A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA

Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido

Archive for julio 2016

VECINOS RINDE HOMENAJE A LAS CUATRO PERSONAS ASESINADAS EN 1936

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 06/07/2016

VECINOS RINDE HOMENAJE A LAS CUATRO PERSONAS ASESINADAS EN 1936

FUE UN ACTO EMOTIVO Y MUY FAMILIAR Y SE RECORDÓ A OTRAS DOS PERSONAS ASESINADAS EN 1939

PROVINCIA – POR LIRA FELIX – JUL 3, 2016

Vecinos, el pueblo que los vio nacer, y donde vivieron, les rindió un homenaje y les dio un último adiós, antes de ser inhumados en el cementerio de Salamanca

Fabián Montes, de 46 años, Francisco Báez, de 51, Serafín García, de 39 y Juan José San Hermógenes, de 35 fueron asesinados, naturales de Vecinos, fueron asesinados un 12 de agosto de 1936. Su pueblo les rindió un homenaje antes de ser inhumados en el cementerio de Salamanca.

El familiar y emotivo acto de homenaje se realizó en el Centro de Mayores de Vecinos. Allí, acudieron muchos familiares y amigos que quisieron acompañarnos, además de vecinos del pueblo.

Luisa Vicente Martín, en calidad de presidenta de la Asociación Memoria y Justicia de Salamanca, agradeció a todos los que habían hecho posible llevar a cabo la exhumación de las cuatro personas.

A continuación, fueron los familiares, los que a través de sus palabras pusieron rostro, sentimientos y respeto a la vida de estas víctimas y de sus familias.

Por último, se proyectaron imágenes tomadas durante la exhumación y del proceso de los análisis.

Durante el acto también se recordó a otras dos víctimas, al maestro del pueblo, asesinado en Salamanca el 14 de diciembre de 1936 y quizás “enterrado” en el Monte Arauzo de Peñaranda, con otros sacados de la cárcel ese mismo día. Su nombre era Antonio Álvarez Álvarez, un buen maestro y una gran persona.

También recordamos a Romualdo de la Nava García, natural de Puebla de Yeltes y domiciliado en Vecinos, asesinado el 01 de enero de 1939, según Acta de Defunción. Su paradero se desconoce.

Terminó el acto con fuertes aplausos hacia los homenajeados.

http://www.lacronicadesalamanca.com/132549-vecinos-rinde-homenaje-a-las-cuatro-personas-asesinadas-en-1936/ 

DSC_0004-1-700x467Vecinos rinde un sentido y familiar homenaje a las cuatro personas asesinadas en 1936.

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LA FAMILIA QUE PEDÍA LA EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS DE UN MILITANTE ANARQUISTA RECURRE AL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 06/07/2016

LA FAMILIA QUE PEDÍA LA EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS DE UN MILITANTE ANARQUISTA RECURRE AL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

LOS FAMILIARES HAN DECIDIDO DAR ESTE PASO ANTE EL SILENCIO DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA Y EL ALCALDE A SU SOLICITUD

JULIO 4, 2016 | FILED UNDER: A-TEMA DEL DÍA,AYUNTAMIENTO,LOCAL | POSTED BY: ZAHYRA PEINAZO

La familia del anarquista Pedro Masera Polo, fusilado en el cementerio de La Soledad de Huelva el 10 de febrero de 1938, ha anunciado este lunes que transcurridos más de tres meses desde que solicitara al Ayuntamiento de Huelva la exhumación de los restos del militante republicano, nadie del equipo de gobierno socialista ha respondido a la petición. Por ello, tanto la familia Masera Polo como el Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA de CGT.A), pedirán la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz para que inste al alcalde de Huelva a responder y tramitar, si así se estima oportuno, la solicitud de exhumación que el pasado 1 de abril hizo la familia.

La familia Masera Polo y el Grupo de Trabajo de CGT.A recuerdan que nada más conocerse públicamente la solicitud de exhumación, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, declaró que “el Ayuntamiento tiene que hacer lo que marca la ley, tramitar el expediente de exhumación tras la solicitud de la familia y a resultas de ese expediente, si procede, autorizarse”. Además, Cruz aseguró que “creo que tenemos no sólo que entender, sino defender el derecho de las familias a recuperar parte de la dignidad familiar”.

A pesar de estas palabras, ningún responsable del equipo de Gobierno del PSOE municipal ha respondido a la solicitud ni tampoco se ha puesto en contacto con la familia Masera Polo, por lo que han decidido recurrir al Defensor del Pueblo Andaluz y evitar, dentro de lo posible, la política de “dejar pasar el tiempo”.

La familia del militante anarquista Pedro Masera Polo entregó el pasado 1 de abril de 2016 un escrito en el Registro del Ayuntamiento de Huelva, dirigido al alcalde, Gabriel Cruz Santana, en el que solicitó la exhumación de sus restos. La petición iba respaldada por el Grupo de Trabajo “Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA de CGT-A), una de las entidades memorialistas de Andalucía promotora de la iniciativa “Todos (…) los Nombres”.

El militante anarquista, acusado de un delito de Rebelión Militar, (el subterfugio pseudolegal –la justicia al revés- ideado por los militares franquistas para eliminar toda oposición) fue condenado a muerte por las fuerzas fascistas tras un Consejo de Guerra iniciado en 1937.

La ejecución de sentencia se produjo, según consta en el expediente judicial-penitenciario, el 10 de febrero de 1938 a las seis y media de la mañana en las inmediaciones del cementerio de La Soledad. El fusilamiento es descrito exactamente en toda su extensión y, firmada la diligencia por el forense Eduardo Fernández, se procede a su identificación inequívoca y posterior enterramiento en el lugar. En la diligencia, que obra en poder de la familia se hace constar exactamente que: “el cadáver del paisano Pedro Masera Polo ha sido inhumado en el cementerio de esta capital, en fosa común del Patio Segundo del sector San Marcos”. Y ubica, mediante medición con referencias exactas, el lugar del enterramiento.

La familia del militante anarquista solicitó al alcalde de Huelva que antes de proceder a la exhumación de los restos se realizaran los trabajos de protección, delimitación, identificación y cata que verifiquen la existencia de la fosa o fosas.

Según las asociaciones memorialistas y diversos trabajos de investigación, entrevistas y declaraciones de los distintos enterradores que han trabajado en el cementerio desde 1936 hasta hoy, La Soledad alberga una gran fosa (o fosas) donde se calcula que pueden estar los cientos de cadáveres de personas fusiladas por los fascistas en los meses y años que sucedieron al Golpe de Estado de Franco y sus generales. La mayor parte de los fusilados proceden de todos los pueblos de la geografía onubense aunque también hay víctimas procedentes de otros lugares de España.

El libro-registro de enterramientos municipal da fe de los fusilamientos y certifica que tan sólo en los seis últimos meses de 1936 cientos de personas fueron fusiladas en grupos de entre diez y cincuenta, y posteriormente enterradas en el cementerio. Los fusilamientos continuaron en los años siguientes al Golpe franquista del 18 de julio de 1936 y las inscripciones en el Libro-registro de enterramiento se hicieron en la mayoría de los casos de forma grupal y sin identificar a las víctimas por escrito en el libro.

http://huelvaya.es/2016/07/04/la-familia-que-pedia-la-exhumacion-de-los-restos-de-un-militante-anarquista-recurre-al-defensor-del-pueblo-andaluz/ 

Zona-fosas

 

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EDUARDO RANZ: “LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA SE ESTÁ CUMPLIENDO EN MADRID AL CERO POR CIENTO, IGUAL QUE CON BOTELLA Y GALLARDÓN”

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 03/07/2016

EDUARDO RANZ: “LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA SE ESTÁ CUMPLIENDO EN MADRID AL CERO POR CIENTO, IGUAL QUE CON BOTELLA Y GALLARDÓN”

EL LETRADO CALCULA «UNOS 250 VESTIGIOS FRANQUISTAS» ENTRE LOS 21 MUNICIPIOS DEMANDADOS

PREGUNTADO POR LA EXHUMACIÓN EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS, ADELANTA A ESTE DIARIO QUE PATRIMONIO NACIONAL LE HA RESPONDIDO PIDIENDO «LA FIRMEZA DE LA SENTENCIA», ALGO QUE RANZ CALIFICA COMO «TRABA»

EN EL CASO DE QUE PATRIMONIO NACIONAL NO DÉ MARCHA ATRÁS EN SU NEGATIVA, EL ABOGADO EXPLICA QUE LLEVARÁ EL CASO AL TRIBUNAL SUPREMO

ÁLVARO SÁNCHEZ CASTRILLO – PUBLICADA 02/07/2016

Eduardo Ranz es abogado. Desde el año 2012 lucha contra viento y marea en los tribunales con el objetivo de borrar, de una vez por todas, los vestigios franquistas de las calles españolas. Un reportaje en la prensa sobre un grupo de maquis escondidos en los montes entre Cuenca y Valencia le abrió los ojos. En ese momento empezó su relación con la memoria histórica y su lucha contra el incumplimiento de una normativa que, según señala, se encuentra «derogada de facto» desde la llegada del PP al Gobierno. Un Ejecutivo conservador que, critica, ha bloqueado cualquier iniciativa planteada con su «abrumadora mayoría» en el Parlamento.

Le irrita que, después de nueve años desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica, todavía permanezcan en el callejero español vías con nombres que guardan relación con la dictadura. A mediados de marzo de 2015 empezó su andadura demandando a 38 alcaldes y 15 obispos por no cumplir con una normativa que en su artículo 15.1 recoge la obligación de retirar toda la simbología relacionada con el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil o la dictadura franquista. Este miércoles, logró que un juzgado de Valladolid condenara alAyuntamiento de Olmedo por mantener en su callejero esta simbología.

El Consistorio es el primero de una lista de 21 municipios que se mantienen a la espera de una decisión judicial después de los procedimientos abiertos por Ranz. En concreto, el abogado ha puesto el foco de la justicia sobre Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Alcocero de Mola (Burgos), Almería, Andújar (Jaén), Burgos, Gavilanes (Ávila), Guadiana del Caudillo (Badajoz), León, Llanes (Asturias), Logroño, Madrid, Melilla, Quintanilla de Onésimo (Valladolid), San Leonardo de Yagüe (Soria), Tineo (Asturias), Tortosa (Tarragona), Villafranco del Guadalhorce (Málaga), Villafranco del Guadiana (Badajoz) y Villaviciosa (Asturias).

Además, Ranz consiguió que el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo del Escorial ordenase el pasado 4 de abril la exhumación en el Valle de los Caídos de los hermanos Lapeña. Se convirtió en el primer auto que daba luz verde a una excavación en el mausoleo del dictador. Sin embargo, la puerta permanece todavía cerrada para el equipo de arqueólogos porque Patrimonio Nacional, que tiene la llave, se niega a actuar hasta que se les aporte «la firmeza de la sentencia»: «Están poniendo una traba administrativa».infoLibre entrevista al abogado dos días después de conocer su victoria judicial frente al Ayuntamiento de Olmedo (Valladolid).

PREGUNTA. Almería, Andújar, Burgos, Gavilanes, Llanes, León… Y así hasta 21 ayuntamientos a lo largo de toda España que han sido demandados por usted por incumplir la Ley de Memoria Histórica de 2007. ¿Por qué estos y no otros? ¿Qué tienen en común?

RESPUESTA. Estos 21 municipios reúnen todos los elementos para que la demanda sea admitida a trámite: no tienen elaborado el catálogo de vestigios y mantienen calles con nombres que guardan relación con el franquismo. Según la jurisprudencia, el obligado a cambiar la calle es el titular del bien. De toda la información que he manejado, estos han sido los municipios con un incumplimiento manifiesto.

P. No sé si conoces el número de calles que pueden tener relacionadas con la dictadura.

R. Almería tiene unas 25 vías. En el caso de Olmedo (Valladolid) sólo hay una: la calle Onésimo Redondo [popularmente conocido como El Caudillo de Castilla, fue uno de los fundadores de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), que luego se integraron en la Falange de Primo de Rivera]. En Madrid, por otro lado, hay unas 186… En fin, podríamos estar hablando de unos 250 elementos de vestigios franquistas.

P: También demandó a otros once municipios que incluyen en sus nombres referencias a la dictadura. Seis de ellas fueron admitidas a trámite, en tres de estos pueblos se cambió el nombre y todavía estaba a la espera de ver qué pasaba con otras dos. ¿Cómo avanza este proceso?

R: Estos pueblos están incluidos en la lista de 21 municipios. Todas esas demandas han sido admitidas a trámite, excepto la de Llanos del Caudillo, de la que todavía no ha llegado notificación. Después de que se admitan a trámite, el siguiente paso, que ya han dado algunos de ellos, es aportar el expediente administrativo y, tras eso, o se celebra juicio o directamente se da por concluso y se esperaría la sentencia.

P: Primo de Rivera, Franco, Emilio Mola, Queipo de Llano o José Moscardó, entre otros, siguen conservando decenas de calles en España después de nueve años desde que entró en vigor la ley…

R: En el caso de Olmedo, la noticia es que un juez ha condenado al municipio a cumplir una ley. Algo que es obvio: hay que cumplir una normativa que se está incumpliendo a pesar de llevar ya nueve años en vigor. Aunque debería haber una conciencia y voluntad política por parte de los ayuntamientos en aplicar la ley, parece que serán los jueces los que tendrán que imponer algo tan obvio en democracia.

P: Pero, ¿crees que los jueces terminarán ordenando retirar la práctica totalidad de estos vestigios en España?

R: Eso ya es cosa del poder judicial. Primero hay que plantear una demanda, hay que fundamentarla y ganar el juicio. Si la pregunta es si puede haber una sentencia que sea para toda España, la respuesta es que hasta la fecha no. El poder legislativo no permite eso. Hay que ir caso a caso y esperar que ocurra lo que ha ocurrido en Olmedo.

P: Usted también demandó al Ayuntamiento de Madrid por no redefinir el nombre de 186 calles en la capital. En el escrito, solicitó la testificación de la alcaldesa, Manuela Carmena, así como la de la delegada de Cultura y su secretario general técnico. ¿Cómo se encuentra ese procedimiento?

R: La jueza lo ha dado por concluso, por lo que el siguiente paso será dictar la sentencia, que no tardará en salir y esperemos que sea muy parecida a la del municipio vallisoletano.

P: ¿Pero declararon finalmente?

R: No, no declararon porque no fue necesario. El pleito se redujo a una cuestión de legalidad, nadie discutió la prueba, ni ellos ni yo, por lo que quedó reducido a la pura legalidad, al contenido del artículo número 15 de la Ley de Memoria Histórica. En concreto, el 15.1, que recoge la retirada inmediata de la simbología de la exaltación, y el 15.3, que hace referencia a la elaboración de un catálogo de vestigios.

P: Esta semana se ha debatido la primera medidaacordada por el Comisionado de la Memoria Histórica, un órgano que rechazan las asociaciones memorialistas porque aseguran no estar representadas. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Consideras que debería incluir a algún portavoz de los colectivos?

R: Lo primero hay que ser coherente, y el Ayuntamiento de Madrid está siendo bastante incongruente. Aunque en diciembre se dieron algunos pasos en el Pleno, las calles franquistas siguen en el callejero a fecha de hoy. Hay una clara incongruencia entre lo que se dice políticamente y lo que se dice judicialmente.

Por otro lado, respecto a la retirada de honores y distinciones, estos sólo tienen eficacia jurídica mientras haya vida y, una vez que fallecen esos señores, el Ayuntamiento, que es quien lo otorgó, tiene que retirarlos. Pero esto no se tenía que haber hecho en 2016, sino en el momento en el que fueron muriendo generales, políticos… Es decir, vamos con 30 o 40 años de retraso.

P: Por lo que me dice, ¿considera que el Ayuntamiento de Madrid, que ya lleva un año dirigido por Ahora Madrid, avanza al mismo ritmo que otros municipios en manos de PP y PSOE?

R: Sí. Los otros eran completamente ajenos a actuar. Aquí, a efectos reales, la Ley de Memoria Histórica en Madrid se está cumpliendo al cero por ciento. Exactamente igual que lo que ocurría con Ana Botella o Gallardón.

P: El pasado mes de abril, una sentencia del Juzgado de Instrucción número 2 de San Lorenzo del Escorial ordenó la exhumación en el Valle de los Caídos de los hermanos Lapeña. Sin embargo, era Patrimonio Nacional el que tenía que dar el visto bueno. ¿Han recibido respuesta?

R: Sí. Patrimonio Nacional dice que hasta que no se les aporte la firmeza de la sentencia, ellos no van a cumplir el auto del juzgado. Por lo tanto, ponen una traba administrativa, porque ellos ya conocían el procedimiento y tuvieron acceso a las diligencias. En definitiva, es una respuesta que retrasa y rechaza algo tan obvio como es cumplir un auto, como es cumplir una ley o como es cumplir la Constitución Española.

P: ¿Y cuál es entonces el siguiente paso?

R: Si no reaccionan, les demandaremos ante el Tribunal Supremo, que no decidirá si se exhuma o no, sino que obligará a Patrimonio Nacional a cumplir el auto judicial.

P: Pero, con la legislación en la mano, ¿crees que se va a obligar?

R: Sí, lo creo y lo afirmo. Pero no lo digo yo, lo dice la Ley Contencioso-Administrativa, lo dice el Código Penal, lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo dice la Constitución Española… El tema es que perdemos tiempo. La demandante tiene 57 años, uno más no le supone un especial problema. Pero el hijo de los desaparecidos tiene 92, un año más sí que puede suponerle un problema.

P: Ya han pasado nueve años de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica. En tu opinión, ¿cuáles son los puntos que menos se han cumplido de la normativa?

R: Bueno, este análisis lo tendría que hacer el Ministerio de Cultura o el Ministerio de la Presidencia. Lo que sí que puedo decir es que hay tres incumplimientos manifiestos: el acceso a los archivos, la falta de ayudas para las exhumaciones y la ausencia de cumplimiento en materia de simbología. La normativa ha sido derogada de facto porque el espíritu de la ley son las exhumaciones, por lo que en el momento en el que no se conceden o se retiran las ayudas para esto es como si se hubiese derogado. Lo primero que hizo el PP fue cerrar la Oficina de Víctimas del Franquismo. Lo segundo, echar para atrás cualquier iniciativa con la mayoría abrumadora que hasta hace poco tenían en el Parlamento.

P: Usted ha sido definido como el abogado memorialista. ¿Cuándo y por qué comenzó a involucrarse en este tipo de procesos?

R: Empecé hace cuatro años a raíz de un artículo sobre unos maquis que se habían echado al monte entre Cuenca y Valencia que publicó Natalia Junquera en El País. A partir de ese momento, empecé a hablar con gente, a acudir a exhumaciones, a integrarme y a sentir lo que se siente a pie de fosa. Todo esto, sumado a que soy profesional del derecho, el resto, ha hecho que siguiese adelante.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/01/eduardo_ranz_51984_1012.html 

_img2165_58c51940El abogado Eduardo Ranz.

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OBJETIVO CUMPLIDO EN LA EXHUMACIÓN DEL CEMENTERIO DE CASTRONCELOS

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 03/07/2016

OBJETIVO CUMPLIDO EN LA EXHUMACIÓN DEL CEMENTERIO DE CASTRONCELOS

LOS INVESTIGADORES RECUPERAN DOS CUERPOS HUMANOS QUE, SEGÚN TODOS LOS INDICIOS, SON LO QUE ESTABAN BUSCANDO

FRANCISCO ALBOMONFORTE / LA VOZ, 02 DE JULIO DE 2016

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) dio ayer por terminada la exhumación de los restos de dos vecinos de Monforte asesinados en 1938 y enterrados en el cementerio parroquial de Castroncelos, en A Pobra do Brollón. En la operación se pudieron recuperar dos cuerpos que en opinión de los especialistas que llevaron a cabo la tarea son con total seguridad los del antiguo concejal Ramón Somoza Álvarez y el sastre José Rodríguez Silvosa. En los trabajos estuvieron presentes varios miembros de las familias de los dos hombres. Durante la jornada de ayer, el lugar también fue visitado por el alcalde de A Pobra do Brollón, José Luis Maceda, y el de Monforte, José Tomé.

Una vez terminados los trabajos, como se hace siempre en este tipo de exhumaciones, la asociación presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil, haciendo constar legalmente el hallazgo de restos humanos con indicios de muerte violenta. El objeto de esta iniciativa -explican- es «que la justicia investigue el crimen, según dicta la ley de enjuiciamiento criminal española y la Convención contra la Desaparición Forzada de la la ONU». Según explican los miembros de la ARMH, los restos humanos estaban sepultados en dos lugares diferentes, separados por una distancia de unos veinticinco metros y situados respectivamente junto al muro este y al muro oeste del recinto del cementerio.

Indicios de heridas graves

En los dos cuerpos se detectaron diversos indicios de heridas graves y uno de los cráneos presenta un orificio que puede haber sido causado por un disparo de bala. No obstante, para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo la muerte de estas personas es preciso llevar a cabo un proceso identificativo con métodos de antropología forense que tardará varios meses en concluir. Una vez acabado este proceso, los restos mortales serán entregados a los parientes de las víctimas, que decidirá la manera en que se les dará una sepultura definitiva.

Para determinar la identidad de los cadáveres – apuntan por otra parte desde la asociación- seguramente no será necesario realizar pruebas genéticas. Este tipo de análisis se practica en las exhumaciones de fosas comunes en las que aparecen restos de individuos de similar edad que pueden confundirse unos con otros. En este caso se trata de dos fosas individuales bien diferenciadas, cuya ubicación y cuyas características se corresponde de manera exacta con los datos de que se disponían previamente los investigadores acerca de la forma en que se produjo la muerte y el enterramiento de cada una de las víctimas.

Los restos serán sometidos ahora a un exhaustivo proceso de identificación

El hallazgo de las sepulturas de Ramón Somoza Álvarez y José Rodríguez Silvosa se produjo de una manera casi fortuita, cuando los integrantes de la ARMH buscaban los restos de otras dos víctimas de ejecuciones extrajudiciales de la Guerra Civil. Estos restos no han aparecido todavía, pero sí se encontraron los que después se ha comprobado que son los de José Rodríguez Silvosa. Este hallazgo dio pie a suponer que en el cementerio de Castroncelos había rastros de otros asesinatos cometidos por motivos políticos, diferentes de los que originaron la búsqueda.

El historiador Alejandro Rodríguez, uno de los miembros del equipo de investigadores de la asociación, señala que la localización de las dos fosas se basó en testimonios orales y a la vez en registros documentales de la época. El archivo del tribunal militar de la provincia de A Coruña -que se halla ubicado en Ferrol- contiene documentación relativa a este sangriento suceso.

Clavos de un ataúd

Gracias a estos testimonios se pudo saber que Ramón Somoza Álvarez había sido enterrado en un ataúd, mientras que José Rodríguez Silvosa fue sepultado directamente en el suelo del cementerio. En la operación de exhumación realizada durante los dos últimos días se comprobó que los dos cadáveres habían sido soterrados precisamente de esa forma. La madera estaba desintegrada, pero la presencia de numerosos clavos indica que el enterramiento había sido realizado con un féretro.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2016/07/02/objetivo-cumplido-exhumacion-cementerio-castroncelos/0003_201607M2C5991.htm 

ML2C5F1ROI FERNÁNDEZ

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