A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA

OTRAS CUATRO FAMILIAS RECLAMARÁN LOS RESTOS DE SUS ANTEPASADOS

Analizarán el ADN de doce cuerpos hallados en ataúdes en la fosa común donde se busca a José Celda

Todos con su botella, una conserva un papel con el nombre de Ramón Gandía Belda y la fecha, que confirma que es la fosa de Celda

   VALENCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) –

   La lucha de Josefa Celda por identificar los restos de su padre fusilado en el Paredón de Paterna el 14 de septiembre de 1940 para poder enterrarlo con su madre han comenzado a dar sus frutos. La exhumación de la fosa común donde siempre ha sostenido que está su padre, ha revelado la existencia de otros doce cuerpos todos ellos en ataúdes y con una botella en la que supuestamente guardaban un papel con su nombre, del mismo modo que lograron enterrar a José Celda, gracias a un propina que su hermana pagó al enterrador.

   Precisamente, una de estas botellas todavía conservaba restos de papel en su interior, y tras un estudio de recuperación se ha encontrado el nombre deRamón Gandía Belda, también vecino de Massamagrell al igual que Celda, y la fecha de fusilamiento, cosa que ha confirmado que se trata de la fosa que buscaban.

   Así lo ha anunciado este viernes el coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GRMH), Matías Alonso, que ha ofrecido una rueda de prensa en el cementerio de Paterna junto a Josefa Celda, y algunos familiares de los otros cuerpos hallados. A todos ellos se les van a hacer pruebas de ADN y si se certifica su identidad, cuatro familias más también llevarán los restos de sus antepasados. Los que no se reclamen volverán a ser enterrados donde estaban.

   Josefa Celda ha confiado en que «para Navidad» puedan estar los resultados de ADN y se ha mostrado «muy contenta» de que el trabajo que ella inició «pueda facilitar» que otras personas también encuentren a sus familiares. Cuatro años después, en los que le han puesto «mil pegas» por el camino, Josefa se encuentra «cansada», con «ganas de zanjar» y quedarse «tranquila».

   Su único deseo es que llegue el momento de dar a su padre un «entierro digno, como él se merece, en el pueblo y en compañía de mi madre», ha manifestado.

   Según Matías Alonso, este «puede ser el último grupo de familias valencianas que puedan recuperar sus restos», debido al cambio de política en relación a la Memoria Histórica, ha alertado. Primero con la rebaja de subvenciones destinadas a estas investigaciones, de 6,5 a 2,5 millones de euros, y segundo porque estos últimos «ni siquiera aparecen en los Presupuestos Generales del Estado para 2013», ha lamentado.

   El hallazgo de los doce cuerpos en ataúdes y con sus respectivas botellas que contenían un papel, aunque en casi todos ilegible, indica que sus familiares tenían la «esperanza de que algún día podrían volver a por ellos». Por ello, estos vecinos de Massamagrell, debieron pagar al enterrador para permitirles introducir la botella que después podría identificarles.

   De ellas, los trabajos de recuperación han logrado rescatar uno de los papeles con la fecha de fusilamiento, 14 de septiembre de 1940, y el nombre de Ramón Gandía Belda, de 23 años, casado y con dos hijos. Este hallazgo es lo que les ha dado la «certeza» de que se encuentran en la fosa correcta, ha celebrado Alonso.

«MÁS FAMILIAS PODRÁN CERRAR SU HERIDA»

   Además, ahora hay otras cuatro familias que van a aprovechar la apertura de la fosa y las pruebas de ADN para llevarse también a sus familiares si se confirma que están aquí. Algunas más se lo están pensando.

   En este sentido, el coordinador del GRMH ha expresado su «satisfacción» por la «utilidad pública» que está teniendo la «lucha tenaz» que emprendió Josefa en solitario y que ahora cuenta con nuevos apoyos. «Más familias podrán cerrar su herida», ha celebrado.

   Tras este hallazgo, finaliza la exhumación, se cierra la fosa y comienza el análisis en laboratorio con la fase de bioantroprometría en laboratorio y las pruebas de ADN, que es espera que puedan obtener resultados en unos dos o tres meses.

   Hasta ahora, los trabajos en la fosa se han llevado a cabo a una altura de entre 2,10 y 2,15 metros de profundidad. Por debajo ha aparecido suelo de cal, «que evidencia la fosa es más grande y que sigue habiendo más restos, pero sin ataúd», ha concluido Alonso.

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-analizaran-

adn-doce-cuerpos-hallados-ataudes-fosa-comun-donde-busca-

jose-celda-20121026153334.html

Foto: PICASA /GRMH

Organizado por CC OO, reunió a personas de Vigo y el Baixo Miño

ANTÓN FERREIRA. A GUARDA COMARCAS@ATLANTICO.NET – 26-10-2012

Más de sesenta personas llegadas de diferentes puntos de Galicia, sobre todo de Vigo y el Baixo Miño, participaron en un acto de homenaje anual ante la Fosa Común de Sestás, donde descansan los restos de los fusilados por el franquismo.

Celso Alonso, que abrió el turno de intervenciones en nombre de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Vigo-Baixo Miño, dijo que “es lamentable que esta barbaridad ocurriese en gentes civilizadas”. Transmitió el saludo del secretario de la Unión Comarcal de CC OO, José Cameselle, que en esta ocasión estuvo ausente por enfermedad, en este acto y cedió el turno de palabra a Benjamín Rocha, en representación de la sección de Vigo que recordó que es el colectivo que año tras año “organiza este acto tan entrañable y de justicia” con quienes están aquí enterrados y que fueron asesinados, dijo, “por haber reclamado justicia, igualdad, paz, pan y trabajo para todos”. Destacó la dura realidad vivida por la gente que “como esta reclamaba justicia y libertad, valores de los que somos herederos y por los que tenemos que luchar día a día. Porque los tiempos no son propicios”. Benjamín Rocha aseguró que “hay un interés grande por recortar derechos laborales,y todavía quieren recortar más; derechos en la enseñanza, en la sanidad, en prestaciones sociales, derechos que llevaron tantos años en conquistar por la sociedad”.

Calificó el campo de concentración de Camposancos como el Mauthausen español, según denominación dada por algunos, donde se hacinaban miles de personas; donde hubo fusilamientos sin juicio y donde se aplicó una ley inhumana, como la ley de fugas. Calificó de asesinatos viles los realizados en las cunetas de Oia, A Guarda, San Simón o Figueirido. Y no quiso olvidar la solidaridad del pueblo de A Guarda, especialmente de Camposancos, con los prisioneros de campo de concentración “con los que se volcaron ayudándolos”.

El alcalde de A Guarda, el socialista José Manuel Domínguez Freitas quien más que un deber estar presente en esta acto consideró “una honra para el alcalde de A Guarda estar en este acto” agradeciendo que cada año “invitéis al alcalde estar aquí en este acto tan emotivo’. 

http://www.atlantico.net/noticia/215910/baixomino/

Al acto acudió el alcalde, el socialista Domínguez Freitas.

Memoria histórica sin fronteras

JOSÉ RAMÓN Villanueva 21/10/2012

Los pasados días 6 y 7 de octubre tuvo lugar en Oloron-Sainte Marie un encuentro de asociaciones francesas y españolas de la memoria histórica, al cual asistieron 17 entidades de ambos países, entre ellas, cuatro aragonesas (Círculo Republicano Galán y García Hernández de Jaca, Arico, Foro por la Memoria de Aragón y la Fundación Bernardo Aladrén). El encuentro, organizado por Terres de Mémoire(s) et de Luttes (TML) bajo el lema La Memoria Histórica, una cuestión de dignidad y justicia democrática, sirvió para abordar diversos temas y proyectos relacionados con esta materia a ambos lados del Pirineo.

En primer lugar, se analizó la situación actual de las políticas públicas de la memoria, constatando con pesar la involución que se está produciendo tras la llegada de la derecha al poder en España. Ejemplo de ello serían la total supresión de dotaciones para memoria histórica en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, la desaparición de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura creada por el anterior Gobierno del PSOE, o la supresión por parte del Gobierno de Aragón del Programa Amarga Memoria que, durante años había realizado una meritoria labor.

Especial atención se dedicó a la vigente Ley de la Memoria Histórica: se valoraron su logros (reconocimiento moral de las víctimas del franquismo, concesión de la nacionalidad española a los brigadistas internacionales y sus descendientes, subvenciones concedidas para exhumaciones de fosas, publicaciones y actividades diversas) y se criticó el que sea una ley que carezca de apoyatura jurídica y de un reglamento específico para desarrollarla. Unánime fue la exigencia de anulación de todas las sentencias y condenas dictadas por los tribunales franquistas para así lograr la plena reparación jurídica de las víctimas: ciertamente, al Gobierno deZapatero le faltó valentía política en este tema, en contraste con lo que hizo el Gobierno de Alemania cuando en 1998 aprobó la ley de nulidad de las sentencias injustas del nazismo.

Se trató igualmente el tema de las fosas comunes, consideradas legalmente como «muestras de delito», ejemplo flagrante de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, razón por la cual todas las exhumaciones deben realizarse a partir de una denuncia inicial que obligue a la justicia a actuar y, consecuentemente, levantar los restos siempre en presencia de un juez y con las indispensables garantías jurídicas. En este sentido, se puso como ejemplo el protocolo de actuación vigente en Aragón el cual, además de muy estricto en cuanto a la aplicación de criterios arqueológicos y antropológicos, se ha cumplido de forma rigurosa. Sobre el tema del Valle de los Caídos, hubo igualmente unanimidad para exigir sacar los restos del dictador del recinto, recordando, tal y como años atrás señaló Baltasar Garzón, que «los restos del responsable de los crímenes no pueden yacer junto a las víctimas. Es la mayor y última ofensa que puede hacérseles».

Por otra parte, se fijaron los criterios de actualización del Manifiesto en Defensa de la Memoria Histórica Republicana hecho público en Zaragoza en octubre del 2011, incluyendo en el mismo la exigencia de internacionalizar judicialmente las demandas y denuncias por crímenes franquistas, el apoyo a la Red Aqua sobre las acciones judiciales que se han abierto en Argentina, así como apoyar la creación de una Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo

También se trató en profundidad el tema de Educación y memoria histórica y, del encuentro de Oloron salieron propuestas concretas como la realización de encuentros entre profesores de historia españoles y franceses, el impulso de contactos entre las universidades de Pau, Toulouse, Zaragoza y la Complutense de Madrid, la adaptación del proyecto Las Rutas de la Memoria a otras comunidades autónomas para impulsar una red transfronteriza que fomente los intercambios escolares (4.000 estudiantes visitan anualmente el cercano Campo de Concentración de Gurs), la creación de una red de recursos didácticos y pedagógicos con objeto de divulgar aspectos relacionados con la memoria histórica, o la puesta en marcha del Tren de la Memoria entre París y Albacete, propuesto por la Asociación de Amigos de Combatientes de la España Republicana (ACER), comprometido con la memoria de las Brigadas Internacionales, o el proyecto de Toulouse como «capital del exilio republicano español» desarrollado por su ayuntamiento, presente en Oloron por medio dePierre Lacaze, alcalde-adjunto de dicha ciudad francesa.

Se constató la necesidad imperiosa de realizar pedagogía sobre este tema por parte de los profesionales de la educación y las asociaciones memorialistas, sin olvidar hacer frente al revisionismo, el cual, como nos recordaban las asociaciones francesas, es un fenómeno internacional, que se extiende como un cáncer cuando nos referimos a la historia de la II República, la guerra civil y el franquismo, alentado últimamente por la involución que suponen las actuales políticas educativas del PP. Una autocrítica interesante fue el constatar la escasa presencia de los investigadores en los medios de comunicación pues, excepción hecha de Julián Casanova, son pocos los historiadores que defienden en ellos la dignidad y la memoria histórica, especialmente en el caso de los medios audiovisuales, cada vez más copados por pseudohistoriadores y tertulianos, tal y como nos recordaba la asociación republicana Ay Carmela de Burdeos.

A modo de conclusión, como señalaba Raymond Villalba, presidente de TML, trabajar por la memoria histórica republicana debe valernos para las luchas actuales a favor de la libertad y la igualdad, para combatir las políticas regresivas de la derecha y la vuelta de los neofranquistas. Esta es una lucha por una causa justa, ya que no se puede hacer memoria sin justicia y porque debe quedar claro que no defendemos una memoria «partidista», sino una memoria «democrática». Y eso es lo importante.

Fundación Bernardo Aladrén-UGT

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/

memoria-historica-sin-fronteras_799922.html

ACTO EN EL CEMENTERIO

Villanueva recuerda a 300 represaliados del 36

NATALIA JUNQUERA Madrid 21 OCT 2012 

Un grupo de hombres armados irrumpe a las dos de la madrugada en un hogar de Pajares de Adaja (Ávila). Dentro, Valerico, su mujer, Virgilia y sus dos hijos, Victorico y Fausto, de cuatro y dos años, duermen. El grupo saca violentamente a Valerico de la cama, le ata las manos, lo introduce en una camioneta y se lo lleva. Virgilia, Victorico y Fausto no volverán a verle. Ninguna autoridad investigó este secuestro. Nadie intentó buscar a los responsables ni al desaparecido.

Nadie lo investigó entonces porque ocurrió en 1936; los hombres armados eran falangistas y a aquella detención ilegal sucedieron 40 años de dictadura. Pero nadie lo investigó tampoco cuando llegó la democracia y se consolidó y eso es lo que ha llevado a Fasuto Canales, el niño de dos años que dormía aquella madrugada del 36 en la habitación de sus padres, a demandar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por “la violación continuada de su obligación de llevar a cabo una investigación efectiva de la desaparición” de su padre e inclumplir así, según la demanda, de 97 páginas, el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

“Mi padre, jornalero, tenía 29 años cuando nos lo arrancaron de un hogar al que nunca volvimos», explica Fausto. «Esa misma noche, mi madre nos llevó a mi hermano y a mí a casa de mis abuelos, que eran pastores, y después se puso a servir en casas para sacarnos adelante. Apenas la veíamos. Estuvo 30 años de luto. No cobró pensión de viuda hasta 1979 y durante toda su vida fue incapaz de hablar de él sin llorar. Yo siempre estoy pensando en mi padre. Para mí ha sido muy frustrante que las autoridades de mi país no me hayan ayudado. Me entra envidia cuando veo que en Argentina, en Chile, en Yugoslavia… sí ha sido posible».

Fausto ha acudido a Estrasburgo tras agotar todas las vías judiciales y administrativas en España. El pasado 27 de febrero el Tribunal Supremo le cerraba la última puerta con una sentencia sobre la competencia para investigar los crímenes del franquismo que establece que “la búsqueda de la verdad” sobre unos hechos “con apariencia de delictivos” es “una pretensión tan legítima como necesaria”, pero en este caso no es posible “una indagación judicial” por concurrir “una causa de extinción de la responsabilidad penal, muerte, prescripción o amnistía”.

El fiscal del Supremo Carlos Castresana, impulsor, junto a Baltasar Garzón, de los procesos abiertos en España contra las juntas militares argentinas y el dictador chileno Augusto Pinochet, ha incorporado a la demanda de Fausto, realizada por el equipo de Rights International Spain, un informe pericial en el que explica la “indefensión” que han sufrido los represaliados del franquismo. “Las víctimas no ejercen las acciones legales cuando quieren, sino cuando pueden”, afirma el informe. “El incumplimiento por parte del Estado de su deber de restablecer la verdad histórica ha condicionado severamente el accionar de las víctimas españolas. Estas se han encontrado frente a la indiferencia general, cuando no ante la abierta animadversión de una parte de la opinión pública, espoleada por algunos medios de comunicación y por algunos representantes políticos conservadores simplemente porque la mayoría de la sociedad española desconoce su pasado. Y se han encontrado, lo que es aún peor, con la incomprensión y el rechazo de las autoridades gubernativas, que han negado autorización o colaboración para las exhumaciones, y de los jueces, que han rehusado cumplir con sus obligaciones tanto del derecho interno como del internacional”.

Castresana explica cómo en Argentina, las demandas de justicia por parte de las víctimas, se reactivaron precisamente tras los procesos abiertos en España en aplicación del principio de jurisdicción universal y la derogación de las leyes argentinas de punto final y obediencia debida, equivalentes a la ley de amnistía española. Y que cuando vieron que los tribunales españoles abrían procesos para proteger a las víctimas de las dictaduras del cono sur latinoamericano, los represaliados del franquismo pensaron que “con mayor razón deberían hacer otro tanto con las víctimas de su propio país. Sin embargo, la realidad que se han encontrado es que los tribunales españoles no han podido, sabido o querido amparar hasta ahora a las víctimas españolas”. Para Castresana la detención ilegal del padre de Fausto es un delito que no prescribe y que el Estado español “está obligado a investigar”.

La demanda incluye también un informe pericial realizado por los antropólogos Francisco Ferrándiz -que investiga para el CSIC desde el año 2002 las políticas de la memoria en España-, Julián López, María García Alonso, Pedro Tomé y Juan Antonio Flores. El documento expone “la marginación sistemática” de las víctimas del franquismo, frente al “tratamiento privilegiado” de las víctimas del bando de los vendedores de la Guerra Civil (“investigados, exhumados y homenajeados”); la “cultura del miedo” a hablar y reclamar que instauraron 40 años de férrea dictadura y las “limitaciones a medio y largo plazo de los pactos políticos de élite, como el caso de la transición española” a la hora de reparar a las víctimas.

Y finalmente, la demanda incluye un tercer informe pericial realizado por los psicólogos Guillermo Fouce, Conchi San Martín, Ernolando Parra y Luis Muiño, que explica “los efectos de la traumatización que se dieron en España durante la guerra y la posterior dictadura militar”.

Desde que llegó la democracia, y en especial, desde que se jubiló, en 1999, Fausto ha dedicado cada jornada de su vida a intentar averiguar qué le ocurrió a su padre. Se ha reunido con ministros, como Ramón Jáuregui, con representantes de casi todos los partidos políticos; acudió a la Audiencia Nacional —su denuncia fue una de las que animó al juez Garzón a abrir la frustrada causa contra los crímenes del franquismo—, a los juzgados territoriales… y mientras pedía ayuda a las autoridades administrativas y judiciales, inició una investigación privada que le permitió averiguar que aquella madrugada de 1936, en la puerta de su casa esperaban vecinos que habían facilitado a los falangistas una lista con nombres de simpatizantes republicanos, y que aquella noche, aportaron, además, las cuerdas que sirvieron para atar las manos de su padre, de 29 años. Que después, se los llevaron en una camioneta con otros cinco hombres y una mujer y que los fusilaron en una cuneta en Aldeaseca, a 25 kilómetros. Y que en 1959 , por orden del Régimen, aquella fosa común fue abierta para trasladar en secreto los restos al Valle de los Caídos. “Todo eso he averiguado, pero no lo sé con certeza. Quiero que se aclaren los hechos en sede judicial. Que Estrasburgo obligue a España a localizar y si es posible, devolverme, los restos de mi padre. No estoy obsesionado con esto, pero sí determinado a seguir”, asegura Fausto. “Y cuando yo muera, si no lo he conseguido, seguirán mis hijos”.

http://politica.elpais.com/politica/2012/10/20/actualidad/

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Fausto Canales muestra una foto de su padre. / ÁLVARO GARCÍA

Atacan y profanan por tercera vez el mausoleo republicano del cementerio de Candeleda

Esvásticas, cruces gamadas e insultos cubren el monumento levantado en honor a las víctimas republicanas de este pueblo e ideado para albergar sus restos.

En el Ayuntamiento de Candeleda (Ávila) «imaginan que se tomarán medidas».

DIANA SÁNCHEZ 19.10.2012

Candeleda, un bonito pueblo abulense de poco más de 5.000 habitantes, en pleno valle del Tiétar, sigue arrastrando las secuelas de la guerra civil española, que quebró la convivencia del pueblo y dejó heridas todavía abiertas.

Por tercera vez desde que fue inaugurado en 2010, el mausoleo levantado en el cementerio del pueblo en honor a las víctimas republicanas ha sido profanado con insultos y pintadas falangistas y nazis.

«Es un pueblo dividido, el recuerdo de la guerra civil perdura» cuenta a 20minutos.es Mariano López, fundador del Foro por la Memoria del valle del Tiétar y la Vera y uno de los promotores del monumento. López ya ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil, aunque no espera que se inicie una investigación en serio. «La Guardia Civil me ha dicho que no tiene medios» explica, y recuerda que las anteriores denuncias fueron archivadas en el juzgado de Arenas, de quien depende el caso. «La justicia no nos ampara». Él cree que el ataque se perpetró la noche del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, aunque fue descubierto el día 17 por una vecina que visitó el cementerio. El primer ataque también tuvo una fecha significativa: se produjo el día en el que ganó la alcaldía el popular José María Monforte.

En el Ayuntamiento de Candeleda, encabezado por Monforte (PP), se limitan a decir que «no se van a pronunciar» y que «imaginan que se tomarán medidas, pues son actos de vandalismo», sin especificar cuáles. López ha pedido a Rodrigo Muñoz, teniente de alcalde, que al menos celebre un pleno condenando los hechos

En la Subdelegación de Gobierno de Ávila las explicaciones no son mucho mejores: «Es un tema que en un principio no nos atañe. Supongo que seguirá el cauce previsto» y justifican su cautela: » Para las administraciones es complicado entrar en estos tema».

El monumento, levantado en tiempos del alcalde socialista Miguel Hernández, costó 21.000 euros de dinero público, subvencionados por el ministerio de Presidencia siguiendo la Ley de Memoria Histórica. Está pensado para que algún día albergue los cuerpos de los 122 vecinos fusilados por falangistas que todavía permanecen enterrados en fosas comunes distribuidas a lo largo de los caminos del pueblo.

López cree que el anterior alcalde tenía pistas de quiénes podían ser los autores de los ataques, pero nunca quiso dar ningún nombre hasta tener pruebas concluyentes, y muestra su indignación por que un monumento «pagado con dinero de todos» sea «mancillado y ensuciado por auténticos salvajes antidemocráticos«. «En Alemania esto sería perseguible, pero aquí las fuerzas de orden público no mueven un dedo», prosigue tras hacer un llamamiento a la unidad y a olvidar viejos rencores.

No parece una tarea fácil a tenor de otros hechos ocurridos en el pueblo. Al ataque a este monumento se une su polémica inauguración, reventada a gritos de «Arriba España» y «Viva Cristo Rey», o la profanación de otro pequeño monumento levantado en la fosa en la que enterraron a Valeriana, Pilar y Virtudes, tres mujeres republicanas fusiladas al comienzo de la guerra.

«Es la España negra, profunda«, concluye López, que cuenta una anécdota ocurrida no hace mucho en la plaza del pueblo. Dos hombres muy ancianos discuten. Uno le recrimina a otro: «Criminal, criminal, que los mataste con las manos atadas», mientras el aludido se marcha sin mirar atrás.

http://www.20minutos.es/noticia/1622027/0/ataque/

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Mausoleo republicano de Candeleda

El mausoleo republicano de Candeleda, profanado con insultos y pintadas falangistas. (Mariano López)

REPRESIÓN | MÁS DE 200 TESTIMONIOS DE TORTURAS SALEN AHORA A LA LUZ

Mujeres que estuvieron en cárceles para niñas

Los preventorios de Franco, con la gestión de la Sección Femenina, sometieron a cientos de niñas a malos tratos, golpes, ensayos médicos y otras aberraciones.

MARÍA JOSÉ ESTESO POVES (REDACCIÓN)

VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2012.  NÚMERO 183

“En septiembre de 1957, mi hermana, que tenía entonces diez años, y yo con ocho, fuimos al preventorio de Guadarrama, en Madrid. Mis padres nos llevaron allí porque los jefes de mi madre se lo recomendaron. Le dijeron que era un sitio muy agradable para que las niñas pasaran unas vacaciones”, recuerda Alicia García Romera.

“Después de 55 años me he reencontrado con todo esto. Ahora sé que todas las niñas que pasaron por el preventorio de Guadarrama sufrieron las mismas torturas. Hasta ahora, nunca habíamos hablado de este tema” explica Alicia, que desde hace un año y medio empezó a indagar. Hoy son más de 200 mujeres las que han revelado que cuando eran niñas pasaron entre tres y seis meses en el llamado preventorio de Guadarrama, un edificio situado en la sierra donde las pequeñas eran sometidas a un régimen carcelario, que incluía malos tratos y torturas, y que estuvo funcionando hasta 1975. Los llamados preventorios fueron creados por el régimen franquista como lugares donde se “prevenían las enfermedades”. Entonces se decía que “el contacto con el aire puro de la sierra” evitaba el contagio de infecciones a las niñas, sobre todo la tuberculosis.

Captar y reeducar a las niñas

“La mayoría de las niñas eran captadas en los colegios por una señorita de la Sección Femenina que daba charlas a las alumnas sobre lo bien que se lo iban a pasar allí”. Las militantes de esta organización franquista reclutaban a las pequeñas con la excusa de que el Estado las llevaba de vacaciones. “Lo vendían como las colonias a las que las niñas iban a disfrutar. Otras veces los médicos recomendaban llevar allí a las pequeñas para que engordaran”, explica Alicia. Asegura que llegaban sanas y salían enfermas. Su historia y el resto de las vivencias de otras internas ha sido reconstruida gracias a las redes sociales. Juntas, esas niñas hoy adultas han puesto en común aquella experiencia.

Cuando Alicia empezó a buscar información se encontró una web en la que ya había 50 testimonios como el suyo. Después, una de ellas, Chus Gil, creó una página en Facebook donde ya son 200 las mujeres que relatan aquellos días terribles de su infancia. “Ahora sabemos que hubo niñas de entre cuatro y 14 años de edad. Nos metían en aquel enorme recinto y ya no salíamos. Ni siquiera cuando los padres nos visitaban, a pesar de estar en la sierra y al lado del pueblo de Guadarrama. En ese tiempo jamás pisamos la calle”. La estancia mínima era tres meses e incluso algunas niñas estaban algún tiempo más.

Disciplina y orden

“Lo primero que hacían cuando llegábamos era ‘desinfectarnos’. Nos desnudaban y nos ponían unos polvos por todo el cuerpo y en la cabeza también, donde nos colocaban un trapo que teníamos que llevar durante dos días”, relata la exinterna de aquel preventorio como si fuera ayer. “Luego nos ponían a todas desnudas, en fila. Muchas eran niñas, pero otras, ya adolescentes, tenían vergüenza y se tapaban. Las cuidadoras nos lavaban una a una con un estropajo y chorros de agua. Otra nos secaba, a todas con la misma toalla. Después nos ponían la ropa del preventorio y la nuestra desaparecía”. Alicia recuerda que eran escenas muy tristes y que tenían prohibido hablar.

Siguiendo con esa disciplina, todos los días rezaban el rosario y “tras los rezos salíamos a cantar el cara al sol al patio. Las niñas éramos tan pequeñas que ni sabíamos qué significaba aquello. Pasábamos mucho frío fuera. Nos ponían firmes, sin apenas ropa y en alpargatas, mientras las cuidadoras llevaban grandes capas”. La vigilancia era constante y nunca estaban solas. “Íbamos de susto en susto. Casi a diario nos pinchaban, pero no sabemos aún qué nos inyectaban, tampoco nuestros padres”.

Todas estas mujeres están buscando documentación pero no aparece ningún documento oficial sobre aquel centro, tampoco sobre las personas que trabajaron allí. Aquel edificio, situado en el pueblo madrileño de Guadarrama, sigue en pie y hoy es un centro para huérfanos de la Guardia Civil, a quien pertenece.

Alicia García asegura que todos los testimonios revelan lo mismo: a los pocos días las niñas escribían a los padres para que las sacaran de allí. Pero las cartas estaba censuradas por esas cuidadoras e incluso ellas dictaban lo que tenían que poner. Las visitas estaban controladas también. “Teníamos que decir que estábamos encantadas. Siempre había una ‘señorita’ presente durante la visita de los padres y cuando éstos comentaban algo, ellas insistían en que eran cosas de niñas”, explica Alicia.

Pero cuenta que además estaban llenas de moratones: “Tortazos, tirones de pelo, amenazas, por todo nos pegaban…Además, teníamos que salir gorditas y la comida era espantosa. Las niñas que vomitaban tenían que comerse sus vómitos. A otras, pequeñas, que se meaban en la cama, les colocaban ortigas en el culo. A una de las mayores, que insistía en lavarse sola, las cuidadoras la cogieron de los pies y le metieron la cabeza en el lavabo una y otra vez”.

Alicia concluye: “Sabemos que una vez fue un hombre mayor a hacerse fotos con la niñas desnudas en las duchas. Estábamos tan mal… que algunas niñas iban a las ventanas a pedir socorro”. A pesar de todo, Alicia y su hermana tuvieron suerte. Sus padres las sacaron de allí a los dos meses, pero dice que algunas tenían tanto pánico que no contaron nada porque estaban amenazadas. Hoy, algunas de estas mujeres van a unir su testimonio a la causa argentina para juzgar los crímenes de la dictadura franquista

NIÑOS ROBADOS. CRÍMENES QUE NO HAN PRESCRITO

La Audiencia Provincial de Madrid dictaminó el pasado 4 de octubre que el robo de bebés no prescribe. Esta noticia ha sido celebrada por las asociaciones de afectados por el robo de bebés, que piden la reapertura de decenas de denuncias archivadas en todo el Estado español. Al mismo tiempo, desde septiembre, el juez Adolfo Carretero, del juzgado 47 de Madrid, que instruye el caso del presunto robo de la hija de María Luisa Torres, sigue tomando declaración a médicos, enfermeras y exresponsables de la Asociación Española para la Protección de la Adopción implicados en el caso.

Por otra parte, la Diputación de Valencia va a entregar 20.000 euros anuales durante cuatro años a la casa cuna Santa Isabel de esa ciudad, que gestiona la monja sor Juana desde hace más de 40 años y que está presuntamente implicada en el robo de bebés en Valencia. En esa misma comunidad hay previstas próximamente la apertura de varias tumbas de bebés supuestamente robados.

http://www.diagonalperiodico.net/Mujeres-que-estuvieron-en-carceles.html

REENCUENTRO. Alicia García, Ángela Fernández y Chus Gil fueron internas del Preventorio de Guadarrama. Foto: David Fernández.

La causa de Garzón contra el franquismo llega a Estrasburgo

Presentada en el TEDH la denuncia por un caso de desaparición forzada durante la dictadura. Se trata del siguiente paso tras la investigación de Garzón frustrada por el Supremo

PATRICIA CAMPELO MADRID 16/10/2012

Cuando en febrero de este año el Tribunal Supremo cerró la puerta a la investigación penal de los crímenes franquistas en España, abrió al mismo tiempo una ventana. Con la sentencia que absolvió al ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de un caso de prevaricación por tratar de investigar los casos de desapariciones forzadas durante la dictadura, el Alto Tribunal fulminó cualquier posibilidad de recabar justicia en los tribunales españoles. Se daba, de este modo, el último paso de un itinerario obligado antes de llamar a las puertas de Europa. Ahora, una de las víctimas que formaba parte del sumario de Garzón acaba de demandar al estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). Fausto Canales Bermejo, hijo de un desaparecido en Pajares de Adaja (Ávila) el 20 de agosto de 1936, ha interpuesto la denuncia ante el TEDH «por la falta de investigación en la desaparición forzada de su padre», según informa Right International Spain (RIS), el colectivo que integra al equipo de juristas que representa a Canales en este proceso.

El escenario en el que llega esta demanda es bien distinto al que existía cuando otras víctimas interpusieron, sin éxito, denuncias similares ante el tribunal europeo. «Se trata de la primera demanda que se presenta después de la sentencia del Supremo de 27 de febrero por la cual Garzón queda absuelto de un delito de prevaricación y, al mismo tiempo, se anula cualquier posibilidad de realizar una investigación judicial en este sentido», aclara Lydia Vicente, jurista miembro de RIS. Agotada la vía penal en los tribunales españoles, el siguiente y último paso tiene que darse en Estrasburgo. En caso de que el tribunal europeo no admitiese a trámite la demanda y no entrase en el fondo de la cuestión «desaparecerá toda posibilidad de poner fin a las violaciones de derechos y a la obtención de reparación para el demandante», advierte RIS.

Pero la formulación de la demanda, en forma y plazo según los requisitos del TEDH, otorga esperanzas al hijo de Valerico Canales.

La víctima fue sacada a la fuerza de su casa a las dos de la madrugada por un grupo de falangistas y sus restos, según sospecha la familia, podrían estar en la caja 198 de la cripta del Valle de los Caídos. Su hijo Fausto no ha cejado nunca en la búsqueda de la verdad sobre el paradero de su padre y circunstancias de la desaparición. En diciembre de 2007, presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional con la esperanza, al igual que otras víctimas, de «que se aplicaran los mismos principios de derecho internacional utilizados con anterioridad para investigar crímenes y reparar víctimas de otras dictaduras, como la argentina o la chilena».

Inacción de los juzgados territoriales

Hace siete meses, el Supremo resolvió la cuestión de competencia suscitada en 2009 que debía dilucidar sobre qué juzgados debían investigar los delitos del franquismo. El auto de 28 de marzo determinó que los juzgados territoriales serían los competentes en lo relativo a los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo así como las exhumaciones en fosas comunes, cerrando toda posibilidad de investigación penal al no admitir la consideración de «delitos contra la humanidad». La Sala solo aceptó que los descendientes de desaparecidos pudieran acudir a la justicia penal para la apertura de estos enterramientos ante los juzgados territoriales de la zona donde se hallara la fosa, algo que, por otro lado, ya posibilitaba la Ley de memoria histórica. Esta norma ofrece facilidades para la apertura de fosas comunes desde 2007. Es decir, las exhumaciones ya se realizan desde hace años al margen de la competencia que el Supremo dio en su auto de marzo a los juzgados territoriales.

«Ese auto reafirma los argumentos de la sentencia de 27 de febrero que absolvió a Garzón pero que cerraba la puerta de la vía penal para la investigación sobre la suerte y paradero de las personas desaparecidas». «Ese texto determinó que el juez penal no tiene nada que hacer respecto a la investigación de los hechos delictivos y limita su actuación a la mera apertura de fosas», subraya Vicente. Así, los juzgados territoriales no investigan alegando la ley de amnistía, la falta de competencia penal o que los delitos han prescrito. «Existen al menos cuatro casos abiertos en juzgados territoriales que han sido archivados alegando los argumentos dados por la sentencia y por el auto del Tribunal Supremo», añade.

Por todas estas consideraciones, la senda que se abre paso para Fausto Canales y, por extensión, al resto de víctimas del franquismo, toma un cariz optimista. Frente a la docena de denuncias similares presentadas ante el TEDH, y rechazadas, la interpuesta este mes por Canales llega en un contexto favorecedor para exigir al estado el cumplimiento de su responsabilidad en materia de derechos humanos.Casos como el del diputado socialista en 1936 Luís Dorado Luque, el del presidente de la República Juan Negrín o los que se refieren a la apertura de fosas y a la revisión de sentencias de juicios sumarísimos ni siquiera fueron admitidos a trámite por el tribunal europeo. «Estrasburgo aún no se ha pronunciado sobre la violación del estado español de sus obligaciones respecto a las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron en la Guerra Civil y continuaron en el franquismo», arguye RIS.

Responsabilidad de las instituciones españolas

Fausto Canales ha realizado una incesante actividad para conocer la suerte y el paradero de su padre «pero sólo ha encontrado respuestas elusivas y contradictorias por parte de las autoridades españolas, ausencia de información y obstáculos en su investigación». «El estado español ha tenido oportunidades para poner remedio a las violaciones de derechos humanos, por tanto sólo él es responsable de no haber actuado con la debida diligencia», defiende el grupo de juristas.

España suscribió el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en octubre de 1979, lo que implica una serie de obligaciones ante las graves violaciones de estos derechos. La desaparición forzada es una de ellas, «tiene carácter continuado y se debe investigar hasta poner fin a esa violación así como garantizar el derecho a las víctimas a saber la verdad y obtener justicia y reparación», concluyen.

Esta tarde a las 19.00 en el Ateneo madrileño tendrá lugar un acto moderado por el magistrado emérito José Antonio Martín Pallín en el que se explicarán al público los detalles de la demanda ante el TEDH.

Argentina prosigue con la querella

Al margen de las obligaciones que tiene España con las víctimas del franquismo en virtud del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, en Buenos Aires prosigue la investigación penal contra algunos de los responsables de delitos durante la dictadura. La diferencia con la labor del TEDH -al que se le demanda la falta de responsabilidad del estado español en cuanto al cumplimiento del citado convenio- reside en que la querella interpuesta en Buenos Aires el 14 de abril de 2010 busca recabar responsabilidades penales personales entre las autoridades de la dictadura.

http://www.publico.es/espana/443938/la-causa-de-

garzon-contra-el-franquismo-llega-a-estrasburgo

Desaparecidos durante la represion de la dictadura – EFE

Aranzadi exhuma en el cementerio de Tudela el cuerpo de un varón fusilado en 1936

NIEVES ARIGITA – Domingo, 14 de Octubre de 2012

TUDELA. Los voluntarios de Aranzadi exhumaron ayer en Tudela, los restos de un varón «de más de 30 años y menos de 50» que se encontraba enterrado junto a la tapia del cementerio de la capital ribera. Los huesos podrían pertenecer al vecino de Cascante Carmelo Jiménez Munárriz, que fue fusilado el 21 de agosto de 1936, cuando tenía 42 años.

De confirmarse esta hipótesis, se pondría punto y final a la angustia de la familia del fallecido y a la incertidumbre que se cernía sobre unos restos que habían sido localizados por primera vez en febrero de 2010, con motivo de la exhumación de los de los abliteros Bonifacio Gracia e Higinio Arriazu, ambos ya identificados y enterrados en el cementerio de su localidad. En aquella ocasión, al no tener reclamación del cuerpo, los encargados de la excavación marcaron el lugar en el que se encontraba el cadáver y volvieron a cubrirlo. En abril de este mismo año, la zanja tuvo que abrirse de nuevo en los trabajos de búsqueda de los castejoneros Salustiano Plaza y Miguel Hernández. Ayer por fin, miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, bajo la dirección del antropólogo forense Francisco Etxeberria, pudieron sacar de la fosa el cuerpo para efectuar el estudio de los huesos y, en su caso, cotejar su ADN con el de los familiares de Carmelo Jiménez Munárriz, con el objetivo de identificar a la persona que yacía en el cementerio tudelano a una profundidad de un metro y 65 centímetros.

VARIOS DISPAROS La exhumación se desarrolló durante toda la mañana y en ella estuvieron presentes la hija de Carmelo Jiménez, Carmen, y dos de sus nietos. La primera cumplió seis meses el día que fusilaron a su padre, un electricista vecino de Cascante, de 42 años, afiliado a UGT, y padre de 9 hijos. «En mi casa se ha hablado muy poco de esto, pero de mis padres siempre he oído que mi abuelo estaba enterrado en el cementerio de Tudela; no sabía si dentro o fuera, pero sí al lado del muro», recordó Carmelo Jiménez, nieto del asesinado.

Entre los datos que baraja la familia, entresacados de las furtivas y escasas conversaciones que han podido escuchar en los últimos años, también se sabe que Carmelo fue fusilado después de permanecer detenido e intentar cortarse las venas en un vano intento de alargar el tiempo de su condena junto a los suyos. «Cuando se recuperó de esas lesiones, lo arrastraron atado a una furgoneta para desfigurarlo y que nadie lo reconociera, y lo mataron», cuenta el nieto. Los restos exhumados pertenecen a un varón de entre 30 y 50 años. Presentan traumatismos por proyectil de arma de fuego en la cabeza y en ambos brazos, fracturados por los disparos. Junto a un botón, una hebilla y un diente de oro (que podría añadirse a los posibles indicadores de identidad) se halló un proyectil de bala.

http://www.noticiasdenavarra.com/2012/10/14/sociedad/navarra/

aranzadi-exhuma-en-el-cementerio-de-tudela-

el-cuerpo-de-un-varon-fusilado-en-1936

La hija de Carmelo Jiménez (con bufanda), en la exhumación. (Foto: f. p-n.)