A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA

Serrat liquida el programa de memoria histórica al no considerarlo «prioritario»

P. CORTÉS FERRÁNDEZ31/12/2011

El Gobierno de Aragón no impulsará ningún proyecto para la Recuperación de la Memoria
Histórica. Este es el anuncio que la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, hizo público ayer durante su comparecencia en respuesta a la petición de CHA para conocer la posición del Ejecutivo aragonés respecto a programas como el de Amarga Memoria.

La titular de este departamento aludió a razones económicas y de prioridad para excusar que en los presupuestos del 2012 no exista ninguna partida destinada a planes de aplicación de la ley de Memoria Histórica. Sin embargo, Serrat negó en todo momento que ella hubiera tildado de superfluo el gasto en este área, a pesar de que la consejera, en declaraciones recogidas por Efe, afirmó que cuando hay que hacer ajustes, «siempre lo superfluo debería haberse evitado».

Cubierta en el parapeto que la crisis económica le concede para no invertir dinero en este tipo de asuntos, Serrat comenzaba su comparecencia explicando que no hay partida presupuestaria destinada a nuevos proyectos para el programa Amarga Memoria porque «se atiende a otras actividades consolidadas». Entre ellas, la consejera especificó que lo primero son «los gastos obligados de personal, bienes y servicios, y transferencias», para continuar «priorizando en educación lo que ha obligado a fuertes ajustes en otras áreas». Estas razones son, según Serrat, las que «nos obligan a decir que no hay partidas».

DINERO POR ENCIMA DE TODO / El grupo parlamentario de Chunta Aragonesista criticó duramente «la posición de ambigüedad que tiene el Gobierno de Aragón en este tema, donde es la economía o que prima». Además, el diputado Gregorio Briz recalcó que «el
respeto y la dignidad se deben poner por encima del dinero». Con estas palabras el aragonesista quiso mostrar su rechazo a que las personas que lucharon «por una causa justa y legal estén en las cunetas, y a los que lucharon por una causa justa pero ilegal no se les haya condenado».

Además, CHA reclamó un «aumento en la categoría jurídica y política para la recuperación de
la Memoria Histórica», un rango que se alcanzaría implicando al departamento de Justicia, según
Briz. También muy críticos se mostraron desde Izquierda Unida, cuando indicaron que, a su parecer, «el PP no ha roto emocionalmente con la herencia del franquismo ».

Además, el diputado Luis Ángel Romero especificó que IU no pide al Gobierno de Aragón que «condene el golpe de Estado, haga una fiscalía especial o construya un memorial», sino que «respete una ley para que los familiares puedan velar por su memoria ».

El grupo parlamentario de IU también criticó la «demagogia y frivolidad» utilizada por la consejera Serrat cuando se cuestionó «si había que invertir en construir nuevos colegios o en el proyecto Amarga Memoria». «Si utilizautiliza este tipo de actitudes y frivolidades es muy complicado que se gane nuestra consideración», reseñó Romero.

Por parte del PAR, María Herrero se subió al carro de la priorización de los recursos y aplaudió que el Gobierno de Aragón busque «un equilibrio intermedio», en lo que opina como un «tratamiento un tanto sesgado y parcial de esta cuestión».

Precisamente a esta objetividad aludió Ana Cristina Vera desde el PSOE al defender que es «necesario conocer la historia de una forma objetivo a través de docentes y profesionales, para no volver a repetirla».

Por su parte, esta decisión del departamento que dirige Serrat ya fue recibida con gran pesimismo por las asociaciones aragonesas que nacieron con el objetivo de buscar la recuperación de la memoria histórica. «Es lamentable que la DGA no esté dispuesta ya a colaborar en nuestras actividades », señaló Miguel Soriano Catalán, de la Asociación Pozos de Caudé.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/serrat-

liquida-programa-de-memoria-historica-no-considerarlo-

prioritario-_725190.html

La consejera Dolores Serrat, durante su comparecencia, ayer, en las Cortes.FOTO: CHUS MARCHADOR

El Gobierno cree que el programa Amarga Memoria no ha servido para dignificar a las víctimas

El Ejecutivo aragonés no seguirá invirtiendo en el programa Amarga Memoria al considerar que «ya se han hecho muchas cosas» y que no ha servido para su verdadero fin, dignificar a las víctimas. Así lo ha asegurado la consejera Serrat, quien ha manifestado que en estos momentos no es prioritario y lo ha tildado de «dirigista»

Noelia Fragoso Delgado

Zaragoza.- Los Presupuestos de 2012 no destinan ninguna partida al programa Amarga Memoria. Una decisión del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi que no ha gustado a algunos grupos de la oposición como PSOE, CHA e IU, y que tildan de nefasta para la dignificación de las víctimas de la Guerra Civil española. A esa misma dignificación se ha referido la consejera de Cultura, Dolores Serrat, como razón por la cual se ha paralizado la inversión en este programa, dado que considera que no ha servido a ese fin lo que se ha hecho en los años anteriores. Lo ha afirmado en la Comisión de Cultura en las Cortes de Aragón este viernes a petición del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista al objeto de informar sobre las propuestas del Gobierno de Aragón para la Recuperación de la Memoria Histórica. Unas propuestas «para las que no hay presupuesto».

Así, Serrat ha explicado que los 2,3 millones de euros invertidos se han dedicado incluso a publicaciones que no han llegado a ser distribuidas, exposiciones, estudios que han «reescrito» la historia, «dirigistas» y «tangenciales».

La consejera ha proseguido defendiendo que ya se ha hecho mucho por la dignificación de las víctimas y que en este momento no es una prioridad para su Ejecutivo, resaltando que «ninguna familia ha venido a quejarse». Por otro lado, ha reconocido que las víctimas tienen que tener una fosa digna y ha recordado que Amarga Memoria no ha realizado exhumaciones en ninguna de las 500 fosas localizadas y sólo ha hecho un pequeño monolito de homenaje y reconocimiento. Aún así cree suficiente lo que ya se ha hecho y ha hablado de «malgasto» del dinero de todos al enumerar una serie de publicaciones que se financiaron con cargo al programa como «El PSOE en Ejea de los Caballeros» o «Comisiones Obreras», entre otras.

«El programa sirvió para desnaturalizar el espíritu de la Ley de Memoria Histórica», ha sentenciado la consejera, quien ha contado que sus abuelos estuvieron en diferentes bandos en la guerra, lo que provocó problemas en su familia y mucho dolor «solucionado en la Transición. No con amnesia sino cicatrizando las heridas». A ese dolor se han referido los diputados de CHA Gregorio Briz y el de IU Miguel Ángel Romero, quienes han exhortado a la Consejería a cumplir con la ejecución de la Ley de Memoria Histórica.

Finalmente, la diputada popular María José Ferrando al igual que la del PAR María Herrero han hablado de memoria «selectiva», de «dilapidación» de dinero público y de «alentar el enfrentamiento» al referirse a este programa y han asegurado que lo necesario ahora es priorizar «y eso no es prioritario». 

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=90500&secid=9

Serrat ha comparecido en la Comisión para dar cuenta de las acciones que piensa hacer el Gobierno en materia de memoria histórica

Un oprobio a la memoria

Argentina presiona a la justicia española

Por Patricia Campelo 

843 procesados, 266 condenas, cerca de 500 detenidos, 1.200 cuerpos recuperados en 27 años, 505 identificados y una búsqueda abierta. Son los datos de la reparación de las víctimas de la última dictadura militar en Argentina. En España, quienes padecieron la violencia del régimen de Franco han solicitado justicia internacional en ese país. Observando cómo han gestionado  su propio proceso, son muchos los motivos que tienen para confiar.

Familiares de víctimas del franquismo apelaron a la justicia universal desde Buenos Aires (Argentina) cuando las autoridades judiciales españolas suspendieron temporalmente al juez que trató de esclarecer los asesinatos de sus ascendientes. El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón declarará ante el Tribunal Supremo el próximo 24 de enero tras la denuncia por prevaricación que interpuso contra él Manos Limpias. El sindicado ultraderechista le acusó de no tener competencia en la investigación de los delitos cometidos durante el franquismo, considerados de lesa humanidad por organismos internacionales.

El pasado 3 de diciembre, la hija de Franco nombró Caballero de Honor de la fundación que defiende el nombre de su padre a Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias. La Fundación Francisco Franco otorgó la misma distinción a José Utrera Molina, dos veces ministro en el franquismo y suegro de Alberto Ruiz Gallardón, actual ministro de Justicia.

Ante el contexto de acontecimientos desfavorables para las víctimas y sus familiares, en el que ven lejos la satisfacción de sus demandas de justicia, es inevitable que éstas dirijan su mirada hacia Argentina y busquen en el país andino la vía para obtener la reparación que no hallan en España.

El proceso, que comenzó el pasado 14 de abril de 2010 con la denuncia  presentada en un juzgado bonaerense, prosigue y ahora España deberá faciliar a la jueza que lleva el caso en Buenos Aires, María Servini de Cubría, los datos de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de Falangehasta el 15 de julio de 1977. El exhorto fue enviado el pasado 13 de diciembre desde el ministerio argentino de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos al Gobierno español.

Pero la perspectiva judicial argentina no es la única en la que se fijan víctimas, familiares y asociaciones de derechos humanos en España. El proceso integral y judicializado de recuperación e identificación de desaparecidos que se está llevando a cabo en ese país supone el paradigma de actuación que se espera de un estado democrático.

ARGENTINA HACE SUS DEBERES

Por ejemplo, desde el pasado abril, el Código Penal argentino considera crimen de Estado la desaparición forzada en la que participen fuerzas policiales y, el Gobierno, a través de convenios firmados con asociaciones como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), ha formalizado e institucionalizado la búsqueda e identificación de los desaparecidos.

El estado argentino tardó casi dos décadas en asumir la tarea de la reparación, pero una vez adoptada esa responsabilidad en 2003, tras derogar las leyes de amnistía , comenzó un proceso de normalización que afecta a los juicios que aún se están celebrando contra los responsables del ultimo régimen militar (1976- 1983).

“Un elemento clave en las transiciones a la democracia es saber qué sucedió con los desaparecidos”, señaló Luis Fondebrider, antropólogo forense y miembro del EAAF, la semana pasada en Madrid, durante la jornada de balance de 27 años de trabajo del equipo.

Hasta la fecha, un total de 843 personas han sido procesas en juicios que se desarollan en diferentes regiones del país. De ellas, 449 irán a juicio y hay 593 cumpliendo condenas preventivas. Desde 1984, se contabilizan un total de 266 condenas firmes. Todo, según los datos del ministerio Fiscal argentino publicados el pasado 23 de diciembre.

“Un elemento clave en las transiciones a la democracia es saber qué sucedió con los desaparecidos”

Todas estos pasos vienen a profundizar la idea de la normalización de los procesos que reparan a las víctimas de las dictaduras. En Argentina, estos mecanismos se desarrollan en un clima de aceptación por parte de una sociedad “que no niega lo que sucedió en su pasado reciente”, explicó Mercedes Salado, integrante del EAAF.

FORENSES INTERNACIONALES

En 1984 surge el Equipo Argentino de Antropología Forense para dar respuesta a la desconfianza que la población tenía hacia los cauces oficiales. A lo largo de estos años, este organismo no gubernamental ha trabajado en exhumaciones en Timor Oriental, Bosnia, Croacia, Sudáfrica, Angola, Etiopia, Kenia, México, Honduras y Guatemala entre otros muchos. Trabajan bajo peticion de Comisiones de la Verdad, de organismos internacionales, estados o agrupaciones de familiares de víctimas.

La identificación de dos españoles asesinados en centros clandestinos de detención fue posible gracias a la labor de esta ONG. En  diciembre de 2009 se identificó al primero de ellos, Manuel Coley Robles, y al segundo, Urbano López  le devolvieron su nombre el pasado mes de septiembre. Ambos formaban parte del Habeas Corpus (requerimiento a las autoridades para llevar al detenido ante el juez)  presentado, en 1983,  por el cónsul general de España en Argentina a favor de los españoles involucrados en casos de detenciones forzadas.

El Equipo, gracias a un acuerdo entre los ministerios de Justicia español y argentino, recabó en 2008 50 muestras de sangre de españoles que creían tener familiares entre los desaparecidos durante la dictadura de Videla. Estas muestras, que se recogieron a traves de los cinco consulados de Argentina en España,  se sumaron a las miles que ya integran el banco de ADN necesario para identificar los restos humanos que se van recuperando en los procesos de exhumación.

Salado recordó que en España no han intervenido ya que aquí ya existen  “muchos profesionales haciendo una importante labor”. Pero hubo una exhumación en la que si jugaron un papel activo: la de la única fosa que se ha abierto en España por orden judicial, en Benavente (Zamora). “Fuimos tan solo para explicar que aquello era algo normal, que nosotros lo hacíamos siempre de ese modo y que no pasaba nada por ello“, rememoró.

http://blogs.publico.es/memoria-publica/2011/12/27/

argentina-presiona-a-la-justicia-espanola/

Una fosa común en la provincia de Tucumán.-AP

El PP bloquea en Lugo la retirada de honores a Franco y a la Falange

Los socialistas echan en cara a los populares que la dictadura es su «lastre»

Las víctimas aplauden que Argentina investigue los crímenes del franquismo

Las asociaciones de víctimas del franquismo han celebrado hoy los avances de la investigación abierta por una jueza federal argentina por los crímenes cometidos durante el régimen franquista.

La jueza federal argentina María Servini de Cubría ha pedido a España información sobre ministros y responsables de las fuerzas de seguridad de la dictadura de Francisco Franco en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.

La solicitud se enmarca en la causa que investiga los crímenes del franquismo iniciada a instancias de un grupo de familiares de víctimas bajo el principio de justicia universal, que permite investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en terceros países.

En declaraciones a Efe, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, ha expresado su deseo de que el Gobierno español actúe de forma ejemplar cuando se le aplica el principio de justicia universal y este proceso ayude a las familias a conocer la verdad y averiguar el paradero de las víctimas.

España ha hecho fuera lo que no ha hecho dentro, en la aplicación del principio de justicia universal, ha apuntado Silva, quien ha agregado que «a Argentina no se le puede decir que ‘en casa del herrero, cuchillo de palo’, que es el caso español, porque los jueces argentinos que investigan los crímenes de la dictadura no son juzgados por hacerlo como Baltasar Garzón».

Por su parte, el portavoz de la Asociación Foro por la Memoria, José Antonio Moreno, ha lamentado «el ridículo democrático» del Estado español porque otro país aplique el principio de justicia universal, ante la inoperancia y la inactividad de los órganos judiciales españoles para esclarecer los delitos cometidos durante la dictadura de Franco.

Moreno se ha mostrado avergonzado, como español, de que otro Estado democrático trate de aportar justicia a las víctimas del franquismo, al tiempo que ha expresado su satisfacción y orgullo por la existencia de un país y un sistema judicial que garantice los derechos humanos.

Asimismo, el presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, José María Pedreño, se ha congratulado por la investigación de la justicia argentina, ya que no hay ningún procedimiento abierto en España por los crímenes contra la humanidad perpetrados durante la dictadura de Franco.

Es «una vergüenza» que «todo esté paralizado en España», a la espera de que el Tribunal Supremo decida cuáles son los juzgados competentes para investigar los crímenes del franquismo, ha aseverado Pedreño.

La vicepresidenta de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Paqui Maqueda, ha recibido con satisfacción la decisión de la jueza federal argentina, a la vez que se ha mostrado convencida de que «tarde o temprano» los crímenes del franquismo se van a esclarecer y se van a imponer la verdad, la justicia y la reparación, los tres pilares básicos del derecho internacional.

Maqueda ha indicado que es «una vergüenza que un país como Argentina que ha sufrido la represión tenga que dar una lección de derechos humanos a España».

Ha asegurado que el Gobierno del PP va a encontrar al movimiento de la memoria histórica «a pie de fosa, señalando

http://www.adn.es/lavida/20111227/NWS-0541-Argentina-

franquismo-investigue-victimas-crimenes.html

Piden a España lista de empresas beneficiadas en el franquismo

26-12-11 17:03 María Servini de Cubría libró un exhorto en el que solicita esos y otros datos, en la causa que investigan los crímenes del dictador iniciada por familiares de víctimas. Rige el principio de Justicia universal, por el que se pueden investigar hechos de lesa humanidad de otros países, como sucedió en España con represores argentinos.

AGENCIAS Buenos Aires

La jueza federal María Servini de Cubría libró un exhorto al Reino de España en el que solicitó nombres y domicilios de los integrantes del Consejo de Ministros y de los jefes de las fuerzas de seguridad que integraron el Gobierno de facto del general Francisco Franco entre julio de 1936 y junio de 1977 y si se encuentran vivos, en el marco de una investigación de los crímenes del “franquismo”.

También requirió información sobre la cantidad de personas desaparecidas, asesinadas y torturas durante la represión franquista, el número de niños apropiados y las empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo, entre otros datos, informaron hoy a DyN fuentes judiciales.

El exhorto de la magistrada se da en la causa donde investiga los crímenes del franquismo iniciada por un grupo de familiares de víctimas bajo el principio de Justicia universal, por el que se pueden investigar hechos de lesa humanidad ocurridos en otros países, tal como sucedió en España con represores argentinos.

Franco fue el líder del partido único “Falange Española” y gobernó el país bajo una dictadura fascista entre el 17 de julio de 1936, cuando dio inicio a la Guerra Civil Española, y el 15 de junio de 1977, período que dejó 1.500.000 muertes.

Servini de Cubría solicitó los “nombres y últimos domicilios conocido de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española” que actuaron durante el franquismo con la “certificación de los que hayan fallecido”.

Además, pidió “el número de personas desaparecidas, identificándoselos, en la medida de lo posible con sus nombres y apellidos, fechas y lugar de su desaparición”.

También, la cantidad de personas asesinadas y torturas por motivos de “persecución política” y “el número de niños sustraídos a sus familias de origen, apropiados y con su identidad sustituida por familias afectadas a la dictadura, debiendo identificar los grupos familiares despojados de aquellos”.

Otro de los puntos del exhorto es las fosas comunes encontradas en España con “señalamiento de los cuerpos que han sido identificados hasta la fecha” y “la lista de empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas”.

El exhorto fue enviado a Chancillería el 13 de diciembre pasado y el Ministerio de Relaciones Exteriores ya lo giró a España, explicaron las fuentes.

La jueza Servini de Cubría había rechazado el año pasado el pedido de investigación de los crímenes porque los hechos estaban siendo investigados en España, pero luego la Cámara Federal anuló ese fallo y ordenó proseguir con la causa.

http://www.cronista.com/economiapolitica/Reclaman-a-Espaa-

lista-de-empresas-beneficiadas-durante-

el-franquismo-20111226-0123.html

La jueza Servini pidió a España datos de represores franquistas

Reclamó también información sobre personas asesinadas y desaparecidas, así como sobre niños apropiados.

27/12/2011 00:01 | Agencia DyN

Buenos Aires. La jueza federal María Servini de Cubría libró un exhorto a España en el que solicitó nombres y domicilios de los integrantes del Consejo de Ministros y de los jefes de las fuerzas de seguridad que integraron el gobierno de facto del general Francisco Franco entre julio de 1936 y junio de 1977 y si se encuentran vivos, en el marco de una investigación de los crímenes del franquismo.

También requirió información sobre la cantidad de personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la represión franquista, el número de niños apropiados y las empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo, entre otros datos. Así lo informaron fuentes de la Justicia.

El exhorto se da en la causa en la que se investigan los crímenes del franquismo y que fue iniciada por familiares de víctimas bajo el principio de justicia universal, por lo que se pueden investigar delitos contra la humanidad ocurridos en otros países, tal como sucedió en España con represores argentinos.

Franco lideró el partido único Falange Española y gobernó el país bajo una dictadura entre el 17 de julio de 1936, cuando se inicio la Guerra Civil Española, y el 15 de junio de 1977, periodo que dejó 1.500.000 muertos.

Servini de Cubría solicitó “los nombres y los últimos domicilios conocidos de los miembros de los consejos de Ministros de los gobiernos españoles y de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española” durante el franquismo, con la “certificación de que hayan fallecido”.

Además, pidió “el número de desaparecidos, identificándolos en la medida de lo posible con sus nombres y apellidos, fechas y lugares de su desaparición”.

También, la cantidad de personas asesinadas y torturadas por “persecución política” y “el número de niños sustraídos a sus familias de origen, apropiados y con su identidad sustituidas por familias vinculadas con la dictadura, debiendo identificar los grupos familiares despojados”.

El exhorto fue enviado a la Cancillería el 13 de diciembre y ésta lo giró a España.

http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/jueza-servini-pidio-

espana-datos-represores-franquistas

La Justicia argentina pide a España datos sobre ministros de Franco

La jueza Servini de Cubría solicita también datos sobre desaparecidos, asesinados y torturados de la dictadura, en el marco de la investigación abierta por los crímenes cometidos durante el franquismo

EFE Buenos Aires 27/12/2011

Una jueza federal argentina pidió a España aportar información sobre ministros y responsables de las fuerzas de seguridad de la dictadura franquista en el marco de la investigación abierta por crímenes cometidos durante el régimen franquista, informaron fuentes judiciales.

El exhorto de la jueza federal María Servini de Cubría solicita nombres y domicilios de los ministros y jefes de las fuerzas de seguridad en el periodo comprendido entre el 17 julio de 1936 y 15 junio de 1977.

El exhorto incluye a los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española y solicita el certificado correspondiente en caso de fallecimiento.

Asimismo, la jueza pidió información sobre personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la dictadura franquista, niños apropiados y datos de empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo, según las mismas fuentes.

La solicitud de Servini de Cubría se enmarca en la causa que investiga los crímenes del franquismo iniciada a instancias de un grupo de familiares de víctimas bajo el principio de justicia universal, por el que se pueden investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en terceros países.

Servini de Cubría había archivado las actuaciones de acuerdo con un dictamen de la Fiscalía según el cual tales crímenes han sido o son investigados por la justicia española, lo que dio lugar a una apelación de la parte querellante. En septiembre del pasado año, la Cámara Federal declaró nula la decisión de la magistrada y aceptó la petición de la querella.

Entre las demandas presentadas ante los tribunales de Buenos Aires figuran las de Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo, y las de Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936, e Inés García, sobrina de Elías García, asesinado en 1937.

Rivas y García encabezaron la querella presentada en abril de 2010 ante los tribunales federales argentinos por genocidio con el auspicio de organismos humanitarios locales, entre ellos el Servicio de Paz y Justicia que dirige Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980.

La demanda fue ampliada después con 17 nuevos casos de víctimas gallegas, de un total de casi 5.000 represaliados por la dictadura en Galicia, identificados en una investigación realizada por universidades gallegas durante los últimos cuatro años.

http://www.publico.es/espana/414120/la-justicia-argentina-

pide-a-espana-datos-sobre-ministros-de-franco

Silvia Carretero y uno de sus abogados, Máximo Castex. EFE

El Valle de (todos) los Caídos

Amelia Valcárcel pide que el mausoleo franquista sea un monumento en «memoria de la Guerra Civil»

23/12/2011 00:00 / Juan C. Galán Gijón