevadas al cementerio y fusiladas”.

Granada, la tía abuela de Lucía, era conocida como “la gitana” y estaba casada con Francisco Aguilera Hidalgo (asesinado), al igual que su hijo mayor, José de 19. Tuvo nueve hijos y era vecina de Guillena de toda la vida. Las 17 rosas tenían entre 24 y 70 años cuando “desaparecieron” por ser hijas, esposas y madres de milicianos, por no saber dónde se encontraban los suyos. Las 17 desparecidas siguen sumando años y tienen entre 104 y 150 años de edad en el Registro de su Ayuntamiento.

Otro de las complejidades de este trámite para la búsqueda de los desaparecidos “de la guerra”, es publicar la “desaparición” de la víctima en dos periódicos a modo de avisos. Uno de ellos debe ser publicado en un medio impreso de tirada nacional y otro local. Pasados unas semanas, el juzgado estimará el tiempo oportuno para la espera de testigos hasta llevar la causa al juzgado, con los costes derivados de un procurador y un abogado que realice el proceso.

SÓLO UN BANDO

La “limpieza documental” en los Registros permitiría a los investigadores conocer la verdadera cifra de asesinados de hubo en cada bando. Espinosa apunta que los represaliados del bando nacional se encuentran totalmente detallados en el Archivo Histórico Nacional. “En total hay archivados 49.000 víctimas por parte del bando republicano, pero ahí sólo consta una parte porque del otro bando no hay nada reflejado”, aclara.

Aún el miedo, a día de hoy, no ha permitido enfrentar a muchos familiares a este último trámite. Emilio Silva, presidente de la ARMH y uno de los principales representantes de la memoria histórica en España afirma que “a pesar de que en la década de los setenta y principios de los ochenta se hicieron muchas inscripciones, los problemas a los que se tenían que enfrentar las familias en los juzgados hizo que muchas desapariciones no se hayan inscrito aún”, destacando la obligación del Gobierno en todo el proceso.

“El Estado se debe preocupar de que alguien nazca y no muera administrativamente. El Registro tiene que ser realizarse como una causa de oficio como ocurren con el resto de víctimas en España, menos con los muertos por el franquismo”, asegura.

http://www.elespanol.com/cultura/20160620/133987228_0.html 

Entre un 30 y un 50 % de las víctimas están registrados como desaparecidos. Archivo Santos Yubero

DENUNCIAN A LA FISCAL QUE RECURRIÓ FUERA DE PLAZO LA PRIMERA EXHUMACIÓN DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

EL ABOGADO DE PURIFICACIÓN LAPEÑA, FAMILIAR DE LOS CADÁVERES SEPULTADOS, TILDA LA ACCIÓN DE LA FISCAL DE «TEMERARIA» Y «NEGLIGENTE»

EL JUZGADO HABÍA ADMITIDO A TRÁMITE LA PETICIÓN DE LAPEÑA PARA EXHUMAR LOS CADÁVERES

INFOLIBRE PUBLICADA 16/06/2016 

Imagen de archivo: Valle de los Caídos. VICTOR LERENA

CHA PRESENTA EN LAS CORTES UNA INICIATIVA RELATIVA A LA “MEMORIA HISTÓRICA DE ARAGÓN”

LOS EJES DE LA INICIATIVA DE CHA SON «CONDENA AL GOLPE DE ESTADO» DE 1936, APROBACIÓN DE UNA «LEY DE LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA FRANQUISTA Y DE DIGNIFICACIÓN DE LAS FOSAS COMUNES», CONMEMORACIÓN DEL «ESTATUTO DE CASPE» Y RECONOCIMIENTO DEL DENOMINADO «CONSEJO DE ARAGÓN»

ARAINFO REDACCIÓN | 17 JUNIO, 2016

Gregorio Briz Sánchez, Portavoz de CHA en las Cortes de Aragón ha presentado este viernes, una proposición no de Ley sobre “condena al Golpe de Estado”, aprobación de una “ley de localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y de dignificación de las fosas comunes”, conmemoración del “Estatuto de Caspe”, así como reconocimiento del denominado “Consejo de Aragón”, solicitando su tramitación ante el pleno de la Cámara que tendrá lugar la última semana del mes de junio.

La iniciativa de CHA indica en su exposición de motivos: “El próximo 18 de julio de 2016 se cumplirán 80 años del ‘Golpe de Estado’ contra el Gobierno legítimo de la II República. Por este motivo y con el ‘telón de fondo’ de este acontecimiento, como principal factor desencadenante de todos los hechos referidos en esta iniciativa, consideramos necesario debatir y pronunciarnos como institución sobre toda una serie de peticiones vinculadas directamente a esta cuestión: la ‘necesaria condena’ del Golpe de Estado, la ‘imprescindible dignificación’ de las víctimas de la dictadura y el ‘justo reconocimiento’ al ‘papel político jugado’ por el conocido como ‘Estatuto de Caspe’ y por el denominado ‘Consejo de Aragón”.

A juicio de CHA es “ineludible, en primer lugar, realizar, por parte de estas Cortes y con motivo de este trágico aniversario, un pronunciamiento expreso de condena contra el ‘Golpe de Estado” que comenzó el 18 de julio de 1936 y que ‘seccionó’ de modo violento el Gobierno democrático y sus instituciones legítimamente constituidas en la España de la referida época”.

En este sentido, CHA recuerda que la dictadura de Franco “fue la única en Europa que emergió de una guerra civil, estableció un Estado represivo sobre las cenizas de esa guerra, persiguió sin respiro a sus oponentes y administró un cruel y amargo castigo a los vencidos hasta el final” .

“Tenemos que seguir reclamando también, a todas las instituciones públicas implicadas, el impulso de cuantas medidas tiendan a reparar a las víctimas de la represión de la dictadura militar que se instauró en el Estado español tras el triunfo de los militares golpistas”, añade CHA exigiendo “reconocimiento y dignificación” para honrar a las  víctimas del franquismo condenando “las múltiples y graves violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen franquista entre 1939 y 1975”.

Asimismo, también reclaman “reconocimiento y homenaje necesario al autogobierno de Aragón”. “Recuperar para nuestro presente y futuro los relevantes gestos de identidad que como país tuvo Aragón durante ese periodo histórico: el Estatuto de autonomía de Caspe del  año 1936, o lo que supuso, posteriormente, el denominado Consejo de Aragón, órgano de autogobierno en el Aragón republicano durante la primera etapa de la guerra civil”.

Unos acontecimientos, recuerda CHA, que también estuvieron marcados por el “Golpe de Estado militar” y que son “parte consustancial de nuestra memoria histórica”. “Hay que recordar que el Congreso Autonomista, en el que participaron los partidos del Frente Popular, elaboró un proyecto de Estatuto de Autonomía para Aragón que no pudo tramitarse ni aprobarse en referéndum porque lo impidieron el golpe de estado del General Franco y la posterior guerra civil. Hay que seguir insistiendo en que el hecho de que no hubiera dado tiempo a aprobar el Estatuto aragonés entonces sirvió, a partir de 1978, para postergar a Aragón a la conocida como ‘vía lenta de acceso’ a la autonomía en la etapa democrática”, apostillan.

Para CHA, está ligado de forma “inseparable” a estos hechos el denominado Consejo de Aragón. “Y es que -continúan-, como en 1808 cuando el Capitán General de Aragón, José Palafox, convocó Cortes de Aragón para investirse de poder, en 1936 también Aragón se dotó de un gobierno provisional para ‘tiempos excepcionales”. “El pueblo aragonés tenía plena conciencia de pueblo, identificado por su Derecho foral y por sus mil años de Historia, por lo que a nadie debía extrañarle que Aragón se dotara de una institución de gobierno propia en el contexto de máxima dificultad en la España republicana. Un gobierno reconocido por el Gobierno constitucional de la II República, pero que fue enterrado ‘bajo  toneladas de sal’ por los vencedores y que los demócratas debemos rescatar del olvido”, aseveran.

Durante la guerra civil, el Consejo Regional de Defensa de Aragón, o  simplemente Consejo de Aragón, creado para gestionar los territorios leales a la República en el Aragón oriental, “pronto se convirtió en un auténtico gobierno, de composición plural y reconocido oficialmente por el Gobierno de la República”, reitera CHA. Una experiencia, como la califica el escritor y político Chesús Yuste, “apasionante, controvertida, mitificada y desmitificada, ejemplar para el movimiento libertario internacional y también para la izquierda antiautoritaria, y también referente para las y los aragonesistas en tanto que antecedente de gobierno autonómico con capitalidad en Caspe, todo  un guiño histórico que debemos poner en valor”.

El Consejo de Aragón “no fue sólo una organización de defensa militar en el Aragón republicano; fue toda una experiencia de gobierno, con un ejecutivo que dictaba normas, que imprimió un documento de identidad, creó una policía autonómica, aprobó un escudo e incluso una bandera propia”.

En definitiva, consideran que “las instituciones democráticas no pueden refugiarse en un déficit de memoria histórica para postergar la condena al golpismo y el recuerdo de las personas e instituciones que lucharon por la libertad y la democracia, por defender los valores republicanos”. Aragón “tendría que recuperar y dignificar también los  acontecimientos políticos más relevantes ligados a esta época, vinculándolos para no perder la perspectiva histórica de conjunto”, subrayan.

http://arainfo.org/104323-2/ 

Bandera del Consejo de Aragón.

«EL DÍA EN EL QUE PISÉ LA FOSA DE PUERTO REAL…»

UNA DE NUESTRAS REDACTORAS SE ENFRENTA POR PRIMERA VEZ A UNA EXHUMACIÓN DE ASESINADOS POR EL FRANQUISMO.

CARMEN MARCHENA – 16/06/2016 

Son las nueve y media de la mañana. El Cementerio de Puerto Real recién abría sus puertas cuando me dispuse a entrar junto a mi compañero periodista Juanmi Baquero. En la lejanía del particular paisaje, Juan Manuel Guijo, antropólogo de la excavación, sale con su indumentaria de trabajo de la caseta que el Ayuntamiento de Puerto Real ha cedido a la Asociación y a su equipo técnico para guardar sus herramientas.

Juanma, junto a su colega antropólogo, Juan Carlos Pecero, se dirigen hacia la calle donde se asienta la fosa común. Esta se encuentra frente a la tapia donde, horas más tarde, me comentarían que era el lugar escogido por los falangistas para fusilar a los represaliados. La situación me resulta insólita pero la curiosidad me invade a cada paso que doy hacia la fosa.

Ya en la calle de la excavación, se encuentran Francisco Aragón, presidente de Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Social y Política de Puerto Real, al que todos conocen como Paco y otro miembro al que se dirigen como «el Nene», montando la caseta que los resguardará durante la jornada de trabajo del tórrido sol gaditano. Una vez en la calle, me comentan que están trabajando en la tercera fase de la excavación. Se estima que una vez abierto el último tramo, encontrarán alrededor de  165 cuerpos, de los que 141 ya están localizados. Sólo dos nombres de mujeres entre las víctimas, una de ellas, ya localizada entre los restos óseos exhumados.

«Esto es lo más grande que nos ha podido pasar, exhumar los cuerpos de nuestros familiares políticos. Es una suerte que nos haya tocado jubilados». Cuentan los dos miembros de la Asociación, mientras los antropólogos bajan a la fosa.

Retraída, me aproximo a la fosa. Era la primera vez que veía un esqueleto en directo y he de decir que mi primer impacto visual, no fueron los restos óseos, sino las suelas de los zapatos que aún conservaban los cuerpos yacentes. Un elemento que humanizaba lo sobrecogedor de la escena.

La disposición de los cuerpos delataba el horror de lo que allí aconteció, tirados y amontonados como rastrojos en posturas imposibles… Algo  llamó mi atención: un  tono verdoso tintaba en algunos huesos. Pregunté a Juanma, que andaba liado con el cepillo limpiando uno de los cuerpos.

«Esta (el color verdoso) es la mayor evidencia de muerte violenta, y nos sirve para certificar que son represaliados», responde. Mantiene que el impacto por bala, además de causar daños diferentes en el hueso a los de una rotura, recoge los restos de la bala  y estos reaccionan con el paso del tiempo con un cambio de color verde que tiñe la zona impactada y todo lo cercano. Y así es; observando los ochos cuerpos que se disponían en el tramo, todos compartían aquella tonalidad verdosa.

Entre la tristeza y el orgullo

Conforme pasaban los minutos frente a aquella fosa, Paco y el Nene, recordaban que en la exhumación del segundo tramo encontraron objetos personales como plumas, grafito, monederos, hebillas, cuadernillos y monedas. Mientras los escuchaba expectante, bajaba de aquel estado de conmoción extraña en el que estaba sumida, y comenzaba a imaginar aquellos huesos como personas que, 80 años atrás, ejercían sus trabajos, paseaban por sus barrios o incluso se encontraban en casa junto a sus familias, ignorando quizás que sus cuerpos acabarían casi olvidados en una fosa a manos de las fuerzas golpistas.

Paseando con ‘el Nene’ por la tapia donde se llevaban a cabo los fusilamientos,  me hablaba de que el ejercicio terrorista era tal que los golpistas, una vez fusilaban a sus víctimas, los amontonaban frente a la vía del tren que por allí continúa pasando para que los trabajadores viesen el crimen de camino a la faena y apuntalar aún más en el terror colectivo.

«’¡Carmen, acércate, vamos a sacar un cuerpo para guardarlo!». Entre Paco, que vale lo mismo para un roto que para un descosido, y Juan Carlos, sacan una tabla que disponen sobre un caballete con un esqueleto perfectamente montado para proceder a la total exhumación. Aquí pude percibir explícitamente el horror, la masacre y la vileza con las que actuaban los golpistas.

Restos óseos con fracturas perimortem, impactos de bala y una característica que todos cumplían: el tiro de gracia en el cráneo. Algunos yacían junto a los casquillos de las balas que posiblemente les quitaran la vida y fue en ese instante cuando me sumergí en un paraje de la historia en el que no se detienen los libros. El terror, el ensañamiento absoluto.

Me detengo ahora con Paco, presidente de la Asociación y miembro acérrimo de la CNT, quien me cuenta sobre los orígenes de la asociación. Fue a raíz del deseo de un veterano del sindicato, hijo de fusilado, por localizar el cuerpo desaparecido de su padre. Los miembros del sindicato, reunidos, pusieron en marcha las labores de documentación, y una vez obtenida la información, se conformaron como asociación en el año 2007 de la que son miembros PSOE, CNT, Ateneo Republicano, PA, Equo, Argaira y Derechos Humanos. Así podían solicitar los permisos imprescindibles para llevar a cabo los trabajos que actualmente se están realizando.

Son casi la una de la tarde, y tengo una dispar sensación que cabalga entre la tristeza, el orgullo de haber podido conocer de primera mano la historia de nuestra tierra, y de alguna forma, sentirme parte de ella, trasmitiendo a modo de diario mi experiencia en la fosa común, que se estima será la segunda fosa más grande de Andalucía. Hoy tengo la sensación de que he hecho un poco mía una de mis frases favoritas de Blas Infante: «Yo quiero responder con pensamientos buenos a tanta violencia y llevar un recuerdo de paz y de no violencia a todos los hombres sin distinción».

http://www.eldiario.es/andalucia/dia-pise-fosa-Puerto-Real_0_527398078.html 

Restos óseos en la fosa común del cementerio de Puerto Real (Cádiz). / JUAN MIGUEL BAQUERO