El Ministerio de Presidencia ha puesto en marcha una página web que ofrece una “nueva mirada” al monumento de Cuelgamuros, antes conocido como Valle de los Caídos, y que pretende combatir el relato franquista sobre su historia y contexto.
La web, que se encuentra en fase de pruebas, recoge los acontecimientos más relevantes relacionados con el lugar, desde su construcción por orden del dictador Francisco Franco hasta las exhumaciones de los restos del propio Franco y de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange.
Además, la web incluye información sobre las más de 33.000 personas fallecidas en la guerra civil que están enterradas en las criptas del monumento, así como los obstáculos judiciales que han encontrado sus familiares para recuperar sus restos.
La iniciativa se enmarca en la Ley de Memoria Democrática, aprobada el pasado mes de octubre, que impuso el cambio de denominación del monumento y promulgó una resignificación del mismo para “dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos”.
La web también ofrece recursos online que muestran cómo se enfrentan a otros lugares de memoria en diferentes partes del mundo, así como documentos e investigaciones que arrojan una nueva luz sobre el perfil contemporáneo del lugar.
Según el Ministerio de Presidencia, la web busca “una nueva mirada al monumento, basada en el análisis de su historia arquitectónica, religiosa, patrimonial, funeraria y política”. Asimismo, pretende que el Valle de Cuelgamuros sea “un cementerio civil que interpela a todas las víctimas de la guerra y la represión en un marco de derechos humanos” y “una herramienta fundamental de reflexión crítica sobre la guerra y la dictadura”.
Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 17/05/2023
Archivo – Acto de ARICO y CRMAHU que contó con ayudas de DPH de Memoria Histórica en 2022 para homenajear a los angüesinos asesinados en la Guerra Civil – VERONICA LACASA – ARCHIVO
HUESCA, 16 May. (EUROPA PRESS) –
La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha abierto el plazo para la solicitud de subvenciones de Memoria Histórica. Todos los interesados podrán presentar proyectos hasta el próximo 29 de mayo, lunes. La convocatoria está dotada con 116.000 euros y trata de facilitar la investigación y documentación de momentos históricos relevantes en la provincia de Huesca para lograr un mayor conocimiento sobre los mismos.
Las bases de la convocatoria establecen que la cuantía se divide en distintos apartados y destinatarios. Los ayuntamientos altoaragoneses podrán solicitar un máximo de hasta 50.000 euros, que se destinarán a recuperaciones patrimoniales, y otros 10.000 euros para exhumaciones, actividades y publicaciones.
Por su parte, para las entidades sin ánimo de lucro que presenten sus proyectos, hay prevista una partida de 50.000 euros. Por último, se recogen 6.000 euros para los particulares que soliciten estas ayudas para llevar a cabo sus propósitos, siempre relacionados con esta materia.
Podrán acogerse, por tanto, a las ayudas correspondientes, líneas de actuación como exhumaciones; investigaciones y divulgación; publicaciones y actividades de los ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia tales como asociaciones, federaciones, fundaciones o universidades públicas y las personas físicas que tengan su domicilio, su sede o desarrollen su actividad en la provincia de Huesca y que cumplan con los requisitos. En cambio, la línea de Recuperaciones Patrimoniales relacionadas con la memoria histórica se restringe a los Ayuntamientos de la provincia.
Cada año, estas ayudas permiten que se lleven a cabo ciclos de conferencias, visitas guiadas; exposiciones; realización de documentales; adecuación y mantenimiento de rutas balizadas o trincheras; mejora de la señalética en diversos espacios divulgativos; proyectos de investigación arqueológica; inhumación de restos óseos e inventariado y catalogación de restos de la Guerra Civil o la II república y digitalización de archivos.
Los principales objetivos que se marcan en la convocatoria son los de facilitar el conocimiento y difusión de los hechos históricos acaecidos durante la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura en la provincia de Huesca; recuperar los cuerpos de las víctimas que permanecen desaparecidas; favorecer el esfuerzo de las asociaciones memorialistas en la búsqueda de las personas desaparecidas; colaborar en la publicación de trabajos relacionados con estos períodos; contribuir a la celebración de encuentros; simposios o congresos que aborden los objetivos señalados y sirvan para reivindicar la memoria democrática y recuperar elementos patrimoniales relacionados con la memoria histórica.
Todos los interesados que cumplan con los requisitos que establecen las bases de la convocatoria pueden solicitar estas subvenciones hasta el próximo 29 de mayo a través del registro electrónico de la Diputación Provincial de Huesca. La subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, siempre y cuando la suma de todos no supere el coste de la actividad.
Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 16/05/2023
Los trabajos de exhumación comenzaron este lunes en el cementerio de Chaca ante la presencia de algunos familiares. Se trata de Maximino Bergua Lalaguna, Antonio Fanlo Maza, Nicasio Isabal Cajal, Esteban Aínsa Aso, Joaquín Gracia Claver, Ramón Cajal López, Benito Lalaguna Callavé, Agustín Villanúa Batalla y Juan Artigas Martínez, asesinados el 3 de septiembre de 1937. De estos dos últimos, ARMH busca a las familias.
Trabajos de exhumación en el cementerio de Chaca de nueve republicanos asesinados por falangistas | Foto: ARMH
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que llevó a cabo en Priaranza del Bierzo, en el año 2000, la primera exhumación científica de personas desaparecidas por la represión franquista, ha iniciado la búsqueda de una fosa común en el cementerio de Chaca.
En ella trata de encontrar los restos de nueve republicanos asesinados el 3 de septiembre de 1937. Por la petición de un grupo de familias se quieren localizar e identificar los cuerpos de: Maximino Bergua Lalaguna, Antonio Fanlo Maza, Nicasio Isabal Cajal, Esteban Aínsa Aso, Joaquín Gracia Claver, Ramón Cajal López, Benito Lalaguna Callavé, Agustín Villanúa Batalla y Juan Artigas Martínez. De los dos últimos no se ha podido localizar todavía a ninguna de las familias, apunta ARMH a AraInfo.
Marco histórico
Según explica ARMH, al comienzo de la guerra, según cuentan los testimonios, fueron destruidas unas piloñas que transportaban electricidad a Biescas y los pueblos de alrededor. Esto fue utilizado, como excusa de sabotaje, por parte de la Guardia Civil y la falange para así detener a nueve vecinos de Biescas como represalia entre octubre y noviembre de 1936.
Fueron encarcelados en el seminario de Chaca, habilitado como prisión por los golpistas y en el fuerte Rapitán, fortaleza chacetana también utilizada como cárcel. El día 2 de septiembre de 1937 fueron trasladados a la ermita de La Victoria, pegada al cementerio de Chaca, para ser asesinados al día siguiente por falangistas en la tapia este del cementerio.
Se les enterró en una fosa común del cementerio y fueron inscritos en el libro de enterramiento como «Los nueve sin nombre». En el cementerio de Chaca fueron inhumadas más de 400 víctimas de los golpistas.
Estos «Nueve sin nombre» eran:
Maximino Bergua Lalaguna. Trabajaba como albañil. Estaba casado y tenía un hijo. Vecino de Biescas. Fue asesinado con 42 años.
Antonio Fanlo Maza. Trabajaba como controlador en la central eléctrica de Biescas. Vecino de Biescas. Estaba casado y padre de dos hijos. Tenía 43 años cuando fue asesinado.
Nicasio Isabal Cajal. Trabajaba como encargado de obras en la restauración de edificios de Patrimonio Nacional. Vecino de Biescas, estaba casado y tenía tres hijos. Fue asesinado con 40 años.
Esteban Aínsa Aso. Trabajaba como albañil. Vecino de Biescas, estaba casado y tenía tres hijos. Fue asesinado con 31 años.
Joaquín Gracia Claver. Era albañil. Vecino de Biescas, estaba casado y no tenía hijos. Asesinado a los 31 años.
Ramón Cajal López. Trabajaba en el campo como agricultor y ganadero. Vecino de Biescas, estaba casado y tenía dos hijos. Asesinado a los 33 años.
Benito Lalaguna Callavé. Era albañil. Vecino de Biescas, estaba casado y tenía cinco hijos. Asesinado a los 40 años.
Agustín Villanúa Batalla. Era industrial. Vecino de Igriés, estaba casado y tenía tres hijos. Asesinado a los 38 años.
Juan Artigas Martínez. Nacido en Aguero y posible vecino de la localidad de Chaca.
De estos dos últimos, ARMH no ha encontrado familia hasta ahora.
Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 16/05/2023
El discurso ultra que ha penetrado con fuerza en la sociedad también ha permeado en los institutos, y varios docentes relatan cómo postulados franquistas, antifeministas y homófobos, que empezaron “siendo residuales”, se han ido extendiendo — La memoria histórica en los libros de texto: “Dedican más espacio a las etapas de la Guerra Civil que a la represión”
Mar volvió a dar clase en un instituto tras seis años sin pisar un centro educativo público. En ese retorno a las aulas, recuerda la sorpresa que se llevó al entrar en contacto con algunos de sus nuevos alumnos. “Vi un cambio espectacular. Un montón de niños hablaban de Franco sin saber quién era, iban con banderitas de España hasta el cuello y decían que eran españoles, muy españoles y que con Franco se estaba mejor”, recuerda esta docente que en los últimos años ha pasado por varios municipios de la Comunidad de Madrid.
El asombro de Mar no es una novedad. Es un tema que ocupa parte de las conversaciones del profesorado, tanto en charlas distendidas en el recreo como tomando cañas con sus amigos y familiares. El discurso ultra que ha penetrado con fuerza en la sociedad y en el Congreso de los Diputados también ha permeado en los institutos públicos y ha seducido a un sector de la juventud.
El argumentario de estos jóvenes, según los docentes consultados por elDiario.es, exalta la bandera, defiende el nacionalismo español y recoge comentarios homófobos; además, confronta a los profesores con argumentos antifeministas y negacionistas de la violencia de género. En algunos casos, los mensajes que escandalizan al profesorado tienen reminiscencias franquistas e incluyen, incluso, alabanzas a la dictadura. “Cada día oigo más frecuentemente ‘Viva Franco’ y ‘Arriba España”, cuenta Laura, profesora de un instituto de Jaca (Huesca).
Aumento de la identificación con Vox
Estos comportamientos, que empezaron “siendo residuales”, se han ido extendiendo en algunas aulas. “Hace unos años era impensable”, asegura la docente aragonesa. Antes de que irrumpiese esta ola entre un sector de la juventud “podía haber alumnos franquistas, pero no se manifestaban”; sin embargo, el eco que estos mensajes están consiguiendo entre su alumnado le “alarma muchísimo”. Eso sí, los entrevistados advierten que los alumnos no están solos en sus reivindicaciones; encuentran apoyo entre sus padres y otros docentes.
En los últimos años, coincidiendo con la normalización y el blanqueamiento de un discurso ultraderechista que niega la violencia de género, los docentes han detectado en las aulas un fuerte rechazo a la palabra feminismo. El impacto de estos postulados en una nueva generación se observa en el CIS. Si en 2019 el 3,8% de los jóvenes que tenían entre 18 y 24 años consideraban que Vox era el partido más cercano a sus ideas; cuatro años después, en el último sondeo publicado el pasado jueves, ese parámetro se ha triplicado (12,4%). De hecho, esa franja edad es en la que la formación de Santiago Abascal consigue más seguidores.
Para estos jóvenes la simbología franquista no significa lo mismo que para nosotros. Tienen 40 años menos. Lo ven fuera de contexto
Mónica Cornejo — profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense
El partido de ultraderecha se mueve muy bien en los nuevos espacios en los que los más jóvenes se informan y se entretienen. “Es el partido que tiene más éxito en TikTok”, indica la investigadora Naira López Cañellas, que ha publicado un trabajo académico sobre los los peligros de subestimar a esta plataforma. En esta red social se “premia” el formato “corto” e “incendiario”. Un lenguaje que manejan en Vox. Se centran en una “experiencia personal”, donde se cuenta una anécdota puntual y de ella se hace “algo más grande”, detalla.
Es habitual y frecuente que los docentes se encuentren defensores de la formación de ultraderecha. “Es un sentir generalizado, no solo entre los jóvenes, también entre los adultos. El otro día también me pasó cuando estaba trabajando con presos”, cuenta el profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León Enrique Javier Díez. Entre las anécdotas que relata recuerda lo sucedido en un centro educativo mientras impartía una docencia sobre igualdad. Unos chicos que no tenían ni 11 años le replicaban hablando de “feminazis” e ideología de género, a la vez que reivindicaban su simpatía por Vox. “Estoy convencido de que no sabían lo que era la ideología de género”, reseña.
El ‘Cara al Sol’ en el instituto
El incremento de un antifeminismo entre los jóvenes ha sido alertado hace unos días por el Centro Reina Sofía de Fad Juventud en Madrid. En un informe publicado el pasado miércoles constataron que el 44,7% de los hombres jóvenes sostienen postulados machistas. Pedro, que da clase a alumnos con dificultades de aprendizaje en un instituto en Ibiza, cuenta que este discurso, “muy de extrema derecha” que ha llegado a las aulas mezcla asuntos “que parecen inconexos”. Entre ellos, España, la bandera y el feminismo. Se ha encontrado con alumnos a los que este último concepto no solo les provoca rechazo, sino que “directamente les genera odio”. En temas referentes al colectivo LGTBI también observa “un retroceso muy fuerte”.
En mi generación mucha gente cuestiona el movimiento feminista. Aunque no son mayoría, todavía hay chavales que dicen ‘ni machismo ni feminismo
Lucía — estudiante de 18 años
Cristina, jefa de estudios de un instituto del norte de Madrid, cuenta la insistencia de sus alumnos por colocar “la bandera de España en todos lados”. En la misma autonomía, Javier también ha detectado la incursión de “un discurso muy rancio” en un sector de su alumnado. Entre las anécdotas que relata, detalla cómo ha tenido que llamar la atención a algunos estudiantes por realizar “saludos con la mano en alto” o por “cantar el ‘Cara al Sol” en el centro.
En un instituto de Arriondas (Asturias), Mercedes ha escuchado el himno falangista entre su alumnado. “Lo cantan, pero no saben lo que es”, reconoce. En conversación con elDiario.es, explica que se ha llevado una sorpresa al volver a oír esta melodía en un centro educativo. Hacía años que no la escuchaba entre gente joven. Eso sí, reconoce que es una actitud puntual. No es frecuente encontrarse con la melodía del Cara al Sol en los pasillos de su instituto. “Son los menos”, añade, sobre los alumnos que se decantan por tararear esta letra en clase.
Los docentes entrevistados no coinciden al determinar qué acontecimiento ha marcado un punto de inflexión para que tanto estos comentarios como los discursos que niegan los postulados feministas se hayan hecho un hueco diario en la conversación diaria de los centros educativos: unos apuntan a la huelga feminista de 2018, otros a la irrupción de Vox y también se cita la victoria de la selección española en el mundial de fútbol de 2010.
“Cada vez somos más los que pensamos así”
Antonio (nombre ficticio) tiene 18 años, vive en Madrid. Desde que estaba en el instituto le empezó a interesar la política y siempre se ha visto con la libertad de expresarlo en clase, sobre todo cuando sus compañeras se identificaron abiertamente como feministas. Define sus ideas como “tradicionalistas y conservadoras” y con los partidos que más se identifica son Democracia Nacional y la Falange. Asegura que no es el único de su círculo cercano: “Cada vez somos más los que pensamos así”.
En una actividad de clase, algunos alumnos nos preguntaron, ¿y Falange? Es que yo quiero votar a Falange
Laura — docente de un instituto en Jaca (Huesca)
“Es una minoría que antes no veías”, señala Laura sobre alumnos como Antonio. En su instituto hace unos días realizaron una simulación de unas elecciones. Aunque se optaron por “partidos políticos imaginarios”, finalmente también se mencionaron algunos que sí que existen y ahí fue cuando la docente aragonesa se sorprendió al escuchar la petición de algunos jóvenes: “Nos preguntaron, ¿y Falange? Es que yo quiero votar a Falange”.
Para estos jóvenes, la simbología franquista y falangista no tiene la misma trascendencia que para algunos de sus profesores, que nacieron en la última etapa de la dictadura. Así lo ve Mónica Cornejo, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). “Para ellos no significa lo mismo que para nosotros. Tienen 40 años menos. Lo ven fuera de contexto”, apunta.
Otro factor a tener en cuenta para analizar este fenómeno es la “psicología endógena del adolescente”: llevar la contraria y escandalizar. “Lo más antisistema es ser de derechas”, explica Javier. Entre los testimonios recabados por los docentes, identifican que hay cierta provocación entre los alumnos que defienden postulados ultras o niegan la violencia de género. Aunque Pedro ha identificado esa tendencia, advierte a su vez que “a algunos” sí que los ve “convencidos”.
Discusiones en las aulas
“Si van a conseguir escandalizar con una cresta rosa en la cabeza, se la van a poner. Si lo van a lograr con un pin que ponga España y un símbolo falangista, mejor, así no tienen que hacerse nada en el pelo”, apunta la docente de la Complutense. Actualmente, ser de Vox “es ser el malote en clase y ser provocador”, indica el profesor de la Universidad de León, que sostiene que esta nueva generación sustituye a los alumnos que hace varias décadas se reivindicaban como heavies o punkies.
La juventud actual también “está abriendo caminos” en temas como las identidades sexuales y de género. “Expresan su propio género de manera más diversa que en tiempos pasados
Nuria Alabao — antropóloga especializada en intersecciones entre extrema derecha y género
Frente a unas compañeras que “tienen más formas y modelos para ser mujer”, algunos jóvenes han asumido “un modelo de masculinidad más tradicional para cerrarse a una seguridad en estos tiempos de inestabilidad identitaria propia de la adolescencia”, subraya Nuria Alabao, antropóloga especializada en intersecciones entre extrema derecha y género. A la par que discursos antifeministas, la juventud actual también “está abriendo caminos” en temas como las identidades sexuales y de género. “Expresan su propio género de manera más diversa que en tiempos pasados”, indica.
Esta diversidad de posicionamientos se palpa día a día en las clases. Lo cuentan los profesores, pero también las alumnas. Ellas se reconocen como las nuevas generaciones de un movimiento feminista “necesario y muy importante para conseguir la igualdad”, mientras sus compañeros de clase las tratan de “exageradas y mentirosas”. Lucía tiene 18 años y, tanto en su instituto en Madrid como ahora en la Universidad, siempre se ha encontrado con comentarios machistas por parte de sus compañeros: “En mi generación mucha gente cuestiona el movimiento feminista. Aunque no son mayoría, todavía hay chavales que dicen ‘ni machismo ni feminismo’. Cuando hemos debatido en clase sobre estos temas hay chicos que se limitan a poner malas caras y llamarnos pesadas”.
Enma (17 años) recuerda que hace unos días en su clase de Bachillerato de Artes el profesor tuvo que parar un debate: “Estábamos charlando tranquilamente sobre el tema cuando un grupo de chicos comenzó a gritarnos que tendríamos que haber vivido en el siglo pasado para ver lo que vivían realmente las mujeres, y no ahora, que ‘deberíamos agradecer cómo vivimos’… Dos minutos después alardeaban de que van a votar a Vox por sus políticas contra los derechos de las mujeres”.
Consenso en que la violencia de género es un problema social
“Cuando las chicas comenzaron a sacar sus discursos feministas en clase, los chicos nos empezamos a informar en defensa propia. Buscamos argumentos sólidos para combatir esa idea porque pensamos que puede poner en peligro nuestras libertades y perpetuar las desigualdades”, replica Antonio. Desde los 15 años, y ante la mirada crítica de sus compañeras, no ha dudado en posicionarse en este tema ante el resto de su grupo de clase.
En el momento en el que mi profesora dijo que le parecía una vergüenza que Vox quisiese eliminar la ley de violencia de género, yo tuve que saltar. Considero que es una ley sexista y anticonstitucional. Los chicos de mi clase me animaban y aplaudían
Antonio — estudiante de 18 años
Ahora está en la universidad, y aún recuerda el día en el que decidió debatir con su profesora de Historia sobre si la Ley de Violencia de Género debía derogarse o no: “En el momento en el que mi profesora dijo que le parecía una vergüenza que Vox quisiese eliminar la ley, yo tuve que saltar. Considero que es una ley sexista y anticonstitucional. Los chicos de mi clase me animaban y aplaudían”. Aun así, no se siente a gusto con las posturas de Vox por ser “tradicionales pero de mentira”.
Los datos demuestran esta creciente percepción negacionista entre los hombres adolescentes, asumiendo el feminismo como un movimiento que les daña y les señala. Según el estudio ‘Culpables hasta que se demuestre lo contrario. Percepciones y discursos de adolescentes españoles sobre masculinidades y violencia de género’ del Centro Reina Sofía de Fad Juventud, el 44,7% de los hombres jóvenes sostienen postulados machistas.
Esta investigación, que se ha realizado entrevistando a adolescentes, revela que hay nuevas percepciones sobre la desigualdad de género y la violencia machista entre los chavales como “el sentimiento de ser las verdaderas víctimas” porque el feminismo de ahora les ha colocado “en una situación de inferioridad y vulnerabilidad respecto de las mujeres, donde se les criminaliza y silencia sus opiniones”. Con todo, estos resultados también destacan que el 46,4% de jóvenes se considera feminista frente a un 41,8% que dice no serlo.
El problema principal es que no lo estamos combatiendo. Estamos tan cargados de trabajo que estos temas se nos escapan. Las administraciones dan prioridad a impresoras 3D o bilingüismo, que son temas importantes; pero dejan de lado la educación social
Cecilia — profesora de un instituto de Madrid
En este trabajo también arroja conclusiones positivas, como que hay un consenso mayoritario en que la violencia de género es un problema social muy grave (74,2%). Al analizar estos datos, Alabao sostiene que si “se codifica en términos muy políticos”, como puede ser el feminismo y el antifeminismo, los jóvenes “pueden tener posiciones ambiguas”; sin embargo, si se “habla de problemas concretos”, como la violencia de género, “los chavales no tienen posiciones reaccionarias”.
Argumentos “muy simples”
El argumentario al que hacen frente los docentes entrevistados está basado en “discursos muy simples” en el que gran parte de los alumnos no consiguen profundizar cuando sus profesores rascan un poco más. “Muchas veces no saben lo que están diciendo”, coinciden en responder varios entrevistados.
¿Cómo se combate en los institutos esta ola reaccionaria? No hay una pauta común. Algunos entrevistados confiesan que en sus centros, y por orden de la dirección, no se entra en estos debates por temor a la reacción de los padres. En otros casos, se reconoce que ante el exceso de trabajos “este tipo de temas se escapan”. “No nos queda tiempo”, explica Cecilia, que da clase en la Comunidad de Madrid. Ante esa falta de dedicación a este asunto, lamenta que las administraciones prioricen temas como “impresoras 3D o bilingüismo, que son temas importantes; pero dejen de lado la educación social”.
El cambio cultural es muy lento». El asentamiento del feminismo y la garantía de los derechos sexuales «no va a ocurrir sin que la otra parte» intente que no se alcance. «Es un tira y afloja que dura décadas
Mónica Cornejo — profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM
En el caso del centro en el que trabaja Mercedes sí que se aboga por abordar estos asuntos. Con pedagogía, e intentando “relajar la tensión”, trata de que sus alumnos “analicen si realmente las reivindicaciones del feminismo van contra los hombres”. En estas clases se encuentra con respuestas “agresivas” por parte de los alumnos porque “se sienten atacados” al comenzar a abordar este asunto. Poco a poco, con pequeñas tareas y trabajos en los que anima a que consulten a sus madres o abuelas si han sufrido discriminación o si han sido acosadas, algunos alumnos empiezan a “darse cuenta”. “Cuando les toca de cerca es cuando lo ven”, concluye.
Sobre la evolución del feminismo, la profesora de la Complutense explica que “el cambio cultural es muy lento”. El asentamiento del feminismo y la garantía de los derechos sexuales “no va a ocurrir sin que la otra parte” intente que no se alcance. “Es un tira y afloja que dura décadas”. En esa transformación, “cabe esperar momentos históricos de receso”. Y alerta: “Hay que estar atentos porque durante esas etapas se puede perder, pero también se puede aprender y se puede mejorar”.
Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 15/05/2023
El Gobierno aragonés considera que estas líneas son una afrenta a las víctimas republicanas en la contienda civil que transcurrió en España del año 1936 a 1939
La Basílica del Pilar está en el punto de mira por el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Varias inscripciones, e incluso las bombas de la Guerra Civil, que yacen en el templo católico han sido tachadas de franquistas, o instrumentos de apología del régimen franquista. La petición de un particular, junto a los requerimientos de información solicitados Compromís en el Senado, han hecho que el Gobierno de Aragón mueva ficha y le pida al Cabildo del Pilar que retire estas inscripciones.
El texto declara: ‘Tras la guerra de liberación de la patria y obtenida felizmente la victoria, los fieles cristianos de toda España, agradeciendo a la bienaventurada Virgen María del Pilar al haber escuchado sus votos, la visitan como peregrinos con filial amor y piadosa penitencia mientras, llenos de júbilo celebran el XIX centenario de su venida. Años 1939-1940 del nacimiento de Cristo’. De este texto, no todo es susceptible de ser borrado sino que sólo serían las tres primeras lineas:“Tras la guerra de liberación de la patria y obtenida felizmente la victoria“.
Hasta el momento de ser retiradas por orden del Ejecutivo de Aragón, que lidera el socialista Javier Lambán, y en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, se ha decidido hacer un apaño con cartón y cinta americana para que no sean visibles las tres líneas. El Gobierno aragonés considera que estas líneas son una afrenta a las víctimas republicanas en la contienda civil que transcurrió en España del año 1936 a 1939. Otros vestigios que yacen en el templo zaragozano no han sido requeridos para su supresión por el Ejecutivo aragonés, como las dos bombas que cayeron en la Basílica del Pilar por orden del bando republicano.
En unos días, según fuentes del Cabildo Metropolitano, las tres líneas tachadas de franquistas serán tapadas con una lámina de latón y alejadas de todos aquellos que visiten la Basílica del Pilar. El Gobierno de Aragón, como informó este periódico, desistió de la idea de suprimir la señal de la Plaza del Pilar donde se detalla el lugar en el que cayó un obús ni las dos bombas de aviación del Ejercito Republicano.
Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 15/05/2023
Al menos 114.000 ejecutados permanecen en fosas y el Ejecutivo no da el paso de expulsar a los benedictinos del Valle de los Caídos.
Comienza la exhumación de los restos de Primo de Rivera, en una imagen de archivo.
La exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera el pasado 24 de abril, tras el hito que representó la salida de Francisco Franco del Valle de los Caídos (hoy Cuelgamuros), supuso un nuevo capítulo en la aplicación de las leyes de memoria con respecto a la Guerra Civil y la dictadura, la primera aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la siguiente por el de Pedro Sánchez en octubre de 2022.
Quedan en cualquier caso muchas tareas por acometer en virtud de las legislaciones publicadas en el BOE por ambos presidentes socialistas y sin el consenso de la oposición de centroderecha. Algunas de ellas deberán sacarse adelante ante la oposición de ejecutivos autonómicos, municipios o de la Iglesia.
Fosas comunes
Según el último cálculo oficial, hecho público en 2008 en un auto judicial por el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, permanecen en fosas comunes 114.000 republicanos ejecutados o desaparecidos entre 1936 y 1951. La recuperación de sus restos supone el mayor reto de la Ley de Memoria Democrática. Durante el mandato de Rodríguez Zapatero se ordenaron las exhumaciones, pero con Mariano Rajoy en la Moncloa el presupuesto para ello se redujo a cero. Ahora, el Gobierno de Sánchez vuelve a contemplar gastos para recuperar a las decenas de miles de ajusticiados de las cunetas donde yacen. Resta por ver si ese montante es suficiente y si se materializan todas las exhumaciones, interrogantes que podrían alargar años los procedimientos y estarían al albur de posibles cambios en el Gobierno.
Resignificar Cuelgamuros
El antiguo Valle de los Caídos, el mausoleo construido con presos republicanos por orden de Francisco Franco, ya no alberga las tumbas del dictador y de Primo de Rivera. Quedan aún así tareas pendientes, según las pretensiones del Gobierno y de la Ley de Memoria Democrática. La primera es la expulsión de la orden benedictina que habita en la basílica. Su prior es Santiago Cantera, quien en el pasado figuró en listas electorales de Falange, tal y como se esfuerza en recordar el Ejecutivo de Sánchez. En este punto, las negociaciones con a Conferencia Episcopal y hasta con el Vaticano resultarán cruciales.
Los benedictinos han puesto trabas a la exhumación de un centenar de víctimas de la Guerra Civil, la mayoría republicanos cuyos restos fueron trasladados a Cuelgamuros sin el consentimiento de sus familias. El último desafío es convertir el gran monumento del franquismo en un centro de reinterpretación de la dictadura y un lugar de recuperación de la memoria democrática; un plan que la ley no detalla. En cualquier caso, el pasado marzo el Ejecutivo madrileño que dirige Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) contraatacó con una ley autonómica apoyada por Vox para «preservar la arquitectura religiosa, incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces, así como los elementos decorativos y bienes muebles relacionados directamente con el bien patrimonial a proteger».
Exhumaciones de Moscardó y Milans del Bosch
Solo dos militares golpistas quedan pendientes a priori de una exhumación, aunque en sus casos la ley no deja claro que se puedan realizar. JoséMoscardó -al frente de la defensa del Alcázar de Toledo en 1936- y Jaime Milansdel Bosch -cadete en el Alcázar durante el ataque de las fuerzas republicanas y después uno de los líderes del 23-F- yacen en la fortificación toledana. Pese a las peticiones de exhumación, se encuentran en un habitáculo no expuesto a la exaltación del franquismo y cuya propiedad es del Ministerio de Defensa.
Anulación de juicios y condenas
La ley declara la ilegalidad de los tribunales franquistas de excepción, la nulidad de sus sentencias y pone en el centro de la acción pública a las víctimas. Esto da lugar al derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal. Quedan por revisar decenas de miles de condenas a muerte o trabajos forzados que las autoridades de la dictadura justificaron bajo el argumento de rebelión militar contra el bando nacional.
La ley fija que se deben restituir honores a estos represaliados, muchos de ellos fusilados tras el fin de la contienda. Uno de ellos fue el coronel Antonio Escobar, un ferviente católico que como coronel de la Guardia Civil en Barcelona se mantuvo fiel a la República tras el golpe de Estado. Fue fusilado en el castillo de Montjuic en 1940 y el pasado 18 de abril el Gobierno le reconoció el grado de general que se le otorgó durante la República. Miles de mandos republicanos yacen aún en el anonimato, como le sucedió a Escobar durante 63 años.
El Pazo de Meirás y el cortijo de Queipo de Llano
Según fija la Ley de Memoria Democrática aprobada el pasado octubre, «se reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura». El pazo de Meirás, residencia coruñesa de verano de Franco, se ha recuperado como Patrimonio del Estado, una medida que apoyó Alberto Núñez Feijóo en su etapa como presidente de Galicia.
Aún así, la familia del dictador sigue litigando en los tribunales. Mientras la Justicia decide, a los descendientes del dictador solo se les ha permitido retirar del pazo algunas alfombras y cortinas de este palacete que, supuestamente, el pueblo gallego regaló a Franco. Otra gran propiedad en el punto de mira es el cortijo de la localidad sevillana de Camas que pertenece a la familia Queipo de Llano. Asociaciones de la memoria histórica exigen la expropiación de este terreno agrícola de 480 hectáreas. El general fue exhumado el pasado noviembre de la tumba en la que yacía en el interior de la basílica de la Macarena.Fundación Francisco Franco
La Ley de Memoria Democrática abre la puerta a ilegalizar fundaciones que hagan apología del franquismo, y muy especialmente de su líder. «Se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado», establece la norma. Desde la fundación sí se da por hecho que se propondrá su ilegalización en caso de que permanezca en el poder la coalición PSOE–Unidas Podemos.Llanos del Caudillo o San Leonardo de Yagüe
Quedan numerosas nomenclaturas de municipios y calles que, pese a la aprobación ya de la ley de 2007, mantienen nombres franquistas. Sin ir más lejos, sobre el mapa aún se leen nombres como Llanos del Caudillo (Ciudad Real) o San Leonardo de Yagüe (Soria). Este último pueblo es el lugar de nacimiento del general Juan Yagüe, responsable de la ejecución de al menos 3.000 prisioneros republicanos en Badajoz. La plaza de San Leonardo se llama Juan Yagüe.
Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 14/05/2023
La página, que servirá para resignificar el Valle de los Caídos, está disponible en todas las lenguas oficiales del Estado e incluye multitud de recursos históricos
Página web para resignificar el Valle de los Caídos.
Poner la venda antes que la herida. Esa es la impresión que tienen algunas víctimas del franquismo con la web que ha lanzado el Gobierno para resignificar el Valle de los Caídos, tal y como establece la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre. La página, aún «en pruebas», está disponible en todas las lenguas oficiales del Estado y en inglés e incluye multitud de recursos históricos. Sin embargo, los familiares de los republicanos reprochan que vea la luz antes de que se inicien las exhumaciones que llevan décadas esperando.
«La creación de la Secretaría de Estado de Memoria en 2020 posibilitó el impulso de las exhumaciones en las criptas que un número importante de familiares había demandado hacía años», afirma la web. Unas palabras que han soliviantado a las víctimas del franquismo, ya que se dan por completados unos trabajos que aún no se han producido. De momento, los únicos restos desenterrados son los de Franco, en octubre de 2019, y recientemente los de Primo de Rivera.
El mausoleo, que ahora se denomina Cuelgamuros, fue concebido por Francisco Franco para celebrar su victoria en la Guerra Civil. Las obras se iniciaron en 1940 y se desarrollaron durante casi dos décadas, en buena medida con mano de obra penada. El dictador lo inauguró el 1 de abril de 1959 para conmemorar «los 20 años de paz» y albergar a los partidarios caídos del bando sublevado, pero sus criptas comenzaron a recibir víctimas republicanas, más de 33.000.
Exaltación del franquismo
En los últimos años el Gobierno ha recibido 123 solicitudes para recuperar sus restos. Una puerta que abrió la reclamación de los descendientes de los hermanos Lapeña. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial dio luz verde a sus exhumaciones en 2016. Sin embargo, los recursos judiciales interpuestos por una asociación y el aplazamiento de la licencia urbanística lo han impedido hasta ahora. La propia web hace un recorrido por esos vericuetos.
Algunos descendientes de los republicanos lamentan que se trata de «una página de autobombo». Joan Pinyol, profesor y autor del libro Abuelo, te sacaré de aquí, sostiene que la reivindicación de las familias que tienen a un ser querido enterrado en el Valle de los Caídos es un tema de fondo, no de forma. Pinyol, que lleva décadas tratando de recuperar los restos de su abuelo materno, sostiene que la web «resulta un improperio más que desatiende nuestra causa humana».
El Valle de los Caídos alberga más de 33.000 víctimas del franquismo. | Foto: Rafael Bastante (Europa Press)
E insiste: «Reclamamos hechos y actitudes reales, no de postureo. A lo largo de nuestro proceso, se nos ha permitido ver el interior de las criptas, hemos asistido a la vergonzosa exhumación del dictador a hombros de sus nietos, hace poco también a José Antonio Primo de Rivera, pero a nosotros nos toca esperar y el tiempo va en contra, porque están muriendo los descendientes directos».
Silvia Navarro, que busca recuperar los restos de su tío-abuelo, asesinado en Calatayud y trasladado al Valle de los Caídos sin consentimiento, considera que la redacción de la web puede inducir a equívoco. «Incluye una información inexacta. De momento, no se ha recuperado ninguna víctima». Fuentes gubernamentales insisten en que las exhumaciones comenzarán en «unas semanas». De hecho, ya se han abierto las criptas para acondicionar los accesos y establecer las vías de evacuación.
Resignificar el Valle
Navarro sostiene que la página para explicar la historia del Valle de los Caídos es positiva, pero considera que el Gobierno debió haber priorizado las exhumaciones porque «ya vamos tarde; siempre es tarde». Sostiene que no se puede resignificar un lugar así por mucho que ahora se denomine Cuelgamuros, porque eso no va a cambiar el significado que tiene para las víctimas: la exaltación del franquismo.
Una opinión que comparte Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Nieto de un republicano asesinado, la fosa común de su abuelo en Priaranza del Bierzo (León) fue la primera que se abrió en España. Sucedió en 2000 y marcó un antes y un después en las políticas memorialistas de nuestro país. Desde entonces, se han recuperado más de un millar de cuerpos, aunque siempre sin ayudas públicas.
«El Valle de los Caídos no se resignifica con una web. El monumento sigue exaltando el franquismo. Dentro del mausoleo no existe ningún relato democrático que lo explique. Tampoco se le puede llamar cementerio civil a un espacio coronado por la mayor cruz de la cristiandad. Es necesario intervenir dentro de él con una narrativa que denuncie a la dictadura y explique que fue un monumento que Franco ordenó construir para su propia gloria», subraya Silva.
Fausto Canales, de 88 años, cuyo padre fue fusilado por los golpistas en 1936, también tiene prisa por sacar sus restos del Valle de los Caídos, donde lo trasladaron sin autorización familiar. Sin embargo, no comparte la opinión de sus colegas. «La web habla de los trabajos, no da por hechas las exhumaciones. Está bien encaminada y bien concebida. Supone una herramienta que da la versión más aproximada de lo que ocurrió».
Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 18/04/2021
El tiempo corre en contra de los familiares más ancianos que esperan las exhumaciones del Valle de los Caídos
«Deseamos que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial nos pueda dar cuanto antes la licencia de obras porque estimamos que se han preparado bien todos los requisitos», dice el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez
Es una contradicción científica pero pareciera que el tiempo viaja a dos velocidades. En una realidad se alternan los gobiernos, se suman y restan partidas presupuestarias, caen las hojas de los meses en el calendario mientras se activan trámites burocráticos, pasan seis años sin ejecutarse una orden judicial y cuatro décadas de democracia no cunden para sacar a los miles de asesinados de sus enterramientos indignos. En la otra línea de tiempo, los hijos e hijas huérfanas son ya octogenarios y nonagenarios que se mueren cada día, esperando una reparación legítima. Al borde del final de sus vidas, dentro de un día de su tiempo solo cabe un minuto del tiempo de la política. «El menor de los hijos de los familiares que hay en mi grupo tiene 87 años y el mayor cumple 99», recuerda Silvia Navarro, de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos.
«Ya está llegando la cuarta generación, en nuestra asociación tenemos una biznieta sustituyendo a una persona fallecida», dice Navarro. «El tiempo siempre corre en nuestra contra, nunca a nuestro favor». El proceso ha sido larguísimo, ha sido una batalla de casi veinte años para los pioneros que abrieron el camino a todos los demás.
Unos, como los familiares de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, escucharon habladurías en Calatayud sobre cuerpos que habían sido llevados al Valle de los Caídos al finales de los años 50. Otros, como en el caso de los represaliados en el pueblo abulense de Pajares de Adaja, se llevaron la sorpresa al exhumar un pozo en Aldeaseca donde esperaban haber encontrado los cuerpos, y solo hallaron unos huesos craneales, botones, minas de lapicero y un dedal. Con el transcurrir de los años, hay quien lo leyó en un libro o quien se encontró con la información en una página web: nunca fueron informados, pero sus familiares habían sido reinhumados en las criptas del gran mausoleo de Cuelgamuros, dedicado «a la memoria de los caídos en la gloriosa cruzada»; casi 34.000 víctimas de la Guerra Civil emparedadas en las criptas de las ocho capillas de la basílica, con una posición preeminente del dictador Francisco Franco y el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.
El primer vistazo al estado de las criptas se realiza en mayo de 2010. Muy poco antes de las elecciones del 20 de noviembre de 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero forma una comisión de expertos para aportar ideas sobre el futuro del Valle. Los socialistas pierden las elecciones y el informe de ese grupo quedará guardado en un cajón durante años. No llega una buena noticia hasta el 9 de mayo de 2016, cuando un juez autorizó la exhumación de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña. La primera inspección técnica, haciendo calas en las paredes, no se hace hasta noviembre de 2018. Un año después, se publica un informe técnico más en profundidad del estado de algunos osarios. Franco es el primer exhumado, en octubre de 2019. En 2020, comienza a trabajarse decididamente sobre el futuro del monumento. A día de hoy, todavía no se ha roto ningún tabique.
«No entendemos nada», expresa Silvia Navarro. «Nos llevan diciendo desde agosto de 2020 que en cualquier momento iban a entrar y no entran. Y mientras, se suceden otros proyectos de memoria. ¿No se podrían priorizar nuestras exhumaciones, ya que llevamos 12 años pidiéndolas oficialmente?».
El pasado 12 de abril, el Gobierno solicitó al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial una licencia urbanística para iniciar los trabajos de exhumación de los restos de 62 personas allí inhumadas. Patrimonio Nacional ha presentado en ese consistorio, al que pertenece territorialmente el Valle de los Caídos, una solicitud de obra mayor para acceder y afianzar el acceso a los diferentes niveles de criptas, la rotura de cerramientos y el aparataje necesario para entrar a ellas, con su iluminación, sus condiciones de seguridad y otras medidas que garanticen la seguridad de las estructuras. El estado arquitectónico del edificio no es bueno. Se realizó excavando roca y vaciando el interior de una montaña, una ubicación que produce filtraciones de agua, como ya se indicaba en el informe que realizó Patrimonio en el año 2011 y que concluía que la «humedad afectará a medio plazo sobre los elementos estructurales».
Hemos trabajado mucho buscando fórmulas para hacerlo, lo digo con el corazón en la mano, con todo mi respeto y cariño hacia los familiares
A la pregunta de este periódico de si el primer andamio se va a colocar antes de que acabe el mes de abril, Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática, contesta «ya me gustaría», pero el Ayuntamiento de San Lorenzo tiene un plazo de hasta tres meses para dar respuesta. «En el momento en el que nos den la licencia inmediatamente se inicia todo el proceso de acopio de materiales para poder entrar en las criptas, pero yo no puedo decir exactamente qué día porque no depende de nosotros», explica. «Nuestra voluntad más que clara es la de hacerlo cuanto antes», añade.
Eduardo Ranz, el abogado que abrió camino al resto de resoluciones gracias a la resolución positiva para los hermanos Lapeña, piensa que «independientemente del contenido de la solicitud de obra [que desconoce el detalle] y el plazo del Ayuntamiento de El Escorial, es un anuncio positivo». Pero añade que quieren que «se resuelva ya»: «Han pasado cinco años, dos gobiernos, muchos anuncios pero ninguna exhumación y lo principal es tener una fecha». Hace cuatro meses, cuando se concedieron las autorizaciones para exhumar —un papel que venían reclamando desde hace mucho tiempo— tanto Ranz como otros implicados pidieron por escrito que se les notificara cuándo iba a suceder: «y no nos han contestado». «Los familiares están agotados, al principio se movían entre la incertidumbre y la esperanza, y ahora pasan de un anuncio a otro».
El último escollo
Es la segunda vez que Patrimonio interviene sobre la basílica. La primera, como es sabido, fue para realizar la exhumación del dictador Francisco Franco en octubre de 2019. Aunque la comisión urbanística de San Lorenzo de El Escorial dio su visto bueno, la Fundación Francisco Franco realizó un informe que le sirvió a un magistrado, —que anteriormente se había manifestado contrario a la memoria histórica—, para paralizarlo durante unos días. Palos en las ruedas de un carro que de por sí anda renqueante, y que provocan la alerta en los familiares.
«No queremos lanzar campanas al vuelo», dice Joan Pinyol, cuyo abuelo, Juan Colom Solé, fue reinhumado dos veces en el Valle (la segunda fue un traslado de una cripta a otra), siempre sin conocimiento de la familia: «No es que no crea que se avance, pero falta ser más decidido». El municipio de la sierra madrileña que tiene que conceder el permiso está gobernado por PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox.
El secretario de Estado no valora la posibilidad de una dilación en los plazos por motivos políticos. «Este tipo de licencia es un proceso reglado, que no tiene que ir por Pleno y que la conceden los técnicos municipales. Nosotros deseamos que nos la puedan dar cuanto antes porque estimamos que se han preparado bien todos los requisitos», explica. «Estamos haciendo una cuestión de pura humanidad, de derechos humanos, que no es violentar nada ni abrir heridas, sino cerrarlas. Es un deber moral que tiene el Estado democrático de llevarlo a cabo y espero que no tengamos la misma situación que cuando se sacó a Franco», añade.
«Venimos trabajando desde hace mucho tiempo y de una manera muy denodada en este tema», recalca Martínez, al frente de la Memoria Democrática en esta legislatura y anterior director general de Memoria Histórica cuando este asunto pendía de Justicia y no de Presidencia, como ahora. «Hemos trabajado mucho buscando fórmulas para hacerlo, lo digo con el corazón en la mano, con todo mi respeto y cariño hacia los familiares, no ha habido día en el que el tema no estuviera sobre la mesa. Ahora tenemos presupuesto y podemos impulsar el proceso».
Durante este año de pandemia, el secretario explica que su equipo ha estado buscado la ubicación de los solicitantes, ha trabajado en un dossier sobre las identidades de estas personas, se han ajustado los presupuestos para llevarlo a cabo, se han tomado muestras genéticas, se ha creado un convenio con la unidad de medicina forense de la Universidad Complutense de Madrid y se ha buscado la viabilidad jurídica, que ha pasado por la fórmula de transferir una subvención de 665.000 euros para la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Pero algunos de los familiares consultados no acaban de entender lo que la vicepresidenta Carmen Calvo denominó «carcasa jurídica». «La fundación está al cien por cien controlada por Patrimonio Nacional», recuerda Fernando Martínez, aunque durante años no ha rendido cuentas ni ha presentado presupuestos y el acuerdo con los benedictinos no ha sido renovado.
«Si la fundación es de Patrimonio, ¿porqué no lo ha hecho Patrimonio Nacional desde el principio? Me parece dar una vuelta de un año y medio para llegar al mismo sitio», reflexiona Silvia Navarro. Por otro lado, el hecho de que la fundación se vaya a extinguir en cuanto entre en vigor la futura ley de Memoria Democrática, dado que se creó en 1957 para administrar los bienes del Valle de los Caídos —con la finalidad de «rogar a Dios por las almas de los muertos de la Cruzada Nacional» e «impetrar las bendiciones del Altísimo para España»—, crea cierto recelo. «Es el único instrumento jurídico que se tenía para actuar en el Valle —explica el secretario de Estado—, aunque hayamos planteado su extinción, pero mientras existe, es una fundación pública, no es privada ni es religiosa, sino que es el propio Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. El dinero se ha tenido que ubicar en la fundación y no en Patrimonio Nacional porque la única forma jurídica de intervenir en el Valle es esa».
La paciencia esquilmada de los familiares
Justo ahora se cumplen 13 años desde que Joan inició su batalla para sacar a su abuelo del Valle; en este tiempo, publicó un libro que se titula así, Avi, et trauré d’aquí! («abuelo, te sacaré de aquí», en catalán). «El de la licencia de obras no es el primer golpe de efecto que vemos. También en 2019 tuvimos la oportunidad de visitar las criptas y parecía que el Gobierno iba a dar luz verde y no fue así. Es un proceso muy lento que de vez en cuando sufre estos golpes o que pareciera ligado a unas elecciones, como ahora las de Madrid», opina. «Los nietos aún tenemos un margen pero los hijos, no. En diciembre perdí a mi tía, que ya nunca verá cómo su padre vuelve a su tierra de origen».
Fausto Canales espera, con paciencia, recobrar los restos de su padre y de su tío y llevarlos de vuelta a Pajares de Adaja (Ávila): «No hay que entorpecer lo que ya está conseguido tras muchos obstáculos», advierte. Canales agradece la «política de transparencia desde que está este Gobierno de coalición» y siente que «la inminencia» de los trabajos de exhumación «está condicionada a los obstáculos», de haberlos, por parte de las asociaciones que defienden que nada cambie en el Valle. Fausto no los descarta. «Habrá muchos problemas pero la voluntad es conseguirlo, el tema no se va a desatender», añade. Fausto, de 87 años, se siente «relajado» porque se encuentra «suficientemente bien informado siempre», sobre un propósito al que ha dedicado prácticamente todo su tiempo desde que se jubiló, tanto para sus familiares como para otros de su mismo pueblo a los que representa. «Es un hito que ya haya oficialmente una petición de una licencia de obras para que estas comiencen lo antes posible. El camino siempre ha sido intrincado pero la ley es la ley y la razón es la razón. El derecho que tenemos todos los familiares a recibir los restos de nuestros seres queridos es absolutamente innegable», afirma con seguridad.
De los más de sesenta expedientes, 31 de ellos vienen de Euskadi (por ahora, de estos tienen reconocido el derecho de exhumación 23), representados por Gogora, el Instituto de Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos de esta autonomía. «Las familias están ilusionadas, pero sobre todo quieren saber si van a poder exhumar o no», explica su directora, Aintzane Ezenarro. El caso vasco es muy diferente al resto del Estado. Allí se han exhumado todas la fosas, ya hay un banco de ADN y una base de datos de víctimas consultable online. «Sabemos que todo llega muy tarde», explica Ezenarro, «los familiares vivos tienen más de 80 años y algunos no están para lios, pero el hecho de que Gogora les ayuda con el papeleo y les anima, explica que haya tantos expedientes de Euskadi, así como el que hayamos publicado las listas, ya que hay mucha gente con desaparecidos que no sabían dónde estaban».
Las familias están ilusionadas, pero sobre todo quieren saber si van a poder exhumar o no
Eso le sucedió a Itziar Enparantza. Mientras buscaba online datos de su abuela, que había pasado la Segunda Guerra Mundial en Filipinas, se encontró con los apellidos familiares en el censo de Gogora. No sabía mucho de su tío abuelo, Benito Arteche Berastegui, un impresor que se alistó en el ejército vaco para luchar en la Guerra Civil. En su familia no se hablaba de él. «Mi madre tiene 80 años y está acostumbrada a callar sobre esto —relata Itziar—, le daba miedo, no quería revolver el tema. Luego se ha ido emocionando un poco. Para mí, como nieta, es diferente, no he tenido ese miedo y ha supuesto asomarme a una parte de la historia que desconocía». Itziar siente que «va lento»: «Nos dieron unos plazos que se van retrasando, parece que sigue habiendo reticencias, hay algunos que no entienden porqué se remueve. Para mí es un insulto que esté allí, que acabe enterrado allí una persona que ha ido a luchar contra todo lo que [el Valle de los Caídos] es».
Cuando Juan Ramón Sertucha, hoy con 84 años, se jubiló, se dedicó a completar su árbol genealógico remontándose hasta el siglo XVI. No había que irse tan lejos para encontrar varios agujeros muy recientes: desconocía el paradero de su abuelo y de dos de sus tíos. Uno de estos últimos, Santiago Sertucha, se alistó en un batallón, fue hecho prisionero y, cuando le ofrecieron seguir en la cárcel o ser carne de cañón en el bando sublevado, aceptó esto último. Fue herido y falleció en Zaragoza, donde Juan Ramón creía que estaba. Gracias a Gogora, tiene a Santiago ubicado en el Valle de los Caídos y espera traerle de vuelta a su pueblo, Erandio, en Bizkaia. «Para mí significa una recuperación de un derecho el que sus restos reposen en un lugar de acuerdo con su vida. Él nació en Erandio, su vida transcurrió allí y que esté enterrado en Madrid considero que no es lógico», explica Juan Ramón, que lamenta que la inferencia de la pandemia haya podido ralentizar el proceso.
Sabemos dónde está nuestro tío y sabemos que esas cajas en concreto están intactas… ¿y ahora nos dicen que el problema es que el Ayuntamiento de El Escorial tiene que dar permiso?
Leyendo un libro sobre la Guerra Civil se enteró Íñigo Jaca de que su tío ni había muerto de fiebres tifoideas ni estaba enterrado en la fosa de Zaragoza que de vez en cuando iban a visitar. En 1961 sus restos fueron trasladados al Valle de los Caídos, la madre de todas las fosas, como algunos especialistas la llaman. «A mí no me cabía en la cabeza que, habiéndose llevado su cuerpo, violando sepulturas y profanando cadáveres, encima nosotros tengamos que pedir que nos reconozcan el derecho a exhumarles», explica. «Nos han dado un reconocimiento con muchos condicionantes. Si se comprueba que [técnicamente] no se puede hacer, nosotros no vamos a pedir imposibles. Pero es lo que siempre le hemos dicho a la administración: ¡inténtenlo! Sabemos dónde está nuestro tío y sabemos que esas cajas en concreto están intactas… ¿y ahora nos dicen que el problema es que el Ayuntamiento de El Escorial tiene que dar permiso?». Para él, el reconocimiento del derecho era «muy importante». Con eso conseguido, piensa que se va «pasito a pasito logrando cosas». Jaca, que se siente «poco optimista», también piensa que el proceso «se está dilatando demasiado» y muchos desaparecen por el camino, como su propio hermano, que fue quien empezó a remover papeles en 2009 y que ha fallecido recientemente. «Las personas están desapareciendo y eso es algo absolutamente injusto».
Emiliano Aurrekoetxea Nieva era nacionalista vaco, montañero y cristiano. Se alistó en el ejercito vasco con 20 años y le hicieron prisionero. Le obligaron a cavar túneles con dinamita en el asedio de Madrid. Uno de los explosivos acabó con él. Su sobrina Clara Lopez Aurrekoetxea, se enteró gracias a que en un rodaje de un programa de televisión en el que entrevistaban a su sobrino, el periodista Iñaki López, conoció a un historiador archivista que consiguió ubicar a Emilio en el Valle; ella pensaba que estaba en el cementerio de Villaviciosa de Odón, en Madrid. Desde que se enteró, no paró de darle vueltas: «yo me lo traería, me decía todo el rato», recuerda Clara. Su hija llamó a Gogora y en diciembre de 2019 recibió la primera llamada del instituto para iniciar los trámites. Para ella, todo ha sido mucho má sencillo y rápido que para los que abrieron este camino.
Una cita en Madrid
La mayoría de los familiares quieren estar presentes cuando se abran las criptas y el secretario de Estado confirma que podrá ser así. Ahora mismo hay 62 casos sobre la mesa, hace un año eran 32; cuando estos trabajos comiencen, de manera inminente, es posible que otros muchos familiares se vean interpelados y cursen solicitudes la ver que las exhumaciones técnicamente viables se hacen realidad. La secretaría de Estado y Patrimonio Nacional seguirán admitiendo estas peticiones y dándoles respuesta. Pero más allá de estos casos, todos los restos de personas no solicitadas necesitan una solución, pues cada día que pasa el deterioro avanza. «Eso se va a acometer ahora. Una de las ideas al entrar a las criptas es darle dignidad al propio cementerio», explica Fernando Martínez. «Lo que hemos visto con los estudios previos es que en unos columbarios hay deterioro, esos se reubicarán y se les dará la dignidad que les falta».
Por otro lado, la salida de José Antonio Primo de Rivera sucederá en cuanto se apruebe la Ley de Memoria Democrática, ya que en ella se recoge que no puede haber ningún enterramiento en lugar preeminente y ese es el único que queda, bajo una losa en la nave central de la basílica.
Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 25/01/2021
EMPLEADO POR EL FASCISMO COMO LUGAR DE FUSILAMIENTO MASIVO EN LA COMARCA DE CALATAYUD DURANTE LOS AÑOS DE LA GUERRA DE 1936 Y LOS PRIMEROS DE LA DICTADURA FRANQUISTA. SE ESTIMA QUE ENTRE 400 Y 500 PERSONAS FUERON ASESINADAS AQUÍ, VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FASCISTA. RECIENTEMENTE FUE DECLARADO LUGAR DE MEMORIA DEMOCRÁTICA, TRAS MESES DE DEMANDAS DE LAS VÍCTIMAS Y ASOCIACIONES MEMORIALISTAS. AHORA SE CONVIERTE TAMBIÉN EN BIEN DE INTERÉS CULTURAL.
El Consejo de Gobierno del Ejecutivo aragonés ha aprobado este lunes un Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto de Interés Cultural, lugar de memoria democrática de Aragón, el Barranco de la Bartolina, ubicado en el municipio de Calatayud.
Esta figura de protección se aplica cuando se cumple algo más de año y medio de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que contemplaba la posibilidad de declarar una serie de lugares de memoria, que se integran dentro del patrimonio cultural aragonés. Precisamente, el pasado mes de diciembre, la Plataforma de Asociaciones Memorialistas de Aragón, las víctimas de la represión del franquismo y sus familiares, reclamaron en las Cortes el cumplimiento de una Ley que «ha costado tanto sacar adelante» para que «se empiece a hacer justicia, que se devuelva la dignidad a las víctimas del franquismo, y que se sepa y conozca lo sucedido».
El primero de los lugares declarados como lugar de memoria democrática de Aragón fue, hace unas semanas, el Barranco de la Bartolina de Calatayud, donde podrían yacer los restos de cientos de víctimas de la represión fascista tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 contra la legalidad constitucional de la Segunda República. Este espacio representa uno de los lugares donde tuvo lugar la represión acaecida en la comarca de Calatayud, tanto durante los años de la Guerra de 1936, como en los primeros años de la dictadura franquista. Ahora, también se convierte en BIC, Bien de Interés Cultural.
La legislación aragonesa define el lugar de memoria democrática como «aquel espacio, construcción o elemento inmueble cuyo significado histórico sea relevante para la explicación del pasado de Aragón en términos de participación, defensa y lucha a favor de la democracia frente a la intolerancia y la dictadura en el marco histórico de la Segunda República española, la Guerra Civil y la dictadura franquista».
Con esta concepción del barranco como lugar de memoria se atiende asimismo una petición de la Asociación ARICO (Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido), tras un año sin contestación, que venía demandando que este punto de la geografía aragonesa tuviera esta protección especial. Esta asociación se encargó de hacer una prospección para tratar de encontrar restos humanos allí, después de que una obra municipal en 1999 utilizara esta tierra en la construcción de un vertedero, imposibilitando la exhumación de las personas a las que allí les arrebataron la vida. Por este motivo, las y los familiares de los fusilados en el Barranco de la Bartolina tuvieron que asumir que sus parientes quedarían sepultados para siempre.
El Barranco de la Bartolina fue un lugar de fusilamiento masivo en la comarca de Calatayud durante la Guerra de 1936. El emplazamiento de la fosa común figura en el mapa de fosas del Ministerio español de Justicia, así como en la página del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés. Según un estudio realizado por el historiador Nacho Moreno Medina en el marco del proyecto ‘Amarga Memoria’, y tal y como recoge de testimonios orales, este lugar, en el que se pudo asesinar a entre 400 y 500 personas, era el lugar de fusilamiento de gente de toda la comarca de Calatayud, que en el año 1936 englobaba muchos de los pueblos de los antiguos partidos judiciales de Calatayud, Ateca, Daroca y L’Almunia.
La regulación aprobada «conlleva la obligación por parte de la titularidad de estos lugares de trabajar con el departamento competente en su promoción y en materia de patrimonio cultural, además de a difundir su localización e interpretar lo sucedido en estos espacios, en colaboración con las entidades locales del entorno y, en su caso, con las universidades y entidades memorialistas de Aragón», apunta la DGA en una nota de prensa.
La creación de este espacio de Memoria, ubicado en una zona deshabitada entre las localidades de Calatayud y Terrer, servirá ahora para explicar a las futuras generaciones el horror vivido en aquel lugar y tratar de evitar el olvido. Como las Fosas de Caudé, en el sur de Teruel, o el Pozo de Ventafarinas, en los confines orientales de La Llitera, el Barranco de la Bartolina en un símbolo de la represión fascista en Aragón.
A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA 