A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA

IU Y PSOE UNEN SUS PROPUESTAS SOBRE LOS RESTOS DE FUSILADOS DEL CEMENTERIO

AMBOS PARTIDOS ABRIRÁN EN SUS SEDES UN PUNTO DE INFORMACIÓN PARA ATENDER LAS DEMANDAS CIUDADANAS

REDACCIÓN CÁDIZ | ACTUALIZADO 21.06.2013

Los portavoces de los grupos municipales de Izquierda Unida y el Partido Socialista, Sebastián Terrada y Francisco González, se reunieron ayer con representantes de la Plataforma de Memoria Histórica ‘Por los restos de los fusilados y fusiladas que se encuentran en el Cementerio de Cádiz’, una plataforma integrada por un total de diecisiete colectivos. 

En dicho encuentro, según informaron los partidos políticos en una nota de prensa conjunta, los portavoces de ambas formaciones políticas y los representantes de la plataforma conversaron sobre los restos de personas represaliadas por el régimen franquista que aún permanecen en el cementerio de San José y sobre qué ocurrirá con ellos ante la próxima clausura definitiva del camposanto que ya fue aprobada en el pleno municipal. 

En este sentido, según la nota, se alcanzaron una serie de acuerdos. En primer lugar, la plataforma, con el apoyo de los grupos municipales, planteará y hará lo posible para que «los restos, una vez exhumados con el rigor que contempla la ley, se queden en el mismo lugar del cementerio, en un espacio denominado ‘Parque de la Memoria’ o similar». 

Asimismo, se alcanzó un compromiso para habilitar un punto de información destinado a aquellas personas que quieran buscar los restos de sus familiares. De este modo, la sede local de IU, situada en la calle Hospital de Mujeres, 50, atenderá los lunes y miércoles en horario de 10 a 12 y de 18 a 20 horas, mientras que en el mismo horario se atenderá en la sede local del PSOE, situada en la calle Gaspar del Pino, 4, los martes y jueves. Además, para ampliar la información y hacer partícipe al máximo posible de gaditanos, la plataforma se plantea montar en los próximos días mesas informativas en puntos estratégicos de la ciudad. 

Finalmente, de la reunión surgió también el acuerdo de realizar un acto público a las puertas del cementerio, el próximo 20 de julio, en el que participarán cantautores y poetas con el objetivo de que «la ciudad en su conjunto rinda un merecido y sentido homenaje a las miles de víctimas del Franquismo en el Cádiz, antes de que el cementerio donde se encuentran sus restos quede clausurado para siempre, aunque no olvidado, ya que por ello se trabajará sin descanso con la propuesta del ‘Parque de la Memoria'». 

Los colectivos que integran esta plataforma son: Asociación de Amigos de Fermín Salvochea, S.O.S Bebés Robados, UGT, CC.OO., CGT, las asociaciones por la Memoria Histórica de San Fernando, Puerto Real y Chiclana, Ateneo Republicano de Puerto Real, Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, Federación de AAVV 5 de abril, APDHA, PSOE, IU, PCE, Juventudes Socialistas y Unión de Juventudes Comunistas de España.

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1548965/iu/y/psoe/unen

/sus/propuestas/sobre/los/restos/fusilados/cementerio.html

COMIENZAN LAS CATAS EN LAS FOSAS COMUNES DEL CEMENTERIO

PUBLICADA POR JAVIER FLORES GONZÁLEZ

SE CALCULA QUE PUEDE HABER ENTERRADOS ENTRE 1.500 Y 3.000 CUERPOS

Ayer comenzó en el cementerio de San Lorenzo de Ronda las catas para llevar a cabo la exhumación de sus fosas comunes, en las que se podrían encontrar enterradas entre 1.500 y 3.000 personas, según los cálculos de la Asociación para la Memoria Histórica. En el recinto existen dos amplias zonas de enterramientos, en las que hay restos de fusilados por parte de los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil española. No obstante, la mayoría de ellos se cree que pertenecen a los republicanos que fueron ejecutados durante la guerra y tras su finalización.

Las estimaciones apuntan a que podrían existir una veintena de fosas, algo que ahora se trata de delimitar con las catas, al objeto de poder obtener la mayor información posible sobre la localización de los cuerpos, las fosas que finalmente existen, su ubicación en el terreno o la profundidad a la que comienzan a aparecer restos, entre otros datos. Los datos iniciales apuntan a que las fosas rondeñas podrían ser las segundas de la provincia en número total de fusilados, tras la existente en el cementerio malagueño de San Miguel.

Los familias ven el inicio de los trabajos el principio del fin de un largo trayecto que algunos creyeron que nunca llegaría. Ahora muchos comienzan a ver hecho realidad el deseo de poder dar un entierro digno a sus familiares. “Llevo toda la vida luchando por este momento”, asegura una de las personas que están llevando a cabo los trabajos, a quien su abuela le había pedido trabajar para conseguir sacar a su abuelo en algún momento de la fosa.

De momento, los trabajos previos está previsto que puedan durar sobre un mes, lo que supondría poder pedir los permisos para la exhumación para finales de año.

http://www.lavozderonda.es/2013/06/20/ronda/comienzan-

las-catas-en-las-fosas-del-cementerio-para-exhumar

-los-restos-de-la-guerra-civil/

“EL ESTADO ESPAÑOL PARECE BUSCAR LA GARANTÍA DE IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES DE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO”

A. MOYA | 18/06/2013

“Todos los poderes del Estado español han tomado medidas que parecen buscar garantizar la impunidad de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo”. Esta es una de las principales conclusiones del informe El tiempo pasa, la impunidad permanece, del que es autor Ignacio Jovtis y que ha sido presentado por Amnistía Internacional. Añaden que en lo que se refiere a la querella Argentina sobre los crímenes del franquismo, España debe cooperar plenamente con Argentina u otros Estados en el enjuiciamiento de estos crímenes”, con independencia de que nuestro país decida iniciar investigaciones, “obligación hasta el momento insatisfecha”.

Incumplimiento de España
“La ausencia de investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo constituye un incumplimiento por España de su obligación de poner fin a la impunidad y de garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, la justicia y la reparación en el caso de crímenes de derecho internacional, denuncia la organización”. Señalan además que los distintos poderes del Estado español evitan investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo y en concreto el Poder Judicial se niega a investigar y archiva las denuncias de las víctimas. Ver informe de Amnistía Internacional .

El poder judicial se niega a investigar
En su informe Amnistía Internacional constata como el poder judicial español se niega a investigar y archiva las denuncias de las víctimas y que el poder legislativo, reacio a adherirse a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, ha confirmado la vigencia de la Ley de Amnistía. “Mientras tanto, las víctimas y sus familiares siguen enfrentándose a obstáculos que ponen en peligro su derecho a la justicia, la verdad y la reparación”.

Se cierra la investigación
En noviembre de 2008, la Audiencia Nacional declinó su competencia sobre la querella presentada en 2006 por homicidios y desapariciones forzadas (114.266 desapariciones) cometidos en España entre 1936 y 1951 a favor de juzgados territoriales. Desde entonces, Amnistía Internacional ha realizado un seguimiento de la actuación de estos juzgados y ha constatado que de los 47 casos derivados, al menos 38 se han archivado.

La situación ha empeorado
“Ya denunciamos en 2012 que existía una tendencia continuada a archivar estos casos. Pero la situación ha empeorado desde la sentencia del Tribunal Supremo, que señala que no corresponde a los jueces españoles enjuiciar estos crímenes. Se cierra así la única vía de investigación judicial existente en España”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

La sentencia que absolvió a Garzón
El 27 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo dictó la sentencia 101/2012 que absolvió al juez Baltasar Garzón de prevaricación por haberse declarado competente para investigar los crímenes de la guerra civil y del franquismo, pero estableció la imposibilidad de que otros jueces lo hicieran en base a argumentos que para Amnistía Internacional, son contrarios al derecho internacional, entre ellos “la vigencia de la Ley de Amnistía, la prescripción de los delitos de derecho internacional, o una errada interpretación del principio de legalidad penal”.

El TEDH rechaza denuncias
Recuerda Amnistía que también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) inadmitió al menos ocho denuncias contra España por este tipo de crímenes basándose, entre otros argumentos, en que los hechos ocurridos fueron anteriores a la entrada en vigor del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el retraso de las víctimas en la interposición de la demanda.

Víctimas privadas de su derecho
“Por un lado, -apuntan- el TEDH ha reconocido que la obligación de investigar del Estado ha evolucionado y es autónoma respecto a la entrada en vigor del Convenio (TEDH Silih contra Eslovenia). Por otro, al reprochar a las víctimas negligencia temporal en la interposición de la demanda, se ignoran los obstáculos de derecho interno que precisamente continúan impidiéndoles acceder a la justicia, y se transfiere la obligación de debida diligencia del Estado (a quien corresponde investigar) a las víctimas. En opinión de la organización, las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo continúan privadas del derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional previsto por el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

Trabas a la jueza argentina
“La Justicia argentina continúa investigando la querella interpuesta en 2010 por crímenes cometidos en España entre 1936 y 1977. Las autoridades judiciales argentinas han solicitado información en dos ocasiones a las autoridades españolas. La Fiscalía española, en sus informes, ha respondido – sorprendentemente – que se está investigando, pese a reconocer el archivo de al menos 22 causas, y ha pedido a Argentina que se abstenga de investigar, asegurando que es España quien tiene preferencia en la misma”, explican.

España no investiga
“Esta interpretación de la Fiscalía española nada tiene que ver con el derecho internacional. La jurisdicción universal es, por definición, concurrente y no subsidiaria, es decir, no exige el fracaso de la investigación ante los tribunales del territorio donde se ha cometido el crimen para habilitar la competencia del tribunal extranjero. En el caso de que España estuviera investigando los crímenes, algo que no está pasando, ello no excluiría en ningún momento que Argentina, o cualquier otro país, también pueda hacerlo. La lucha contra la impunidad es de competencia universal”, declaró Esteban Beltrán.

Recomendaciones a jueces y fiscales
Amnistía Internacional concluye realizando una serie de recomendaciones para conseguir la justicia, la verdad, y la reparación de las víctimas y sus familiares. Al Poder Judicial, le plantea que aplique el derecho internacional como parte del ordenamiento jurídico español y que el Tribunal Supremo rectifique su fallo del 27 de febrero de 2012. A la Fiscalía, que actúe de oficio para la investigación y persecución de crímenes o delitos de derecho internacional y que colabore plenamente en cualquier solicitud de cooperación emitida por tribunales extranjeros que decidan investigar sobre estos crímenes cometidos en España.

El Gobierno y el Parlamento deben actuar
En cuanto al Gobierno, debería adoptar medidas inmediatas para aplicar plenamente las recomendaciones de los órganos internacionales en relación a la Ley de Amnistía y a la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional, incluidas las del Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Tortura. Por último, Amnistía se dirige al Parlamento paraque acceda prontamente y sin reservas a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

http://www.elplural.com/2013/06/18/el-estado-espanol-parece-

buscar-la-garantia-de-impunidad-de-los-crimenes-

de-la-guerra-civil-y-el-franquismo/

FORMAN PARTE DE UNA «LARGA LISTA»

LA JUNTA NOMBRARÁ EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS MÁS DE 20 NUEVOS LUGARES DE LA MEMORIA HISTÓRICA, ENTRE ELLOS FOSAS Y CÁRCELES

VALDERAS PARTICIPA EN EL ACTO DE HOMENAJE Y SEÑALIZACIÓN DE LA CASA DE BLAS INFANTE COMO LUGAR DE MEMORIA HISTÓRICA

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 19 JUN. (EUROPA PRESS) –

La Junta de Andalucía nombrará en las próximas semanas más de 20 nuevos Lugares de la Memoria Histórica, según ha indicado este miércoles el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, quien ha participado junto con el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local, Diego Valderas, en el acto de homenaje y señalización de la Casa de Blas Infante como Lugar de Memoria Histórica, en el que también ha participado María de los Ángeles Infante, hija del padre de la Patria andaluza.

   En declaraciones a los periodistas, Naranjo no ha indicado las ubicaciones concretas de estos lugares aunque sí que ha apuntado que se tratará de fosas comunes, cementerios, cárceles o edificios de carácter civil situados en las ocho provincias andaluzas. Ha asegurado que forman parte de una «larga lista» de unos 60 lugares que se irán declarando conforme se vayan fundamentando de manera histórica, «lo que se están haciendo todo lo deprisa que podemos».

   Por su parte, Diego Valderas ha explicado que la Junta de Andalucía vuelve a rendir hoy homenaje a la figura de Blas Infante, padre de la Patria andaluza, y a todos los hombres y mujeres que dieron su vida por la libertad y la democracia. En su opinión, la Casa de Blas Infante debe ser un lugar cada día «más conocido y transitado» por los andaluces.

   Este acto de señalización de la casa de Blas Infante, de enorme importancia para el Gobierno y el pueblo andaluz, según ha subrayado Valderas, forma parte de la construcción de un relato veraz «acerca de nuestra historia, sobre nuestra resistencia como pueblo, de nuestra apuesta común por la libertad».

RECLAMA LA ANULACIÓN DE LA SENTENCIA A BLAS INFANTE

   Tras reclamar la anulación de la sentencia a Blas Infante dictada por los tribunales franquistas, Valderas ha considerado que la reivindicación permanente y activa del pensamiento de Blas Infante cobra un nuevo y fecundo sentido como proyecto y como eje de actuación pública en la coyuntura social, política y económica que venimos atravesando.

   En este sentido, también ha explicado que el legado de Infante tiene nombre ahora. «Se llama profundización democrática, se llama autogobierno pleno, se llama defensa del muncipalismo como bases locales de poder político y no como simples unidades de gestión  territorial», ha precisado.

   Valderas hecho una explicita referencia a los difíciles momentos que están pasando muchas familias andaluces, y en alusión a la Constitución y al Estatuto de Autonomía Andaluz, ha remarcado el interés público y la dimensión social que debe de tener la propiedad, el uso social de nuestras «tierras fértiles» como vivero de trabajo y de dignidad para los trabajadores de la Andalucía rural.

   «El pedid tierra y libertad de nuestro himno debe seguir sacudiendo e interpelando a la ciudadanía andaluza y especialmente a sus responsables políticos, para hallar fórmulas comprometidas e imaginativas que hagan realidad ese grito de justicia social para el campo andaluz», ha apuntado el vicepresidente.

LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA YA ESTÁ «MUY AVANZADA»

   Valderas ha comentado que el reconocimiento que se ha hecho de la Casa de Blas Infante como Lugar de Memoria permitirá no olvidar a quienes durante décadas han estado enterrados en las cunetas y en los olivares de Andalucía y ha pedido la colaboración de todos los andaluces para que sigan participando en la elaboración de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, «una ley que dará justicia, dignidad y reparación a todos los que lucharon por la libertad, la defensa de la legalidad y la justicia social».

   En relación a la citada normativa, Naranjo ha indicado que se encuentra «muy avanzada» y que se ha hecho un trabajo profundo de participación social. En su opinión, la norma va a suponer «una ruptura histórica», una forma de responder «con prontitud y eficacia» a los derechos de las víctimas, lograr «justicia y reparación» y conseguir que la Junta esté presente de forma «plena y de oficio», no solo en las labores de exhumación, sino también de difusión sobre lo que ocurrió.

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-

nombrara-proximas-semanas-mas-20-nuevos-lugares-memoria-

historica-ellos-fosas-carceles-20130619140210.html

Foto: EUROPA PRESS

«EL TIEMPO PASA, LA IMPUNIDAD PERMANECE». AI VUELVE A DENUNCIAR EN UN DEMOLEDOR INFORME LA IMPUNIDAD DEL GENOCIDIO FRANQUISTA

DURÍSIMO Y ESCLARECEDOR INFORME EN EL QUE AMNISTÍA INTERNACIONAL SEÑALA EL «INCUMPLIMIENTO POR ESPAÑA DE SU OBLIGACIÓN DE PONER FIN A LA IMPUNIDAD Y DE GARANTIZAR A LAS VÍCTIMAS EL DERECHO A LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN EN EL CASO DE CRÍMENES DE DERECHO INTERNACIONAL», Y ARREMETE CONTRA EL PODER JUDICIAL, LA FISCALÍA, EL GOBIERNO Y EL PODER LEGISLATIVO, QUIENES «PARECEN BUSCAR GARANTIZAR LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES DE DERECHO INTERNACIONAL COMETIDOS DURANTE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO.»

MEMORIA HISTÓRICA | CÉSAR PÉREZ NAVARRO – TERCERA INFORMACIÓN | 17-06-2013

«Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975) siguen siendo denegados en España. Las investigaciones en otros países, en aplicación del llamado “principio de jurisdicción universal”, se presentan entonces como una vía para luchar contra la impunidad«.

Este clarificador párrafo es el comienzo de un nuevo informe deAmnistía Internacional (IA) en el que esta organización investiga «la respuesta dada por la justicia española a los casos derivados de la inhibición» del juzgado de la Audiencia Nacional que estuvo a cargo de Baltasar Garzón tras la presentación de la querella de 2006 «por homicidios y desapariciones forzadas en el marco de crímenes contra la humanidad cometidos en España entre 1936 y 1951, que daba cuenta de 114.266 desapariciones«, sólo una fracción de los asesinatos cometidos.

Amnistía Internacional recuerda que su informe Casos cerrados, heridas abiertas: El desamparo de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España, de mayo de 2012, ya «reveló una tendencia continuada al archivo por parte de los jueces españoles», y que tal tendencia «se consolidó» tras la sentencia del Tribunal Supremo en el caso ’Manos Limpias y Asociación Libertad e Identidad vs Baltasar Garzón’ por prevaricación judicial, STS 101/2012. En esta sentencia, el Supremo reconoció la vigencia de la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977, utilizando argumentos neofranquistas con un marcado carácter ideológico (*) y contra los postulados de la ONU, que pidió explícitamente su derogación el 31 de octubre de 2008 y exigió su retirada otras tres veces en 2009: el 5 de enero mostró su «preocupación» por «el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía» de 1977, recordando que «los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles» y que las amnistías «relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos»; El 19 de noviembre y 21 de diciembre de ese mismo año, el Comité contra la Tortura de la ONU volvió a señalar explícitamente la norma porque «el enjuiciamiento de actos de tortura no se debe limitar por el principio de legalidad, ni por el efecto de prescripción». A continuación, reiteraba la exigencia: «El Estado debería asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía».

El informe «EL TIEMPO PASA, LA IMPUNIDAD PERMANECE. La jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España« supone un nuevo revés contra la imparcialidad y autoridad -al menos moral- delSupremo, pues AI considera que el alto tribunal utiliza argumentos «contrarios al derecho internacional» para «declarar que los jueces españoles no deben investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo»: el principio de legalidad penal, la prescripción, el fallecimiento de las personas presuntamente responsables, la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria Histórica propugnada por el anterior gobierno del PSOE, pues considera que esta «no garantiza el derecho a la verdad ni a la justicia».

Numerosas son las denuncias de un exhaustivo informe que pone en evidencia que de los 47 casos derivados de la inhibición de Garzón, al menos 38 fueron archivados por los jueces españoles (sin perjuicio de que el número de archivos sea mayor).

Respecto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien desestimó hasta ocho denuncias contra el estado español, AI observa incongruencias como que «al reprochar a las víctimas negligencia temporal en la interposición de la demanda, se ignoran los obstáculos de derecho interno que precisamente continúan impidiéndoles acceder a la justicia, y se transfiere la obligación de debida diligencia del Estado (a quien corresponde investigar) a las víctimas».

Sobre la querella argentina, interpuesta el 14 de abril de 2010, por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, AI vuelve a cuestionar a la Fiscalía General del Estado en su respuesta del de 27 de marzo de 2012 a Argentina, pues considera que pretende «poner límites a la jurisdicción universal», que establece que no existen «límites a la competencia de los Estados por razón de su territorio, de la nacionalidad, etc.».

En definitiva Amnistía Internacional acusa a «todos los poderes del Estado español» de tomar medidas para perpetuar la impunidad, observando en sus conclusiones las múltiples acciones de los distintos poderes del Estado español evitan investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo;

«El Poder Judicial deniega investigar y archiva sistemáticamente las denuncias de las víctimas. La Fiscalía no colabora con las peticiones de auxilio judicial internacional de Argentina al no transmitir la información solicitada; al afirmar, sin ser cierto, que España está investigando, y al invocar que tiene jurisdicción preferente para hacerlo. El Gobierno ha obstaculizado que las víctimas presten declaración, poniendo así trabas a que otros países investiguen crímenes de derecho internacional. Y el Poder Legislativo, reacio a ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, a su vez, ha confirmado la vigencia de la Ley de Amnistía. Se advierte, por tanto, que todos los poderes del Estado español han tomado medidas que parecen buscar garantizar la impunidad de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo».

Las recomendaciones finales se dirigen no sólo a todos estos poderes, sino también al Poder Judicial argentino, a quien insta a «Continuar la investigación sobre los crímenes o delitos de derecho internacional cometidos en España en el pasado, sin dilación», haciendo hincapié en los «hechos atroces de genocidio y/o lesa humanidad durante la Guerra Civil española y el franquismo».

(*) En ningún caso fue una ley aprobada por los vencedores, detentadores del poder, para encubrir sus propios crímenes, sino que es una ley que se promulgó con el acuerdo de todas las fuerzas políticas, con un evidente sentido de reconciliación.

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article53592

PROYECTO DE EXHUMACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

DOMINGO, 16 DE JUNIO DE 2013

La Asociación Charata para la Recuperación de la Memoria Histórica de Uncastillo (Zaragoza) y la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (A.R.I.C.O.) se han propuesto iniciar la exhumación de los cadáveres de Saturnina Arbea Villacampa yMariano Legarre Mínguezen el cementerio de Sos del Rey Católico durante el mes de agosto. en este enlace puede leerse toda la información al respecto.

Texto de la organización:

Desde hace tiempo sus familiares estamos trabajando duro para
recuperar y reinhumar dignamente los restos de Saturnina Arbea
Villacampa y Mariano Legarre Mínguez, primeras víctimas del golpe
militar en Sos.

Por fin, gracias a la ayuda de las asociaciones ARICO y Charata de
Uncastillo, todo está listo. Ahora se trata de financiar los trabajos.
Hemos recurrido al «crowdfunding» ante la práctica imposibilidad
de recibir subvenciones. Personalmente, pienso que los sucesivos
gobiernos y administraciones deberían haber hecho su trabajo hace
muchísimos años; de manera que, en el fondo, me alegro de que podamos
salir adelante gracias únicamente a nuestra condición de hijos del
pueblo.

Pedimos que todas las personas que lean esta comunicación le den la
máxima difusión posible en blogs, redes sociales, cuentas de correo
electrónico etc. Quienes deseen apoyarnos económicamente lo pueden hacer
a través del siguiente enlace, que contiene todos los detalles del
proyecto.

http://www.lanzanos.com/proyectos/exhumaciones-en-sos-del-rey-catolico-zaragoza/

http://www.sosdigital.es/index.php?option=com_content&view=

article&id=688:proyecto-de-exhumaciones-para-la-recuperacion-

de-la-memoria-historica&catid=1:ultimas-noticias

ESPAÑA BLOQUEA LAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO

En España no se están investigando los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, con lo que parece garantizarse la impunidad de estos abusos contra los derechos humanos, ha dicho hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.

El informe El tiempo pasa, la impunidad permanece constata como las autoridades españolas se niegan a investigar decenas de miles de homicidios y desapariciones cometidos durante la Guerra Civil por ambas partes en el conflicto y durante el franquismo (1936-1975). Tampoco cooperan con otros países, como Argentina, que ha abierto su propia investigación sobre los abusos históricos cometidos en España.

“El hecho de que España ni investigue ni coopere en los procesos sobre crímenes cometidos durante la Guerra Civil por ambas partes en el conflicto y durante el franquismo significa un bofetón en la cara de todos los familiares de las personas cuyos derechos fueron violados y desaparecieron”, ha manifestado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

“Ya denunciamos en 2012 que existía una tendencia continuada a archivar estos casos. Pero la situación ha empeorado desde la sentencia del Tribunal Supremo, que señala que no corresponde a los jueces españoles enjuiciar estos crímenes. Se cierra así la única vía de investigación judicial existente en España.”

El Poder Judicial español se niega a investigar y archiva las denuncias de las víctimas.

En noviembre de 2008, la Audiencia Nacional declinó su competencia sobre la querella presentada en 2006 por homicidios y 114.266 desapariciones forzadas cometidos en España entre 1936 y 1951 a favor de juzgados territoriales.

Desde entonces, Amnistía Internacional ha realizado un seguimiento de la actuación de estos juzgados y ha constatado que de los 47 casos derivados, al menos 38 se han archivado.

El 27 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo dictó la imposibilidad de investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en base a los argumentos, entre otros, de la vigencia de la Ley de Amnistía y la prescripción de los delitos de derecho internacional.

Asimismo, España ha obstaculizado que las víctimas presten declaración ante la jueza argentina que lleva el caso abierto en ese país desde 2010 y la Fiscalía no está colaborando con la causa.

http://www.amnesty.org/es/news/espana-bloquea-

investigaciones-crimenes-franquismo-2013-06-17

Decenas de miles de personas fueron víctimas de homicidio o desaparición durante la Guerra Civil española y el franquismo.

© Jorge Guerrero/AFP/Getty Images

ANDALUCÍA TOMARÁ LA INICIATIVA ESTATAL CON SU PRÓXIMA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

LA JUNTA HA ESTADO A LA VANGUARDIA EN POLÍTICAS MEMORIALISTAS HABIENDO GASTADO 16 MILLONES DE EUROS EN INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES DESDE 2001. CON DENUNCIAS JUDICIALES EN LAS EXHUMACIONES SE QUIERE EVITAR LA RUPTURA DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LAS PRUEBAS DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

RAFAEL GUERRERO SEVILLA 17/06/2013

Andalucía se prepara para retomar la iniciativa de la política memorialista con proyección estatal. Y el primer paso será la tramitación parlamentaria después del verano de la Ley de Memoria Democrática cuyo proyecto ultima el Gobierno de coalición PSOE-IU, una norma avanzada que contrastará con la desactivación de le Ley estatal de Memoria Histórica de 2007 por parte del Gobierno central del PP.

La Junta de Andalucía ha estado siempre a la vanguardia de las políticas para la recuperación de la memoria histórica, como lo demuestra su temprana reacción a las demandas de este movimiento social cuyo nacimiento se sitúa en el año 2000 a raíz de la primera exhumación con criterios científicos internacionalmente homologados -la de Priaranza del Bierzo- y la creación de la primera asociación memorialista, la ARMH surgida entonces en León. De hecho, la cuantía presupuestaria acumulada destinada por el Gobierno andaluz a este fin rondaría los 16 millones de euros: 10 de ellos en indemnizaciones a represaliados desde 2001 y los 6 restantes, en subvenciones concedidas a asociaciones, ayuntamientos y universidades para diferentes actuaciones (exhumaciones, investigaciones, publicaciones, documentales, monolitos, reconocimientos, etc.)

La presencia ininterrumpida de un Gobierno de izquierdas en Andalucía, sostenido por la configuración sociológica de la mayoría social, ha sido clave en la sensibilidad de estas políticas con las demandas de las víctimas y de sus herederos. Además, se da la circunstancia histórica objetiva de que Andalucía fue la región más masacrada por la represión franquista, con más de 50.000 mil fusilados, especialmente en su mitad occidental donde no hubo prácticamente guerra, sino represión pura y dura. El Mapa de Fosas de Andalucía -concluido en 2009 y costeado por la Junta- revela la existencia de614 fosas comunes en toda la Comunidad, constituyendo el conjunto de varias de ellas situado en el viejo cementerio de Málaga el segundo más importante de toda Europa, tras la tristemente célebre de Srebrenica, en Bosnia.

La gestión política socialista andaluza de la memoria histórica comenzó en 2001 dependiendo de la Consejería de Presidencia para pasar en 2003 a la de Justicia, año del que data la regulación por decreto de las subvenciones actualmente vigente. En 2006 se creó el Comisario de la Memoria Histórica, una figura competente en la materia pero carente de estructura departamental definida. Hasta que el pasado año 2012, con la constitución del Gobierno de coalición PSOE-IU, las competencias memorialistas pasaron a manos de Izquierda Unida dependiendo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales encabezada por el vicepresidente de la Junta Diego Valderas. IU ha elevado el rango político de la memoria histórica con la creación de una dirección general específica de Memoria Democrática, aunque los recortes impuestos desde el Gobierno central han mermado considerablemente la disponibilidad presupuestaria con respecto a la etapa anterior bajo gestión socialista.

Sin embargo, pese a la escasez de recursos económicos, sí que se observa ahora un impulso político renovado en torno a la próxima Ley de Memoria Democrática, caracterizado por el consenso no sólo político, por la buena sintonía entre PSOE e IU tras el primer año de rodaje compartiendo responsabilidades de gobierno, sino también social. No en vano más de cien organizaciones especialmente vinculadas con la memoria histórica han participado en la gestación del anteproyecto a través de reuniones celebradas en las ocho provincias andaluzas durante los últimos meses, aportando sugerencias y enmiendas.

El documento base sobre el que se cimentará la futura ley tiene su origen en la proposición de ley para la recuperación de la memoria democrática en Andalucía que IU vio rechazada hace dos años -abril de 2011- por la fuerza aplastante de los votos de PSOE y PP. Pero como las rencillas en política no son eternas y la necesidad obliga, la coyuntura ha cambiado y desde el PSOE, su coordinador andaluz de memoria histórica Carlos Perales considera que «ha llegado el momento de que la Junta retome el impulso político a nivel estatal previo a la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica». Un Perales autocrítico con su propio partido precisa aún más al decir que «tenemos que aprovechar la oportunidad de la coalición con Izquierda Unida para abandonar esa cierta timidez que hemos tenido y cubrir las lagunas importantes que quedan por cerrar en la memoria histórica».

Una de las novedades más importantes de la futura normativa legal hace referencia a las exhumaciones, con lo que dejará sin efecto el protocolo autonómico aprobado en 2009 que fue muy criticado por las asociaciones de la memoria histórica y que ha demostrado su ineficacia dada la arbitrariedad y desorganización con que se están realizando estas delicadas tareas en los últimos años, de espaldas en ocasiones a las administraciones y bajo la única supervisión de familiares con profesionales contratados al efecto.

La Junta quiere evitar con ello la privatización de estos procesos, porque «forman parte de las políticas públicas de memoria histórica», afirma Juan Francisco Arenas, secretario de memoria histórica del Partido Comunista de Andalucía (PCA) y número dos de la Dirección General de Memoria Democrática andaluza. El Gobierno andaluz se personará como denunciante ante el juzgado correspondiente cuando se efectúe cualquier exhumación, a fin de ajustarse al protocolo de actuación de Naciones Unidas en estos casos. «Trataremos de dar satisfacción a los familiares que quieran exhumar, pero con mucho cuidado de no destruir la cadena de custodia de las pruebas de crímenes de lesa humanidad«, enfatiza Arenas con la esperanza de que «en algún momento el ordenamiento jurídico español deje de amparar la impunidad del franquismo».

Otros aspectos sobre los que pretende incidir la próxima norma andaluza, que pretende irradiar sus efectos con transversalidad hacia otras consejerías, son: la educación, el acceso a los archivos, la eliminación total de la simbología franquista en los espacios públicos, los lugares y senderos de la memoria -a caballo entre turismo y medio ambiente-, un censo de las víctimas, un banco de ADN con colaboración de Sanidad, la reparación moral y el reconocimiento de colectivos, así como la creación de un Instituto de Memoria Democrática. «La nueva ley va a ser, sin duda, el marco legal más avanzado de España», concluye Juan Francisco Arenas.

http://www.publico.es/457299/andalucia-tomara-la-iniciativa-estatal-

con-su-proxima-ley-de-memoria-democratica

Homenaje a las víctimas del «crimen» en la carretera Málaga-Almería. -RG

ENCINASOLA EXHUMARÁ LOS RESTOS DE SU FOSA COMÚN ESTE VERANO

EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CUENTA CON UN MONTANTE DE 12.000 EUROS

VIERNES, 07 DE JUNIO DE 2013 

Una nueva exhumación se llevará a cabo en la provincia de Huelva este verano. Gracias al convenio firmado por la Diputación de Huelva y la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA) se podrán rescatar los restos de la fosa que se encuentra en la localidad onubense de Encinasola. El convenio de colaboración, por valor de 12.000 euros, también pondrá en marcha otras actividades para la difusión de la memoria histórica, como la celebración de jornadas y publicaciones.

En concreto, la provincia cuenta con 120 fosas comunes de las que se han exhumado tres, concretamente la de Calañas, Zalamea La Real y Valverde del Camino. 

El presidente de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA), Rafael López,se mostró muy agradecido a la Diputación al haber escuchado su llamamiento y hacer posible esta exhumación, la cual probablemente se llevará a cabo durante este verano.

En este sentido, López explicó que en un principio preveían que en la citada fosa, cuya exhumación fue solicitada por una vecina de la localidad, con el fin de dar “un enterramiento digno” a su hermano muerto durante la Guerra Civil y enterrado en ese lugar, tan solo se encontraba esta persona, pero finalmente un nieto de otro de los enterrados en el mismo sitio ha contrastado que en la citada fosa “hay enterradas cuatro personas más”.

Además, el presidente de la Diputación recordó que la colaboración de la institución con la asociación se inició en 2004 con las Jornadas de Memoria Histórica que se celebraron en Huelva.

A su vez, en agosto de 2006, Diputación firmó un contrato para la digitalización y catalogación de los fondos documentales relativos a la provincia de Huelva, existentes en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, y como consecuencia de ello se catalogaron 2.488 procedimientos, comprendiendo 5.067 procesados y un volumen de 179.178 digitalizaciones, poniendo a disposición de todos los investigadores en general la información de su contenido.

El pasado año 2012 solicitaron autorización para consultar el archivo un total de 866 personas, con cerca de 25.000 imágenes consultadas y en lo que llevamos de año ya se ha superado el número de autorizaciones con 886 y 12.000 imágenes consultadas.

Caraballo insistió en que la implicación de la Diputación en esta iniciativa permitió que Huelva fuese pionera en contar con un archivo de este tipo, adaptado a las nuevas tecnologías, y fácilmente accesible.

En total, según Caraballo, recuperaron 180.000 legajos correspondientes a 2.500 consejos de guerra instruidos en el mencionado período de tiempo, que afectaron a unos 5.000 onubenses. Un proyecto en el que quedaron recogidos un total de 2.310 cds, lo que da una idea clara del volumen del trabajo realizado. 

Además la Diputación onubense ha participado  en otros proyectos de investigación sobre la Guerra Civil española y la posguerra. Un  ejemplo es la edición por parte del Servicio de Publicaciones del libro ‘La Guerra Civil en Huelva’, del historiador Francisco Espinosa.

http://www.elperiodicodehuelva.es/index.php/noticias/item/28103-

encinasola-exhumar%C3%A1-los-restos-de-su-

fosa-com%C3%BAn-este-verano

CUATRO EJÉRCITOS Y UN CAMPO DE CONCENTRACIÓN PARA ANIQUILAR UN VALLE DE CAMPESINOS

EL CORTIJO DEL MARRUFO (XEREZ) FUE UNO DE LOS PRIMEROS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN Y FUSILAMIENTO DE LA GUERRA CIVIL. FUE ABIERTO EN NOVIEMBRE DE 1936 Y ABANDONADO EN MARZO DE 1937. HAN APARECIDO 28 CADÁVERES EN LA FINCA PERO SE ESTIMA QUE EL VALLE PUEDE ALBERGAR HASTA 600 CADÁVERES DE REPRESALIADOS REPUBLICANOS.

ALEJANDRO TORRÚS MADRID 14/06/2013

En octubre de 1936 el valle de la Sauceda era el último bastión de resistencia republicana en la provincia de Cádiz. Entre sus montuosas tierras se habían refugiado familias enteras de campesinos llegados de localidades vecinas como Ubrique, los Gazules o San José del Valle, que organizados como comités republicanos estaban consiguiendo repeler los ataques del ejército franquista hasta finales de octubre de 1936. Para los franquistas, el control de este Valle era fundamental para garantizar su dominio sobre la retaguardia de Cádiz y continuar avanzando hacia Málaga. 

El 1 de noviembre llegó la ofensiva final. Cuatro ejércitos y tres aviones bombarderos arrasaron el Valle. Todo aquel sospechoso de haber participado con la República pasaría por el cortijo del Marrufo (Xerez), considerado uno de los primeros campos de concentración de la Guerra Civil. Juan González, vecino de San José del Valle, estaba refugiado en la Sauceda cuando llegó el ataque de los sublevados. 

“Era muy temprano, ni siquiera había desayunado, cuando se empezaron a escuchar unos ruidos enormes, como si fuesen paredes que se derrumbaban. De repente, vimos aparecer un avión rata que comenzó a bombardear la zona. Inmediatamente después llegaron otros tres aviones. Entonces, todo el mundo huyó como buenamente pudo”, recuerda a Público Juan González.

Juan, que tenía solo ocho años en 1936, huyó junto a sus padres, un hermano y dos hermanas. Convencidos de que no habían hecho nada por lo que pudieran ser castigados, la familia decidió regresar a San José del Valle e informar a la Guardia Civil de su retorno. “Nos presentamos todos en la Guardia Civil. A ellas les dijeron: ‘Ustedes se pueden marchar junto al niño’. Ese niño era yo. A mi padre y a mi hermano les dijeron que se quedaran en el cuartel para prestar declaración y firmar unos papeles. Jamás los hemos vuelto a ver”, asegura Juan. 

La tradición oral y las investigaciones del grupo de trabajado dirigido por el doctor en Historia Fernando Sigler han permitido averiguar cual fue el destino del padre y el hermano de Juan y de tantos otros campesinos de la zona: la fina del Marrufo. Este cortijo fueconvertido en un campo de concentración, tortura y fusilamiento desde noviembre de 1936 hasta finales de 1937. Se han encontrado 28 cuerpos en la finca y se estima que en todo el Valle puede haber entre 300 y 600 cadáveres de represaliados republicanos.

“Eran los meses de terror caliente cuando los rebeldes asesinaban a cientos de personas sin formación de causa y enterraban sus restos en fosas comunales clandestinas. No obstante, al tratarse de asesinatos cometidos en la oleada de violencia inicial apenas ha quedado constancia documental”, asegura Fernando Sigler a Público. 

El grupo de investigación de Sigler sí ha encontrado, no obstante, datos fidedignos de un grupo concreto de víctimas que fueron fusiladas en aquel período. El cura de la pedanía jerezana del Mimbral, inscribió en el registro de defunciones a los desaparecidos de su feligresía que fueron fusilados en la finca del Marrufo y alrededores. En total, 52 personas. Entre ellos, el padre y el hermano de Juan. 

“Una vez, tras terminar la misa, el cura me dijo que si alguna vez necesitaba el certificado de defunción de mi padre que se lo pidiera. Yo no sabía nada. Así que cuando me fui a casar se lo pedí y me entregó el atestado falso que utilizaron para matarlo. Este documento decía que a mi padre lo mataron por ‘rompimiento de carretera y otros asuntos’. Todo falso”, asegura Juan cuyo hermano también aparece en los papeles del clérigo. Su cuerpo descansa en la finca del Barrufo.

Este documento permite, asegura Fernando Sigler, desvelar la secuencia con la que los responsables del destacamento militar sublevado del Marrufo realizador su tarea represora. “Los represores procedieron a una eliminación secuencial en grupos a una media de 3,6 asesinatos diarios a lo largo de cinco jornadas. Si, por deducción proporcional, a éstos se añadieran los restantes refugiados de distinta procedencia y a los residentes que también fueron víctimas, la cifra de asesinados podría elevarse a varios centenares”, asegura Sigler.

Entregar las armas

Entre las decenas de personas desaparecidos que se cree que están en el Marrufo se encuentran los hermanos Andrés y Antonio Barreno Pérez. Estos dos hermanos desaparecieron un buen día y jamás aparecieron. Su nieto, Andrés Rebolledo, presidente de la Asociación de de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, sigue buscando a día de hoy la verdad sobre la desaparición de su abuelo.

«Un sobrino de mi abuelo nos contó que salieron de la casa aquella mañana cuando se veía que el Valle iba a ser tomado. Tras varios días escondidos en el monte, cuenta que los encontraron, los metieron en un camión y que, probablemente, los llevaron al Marrufo. Y ahí ya se sabe: interrogatorio, tortura y fusilamiento», señala Andrés, cuya lucha continúa en los tribunales.

La asociación de familiares presentó el verano pasado una denuncia en Jerez de la Frontera basándose en la legislación internacional relativa a «crímenes de lesa humanidad», que se consideran imprescriptibles. Sin embargo, esta denuncia fue sobreseída. Apenas unos meses después, en febrero, la asociación de familiares volvió a presentar una denuncia. Esta vez, la titular del Juzgado de instrucción número 2 de Jerez, Soledad Vázquez Moreno, volvió a sobreseer la causa bajo el razonamiento de «aparecer exentos de responsabilidad criminal los presuntos responsables y ser el hecho cosa juzgada».

Ahora, la asociación de familiares se encuentra estudiando el recurso a interponer ante la Audiencia Provincial de Cádiz al entender que la resolución no se ajusta a derecho.»Vamos a llegar hasta donde haga falta con tal de que se haga justicia», sentencia Andrés.

http://www.publico.es/457249/cuatro-ejercitos-y-un-campo-

de-concentracion-para-aniquilar-un-valle-de-campesinos

http://www.fotojuande.esJUANDE