A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA

EL AYUNTAMIENTO FIRMA UN CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN FORO POR LA MEMORIA DEL CAMPO DE GIBRALTAR

La alcaldesa de La Línea de la Concepción, Gemma Araujo, y el presidente de la Asociación Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, Andrés Rebolledo, han firmado este lunes un convenio marco de colaboración de duración indefinida mediante el cual se propician futuras acciones divulgativas, así como facilitar la labor que realiza este colectivo en lo que respecta al término municipal. Al acto de la firma también ha asistido por parte del Foro Arturo Ruiz.

Ambas partes se comprometen así en el objetivo de la recuperación de la memoria histórica, entendida por la necesidad de constatación de los acontecimientos históricos acaecidos durante el periodo de la Guerra Civil y los años siguientes,

encaminada fundamentalmente a establecer un marco adecuado para el reconocimiento público y rehabilitación moral de las personas que fueron sus víctimas, “poniendo fin a un olvido injusto e interesado que se ha producido por medio de la distorsión de lo sucedido, por la negación de los hechos o por haberlos ignorado intencionadamente”.

Este convenio enmarcará las colaboraciones que a partir de ahora se lleven a cabo, ya que ambas partes podrán abordar proyectos para promover la recuperación de la memoria histórica de los desaparecidos, exiliados, encarcelados, combatientes, guerrilleros, etc., en la Guerra Civil Española y represaliados por el franquismo, a través del esclarecimiento de los hechos acaecidos, la celebración de homenajes, levantamiento de monolitos u otros tipos de monumentos, así como la realización de conferencias, seminarios o jornadas. Igualmente se promoverá el estudio y actuación de las fosas comunes y enterramientos aislados que puedieran ser localizados.

http://www.lalineadigital.es/2014/03/el-ayuntamiento-firma-un-convenio-con-la-asociacion-foro-por-la-memoria-del-campo-de-gibraltar/comment-page-1/

Reunión con Araujo del Foro por la Memoria

MEMORIA HISTÓRICA. ANDALUCÍA EXTIENDE EL ALCANCE DE LA LEY A LOS NIÑOS ROBADOS Y LA TRANSICIÓN

11/03/2014

El Consejo de Gobierno de la Junta andaluza autorizó este martes la tramitación del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que, como marco de las iniciativas que desarrolle para reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, extiende su ámbito a los familiares de las mismas, los niños robados y, temporalmente, a la Transición hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía.

Según informó la Junta, el anteproyecto cuenta con el aval del relator de las Naciones Unidas para la investigación de las desapariciones forzosas en España y «supera y adapta a Andalucía el marco de la legislación estatal en vigor», además de «ampliar su horizonte temporal» desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982.

Entre otras novedades, el anteproyecto amplía la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados, incluye la memoria histórica en los currículos educativos y faculta a la Administración autonómica para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal.

Asimismo, establece la prohibición expresa de exhibición de simbología fascista y obliga a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido, autoimponiéndose un plazo de 18 meses para retirar todos los símbolos o intitulaciones que homenajeen el franquismo.

http://www.servimedia.es/Noticias/DetalleNoticia.aspx?seccion=21&id=354324

Y DE DOS GUERRILLEROS DE MADRID Y ASTURIAS

FAMILIARES GALLEGOS DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO ENTREGAN SUS DENUNCIAS PARA INCORPORARLAS A LA QUERELLA ARGENTINA

A CORUÑA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) –

   Casi una decena de familiares de gallegos víctimas del franquismo han hecho entrega, al cónsul de la República de Argentina, de sus denuncias para incorporarlas a la querellla contra el franquismo abierta en este país y promovida por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, según ha informado a Europa Press una de sus miembros en Galicia, Carmen García-Rodeja.

   En total, ocho personas han hecho entrega de un total de 17 casos de familiares de víctimas. «De ellos, 12 asesinados, tres víctimas de tortura y persecución y otros dos pertenecientes a la guerrilla, uno de Madrid y otro de Asturias», ha explicado Carmen García-Rodeja, que ha formalizado en estos dos últimos casos la denuncia ante la imposibilidad de localizar, por ahora, a sus familiares.

   «El objetivo es que se investigue y que la gente dé el paso de denunciar», ha señalado esta profesora de Historia y voluntaria de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, coincidiendo con la formalización de la presentación de la denuncia ante el cónsul de Argentina en Galicia.

   La querella Argentina contra el franquismo fue promovida por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y encabezada en abril de 2010 por Darío Rivas Cando, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936 cuando era alcalde de la localidad de Castro de Rei (Lugo); y por Inés García Holgado, sobrina de Elías García Holgado, alcalde de la ciudad de Salamanca asesinado en 1937.

   Ahora, otros familiares de las víctimas y las propias víctimas están haciendo llegar sus casos a la jueza argentina María Servini a través de la embajada argentina y las oficinas consulares, como estos 17 casos, según la citada Asociación.

   De ellos, 9 se corresponden a la provincia de Lugo, en concreto 7 de Ribadeo, uno de Becerra y otro de O Incio. El resto son de la ciudad de A Coruña, además de los dos casos de los guerilleros de fuera de Galicia.

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-familiares-gallegos-victimas-franquismo-entregan-denuncias-incorporarlas-querella-argentina-20140311193626.html

FRANCISCO ETXEBARRIA: “EN MI LABORATORIO NO HAY NI BANDERAS REPUBLICANAS NI CRUCIFIJOS”

OLIVIA CARBALLAR / SEVILLA

Compromiso, sí. Apoyo, por supuesto. Información, que no se pierda ni un solo dato ni prueba para oficializar la verdad. Pero cada uno que haga lo que sabe hacer. “En mi laboratorio no hay ninguna bandera republicana ni ningún crucifijo”, resumió ayer de manera rotunda en Sevilla el antropólogo forense Francisco Etxebarria. Arriba, en un proyector, un guardia civil delante de una fosa abierta. “Yo no soy el salvador de la patria. Pero este señor no está preparado para recoger testimonios, exhumar o identificar las causas de la muerte. Si lo hace el Estado, no habrá banderas republicanas, ni podrán llorar los familiares ante la fosa y esperarán los resultados en sus casas. El Estado tiene que intervenir pero dando tutela, garantías y medios, poniendo a trabajar a cada uno en lo que sabe y dando el protagonismo a las familias, dejando trabajar al arqueólogo, al historiador, al genetista”, continuó. Que cada uno haga lo que sepa hacer, insistió. No se puede decir a los familiares que las víctimas han sido torturadas con clavos, como ha ocurrido en algún caso, porque esos clavos son de los féretros, criticó a modo de ejemplo de lo que se hace sin saberse hacer.

El hombre que le ha dado la vuelta a la historia con la objetividad e imparcialidad que sustenta el análisis científico de huesos -destapó las torturas a Lasa y Zabala, descubrió que la muerte de Salvador Allende no fue un asesinato sino un suicidio, corrigió el megalómano error en el caso de los niños Ruth y José-, examinó el proceso de la memoria histórica en España, con esos mismos ingredientes, durante su intervención en el ciclo Exhumando fosas, recuperando dignidades, con la mayor exposición sobre la materia -promovida por la ARMH y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, traída a Sevilla por el Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía de CGT-A. Presentado por el historiador Antonio Miguel Bernal, puso en cuestión la actuación de las instituciones, de los jueces, pero también atribuyó errores a las propias asociaciones memorialistas. Los enfrentamientos entre unas y otras, reflejados muchas veces en la prensa, no ayudan a un proceso en el que es fundamental la suma de todos: “Lo detectó el relator especial de la ONU Pablo de Greiff. Y eso hace que la derecha se tronche”. En el auditorio hubo quien señaló que las diferencias siempre han existido y quien dijo también que muchas asociaciones están en contra de las exhumaciones.

Según Etxebarria, las líneas que deben vertebrar este proceso son tres: oficializar la verdad, la judicialización -con la creación, además de una comisión de la verdad- y el reconocimiento institucional. Sobre las dos primeras patas, el antropólogo forense insistió en la necesidad de no perder ni un solo dato -no entiende por qué a la jueza argentina María Servini no se le ha entregado la documentación que reunió el juez Garzón- y ratificar las pruebas. Si se hace una exhumación, hay que hacer un informe técnico, y no liquidarlo con unas fotos. “Muchos profesionales de las universidades no se atreven a poner su firma en esos documentos, a validarlos para que luego puedan servir de prueba en un juzgado. Y muchas estrategias de los abogados no son las correctas”, denunció. “Yo no soy ningún genio, hay otros profesionales que tienen la misma formación que yo pero no se atreven”, dijo. E incluso puso un ejemplo de una universidad con un importante departamento de genética -sin citar el nombre- al que habían ordenado no mirar ni un solo hueso de víctimas republicanas. Porque las pruebas sirven. Hace unos días él mismo ratificó unas investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos en el Sáhara ante el juez Ruz.

En este apartado destacó también las críticas que recibe muchas veces el movimiento memorialista sobre destrucción de pruebas. “No sólo no hemos destruido pruebas sino que estamos en condiciones de poder acreditarlas. Si no se hubiera hecho la primera exhumación en El Bierzo no estaríamos aquí“, respondió ante las preguntas del público por el temor a que la futura ley de memoria andaluza multe a las personas que exhumen por su cuenta. La mayoría de los enclaves que hoy son lugares para la memoria tampoco existirían sin la labor de los familiares.

COMPROMISO

“Hagan ustedes lo que tengan que hacer, manténgame informada y si necesitan un guardia civil por la noche, me lo dicen, que yo daré las órdenes para que esta fosa esté custodiada día y noche”, cuenta Etxebarria que les dijo una jueza en 2009, en Salas de los Infantes (Burgos). Este fue el razonamiento primero que realizó la magistrada: “Se trata de un crimen acaecido hace más de 70 años y que en todo caso ha prescrito. No obstante, más allá de ser considerados simples asesinatos, estos fueron detenciones ilegales y secuestros, y no se dieron facilidades para encontrar a las víctimas, con lo que nos encontramos en una situación que se ha perpetuado en el tiempo y que es necesario ponerle fin. Para este juzgado, toda víctima que padeció un delito violento se merece un total respeto con independencia de su ideología, por lo que no se deben hacer diferencias entre ellas por tales circunstancias”. Toda víctima, “sea de ETA, de Kiev o de Bolivia necesita verdad, justicia y reparación. Y por ese orden”, aseguró Extebarria.

En el segundo razonamiento jurídico, la jueza da en la clave de lo que para el antropólogo forense es vivir en un estado de derecho y tener a gente comprometida: “Más allá de valorar qué clase de conducta delictiva acaeció, lo esencial es tratar de reparar el daño que se ocasionó a las víctimas o por lo menos intentar mitigarlo. En una sociedad con un derecho penal en el que se está abogando por dar mayor protagonismo a las víctimas y sus familiares, se debe intentar favorecer que cualquier víctima pueda cicatrizar sus heridas. Estas personas, con independencia del tiempo transcurrido deben tener la oportunidad de ser reparadas o compensadas“.

En contraposición, ejemplificó el nulo compromiso de la justicia ante otros casos. “¡Fueron ajusticiados, no asesinados! Rojos, os falla la memoria”, reza una pintada en la pared. Está firmada por Falange, con su dirección web incluida. “Esto es insultante. ¿Dónde está el informe policial? ¿Dónde está la Guardia Civil? ¿Se han abierto diligencias?”, denunció.

Sobre el apoyo de las instituciones, Etxebarria fue también muy gráfico: desde el año 2000, cuando se realizó la primera exhumación en España, en El Bierzo -”Yo era un ignorante entonces”, dijo- hasta 2013, han transcurrido menos años de apoyo que años con respaldo institucional, que ha desaparecido con el cambio de Gobierno. No obstante, incluye a las tres administraciones, no sólo Madrid: “El concejal o el alcalde al que yo he votado puede hacer a veces incluso más, también es su responsabilidad. ¿No pueden convocar un pleno e incorporar en el acta la lista de víctimas? Eso cuesta 0 euros y sería un registro oficial“. La obstrucción de muchos ayuntamientos a esta lucha sucede cada día: cerrar cementerios, no prestar sillas para actos de homenaje… O el excesivo celo de algunos consistorios con la honradez de los contribuyentes: el Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo) ha puesto como requisito que los técnicos de una exhumación tienen que estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social.

“Vaya país de palurdos, sigue diciendo una mujer que, nada más volver del exilio, lo primero que hizo fue buscar la fosa de su padre”, añadió Etxebarria echando la vista atrás a las primeras exhumaciones tras la muerte de Franco. Aquella mujer se gastó 300.000 pesetas y exhumó a 150 personas con sus propias manos. “Ahí abajo no hay huesos, hay dignidades”, concluyó el antropólogo forense, que nunca imaginó que hubiera tantas fosas en España. No olvidó el principal riesgo: querer construir la historia del pasado desde los intereses del presente.

http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/francisco-etxebarria-en-mi-laboratorio-no-hay-ni-banderas-republicanas-ni-crucifijos/

Francisco Etxebarria, antropólogo forense, durante la conferencia. // LAURA LEÓN

EL GRMH PROPONE CREAR BANCO DE ADN PARA AGILIZAR LA BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS

COMUNIDAD VALENCIANA | 07/03/2014

Castellón, 7 mar (EFE).- El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GRMH) propondrá al Congreso de los Diputados y a Les Corts valencianas la creación de un banco de ADN «custodiado por la administración pertinente» para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

En declaraciones a EFE, el coordinador del colectivo, Matías Alonso, ha manifestado que esta iniciativa la llevan «rondando mucho tiempo» y que el caso de Dulce Giménez les ha llevado a querer «impulsarlo de nuevo».

Alonso se ha referido así a la vecina de Cheste (Valencia) que el pasado mes de febrero solicitó someterse a las pruebas de ADN para cotejarlas con los restos del ‘soldado desconocido’ exhumado en octubre en El Toro (Castellón) al sospechar que podría tratarse de su abuelo.

«Vamos a proponer la creación de este banco de ADN en el Congreso a través de los diputados valencianos para que tramiten esa propuesta vía proposición no de ley o como mejor vean, y lo mismo haremos en Les Corts con los diputados que quieran prestarse a ello», ha señalado el coordinador del GRMH.

«Allá donde mejor cuaje la propuesta, la llevaremos a cabo», ha indicado.

Este banco de ADN, a juicio del colectivo, debería estar gestionado por el Estado o las comunidades autónomas «para que sea una garantía de continuidad», y cualquiera de las dos fórmulas sería buena».

Matías Alonso ha indicado que existen iniciativas similares en Andalucía y País Vasco, impulsadas por la propia comunidad autónoma, que demuestran que nuestra idea «tiene fundamento» y que pueden servir de referencia para extrapolar a la Comunitat Valenciana el mismo modelo, «aunque somos conscientes de la diferencia entre unos gobiernos autonómicos y otros».

«Vamos a hablar con la gente de Andalucía para ver si podemos aprovechar su experiencia y evitar cometer errores», ha indicado el coordinador del GRMH.

Desde el colectivo señalan que el Estado «debería garantizar que tarde o temprano toda aquella persona que pide resarcir su derecho a enterrar dignamente a un ser querido desaparecido pueda resolver su solicitud en vida, o bien que sean sus hijos y sus nietos quienes puedan verla materializada, tal y como pide Dulce, que ha heredado la angustia de su madre y quiere encontrar a su abuelo».

El banco de ADN es, según el GRMH, «una de las fórmulas para garantizar ese derecho».

Se trata en definitiva, añaden, de trasladar al Estado la labor que ya hacen en este sentido asociaciones memorialistas como el grupo Paleolab, que dispone de archivos particulares.

Desde el GRMH señalan que el coste de este banco de ADN dependerá del organismo que se haga cargo, pero insisten en que no será excesivo, teniendo en cuenta que realizar el análisis de ADN a una persona viva «es muy barato, entre 90 y 100 euros».

Un coste mínimo, asevera Alonso, «comparado con el enorme bien que se le pueda dar a miles de personas que albergan una esperanza de encontrar los restos de sus familiares».

El coordinador del GRMH insiste en la utilidad pública de este banco de ADN: «No siempre hay suerte y las pruebas coinciden con los restos de las personas exhumadas, pero igual en unos meses aparece otro cuerpo que sí es el del familiar al que se está buscando, o en unos años resulta que ya no vive el hijo o el hermano de quien fue fusilado» y las muestras «pueden cerrar así una herida abierta».

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20140307/54402886108/el-grmh-propone-crear-banco-de-adn-para-agilizar-la-busqueda-de-desaparecidos.html

NACE LA PLATAFORMA MEMORIALISTA DE ARAGÓN CON EL OBJETIVO DE RECUPERAR LA MEMORIA HISTÓRICA ARAGONESA

ENVIADO POR ARAINFO | ACHENCIA DE NOTICIAS D´ARAGÓN EL 7 MARZO, 2014

En una rueda de prensa realizada en la mañana de este viernes, se ha presentado a la ciudadanía la Plataforma Memorialista de Aragón (PMA). Dicha plataforma, integrada por ARICO, ARMHA, Asociación Charata, Foro por la Memoria de Aragón, Asociación Pozos de Caudé, Fundación Bernardo Aladrén y Fundación María Dominguez, tiene como objetivo “la coordinación para una mejor consecución de nuestros fines”, es decir, “la recuperación de la memoria histórica para la sociedad aragonesa”.

Todas las entidades que forman parte de la PMA, son asociaciones y fundaciones que se han destacado con diferentes acciones y medios en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la represión franquista.

La PMA ha recordado que vivimos un momento en el que las autoridades territoriales y estatales “han incumplido su único compromiso, adquirido en sede parlamentaria, la dotación de recursos para la continuación de las exhumaciones por cuestiones humanitarias”. En este sentido han afirmado que “nos vemos obligados a unir fuerzas y comenzar a plantear acciones conjuntas”.

La primera de estas acciones ha comenzado esta misma mañana en la que han presentado un escrito a la DPZ instándole a realizar “un reconocimiento público y homenaje a las personas que, por su pertenencia a esta institución, fueron asesinadas por las tropas sublevadas”.

“Entendemos que esta actuación ha de ser el inicio de un reconocimiento público en ayuntamientos y otras instituciones de las personas que fueron asesinadas (solo concejales, alrededor de 800 en Aragón) por su sola pertenencia a los mismos”, han afirmado.

Para las entidades de la Plataforma Memorialista de Aragón, “resulta increíble que, a estas alturas de nuestra Historia, tengan que ser tribunales extranjeros [en alusión a la Querella argentina] y organizaciones internacionales, como el relator de la ONU, quienes nos recuerden nuestra incapacidad para realizar una política adecuada a los principios democráticos de derechos humanos”.

“Es absolutamente necesario que tras casi 40 años de democracia sigan sin cerrar las heridas producidas en el seno de nuestra sociedad por la Guerra Civil y el Franquismo, y que esto sea así por la inacción y el boicoteo políticos de una gran parte de nuestros dirigentes”, han denunciado en la rueda de prensa.

Los siguientes actos a realizar, que lo serán de manera periódica por esta Plataforma, serán los del 14 de abril, con el homenaje que tradicionalmente realizan unitariamente en el Memorial de Torrero, recordando a las casi 4.000 personas asesinadas en Zaragoza por las tropas sublevadas, “un auténtico ejemplo de lo que debería ser la política en materia de Memoria Histórica en nuestro país”.

http://arainfo.org/2014/03/nace-la-plataforma-memorialista-de-aragon-con-el-objetivo-de-recuperar-la-memoria-historica-aragonesa/

Representantes de la Plataforma Memorialista de Aragón, integrada por ARICO, ARMHA, Asociación Charata, Foro por la Memoria de Aragón, Asociación Pozos de Caudé, Fundación Bernardo Aladrén y Fundación María Dominguez.

EL PSOE VUELVE A PEDIR EN EL CONGRESO LA RECONVERSIÓN DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

Madrid, 6 mar (EFE).- El PSOE ha vuelto a pedir en el Congreso la reconversión del Valle de los Caídos en un espacio para la «cultura de la reconciliación» y de «reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura», y deje ser un lugar de «memoria franquista y nacional-católica».

En una proposición no de ley firmada por el diputado Ramón Jáuregui, el PSOE reclama al Gobierno que se afronte de forma «decidida y urgente» las recomendaciones del informe de los expertos, que proponía exhumar los restos de Francisco Franco y trasladarlos al lugar que designara la familia.

El informe también pedía que los restos de José Antonio Primo de Rivera fueran reubicados dentro de la propia basílica para estar en igualdad de condiciones con las demás víctimas de la contienda enterrados en el recinto.

La iniciativa de los socialistas reclama ahora al Gobierno que recupere el presupuesto para aplicar lo dispuesto en la ley de Memoria Histórica, en especial los gastos de localización y exhumación de las fosas y la identificación de los cadáveres de las personas víctimas de la represión.

«Dar un entierro digno a los restos de quienes todavía yacen anónimamente en montes y cunetas debe ser un deber de los poderes públicos para con las víctimas y sus descendientes», proclama.

Insiste en que el Gobierno debe impulsar la retirada de los símbolos o monumentos que honran la memoria de los vencedores, «en el convencimiento de que los símbolos y monumentos públicos han de ser ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio».

También reclama que se envíe al Congreso en un plazo máximo de seis meses una reforma legal para que puedan optar a la nacionalidad española aquellos que quedaron excluidos con la legislación vigente.

En especial, el PSOE se refiere a los descendientes de mujeres españolas, toda vez que hasta 1978 las mujeres no transmitían la nacionalidad, así como los descendientes de los varones que tuvieron que renunciar a la nacionalidad española con anterioridad al nacimiento de sus hijos.

Los socialistas también instan al Gobierno a que revise la normativa en materia de archivos para garantizar el acceso a todos los fondos históricos, «ajustándolos a los estándares internacionales».

Por último, propone la recuperación de la oficina de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura como órgano de coordinación de las políticas de recuperación de la memoria histórica, y continuar la expedición de las declaraciones de nulidad de pleno derecho de las sentencias emanadas de los «tribunales ilegítimos».

El pasado mes de noviembre en una intervención en el Senado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, constató la falta de consenso existente en torno al futuro del Valle de los Caídos y rechazó que se pida al Ejecutivo urgencia para acometer este asunto después de muchos años sin que se planteara la cuestión.

Sáenz de Santamaría recordó que el informe de los expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos se presentó al final de la pasada legislatura, «con las Cortes ya disueltas», y se constató que no había acuerdo sobre el mismo.

http://www.lavanguardia.com/politica/20140306/54402115220/el-psoe-vuelve-a-pedir-en-el-congreso-la-reconversion-del-valle-de-los-caidos.html

«EL FRANQUISMO DEBERÍA SER UN PROBLEMA EUROPEO»

VARIOS EURODIPUTADOS, ACOMPAÑADOS DE ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO, REGISTRAN EN EL PARLAMENTO EUROPEO UNA PETICIÓN PARA QUE SE ESTABLEZCA UNA COMISIÓN DE LA VERDAD EN ESPAÑA

ESPERANZA ESCRIBANO BRUSELAS 05/03/2014 15:04 ACTUALIZADO: 05/03/2014 18:54

Unas 150.000 personas siguen desaparecidas después de la Guerra Civil y la represión franquista posterior. Existen aún 2.000 fosas comunes dispersas por territorio español y unos 30.000 niños robados desconocen a día de hoy su origen. Son las cifras que han llevado a varios eurodiputados a demandar la creación de una Comisión de la Verdad en España al Parlamento Europeo. Junto con varias asociaciones de víctimas, han registrado su reclamación ante el Comité de Peticiones de la Eurocámara.

«Es una obligación para la Unión Europea solicite a España que investigue y repare crímenes de guerra«, ha exigido el eurodiputado de IU Willy Meyer, firmante de la petición. Espera una respuesta «satisfactoria» por parte de la cámara, aunque ha reconocido que seguramente habrá que esperar a la próxima legislatura. Se trata de un tema «complicado» para que lo resuelva el Parlamento actual, que se enfrenta en algo más de dos meses a las elecciones.

Luis Naranjo, director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, espera que la iniciativa consiga que la UE «perciba los crímenes del franquismo como lo hace con los de la antigua Yugoslavia o la Alemania nazi». El director es el único representante de una institución pública que ha acudido al acto. Ha recordado que el Estado «tiene que asumir el deber de la memoria» y no puede derivarlo a las asociaciones y familias. La Junta de Andalucía asumía ayer la exhumación de 11 fosas comunes en la región. Naranjo ha insistido en que estas intervenciones deberían servir para promover una Comisión de la Verdad que cuente «con el respaldo del Estado». La exigencia se centra en que el gobierno de España reescriba una versión oficial de lo que sucedió «y la socialice», con el objetivo de desbancar «los mitos franquistas que hoy siguen vigentes».

Una de esas víctimas que se han desplazado hasta Bruselas para pedir justicia es Remedios Gómez. Ayer contaba en Público su historia: con cuatro años vio cómo su padre y su hermano mayor desaparecían. Los sublevados los detuvieron la noche del 20 de julio de 1936 y los fusilaron pocos días después. A Remedios le parece «vergonzoso» que todavía no se haya puesto en marcha una Comisión de la Verdad que se encargue de encontrar a los desaparecidos: «todo son declaraciones, papeles y reuniones de pasillos, pero a la hora de la verdad seguimos sin saber nada». A sus 81 años, ya no puede «hacer milagros» y aunque admite que es difícil que encuentre a sus familiares, todavía alberga una «ilusión» por que sus derechos se cumplan.

La falta de apoyos del Ejecutivo de Mariano Rajoy a las víctimas ha llevado a las asociaciones por la memoria histórica a recabar el apoyo de las instituciones europeas. «España es el único país de la Unión Europea que no ha hecho una revisión histórica de estos hechos», ha señalado el eurodiputado de ICV, Raül Romeva, que ha recordado que «sin justicia hay un grave riesgo de repetir ciertos fenómenos». Ha llamado a europeizar el problema: «si el nazismo es un problema europeo, con el franquismo tampoco debería haber dudas».

Para encontrar la única causa abierta en el mundo contra los crímenes del franquismo hay que desplazarse hasta Argentina. El portavoz de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, Jordi Gordon, ha denunciado queEspaña «ha cerrado todas las vías», obligando a las víctimas a desplazarse a otros países. Reclama el establecimiento de la comisión para que «deje de haber dos tipos de víctimas, las que tienen todos los derechos y las que no tienen ninguno».

Paqui Maqueda, portavoz de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía es una de esas víctimas que han cruzado el Atlántico para exigir la verdad. Denunció en Buenos Aires la muerte de su bisabuelo Juan Rodríguez Tirado, asesinado hace 77 años. Ha acusado a las instituciones españolas de tratar con «frialdad» a las víctimas y se ha reafirmado en su propósito: «llegaremos hasta donde haga falta para que nos consideren como las víctimas que somos».

Que todavía no exista una Comisión de la Verdad en España, «es inexplicable», ha exclamado otro de los eurodiputados que firman la petición, el socialista Vicente Garcés. Según el político, la UE ha tratado el problema de las víctimas como un tema «secundario» porque quienes son contrarios a que se sepa la verdad ocupan puestos de responsabilidad en el gobierno español.

Rosa Moreno Carranza, de 76 años, es otra de las víctimas que han llegado hasta Bruselas en busca de justicia. Cuenta emocionada que se va con «un poquito de esperanza» de cara a la creación de una Comisión de la Verdad. «Se trata de pedir perdón, sencillamente, nosotros no queremos más guerras», declara. Rosa perdió a su padre, a su tío y a su abuelo después de la Guerra Civil. De su padre y de su tío no tiene nada, «ni un papel que me diga dónde los mataron». Siente mucha impotencia por el silencio con el que responden las autoridades españolas a sus reclamaciones, pero no está dispuesta a rendirse: «luché en la resistencia a Franco, no voy a parar hasta que se cierren las heridas, aunque sea lo último que haga».

Para algunas de las víctimas, Europa tiene una deuda con España. Así lo considera el portavoz de la Plataforma Contra la Impunidad del franquismo, Julián Rebollo: «700.000 personas cruzaron la frontera con Europa y muchos de ellos lucharon contra los nazis». Como su tío, que fue capturado y murió en el campo de concentración de Mauthausen. Rebollo estima que la UE «debe pronunciarse claramente» sobre los crímenes. La Plataforma ha celebrado ya 400 manifestaciones en la Puerta del Sol y continúa convocándolas cada jueves.

Ernesto Caballero tenía cuatro años cuando terminó la Guerra Civil y se encontró con una «represión brutal». Su padre, alcalde republicano de su pueblo natal, Villanueva de Córdoba, fue asesinado en 1947, después de pasar ocho años detenido. También sufrieron la guerra sus tíos, que pasaron 7 y 15 años en la cárcel, o su madre, que fue detenida en varias ocasiones. Él mismo fue encarcelado en 1960 y pasó seis años en prisión. Defiende los derechos de aquellos que no participaron en la guerra pero lucharon contra la dictadura.

El drama de los niños robados

A las cifras se suman las miles de familias víctimas de los casos de niños robados. El portavoz de la Coordinadora Estatal x24 de niños robados, Paco Tena, ha reiterado que «se trata de un asunto actual y de Estado» y que los delitos como los cometidos durante el franquismo «no prescriben». Ha acentuado que una de las causas por las que no se afronta el problema es que «la población sigue advirtiendo una ideología franquista en las instituciones, que siguen poniendo trabas». Tena ha clamado que muchas de las familias siguen luchando solas a la hora de intentar encontrar a los niños secuestrados durante el franquismo. Ha contado el caso de una mujer que después de buscar durante 32 años a su hijo, «se ha encontrado con alguien a quien no conoce».

Los responsables son, en gran medida, el Ministerio de Justicia y la Iglesia Católica, sugiere Tena, por la falta de ayudas a las familias que buscan a sus hijos. Los acuerdos con la Santa Sede impiden el acceso a los documentos eclesiásticos, que según Tena podrían resolver muchos casos. Pero además ha hecho un llamamiento a aquellas familias que poseen documentos que puedan ayudar a esclarecer secuestros, a que no los entreguen al ministerio, que ha empezado a recabar información. Cree que las instituciones están actuando en contra de las familias y ha manifestado que uno de los indicios es el «casual» incendio de un archivo en las Palmas de Gran Canaria el pasado 4 de febrero.

http://www.publico.es/politica/505998/el-franquismo-deberia-ser-un-problema-europeo

Familiares de las víctimas del franquismo muestran retratos de sus parientes tras el final del debate «Búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo en Europa» en el Parlamento Europeo.EFE/OLIVIER HOSLET

FUSILADOS EN 1936

UNA FOSA COMÚN DE FERROLANOS SE ABRIRÁ EN GUITIRIZ, EN MAYO

LA INVESTIGACIÓN DE LOS RESTOS DE LOS SEIS FUSILADOS TIENE EL APOYO DE LA DIPUTACIÓN DE LUGO Y DEL MISMO PÁRROCO

PATRICIA HERMIDA. FERROL

Y al final, habrá paz para los seis ferrolanos fusilados en 1936 y cuyos restos se ocultan en una fosa común de Guitiriz. La Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo (Ardf) iniciará en mayo la exhumación de este enterramiento, ubicado en el cementerio de la parroquia de Santa Mariña de Lagostelle. Según la propia entidad, «el 14 de marzo se firmará el convenio de colaboración entre la Diputación de Lugo y la asociación Ardf en Lugo, en el mismo lugar donde se ubica la fosa común». El estudio antropológico de los restos se realizará en la Universidad Complutense de Madrid. Y el análisis de ADN se ejecutará en el Área de Medicina Legal y Forense de la Universidade de Santiago de Compostela.

Según la asociación, «la inhumación se realizará en el cementerio de Santa Mariña de Lagostelle con lectura de poemas, música tradicional de la tierra y otros actos de dignificación de los represaliados». La entidad también prepara una charla-coloquio sobre este hallazgo en el mes de abril. Desde hace casi tres años, esta Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos busca a los familiares de estos seis ferrolanos fusilados en 1936. Cuenta además con todo el apoyo del párroco y los feligreses de Santa Mariña. Los restos corresponden a seis varones, uno vestido con chaleco de maestro. Según indicaba en 2011 una testigo del enterramiento, María del Carmen Roca, «en el verano del 36 llegaron al pueblo cuatro tartanas con ferrolanos fusilados». Esta mujer tenía entonces 8 años.

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/fosa-comun-ferrolanos-abrira-guitiriz-mayo/idEdicion-2014-03-06/idNoticia-856343/

LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO PIDEN AYUDA LA EUROCÁMARA FRENTE AL GOBIERNO ESPAÑOL

Europa Press | 5/03/2014 – 12:48

Una veintena de víctimas del franquismo y asociaciones de apoyo, incluido en representación de los miles de niños robados durante el franquismo, han reclamado este miércoles ayuda al Parlamento Europeo para exigir al Gobierno español que «asuma sus responsabilidades» con ellas a través de la creación de una Comisión de la Verdad y se les garantice su derecho a la verdad, justicia y reparación. El PSOE recurrirá al Constitucional la reforma de la Justicia Universal

«Venimos aquí a Europa para, en primer lugar denuncia que en España se han cerrado todas las vías a las víctimas del franquismo y pedir el amparo del Parlamento Europeo, a las instituciones europeas» tras recordar que más de 150.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista y las más de 2.000 fosas comunes repartidas por el territorio español y los miles de niños robados «siguen sin tener una respuesta española» y no se les reconoce como «víctimas», ha resumido el portavoz de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, Jordi Gordon.

«El Parlamento Europeo tiene que asumir esa responsabilidad», ha defendido, insistiendo en que «la Europa democrática» tiene que implicarse y asumir «ese mandato de la ONU» en reconocimiento de las víctimas.

«Después de la Segunda Guerra Mundial, miraron para otro lado (*) Permitió durante 40 años una dictadura brutal. Esto todavía no está resuelto», ha reprochado, insistiendo en que España necesita «una Comisión de la Verdad que afronte la verdad, la justicia y la reparación».

El portavoz de la Plataforma por la Comisión de la Verdad/Contra la Impunidad del franquismo, Julián Rebollo, ha dejado claro que las víctimas piden «ayuda» y «protección» al Parlamento Europeo para lograr «que se sepa la verdad de los crímenes del franquismo». «No queremos ir contra nadie, sino que queremos cerrar las heridas. Mientras que haya fosas de miles de personas (sin exhumar) habrá heridas abiertas», ha advertido.

La deuda de Europa

«Hay una deuda de Europa con España», ha defendido, recordando que unas 700.000 personas cruzaron la frontera para luchar contra el régimen nazi «en el frente», muchos de ellos republicanos que perecieron en los campos de concentración nazi. «Mi tío murió en Mauthausen», ha explicado. «Mi abuelo quedó totalmente ciego por las bombas nazis», ha apostillado, insistiendo en que «Europa también tiene que tener una posición clara con respecto a España».

Ernesto Caballero, víctima del franquismo, ha denunciado «la represión brutal» al término de la guerra civil en su pueblo natal de Villanueva de Córdoba contra personas afines al republicanismo. También ha recordado el asesinato en 1947 de su padre, alcalde de la localidad durante la República y posterior guerrillero, de su tío un año antes, la condena a muerte -luego conmutadas_de otros dos tíos y las «palizas de la Guardia Civil» que sufrió su madre y que vio con «sus propios ojos» y su propio encarcelamiento durante cinco años tras seis años en busca y captura.

La portavoz de la Asociación Andaluza de Memoria Histórica y Justicia, Paqui Masqueda, ha recordado que las hermanas del anarquista Salvador Puig Antich «asesinado por la dictadura de Francio a garrote vil» cuando tenía 24 años siguen «en pie» pidiendo «algo my básico» como es la justicia.

«Por eso venimos aquí», ha resumido, al tiempo que ha denunciado «a aquellos políticos y jueces que nos siguen dando la espalda archivando cada una de las denuncias que estamos poniendo». «Somos los familiares los que abrimos las fosas», ha lamentado, insistiendo en que no dudarán en «cruzar cualquier mar» para «reclamar justicia» tras la querella de las víctimas en Argentina.

El problema de los niños robados

Por su parte, el portavoz de la Coordinadora Estatal x24 de niños robados, Paco Tena, ha denunciado que las 1.500 familias víctimas de niños robados «por desgracia no es un problema histórico» y ha recordado que el delito de desaparición y de manipulación de la identidad «no prescribe», pidiendo la intervención de Europa tras recordar que el Estado español no podría impedir denuncias de víctimas en otros países del extranjero donde fueron adoptados los menores.

«Es actual y es un grave problema de Estado», ha recalcado, insistiendo en que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no puede «delegar la responsabilidad en las familias» de buscar a sus desaparecidos y ha recordado el caso de una mujer que logró encontrar a su hijo después de 32 años y tiene que seguir padeciendo «el dolor inmenso» porque ya no le reconoce como tal.

Tena ha lamentado que en parte de la población española se percibe que los poderes del Estado están «contaminados por la misma ideología» y ha denunciado «la connivencia clara entre el Estado y los auténticos herederos del franquismo», entre otros por la vinculación «estrecha entre el Estado y la Iglesia católica», a la que ha criticado por negarles el acceso a los archivos que son «la fuente primaria del conocimiento d estos hechos». También ha pedido que las familias no entreguen a Gallardón ninguno de los documentos privados en su poder.

El director de la Memoria Democrática Junta de la Andalucía, Luis Naranjo, ha insistido al Estado español a que «asuma sus responsabilidades» con las víctimas en relación al «genocidio del franquismo» pero ha dejado claro que no aceptarán cualquier Comisión de la Verdad sino una que tenga «consecuencias jurídicas y políticas» y el Estado «sea garante» de ellas para «acabar con la impunidad de los verdugos», «la verdad histórica» y que ésta se «socialice» en escuelas y universidades y España deje de ser así «la anomalía democrática en el marco europeo». También ha insistido en que el Estado debe responsabilizarse de las intervenciones directas para exhumar fosas y poner los recursos públicos a disposición de estos procesos y de la investigación, como en Andalucía.

Apoyo de eurodiputados y queja

Los eurodiputados de IU, Willy Meyer, los socialistas Miguel Ángel Martínez y Vicente Garcés, así como el eurodiputado de ICV Raül Romeva, la del PNV, Izaskún Bilbao, y de Aralar, Iñaki Irazabalbeita, han firmado una declaración en apoyo a las víctimas para exigir la creación de una Comisión de la Verdad en España porque el derecho a la verdad, la justicia y la reparación «es un derecho humano de las víctimas de los crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad».

Las víctimas también registrarán una queja conjunta ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara para que las instituciones europeas se pronuncien sobre sus casos. Meyer ha confiado en que se trate en la próxima legislatura y que la composición del próximo Parlamento Europeo permita dar «una salida satisfactoria» a sus demandas tras recordar que el Estado español es «el único» de Europa donde no se ha garantizar la justicia y reparación de las víctimas del franquismo.

El eurodiputado socialista Vicente Garcés ha dejado claro que la limitación de la aplicación de la justicia universal en España promovida por el Gobierno «no cierra las puertas en el exterior» para buscar la justicia. «Al contrario, las abre más todavía», ha advertido, mientras que su compañero de partido, Antonio Masip, ha abundado en que el problema «terrible» de los niños robados «es de competencia europea» y apoyarán el expediente con «bases jurídicas».

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