BUENOA AIRES — Amnistía Internacional pidió el miércoles a la justicia argentina que continúe con la investigación de los crímenes cometidos durante la guerra civil española y la posterior dictadura de Francisco Franco, ante la negativa de la justicia de España de hacerlo.
La jueza María Servini de Cubría “debe seguir investigando porque en España se cierran las puertas y los familiares de las víctimas están en una situación de desamparo”, dijo en una rueda de prensa el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.
Miembros de la Organización acudieron al juzgado federal de Servini de Cubría en Buenos Aires, que investiga los asesinatos, desapariciones y torturas ocurridas en España durante el Franquismo .
Se reunieron con integrantes del equipo de la jueza, a los que les pidieron que la magistrada siga con sus pesquisas y entregaron un informe que señala que la justicia y reparación para las víctimas de los “crímenes de derecho internacional” cometidos en ese entonces siguen “siendo denegados en España”.
Los querellantes en la causa de Servini de Cubría son unos 50, entre españoles y argentinos que son descendientes de las víctimas del bando perdedor republicano de la guerra civil española (1936-1939).
Piden la investigación de los miles de asesinatos y desapariciones ocurridos en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936, un día antes del alzamiento militar encabezado por Franco contra el entonces gobierno republicano, y el 15 de junio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas del periodo de transición, que comenzó con la muerte del dictador en 1975.
La argentina Inés García Holgado, que interpuso la demanda en 2010, dijo en rueda de prensa tener “muchas esperanzas” en esta investigación. “Busco justicia y reparación para mis familiares”. Es sobrina nieta de los españoles Luis y Elías García Holgado, fusilados en la guerra, y sobrina de Vicente García Holgado, desaparecido.
El informe de Amnistía Internacional señala que 17 de los 21 casos de crímenes a los que tuvo acceso en distintos juzgados españoles han sido archivados “sin que se haya realizado ningún tipo de investigación”.
Esos casos y otra veintena más se abrieron después de la declaración de incompetencia sobre los mismos que manifestó la Audiencia Nacional española en 2008 y a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de España de febrero de 2012 que niega la competencia de los magistrados españoles para investigar dichos delitos, lo que para Amnistía supone una “violación del derecho internacional y obstrucción del acceso a la justicia”.
Una de los argumentos que esgrime la justicia de España es que en ese país rige desde 1977 una ley de amnistía que impide la investigación de ese tipo de hechos y que al haber transcurrido más de 20 años desde su comisión, los delitos están prescritos. AI rechaza ese razonamiento, al indicar que en realidad son crímenes de lesa humanidad “imprescriptibles”.
Según el organismo internacional, Argentina puede y debe ejercitar su competencia para investigar lo sucedido en España ya que “la jurisdicción para los crímenes de derecho internacional es universal” y todos los Estados pueden llevar adelante causas, “independientemente de si los delitos son o no investigados en sede local”.
La organización dice haber constatado que los informes enviados por la fiscalía española a la jueza argentina dando a entender que las investigaciones están avanzando no se ajustan a la verdad.
Servini de Cubría tiene previsto viajar a Madrid en los próximos meses –se desconoce la fecha exacta–para tomar declaración a sobrevivientes y recorrer cárceles y lugares donde, según los denunciantes, se produjeron fusilamientos.
La jueza está a la espera de una respuesta al exhorto que envió en diciembre de 2011 a la justicia española para obtener datos sobre distintos funcionarios del Franquismo –la mayoría de ellos fallecidos–, de las personas fusiladas y torturadas y de la localización de fosas comunes.
En España, Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), dijo a The Associated Press que el informe de Amnistía debe entenderse como un espaldarazo a la investigación de Servini de Cubría. “Nosotros seguimos haciendo exhumaciones y vamos a intentar ayudar, pase lo que pase, a los familiares que nos piden ayuda”.
En tanto, José María Galante, de la asociación de ex presos franquistas La Comuna –que visitó Buenos Aires en abril para entrevistarse con la magistrada–, dijo a AP que él y sus compañeros se fueron “con la idea clara de que esta jueza va a llegar hasta donde se puede llegar con este caso”.
Amnistía opinó que tras la sentencia del Tribunal Supremo español en febrero de 2011 sobre el llamado “caso de la Memoria Histórica”, la indefensión de las víctimas ha ido a peor, ya que aunque el Supremo absolvió en esta causa al ex juez Baltazar Garzón (suspendido en el marco de otra caso judicial), en su sentencia utiliza argumentos que “son contrarios al derecho internacional”. Ese tribunal señaló que los hechos no pueden ser calificados de crímenes de lesa humanidad por no ser considerados como tales en el momento en que fueron cometidos.
Según cálculos de Garzón, hay unas 114.000 personas desaparecidas en fosas en España. Desde el año 2000, la ARMH ha logrado recuperar unos 5.500 cuerpos.
En este despachó colaboró el periodista de AP en Madrid Jorge Sainz
http://www.elnuevoherald.com/2012/05/09/v-fullstory
/1199107/piden-a-argentina-inbvestigar.html
EL DIRECTOR de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, habla con la prensa junto a la directora de Amnistía Internacional en Argentina, Mariela Belski, el miércoles en Buenos Aires.
A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA 