ARAGÓN DARÁ 145.000 EUROS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA QUE ABRAN FOSAS DE LA GUERRA CIVIL

PODEMOS SE APUNTA EL MÉRITO TRAS PRESIONAR AL GOBIERNO DE LAMBÁN PARA INCLUIR ESTA PARTIDA, Y RECLAMA MÁS

R. P. – ZARAGOZA ACTUALIZADO: 21/03/2018

El Gobierno aragonés prevé repartir este año 145.000 euros entre los ayuntamientos que abran fosas de la Guerra Civil para desenterrar a víctimas de la contienda y de la dictadura franquista. La partida consta en los presupuestos del Ejecutivo PSOE-Chunta que preside el socialista Javier Lambán, pero el mérito se lo ha apuntado Podemos. Dice que esa partida ha sido incluida gracias a sus exigencias -el Gobierno de Lambán depende en las Cortes regionales del apoyo de Podemos-.

Ahora, la formación morada pide más y reclama al Gobierno aragonés que, de oficio y con fondos propios, promueva la elaboración de un «mapa de fosas», una «cartografía» de enterramientos de fusilados que permita tenerlos localizados y poder realizar exhumaciones, que Podemos también quiere que sean financiadas sistemátiamente por el Gobierno de Aragón.

Además, reclama que la Administración autonómica cree un «comité técnico», que esté «formado por especialistas» y que se encargue de las «tareas de identificación» de los restos que se exhumen.

Podemos exige al Gobierno de Lambán que la búsqueda de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista «se convierta en una actividad propia del Ejecutivo y no solo de la sociedad y las familias».

El presupuesto del Gobierno aragonés para el presente año ha reservado 375.000 euros para financiar actuaciones encuadradas en la «memoria história». En concreto, 200.000 euros para subvencionar a asociaciones que lleven a cabo actividades tales como exhumación de fosas, elaboración de audiovisuales, organización de exposiciones, jornadas y actos divulgativos que traten sobre hechos ocurridos entre 1931 y 1980.

Esa partida de 200.000 euros está incluida en los presupuestos de «promoción de la cultura y protección del patrimonio cultural». además, el área de Presidencia ha reservado otros 30.000 euros para subvenciones de «memoria democrática», así como los 145.000 euros para ayuntamientos.

http://www.abc.es/espana/aragon/abci-aragon-dara-145000-euros-ayuntamientos-para-abran-fosas-guerra-civil-201803210113_noticia.html 

El presidente Lambán, en un acto de homenaje a las Brigadas Internacionales celebrado en Caspe (Zaragoza) – ABC

VILIELLA DE XILOCA HOMENAJEA A SUS VECINAS Y VECINOS VÍCTIMAS DE LOS FASCISTAS TRAS EL GOLPE DE 1936

ACUDIERON AL HOMENAJE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE OTRAS LOCALIDADES ARAGONESAS COMO MORÉS, UNCASTIELLO O FUENTS DE XILOCA, Y PERSONAS VOLUNTARIAS DE EXHUMACIONES YA REALIZADAS. COMO COLOFÓN DE LA PRIMERA PARTE DEL ACTO, PILAR LOZANO LEYÓ LOS NOMBRES DE TODOS SUS VECINOS ASESINADOS Y MUJERES QUE FUERON RAPADAS DURANTE LA REPRESIÓN.

CRISTINA SÁNCHEZ | 21 MARZO, 2018

El pasado 17 de marzo, el pueblo de Viliella de Xiloca rindió homenaje a sus dieciocho vecinos asesinados -entre los que se encuentra una mujer-, y siete mujeres salvajemente agredidas por los fascistas. El acto, que comenzó a las 11.00 horas, acogió a más de un centenar de personas y tuvo lugar en el pabellón y el cementerio de la localidad.

Isabel Ferruz, presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Velilla de Jiloca, abrió el acto bajo el lema “Recobrando memoria y recuperando dignidades”.

La investigadora Pilar Maluenda, quien realizó a principios de los noventa gran parte de la recopilación de los y las republicanas asesinadas en Aragón, repasó los logros y problemas que la acompañaron en aquel camino. Fue también ella la primera historiadora con quien se abrió la artífice original de todo lo ocurrido el sábado diecisiete: Pepita Pardos Sebastián.

Cuando tenía quince años, los fascistas le raparon la cabeza dejándole una cresta. Se trataba de una violencia ejercida específicamente contra las mujeres tachadas de rojas considerablemente común. Ella y otras seis vecinas de la localidad, como tantas otras fueron, además de rapadas, obligadas a asistir a misa sin poder cubrirse la cabeza. Pilar Lozano Pardos, hija de Pepita Pardos, contó cómo su madre resistió la losa fascista que la atenazó toda la vida, recopilando nombres y multitud de datos de amigos, vecinos y familiares cuyas vidas segaron los franquistas.

Francisco Javier Ruiz centró su exposición en la investigación que junto a Nacho Piedrafita, Javier Ortiz y Miguel Ángel Capapé realizó en Viliella, para completar la información proporcionada por Pepita. El 20 de julio de 1936 se sublevó el destacamento militar de Calatayú. Con la colaboración de la Guardia Civil, policía y civiles armados sembraron todo tipo de violencias y represiones en gran parte del Valle del Xiloca. La mayor parte de velillenses asesinados ingresó en la prisión habilitada del Mercado de Abastos de Calatayú, para acabar dando con sus huesos en alguna de las fosas comunes de la zona.

Acompañaron el acto la interpretaron musical de La nana de la cebolla, de Miguel Hernández o el Himno de riego entre otros. Luis Felipe Alegre recitó varios poemas: Vientos del pueblo, también de quien alimentó la Generación del 36 hasta fallecer en una prisión alicantina, o Apología y petición, de Jaime Gil de Biedma.

Acudieron al homenaje familiares de víctimas de otras localidades aragonesas como Morés, Uncastiello o Fuents de Xiloca, y personas voluntarias de exhumaciones ya realizadas. Como colofón de la primera parte del acto, Pilar Lozano leyó los nombres de todos sus vecinos asesinados y mujeres que fueron rapadas durante la represión.

La comitiva se trasladó después al cementerio de la localidad para inaugurar un monumento memorial que alberga los nombres de los diecisiete velillenses asesinados, y otro vecino más que murió en el campo nazi de Mauthausen. La placa memorial se ubica junto al enterramiento de Bernabé Serrano Ruiz y un hombre sin identificar, que podría ser Juan Marco Romea, cuyos restos se depositaron el 2 de abril de 2016 tras ser entregados a la familia de Bernabé, después de haber sido recuperados de una fosa común.

http://arainfo.org/viliella-de-xiloca-homenajea-a-sus-vecinas-y-vecinos-victimas-de-los-fascistas-tras-el-golpe-de-1936/ 

Foto: Cristina Sánchez

EL CONGRESO RECHAZARÁ INVESTIGAR Y JUZGAR LOS CRÍMENES DE LA DICTADURA FRANQUISTA

PP, PSOE Y CS RECHAZARÁN MAÑANA LA REFORMA DE LA LEY DE AMNISTÍA QUE PROPONEN PODEMOS, ERC, PNV Y PDECAT

ANA I. SÁNCHEZ – VÍCTOR RUIZ DE ALMIRÓN – MADRID – 19/03/2018

El Pleno de la Cámara Baja rechazará este martes la toma en consideración de la reforma de la Ley de Amnistía impulsada por Podemos, ERC, PNV y PDECAT para juzgar e investigar los crímenes y las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante la dictadura franquista. La llave de la decisión ha vuelto a recaer en manos del PSOE, que ha decidido sumar fuerzas con PP y Ciudadanos para echar atrás esta iniciativa al entender que la Ley de Amnistía fue uno de los pilares de la Transición. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha anticipado en rueda de prensa la posición de su partido «por una cuestión de seguridad jurídica». No quiso entrar en muchos más detalles, pero sí planteó que los servicios jurídicos del PSOE han trasladado que la reforma «jurídicamente es francamente mejorable». Sí se mostró de acuerdo, no obstante, en que «los crímenes de lesa humanidad se pueden perseguir» pero no comparte que se pueda de facto dejar sin vigencia la Ley de Amnistía. Los socialistas sí incluyen en su proposición de ley para reformar la ley de Memoria Histórica la propuesta de anular los juicios franquistas.

No lo ven así Podemos y los partidos nacionalistas que en su exposición de motivos consideran esta reforma «imprescindible» para «profundizar con rigor» en los valores y principios que deben presidir un Estado democrático. Insisten en que solo investigando y juzgando «los crímenes contra la humanidad» cometidos durante la dictadura franquista se facilitará el derecho a la tutela judicial efectiva que asiste a las víctimas y sus familiares. «No es posible menoscabar el derecho de las víctimas a un recurso efectivo o reparaciones», subraya la proposición de ley , reivindicando el derecho de las sociedades «a conocer la verdad» acerca de esos hechos. Estos cuatro grupos denuncian que la Ley de Amnistía española se ha convertido en una «norma de impunidad» que ha impedido la investigación y el enjuiciamiento de las citada violaciones de derechos, al eliminar su «carácter criminal» y defender que «no deberían perseguirse».

Como principal argumento, recuerdan que la concesión de amnistías generales sobre asesinatos y maltratos a civiles está prohibida por el Derecho internacional y viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En esta línea, el texto se apoya en el informe elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2009 en el que considera con las obligaciones del Estado son «incompatibles» con aquellas amnistías que impiden el enjuiciamiento de personas que presuntamente han cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad, genocidio y otras violaciones graves de los derechos humanos. Pone también sobre la mesa las críticas que distintos organismos internacionales han realizado a la citada ley española por no respetar las obligaciones internacionales adquiridas. Entre ellos, el Comité contra la desaparición forzada de las Naciones Unidas o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reclamando en ambos casos la valoración de alternativas que priven de efecto a las disposiciones de la Ley de Amnistía en lo que concierne al acceso a la justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

http://www.abc.es/espana/abci-congreso-rechazara-investigar-y-juzgar-crimenes-dictadura-franquista-201803191536_noticia.html 

Adriana Lastra, portavoz del PSOE – ÓSCAR DEL POZO

¿QUIÉN MANDA EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS?

UN CONVENIO DE 1958 SIGUE RIGIENDO EL MAYOR CEMENTERIO DE LA GUERRA CIVIL. LA ÚNICA AUTORIDAD SOBRE EL PRIOR, QUE RECHAZABA EL ACCESO AL OSARIO, ES SU ABAD EN FRANCIA

IÑIGO DOMÍNGUEZ – MADRID 18 MAR 2018 – 21:25 CET

En la oración de vísperas del pasado miércoles en la abadía del Valle de los Caídos había 15 monjes benedictinos, de edad media elevada. Presidía el prior, Santiago Cantera, nacido en 1972. Las lectura decía: “Cualquier cosa que hagas, que sea sin protestas ni discusiones, así serás irreprochable y límpido”. Sin embargo el prior ha protagonizado un enfrentamiento insólito con una familia, los Lapeña, y el Estado, porque desean exhumar los restos de dos parientes enterrados en el Valle de los Caídos. Se ha negado a cumplir una sentencia firme que le obliga a ello desde hace dos años, al menos a dejar entrar expertos para comprobar si es posible, y la semana pasada no acudió a una comparecencia en el Senado a explicarse. Dijo que si los senadores querían oírle, que fueran al convento a verle. Tampoco ha querido recibir a este periódico. Tras ser criticado en público por el presidente de los obispos, Ricardo Blázquez, el pasado viernes, trascendió que finalmente acataría la orden del juez. Pero ha dependido de un cambio de humor, nadie podía obligarle, salvo las fuerzas del orden: ni el Estado ni la Iglesia española tienen autoridad sobre él, aún se rige por un convenio anacrónico de 1958 y su único superior es el abad de su orden… en Francia. Es como un reducto sin ley.

El incidente vuelve a sacar a la luz un gran asunto pendiente, qué hacer con el Valle de los Caídos y, sobre todo, un estatus absurdo que no se ha querido abordar en 40 años. De mirar siempre para otro lado, quien se acerca allí encuentra un incomprensible pastiche civil-religioso, público-privado, franquista-democrático. De hecho aún se rige por decretos y normas no derogados de la dictadura. No es un lugar de la memoria, como otros que existen en Europa tras conflictos bélicos, ningún cartel explica nada y en las dos puertas de los osarios pone: “Caídos por Dios y por España”.

«ALGÚN DÍA UN PAPA PEDIRÁ PERDÓN POR ESTO»

«Mucho me temo que algún día vendrá un papa y pedirá perdón por los abusos cometidos en el Valle de los Caídos”, reflexiona Eduardo Ranz. Es el abogado de la familia Lapeña, en la imagen superior, que lleva seis años de pugna en los tribunales para que puedan exhumar los restos de dos parientes, los hermanos Manuel y Ramiro Lapeña, fusilados por el bando franquista en 1936. Sus cadáveres están entre los miles que Franco llevó al Valle de los Caídos desde 1959 sin permiso de las familias, de ambos bandos, y quieren darles una sepultura digna. Hay unos 12.000 difuntos desconocidos en el osario, según Francisco Ferrándiz, experto del CSIC.

Los Lapeña son de los pocos que han logrado una sentencia a su favor, pues otras causas fueron archivadas y la vía penal quedó cerrada por el Supremo en 2012. El Gobierno de Mariano Rajoy cerró la civil con un cambio legal en 2015, pero este proceso era anterior y siguió adelante. Con una sentencia firme desde marzo de 2016 y el informe favorable de la Abogacía del Estado, ante la pasividad del Gobierno y la tozudez del prior en no acatar el fallo, Ranz lo denunció a la ONU, que deberá pronunciarse en breve.

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/18/actualidad/1521372019_932452.html 

Un hombre camina ante la entrada de la basílica del Valle de los Caídos el pasado jueves. JAIME VILLANUEVA

EL ABAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS DESBLOQUEA LA EXHUMACIÓN DE LOS HERMANOS LAPEÑA

EL RELIGIOSO RETIRA EL CONTENCIOSO DE LA AUDIENCIA NACIONAL Y PATRIMONIO PODRÁ ENTRAR PARA HALLAR LOS RESTOS MORTALES.

M. T. F ZARAGOZA 18/03/2018

Así lo confirmó este sábado Miguel Ángel Capapé, yerno de Manuel Lapeña, quien, a pesar del comportamiento del superior benedictino, se mostró «cauteloso». Capapé recordó que el periplo judicial de los Lapeña se remonta a 2010 y que hoy por hoy no han conseguido su único propósito. De hecho, indicó que han acudido hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea por este asunto, aunque de momento no han tenido noticias de estos estamentos.

Hasta ahora, la posición del abad había impedido que los técnicos de Patrimonio Nacional accedieran al complejo funerario, tal y como ordenó un juzgado madrileño en 2016. Los funcionarios deben acceder a la cripta para localizar los restos, identificarlos, determinar el estado de conservación y proceder a su exhumación si es que es posible llevarla a cabo.

Las gestiones de la CEE

LA LUCHA DE CONCHITA TERMINÓ: “DARLE UNA SEPULTURA DIGNA A MI PADRE ES UNA CAUSA JUSTA, DE CONCIENCIA”

LA EXHUMACIÓN DE UNA MINA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA DESCUBRE RESTOS DE 48 PERSONAS EJECUTADAS EN 1936, ENTRE ELLOS EL PADRE DE CONCHITA, ALCALDE REPUBLICANO DE LA LOCALIDAD 

HAN SIDO AÑOS DE ‘BATALLA’ QUE HAN DADO SU RECOMPENSA. TUVO QUE PASAR POR EL MAL TRAGO DE DEVOLVER UNA SUBVENCIÓN DEL ESTADO PORQUE EL GOBIERNO DE LA JUNTA CON MONAGO (PP) NO EJECUTÓ LA EXPROPIACIÓN TEMPORAL DE LOS TERRENOS 

LANZA UN MENSAJE AL RESTO DE PERSONAS QUE TIENEN FAMILIARES EN CUNETAS: «NO DEJEN DE LUCHAR, NO DEJEN DE TRABAJAR. ESTO ES UN DESAHOGO PÚBLICO (…) TENEMOS QUE ROMPER LA LEY DEL SILENCIO QUE IMPERÓ SOBRE ELLOS Y SOBRE NOSOTROS»

JESÚS CONDE – 17/03/2018

Ha logrado su objetivo. Los restos de su padre y de todas las víctimas del franquismo arrojadas a la antigua mina de Wolframio han sido recuperados. Han tenido que pasar 81 años para que Conchita Viera descanse tranquila.

Se trata de la hija Amado Viera, el alcalde socialista de Valencia de Alcántara asesinado junto a otros miembros de la corporación municipal en septiembre de 1936. En la exhumación de la mina Terría de la localidad cacereña han aparecido 48 personas en un hoyo sellado con cal viva y el silencio que impuso el franquismo. Se piensa que tras ser ejecutados fueron arrojados allí vecinos de Valencia de Alcántara, Cedillo, Membrío y Herrera de Alcántara y de la comarca Sierra de San Pedro.

El proyecto de exhumación de los cuerpos ha sido promovido por el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara y la Diputación de Cáceres, con la colaboración de la Universidad de Extremadura y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura (ARMHEX).

Conchita está contenta. Su lucha no ha sido fácil pero ha merecido la pena. “Por fin llegó el momento de hablar sin miedos. Mi padre y el resto de personas que fueron arrojadas a la mina no merecían estar allí eternamente”. Para ella darles una sepultura digna “es una causa justa, de conciencia”.

Lanza un mensaje al resto de personas que tienen familiares en cunetas: «No dejen de luchar, no dejen de trabajar. Esto es un desahogo público (…) Tenemos que romper la ley del silencio que imperó sobre ellos y sobre nosotros. A mi padre lo asesinaron con 33 años. ¿Por qué? Era un hombre pacífico, culto, que no creía en la violencia, comprometido con los valores de solidaridad y justicia social”.

Ha sido una luchadora incansable, que nunca ha perdido la esperanza. Incluso cuando se vieron obligados a devolver la subvención concedida por el Gobierno central en la etapa de Rodríguez Zapatero.

Resulta una historia sangrante, que ha resultado tener un final feliz. Lograron una subvención de 40.000 euros para exhumar los restos de la mina y reclamaron a la Junta de Extremadura que iniciara el expediente de ocupación temporal forzosa del terreno. Solicitaron el trámite ante la negativa de la propietaria de la finca donde se encuentra la mina a que el equipo de arqueólogos realizara los trabajos de exhumación. Es un trámite administrativo habitual en municipios, como Mérida, que se ejecuta cuando aparece un resto romano o de otra época.

Pero se toparon con un cambio de color político que bloqueó el proceso. El Gobierno del PP de José Antonio Monago guardó el expediente de expropiación en un cajón, la Dirección General de Patrimonio Cultural nunca ejecutó el trámite y finalmente hubo que devolver el dinero al Estado.

Conchita recuerda con tristeza ese momento. Tras un intenso trabajo de ‘papeleo’ las esperanzas se esfumaban. “Confié en que lo íbamos a lograr, porque veía otras exhumaciones. Siempre tuve la esperanza, no podía perder la esperanza”.

“Me siento orgullosa de mi padre”

Tuvo conocimiento del paradero de su padre gracias a un libro del historiador Julian Chaves, que lo situaba en la mina a través de la documentación que se conserva. Se entrevistó con el historiador y se puso en contacto de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura, de la que forma parte. “Ellos han sido mis aliados, mis grandes amigos, y sin ellos no hubiera logrado desenterrar los restos, me han alentado. Lo hemos logrado”.

En su caso, como en el de otras muchas víctimas del franquismo, su castigo no solo fue perder un ser querido. Continuó tras la guerra: “Nos tocó vivir todo tipo de atropellos”. “Nos robaron la felicidad, nos hicieron mucho daño. Tuvimos todo el contra, arrasaron el pueblo, nos dejaron una vida muy difícil (…) Y hay quien ahora le cuesta quitar símbolos, ¿de verdad? A ver si en Alemania ocurre algo parecido con Hitler. Hay que pedir memoria, hay que trabajar para que esto no vuelva a ocurrir.

Declara sentirse orgullosa de su padre. “No van a callarme. No han podido callarme. Estoy orgullosa de mi padre. Estoy orgullosa de las personas que yacían en la mina. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué lo asesinaron? Si alguien de aquél asesinato sigue vivo que me lo diga. Que me responda. Aquí estoy yo, que me lo diga. Allá con su conciencia”.

Esta mujer no admite justificaciones y advierte que “nunca se puede igualar a criminales con quienes defendían un orden constitucional: No tenían derecho a hacer lo que hicieron con mi padre y con el resto. No se lo merecían”.

“He reclamado y reclamo verdad, justicia y reparación para todos. Vamos a hablar alto claro, vamos a hablar de ese Valle de los Caídos, construido con la sangre y sudor de miles de personas presas. Parece mentira que se opongan a que los familiares recuperen los huesos. Y lo hacen bajo la institución de la Iglesia, responsable del edificio”.

También denuncia que durante años hayan recibido subvenciones fundaciones que enaltecen la dictadura militar –en alusión a la Fundación Francisco Franco— “mientras a nosotros se nos han negado”.

“Una fundación que enaltece a un criminal que asesinó al pueblo. ¿Piensan acaso que eso no nos duele? Nos duele, y nos indigna. Porque todas estas personas fueron víctimas del terrorismo criminal y fascista que impuso su régimen por la fuerza. Mi padre y el resto de personas que yacían en la mina no tuvieron derecho a ningún monolito. A ninguna cruz. Tuvieron que formar la cruz con sus propios cuerpos. Vergüenza les tendría que dar”.

Amado Viera Amores

Amado Viera, alcalde de Valencia de Alcántara, era un hombre “estudioso, reflexivo”. “Sintió gran preocupación por los problemas sociales de la época, dejando reflejadas sus ideas en numerosos artículos y escritos en la prensa local y regional de época, especialmente sobre la cuestión agraria, la religión o la educación en España”, explica la Asociación regional de memoria histórica ARMHEX.

Ideas de progreso que le hicieron ingresar en el sindicato socialista “El Redentor” del que fue presidente por dos veces y en Juventudes Socialistas, al mismo tiempo que colaboró activamente en la construcción de la Casa del Pueblo de la localidad. Bajo las siglas del Partido Socialista accedió democráticamente a la alcaldía de Valencia de Alcántara.

 Tras el golpe militar fue detenido el 25 de septiembre de 1936 en su domicilio por varios falangistas, y requerido para que les acompañase a la Inspección de Policía, «siendo público y notorio en el pueblo su asesinato ese mismo día, junto a otros hombres».

https://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Conchita-termino-Darle-sepultura-conciencia_0_750675938.html 

Conchita, a las puertas de la finca donde se encontraba la fosa de su padre en Valencia de Alcántara / Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura-ARMHEX

LOS FAMILIARES DE ASTURIANOS DEL VALLE DE LOS CAÍDOS PODRÁN RECUPERAR SUS RESTOS

EL PRIOR ACCEDE A RETIRAR EL RECURSO QUE BLOQUEABA LOS TRABAJOS DE PATRIMONIO PARA EXHUMAR LOS CUERPOS

O. V. GIJÓN.SÁBADO, 17 MARZO 2018

El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, retiró ayer el contencioso presentado en la Audiencia Nacional, que de facto impedía el acceso de los técnicos de Patrimonio Nacional para evitar la ejecución de la sentencia que permitiría exhumar a víctimas de la Guerra Civil y de la posterior represión que están en el monumento madrileño. El responsable de la basílica accede así a facilitar los trabajos y a verse con asociaciones de víctimas, tras el trabajo de mediación que ha llevado a cabo esta última semana el PP en el Senado.

Después de que Santiago Cantera diera plantón a la comisión de Justicia del Senado, la portavoz del PP, Esther Muñoz, se puso en contacto con el prior para hacerle llegar la sensibilidad de las familias y para tratar de desbloquear la situación: «Le trasladé la importancia para las familias de las victimas del cumplimiento de la ejecución de la sentencia, y que la voluntad del Gobierno y de Patrimonio Nacional es que se cumpla la sentencia», dijo ayer la senadora popular.

«Son 2.234 asturianos»

La asturiana Maribel Luna, representante en Asturias de la Agrupación de Familiares Pro Exhumación de Republicanos del Valle de los Caídos, expresaba ayer su «moderada felicidad. Va todo muy encaminado para volver a tener a mi abuelo en casa, y de hecho, mi abogado, Eduardo Herranz, nos ha comunicado que el prior, que en principio iba a retirar el contencioso el lunes, ya lo ha hecho hoy (por ayer)».

Ahora habrá que esperar «a que el CSIC, al que Patrimonio ya ha autorizado ha efectuar las pruebas preliminares, las haga. Es una prueba en la que los familiares queremos estar presentes». En estos momentos hay en el monumental cementerio que custodian los benedictinos 33.847 cuerpos de combatientes de ambos bandos, «2.234 de ellos, asturianos, aunque solo nosotros hemos peleado por recuperar a mi abuelo», indica Maribel Luna.

La villaviciosina explica que «nuestro letrado también lleva el caso del hijo de un franquista que quiere retirar los restos de su padre del Valle de los Caídos». Porque no se trata de revanchismo, sino de que los familiares de uno y otro bando puedan recuperar los cuerpos de sus seres queridos, que en muchos casos, fueron llevados «allí con el desconocimiento de la familia. De hecho, creemos que hay muchos cuerpos que se sacaron de fosas comunes y de cementerios sin el conocimiento de las familias. Y la mayoría de las familias de las víctimas de ambos bandos no saben que sus seres queridos están allí».

La decisión del prior implica que se podría ejecutar la sentencia del Juzgado de San Lorenzo del Escorial que en 2016 reconoció el derecho a una «sepultura digna» para los hermanos Lapeña, dos fusilados durante la Guerra Civil, y estableció que los restos mortales fueran entregados a su nieta.

La senadora popular por León recalcó ayer que el prior se ha comprometido a ponerse en contacto con las familias para conocer su situación; lo hará a través de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos, con la que el Grupo Popular también ha estado en contacto.

Las conversaciones con la abadía también han propiciado, según la senadora, que desaparezca el rechazo por parte de las 35 familias que estaban en contra de que se abrieran los columbarios donde se encuentran sus familiares. Esto era considerado por el juez como un impedimento para proceder a las exhumaciones.

http://www.elcomercio.es/politica/familiares-asturianos-valle-caidos-guerra-civil-20180317001346-ntvo.html 

Maribel Luna muestra una foto de su abuelo. / PALOMA UCHA

EL PRIOR, OBLIGADO A EXHUMAR LOS RESTOS DE REPUBLICANOS

EL RECTOR DEL VALLE DE LOS CAÍDOS DA UN PASO ATRÁS TRAS SER DESAUTORIZADO POR LA CONFERENCIA EPISCOPAL. CON LA RETIRADA DE SU RECURSO ANTE LA AUDIENCIA SE DESBLOQUEA EL CASO DE LOS HERMANOS LAPEÑA

D. CH./AGENCIAS – 17/03/2018

Los familiares de los hermanos Lapeña, fusilados en Calatayud y enterrados sin permiso en el Valle de los Caídos en los años 50, están más cerca de recuperar sus cuerpos. Aunque disponen de una sentencia judicial que ordena la exhumación desde el 2016, los impedimentos administrativos y las trabas legales se han sucedido. Y es que no es fácil lograr una reparación histórica en el interior del monumento en el que están enterrados con honores el dictador Francisco Franco y el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera.

El prior de la abadía benedictina que regenta la que está considerada como la mayor fosa común del país, Santiago Cantera, dio un paso atrás en su posición de bloqueo y anunció, según avanzó la senadora del PP Esther Muñoz, que el lunes próximo retirará el recurso contencioso-administrativo que mantenía paralizadas las exhumaciones.

Este cambio de postura se conoció pocas horas después de que el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, se mostrara partidario del proceso y desautorizara la posición del benedictino. «La comunidad monástica tiene unas competencias, que están en relación con el culto y la oración del templo y Patrimonio Nacional otras », aseguró durante un acto en Valladolid.

Los familiares de los anarquistas represaliados durante la guerra civil que han impulsado el proceso se mostraron «satisfechos, pero cautos» ante el nuevo horizonte judicial del caso.

El portavoz de la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido (Arico), casado con la nieta de Manuel Lapeña, Miguel Ángel Capapé, evidenció que la actitud del prior del Valle «no ha sido ni medio normal» a lo largo de los últimos años. Por este motivo reclamó «calma» a la hora de afrontar las próximas gestiones ante los responsables eclesiáticos.

El proceso de exhumación de los dos represaliados está pendiente en un primer momento de la entrada de un equipo de técnicos y forenses a la capilla del Sepulcro, en el lado derecho del templo. Estos deberían realizar un informe preliminar en el que se determine las posibilidades materiales de ejecutar la exhumación. Tras ese estudio se procedería a la retirada de los cuerpos para asegurar «el derecho a una sepultura digna» que garantizó un tribunal de San Lorenzo del Escorial.

Capapé recordó que la reactivación del proceso está ahora en manos de Patrimonio Nacional. En un primer momento este organismo puso trabas a la ejecución de la sentencia, pero en abril del 2017 cambió de postura.

De forma paralela existe la posibilidad de que los familiares de la víctimas visiten el megalómano complejo funerario que ordenó construir Franco para conocer el parecer del prior. Esta visita sería independiente de la que tiene prevista un grupo de Senadores tras la negativa de Cantera a comparecer en la comisión de Justicia. Capapé teme que las criptas en las que se depositaron los huesos estén en este momento todavía más deterioradas que en el 2010, última vez en la que se abrieron los osarios y se pudieron tomar imágenes del interior. Estas tumbas están consideradas cementerio público y por eso deberían estar fuera del control eclesiástico que se mantiene en el resto del recinto.

La senadora popular que anunció la retirada de los recursos contra la exhumación cargó contra la que consideró «un uso partidista» de la situación del Valle de los Caídos. «Al final se demuestra que se consigue más dialogando, sin algaradas, grandes titulares y ruedas de prensa», aseguró Muñoz.

Hasta ahora los benedictinos han impedido cualquier gestión en el mausoleo franquista alegando que «taladrar muros abriendo huecos» podía ser un delito de profanación de los restos cadavéricos que alberga.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/prior-obligado-exhumar-restos-republicanos_1271613.html 

Antonio Lapeña Altabás. – efe / j. p. gandu

EL PSOE LANZARÁ UNA CAMPAÑA EN FAVOR DE LAS EXHUMACIONES TRAS EL DESBLOQUEO EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS

LOS SOCIALISTAS CELEBRAN QUE LA «PRESIÓN» HAYA OBLIGADO AL PRIOR DE LA BASÍLICA A DESBLOQUEAR LAS EXHUMACIONES DE CADÁVERES ENTERRADOS EN LA FOSA COMÚN

FERRAZ LANZARÁ PLATAFORMAS A DISTINTOS NIVELES Y UNA CAMPAÑA DE «SENSIBILIZACIÓN» POR LA MEMORIA HISTÓRICA: «NINGÚN CADÁVER DE LA GUERRA Y DEL FRANQUISMO EN UNA FOSA»

IRENE CASTRO -16/03/2018 

El PSOE va a relanzar una de sus banderas: la memoria histórica. Los socialistas van a impulsar una «campaña de sensibilización» por este asunto con el objetivo convencer de que no puede haber «ningún cadáver de la guerra y del franquismo en una fosa en España». La dirección socialista prepara esta ofensiva a raíz de la polémica con el prior del Valle de los Caídos, que inicialmente se negaba a exhumar restos en Cuelgamuros, a de la ley de memoria histórica, de una sentencia judicial y del informe favorable de Patrimonio.

Los socialistas celebran la marcha atrás del prior de la abadía, que ha optado por desbloquear las exhumaciones de seis personas cuyos restos están allí. «Se abre una vía de esperanza», según el PSOE, que la atribuye a la «presión» que ha recibido el prior con las denuncias y de la propia Conferencia Episcopal.

La idea es «sensibilizar» a los ciudadanos de que no puede ser que haya 114.000 cadáveres en fosas comunes. «Somos el único país junto con Camboya que tenemos fosas comunes en el mundo», ha dicho el responsable de memoria histórica de la Ejecutiva, Fernando Martínez.

El PSOE quiere impulsar plataformas por toda España en distintos niveles –nacional, regional, provincial y local– para esa campaña en la que recogerán firmas y darán conferencias. «Es importante que la ciudadanía conozca este problema», dice Martínez.

La dirección del PSOE planteó una modificación en la ley de memoria histórica de José Luis Rodríguez Zapatero para que el Estado  asuma el coste de las exhumaciones y que estas dependan del poder judicial. Esa proposición de ley ha sido vetada por el Gobierno porque, según argumenta el Ejecutivo, supone un coste no previsto de 213 millones de euros. «Hay que crear las condiciones para que esto se resuelva. Dado que está vetada la ley, hay que crear las condiciones de exigencia», señala el responsable de memoria histórica del PSOE.

El PSOE ha denunciado, además, que el prior del Valle de los Caídos se haya negado a acudir a la Comisión de Justicia del Senado para explicar su negativa inicial a las exhumaciones y haya invitado a la institución a acudir al Valle de los Caídos. En una carta enviada al presidente del Senado, Pío García-Escudero, el portavoz socialista, Ander Gil, le reclama que rechace esa opción que considera «chantajista».

https://www.eldiario.es/politica/PSOE-exhumaciones-desbloqueo-Valle-Caidos_0_750675791.html 

Acumulación de huesos sin filiar en una capilla principal del Valle de los Caídos.

EL GOBIERNO BALEAR DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA EL ASESINATO DE 52 PERSONAS DURANTE LA GUERRA CIVIL

EL EJECUTIVO QUE PRESIDE LA SOCIALISTA FRANCINA ARMENGOL CONSIDERA QUE SERÍAN «POSIBLES CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD»

JOSEP MARÍA AGUILÓ – PALMA DE MALLORCA – 16/03/2018

El Gobierno balear, a través de la Abogacía de la Comunidad, ha presentado ante la Fiscalía una denuncia por 52 asesinatos cometidos en Mallorca en los primeros meses de la Guerra Civil, en concreto entre agosto de 1936 y marzo de 1937. El Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol, con el apoyo de MÉS y de Podemos, considera que en todos esos casos se trataría de posibles crímenes contra la humanidad, «de naturaleza imprescriptible y efectos permanentes».

La denuncia presentada ante el Ministerio Público señala que en junio de 2014 fueron exhumados tres cuerpos en la fosa común del cementerio del municipio de Sant Joan, mientras que en noviembre de 2016 fueron exhumados 49 cuerpos en ocho de las nueve fosas delcementerio de la localidad de Porreres. Los análisis científicos llevados a cabo a raíz de ambos hallazgos confirmaron que las 52 personas habrían fallecido de muerte violenta, por arma de fuego.

Baleares es la primera comunidad autónoma de España que presenta una denuncia ante la Fiscalía por posibles crímenes contra la humanidad, según ha confirmado este viernes la consejera de Cultura del Gobierno balear, la ecosoberanista Fanny Tur. La consejera ha hecho este anuncio en Pamplona, en donde ha firmado, junto con los representantes de otras 12 comunidades, una Declaración Institucional por la Memoria Histórica.

Una ley autonómica

La decisión del Ejecutivo de Armengol de presentar la mencionada denuncia se ha tomado en base a lo establecido por la Ley para la recuperación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el Franquismo, coloquialmente conocida como la Ley de Fosas. Dicha ley, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento regional en mayo de 2016, recoge la obligatoriedad del Govern de presentar una denuncia en casos como los de Sant Joan o Porreres.

«Por el carácter masivo o sistemático que presente el hallazgo de restos humanos con signos de violencia en las fosas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, el Govern, directamente o a través de sus Servicios Jurídicos, denunciará ante la Fiscalía la existencia de indicios de la comisión de posibles crímenes contra la humanidad de naturaleza imprescriptible y efectos permanentes, conforme a la legislación vigente», se indica en el artículo 10 de la citada ley.

En el caso del cementerio de Porreres, fue en noviembre de 2016 cuando se inició la exhumación de una serie de fosas donde supuestamente había un número importante de víctimas de la Guerra Civil. El resultado de aquella excavación permitió exhumar un total de 49 cuerpos en ocho fosas. El informe emitido entonces señalaba que «las evidencias obtenidas en el estudio antropológico realizado permiten establecer la muerte, en todos los casos, como violenta de etiología médico legal homicida».

Pruebas científicas

El estudio realizado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, titulado «Informe de exhumación y análisis de los restos recuperados en la exhumación llevada a cabo en el cementerio de Porreres», fue entregado al Govern a través de la Consejería de Cultura. Según dicho trabajo, todas las víctimas presentaban evidencias de una muerte violenta a partir del uso de armas de fuego. Entre los cuerpos, aparecieron proyectiles, cables o alambres para atar las manos, y también unas esposas.

La Sociedad Aranzadi fue también la encargada de realizar las pruebas de ADN en los cuerpos exhumados, lo que permitió determinar la identidad de 14 de ellos. Estas pruebas se hicieron a través de las muestras de ADN de los familiares de los fusilados. La Consejería de Cultura recibió el resultado de dichas pruebas el 27 de noviembre de 2017. Los familiares de las personas identificadas fueron convocados en la sede del Ejecutivo autonómico, el Consulado del Mar, el 2 de diciembre.

A dichos familiares se les comunicó la identificación de los cuerpos con la entrega de un informe acreditativo y las explicaciones correspondientes. Entre todos los cuerpos exhumados se pudo identificar al hermano de la política y sindicalista Aurora Picornell (Ignasi Picornell), el alcalde de Esporles (Tomàs Seguí) y el alcalde de Costitx (Pere Vallespir).

http://www.abc.es/espana/abci-gobierno-balear-denuncia-ante-fiscalia-asesinato-52-personas-durante-guerra-civil-201803162057_noticia.html 

Francina Armengol – EFE