A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA

FERIA D´O LIBRO ARAGONÉS L´ALMOZARA 2012

En el marco de dicha Feria se presentarán diferentes obras de autores aragoneses, como «El país de los cucutes», de Javier Arruga, «Aragón con camisa negra» y «A la sombra de la sabina», de Dimas Vaquero y «A gollada d’o bosque» de Chesús Yuste

Con motivo de la inhumación definitiva de las siete personas recuperadas del olvido el año pasado en Movera. Os invitamos a participar en los actos que el Foro por la Memoria de Aragón realizará el próximo sábado 23 de Junio en Movera y Santa Isabel.

Un cordial saludo

Foro por la Memoria de Aragón

Todo sigue como con Franco en el Valle de Franco

MIÉRCOLES 20 DE JUNIO DE 2012 

Félix Población

Leo que el Gobierno ha normalizado la situación de excepcionalidad que vivía el Valle de los Caídos desde su cierre al público hace casi tres años, en diciembre de 2009, fecha en que, por decisión de Patrimonio Nacional y debido a la necesidad de realizar una obras, se optó por la clausura del monumento. El pasado 1 de junio el actual ejecutivo decidió abrir la basílica donde están enterrados el dictador Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, y poner precio a la entrada de los visitantes, 5 euros, sin que nada haya cambiado con relación a lo previsto para el Valle de los Caídos en la timorata Ley de Memoria Histórica (LMH), aprobada por el gobierno de Rodríguez Zapatero hace casi seis años.

Ni el lugar ha adquirido otro significado para la conciencia colectiva del país, desde el espíritu de reconciliación y respeto al pluralismo del pacto constitucional -tal como señala dicha ley-, ni se ha tenido en cuenta la disposición adicional sexta, que insta a ejercer actuaciones que contribuyan a convertir ese lugar en un ámbito de memoria colectiva democrática, de reparación, verdad y reconciliación. Tampoco se ha eliminado, por supuesto, la simbología propia del viejo régimen, según se dictamina en la LMH y que también permanece en muchos otros edificios del país.

No se ha tenido en consideración, asimismo, la decisión de la comisión de expertos, creada por acuerdo del consejo de ministros de 27 de mayo de 2011, que aconsejaba el traslado de los restos mortales del dictador a otro lugar, siendo como era objetivo de esa comisión convertir el Valle de los Caídos en un centro de memoria que dignifique y rehabilite a las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista posterior. No hay que olvidar que miles de víctimas republicanas están enterradas en la propia basílica, contra la voluntad o sin conocimiento de sus familias, junto a los caídos del bando rebelde.

La Ley de Memoria Histórica, en su artículo 16, dispone que el Valle de los Caídos “se regirá por las normas aplicables a los lugares de culto y a los cementerios públicos”, y en él “no podrán celebrarse actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo”. Asimismo, la disposición adicional sexta establece que “la fundación gestora del Valle incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todos los fallecidos en la Guerra Civil” y durante “la represión política que la siguió, con objeto de profundizar en el conocimiento de este período histórico y de los valores constitucionales”. Del mismo modo, “fomentará las aspiraciones de reconciliación y convivencia que hay en nuestra sociedad, todo ello con plena sujeción a lo dispuesto en el artículo 16”.

Como dijo en su día el exdiputado Carlos María Bru, resulta intolerable que en la vigente España democrática, cuando ya casi se iguala el actual periodo democrático con el de la dictadura franquista, se perpetúe un homenaje monumental a un genocida al que se le imputan como jefe del Estado más de 114.000 ejecuciones después de su victoria militar, así como masivos encarcelamientos y depuraciones impuestos retroactivamente a los republicanos, y cuyo régimen mantuvo secuestrada durante más de tres decenios la voluntad de los españoles.

A juzgar por la decisión tomada por el Gobierno del Partido Popular, partido que en su día se opuso a la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, nada cambiará en el Valle de Franco, por lo que no sería aventurado pensar que hasta el artículo 16 de la mencionada ley, que prohíbe los actos políticos o exaltadores de la Guerra Civil o el franquismo, se pueda convertir también en papel mojado. Habiendo lugar para el culto no faltará ocasión -si las circunstancias lo propician y la ultraderecha renaciente en algunos países de Europa lo requiere- para que lo visiten y ensalcen sus nostálgicos o futuribles feligreses, privilegio con el que ningún dictador del pasado puede contar en ningún país del mundo.

http://www.periodistas-es.org/comunicacion/todo-sigue-

como-con-franco-en-el-valle-de-franco

Orduña vence la batalla al olvido

Dos supervivientes del colegio que sirvió de campo de concentración en la Guerra Civil regresan por primera vez a las instalaciones

Homenaje y entierro de un republicano en Medranda

El pequeño pueblo alcarreño de Medranda, próximo a Jadraque, ha vivido hoy momentos de intensa emoción durante el homenaje e inhumación de Severiano Clemente González, panadero de la localidad, fusilado por requetés en noviembre de 1936.

Los restos de Clemente fueron localizados y exhumados por la Federación Estatal de Foros por la Memoria en agosto pasado, tras un intenso trabajo de investigación y de excavación.

El acto de hoy ha tenido lugar en el Centro Social de Medranda, y ha consistido en la exposición del informe forense que permitió la identificación de los restos y en la proyección del documental: “La Toba, historia de una exhumación”. En el acto dirigieron unas palabras los alcaldes de Medranda Luis Fernández Cárcamo y el de La Toba, Julián Atienza.

Tras el acto, una comitiva con los familiares y vecinos del pueblo llevaron los restos al cementerio, donde rodeado de banderas republicanas, se les dió sepultura.

http://www.guadaque.com/index.php?option=com_content&view

=article&id=27311:homenaje-y-entierro-de-un-republicano-

en-medranda&catid=3:provincia&Itemid=54

FOTO: Óscar de Marcos

CAMPAÑA DE APOYO A LA QUERELLA ARGENTINA CONTRA LOS

CRÍMENES DEL FRANQUISMO

1.- PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE APOYO A LA QUERELLA: Tod@s podemos participar para poner fin a la impunidad del franquismo

2.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN LA QUERELLA: Modalidades para participar en la causa abierta en Argentina por la represión franquista ante la visita de la jueza a España

3.- ESCRITO DE ADHESIÓN A LA QUERELLA: Apoyo a la querella argentina contra los crímenes del Franquismo

QUERELLA ARGENTINA CONTRA LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO

TOD@S PODEMOS PARTICIPAR PARA PONER FIN A LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO

 Como es públicamente conocido el 14 de abril de 2010 se interpuso una querella ante un juzgado en lo penal de Argentina por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las primeras elecciones democráticas.

Fue presentada por familiares de víctimas y asociaciones sociales y de derechos humanos argentinas y españolas. A ella se han sumado ya, o se preparan para hacerlo en lo inmediato, cientos de querellantes y denunciantes particulares, represaliados en la última etapa de la dictadura y asociaciones diversas: culturales, sociales, sindicales, etc.

La querella se fundamenta jurídicamente en el principio de jurisdicción o justicia universal, conforme al cual los tribunales de justicia de cualquier país pueden y deben actuar cuando se cometen crímenes que afectan y ofenden a la comunidad internacional.

En aplicación de este principio actuaron, a partir del año 1996, los tribunales españoles respecto de los crímenes contra la humanidad cometidos por las dictaduras argentina y chilena. Sus actuaciones, impulsadas por el juez Baltasar Garzón, fueron refrendadas por las más altas instancias judiciales españolas convirtiéndose en una referencia internacional de primer orden.

Hechos como la detención de Pinochet en Londres durante más de 500 días o la condena al represor argentino Scilingo a más de mil años de prisión por parte del Tribunal Supremo de España –ese mismo Tribunal Supremo que hoy se niega a que sean investigados los crímenes del franquismo–, entre otras muchas medidas que incluyeron el dictado de cientos de órdenes internacionales de detención, contribuyeron decisivamente a poner fin a la impunidad en Argentina y Chile.

Esa impunidad se albergaba en leyes similares a la ley de Amnistía española que, como las leyes de punto final y obediencia debida en el caso argentino, habían sido aprobadas en forma ampliamente mayoritaria por un Parlamento elegido democráticamente, lo que no impidió su anulación. Hoy, en aquellos países, hay cientos de condenados y procesados por la comisión de crímenes de igual naturaleza que los perpetrados por la dictadura en España.

El Tribunal Supremo de nuestro país pretende que ley de Amnistía exime a la jurisdicción española de investigar los crímenes de la dictadura. Soslaya dos cuestiones trascendentes: que esta ley fue dictada antes de que se promulgara la Constitución, en consecuencia debe interpretarse en el sentido de que no puede oponerse al derecho a la justicia y a la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos que la Constitución proclama y, por tanto, al juzgamiento de los responsables de crímenes contra la humanidad; y que, antes de que se dictara, España se había comprometido internacionalmente a perseguir a quienes cometieran hechos delictivos según los principios generales del derecho internacional, aún en el supuesto de que dicha persecución no estuviera prevista en el derecho interno. Crímenes imprescriptibles que, además, y según consolidada legislación y jurisprudencia nacional e internacional, deben ser investigados y castigados independientemente del lugar o la fecha en que se cometieron.

No sólo se pretende volver a desaparecer a los desaparecidos, sino también hacer desaparecer a sus desaparecedoores. Se quiere impedir que se conozcan sus crímenes, sus nombres, los de los asesinos, los de los torturadores, los de los secuestradores de niños. Se arguye falazmente que todos están muertos, como si los muertos y sus familiares no necesitaran de justicia, y se omite intencionadamente que hay cientos de víctimas y represores vivos y que estos últimos pueden y deben ser juzgados y sancionados penalmente. Se prevarica y se encubre a sabiendas de que se está haciendo.

Como acreditan los casos antes mencionados, la actuación de tribunales extranjeros es un arma poderosa en manos de los pueblos para combatir la falta de justicia en el propio país. Se convierte, entre otros factores, en una denuncia internacional contra la impunidad; garantiza que las víctimas puedan declarar ante un juez; permite llevar adelante las investigaciones judiciales que son negadas en el territorio en que se cometió el crimen; posibilita que los responsables sean llamados a prestar declaración y, en todo caso, que, existiendo indicios sólidos de su participación criminal, se dicte prisión contra los mismos librándose al efecto órdenes internacionales de detención; revela que, ante la persecución internacional y el riesgo de ser detenidos allí donde se los encuentre, el único lugar del mundo en que gozan de impunidad es aquél en que perpetraron el delito.

La jueza argentina María Servini de Cubría, ante la cual recayó la investigación, ha dado ya importantes pasos para hacer avanzar el procedimiento. El último de ellos, el pedido de información a las autoridades españolas sobre la existencia y ubicación de fosas comunes y datos personales completos (y confirmación de que están vivos) de aquellos que aparecen en el procedimiento como presuntos autores de los crímenes investigados: torturadores; jueces que dictaron sentencia de muerte o manifiestamente injustas; ministros responsables de haber ordenado matanzas o que se negaron al otorgamiento de indultos; miembros de los altos mandos de las fuerzas represivas y dirigentes de Falange; directivos de empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo; responsables del secuestro, apropiación y sustitución de identidad de menores de edad, etc.

Entre las medidas solicitadas por los querellantes y acordadas por la jueza se encuentra la de su viaje a España, que se producirá previsiblemente en los próximos meses. Su objetivo es tomar declaración a todas aquellas personas que deseen presentarse como querellantes, denunciantes o testigos en la causa. A este efecto recibirá testimonios en la embajada argentina en Madrid y de ser posible en otras ciudades, además de visitar sitios emblemáticos de la represión franquista.

La querella argentina constituye un sólido eslabón en la larga lucha por conseguir verdad, justicia y reparación. Para su éxito es condición necesaria que sea promovida y apoyada por un vasto movimiento social.

En hojas adjuntas se explican las distintas modalidades de participación en la querella, incluso la de aquellos que sin haber sido víctimas directas de la represión estiman que el conjunto de la sociedad ha sido agredida por la misma y quieren hacerse presentes en la causa abierta en Argentina

MODALIDADES PARA PARTICIPAR EN LA CAUSA ABIERTA EN ARGENTINA POR LA REPRESIÓN FRANQUISTA

ANTE LA VISITA DE LA JUEZA A ESPAÑA

 Las distintas formas para participar en la causa abierta en Argentina por la represión franquista son las siguientes:

1) Como querellantes: el querellante debe ser víctima directa o tener una relación de parentesco, de cualquier grado que sea, con la víctima de hechos que puedan estar comprendidos entre los crímenes contra la humanidad/genocidio (asesinatos, torturas, secuestros, etc.) cometidos durante el período abarcado por la mencionada causa (desde el 17 de julio de 1936 y hasta el 15 de junio de 1977). Esta es la modalidad de participación más activa en el proceso: el querellante puede impulsar la marcha del proceso, solicitar diligencias, proporcionar elementos de prueba, argumentar sobre ellos, y presentar recursos.

Aquellos que ya hayan presentado la querella deberán ratificarla ante la jueza durante su visita.

2) Como denunciantes: puede presentar una denuncia ante la jueza encargada de la causa toda persona que se considere lesionada por uno de los hechos mencionados en el párrafo 1), o que, sin haber sido víctima del mismo, tenga noticias de su comisión

3) Como testigos: las personas que hayan tenido conocimiento de la perpetración de uno de los hechos mencionados en el párrafo 1) y puedan aportar datos relativos a las circunstancias en que se produjo, quiénes fueron los afectados, quiénes los responsables, etc.

4) Como adherentes: cualquier persona que desee manifestar su apoyo a esta causa.

5) Asociaciones: pueden participar en cualquiera de las modalidades descritas, a través de sus representantes legales.

REQUISITOS APLICABLES A QUERELLANTES

1. Un poder especial para pleitos otorgado ante notario, con la apostilla de La Haya, para ser presentado ante el juzgado argentino que tramita la causa 4591/10 caratulada “N.N. s/genocidio” del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº1 – Secretaría nº 1, de la ciudad de Buenos Aires – República Argentina. Los abogados actuantes en este momento son los siguientes: David Baigún; Máximo Castex; Ricardo Daniel Huñis; Ana Messuti; Carlos Alberto Slepoy y Beinusz Szmukler, todos ellos con domicilio profesional en Avda. Corrientes 1515 – 2ª A – ciudad de Buenos Aires – República Argentina y nº de teléfono 4374 5507, y Héctor Luis Trajtemberg y Carlos Mariano Zamorano, ambos con domicilio profesional en Avda. Corrientes 1785 – 2º C – ciudad de Buenos Aires – República Argentina y nº de teléfono 4371 3939.

2. Los datos de identificación personal, acompañados de fotocopias de las partidas de nacimiento (o libro de familia) que acrediten la relación de parentesco con la víctima directa en el caso de familiares.

3. Relato pormenorizado de las circunstancias del delito – una descripción clara y precisa de los hechos: asesinatos, secuestros (“paseos”), juicios ante Consejos de Guerra o ante tribunales especiales (como el Tribunal de Orden Público), detenciones ilegales; torturas etc; procurando que todos estén ordenados por orden cronológico. El escrito debe ser breve

4. Documentos (compulsados por el organismo pertinente para que el declarante pueda guardar los originales), tales como partidas de nacimiento y defunción de la víctima, en su caso; documentos que acrediten el parentesco del denunciante, si la víctima es un familiar; sentencia de muerte en su caso; sumarios judiciales o de Consejos de Guerra; constancia de los lugares en el que haya estado detenido (la víctima directa o el familiar); testigos de los hechos, si los hubiera, con indicación en este caso de sus datos personales y domicilio para que puedan ser citados por el Juzgado y, en general, cualquier elemento de prueba que sea útil para acreditar los hechos.

5. Si no se tuvieran pruebas como las señaladas, sino sólo conocimiento general de los hechos, puede presentarse igualmente la querella. En ese caso serán importantes los testimonios concurrentes de dos o más personas sobre un mismo hecho, un mismo lugar de detención, un mismo represor, etc. Sin embargo, aunque no se puedan obtener dichos testimonios, dado el contexto en que se cometieron los hechos (crímenes contra la humanidad/genocidio), será admisible la descripción de los mismos por parte del querellante.

6. Identificación lo más precisa posible de los represores si se pudiera.

7. Actuaciones que se hayan realizado, en su caso, sean de carácter judicial o administrativo, en procura de que fueran reparados los daños, identificados los responsables, etc., y resultado de las mismas.

REQUISITOS APLICABLES A DENUNCIANTES:

Los señalados en los apartados 3) y 6) anteriores, así como cualquier tipo de documentación o prueba que pueda corroborar la denuncia.

Ésta se debe canalizar preferentemente en forma personal ante el propio Juzgado cuando se instale en España. A tal efecto deben ponerse en contacto con los abogados actuantes (residentes en España: Carlos Slepoy y Ana Messuti) o con las asociaciones que están participando en la causa, para que se les instruya sobre los detalles de la comparecencia y se solicite que por el Juzgado se fije fecha para la declaración. Los interesados pueden solicitar a las asociaciones a las que pertenezcan o a Carlos Slepoy (carlosslepoy@vergara25abogados.com) o Ana Messuti (anamessuti@gmail.com) los modelos correspondientes a las modalidades en que deseen participar, así como la información adicional que necesiten.

QUERELLA ARGENTINA CONTRA LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO

 APOYO A LA QUERELLA ARGENTINA CONTRA LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO

 ……………………………………………………………………………………………………, con documento de identidad nº……………………. y domicilio en ………………………………………………………………………………………. , en relación con la causa por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista, ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 de la República Argentina, a cargo de la Jueza Dra. María Servini de Cubría, me presento y digo que:

Deseo manifestar que la impunidad de la que han gozado y gozan los autores de delitos calificados en la normativa internacional como crímenes contra la humanidad y la situación de desamparo en que se encuentran las víctimas del genocidio, que no han recibido por parte del Estado español ningún tipo de reparación judicial por los enormes daños que han sufrido, afectan a todo el entramado social damnificado por la falta de justicia.

Expreso por todo ello mi caluroso y decidido apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo, en la convicción de que constituirá un sustancial aporte para poner fin a la impunidad y conquistar la verdad y la justicia que nos son debidas.

CAMPAÑA DE APOYO A LA QUERELLA ARGENTINA

LOS INTERESADOS PODEIS PEDIR INFORMACION EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES:

decasetas@gmail.com

snavp2002@yahoo.es

diariodemallorca.es » Mallorca 

La Asociación de Memoria Histórica da una lección de leyes a Gallardón

Ante la afirmación de ministro de Justicia de que el robo de bebés ha prescrito, la asociación contesta que se trata de un crimen de lesa humanidad y según el derecho internacional es imprescriptible.

PÚBLICO.ES Madrid 13/06/2012

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha respondido a la pregunta al diputado del PNV Emilio Olabarría en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que el caso del robo de bebés durante la dictadura de Franco y hasta finales de los años 80 ya ha prescrito y no puede investigarse.

Ante esta afirmación, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha manifestado que Gallardón «parece ignorar que el robo sistemático de bebés se considera por el Derecho Penal Internacional un crimen de lesa humanidad, como recoge la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, ratificada por el gobierno español en septiembre de 2009». 

Según establece la ley en el artículo 25 «los Estados Partes (España lo es) tomarán medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente: a) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada». De este modo, la desaparición sistemática de personas es un delito de lesa humanidad y eso le proporciona al crimen, por considerarlo de extrema gravedad, un estatus de imprescriptibilidad. Por esta razón, según denuncia la asociación, el Estado tiene la obligación de perseguir penalmente esos crímenes porque para el Derecho Penal se continúan cometiendo cada día que pasa.

Ante las afirmaciones del titular de Justicia, la Asociación ha anunciado que le va a enviar a él personalmente una copia de la convención contra la desaparición forzada de Naciones Unida, además de ofrecerle asesoramiento por parte de juristas que han trabajado en la aplicación de la legalización internacional contra la desaparición forzada.

A su juicio, con la negativa de modificar la prescripción de este delito, el Gobierno «está intentando trasladar al ámbito administrativo las consecuencias de un crimen que requiere una actuación penal». Así, ha considerado que la reunión que mantuvieron el pasado mes de abril los ministros de Justicia, Interior y Sanidad con las asociaciones de afectados por el robo de bebés supuso una «sobreactuación del Ejecutivo», pero «con el objetivo de apartar el caso de los Juzgados».

Por eso, la Asociación asegura que «en el gobierno existe una clara intención de‘desjudicializar’ este grave crimen cometido contra miles de familias y llevarlo al terreno administrativo.»

http://www.publico.es/espana/436845/la-asociacion-de-memoria

-historica-da-una-leccion-de-leyes-a-gallardon

Manifestación de asociaciones de bebés robados.- EFE