Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 18/07/2016
PUERTO REAL SE CONFIRMA COMO LA SEGUNDA FOSA EXHUMADA MÁS GRANDE DEL FRANQUISMO
LA FOSA COMÚN DE PUERTO REAL (CÁDIZ) SE CONVIERTE EN LA SEGUNDA MÁS GRANDE EXHUMADA EN ANDALUCÍA CON VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
EL TRABAJO ARQUEOLÓGICO EN EL CEMENTERIO DE SAN ROQUE DEPARA LA RECUPERACIÓN DE MÁS DE 190 PERSONAS, UNA CIFRA QUE SUPERA LAS 151 DEL PUEBLO MALAGUEÑO DE TEBA Y QUEDA TRAS LAS 2.840 DE MÁLAGA
“¿Qué vais a hacer con nosotros a la hora que es, aquí venís a buscarnos, qué venís a matarnos?”. Fue la frase que dijo Milagros Lebrón cuando los rebeldes fueron a capturarla. A ella y a su hijo Francisco. Encontró respuesta: “Claro que os vamos a matar, pero primero vamos a matar a tu hijo para que tú lo veas”.
Quien narra el terrorífico episodio es Paco Lebrón, familiar de estas víctimas del franquismo ejecutadas en Puerto Real (Cádiz) tras el golpe de Estado fascista que, con su fracaso, provocó la guerra civil española hace 80 años. El testimonio ya es una de las historias de la segunda mayor fosa común exhumada en Andalucía, la del cementerio puertorealeño de San Roque.
Todos los indicios apuntaban a un enterramiento ilegal masivo. Y las investigaciones no fallaron. El trabajo arqueológico ha permitido rescatar del olvido y el silencio más de 190 cuerpos. Una cifra a la que queda añadir un último día de labor, el 18 de julio de 2016. La mayoría de los restos óseos presentaban muestras evidentes de muerte violenta y ensañamiento criminal.
Tal ejemplo del terror fundacional del franquismo arroja números sólo superados por las 2.840 víctimas recuperadas en la intervención más grande del país en el camposanto de San Rafael de Málaga. Y superan las 151 de la localidad malagueña de Teba. Datos, siempre, de sepulturas intervenidas.
ENSAÑAMIENTO PARA «UN GENOCIDIO BRUTAL»
«Llevamos abiertos 31 metros», apunta el arqueólogo Jesús Román. Tres decenas de metros de tierra abierta donde arrojar como perros a los muertos a tiros por las fuerzas golpistas en la Bahía gaditana. Víctimas que penaron sepultadas ocho décadas en la España que los rebeldes convirtieron en la segunda mayor fosa común del mundo tras Camboya. «Encontramos signos de muerte violenta como impactos de proyectiles en cráneo o en otras partes del cuerpo, lo que se llamaría fracturas conminutas»: crímenes contra la humanidad según la legislación internacional.
«Mientras buscábamos la fosa llegó un viejete y nos dijo ‘están aquí, de pequeño me acuerdo que ahí iban los hombres con el carro y volcaban'». Resume Paco Aragón, presidente de la ARMH Puerto Real, una tarea voluntaria que ha durado varios lustros. Ahora, con la exhumación a punto de concluir, viven sentimientos encontrados. Alegría, dice, «y una inmensa tristeza por lo que hemos sacado». Explica, al borde de las lágrimas: «el grado de ensañamiento que tuvieron con esas personas, ha sido un genocidio brutal. Cuando ves a los familiares llorando a lágrima viva… increíble».
La tarea de búsqueda y exhumación de los restos óseos pertenece a la Dirección General de Memoria Democrática de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El desarrollo de los trabajos ha mostrado la colaboración institucional: la Diputación de Cádiz participó de forma activa, al igual que el Ayuntamiento puertorealeño. Además del compromiso de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la localidad gaditana. «Como decía un compañero, con lo fácil que los metieron abajo y lo difícil que es sacarlos parriba«, concluye Paco Aragón.
“Imagínate la gente que cada día pasa por las calles Yagüe, Varela… y piensa: estos son los que mataron a mi padre”. Arturo Peinado es el presidente de la Federación de Foros por la Memoria y dice esto pensando que en esas calles se recuerdan a aquellos que mataron a su abuelo.
Cuando la memoria histórica parecía alejada del debate mediático el Ayuntamiento de Madrid, se propuso renombrar el callejero de la capital. Como contó EL ESPAÑOL, esta medida se debía a que «Madrid ha sido el escenario de una guerra que en total ha dejado a más de 144 mil desaparecidos y 40 años de dictadura, de olvido, de exilio, de miedo y de silencios», como contó Celia Mayer, concejala del área de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, durante el pleno donde se anunció la medida. Pero, la propuesta no estuvo exenta de fallos: la corporación de Carmena tuvo errores garrafales al equivocar personajes históricos. Una buena metáfora de que la memoria histórica es más que olvidadiza.
Sin embargo, Madrid ha hecho historia mientras otros olvidan. La amnesia del Gobierno se remonta a 2013 cuando borró la partida presupuestaria destinada a la recuperación de la memoria histórica. En 2007 entró en vigor la Ley de la Memoria Histórica “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, recoge el Boletín Oficial del Estado. El dinero destinado a esta causa ascendió desde 2006 paulatinamente, hasta llegar a su punto álgido en 2011 con más de seis millones de euros, pero en 2013 el capital cayó en picado, desapareció. Y hasta hoy.
En 2014 se repatriaron los cuerpos de los soldados de la División Azul. En sesión parlamentaria el Ministerio de Defensa aceptó que había colaborado en el proceso. Sin embargo, dos años más tarde este mismo Ministerio ha afirmado a EL ESPAÑOL no tener ninguna información sobre el tema. En ese momento la oposición rechazó al Gobierno la falta de financiación para la exhumación de víctimas de la dictadura. Para Emilio Silva, presidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica, «no se puede buscar solo a unos muertos».
Respecto a las subvenciones de Zapatero Silva explica que “se dieron para ver si se calmaba el movimiento”. Añade que su colectivo “nunca ha pedido subvenciones, porque se tiene que responsabilizar el gobierno”. En aquellos años y ahora “seguimos haciendo la función que le corresponde al Estado, porque las familias se dirigen a nosotros”, afirma Silva.
¿Qué funciones? Fundamentalmente atender a aquellos que desean recuperar a sus seres queridos. En la Federación de Foros por la Memoria “se hacen publicaciones, labores de difusión, presión política, retirada de calles… También hacemos quincenas de exhumación de las fosas comunes, cosa que no es tan fácil porque nosotros somos voluntarios, desde los arqueólogos hasta los abogados, de modo que aprovechamos cuando tenemos vacaciones”, explica Peinado. Estas labores son parecidas en el caso de la Asociación que preside Silva quien señala que “el trabajo más importante “es la búsqueda de los desaparecidos y, después, buscarles documentación, recibimos un montón de peticiones que debería responder el Gobierno”. Actualmente estas asociaciones sobreviven de las cuotas de los socios y de exposiciones, merchandising…
Durante la época de Zapatero, cuando se aprobó la Ley de la Memoria Histórica, se dotó a las diferentes asociaciones de material (picos, palas…), para que ellas mismas realizaran las exhumaciones. Sin embargo, esta decisión es algo fuera de lo común ya que según asegura Peinado “es el Estado quien tiene que hacerlas, es un tema del que se tendría que ocupar Justicia conforme a los protocolos forenses”.
La Federación de Foros por la Memoria realiza las exhumaciones “en forma de protesta, de manera reivindicativa porque esto no puede estar privatizado”, señala el presidente. El actual modelo responsabiliza a las familias del proceso exhumatorio y, también, de los gastos económicos que se generan de él. Cuando alguien quiere buscar a su abuelo, a su tío ¿dónde acude? La Administración Pública no responde en la mayoría de los casos y llaman a la puerta de las asociaciones. Es decir, el proceso se invierte y la responsabilidad recae sobre la sociedad civil.
¿Esto es normal? Cabe preguntarse si en el resto del mundo se sigue este protocolo. En julio de 2014 la ONU hizo un informe sobre el tema, tras la visita del Relator Especial Pablo de Greiff. El documento buscaba evaluar la situación de las víctimas de la Guerra Civil en materia de: promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Si bien pone como ejemplo la implantación de la democracia en España, señala que “los esfuerzos por responder a los legados de la Guerra Civil y de la dictadura en casi todos los pilares del mandato han sido caracterizados por la fragmentación”. El Relator califica de “urgentes” los reclamos de que las familias puedan sepultar a sus seres queridos y critica el modelo de “privatización” de las exhumaciones porque además de las dificultades metodológicas y de homologación, conlleva complicaciones en la oficialización de la verdad. A modo de conclusión, el informe afirma que “la fortaleza de las instituciones democráticas no se puede medir por su capacidad de silenciar”.
El año anterior a este informe, el Gobierno de España había invitado al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas. El documento que resumía la visita calificaba de “importantes pero tímidos” los pasos para recuperar la memoria, la justicia y la verdad frente a las desapariciones forzosas de la Guerra Civil y la dictadura. Además, el Grupo de Trabajo tras reunirse con centenares de familias destacaba su frustración por las trabas burocráticas y la dificultad para acceder a la información que podría indicarles dónde estaban sus desaparecidos. Uno de los aspectos más importantes del documento reside en la urgencia que señala el Grupo de Trabajo en resolver el tema porque “dado el transcurso del tiempo desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares, es urgente que el Estado adopte como una inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas”.
Las asociaciones se basan en estos dos documentos para reivindicar una mayor dedicación por parte del Estado. El segundo informe destacaba las labores que comunidades como Cataluña, el País Vasco o Andalucía desarrollaban en la búsqueda de desaparecidos. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, eres gallego, cántabro o alicantino? “En Galicia no te saca nadie, pero en Aragón sí, no es justo”, señala Peinado. “En algunas comunidades hay legislación, pero es limitada por las competencias autonómicas, esto debería ser una política de Estado y una competencia de Justicia”, afirma el presidente del de la Federación de Foros por la Memoria.
Peinado no es el único que piensa así, de hecho el año pasado se reunieron 80 asociaciones de esta índole en Madrid para elaborar una propuesta de ley de las víctima del franquismo. Pero todavía no les ha recibido nadie. “Ningún partido lleva de manera concreta este asunto en sus programas, el PSOE habla de revitalizar la ley y dotarla de presupuesto y Unidos Podemos lo trata de manera general y ambigua”, señala.
La efeméride da una percha informativa pero hay muchas familias que 80 años después tienen heridas sin cerrar. Tanto tiempo después, ¿por qué? El periodista Gorka Moreno ha dedicado parte de su vida a responder a esta pregunta, no tiene ninguna vinculación personal con el tema, pero a través de los testimonios de aquellos que no saben dónde están sus parientes ha comprendido que se trata de “duelos abiertos” y que no se pueden cerrar porque la historia todavía no ha terminado, en gran medida “porque no se les ha dado sepultura”, afirma. Moreno relata la historia de Josefina Lamberto, “un símbolo de la memoria histórica navarra”. “Violaron y mataron a su hermana de 12 años, Maravillas, y también mataron a su padre”, cuenta el periodista. Lograron encontrar a Maravillas pero aunque “había informaciones de dónde estaba su padre, fue imposible encontrar su cuerpo”. En la lucha de Josefina, señala Moreno, gente tanto de izquierdas como conservadora colaboró en la búsqueda. “Mientras haya muertos en las cunetas tenemos una deuda con la sociedad”, sentencia.
La experiencia del periodista le ha llevado a comprender que “independientemente de los colores” la Memoria Histórica se trata de un “gesto de humanidad y civismo” porque “la justicia no entiende de bandos”. “En España nos falta a menudo serenidad a la hora de mirar al pasado, tendemos a hablar con las tripas, pasa con ETA, con la Guerra… Tenemos que comprender que aunque a un hijo de fusilado no le podemos pedir que no lo haga, el resto de la sociedad tenemos que trabajar por unir a las dos españas”, afirma. “Hay que quitarse las banderas y las camisas y ver a las víctimas con nombres y apellidos”.
Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 17/07/2016
LA VERGÜENZA DE UN PAÍS
EL FRANQUISMO EXHUMÓ A SUS CAÍDOS EN LA GUERRA CIVIL Y REPARÓ A SUS FAMILIARES INCLUSO ANTES DE FINALIZAR LA CONTIENDA. LOS CAÍDOS REPUBLICANOS Y SUS FAMILIARES SIGUEN ESPERANDO JUSTICIA. LA ONU, EL CONSEJO DE EUROPA Y EL COMITÉ CONTRA LA TORTURA HAN EXIGIDO A ESPAÑA EN NUMEROSAS OCASIONES EL FIN DE LA IMPUNIDAD DE LA DICTADURA.
MADRID.- El franquismo reparó a sus caídos y familiares. Exhumó a sus muertos y entregó pensiones y reconocimientos a los familiares. El dictador Francisco Franco tuvo memoria con los que le habían ayudado a llegar al poder. La democracia, en cambio, esperó treinta años para aprobar una tímida Ley de Memoria y cuarenta años después de la Transición democrática la mayor parte de los muertos (republicanos) sigue en las cunetas. De hecho, según los datos del auto del juez Garzón, en España 114.226 desaparecidos de la Guerra.Como señaló el periodista Juan Carlos Escudier en un artículo publicado en esta casa: «Con Franco se reparaba mejor.» Eso sí, sólo a los suyos.
El dictador aprobó en abril de 1938, en plena Guerra Civil, un decreto que concedió pensiones extraordinarias a las viudas y huérfanos de los militares sublevados muertos en cautiverio. Dos años después, ya terminada la Guerra, este decreto se extendió a las viudas, huérfanos y padres de los militares que lucharon con los franquistas y fueron detenidos, ejecutados o murieron en la contienda. En 1941 una nueva ley ampliaba estos beneficios a los padres de los sacerdotes «muertos como consecuencia de la Guerra de Liberación”.
El franquismo también exhumó a los suyos. Concretamente, según la orden aprobada en mayo de 1940, «toda persona que desee exhumar el cadáver de alguno de sus deudos quefueron asesinados por la horda roja, para inhumarlos de nuevo en el cementerio, puede solicitarlo al gobernador civil de la provincia correspondiente”. Además, en 1939 se reguló el acceso preferente a la función pública por parte de mutilados, excombatientes y excautivos, así como a los familiares de las víctimas de la guerra.
Como es apreciable la reparación a una parte de las víctimas durante la dictadura fue considerable. La otra parte, la republicana, la que defendió la legalidad vigente que otorgaban las urnas quedaba ignorada, excluida y castigada. Su reparación debía esperar a la llegada de un nuevo régimen democrático que, en teoría, apreciaría los esfuerzos de los que defendieron la democracia y la legalidad republicana.
En principio, las perspectivas eran buenas. La ONU, en el año 1946, en la Resolución 39 (I) de la Asamblea General de la ONU sobre la cuestión española establecía que «en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini» y que, por lo tanto, no representa al pueblo español» por ser un régimen «impuesto por la fuerza.
Sin embargo, el contexto internacional cambió. El franquismo se convirtió en un régimen aliado contra el comunismo y la justicia quedó en un segundo plano. Después llegó la Transición; la Ley de Amnistía, que en la práctica funcionó como una ley de punto final; y una Ley de Memoria Histórica que descargaba sobre las familias la responsabilidad de la exhumación de sus familiares y ni siquiera era capaz de declarar nulas las sentencias de los tribunales franquistas que seguían señalando como delincuentes a personajes tan ilustres como Miguel Hernández.
De esta manera, en el año 2016 los muertos republicanos siguen en las cunetas y sus familiares siguen, como en 1939, esperando verdad, justicia y reparación. Al menos 114.226 desaparecidos siguen en las cunetas del Estado en alrededor de 2.500 fosas comunes aún por exhumar. 30.960 niños fueron robados y entregados a familias que apoyaban al régimen o al Auxilio Social sin que se haya realizado ninguna investigación oficial ni los niños hayan podido recuperar su identidad.
Tampoco hay ninguna investigación sobre los alrededor de 400.000 presos políticos que fueron utilizados como trabajadores forzados ni sobre las empresas que los emplearon. Las miles de personas que sufrieron torturas, malos tratos y detenciones continúan figurando como delincuentes para la Justicia española, así como los que fueron ‘ajusticiados’ por los franquistas durante la Guerra y los primeros años de represión. La lista de víctimas es casi infinita. Como los de la comunidad LGTBi, que fueron tratados y reprimidos como enfermos.
Pero el Estado de español continúa mirando hacia otro lado para no ver la impunidad de la dictadura franquista.Pero es que al olvido sistemático, además, se han sumado declaraciones de responsables del Partido Popular vergonzantes. Ejemplos no faltan.
Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, señaló en un mitin que «los de izquierdas son unos carcas, todo el día con la fosa de no sé quién»; Rafel Hernando,portavoz del PP en el Congreso,dijo en un plató de televisión que «los familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a su padre solo cuando hay subvenciones»; Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, respondió al periodista Jordi Évoleque no tiene «claro que sea cierto» que miles de españoles no sepan dónde están enterrados sus abuelos y que no cree que el Gobierno «pueda hacer nada para arreglarlo».
EL CONSEJO DE EUROPA CONDENA LAS «MÚLTIPLES Y GRAVES VIOLACIONES»
La política de impunidad practicada por el Estado español ha estado acompañada de severas críticas por parte de la Comunidad Internacional. Los reproches, las condenas y las recomendaciones de los organismos internacionales encargados de velar por el respeto a los Derechos Humanos han sacado los colores a España una y otra vez.
En el año 2006 la Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó por unanimidad la primera gran condena internacional del régimen franquista. El organismo, en el que están representados 43 países, instó al Ejecutivo español a crear una comisión de investigación sobre los delitos del franquismo y presentar un informe al Consejo de Europa; a abrir los archivos civiles y militares a los historiadores, a abrir una exposición permanente sobre la represión en el Valle de los Caídos y a erigir monumentos a las víctimas del franquismo.
Diez años después, en 2016, el comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa reprochó a España prácticamente lo mismo. Porque a pesar de la Ley de Memoria Histórica poco a cambiado en el país: hay menos monumentos a los golpistas, pero las cunetas siguen llenas de republicanos y sólo Argentina investiga los crímenes de la dictadura.
De esta manera, el Comisionado reprochó a España que la Ley de Memoria dejara en manos de las familias los procesos de búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos; que el alcance de la misma siga siendo «limitado» y su aplicación deficiente debido a la «falta de presupuesto»; y que se ha haya hecho «muy poco» para «investigar» y sancionar a los responsables» debido, entre otros factores, «a la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977».
LA ONU SACA LOS COLORES A ESPAÑA
Pero sin lugar a dudas ha sido la ONU la que, a través de sus diferentes organismos, más ha recordado a España que su política de Estado de impunidad atenta contra el Derecho Internacional y los Derechos Humanos.
Así, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en 2012 febrero de 2012 que España está obligada a «derogar» la Ley de Amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de Derechos Humanos y a «investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos».
Una de las fechas más vergonzantes para España, en este largo camino para acabar con la impunidad de la dictadura, sucedió en la en el XXVII Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se celebró en 2014. España fue uno de los grandes protagonistas de este evento y no precisamente por su buen hacer. Allí se presentaron dos informes demoledores sobre la impunidad de la que goza el franquismo en España y sobre el obstruccionismo que practica la Justicia para que no se investiguen los crímenes de la dictadura y de la Guerra Civil.
Por una parte, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas instó a España a realizar un plan nacional de búsqueda de desaparecidos. Pidió que los jueces se personen en las fosas comunes y se investigue de oficio todas las desapariciones forzadas. Apremió a que se proporcione «los fondos adecuados»para que la Ley de Memoria Histórica «pueda aplicarse» y que se cumplan, entre otros, los artículos relativos a la retirada de símbolos y vestigios del franquismo. Solicitó que se creara un banco de ADN y se investigaran los casos de niños robados; insistió en la creación de una Comisión de la Verdad; y, por último, reclamó a España que colabore con la Justicia de Argentina en la causa que investiga los crímenes de la dictadura.
Por otra parte, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, leyó en este Consejo de Derechos Humanos el informe que realizó tras su viaje a España. Una vez más, el Relator Especial de la ONU advirtió a España de que tiene «la obligación internacional» de«extraditar o juzgar» a los franquistas reclamados desde Argentina y que «sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables».
Greiff también instó a España a dejar sin efecto la ley de amnistía ya que, en la práctica, «cumple las funciones de una ley de punto final»; recalcó la necesidad de que el Gobierno haga una «política de Estado» para reparar a las víctimas de franquismo; criticó que el Estado hubiera dejado en manos de los familiares la responsabilidad de la localización y apertura de fosas de la Guerra Civil; y, por último, pidió al Gobierno que anulara todas las sentencias de los consejos sumarísimos.
El Gobierno, por su parte, obvió todas estas recomendaciones y se limitó a decir en el mencionado Consejo de Derechos que la Transición y la Ley de Amnistía estuvieron basadas en «el olvido y el perdón» como única vía para «la reconciliación» y defendió que la Ley de Memoria Histórica era un conjunto de medidas de «reconocimiento y de carácter simbólico» para las víctimas, a pesar de que el Partido Popular la había anulado de facto dejándola sin fondos.
«La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad», afirmaron los cuatro expertos.
Por último, también el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, en 2015, recordó al Estado español que los actos de tortura, incluidas las desapariciones forzadas, ni prescriben ni pueden ser amnistiados y urgió al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que este tipo de delitos, también aquellos ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo, sean debidamente investigados y enjuiciados y que las víctimas sean resarcidas
Pero ninguna de estas recomendaciones ha sido aplicada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ninguna. España sigue sin investigar los crímenes de la dictadura y sin colaborar con las autoridades judiciales de Argentina. Las víctimas, y sus familiares, de aquella Guerra siguen, a día de hoy, sin Justicia y sin reparación. En idéntica situación se encuentran los que sufrieron la tiranía del régimen filo fascista que nació de aquella Guerra. Pero es que los nacidos en democracia tampoco han disfrutado del derecho a la verdad, el derecho a que la Justicia investigue lo ocurrido en España durante aquellos años y a que una comisión de expertos, que cumpla los estándares internacionales, explique qué ocurrió en España durante la Guerra Civil y la dictadura. Son los datos de la vergüenza de un país.
Las entrañas del tristemente célebre ‘cuadro 58’ del cementerio de El Carmen ocultaban mucho más dolor del que imaginaron los especialistas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) cuando iniciaron en abril los trabajos de exhumación de los restos de los vallisoletanos represaliados durante la Guerra Civil. Allí se sabía que descansaban, aunque fuera «amontonados, cubiertos con cal y tirados como animales», los cuerpos de algunas de las víctimas de un alzamiento nacional del que están a punto de cumplirse ochenta años el próximo 18 de julio.«Pero nunca imaginamos las dimensiones de un enterramiento de apenas tres metros de largo por tres y medio de ancho», reconoce el presidente de la asociación, el arqueólogo Julio del Olmo.
Así que los voluntarios de la agrupación, aunque expertos en la materia, vieron que la excavación trascendía su capacidad, pararon los trabajos y pidieron ayuda. Esta llegó en forma de compromiso municipal para la concesión de una subvención que les permitiría profesionalizar la exhumación y «realizarla con todas las garantías tanto arqueológicas como forense». El convenio, que lleva una dotación máxima de 25.000 euros, se firmará la semana que viene y permitirá conformar «un equipo multidisciplinar formado por nueve especialistas». Siete de ellos, en su mayoría arqueólogos apoyados por un biólogo, trabajarán directamente sobre el terreno y los otros dos, con el reconocido antropólogo forense gallego Fernando Serrulla y un auxiliar, se encargarán de las labores de identificación de los restos en su clínica de Verín.
Los trabajos de exhumación en la fosa abierta en el ‘cuadro 58’ se retomarán en una fecha tan simbólica como el próximo 18 de julio y se prolongarán durante dos meses. «El objetivo es completar la excavación de esta fosa, en la que entre abril y mayo ya descubrimos los restos de 41 personas a apenas 1,40 metros de profundidad, y realizar la exploración de una segunda fosa anexa», explica Julio del Olmo, quien dirigirá los trabajos.
MUCHO MÁS DE LO IMAGINABLE
Los expertos de la asociación consideran que solo en la primera fosa, un punto señalado desde siempre por los familiares de algunas víctimas y que se libró de las sucesivas remodelaciones del camposanto, pueden encontrarse, al menos, treinta cuerpos más. «Suponemos que su profundidad puede rondar los dos metros, ya que esa era la profundidad de los enterramiento habituales, así que creemos que nos faltan unos sesenta centímetros para descubrirla por completo», añade Julio del Olmo antes de reconocer que lo encontrado ya «supera con creces lo que había visto en los catorce años que llevo trabajando en otras fosas comunes de la guerra».
La del ‘cuadro 58’ de El Carmen es la primera descubierta hasta la fecha en un más que centenario camposanto en el que se estima que descansan los restos de un millar de represaliados republicanos -documentados en su mayoría- que fueron asesinados con o sin juicio a partir del 18 de julio de 1936 y hasta tres años después del fin de la contienda (1942).
«Partíamos de la hipótesis de que los iban matando y luego abrían las fosas, pero hemos descubierto que era al revés, es decir, primero abrían las fosas y luego iban enterrando a los que iban asesinando», resume el arqueólogo antes de relatar como se han encontrado «con cuerpos más o menos colocados, que suponemos que eran los fusilados recientemente -en las ‘cocheras’ de San Isidro-, y otros amontonados, presumiblemente los recogidos de las cunetas, que arrojaban desde el borde». Y así se han topado con varias capas de restos cubiertas con cal y tierra, lo que dificulta «enormemente las labores de identificación». El objetivo, reconoce, «es rescatar el mayor número posible de restos para que reciban una sepultura digna e identificar a aquellos que sea posible».
Para ello cuentan con el apoyo del Ayuntamiento. «Entendemos que es una obligación legal y moral de las administraciones colaborar con estos trabajos y devolver la dignidad a las víctimas y a sus familias», señala la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, quien anticipa que el convenio se firmará «a tiempo» antes del inicio de los trabajos el 18 de julio. «Es una fecha simbólica, claro, y por eso la hemos elegido», concluye Julio del Olmo.
Una carpa protege la fosa común situada en un cruce de caminos del ‘cuadro 58’ del cementerio de El Carmen, que volverá a ser excavada a partir del 18 de julio. / Ricardo Otazo
80 AÑOS DESPUÉS DE SU ASESINATO, TRES HOMBRES QUE SEGÚN LAS INVESTIGACIONES, YA QUE DADO EL ESTADO DE LOS CUERPOS NO HA SIDO POSIBLE SU IDENTIFICACIÓN MEDIANTE ADN, PODRÍAN SER ANTONIO ÁLVAREZ MARTÍNEZ, ANTONIO CÁNOVAS MESA Y NICOLÁS MARCOS MORÁN, SERÁN INHUMADOS EN EL MEMORIAL DEL CEMENTERIO DE SALAMANCA, ESTE LUNES 18 DE JULIO.
Tres víctimas más que serán inhumadas con dignidad, después de permanecer en una fosa al pie de una encina marcada con una cruz en el término municipal de Castillejo de Martin Viejo, próximo a Ciudad Rodrigo, desde 1936 hasta junio de 2010 en que fueron exhumados gracias a la información de una persona que lo recordaba, por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
La ARMH recuerda que “quedan por encontrar muchos desaparecidos en nuestra provincia y, junto con los familiares, seguiremos luchando porque no quede ni una sola víctima en ninguna fosa ni en ninguna cuneta de Salamanca”.
Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 16/07/2016
LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE LOS RESTOS EN UNA PARIDERA SE INICIARÁN EN AGOSTO
ASOCIACIÓN POZOS DE CAUDÉ EXHUMARÁ DOS FUSILADOS EN ARGENTE
LA ASOCIACIÓN POZOS DE CAUDÉ EXHUMARÁ DOS FUSILADOS AL COMIENZO DEL ALZAMIENTO NACIONAL EN UNA PARIDERA DE ARGENTE. SE TRATA DE DOS REPUBLICANOS DE ALFAMBRA VINCULADOS AL AYUNTAMIENTO, UNO DE ELLOS ES LORENZO MARTÍNEZ ESTEBAN
REDACCIÓN/TERUEL – 16/07/2016
La Asociación Pozos de Caudé exhumará dos fusilados al comienzo del Alzamiento Nacional en una paridera de Argente. Se trata de dos republicanos de Alfambra vinculados al Ayuntamiento, uno de ellos es Lorenzo Martínez Esteban. Los trabajos de exhumación se harán por equipos de voluntarios y se comenzará el próximo 1 de agosto.
El presidente de la Asociación Pozos de Caudé, Francisco Sánchez, anunció que para el próximo uno de agosto se iniciarán los trabajos de exhumación de dos republicanos de Alfambra fusilados en una paridera en Argente.
Francisco Sánchez destacó la colaboración de los equipos de voluntarios que van a intervenir en los trabajos de exhumación de los fusilados, ya que gracias a ellos se podrá hacer, puesto que la labor la realizarán de forma altruista. También agradeció el apoyo y la colaboración que está prestando el Ayuntamiento de Alfambra con su alcalde a la cabeza, Francisco Abril.
Sánchez comentó que seguramente habrá dos equipos de trabajo para una pronta exhumación de los soldados, puesto que el trabajo se hace por voluntarios y es agosto cuando disponen de tiempo. «Además, un equipo empezará en las primeras horas del día con el frescor y el otro equipo por la tarde y así evitar también las horas de más calor en los trabajos de excavación».
El presidente de la Asociación Pozos de Caudé, Francisco Sánchez, expuso que los dos fusilados se enterraron junto a la pared de una paridera de Argente durante la Guerra Civil y que esta localización ha sido posible gracias a que uno de los enterradores hizo una señal, una pequeña cruz, que es donde se cree que están enterrados los dos republicanos de Alfambra.
Sánchez reseñó que uno de los fusilados es Lorenzo Martínez Esteban y que del otro se ha perdido la pista de los familiares.
Se espera que en una semana estén finalizados los trabajos para realizar luego un funeral en Alfambra y rendir un homenaje a finales de año.
La ex directora de la Cátedra de Memoria Histórica de la Complutense Mirta Núñez, que renunció a este cargo tras los desencuentros con el Ayuntamiento de Madrid al tratar de asesorar en la aplicación de la Ley, ha denunciado hoy que sufrió un “ataque masivo“, pero recalca que no tiene “alma de mártir”.
Mirta Núñez ha sido una de los participantes en las jornadas sobre memoria histórica organizadas este sábado por la plataforma ciudadana Ganemos Madrid, integrada en la formación política Ahora Madrid que gobierna el Ayuntamiento de la capital.
La historiadora dimitió de su cargo al frente de la cátedra el pasado mes de febrero, poco después de que ésta renunciara a asesorar al Consistorio en su Plan Integral de Memoria por su “incapacidad” para garantizar una labor sosegada y profesional.
“He sobrevivido a aquel ataque masivo que sufrí entre diciembre y enero. Fue doloroso, pero también ratificas amistades que estaban al lado cuando te encontrabas con esa artillería que no sé qué persona estuvo detrás, y como no tengo alma de mártir finalmente dimití”, ha declarado en el acto de hoy.
Tras su abandono, la socialista y abogada laboralista Francisca Sauquillo fue nombrada directora de la comisión que aplicará la Ley de memoria histórica en Madrid y que producirá modificaciones en el callejero, en virtud de un acuerdo suscrito entre el grupo municipal del PSOE-M y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.
Con su elección hubo un cambio también en las competencias de memoria histórica, que pasó a asumir la Alcaldía en lugar del área de Cultura y Deportes que dirige la concejala Celia Mayer, procedente de Ganemos Madrid, que defendió el plan inicial sobre esta materia elaborado por su departamento.
Durante su intervención, Mirta Núñez ha criticado la supervivencia del franquismo en las mentalidades españolas que, a su juicio, “deja una huella muy grande en la sociedad” debido a su “estrategia del miedo y la represión”, que cree que todavía sigue vigente en asuntos como las fosas o los niños perdidos durante esta etapa.
Para ella, a estas estrategias se unen en la actualidad otras de “apatía, egoísmo e individualismo”, y ha puesto como ejemplo que todavía hay pocas calles destinadas “a aquellos que de verdad lucharon por la libertad en España”. También se ha referido a la sugerencia de Manuela Carmena de cambiar el nombre del Valle de los Caídos por el de Valle de la Paz.
“Eso es un error, es hacer nuestro uno de los baluartes del franquismo, debemos hacerle llegar la noticia de que eso está impregnado de propaganda franquista. Allí se profanaron tumbas de republicanos, es el Valle del Dolor”, ha sostenido.
El siguiente en participar ha sido el abogado especializado en crímenes del franquismo Eduardo Ranz, quien ha explicado que los ayuntamientos tienen la obligación de retirar “inmediatamente la simbología de exaltación”, así como abrir el acceso a archivos y establecer una partida presupuestaria “en condiciones” para este asunto.
“De no hacerlo, pasarán cuarenta años de democracia y será un problema que seguiremos sin resolver”, ha subrayado Ranz, que ha insistido en la necesidad de hacer justicia para reparar a las víctimas del franquismo.
Este abogado ya denunció al Ayuntamiento de Madrid por no retirar vestigios de la dictadura, así como a varios alcaldes de pueblos españoles con denominación franquista por incitación al odio al considerar que incumplen la Ley de memoria histórica.
Otro de los participantes ha sido el abogado Andreu García, quien ha hecho una exposición sobre los presos políticos forzados que hubo durante la dictadura franquista, cuyo trabajo asegura que benefició a la Iglesia católica y a empresas, algunas de las cuales “siguen existiendo hoy en día”.
Por su parte, el abogado Carlos Slepoy, uno de los responsables de la querella argentina contra el franquismo, ha pedido al Estado que responda ante los “crímenes” cometidos en esta etapa: “No es una opción, sino una obligación de la Justicia investigar estos hechos”, ha indicado.
Valladolid Toma la Palabra ha conseguido que la Diputación de Valladolid, gobernada por el PP con el apoyo de C’s, apruebe una proposición de apoyo a la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo.
La propuesta, que ha sido respaldada por todos los grupos políticos, implica que la institución provincial, a partir del año que viene, tendrá que presupuestar una partida económica para dedicarla a este fin, además de tener que instar a la Junta de Castilla y León, también gobernada por el PP, a que “desarrolle una Ley” específica sobre este asunto.
La Diputación, en la proposición aprobada se compromete a colaborar con las asociaciones memorialistas de la provincia y el resto de administraciones en la elaboración de un censo de las personas desaparecidas y sus familiares, así como un mapa de las zonas donde se localicen o se presuma la existencia de fosas comunes o enterramientos clandestinos de la guerra y el franquismo.
“Actuar e intervenir sobre los terrenos donde se prevea la existencia de fosas, con el objetivo de buscar e identificar los restos de personas desaparecidas utilizando para ello todos los medios técnicos que sean precisos y, una vez localizadas las fosas, proceder a su señalización y preservación” es otro de los compromisos asumidos que se completan con la citada aportación económica en los presupuestos de la institución “para el buen desarrollo de esta tarea” y la realización de “un homenaje a las víctimas y las familias de las personas desaparecidas por estas causas”.
En la exposición de motivos de la proposición aprobada hoy en la Diputación se ha apuntado que 80 años después del golpe militar que provocó la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista todavía hay muchos familiares que ignoran el paradero de sus seres queridos; se estima que en España hay más de 100.000 personas desaparecidas en 2052 fosas comunes, de las cuales todavía hay 1821 sin abrir. Se calcula que hay 171 fosas en Castilla y León de las que se ha intervenido en 152. En Valladolid solamente doce han sido las fosas recuperadas, motivo por el que se sigue reivindicando medidas e instrumentos para que las administraciones públicas faciliten a los interesados las tareas de localización y, si procede, identificación de los desaparecidos, ha apuntado Valladolid Toma la Palabra.
El diputado Salvador Arpa ha recordado la existencia de la Ley de Memoria Histórica y ha denunciado que en Castilla y León no ha habido un desarrollo normativo en ningún aspecto de la Ley 52/2007. “Este hecho ha supuesto la indefensión de numerosos familiares de desaparecidos y de las asociaciones que las representan porque, excepto en contados casos, las instituciones autonómicas y locales no han asumido su obligación de facilitar la búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura, agravando la problemática existente, tanto a la hora de indagar donde están los desaparecidos, como en todo el proceso de intervención de una fosa común donde se encuentran restos humanos: restos de personas con signos de muerte violenta hace ochenta años, enterradas la mayoría de ellas de forma clandestina en hoyos excavados en cementerios o cerca de ellos, pero también lanzadas a cunetas, pozos y simas”, se ha recordado.
“A pesar de este vacío jurídico, las asociaciones memorialistas han realizado en los últimos años esta tarea de forma voluntaria y comprometida. Han investigado, localizado y coordinado con los familiares afectados, han solicitado actuaciones conforme a la Ley, han acudido a los tribunales de justicia españoles reclamando la investigación judicial de las desapariciones forzadas e, incluso, han invocado a la jurisdicción universal. Lo han hecho con rigor, con la colaboración ocasional de contadas administraciones públicas, y siempre a partir de una estrecha relación con las familias de las personas desaparecidas”, se indica en la proposición.
“A nuestro entender, a toda esta tarea tiene que darse una respuesta pública, tiene que haber una autoridad pública que asuma la existencia de estas fosas, se comprometa a investigar quién hay en ellas, a poner todos los medios posibles a disposición de esta investigación y a dar una explicación a los familiares interesados en una exhumación cuando ésta no se pueda realizar porque no es viable, y proceder a otra vía de reparación como es la protección y la identificación de la fosa. Todas las fosas tienen que ser como mínimo localizadas, señalizadas, protegidas y preservadas. Sólo con un proceso institucional coordinado y siempre en estrecha colaboración con las asociaciones memorialistas se garantizarán la eficacia, la celeridad, la coherencia y la responsabilidad necesarias para afrontar todo este proceso de búsqueda de los desaparecidos”, se indica en la propuesta finalmente aprobada y en la que se hace constar que “es necesario actuar con urgencia, celeridad y eficacia en materia de desapariciones forzadas”. “La urgencia y la celeridad son esenciales por la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos que vieron con vida por última vez a sus seres queridos”, ha señalado Arpa antes de apuntar que “el objetivo de esta proposición es dar un paso más en el reconocimiento y la memoria de los que sufrieron violencia por razones ideológicas, políticas o religiosas, y fueron víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, de forma que se avance en la reconciliación, la concordia y la justicia, en el respeto al pluralismo y en la defensa pacífica de las ideas”.
HOMENAJE A LOS REPRESALIADOS POR EL FRANQUISMO EN LOS MONTES TOROZOS DE VALLADOLID, DONDE SE LOCALIZA UNA DE LAS FOSAS MÁS IMPORTANTES. FOTO: ÚLTIMOCERO
Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 15/07/2016
LA DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA CREA UN PLAN DE AYUDAS PARA TRABAJAR POR LA MEMORIA HISTÓRICA
EL PLAN DE AYUDAS ESTARÁ DOTADO CON 150.000 EUROS E IRÁ DESTINADO TANTO A FUNDACIONES COMO A ASOCIACIONES QUE TRABAJAN POR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA. LOS TRABAJOS PARA REALIZAR EXHUMACIONES, PUBLICACIONES Y ENCUENTROS PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS, SERÁN ASÍ SUBVENCIONADOS POR DICHA INSTITUCIÓN
La Diputación de Zaragoza ha decidido crear un programa de ayudas económicas destinado a facilitar la tarea que realizan asociaciones, fundaciones y cualquier entidad sin ánimo de lucro, en su trabajo para la recuperación de la memoria histórica. El plan de ayudas está dotado con 150.000 euros, y subvencionará así los trabajos necesarios para realizar exhumaciones, publicaciones y encuentros para la reparación de las víctimas.
La creación de este plan específico fue incluido en los presupuestos de este año, a iniciativa del grupo En Común, el cual, presentó una enmienda que favoreciera la recuperación de la memoria histórica. De esta forma, el actual equipo de gobierno de la Diputación de Zaragoza, cumple con la legislación vigente, es decir la Ley 52/2007, que obliga a las administraciones públicas a prestar ayuda, para “facilitar a los descendientes directos de las víctimas, las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil y la represión política posterior”, reconocen desde la Diputación de Zaragoza.
Cabe destacar, que en Zaragoza y en muchos de sus municipios, se dieron miles de casos de personas desparecidas durante dichos periodos. De hecho, son muchos los familiares y asociaciones existentes en Zaragoza que dedican todos sus esfuerzos desde hace años, en dignificar la memoria de las víctimas y a ser posible, la recuperación de sus restos.
Además, con este plan específico de ayudas se cumple el objetivo de fomentar los valores democráticos, “facilitando el conocimiento de los hechos acaecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, en Zaragoza; contribuir a que se cumpla el derecho de las familias de las víctimas a recuperar sus restos y a la debida reparación moral; favorecer el esfuerzo de las entidades en la búsqueda de los desaparecidos, y hacer posible la publicación de trabajos sobre la memoria histórica relacionados con los periodos de la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura”, destacan desde la Diputación.
Los requisitos para el acceso a este plan de ayudas, consisten en la presentación de un proyecto en el que se incluyan cualquiera de las tres actuaciones subvencionadas, exhumaciones, publicaciones y encuentros para la reparación moral de las víctimas. Las bases de la convocatoria ya se han publicado en el Boletín Oficial de Zaragoza, y ahora las asociaciones interesadas en obtener una subvención tienen 20 días hábiles para solicitarla.
Los técnicos de la Diputación serán los encargados de valorar los proyectos presentados. De esta forma, obtendrán un máximo de 30 puntos los proyectos destinados a las tareas de exhumación, y un máximo de 5 puntos para los proyectos enfocados a trabajos de publicación y encuentros para la reparación de las víctimas. Las cantidades económicas totales que presenta este plan de ayudas, “serán distribuidas entre todas las entidades solicitantes de forma proporcional al número de puntos que hayan obtenido, aunque se ha establecido que el importe máximo que puede recibir una asociación será de 25.000 euros -18.750 para exhumaciones, 3.125 para publicaciones y 3.125 para encuentros-“.
Con la presentación de este plan específico de ayudas, la Diputación continua con esta necesaria labor, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, en materia de recuperación de la Ley de Memoria Histórica. Cabe recordar, que el pasado 13 de enero a iniciativa también del grupo En Común, se instó a la retirada de una placa franquista que presidía la fachada principal del edificio y que fue borrada tres meses después, durante un acto en el que se inauguró un memorial en homenaje a las 14 víctimas de la institución durante la Guerra Civil.
Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 15/07/2016
PROPOSICIÓN PARA DESARROLLAR MEDIDAS DE APOYO EN LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS DURANTE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO.
PROPOSICIÓN QUE PRESENTA SALVADOR ARPA DE LA FUENTE, PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL TOMA LA PALABRA, AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 66 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID, AL PLENO CORPORATIVO A CELEBRAR EL DÍA 15 DE JULIO DE 2016 PARA DESARROLLAR MEDIDAS DE APOYO EN LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS DURANTE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO.
Miles de hombres y mujeres sufrieron persecución, violencia y muerte durante la Guerra Civil y la dictadura por razones políticas e ideológicas y, aún hoy, a punto de cumplirse el ochenta aniversario del cruento golpe de estado, muchas de estas personas, familiares y amigos, luchan por el derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar.
Ochenta años después, todavía hay muchos familiares que ignoran el paradero de sus seres queridos; se estima que en España hay más de 100.000 personas desaparecidas en 2052 fosas comunes, de las cuales todavía hay 1821 sin abrir. Se calcula que hay 171 fosas en Castilla y León de las que se ha intervenido en 152. En Valladolid solamente doce han sido las fosas recuperadas, motivo por el que se sigue reivindicando medidas e instrumentos para que las administraciones públicas faciliten a los interesados las tareas de localización y, si procede, identificación de los desaparecidos.
Y todo esto a pesar de que la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, la llamada Ley de Memoria Histórica, prevé distintas obligaciones para las administraciones públicas; obligaciones entre las que destaca la que se refiere a la localización de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil y el franquismo, para lo que establece que las administraciones públicas competentes facilitarán la indagación, la localización y la identificación de los desaparecidos, elaborarán y pondrán a disposición de los interesados mapas de fosas, preservarán y protegerán los terrenos donde se localizan las fosas comunes, y regularán las actividades de localización e identificación de los restos humanos. Esta regulación incluirá la autorización de prospecciones, la regulación del acceso a terrenos que sean de titularidad privada, el establecimiento del procedimiento y de las condiciones para recuperar, identificar y trasladar restos y, asimismo, la autorización de las exhumaciones que se practiquen.
En Castilla y León no ha habido un desarrollo normativo en ningún aspecto de la Ley 52/2007. Este hecho ha supuesto la indefensión de numerosos familiares de desaparecidos y de las asociaciones que las representan porque, excepto en contados casos, las instituciones autonómicas y locales no han asumido su obligación de facilitar la búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura, agravando la problemática existente, tanto a la hora de indagar donde están los desaparecidos, como en todo el proceso de intervención de una fosa común donde se encuentran restos humanos: restos de personas con signos de muerte violenta hace ochenta años, enterradas la mayoría de ellas de forma clandestina en hoyos excavados en cementerios o cerca de ellos, pero también lanzadas a cunetas, pozos y simas.
A pesar de este vacío jurídico, las asociaciones memorialistas han realizado en los últimos años esta tarea de forma voluntaria y comprometida. Han investigado, localizado y coordinado con los familiares afectados, han solicitado actuaciones conforme a la Ley, han acudido a los tribunales de justicia españoles reclamando la investigación judicial de las desapariciones forzadas e, incluso, han invocado a la jurisdicción universal. Lo han hecho con rigor, con la colaboración ocasional de contadas administraciones públicas, y siempre a partir de una estrecha relación con las familias de las personas desaparecidas.
A nuestro entender, a toda esta tarea tiene que darse una respuesta pública, tiene que haber una autoridad pública que asuma la existencia de estas fosas, se comprometa a investigar quién hay en ellas, a poner todos los medios posibles a disposición de esta investigación y a dar una explicación a los familiares interesados en una exhumación cuando ésta no se pueda realizar porque no es viable, y proceder a otra vía de reparación como es la protección y la identificación de la fosa. Todas las fosas tienen que ser como mínimo localizadas, señalizadas, protegidas y preservadas.
Sólo con un proceso institucional coordinado y siempre en estrecha colaboración con las asociaciones memorialistas se garantizarán la eficacia, la celeridad, la coherencia y la responsabilidad necesarias para afrontar todo este proceso de búsqueda de los desaparecidos.
En base a estas obligaciones, el Ayuntamiento de Valladolid ha suscrito un Convenio con la ARMH de Valladolid para continuar con los trabajos de exhumaciones en el Cementerio del Carmen, convenio que ha permitido recuperar 23 cuerpos por el momento y localizar otros 18. Por lo que nos parece adecuado llevar esta práctica al resto de la provincia, pues aún quedan lugares donde existen enterramientos ilegales.
Es necesario actuar con urgencia, celeridad y eficacia en materia de desapariciones forzadas. La urgencia y la celeridad son esenciales por la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos que vieron con vida por última vez a sus seres queridos.
El objetivo de esta proposición es dar un paso más en el reconocimiento y la memoria de los que sufrieron violencia por razones ideológicas, políticas o religiosas, y fueron víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, de forma que se avance en la reconciliación, la concordia y la justicia, en el respeto al pluralismo y en la defensa pacífica de las ideas.
En base a lo expuesto, desde el Grupo Provincial Toma la Palabra presentamos la siguiente proposición:
1.- LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID INSTA A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A:
Que desarrolle una Ley para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo.
2.- LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID SE COMPROMETE A:
Colaborar con las asociaciones memorialistas de la provincia y resto de administraciones públicas a:
Elaborar un censo de las personas desaparecidas y sus familiares.
Elaborar un mapa de las zonas donde se localicen o se presuma la existencia de fosas comunes o enterramientos clandestinos de la guerra y el franquismo.
Actuar e intervenir sobre los terrenos donde se prevea la existencia de fosas, con el objetivo de buscar e identificar los restos de personas desaparecidas utilizando para ello todos los medios técnicos que sean precisos.
Una vez localizadas las fosas se procederá a su señalización y preservación.
Mientras sea preciso, se dotará anualmente de una cantidad económica en los presupuestos de la institución para el buen desarrollo de esta tarea.
Realizar un homenaje a las víctimas y las familias de las personas desaparecidas por estas causas.
Los restos óseos evidencian la comisión de crímenes de lesa humanidad. JUAN MIGUEL BAQUERO / PUERTO REAL (CÁDIZ)
Imagen de la Guerra Civil.
La ARMH, sin ayuda del Estado español de ningún tipo, abrió la fosa común de Timoteo Mendieta.- REUTERS
Una carpa protege la fosa común situada en un cruce de caminos del ‘cuadro 58’ del cementerio de El Carmen, que volverá a ser excavada a partir del 18 de julio. / Ricardo Otazo
Familiar esperando ante la encina con una cruz grabada indicando el lugar de la fosa.
La placa del Cerro de los Ángeles que la alcaldesa de Getafe le pide al Obispo que retire
HOMENAJE A LOS REPRESALIADOS POR EL FRANQUISMO EN LOS MONTES TOROZOS DE VALLADOLID, DONDE SE LOCALIZA UNA DE LAS FOSAS MÁS IMPORTANTES. FOTO: ÚLTIMOCERO
Exhumación en Fuencalderas. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)
A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA 