A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA

Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido

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EL OBISPO DE GETAFE DESOYE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA Y SE NIEGA A QUITAR UNA PLACA FRANQUISTA

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 26/05/2016

EL OBISPO DE GETAFE DESOYE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA Y SE NIEGA A QUITAR UNA PLACA FRANQUISTA

LA PLACA SE ENCUENTRA EN EL CERRO DE LOS ÁNGELES DEL MUNICIPIO, UN ESPACIO DE ACCESO PÚBLICO CUYO TERRENO PERTENECE A LA IGLESIA

EL OBISPADO SE NIEGA A RETIRAR LA INSIGNIA, COMO HA PEDIDO EL AYUNTAMIENTO, PORQUE «NO ES NINGÚN HOMENAJE A FRANCO»

SOFÍA PÉREZ MENDOZA – 25/05/2016

El obispo de Getafe, Joaquín María López de Andújar,  se niega a quitar la placa franquista que sobrevive en el Cerro de los Ángeles de la localidad. Eso, pese a que le ha instado a ello una moción aprobada por el pleno del municipio, gobernado por el PSOE, apoyada por todos los grupos excepto el PP. El complejo monumental en el que se ubica la insignia pertenece a la diócesis, pero el espacio es público. La placa está visible en un lugar abierto al acceso.

López de Andújar es el mismo prelado que  firmó, junto al obispo de Alcalá de Henares,  una carta que decía que la Ley de Transexualidad de Madrid conlleva «la sumisión de las personas a un poder totalitario» y «retuerce la naturaleza humana»

Fuentes jurídicas consultadas explican que el obispado tendría que aceptar la petición del Ayuntamiento y quitarla ya que «exalta» –al llamar caudillo al dictador– y «ocupa un espacio de todos». Teniendo en cuenta estos dos factores, este caso no puede acogerse al artículo 15.2 de la Ley de Memoria Histórica, que dice que la administración pública queda eximida de actuar para pedir la retirada de símbolos franquistas «cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley».

La placa origen de la polémica se encuentra en la base del monumento en honor al Sagrado Corazón de Jesús, levantado en 1919 en el Cerro de los Ángeles. El complejo, de grandes dimensiones, fue atacado en agosto de 1936 –un mes después del inicio de la Guerra Civil– por un grupo de milicianos. Ya durante el régimen franquista, el dictador ordenó reconstruirlo y pidió que se colocara un mensaje que dejara constancia de que fue el «caudillo de España» quien impulsó la obra.

«No estamos ante ninguno de estos casos», confirma Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Escudero remarca que «la ley no deja de aplicarse por que el terreno sea de propiedad privada».

Francisco Armenteros, canciller secretario y portavoz de la Diócesis de Getafe, justifica en conversación con eldiario.es que la placa está en un lugar «poco visible» y «dentro de un recinto privado» –en referencia al Cerro de los Ángeles–. Para la Diócesis, además, la insignia «no es ningún homenaje, es un dato histórico, como decir que Franco inauguró un pantano». «No se trata en ningún caso de una cuestión política», zanja Armenteros, que asegura que podrían replantarse la decisión si «nota a las personas molestas u ofendidas».

La postura del obispado de Getafe contraviene al  compromiso del Arzobispado de Madrid de «cumplir la ley» de Memoria Histórica tras años de bloqueo y poca colaboración.

El PP no apoya la retirada

La moción para retirar la placa se aprobó en el pleno del 6 de abril. Más de un mes después, la Diócesis no ha dado una respuesta. No tiene por qué hacerlo. En el documento refrendado por PSOE, IU, Ahora Getafe y Ciudadanos se insta a la Iglesia a que cumpla la ley y «que no permita que continúen oprimidos todos aquellos que padecieron la persecución y la violencia de la Guerra Civil y la dictadura franquista». El PP, único partido que no aprobó la moción, presentó una enmienda que pedía incluir en el documento la supresión «de las referencias a Carrillo, Guevara o Ibárruri». Ni siquiera llegó a votarse la propuesta al no ser aceptada por el resto de partidos.

Potestad para quitar las subvenciones

El artículo 15.3 de la Ley de Memoria Histórica da potestad a las administraciones públicas para «retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1». Es decir, que no cumplan con las medidas tomadas por los gobiernos para retirar los vestigios «de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».

Un convenio firmado en 2012 por la Diócesis de Getafe, el entonces Gobierno municipal –encabezado por Juan Soler, del PP–, la Comunidad de Madrid y el Ministerio del Interior al que ha tenido acceso eldiario.es establece lo siguiente: «Como compensación al uso consentido del entorno del Cerro de los Ángeles», el Ayuntamiento de Getafe se encarga del mantenimiento y limpieza, flora y arbolado; de recoger los residuos; y sufragar los gastos de servicio de las zonas de uso público (aseos, quiosco-bar, picnic, aparcamiento…)

Este no es el primer convenio entre la Iglesia y Ayuntamiento en el municipio. La relación entre las dos partes a partir de un documento se remonta a 1981, cuando se firmó un convenio de colaboración por treinta años que expiró en 2011 y que fue sustituido por el que está hoy en vigor.

El equipo de Gobierno de Sara Hernández, la alcaldesa socialista del municipio, admite que no se ha planteado rescindir –amparado con la ley– el convenio de colaboración con la Diócesis. Más allá de eso, las administraciones públicas pueden iniciar procedimientos en lo contencioso-administrativo de «ejecución subsidiaria a costa del obligado», explica el abogado Rafael Escudero. Esto es, una retirada forzosa de la placa cuyo coste logístico, de salir adelante el expediente, recaería sobre la Diócesis.

http://www.eldiario.es/sociedad/Iglesia-incumple-memoria-historica-Getafe_0_517598601.html 

Placa-Sagrado-Corazon-Cerro-Angeles_EDIIMA20160519_0691_18Placa situada en el monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles.

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VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO CARGAN CONTRA LA GESTIÓN Y «DILATACIÓN» DEL PROYECTO PARA EXHUMAR LA FOSA COMÚN DE VEGUETA

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 26/05/2016

VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO CARGAN CONTRA LA GESTIÓN Y «DILATACIÓN» DEL PROYECTO PARA EXHUMAR LA FOSA COMÚN DE VEGUETA

DOS ASOCIACIONES DE MEMORIA HISTÓRICA SE DESVINCULAN DEL CONSEJO ASESOR CONFORMADO POR EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y DENUNCIAN LOS «CONSTANTES OBSTÁCULOS» PARA PROCEDER A LA APERTURA DE LA FOSA Y A LA CREACIÓN DE UN BANCO DE ADN

EL ALCALDE DE LA CIUDAD ASEGURÓ EN UN ACTO DE MEMORIA HISTÓRICA QUE LA FOSA «SE VA A ABRIR» Y QUE ESTÁ A LA ESPERA DE DOS INFORMES QUE SE HAN ENCARGADO Y CON LOS QUE SE DETERMINARÁ LA VIABILIDAD DE EXHUMAR

EL PRESIDENTE DE LA PLATAFORMA DE FAMILIARES DE FUSILADOS DE SAN LORENZO CREE QUE EL ESTUDIO QUE SE DEBE TENER EN CUENTA ES EL DEL PRESIDENTE DE LA ARDF DESAPARECIDOS POR SER PARTIDARIO DE LA EXHUMACIÓN

SOSTIENEN QUE EN ESTE CEMENTERIO HAY MÁS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN DE LAS QUE HAY CONTABILIZADAS POR EL CONSISTORIO Y 28 PERSONAS YA SE HAN PUESTO EN CONTACTO PARA IDENTIFICAR A SUS FAMILIARES

JENNIFER JIMÉNEZ  – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Foro Canario de Víctimas del Franquismo y la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo temen que el proyecto para exhumar la fosa común del Cementerio de Las Palmas, antigua necrópolis de Vegueta, no siga adelante y que finalmente se instaure sobre ella un monolito en recuerdo de las personas que fueron asesinadas y enterradas en este lugar.

Ambas asociaciones cargan contra la gestión del Ayuntamiento de la ciudad sobre este tema, puesto que es una reivindicación que llevan haciendo desde el inicio del nuevo mandato (formado por PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias). El Consistorio se comprometió a poner de su parte para que la iniciativa saliera adelante y, sin embargo, creen que se ha estado dilatando. «No entendemos a qué obedecen tantos obstáculos a la exhumación», puntualiza Francisco González, portavoz de la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo.

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha dicho públicamente que su intención es que la fosa se abra y que se encuentra a la espera de dos informes que se han encargado para determinar la viabilidad de proceder a la exhumación. Es en este punto donde estas plataformas encuentran diferencias, ya que consideran que el estudio que el Consistorio debe tener en cuenta es el que se ha ofrecido a realizar Santiago Carcas, presidente de la ARDF Desaparecidos, quien apuesta por la exhumación y creación de un banco de ADN para poder identificar a las víctimas. Sin embargo, Francisco González Tejera asegura que esta asociación no cuenta con la suficiente información y que se encuentra a la espera de que el Ayuntamiento le envíe más documentos tras la visita que hizo su presidente a la isla el pasado mes de abril. 

Por el contrario, se manifiestan en contra de otro informe encargado a Pedro Alberto García Bilbao, miembro de la Federación Estatal de Foros de la Memoria Histórica, puesto que consideran que es «partidario de la instalación de monolitos y no de exhumar la fosa». González Tejera sostiene que esta asociación «se rige por las directrices del PCE y recuerda que este partido firmó en 1977 la Ley de Amnistía», señala.

El Consejo Asesor de Memoria Histórica de la ciudad, por su parte, indica que están a la espera de estos dos informes y que no se ha determinado una decisión sobre el asunto. Asimismo, la  Federación Estatal de Foros de la Memoria Histórica se desmarca de tener vinculación con el PCE. Además,  matizan que sí que están a favor de que se lleven a cabo exhumaciones de fosas comunes judicializadas.

«No queremos que la apertura de la fosa se politice», insiste el portavoz de la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo, quien asegura que su única intención y la de estas dos plataformas es recuperar los restos mortales de sus familiares, puesto que creen que este de «justicia» y que es un «derecho». Además, según González Tejera, también autor del libro Tormenta en la memoria, donde se aborda la represión franquista en Canarias, el pasado 21 de mayo se celebró en Madrid una reunión de organizaciones de memoria histórica, y que en ella la Federación Estatal de Foros por la Memoria «se opuso a que se firmara una petición dirigida al Ayuntamiento de la capital grancanaria para exigir la exhumación de la fosa».

Con la intención de aclarar este asunto y que se dé más información a los familiares sobre el proyecto de exhumación de esta fosa, ya han solicitado una reunión con Augusto Hidalgo. Y es que, estas dos asociaciones consideran que el alcalde de la capital grancanaria es el «único» interlocutor válido y arremeten contra la gestión del concejal Sergio Millares, del que creen que debe apartarse de este proyecto si no va a ponerlo en marcha o que incluso debe ser cesado. Por sus desacuerdos con la gestión, ambos colectivos se han desmarcado del Consejo Asesor de Memoria Histórica tras asistir a una primera reunión.

«No podemos esperar más»

El portavoz de la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo recuerda que su padre Diego González, de 90 años, espera poder cumplir su sueño de recuperar los restos mortales de su padre, el sindicalista Francisco González Santana, que fue enterrado en esta fosa junto al que fuera alcalde del entonces municipio, Juan Santana Vega en marzo de 1937. En este sentido, explica que conoce el lugar exacto donde se encuentran sus restos mortales, a un metro y medio bajo tierra, por lo que no comprende que «no se facilite la exhumación».

Asimismo, insiste en que si el Consistorio no quiere o no puede financiar esta iniciativa, se encargarán de buscar los recursos para ello y recuerda que  el Cabildo de Gran Canaria también ha mostrado ya su apoyo para que se proceda a la exhumación.

En esta línea, el autor de Tormenta en la memoria también explica que en la visita de los expertos para examinar la posibilidad de exhumar la fosa, descubrieron en los archivos del cementerio que hay más víctimas del franquismo enterradas en este lugar de las que se ha estimado oficialmente. Por ejemplo, destaca a los «30 ahogados de La Laja», ya que han constatado que en las fechas de la muerte no coinciden con ningún naufragio ocurrido en el lugar, pero sí que podría concordar con las personas que eran arrojadas a la Marfea.

A la c ampaña para que familiares de víctimas de la represión que hayan sido enterrados en esta fosa contacten con estas asociaciones a fin de proceder a la identificación de estas personas, se han sumado ya 28, aunque estiman que puedan ponerse en contacto muchas más. Hasta ahora, lo han hecho desde distintos puntos de la isla y de España.

González Tejera indica que si al agotar las vías con el Ayuntamiento no logran cumplir su objetivo, recurrirán a las acciones jurídicas en base a la Ley de Memoria Histórica y a las directrices internacionales en materia de derechos humanos y crímenes contra la humanidad.

http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Victimas-franquismo-exhumacion-cementerio-Vegueta_0_519348327.html 

Homenaje-Guerra-Vegueta-ALEJANDRO-RAMOS_EDIIMA20160329_0809_18Homenaje a los fusilados en la isla durante la Guerra Civil y enterrados en Vegueta. (ALEJANDRO RAMOS)

 

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EL LARGO CAMINO HASTA CONSEGUIR UNA DIGNA SEPULTURA

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 25/05/2016

EL LARGO CAMINO HASTA CONSEGUIR UNA DIGNA SEPULTURA

LOS HERMANOS BILBILITANOS MANUEL Y ANTONIO-RAMIRO LAPEÑA ALTABÁS SERÁN LOS PRIMEROS EXHUMADOS DEL VALLE DE LOS CAÍDOS. ASÍ LO HA AUTORIZADO UN JUZGADO DE MADRID EN UN AUTO TRAS UNA LARGA LUCHA DE LA FAMILIA DE ESTOS HERMANOS. EL JUEZ RECONOCE ASÍ EL DERECHO A LA DIGNA SEPULTURA, RECOGIDO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

ROCÍO SOLANAS SÁNCHEZ

Zaragoza.- Un juzgado de Madrid acaba de emitir un auto histórico y los protagonistas son dos hermanos de Calatayud (Zaragoza). Se trata de Manuel y Antonio-Ramiro Lapeña Altabás, que se convertirán en los primeros exhumados del Valle de los Caídos, donde constan más de 33.000 cuerpos.

Esto será posible gracias al auto emitido por el juez de apoyo adscrito al Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial, José Manuel Delgado Seoane, quien ha estimado la petición de María Purificación Lapeña Nieto, nieta de Manuel Lapeña Altabás. Un auto que ya es firme y en el que el juez reconoció el derecho de ésta a dar «digna sepultura» a su abuelo y a su tío abuelo, Antonio-Ramiro Lapeña Altabás, una vez que las pruebas de ADN confirmen la relación familiar.

Manuel Lapeña Altabás fue fundador de la CNT de Calatayud, desapareció el 27 de julio de 1936 y su acta de defunción data del 14 de agosto de 1936. Fue fusilado por las autoridades en el barranco de La Bartolina y enterrado en una fosa común, «sin que conste juicio con condena a pena de muerte conforme a la legislación vigente en el momento de los hechos, con carácter legítimo», explica el abogado de la familia, Eduardo Ranz.

Antonio-Ramiro Lapeña Altabás, tras ocultarse de las autoridades, se entregó en octubre de 1936, y fue fusilado el día 20 de octubre de 1936 en la tapia del Cementerio Municipal de Calatayud, enterrándose los restos en fosa común, «sin que conste juicio con condena a pena de muerte conforme legislación vigente en el momento de los hechos, con carácter legítimo», señala Ranz.

El auto del juez señala que, entre los días 3 y 4 de abril de 1959, se procedió al traslado de restos cadavéricos de los hermanos Lapeña Altabás desde Calatayud al cementerio del Valle de los Caídos «sin que se les pidiera autorización a la familia». Eduardo Ranz recuerda así que la de los hermanos Lapeña Altabás será «la primera exhumación en el Valle de los Caídos y la primera en vía civil, en general».

En su declaración ante el juez, María Purificación Lapeña expuso que los restos de su abuelo y tío-abuelo, veterinario y herrero, respectivamente, fueron trasladados al Valle de los Caídos en varias cajas. Entiende que su abuelo fue asesinado en julio en 1936 mientras que su tío abuelo huyó al monte y una vez se entregó fue asesinado.

La lucha de la familia para lograr la exhumación de estos dos hermanos bilbilitanos comenzó el 20 de noviembre de 2012 en la vía Penal. Un juzgado de Instrucción archivó la causa al entender que no se podía enjuiciar al culpable. La decisión fue recurrida a la Audiencia Provincial de Madrid, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todos ellos archivaron la causa.

Dos años más tarde, el 20 de noviembre de 2014, la familia emprendió la vía Civil –»cuya ventaja es que no hay nadie demandado», detalla Ranz-, en base al Expediente de Jurisdicción Voluntaria en aplicación del articulado de la perpetua memoria.

Eduardo Ranz reconoce que, en cierto modo, la familia de los hermanos Lapeña Altabás tuvo suerte ya que aunque el Ministro del Interior derogó el articulado de la perpetua memoria recogido en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, en la reforma de julio de 2014, esto no les ha afectado para conseguir su meta. Ahora bien, esto puede dificultar otras sentencias de casos similares.

«Si no se hubiera derogado, este auto habría sentado un precedente que automáticamente valdría para el resto de familias que solicitaran una exhumación», señala Ranz, quien añade que, al haber sido derogado, «puede que los abogados que lo fundamenten en sus peticiones tengan dificultades».

Eduardo Ranz, una de las personas que más ha luchado por la Memoria Histórica en los últimos años, incide además en que este auto eleva a cuatro los identificados en el Valle de los Caídos: Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera, Manuel y Antonio-Ramiro Lapeña Altabás.

Derecho a la digna sepultura

El derecho a la digna sepultura, recogido en el artículo 10 de la Constitución Española, es la base del auto. «El derecho a recibir sepultura digna esta indisociablemente unido a la dignidad propia de todo ser humano», reza el citado artículo y recoge el auto. Asimismo, «forma parte del contenido esencial del derecho fundamental de libertad religiosa, que comprende el derecho de la persona a ser inhumada conforme a los ritos y prácticas de la religión que profesa», añade el auto.

Y añade: «Sin un adecuado tratamiento jurídico de la muerte de acuerdo con las creencias religiosas de la persona fallecida o de sus familiares […] no sólo se vulnera el derecho de libertad religiosa, sino que se afecta de manera directa a la propia identidad personal».

Ahora bien, hasta que la exhumación se lleve a cabo todavía pasará algún tiempo. El miércoles 11 de mayo se dio traslado a Patrimonio Nacional para que cumpla el auto. «Tiene 45 días hábiles para responder, entendemos que la respuesta será satisfactoria y luego entramos en tiempos científicos de arqueólogos, etc. que es difícil predecir», explica Eduardo Ranz. El objetivo de la familia, en principio, es llevar los restos al cementerio familiar.

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=145056 

img1450562sLa lucha de la familia para lograr la exhumación de estos dos hermanos bilbilitanos comenzó el 20 de noviembre de 2012

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LA ARMH RECLAMA AL AYUNTAMIENTO 30.000€ PARA LAS FOSAS DEL CARMEN

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 25/05/2016

LA ARMH RECLAMA AL AYUNTAMIENTO 30.000€ PARA LAS FOSAS DEL CARMEN

LA ASOCIACIÓN PARA LA MEMORIA HISTÓRICA Y EL CONSISTORIO, CERCA DE FIRMAR UN CONVENIO PARA REANUDAR LAS EXHUMACIONES, QUE YA RECUPERARON 41 CUERPOS

ALICIA CALVO  – 24/05/2016

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) solicita al Ayuntamiento que financie con 30.000 euros la exhumación de las dos fosas comunes halladas en el cementerio del Carmen, donde ya han aparecido los restos de 41 cuerpos, sólo en la primera de las tumbas excavadas.

El Consistorio y la ARMH ultiman un convenio para continuar, durante dos meses, con los trabajos de excavación, paralizados el pasado 15 de mayo.

La Concejalía de Medio Ambiente está valorando la propuesta de la asociación, que solicita una aportación municipal de 15.000 por mes; además de los permisos pertinentes y de la maquinaria, que ya aportó en la última fase de los trabajos realizados hasta ahora.

La concejala María Sánchez confirmó ayer a este periódico que estudia la proposición de la ARMH, «tratando de darle un cumplimiento positivo», porque señaló que la corporación es favorable «a cumplir la Ley de la Memoria Histórica y su artículo 13, que dice que las administraciones públicas tienen que colaborar».

Sánchez aseguró que los servicios jurídicos municipales valoran la fórmula apropiada y reconoció que «la intención es que salga adelante, por recuperar la dignidad democrática».

El arqueólogo y presidente de la Asociación, Julio del Olmo, explicó que por la ARMH trabajarían ocho personas durante estos dos meses y sus sueldos entrarían en ese presupuesto presentado al Ayuntamiento.

Ese cálculo incluiría también otros costes, como el del andamiaje –«para no pisar más la tumba y trabajar colgados»–; de las cajas y bolsas para depositar los restos humanos; del transporte, para enviarlo al laboratorio forense que se encargará de efectuar los exámenes, o de la adquisición de una carpa, porque la que actualmente cubre el terreno levantado es prestada.

Del Olmo indicó ayer que otros servicios seguirán prestándose de forma voluntaria, como los informes forenses o antropológicos, que «no se cobrarían». «Se trata de aunar esfuerzos, pero esto nos excede», afirma sobre una primera tumba en la que espera encontrar, además de los restos rescatados de 41 personas, al menos, los de otros 20 represaliados más en la Guerra Civil. Estas perspectivas, pese a tratarse de un trozo de tierra de tan sólo tres por cuatro metros.

Este arqueólogo señala que el descubrimiento de un segundo enterramiento, localizado apenas a unos pocos metros del primero y con similares características, les hace pensar que allí reposan los huesos de un número similar de cadáveres al de la primera tumba.

La excavación en lo que durante los últimas décadas había sido una tumba sin nombre comenzó el 8 de abril y se prolongó hasta dos días después. Sin embargo, ante el volumen de restos encontrados, pertenecientes a una quincena de cuerpos, y la localización de un segundo enterramiento se retomaron una semana después, tras una nueva autorización del Ayuntamiento.

Hace una semana, la Asociación para la Memoria Histórica decidió paralizar los trabajos por la necesidad de efectuar una excavación de «mayor envergadura».

Del Olmo explicó que parte de los esqueletos, algunos amontonados, se hallaron tres cuerpos en los que se aprecian signos de disparos. «Hemos recuperado tres balas. Dos de ellas estaban en la cabeza», relató.

También disponen del permiso del Ayuntamiento para inspeccionar los caminos del cementerio vallisoletano por si hubiera más fosas comunes.

http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/armh-reclama-ayuntamiento-30-000euros-fosas-carmen_54061.html 

54061_1Una voluntaria de la Asociación para la Memoria Histórica de Valladolid trabaja en la fosa del Carmen, en el último día de excavaciones. – ICAL

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LOS DESCENDIENTES DE LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL RECLAMAN LOS RESTOS TRASLADADOS EN 1958

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 20/05/2016

MEMORIA HISTÓRICA

LOS DESCENDIENTES DE LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL RECLAMAN LOS RESTOS TRASLADADOS EN 1958

ATRAPADOS EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS, EL MAUSOLEO DE SUS VERDUGOS

JOSÉ ANTONIO MARCO FUE FUSILADO POR LOS NACIONALES EN 1936 Y TRASLADADO EN 1958 AL VALLE SIN EL PERMISO DE SUS FAMILIARES

EL FALLO DEL JUZGADO DE EL ESCORIAL A FAVOR DE LA EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS DE MANUEL Y ANTONIO RAMIRO LAPEÑA, ENTERRADOS TAMBIÉN EN EL MONUMENTO FRANQUISTA, ABRE UNA VÍA PARA CIENTOS DE FAMILIAS

CLARA FELIS – @CLARAFELIS – 20/05/2016

«¡Viva Cristo Rey!», gritó una multitud de gente agolpada frente al domicilio de José Antonio Marco Viedma el 2 de septiembre de 1936 en Calatayud. Aquel día, el silencio se impuso como nueva norma de la casa y el uso del dubitativo se convirtió en un acto de resistencia. Lo único que no podía enterrarse en vida. AVoltaire (el apodo con el que José Antonio se hacía llamar como miembro de tercer grado de la masonería), ya se la habían arrebatado.

Sus restos yacen ahora en el tercer nivel de una de las capillas laterales que forma parte del gigantesco mausoleo franquista de 255 metros de largo, el mismo lugar en el que descansan el abuelo y tío abuelo de Maria Purificación Lapeña, a quien el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) le otorgó la semana pasada el «derecho a la digna sepultura» así como la «realización de las actuaciones pertinentes» para que sus restos sean exhumados del cementerio. Mientras, la familia de Marco Viedma lleva reclamando el traslado de los restos del Valle de Cauelgamuros a Calatayud desde hace ocho años. Misma causa. Mismo abogado que Purificación Lapeña, Eduardo Ranz, pero veredictos distintos.

«En mi caso, el Juzgado de primera instancia de San Lorenzo de El Escorial me archiva la causa en 2012. De ahí pasa a la Audiencia Provincial, en la que transcurren otros dos años y finalmente me la vuelve a archivar en 2015. A esto hay que añadir la querella argentina», enumera Silvia Navarro, familiar de José Antonio y presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle que explica que aunque el caso de ella y el de Purificación son similares, el procedimiento de ambos fue distinto. «La instancia de Puri fue la más rápida de todas. Se la fueron archivando automáticamente hasta que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también hizo lo mismo. Entonces, Eduardo decidió optar por este artículo del código civil en el que se señala que hay que enterrar dignamente a un familiar. Ahora estamos esperando a que Patrimonio Nacional responda . Si deciden abrir el tercer nivel, por supuesto que los demás familiares estamos ahí, porque todos están en el mismo sitio».

Fuentes de Patrimonio Nacional han señalado a La Aventura de la Historia que no tienen ninguna notificación oficial al respecto. «Nosotros respetamos escrupulosamente las decisiones judiciales y por supuesto nos atenderemos a ellas y a la normativa vigente, pero cuando nos sea notificada formalmente. Patrimonio Nacional oficialmente no ha recibido nada».

El peso del silencio

José Antonio, el Voltaire de Calatayud, es una de las víctimas de la Guerra Civil que está enterrado en el mausoleo que erigieron sus verdugos: aquel 2 de septiembre de 1936, miembros de la policía municipal, agentes de policía, falangistas y guardias civiles bajo las órdenes de Rafael Pérez Civil, teniente de infantería y Jefe de la Milicia Nacional de FET-JONS de 2ª línea de Calatayud, se lo llevaron con lo puesto. Su hermana Carmen y su sobrino Paco, que entonces tenía ocho años, le acompañaron a la puerta y no lo volvieron a ver. No se formularon preguntas.

Tampoco se buscaron respuestas. Hasta hoy. «Mi abuela nunca quiso hablar mucho del tema. Recuerdo que ella tenía una mesa con fotos debajo de un cristal y me decía: Mira, este es mi hermano Pepe. Y yo le preguntaba, ¿abuela, pero quién es Pepe? y me contestaba: Hija es que murió. Lo fusilaron, pero Pepe era muy bueno. Lo mataron pero era bueno», rememora Silvia.

Ocho años de lucha

Silvia y su madre, Josefa, comenzaron a escarbar los restos que quedaban de Pepe en 2008. A medida que encontraban nuevas piezas, el esquema que conocían del caso se les descuadraba por completo. Sabían que lo habían fusilado aquel mismo 2 de septiembre de 1936 (aunque el certificado de defunción expedido estaba fechado el 21 de octubre de 1937) posiblemente junto a 15 personas más, es lo que posteriormente se conocería como la tercera «saca» de Calatayud, (uno de los episodios más sangrientos de la represión).

Que este acto tuvo lugar en una de las tapias del Cementerio Municipal de Calatayud y que sus restos mortales fueron inhumados en una fosa común de dicho lugar. Pero José Antonio no estaba allí. «En el año 2008 me entero que no está en el cementerio, sino en el Valle de los Caídos. Tú imagínate. ¡Mi tía había estado llevando flores allí!», explica Silvia, que se queda en silencio medio minuto para proseguir.

«Cuando acudo al cementerio a ver los libros de inhumaciones, el funcionario que estaba allí me deja ver el libro original de inhumaciones. Ahí es cuando veo que tenía hojas arrancadas«. Empieza su investigación. «En 2011 voy al Valle de los Caídos, donde no se me permite hacer fotos, ni fotocopias, ni grabar nada. ¿Entonces qué hice? Copié toda la información de las inscripciones de las tres provincias aragonesas a mano (saca las hojas y empieza a pasar folios y folios). Hazañas del escriba.

De Calatayud al Valle

Enlazó los datos que allí recopiló con las fechas de los transportes de los cuerpos para reconstruir la ruta que siguió su tío. Todo se remonta al 23 de mayo de 1958. Camilo Alonso Vega, Ministro de la Gobernación y Presidente del Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos, envió una carta a los gobiernos civiles donde solicitaba la colaboración de los «Alcaldes, Guardia Civil, Párrocos y Autoridades locales» para la inauguración del monumento, que tuvo lugar el 1 de abril de 1959.

En esa misiva, Vega escribía que era «preciso adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a una de las finalidades perseguidas por la erección de dicho Monumento: la de dar en él sepultura a quienes fueron sacrificados por Dios y por España y a cuantos cayeron en nuestra Cruzada, sin distinción del campo en que combatieran, según impone el espíritu cristiano de perdón que inspiró su creación, siempre que unos y otros fueran de nacionalidad española y religión católica».

Una petición que logró reclutar 33.847 cuerpos, así consta en el libro de los muertos que protegen los monjes benedictinos del Valle. De esa cifra, 21.423 están inscritos con nombre, procedencia y lugar donde están depositados. En cambio,12.410 están sin identificar. Entre ellos se encuentran los restos de los republicanos procedentes de Calatayud que llegaron al Valle de los Caídos el 8 de abril de 1959. Paradójicamente, los ‘Mártires de Paracuellos’ no serían trasladados, ya que las familias se opusieron a los planes de las autoridades franquistas.

Fusilados y verdugos en el mismo lugar

81 personas «desconocidas», como fueron calificadas, fueron depositadas en nueve cajas (columbarios) de madera con la cruz católica. «Es una brutalidad que estén los fusilados en el mismo sitio que el que les mandó fusilar. Dicen que son caídos, ¿pero qué caídos? Si al tío Pepe se lo llevaron de casa y lo fusilaron. Eso no es un caído. Eso es un asesinado. ¡Son todo números, no personas! Lo primordial es identificar a esas gentes. Sacarlos. Darles un nombre y enterrarlos dignamente»,reclama indignada Josefa.

Profesora de Química ya jubilada, «batalladora» e «innovadora», como se describe ella misma cuando rememora las protestas estudiantiles en las que se involucró con sus compañeros a mediados de los 60, su rebeldía juvenil aminora cuando transcribe el mutismo de su madre y la destrucción silenciosa de la estructura familiar. Todo quedó roto y quieto al mismo tiempo. «Mi madre era muy callada, muy callada. ¿Tú sabes lo triste que era? No hablada de nada.

A mí me contó que su hermano era bueno, que sólo quería el bien de la gente, de los obreros, que había implantado las leyes de la República, la jornada de ocho horas, las vacaciones obligatorias. Eso es lo único que nos decía, sobre todo a mí, que estaba más receptiva con ella. Yo creo que lo admiraba mucho. Guardaba sus cosas, sus fotos, y en unos diarios que tenía guardados, todos los dos de septiembre anotaba: Aniversario de Pepe (que fue el día que lo fusilaron). Día 21 de marzo, cumpleaños de Pepe». Reflexiona sobre lo que acaba de decir y confiesa. «Nunca lo asimilo del todo. Lo que ha supuesto la guerra para la gente ha sido un destrozo. Especialmente cuando ves que las personas se aplastan. Se hunden».

Así les sucedió a sus padres a raíz de la muerte de José Antonio. Mirar hacia otro lado y dejar a merced del tiempo la vuelta a la normalidad hizo que la madre se marchara a Madrid con sus cuatro hijos. Nueva tierra sobre viejas semillas. «Un amigo íntimo de mi padre fue el que informó sobre mi tío en el expediente de incautaciones. Mi padre no dijo ni pío. Fue como si no existiera el tío. Nunca lo nombró», remarca mientras alinea cada uno de los folios del caso que se esparcen sobre la mesa. «No sé por qué unos tiramos para un lado y otros tiramos para otro.Mi madre nunca fue al cementerio de Calatayud y allí estaban sus padres. Imagina la transformación que causan estas cosas en las personas. Para mi madre hubiera sido bueno que habláramos de las cosas libremente, que nos contáramos todo lo que pasó con mi tío, con mi padre. He echado de menos no poder hablar de estos temas». La conciencia y los folios vuelven a estar en orden.

http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2016/05/20/573dd38a22601db8688b458c.html 

14637334903454Josefa Marco y su hija Silvia Navarro con el retrato de José Antonio Marco, fusilado en 1936.

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UN ABOGADO DEMANDA A LOS OCHO PUEBLOS QUE SE NIEGAN A CAMBIAR SUS NOMBRES FRANQUISTAS

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 20/05/2016

UN ABOGADO DEMANDA A LOS OCHO PUEBLOS QUE SE NIEGAN A CAMBIAR SUS NOMBRES FRANQUISTAS

EL LETRADO ESPECIALIZADO EN MEMORIA HISTÓRICA EDUARDO RANZ SOLICITÓ EN FEBRERO QUE 11 MUNICIPIOS SE REDEFINIERAN, A LO QUE ACCEDIERON TRES DE ELLOS

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP) RECHAZÓ SU PETICIÓN DE INTERVENIR

JAVIER MARTÍNEZ – PUBLICADA 19/05/2016 

El abogado especializado en memoria histórica Eduardo Ranz ha demandado a ocho municipios por no cambiar sus nombres con referencias a apellidos franquistas, tal y como establece la Ley de Memoria Histórica. Los pueblos demandados ante los juzgados de contencioso-administrativo de sus capitales de provincia son Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana (Badajoz), Quintanilla de Onésimo(Valladolid), Alcocero de Mola (Burgos), San Leonardo de Yagüe (Soria) y Villafranco del Guadalhorce (Málaga). Las demandas han sido aceptadas a trámite salvo las referentes a Llanos del Caudillo y Alcocero de Mola, que aún están pendientes de admisión.

Ranz presentó derechos de petición en febrero solicitando la redefinición de 11 pueblos, de los cuales Águeda del Caudillo (Salamanca) Queipo de Llano (Sevilla) y Bembézar del Caudillo (Córdoba) aceptaron cambiar su nombre: ahora se llamanÁgueda, Cinco de la Riuela y Bembézar, respectivamente. El derecho de petición es el paso previo a que, transcurridos 45 días hábiles sin respuesta, se interponga la demanda, el paso dado por el letrado.

El abogado también presentó petición ante la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en febrero. El órgano, presidido por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, no admitió la solicitud por entender que no está en su mano actuar contra los pueblos. “Serán los jueces, y no los políticos, los que decidan sobre la Ley de Memoria Histórica”, afirma Ranz en un comunicado.

Los pueblos tienen 20 días para aportar el expediente administrativo y, posteriormente, se celebrarán los juicios. Ranz es más que optimista. “Hay una ley que se está incumpliendo”, afirma, en referencia a la Ley de Memoria Histórica, “y las leyes dicen lo que dicen”. La norma, aprobada en 2007, establece la retirada de “menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Un incansable luchador por la memoria histórica

Eduardo Ranz es un nombre ya conocido por todos los agentes implicados en la memoria histórica. El abogado ha denunciado en reiteradas ocasiones a varios alcaldes por no retirar la simbología franquista en sus municipios e incumplir la ley. También ha denunciado a 15 obispados y arzobispados por mantener los vestigios franquistas en sus propiedades.

“Me parece impresentable que un Gobierno, tras cuarenta años de democracia, no resuelva este problema. Por desgracia, las víctimas del franquismo sienten que si fueran otra clase de víctimas, la respuesta por parte del Estado habría sido radicalmente opuesta”, afirmó el pasado año en una entrevista concedida a infoLibre.

_img2165_58c51940El abogado Eduardo Ranz.

 

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‘SOMOS EL ÚNICO PAÍS DONDE ROBAR BEBÉS ERA LEGAL’

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 17/05/2016

‘SOMOS EL ÚNICO PAÍS DONDE ROBAR BEBÉS ERA LEGAL’

TRAS LA PETICIÓN DE LAS FAMILIAS AL CONGRESO PARA QUE ABRA UNA INVESTIGACIÓN, EL ESTUDIOSO DE LA TRAMA JOSÉ LUIS GORDILLO ALERTA DE LA PASIVIDAD INSTITUCIONAL ANTE LOS 30.000 NIÑOS «LEGALMENTE ADOPTADOS» ENTRE 1940 Y 1954

MARÍA SERRANO / 17 MAY 2016

¿Debería el Congreso investigar el oscuro drama de los bebés robados? La Asociación de Víctimas contra la Impunidad de las Desapariciones Infantiles en todo el Ámbito Nacional (AVIDNA) piensa que sí y la semana pasada solicitaba a la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados la constitución de una comisión de investigación que examine el estado de los casos de ‘bebés robados’ durante la próxima legislatura. Además, el Parlamento canario ha tipificado estos delitos, cometidos entre 1940 y 1990, como crímenes de lesa humanidad.

Pero si la política no acaba de dar respuestas, la justicia tampoco lo hace. Euskadi, Galicia, Andalucía, Aragón… juzgados de diferentes puntos de España han ido archivando sucesivamente las denuncias con el argumento de que los indicios incriminatorios eran insuficientes.

UNA ORDEN GUBERNAMENTAL DE 1940

El periodista José Luis Gordillo, investigador del caso y autor del libro ‘Los Hombres del Saco’, en conversación con andalucesdiario.es, pone en énfasis en un hecho insuficientemente difundido: “La trama de los bebés robados se inicia en los años 40 con la aprobación de una ley. Somos el único país donde robar bebés era legal, ya que en Argentina los robos se realizaban de forma secreta”. La orden del Ministerio de Justicia del 30 de marzo de 1940 establecía que las reclusas podían quedarse con sus hijos hasta los tres años. ¿Por qué esta edad? Gordillo señala que se fijó el tope de los tres años porque suponían que era el límite de edad para que “los más pequeños no tuvieran recuerdos de su madre biológica”, afirma.

Posteriormente, la ley definitiva del 4 de diciembre de 1941 redondeaba la legalidad de todo el proceso al permitir que el niño adoptado pudiera ser inscrito en el Registro Civil con nuevos apellidos. “De esta forma, el niño quedaba registrado sin figurar en su inscripción ningún antecedente sobre su origen biológico. Se borraban las huellas y la posibilidad de que se realizara una investigación posterior”, apunta Gordillo.

TODO EMPIEZA CON VALLEJO NÁJERA

A pesar de que, según las investigaciones, el ‘boom’ de la trama se remontaría a los año 50 y 60, ¿en qué fecha comienza en España la verdadera trama de los niños robados? El también periodista Antonio Ramos Espejo sitúa los inicios de estas prácticas “en las investigaciones de ‘limpieza ideológica’ realizadas por Vallejo Nájera con la Gestapo, un procedimiento diabólico para forzar la separación de las familias, arrebatándoles a sus hijos”.

Lo que el régimen franquista tipificaba como retirada forzosa de menores tenía una presa fácil en las mujeres republicanas encarceladas. La paranoia científico-política que desencadenó la búsqueda del supuesto gen rojo condujo al entonces afamado psiquiatra Vallejo Nájera hasta la prisión provincial de Málaga para someter a sus experimentos a medio centenar de presas republicanas, seleccionadas de entre todos los grupos de edad. Sus investigaciones en la cárcel le permitieron degradar hasta extremos escalofriantes la figura de aquella mujer republicana, a la que calificaba como un “ser degenerado, lleno de ferocidad y de rasgos criminales”.

‘PROHIBIDO MAMAR LA LECHE COMUNISTA’

El investigador Ricardo Vinyes destacaba en su día que “la inmensa mayoría de niños acompañaban a sus madres en un largo periplo, de cárcel en cárcel, hasta que a esa edad eran separados de éstas, ingresando en instituciones de beneficencia tuteladas por el Estado o dados en adopción sin previo consentimiento de sus progenitores o representantes legales”. La principal institución a la que llevaban estos bebés era el conocido Auxilio Social.

En Madrid, la cifra de ejecuciones diarias era de aproximadamente 200, aunque para proteger a las presas que se encontraban embarazadas llegaron a crear una prisión conocida como cárcel de ‘las madres lactantes’. María Topete era la directora de esta prisión, que tenía como objetivo reducir al máximo el contacto entre madres e hijos e “impedir que los niños mamaran la leche comunista”. Era tal la obsesión en contra de la ideología “de los rojos” que muchos de estos niños pasaban gran parte del tiempo en el patio para así tenerlos alejados aún más de sus madres, a pesar de que pasaran hambre y frío.

30.000 NIÑOS ROBADOS HASTA 1954

Aproximadamente, 30.000 niños fueron robados en el período de 1940 a 1954. “Fue sin duda la época más oscura, porque fue la más sangrienta al estar dominada por la ideología nazi, muy presente en toda España”, sostiene el autor de ‘El Hombre del Saco’. En esta primera etapa del franquismo también eran robados menores pertenecientes a españoles en el exilio. Gordillo precisa “que el Servicio Exterior de Falange robaba a las familias de exiliados a muchos de estos menores, que eran de nuevo traídos a España para ser dados en adopción a familias de alto nivel económico”.

La Delegación Extraordinaria de Repatriación de Menores fue el primer organismo encargado de esta tarea. A partir de 1941, los menores exiliados serían raptados bajo la tutela del Servicio Exterior de Falange en países como Francia, Reino Unido o Países Bajos.

El caso de las hermanas María y Florencia Calvo es uno de los más significativos. Ambas fueron evacuadas por su familia a Francia y tras la finalización de la guerra fueron capturadas en el país por el Servicio Exterior de Falange. Sesenta años después, las dos hermanas se reencontraron gracias a un programa de televisión.

Las mujeres maquis eran otro sector potencial para llevar a cabo los saqueos. La mujer no opinaba directamente sobre la tutela de su hijo al no ser considerada, en ningún momento, sujeto de derecho. María Girón, hermana de un maqui, daba a luz a su hijo en 1950 en León, teniéndolo que entregar a los pocos días de nacer a las autoridades, las cuales “daban en adopción a los hijos de comunistas para hacer desaparecer esta ideología”.

LA COMISIÓN DEL CONGRESO

En cuanto a la petición al Congreso de la Asociación de Víctimas contra la Impunidad de las Desapariciones Infantiles en todo el Ámbito Nacional (AVIDNA), fue registrada el pasado 5 de mayo en la Cámara Baja con el deseo de que los grupos parlamentarios aborden esta cuestión con “el mayor consenso posible” al tratarse de una “grave cuestión de derechos humanos” por encima de “siglas o ideologías concretas”.

Los afectados solicitan que un grupo de expertos en genética, bioética o derechos humanos comparezca en una ‘Comisión Parlamentaria de Investigación sobre las desapariciones forzadas y la compra-venta de seres humanos en España’  y que los partidos oigan a las víctimas antes de tomar una decisión final sobre su reclamación.

Se trataría de una Comisión de Investigación inédita en España cuyo “plan de trabajo” incluiría el testimonio directo de las víctimas y el análisis de las identificaciones mediante pruebas de ADN, las exhumaciones, la cadena de custodia de las pruebas o el acceso a los archivos públicos, eclesiásticos y privados.

AVIDNA ya consiguió que el Parlamento Europeo requiriera al Vaticano facilitar el acceso a sus archivos y se unió con otros grupos, como los Colectivos Sin Identidad de Santa Cruz de Tenerife y las Palmas de Gran Canaria, para que todos los partidos del Parlamento canario aprobaran esa proposición no de ley reconociendo el ‘robo de niños’ como un crimen contra la humanidad.

http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/somos-el-unico-pais-donde-robar-bebes-era-legal/ 

1026254_manifestazioa_foto610x342Manifestación de familiares de niños robados. // PUBLICO

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“MI PADRE ESTÁ ENTERRADO CON EL ASESINO. ¡ES UN INSULTO!”

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 16/05/2016

EL VALLE DE LOS CAÍDOS

“MI PADRE ESTÁ ENTERRADO CON EL ASESINO. ¡ES UN INSULTO!”

MANUEL LAPEÑA, DE 92 AÑOS, RELATA LA TRÁGICA HISTORIA DE SU FAMILIA Y POR QUÉ PIDE EXHUMAR EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS

NATALIA JUNQUERA – ZARAGOZA 16 MAY 2016

Manuel Lapeña nunca fue a escuchar las misas de Bienvenido, el cura de Villaroya de la Sierra (Zaragoza). Cuando la Comisión de Incautaciones le citó a declarar en diciembre de 1937, el sacerdote dijo: “Manuel Lapeña era veterinario. Fue el fundador de la CNT y causante de todo el mal que ha ocurrido al pueblo, pues supo engañar a la juventud arrastrándola por estos derroteros tan nefastos. Un tipo verdaderamente cretino, hombre funestísimo por todos los conceptos, que fue fusilado”. Purificación, nieta de Manuel, enseña el documento de esa declaración que ha leído mil veces. “Hubo curas que salvaron, y por desgracia, hubo curas que se dedicaron a hacer listas de rojos”.

Lapeña no tuvo juicio, ni sentencia. Los falangistas le pegaron un tiro en julio de 1936 y lo arrojaron a una fosa. Pero un año después, el bando franquista abrió un expediente al muerto para imponer a su familia una multa de 1.000 pesetas y embargar sus bienes: un huerto. un corral. Tenía 44 años y cuatro hijos cuando lo mataron. El único que aún vive, Manuel, que hoy cumple 92, batalla para ahora para recuperar los restos de su padre.

Un juez de San Lorenzo de El Escorial, José Manuel Delgado, cree que “existe alta probabilidad” de que esté en el Valle de los Caídos porque las fosas de Manuel Lapeña y su hermano Ramiro, también fusilado, pudieron ser dos de aquellas en las que el Régimen robó cuerpos en 1959 para alimentar las criptas del mausoleo  franquista. El 30 de marzo ordenó dar “digna sepultura” a ambos fusilados. Es decir, exhumarlos. Ninguna de las partes personadas en la causa recurrió su decisión en plazo. PeroPatrimonio Nacional aduce que la orden “no es firme”. El abogado Eduardo Ranz llevará el asunto al Tribunal Supremo si no se ejecuta. Mientras, Manuel espera. Así relata la trágica historia de su familia.

“Salí a esperarlo a la puerta de casa, pero nunca volvió”. Manuel tenía entonces 12 años. Un vecino vio la bicicleta de su padre abandonada en mitad de un camino. Otro comentó por el pueblo: “Ha caído Manuel Lapeña…”. Pudo huir, pero no quiso. “La última vez que hablamos me dijo: ‘Tú no te preocupes que a mí no me van a hacer nada porque yo no he hecho nada’. Era un buenazo”.

Su madre había muerto antes del inicio de la Guerra Civil en el parto de su quinta hija, que tampoco sobrevivió. Así que aquel verano de 1936, Carlos, de 14 años, Manuel y Elisa, de 12, y Amelio, de 10, quedaron huérfanos. “Poco después vinieron tres camiones a casa de mi abuela preguntando por mi tío Ramiro. Estuvo como un perro escondido en el monte… Le dijeron que no le pasaría nada y fue tan tonto que se entregó”. Le mataron en octubre, tres meses después que a su hermano.Tenía 39 años, estaba casado y era padre de dos hijos.

La tragedia dispersó a la familia. Manuel, su hermano Carlos y su hermana Elisa, fueron enviados con unos tíos a Zaragoza. Solo Amelio, el más pequeño, permaneció en el pueblo. Falleció porque durante una pelea que había empezado por ser “hijo de rojo” se golpeó la cabeza, relata Purificación. Tenía 14 años.

La familia ha dedicado años a rastrear el paradero de Manuel y Ramiro y ahora batalla para sacarlos del  Valle de los Caídos. “Mi padre está enterrado junto al asesino, al mayor criminal. ¡Es un insulto!”, se indigna Manuel. “Quiero enterrarlo como es debido, junto a mi madre, en su pueblo”.

No es la única familia. Ellos, como Fausto Canales, que también tiene a su padre y a su tío enterrados en el mausoleo, llevaron su caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin éxito. Las siete denuncias planteadas por la vía penal fueron archivadas por prescripción, por la ley de amnistía o porque no se podía perseguir al culpable. En noviembre de 2014, el abogado Eduardo Ranz, que ayuda desinteresadamente a familiares de represaliados, decidió intentarlo por la vía civil, recurriendo a la “perpetua memoria”, un procedimiento de jurisdicción voluntaria utilizado a principios del siglo XX para cuestiones de herencias que el Tribunal Supremo “rescató del cajón” en un auto de 2012 en el que cerraba la vía penal para investigar los crímenes del franquismo, pero señalaba la civil.

El año pasado, el Gobierno de Rajoy derogó los artículos de la ley de enjuiciamiento civil, de 1881 a los que Ranz había recurrido para solicitar la exhumación. No afectó al procedimiento porque se había presentado antes del cambio legal y el juez José Manuel Delgado ordenó que se llevara a cabo, pero complica que otras familias en situaciones similares puedan usarlo como precedente.

Pero existe otra dificultad, la técnica. Andrés Bedate, el forense enviado por el Gobierno socialista para examinar el estado de los restos enterrados en el Valle de los Caídos, emitió en febrero de 2011 un informe descorazonador. Filtraciones de agua habían destruido muchas de las cajas de madera y convertido el interior de algunas de las capillas y criptas en una “montaña de huesos”.

El mausoleo alberga los restos de 33.833 personas (el equivalente a la ciudad de Teruel), distribuidas en siete capillas y criptas. En la capilla Virgen de África y en la del Carmen los restos estaban en buen estado. En la de la Inmaculada, la de la Virgen de Loreto y la cripta del santísimo estaban “fracturados y aplastados”; La familia Lapeña cree que Manuel y Ramiro, como todos los cuerpos procedentes de fosas de Calatayud (hasta 81) fueron inhumados en un lugar que no fue examinado, el piso tercero de la cripta del sepulcro.

Bedate anotó en su informe que no había visto su contenido “por imposibilidad técnica de acceso”. Miguel Angel Capapé, el marido de Purificación y presidente de la Asociación para la Recuperación e Investigación contra el Olvido (ARICO), acompañó a un grupo de familiares a ver el interior de las criptas en 2011. “Había muchos huesos amontonados. En uno de los niveles se veía la tapa de una caja de madera, con un nombre individual y otra con el nombre del pueblo de donde procedían los restos. Pero el piso tercero, donde creemos que están Manuel y Ramiro no lo vimos”.

La opinión del forense Etxeberria 

El forense Francisco Etxeberria ha abierto cerca de 200 fosas comunes del franquismo, algunas en lugares complicados como minas, pozos, cavernas… Ha examinado los restos de Miguel de Cervantes, de Lasa y Zabala, del expresidente chileno Salvador Allende o del poeta Pablo Neruda, pero exhumar en el Valle de los Caídos, asegura, sería su mayor reto profesional: “No hay ningún sitio igual en el mundo”. La familia Lapeña ha solicitado a Patrimonio Nacional que sea él quien asuma los trabajos.

Etxeberria conoce las fotos de “montañas de huesos” del informe del forense Andrés Bedate. “Es mucho más difícil esto que buscar una fosa común en un monte, pero es pertinente intentarlo. La familia tiene derecho”.

Si los restos están en el piso tercero de la cripta del sepulcro podrían haberse salvado de las filtraciones de agua, pero “es imposible saberlo hasta que no se abra”. La Asociación de Defensa del Valle de los Caídos amenaza con querellas si se ejecuta la orden del juez de San Lorenzo del Escorial. El forense niega que la exhumación pueda suponer una «profanación de tumbas». «Somos profesionales cualificados, médicos. Hemos abierto fosas comunes en cementerios, junto a restos recientes, y siempre con el máximo respeto. De hecho, se podría aprovechar para dignificar los restos de las víctimas del bando franquista que ahora están amontonados y sustituir las cajas de madera por otras de materiales más resistentes”. El juez ya desestimó la petición de una mujer de Jaén para personarse en la causa porque su padre también está enterrado en el Valle. El tribunal estableció que los restos estaban muy lejos de los columbarios donde se cree que fueron inhumados Manuel y Ramiro Lapeña.

Exteberria opina que en España hay “un equipo de profesionales” capacitado para intentarlo, pero “sin crear falsas expectativas”. Todo depende del estado de la caja de Calatayud, si se encontrara. Y también de la “proporcionalidad”. De si, para identificar a dos personas hubiera que extraer ADN de decenas de restos; por ejemplo. Y del coste. El juez de El Escorial indica en su auto que la familia tendría que correr con los gastos.

La tarea es muy complicada, y ese fue uno de los motivos por el que la Comisión de Expertos designada en 2011 por el Gobierno de Zapatero para evaluar el futuro del Valle de los Caídos propuso sacar los restos de Franco del mausoleo. Era la forma más fácil de cambiar de signidicado al monumento y aliviar a los familiares cuyos seres queridos habían sido inhumados junto al dictador sin su consentimiento.

Manuel no ha pisado nunca el Valle de los Caídos y solo tiene intención de ir una vez: para ver cómo rescatan los restos de su padre y de su tío. Sabe que no es fácil, pero tiene una familia detrás que le apoya y no se rinde.

http://politica.elpais.com/politica/2016/05/15/actualidad/1463311376_966731.html 

Sin título

 

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ESTA ES LA NIETA QUE HA ABIERTO EL CEMENTERIO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 15/05/2016

LA HISTORIA DE PURIFICACIÓN LAPEÑA

ESTA ES LA NIETA QUE HA ABIERTO EL CEMENTERIO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

PURIFICACIÓN LAPEÑA LLEVA DESDE 2012 LUCHANDO CON LA JUSTICIA PARA EXHUMAR LOS RESTOS DE SU ABUELO Y SU TÍO ABUELO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS. AHORA, GRACIAS A UNA SENTENCIA HISTÓRICA, PARECE QUE SERÁ POSIBLE QUE ESTA ZARAGOZANA SE REENCUENTRE CON UNOS FAMILIARES QUE NI SIQUIERA CONOCE PERO DE CUYA MUERTE HA OÍDO HABLAR DESDE QUE ERA PEQUEÑA.

NOEMÍ LÓPEZ TRUJILLO @NLOPEZTRUJILLO – 15.05.2016

Puri Lapeña (Zaragoza, 1957) tiene cinco gatos en casa. De su abuelo cree haber heredado su amor por los animales. Ni siquiera le conoció. Le asesinaron al comienzo de la Guerra Civil, veinte años antes de que ella naciera. Manuel Lapeña Altabás era el técnico veterinario del pueblo (Villarroya de la Sierra), al que llamaban cuando el caballo del vecino se retorcía de dolor. El que se reunía en secreto con otros miembros de la CNT. Al que dispararon en el barranco de la Bartolina y cuyos huesos fueron trasladados años más tarde al Valle de los Caídos. El que será exhumado ahora junto a su hermano, Antonio Ramiro Lapeña, de dicho lugar.

“Cuando Franco salía en la televisión, mi padre decía: ‘Ese hombre mató a mi padre’”, cuenta Puri acompañada de su progenitor, Manolo Lapeña, hijo de Manuel Lapeña y sobrino de Antonio Ramiro. En unos días cumplirá 92 años, y aunque tiene la memoria arrugada como un viejo mapa de carreteras, hay una cosa que recuerda sin titubear: “Estábamos en el terrico, allí en Villarroya, y dijo mi padre: ‘Aquí no nos cogerán los fascistas’. Y al día siguiente fue cuando pasó todo. Fue a atender a unos caballos a Clarés, y de regreso estaban unos amigos segando una finca en el borde de la carretera. Mi padre iba con la bicicleta, la dejó a un lado para saludarlos, y pasaron los camiones de la Guardia Civil y de Falange. Y un guardia civil, fíjate si lo tendrían fichado, dijo: ‘Mira, ahí está la bicicleta de Manuel Lapeña. Vamos a por él’. Bajaron y lo detuvieron”.

Manolo tenía unos doce años, y su madre había fallecido poco antes por una enfermedad. Se quedó huérfano junto a sus hermanos. “Yo no quiero ni recordar. Menos mal que mi hija se ha encargado de todo esto. Porque hombre, yo quiero enterrar a mi padre junto a mi madre, que está allí solica en el cementerio, pero no habría podido con todo esto. Se me pone mal cuerpo”, explica Manolo Lapeña. “Después de que le mataran, cuando pasabas por un cuartel y estaban bajando o subiendo la bandera tenías que ponerte recto y el brazo en alto. Yo pasé una vez y no lo hice, me negué. Salió uno para decirme que qué pasaba, pero otro le dijo: ‘Déjalo, ¿no ves que es un crío?’. Yo no iba a hacer el saludo falangista, ahí me cogiesen”, añade.

“Recuerdo a mi padre contándome cosas de mi abuelo desde que era pequeña. Estamos muy acostumbrados a saber qué había pasado. Y sabemos que hay gente en la misma situación, pero no en todas las familias se habla. Yo iba a un colegio de monjas y allí te decían que Franco era poco menos que un santo, pero oía lo que me decían en casa y me preguntaba qué pasaba entonces”, dice Puri.

SENTENCIA JUDICIAL HISTÓRICA

Con ocho años, Puri le dijo a una compañera de clase: “Mi padre dice que Franco mató a mi abuelo”. La cría se chivó a la profesora. “Por suerte fue a la señorita, no a una monja, porque si no podría haberle buscado un problema a mi familia. No era consciente de las consecuencias que eso podía tener. Aunque ya eran los años 60, todavía teníamos que estar calladicos”.

Esta zaragozana se embarcó en el proceso judicial de exhumación de los restos de sus familiares en 2012. Contactó con el abogado Eduardo Ranz, quien ha conseguido a través de la vía civil —tras fracasar por la penal— una sentencia favorable.

Foto: Silvia P. Cabeza

Foto: Silvia P. Cabeza

A falta de que Patrimonio Nacional dé luz verde y acate la orden judicial de extraer los huesos del Valle de los Caídos, la sentencia ya se considera histórica. “El Gobierno derogó el artículo de la perpetua memoria en julio de 2015, pero no nos afectó porque el proceso estaba ya en marcha. Si no se hubiese derogado, las familias que quisiesen podrían seguir este mismo proceso con éxito. Ahora el resultado es incierto, pero no imposible”, explica Ranz. No está claro todavía que esta sentencia pueda sentar jurisprudencia, pero el letrado sí considera que al menos en esta ocasión el resultado es un éxito: “Patrimonio Nacional tiene siete días hábiles para responder. Si no lo hace o se niega, sería una temeridad. Iríamos al Tribunal Supremo, que no decidiría si se exhuma o no, sino que obligaría a cumplir la sentencia”.

El coste judicial que habría tenido que afrontar Puri habría sido de unos 6.000 euros de no ser porque el abogado no les ha cobrado nada. Ni a ella ni a las otras siete familias a las que Eduardo Ranz está ayudando.

LA DENUNCIA DEL CURA

Hay un nombre que Puri no olvida: Bienvenido Moreno, el cura de Villarroya de la Sierra. Según cuenta la nieta de Manuel Lapeña, durante la Guerra Civil se dedicó a hacer un listado con los nombres de aquellos que se “oponían al triunfo del movimiento nacional”. Entre ellos estaban Manuel y Antonio Ramiro.

En una declaración del cura que consta en el expediente de responsabilidades políticas y de incautaciones escribió lo siguiente: “Debo manifestarle que Manuel Lapeña Altabás, veterinario del pueblo, fue el fundador de la CNT y el causante por lo tanto de todo el mal que ha venido al pueblo, pues supo engañar a la juventud, arrastrándola por estos derroteros tan nefastos; era un tipo severamente cretino, […] fue fusilado”. “Los curas —cuenta Puri— en unos sitios salvaron vidas y en otros, todo lo contrario. Este hombre hizo un listado de la gente para que fueran fusilados. Aunque imagino que aunque no hubiese hecho esa lista, en la que estaban mi abuelo y mi tío abuelo, habrían ido a por ellos porque estaban ya fichados”.

Declaración del cura de Villarroya de la Sierra.

Declaración del cura de Villarroya de la Sierra.

La pertenencia de Manuel al sindicato era un hecho conocido por los vecinos del pueblo, aunque no está claro que fuese uno de los fundadores de la CNT en la comarca de Calatayud, como se rumorea. “Cuando erapequeñica me llevaron una vez a Villarroya, y la gente de allí me decía: ‘¿Esta es la hija de Manolo? Pobre Manolo, lo que pasó con su padre’. Y eso se te queda grabado”, recuerda la nieta.

Manolo tiene pocos recuerdos de su padre, pero se ríe al contar los equívocos que tuvieron lugar en aquellos años. “Una vez, por ejemplo, mi padre dijo que iba a buscar una bomba de agua. La gente se puso como loca, diciendo que Manuel iba a por una bomba. Todos asustados. Y cuando vino tuvo que enseñarla y explicar lo que era. La gente se creía que iba a hacer explotar una bomba”.

Los hermanos Manuel y Antonio-Ramiro Lapeña, en archivo familiar.

Los hermanos Manuel y Antonio-Ramiro Lapeña, en archivo familiar.

A ambos, padre e hija, les gusta rescatar anécdotas que componen una geografía de la memoria familiar. “Yo sé que mi abuelo era inspector veterinario, tenía tres pueblos adjudicados en los que trabajaba como tal. En la propia Villarroya tenía un cuartico con los instrumentos para las inspecciones, el microscopio y esas cosas. Ahí había una ventanica donde los ganaderos le llevaban los trozos de los animales para que los examinara, porque había que certificar que la carne estaba bien”. Manolo interrumpe a Puri: “Mi padre tenía que coger muestras y, claro, cogía un puñadico de carne de lo mejor del cerdo. La gente nos decía muchas veces en el pueblo: ‘Anda, tu padre, cogiendo trocicos de los animales’. Pero es que no se podían devolver, porque eran para analizar. Así que se los quedaba él y hacía embutido. No lo iba a tirar, oye. Había una cantidad de cerdos… Me cago en la mar, llenaba un barril colmado de trocicos de carne”.

“UNA DIGNA SEPULTURA”

Junto a Manuel y Antonio Ramiro Lapeña están los restos de otras 79 personas, guardados en nueve cajas en el Valle de los Caídos. Los huesos fueron trasladados del barranco de la Bartolina a San Lorenzo del Escorial en 1959, donde yacen los restos sin identificar de otras 33.000 personas.

Según Miguel Ángel Capapé, marido de Puri y presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido (ARICO), en el Registro de Inhumaciones de la Abadía Benedictina del Valle, Manuel Lapeña figuraba con el número de expediente 3.746 y su hermano, con el 3.745. Su entrada al lugar fue registrada, y procedieron a guardar los restos mortales en la cripta de la tercera planta, a la derecha del altar mayor. “Prefiero ser precavida”, dice Puri. “Todo indica que estarán ahí, pero hay que esperar a las pruebas de ADN”.

Puri estaba en su puesto de trabajo —es auxiliar administrativo en la Seguridad Social— cuando se enteró de que el juez José Manuel Delgado reconocía su derecho a dar una “digna sepultura” a sus familiares, como establece el artículo 10 de la Constitución. “Me llamó mi marido para decírmelo y me alegré mucho. Pero llevamos tanto tiempo con esto, ha sido un proceso tan largo, que no quiero hacerme demasiadas ilusiones. Mi padre no tiene demasiadas esperanzas, pero este mes va a cumplir 92 años y esta noticia ha sido muy buena para la familia”.

Captura del auto del juez José Manuel Delgado.

Captura del auto del juez José Manuel Delgado.

Los restos de Antonio Ramiro, el tío abuelo de Puri y el herrero del pueblo, también serán exhumados juntos a los de Manuel Lapeña, aunque será la familia viva —las nietas— quienes decidan dónde enterrarlo. “Su caso fue diferente. Él huyó al monte después de lo de su hermano, pero le dijeron que se entregara, que no le pasaría nada. Y así lo hizo. Mi tía [la esposa de Antonio Ramiro] le llevaba todos los días comida, porque era lo que se hacía cuando alguien tuyo estaba preso. Llegaba un momento en el que te decían que no llevaras más comida. Y eso le dijeron un día a ella. Lo mataron al final, como a todos”, explica Puri.

La historia de España tiene un agujero en su pasado, como los fusilados en el cráneo por la herida de bala. Hay quienes, como Puri, quieren asomarse a él. Recordar para olvidar. “Mi padre ha sufrido mucho. Se quedó huérfano con sus hermanos y encima en plena posguerra. Te están contando esta historia y ves el dolor que han pasado. Por eso esto no es sólo una cuestión de honrar la memoria familiar, sino la del país. Queremos que se cuente tal y como fue. Para seguir adelante tenemos que poder enterrar a nuestros muertos”.

http://www.elespanol.com/reportajes/20160514/124737679_0.html 

nieta-abierto-cementerio-Valle-Caidos_124749295_4898429_1706x1280Purificación Lapeña y su padre junto a una imagen de su abuelo. Silvia P. Cabeza

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JULIÁN CASANOVA: «ESTA DEMOCRACIA NO SABE QUÉ HACER CON EL VALLE DE LOS CAÍDOS»

Escrito por: ARICO MEMORIA ARAGONESA en 15/05/2016

JULIÁN CASANOVA: «ESTA DEMOCRACIA NO SABE QUÉ HACER CON EL VALLE DE LOS CAÍDOS»

ENTREVISTA A UN CATEDRÁTICO DE HISTORIA

D. CH. – 15/05/2016

–¿Cómo se ha recibido en el mundo académico la noticia de la posible exhumación?

–Me alegro mucho por estas familias. Es lo mínimo que se puede hacer en una democracia. También servirá para dejar claro lo que pasó en el Valle de los Caídos: allí está Franco y mucha gente que fue llevada de forma clandestina. No se puede permitir el falseamiento de que en ese recinto empezó la reconciliación.

–¿Cree que finalmente se podrá llevar a cabo?

–El trámite ahora para recuperar los restos será muy complicado. Hay agua y humedad, está en mal estado. Pero esto es un paso importante. Es bueno abrir caminos. No estamos hablando de remover los muertos del pasado. Es lo mínimo que tiene que hacer una administración pública para reparar los pasados traumáticos. Las víctimas tienen que tener información y se tiene que hacer pública.

–¿Habrá problemas con los gestores del Valle de los Caídos?

–Los benedictinos siempre han puesto problemas para conocer el registro de entrada de cuerpos en el Valle de los Caídos. No han dejado que un historiador lo pueda estudiar de arriba a abajo para decidir quiénes están registrados como combatientes franquistas y quienes entraron de forma clandestina. En muchos de ellos robaron los restos y no se conocen ni sus nombres.

¿Qué se encontrarán los familiares cuando finalmente accedan a la cripta?

–La familia se va a encontrar el problema de que como todos los restos están mezclados será prácticamente imposible identificarlos. Se van a encontrar con miles de restos. Pero independientemente del proceso, hace tiempo que un Gobierno de la democracia debería haber adaptado el Valle de los Caídos para que la gente que acude ahí como turistas no se lleven la idea franquista o falseada, si no la realidad de cómo se construyó y qué fue el Valle de los Caídos.

–¿Cómo valora la figura actual del monumento?

–Esta democracia no sabe qué hacer con el Valle de los Caídos. Desde hace tiempo se tendría que haber desmontado el mito de que el recinto se levantó como un homenaje a los muertos de la guerra civil, cuando es algo para mantener la memoria de Franco, Es una simbiosis clarísima entre el poder de la religión y la política. Y por último, dado que ahí se llevaron cuerpos de forma clandestina, hace tiempo que se debería haber hecho un esfuerzo para identificarlos y decirles a las familias lo que se puede hacer. Lo que no es tolerable es el silencio, la falta de información y no haber tomado ninguna decisión política.

–¿El presente auto judicial es una forma de avanzar en estos aspectos?

–La sentencia actual únicamente fijará hasta dónde puede llegar la justicia española para abrir las criptas. El resto del trabajo dependerá del gobierno que llegue. Si tiene interés en avanzar en estos puntos, sin entrar en debates secundarios sobre el enterramiento de Franco, que para mí es algo secundario y político. El gran tema es lograr que no falsee nadie la historia y retribuir de forma política todas las mentiras y robos. A las familias les robaron los cuerpos y los depositaron en el valle.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/julian-casanova-catedratico-historia-esta-democracia-no-sabe-hacer-valle-caidos_1110778.html 

1110778_1Julián Casanova. –

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