A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA

Un entierro digno para tres maquis 63 años después

Los familias reciben los restos de ocho republicanos asesinados en Benagéber (Valencia)

BELÉN TOLEDO BENAGÉBER (VALENCIA) 21/11/2010

Salvador Garrido murió asesinado por la Guardia Civil en 1947. Pero su nieto Miguel, que ahora tiene 39 años, creció convencido de que su abuelo paterno había muerto «de repente».

El miedo tapó las bocas de su padre y de sus tías, que no se atrevieron a contarle el drama familiar hasta bien entrada la democracia. Y sólo ayer, 63 años después del crimen, pudo el nieto cargar con los restos de su abuelo para enterrarlos dignamente.

Junto a Miguel, una treintena de familiares de represaliados del franquismo recibieron los restos de sus deudos, que durante seis décadas permanecieron enterrados en una fosa común del cementerio de Benagéber. Las víctimas exhumadas son tres guerrilleros que peleaban contra el franquismo en las montañas del interior de la provincia de Valencia, un vaquero que les había dado de comer y cuatro trabajadores de las obras de un pantano cercano que les suministraron pólvora y alimentos. Murieron víctimas de la balas de la Guardia Civil, que los enterró sin ataúd, lápida ni funeral. Sus viudas e hijos sufrieron represalias durante años.

¡Viva la República!

En la ceremonia de entrega de los restos hubo pena por los familiares muertos, rabia por la falta de reconocimiento a su lucha por la democracia y alivio por poder al fin enterrarlos dignamente. José Martínez, de 72 años, hijo de uno de los trabajadores asesinados y testigo de algunos de los crímenes cuando era un niño, lloró ayer por su padre todas las lágrimas que se tragó durante la dictadura. En homenaje, gritó un «¡viva la República!» ante la tumba abierta.

Dos asociaciones, La Gavilla Verde y el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia, les han puesto en contacto y les han ayudado a encontrar el sitio exacto del enterramiento. Primero acudieron a la Justicia para que investigara el crimen. Ante su silencio, recurrieron al alcalde de Benagéber, Rafael Darijo, que autorizó la exhumación. Una subvención del Ministerio de la Presidencia aportó la financiación necesaria.

http://www.publico.es/espana/347768/un-entierro-digno

-para-tres-maquis-63-anos-despues

José Martínez ante los restos de su padre. JUAN NAVARRO

ASTURIAS

El Principado comprará las fincas privadas con fosas comunes

El Gobierno regional quiere «preservar la memoria histórica» y elaborará un censo de símbolos franquistas para eliminarlos

21.11.10 – 02:29 – A. VILLACORTA | OVIEDO.

«No hay nada más contrario a la dignidad que el olvido». Siguiendo esa premisa trabaja el viceconsejero de Bienestar Social del Principado, Ángel González, para preservar la memoria histórica y que el nombre de las víctimas asturianas del franquismo no se borre de la Historia.

Y, siguiendo esa misma consigna, la consejería de Bienestar Social, en manos de Izquierda Unida, está a punto de adquirir la fosa común de la localidad sierense de San Miguel de la Barreda, en la que reposan desde la Guerra Civil los restos mortales de 18 vecinos de Siero, Noreña y Oviedo fusilados en 1937. El más joven tenía 19 años cuando fue asesinado por las tropas nacionales. El mayor, 72.

Setenta y tres años después, el Principado ha llegado a un acuerdo con la familia que en su día heredó uno de los dos terrenos donde se localiza la fosa común, situada justo en el linde de dos fincas. Se trata de una operación sin precedentes en otras comunidades autónomas.

En cuanto a la otra finca -que, según González, «apenas representa un 10% de la superficie del enterramiento»- el Principado también se encuentra ya en conversaciones con los propietarios del terreno y estudia posibles fórmulas para que pase a ser propiedad del Gobierno regional.

«El acuerdo con los propietarios de la finca en la que se localiza la mayor parte de la fosa está cerrado. Lo que hay que hacer ahora es la tasación -que depende de la Consejería de Economía y Hacienda- y preparar su ubicación en el capítulo de inversiones del presupuesto», confirmó Ángel González, quien subraya asimismo que será la primera vez que un Gobierno autonómico se haga con una fosa común.

Y no será la última, añade el viceconsejero de Bienestar Social del Principado, que trabaja ya con su equipo en intentar localizar el resto de las fosas ubicadas en terrenos privados en el Principado, de forma que, tras su adquisición, se incorporen a la Dirección General de Patrimonio.

«La inmensa mayoría de los enterramientos está en espacios públicos, como terrenos cercanos a las carreteras, montes, fosas naturales, algún que otro pozo minero como el Pozu Fortuna o el Pozu Funeres o en cementerios. Las que están en terrenos privados son pocas, pero queremos contactar con sus propietarios porque nuestra política va a ser la misma: proceder a su adquisición», explica.

«Contra la ley»

«No sirve con decir: ‘Sacamos los restos, los identificamos y se acabó’. Eso iría contra la Ley de la Memoria Histórica», defiende Ángel González, que, en colaboración con la Comisión de Amigos y Familiares de Represaliados de la II República, planea construir un monolito en recuerdo de las víctimas y colocar paneles en los que se cuente su historia para convertir la fosa de San Miguel de la Barreda en «un lugar de la memoria democrática de Asturias».

Lo que está por ver es qué harán los familiares de las víctimas con los restos de sus muertos, porque la división es patente. Y, así, mientras la mayoría quiere mantener la fosa, hay una minoría partidaria de exhumar los cuerpos.

La historia viene de lejos, porque, en 1988, la juez de primera instancia de Pola de Siero autorizó la exhumación para su traslado a un cementerio y, posteriormente, el Ayuntamiento aprobó -con los votos de PSOE, IU y AP- una moción en la que consideraba «incongruente que más de cincuenta años después se levantaran rencores con aquella exhumación» que nunca se llegó a llevar a cabo porque algunos familiares se opusieron.

La penúltima palabra la ha dicho la directora de la Oficina de Planificación y Gestión del Patrimonio Cultural, Eva María Sánchez, que acaba de instar al equipo de gobierno de Siero, del PP, a «hacer cumplir la sentencia dictada en enero por el Juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo» por la que se rechaza la intención de los propietarios de los terrenos a exhumar los restos.

Con la ley en la mano, apunta ahora González, «no se puede negar a un familiar su derecho a exhumar los restos de la persona fallecida si han podido ser identificados previamente». Y, por eso, la consejería ha encargado un estudio técnico que tratará de proteger los derechos de todas las partes.

A este estudio técnico se unirá en breve otro informe, adelanta Ángel González: «Un censo de los símbolos franquistas que todavía existen en Asturias que permita proceder a su eliminación».

http://www.elcomerciodigital.com/v/20101121/asturias/principado-

comprara-fincas-privadas-20101121.html

La fosa común de San Miguel de la Barreda (Siero), durante un homenaje a las 18 víctimas del franquismo enterradas allí. ::FERNANDO CASTRO

La investigación sobre los niños robados por el franquismo vuelve a la audiencia nacional

El fiscal jefe Zaragoza recibe este lunes a una representación de víctimas
MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

La investigación sobre los secuestros de niños “republicanos” por parte del régimen franquista ha vuelto a la Audiencia Nacional dos años después de que el juez Baltasar Garzón se viera obligado a cerrar la causa. Un juzgado de Madrid ha decidido remitir a la Audiencia Nacional las denuncias presentadas por un total de 55 víctimas de la trama de secuestros.
La titular del Juzgado número 21 de Madrid, la magistrada María Concepción Rodríguez, decidió el pasado 28 de octubre inhibirse y remitir la causa de los secuestros al Juzgado Central de Instrucción número 5, que en la actualidad ocupa el juez Pablo Ruz tras la suspensión cautelar de Garzón.
El auto de inhibición dictado por Rodríguez, al que ha tenido acceso Servimedia, señala que, tras dos años de investigación, “se infiere que por los mismos hechos se incoó previamente otro procedimiento en el Juzgado Central de Instrucción número 5”. Fuentes de la Audiencia Nacional han explicado que el juez Ruz conoce ya los escritos presentados por los denunciantes, aunque han señalado que el auto de inhibición no ha llegado todavía al juzgado por las vías oficiales.
La investigación remitida a la Audiencia Nacional se inició a principios del año 2009 tras la presentación de varias denuncias, que posteriormente se fueron ampliando y que en la actualidad recogen el caso de 55 desapariciones de niños.
Los denunciantes aseguran en un escrito remitido al juez Ruz el pasado 10 de noviembre que estos robos eran fruto de “las normas establecidas por Franco” así como de la “plena connivencia entre las parroquias y las autoridades políticas para entregar niños a las familias que mejor se adaptaran a la moral católica”, según se recoge en sus escritos judiciales.
MUERTES FICTICIAS
Los secuestros, que cifran en términos globales en más de 30.000, se produjeron principalmente en las sedes del Auxilio Social así como en los organismos de beneficiencia como las maternidades, los hospicios y las inclusas.
Existían diversos “modus operandi” para la perpetración de estos secuestros. Una de las modalidades más generalizada consistía en que la madre, del bando republicano, daba a luz “con anómalas prácticas y en extrañas circunstancias que terminaban con una supuesta defunción del neonato, que no era acreditada físicamente”.
Estos niños eran en realidad entregados en adopción a familias afines a la dictadura y sus verdaderos nombres desaparecían. Otro de los sistemas consistía en robar tras el parto a los hijos de las presas republicanas.
Los denunciantes reclaman que sus alegaciones sean atendidas a la mayor brevedad ya que muchos de los afectados, quienes buscan a un hijo o un hermano desaparecido, tienen en la actualidad una edad muy elevada, algunos por encima incluso de los 100 años.
MÉDICOS Y MATRONAS
Los afectados y las asociaciones para la recuperación de la memoría histórica, bajo la representación del abogado Fernando Magán, han aportado a la Audiencia Nacional una base informatizada con los datos de las personas afectadas por estos robos, así como una relación nominal de los presuntos responsables de los secuestros.
Entre estos presuntos responsables se encuentran varios médicos, algunos de ellos todavía en activo, y que durante la dictadura trabajaron en clínicas como San Ramón y O’Donnell, ambas de Madrid, o Santa Isabel, en Valencia.
Los denunciantes también han remitido al juez Ruz una lista de personas que habrían presenciado los hechos y que podrían prestar declaración, entre los que se encuentra un médico pediatra que comprobó en una clínica de Madrid “como entraban por una puerta padres sin niños y salían con ellos” y una matrona que ejerció en diversas cárceles.
Los afectados defienden la competencia de la Audiencia Nacional en el caso al tratarse de delitos que fueron cometidos por toda la geografía española. Aún así, los propios denunciantes piden a Ruz que, si finalmente decide rechazar su competencia en el caso y remite un conflicto de competencias al Tribunal Supremo, al menos practique antes “aquellas diligencias que sean necesarias e imprescindibles para la conservación de este procedimiento”.
REUNIÓN CON LA FISCALÍA
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, recibirá este lunes, a las 10.00 horas, a una representación de las víctimas de los secuestros. Fuentes de las asociaciones consultadas por Servimedia explicaron que el encuentro, al que asistirán “media docena” de afectados, servirá para exponer al fiscal jefe los detalles de la causa.
La Fiscalía deberá pronunciarse sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los secuestros. El juez Ruz, una vez reciba oficialmente el auto de inhibición del Juzgado 21 de Madrid, deberá pedir al departamento de Javier Zaragoza un informe sobre la competencia de la Audiencia Nacional para iniciar una investigación.
Si el magistrado decide finalmente que la Audiencia Nacional no es competente para hacerse cargo de la causa, elevará previsiblemente un conflicto de competencia al Tribunal Supremo para que sea este órgano jurídico el que decida quién debe investigar los secuestros.
El Alto Tribunal tiene ya sobre la mesa dos conflictos de competencia –que se han acumulado en una misma causa- relativo uno a unas fosas comunes situadas en El Escorial (Madrid) y otro a la fosa de la provincia de Granada en la que se suponía que estaban los restos del poeta Federico García Lorca.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió el pasado mes de marzo suspender la tramitación de este procedimiento hasta que no se resuelva la causa que el alto tribunal tramita contra el juez Garzón por sus investigaciones de los crímenes del franquismo.
AUTO DE GARZÓN
El auto de inhibición de la magistrada Rodríguez hace referencia a la investigación realizada por el juez Baltasar Garzón sobre los crímenes del franquismo a finales del año 2008 y que ha provocado su reciente suspensión cautelar y su procesamiento en el Tribunal Supremo por un presunto delito de enaltecimiento. En esta causa, además de los fusilamientos y juicios sumarísimos de la Guerra Civil y la dictadura de Franco, las asociaciones denunciaron ante Garzón el robo de niños.
De hecho, Garzón aseguraba en un auto que el régimen franquista puso en marcha «un sistema de desaparición institucionalizado de menores hijos de madres republicanas muertas, presas, ejecutadas, exiliadas o simplemente desaparecidas» y afirmaba que la justicia española tiene la obligación «de investigar el alcance delictivo de estos hechos, que, por su carácter permanente y contextualizados como crímenes contra la humanidad, no están prescritos ni amnistiados».

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/4895/la-investigacin-

sobre-los-nios-robados-por-el-franquismo-vuelve-a-la-

audiencia-nacional

Enterradas tres personas

Aranzadi comienza la exhumación de una fosa en la localidad navarra de Eratsun

La Sociedad de Ciencias Aranzadi va a dar comienzo este sábado a la exhumación de una fosa en la localidad navarra de Eratsun, coincidiendo con el 35 aniversario de la muerte de Franco.

EUROPA PRESS. 20.11.2010

La Sociedad de Ciencias Aranzadi va a dar comienzo este sábado a la exhumación de una fosa en la localidad navarra de Eratsun, coincidiendo con el 35 aniversario de la muerte de Franco.

Según ha explicado Aranzadi en un comunicado, al parecer, en la fosa fueron enterradas tres personas de identidad desconocida en años muy posteriores al final de la Guerra Civil española.

Se trataba de tres personas que procedían o iban a Francia y que fueron interceptadas en una zona montañosa en donde habían pernoctado en una borda. Tras su muerte, ha precisado la Sociedad de Ciencias Aranzadi, los cuerpos fueron enterrados en la inmediata proximidad de esta borda.

Esta investigación, solicitada por la asociación de familiares de fusilados de Navarra, cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de la Presidencia y la autorización del Gobierno de Navarra.

http://www.20minutos.es/noticia/879556/0/

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA COMISION DE DESARROLLO LOCAL.

El gobierno quitará el hormigón de la fosa común del cementerio

En su lugar se construirá un jardín para rendir homenaje a los caídos.

20/11/2010 REDACCION

Tras consultar con varios expertos en materia de memoria histórica, el ayuntamiento ha determinado que se elimine la pieza de hormigón que conformaba la explanada de la fosa común en el cementerio municipal, donde se encuentran los restos de numerosos fusilados en la Guerra Civil. Además se recuperará la zona para transformarla en un espacio ajardinado, en el que pueda rendirse homenaje a la memoria de los fusilados sus familiares y amigos, según informó el concejal de Obras, Miguel López. La decisión de la remodelación de este enclave del camposanto, que fue ayer adoptada por la Comisión de Desarrollo Local, ya había sido solicitada por algunos colectivos cacereños en más de una ocasión.

El concejal portavoz del grupo municipal IU-Siex, Santiago Pavón, manifestó que las obras proyectadas deben contar con el parecer «no solo de expertos y conocedores del asunto, sino de asociaciones de la Memoria Histórica y sobre todo de familiares de los asesinados, que sabemos que los hay y algunos de ellos están localizados», explicó el edil.

Los daños en una fosa común del cementerio municipal en la que se encuentran enterrados cientos de asesinados en la guerra se produjo por la construcción hace meses de un camino de hormigón sobre la misma, situada en el camposanto.

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=545172

Paterna avanza en la apertura de una fosa del franquismo

EL PAÍS – Valencia – 20/11/2010

El Ayuntamiento de Paterna ha dado un nuevo paso en la reparación de las víctimas de la dictadura al comunicar a la familia de José Celda, fusilado el 14 de septiembre de 1940 en el cementerio de la población, el inicio del expediente para recuperar sus restos de una fosa común, tal y como había solicitado Josefa Celda, hija del fallecido.

El Ayuntamiento dará publicidad a la apertura del expediente para ofrecer a los familiares de los otros 15 enterrados la oportunidad de presentar alegaciones, y lo comunicará al resto de Administraciones con competencias en el caso.

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Paterna

/avanza/apertura/fosa/franquismo/elpepiespval/

20101120elpval_17/Tes

ALCAÑIZ.

Exhumados los cuerpos de 30 vecinos de Calanda

El consistorio recupera los restos de un grupo de fusilados por anarquistas.

20/11/2010 M. FRANCO

Los cuerpos de una treintena de vecinos de Calanda que fueron fusilados en 1936 por anarquistas y enterrados en el cementerio de Alcañiz fueron recuperados ayer y trasladados a su municipio de origen. La actuación se llevó a cabo con motivo de la ampliación de las instalaciones alcañizanas, que obligó a exhumar los cuerpos. El consistorio calandino, tras ser informado de estos trabajos, decidió hacerse cargo de los restos, que se encontraban en una fosa conjunta debidamente señalizada y que recibían habitualmente la visita de familiares.

Según informó el concejal de Cementerios de Alcañiz, Manuel Ponz, la ampliación era necesaria para construir nuevos nichos. En la zona no había nada más que esta tumba, por lo que los trabajos se tenían que llevar a cabo necesariamente en este punto. El consistorio alcañizano, tras aprobar la actuación, se puso en contacto con el de Calanda para informarle de la exhumación de los restos y de que estos serían llevado a la fosa común si los descendientes no los reclamaban. El ayuntamiento calandino decidió entonces hacerse cargo de los restos y enterrarlos en su lugar de procedencia.

«Me reuní con los familiares de los fallecidos para ver qué posibilidades había y se decidió su traslado hasta aquí», explicó el alcalde de Calanda, Manuel Royo, que señaló que ya en la mañana de ayer fueron enterrados de nuevo en otra sepultura, ya en el municipio. Según explicó, estos vecinos fueron asesinados por cuadrillas anarquistas, aunque «la mayoría de ellos no debían de estar ligados a nada en concreto».

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=625940

El Supremo no revisará la negativa a investigar los crímenes franquistas

Desestima un recurso presentado por varias asociaciones de Memoria Histórica que pedían revocar la decisión tomada por la Audiencia de no investigar al franquismo

SERVIMEDIA/EFE MADRID 19/11/2010

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado definitivamente revisar la decisión de la Audiencia Nacional de declararse no competente para investigar los crímenes del franquismo, una instrucción que había asumido el juez Baltasar Garzón.

Los magistrados del Alto Tribunal han adoptado esta decisión aldesestimar el recurso presentado por varias asociaciones de memoria histórica al que se sumaron Carmen Negrín Fetter, la nieta del último primer ministro de la República, Juan Negrín; la UGT y la Confederación General del Trabajadores.

Estos recursos pedían la revocación del auto dictado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en febrero de 2009 y que denegó a los denunciantes recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión de declararse no competente para investigar los crímenes del franquismo, adoptada en noviembre de 2008.

Los magistrados, presididos por Juan Saavedra, consideran que la Audiencia Nacional no vulneró el derecho de los denunciantes a la tutela judicial efectiva al no permitirles recurrir ante el Supremo la decisión de declararse no competente para investigar los crímenes del franquismo.

«Ningún error cabe señalar respecto a la denegación de la preparación de un recurso de casación cuando el tribunal de instancia se ha ajustado a lo dispuesto en la Ley», señala el auto hecho público este viernes.

La instrucción de esta causa en la Audiencia Nacional provocó posteriormente el encausamientoy la suspensión cautelar de Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación.

El 28 de noviembre de 2008, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó, por catorce votos contra tres, declarar que el juez Baltasar Garzón carecía de competencia para investigar los crímenes del franquismo.

La Audiencia Nacional adoptó esta decisión tras reunirse el pleno para resolver el incidente de competencia que interpuso el fiscal jefe Javier Zaragoza contra la decisión de Garzón de declararse competente para investigar estos hechos, tras admitir las denuncias presentadas por asociaciones de familiares de desaparecidos.

http://www.publico.es/espana/347568/el-supremo-no-revisara-

la-negativa-a-investigar-los-crimenes-franquistas

Sede del Tribunal Supremo.

La familia que destapó los casos de los bebés ‘desaparecidos’ presta declaración

Las hermanas Cristina y Flor Díaz Carrasco testifican ante la Policía Judicial de Irún, localidad en la que residen · El número de denuncias similares ronda ya la cifra de 20 sólo en La Línea

SORAYA FERNÁNDEZ / LA LÍNEA | ACTUALIZADO 19.11.2010

Cristina y Flor Díaz Carrasco, las hermanas de Irún que destaparon los casos de los bebés ‘supuestamente robados’ después de nacer en La Línea, prestaron declaración ayer ante la Policía Judicial de su localidad. Lo hicieron después de que, tal y como ha venido publicando este diario, la Fiscalía de Algeciras decidiera abrir diligencias al seguir apareciendo casos similares.

El fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, ordenó a principios del mes pasado a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía que investigara los casos, la inmensa mayoría ocurridos en el hospital de La Línea aunque también ha habido otros de bebés que nacieron en clínicas privadas que había en la ciudad. Entonces había 13 casos aunque Cristina Díaz asegura que ya son unos 20. La Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta de la comisaría es la que se está encargado de la investigación.

Estas hermanas acudieron ayer a la Policía Judicial de Irún con toda la documentación que poseen sobre su caso y contaron todo lo relacionado con el nacimiento del que habría sido su hermano.

Cristina aseguró a este diario, muy emocionada, que estaban muy satisfechas porque veían que después de tanto tiempo la investigación está avanzando: «Estamos muy emocionadas, muy satisfechas y también, por qué no decirlo, muy esperanzadas. A ver si se aclara qué pudo ocurrir con nuestro hermano y con tantos otros bebés».

Cristina Díaz Carrasco afirmó que no han sido las primeras en declarar sino que varias familias de La Línea ya han testificado y que otras que residen fuera también han sido llamadas a declarar. «No paran de salir casos. Van unos 20 pero el goteo es continuo y nos consta que a la Fiscalía han acudido varias familias aunque no sabemos cuántas. Sólo en esta última semana hemos sabido de otros tres en La Línea. Ojalá todo esto se aclare y podamos saber la verdad», manifestó.

Ambas hermanas salieron a la luz pública hace ahora un año para saber qué pasó con su hermano, que nació en el hospital municipal de La Línea en 1967 y que supuestamente murió poco después. El bebé, un varón, nació vivo pero luego le dijeron a la madre que había muerto por problemas respiratorios, explicación que se ha dado a muchas de las familias que han ido sacando sus historias a la luz pública después. También, como en todos los casos, el hospital les dijo que se encargaba del entierro.

Estas hermanas no descubrieron hasta hace pocos años que había ocurrido algo raro ya que cuando fueron a visitar la tumba de su hermano en el cementerio de La Línea, como hacían siempre que venían a la ciudad, ésta ya no estaba porque habían hecho reformas. En 2006, la madre de Cristina y Flor falleció y sus hijas quisieron ponerle en la lápida el nombre y la fecha de su hermano. Entonces descubrieron, como en la práctica totalidad de los casos, que el entierro de este bebé no consta en el cementerio.

Estas familias han creado una página en la red social de facebook denominada Niños Robados para cualquier persona interesada en estos casos.

http://www.europasur.es/article/lalinea/839785/la/familia

/destapo/los/casos/los/bebes/desaparecidos/

presta/declaracion.html

Cristina y Flor Díaz Carrasco, en una foto que facilitaron a este diario.

España sigue buscando en fosas a los derrotados de su Guerra Civil

JMS Globovision / AFP 18/11/2010

Más de setenta años después de la Guerra Civil, diversas asociaciones y familiares de víctimas siguen buscando restos de personas ejecutadas por los franquistas, casi con sus propios medios y sin apenas ayuda oficial del Estado o de la judicatura.

«Esto se está haciendo muy lentamente y con pocos medios», dice a la AFP Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

La búsqueda y exhumación de los cuerpos se lleva a cabo con los medios de cada asociación, mientras el Estado sólo prevé reparaciones simbólicas para las víctimas y subvenciones para las actividades de las asociaciones, hasta un máximo de 60.000 euros (81.030 dólares) por organización, merced a la denominada Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007.

Desde 2006, el gobierno socialista español ha destinado un total de 19,4 millones de euros al desarrollo de la ley, de los que 5,9 millones de euros se destinaron a exhumaciones y el resto a homenajes, exposiciones, estudios, etc.

La ley «sirve para (reconocer) nacionalidades, para los brigadistas internacionales, para garantizarles los mismos derechos que a cualquier combatiente español, para arreglar algún tema de los hijos y nietos del exilio (a 93.344 de ellos se ha concedido la nacionalidad española) y dar un certificado de víctimas», según Macías, que critica su escasa operatividad práctica en las exhumaciones.

La ARMH fue pionera hace diez años en la apertura de fosas y desde entonces ha abierto más de 150 y exhumado más de 1.500 cadáveres, los últimos esta semana, cuando el sábado se cumplen 35 años de la muerte del dictador Francisco Franco.

«Entre todas las asociaciones se habrán sacado unos 5.000 cuerpos», explica el arqueólogo de la ARMH René Pacheco, que dirige la exhumación de siete asesinados en noviembre de 1936, apenas cuatro meses después del inicio de la contienda española en Calzada de Oropesa (centro).

«No habremos sacado ni un 10% de las (personas) que están enterradas. Se calcula que hay entre 105.000 y 130.000 desaparecidos» en fosas en España, añadió Pacheco, de 27 años, que dirige a un grupo de voluntarios que buscan con cuidado los cuerpos.

Los restos de Alberto García Simón, Manuel Gutiérrez Castaño, Antolín Gutiérrez Castaño, Germán Sarro García, Francisco Herreruela Arroyo, Lorenzo Polo Hernández y Enemesio Hernández Alvarez, vecinos del pueblo de Las Ventas de San Julián, van saliendo a la luz ante la emoción de algunos familiares.

«Estoy contenta, aunque apenas lo recuerdo. Ahora vamos a poder sepultarlos», dice a la AFP Paula Polo González, de 78 años, que tenía cuatro cuando mataron a su padre, Lorenzo Polo.

Al igual que en la mayoría de los casos, el proceso de búsqueda se inició con algún familiar, que se suele dirigir a la ARMH enviándole información que se completa con investigación en archivos, entrevistas personales, etc, pero sin ayuda oficial o judicial.

Pocos jueces se personan en el lugar cuando se descubre una fosa, pese a que, según la legislación, un magistrado debe estar presente «cuando hay signos evidentes de violencia en unos restos encontrados en medio del campo», critica Macías.

Cada vez que se encuentran unos restos, la ARMH cursa la correspondiente denuncia ante las autoridades, pero «los jueces habrán venido unas cinco veces tras más de 150 fosas abiertas», afirma.

La incertidumbre todavía existente sobre el órgano judicial competente y el caso del juez Baltasar Garzón podría explicar en alguna medida las reticencias judiciales.

«Es bochornoso que la única persona perseguida en relación a los crímenes más graves que se han cometido nunca en este país sea el juez que intentó abrir el proceso», aseguró recientemente el magistrado de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), Ramón Sáez Valcárcel.

Garzón está en espera de juicio por prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es, ndlr) por haber querido investigar sobre los desaparecidos de la Guerra Civil (1936-39).

Sin embargo, pese a estas dificultades, Macías cree que la recuperación de desaparecidos es un fenómeno imparable porque muchos de los que inician la búsqueda son jóvenes «y no es que se muera con la generación de sus abuelos o de sus padres, sino que pasa a ellos, y sus hijos van a querer hacerlo. No se puede estar como si no hubiera pasado nada», sentenció.

http://globovision.com/news.php?nid=169525