LA ONU EVALUA REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO EN ESPAÑA

 MARTES, 21 DE ENERO DE 2014

Un experto nombrado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzará este martes una visita a España para evaluar las medidas adoptadas por las autoridades del país para las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el régimen del general Francisco Franco

El relator especial de la ONU sobre justicia transicional, Pablo de Greiff, pasará dos semanas en el país, en un proceso de evaluación de las reparaciones asignadas por el gobierno español a las víctimas del franquismo, entre 1939 y 1975.

El relator visitará Madrid, Andalucía, Cataluña y Galicia, donde se reunirá con representantes del Estado y representantes de la sociedad civil.

De Greiff, de nacionalidad colombiana, indicó que su viaje no tiene «un espíritu revanchista» ni quiere reabrir viejas heridas, sino que buscará analizar el «legado de abusos» que afecta a miles de personas.

Entre las cuestiones que estudiará se cuenta la reparación a víctimas, la rendición de cuentas y el acceso a la justicia.

Luego, De Greiff entregará un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en septiembre.

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/01/140121_ultnot_espana_franco_vp.shtml

El colombiano Pablo de Greiff explorará el pasado doloroso de España, en reuniones con víctimas y autoridades.

LOS FISCALES DEL CONSTITUCIONAL TRUNCAN LA INJERENCIA DE TORRES-DULCE EN SU LABOR

SE NIEGAN A ACEPTAR LAS NORMAS DE REPARTO QUE EL FISCAL GENERAL QUERÍA IMPONER

“ES IMPOSIBLE DEFENDER LA TESIS DE PROHIBIR”

MARÍA FABRA MADRID 20 ENE 2014 

Los fiscales del Tribunal Constitucional no han consentido que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, les imponga los criterios con los que han de repartirse su trabajo. Una cosa es la superioridad jerárquica y otra arrogarse competencias que ni siquiera son unipersonales. Y los fiscales del Constitucional han querido que la diferencia entre ambas quede clara. Asumen la primera, pero se han rebelado contra la segunda hasta truncar la injerencia que pretendía el fiscal general.

La sublevación ha llegado a cuenta de la petición de amparo de una mujer, Purificación Lapeña, por los continuos desestimientos judiciales a investigar la desaparición de su abuelo y tío abuelo, enterrados sin consentimiento familiar en el Valle de los Caídos (Madrid). La sección tercera del Tribunal Constitucional decidió, el pasado noviembre, no admitir a trámite la petición de amparo y, en un acto poco habitual, el fiscal que llevaba el caso, Manuel Miranda, presentó un recurso contra la resolución, en el que argumentaba la trascendencia constitucional de la solicitud, tal como requiere la ley para que estas sean admitidas a trámite.

Además, pedía que se diera respuesta las respuestas jurídicas de distintos tribunales que, incluso, se dictan “con argumentaciones”.

La respuesta de Torres-Dulce fue inmediata y tajante al exigir a Miranda que retirara el recurso que hubiera permitido, de ser aceptado, que el Constitucional sentara jurisprudenciasobre las desapariciones de represaliados durante y tras la Guerra Civil y que debatiera sobre las consecuencias de la Ley de Amnistía de 1977 y la memoria histórica. Tras esta decisión, Miranda desistió y retiró el recurso, pese a que podía haberse acogido al artículo 27 de su estatuto. Este señala las posibilidades que tienen los fiscales de responder a una “orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente”. En este caso, al proceder del fiscal general del Estado, Miranda podría haber remitido un informe con sus alegaciones sobre el que hubiera resuelto el propio Torres-Dulce pero después de oír a la Junta de Fiscales de Sala.

Pese a ello, el fiscal general del Estado trató de ir más lejos y, a través de un oficio, acusó de desleales a una parte de los fiscales del tribunal de garantías constitucionales por, supuestamente, no cumplir una norma dictada por su antecesor, Cándido Conde-Pumpido, para que los recursos sean supervisados. Sin embargo, esta norma no hace referencia a los recursos contra inadmisiones a trámite, sino sobre los que entran en el fondo de los asuntos, algo que no se cumplía en este caso.

El enfado de Torres-Dulce fue tal que, además, en el mismo oficio, ordenó que, a partir de ese momento, todos los casos que entraran en el Constitucional y que tuvieran que ver con el franquismo o la memoria histórica fueran supervisados por una persona de su confianza, el teniente fiscal, Anselmo Sánchez Tembleque. Y con la orden llegó la revuelta.

La semana pasada, los fiscales del Constitucional convocaron una junta y el fiscal general del Estado anunció su asistencia como presidente, según fuentes de la fiscalía. Pese a que Torres-Dulce comenzó la reunión con tono grave y tratando de imponer sus criterios, el hecho es que el cónclave acabó acordando la propuesta de la junta. Varios fiscales reprocharon al fiscal general su injerencia y le recordaron que las normas de reparto han de ser dictadas por la propia junta de fiscales y que entre sus atribuciones no está la de asignar el trabajo, dependiendo de la materia que traten, a un fiscal en concreto. Torres-Dulce acabó reculando en su intención, pero los asuntos referidos a la memoria histórica no serán debatidos en el Constitucional.

“Es imposible defender la tesis de prohibir”

“Como jurista, es imposible defender la tesis de prohibir, olvidar, erradicar la memoria, la verdad, la justicia y sobretodo, la no repetición”. Eduardo Ranz, el abogado que presentó la petición de amparo que ha originado la trifulca en la fiscalía del Tribunal Constitucional no da crédito a lo ocurrido.

Al conocer que el fiscal Manuel Miranda había decidido recurrir la decisión de no admitir a trámite la solicitud de amparo de su clienta celebró la apuesta de la fiscalía: “Hemos pasado de lo imposible a lo improbable y, si se acepta el recurso, a lo incierto”, señaló antes de saber que el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce había ordenado retirar el recurso.

“La decisión de no entrar ni a resolver, ni siquiera admitir un recurso planteado por una víctima del franquismo y respaldado por un Fiscal del Tribunal Constitucional, directamente es propia de otros tiempos”, señaló ayer, a través de una nota, al conocer la decisión de Torres-Dulce.

“Las víctimas del franquismo han sufrido y sufren, cada día, un atentado contra su dignidad y solo luchan por una reparación. Nadie quiere enjuiciar la guerra civil, tan solo buscan algo tan simple como que se haga justicia. Justicia que se sostiene gracias al dinero de los impuestos de los ciudadanos, justicia que engloba por cierto, el sueldo del Fiscal General del Estado”, sostiene en su escrito el letrado que defiende a otros familiares de víctimas y causas para la devolución de los restos a sus familias, “en base al derecho de reparación y el deber de investigación judicial”.

“La inconstitucionalidad de la ley del aborto va muy despacio y, en cambio, la inadmisión a trámite de un recurso que solo pretende la devolución a sus familiares de restos humanos que fueron robados de sus lugares, de personas que fueron fusiladas por tener un pensamiento contrario al pensamiento del hoy Fiscal de Estado y que siguen secuestradas junto con su verdugo, no genera la más mínima duda para el sector más reaccionario de este país”, concluye.

http://politica.elpais.com/politica/2014/01/20/actualidad/1390247816_138370.html

Restos de fusilados de la Guerra Civil, en un cementerio de Málaga. / GARCIA-SANTOS

LLAMAZARES, HARTO DE TORRES DULCE: “CONVIERTE EL CARÁCTER JERÁRQUICO DE LA FISCALÍA EN CENSURA”

EL LÍDER DE IZQUIERDA ABIERTA RECLAMA EXPLICACIONES EN EL CONGRESO POR DAR AL TRASTE CON EL TRABAJO DE UN FISCAL DEL CONSTITUCIONAL QUE SE ATREVIÓ A CUESTIONAR LA NEGATIVA DE AMPARO A UNA VÍCTIMA DEL FRANQUISMO

AURORA MOYA | 20/01/2014

“Parece que la fiscalía del Estado pretende amordazar a los fiscales que cumplen con su trabajo”. Así se ha expresado ante ELPLURAL.COM Gaspar Llamazares. El líder de Izquierda Abierta se refería a la decisión del fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce que ha dado orden de desestimar el recurso del fiscal del  Tribunal Constitucional contra la inadmisión de recurso de amparo de una víctima del franquismo.  Llamazares pedirá la comparecencia de Torres Dulce sobre este tema y también en relación a la petición “perdida”  de indulto del juez Garzón.

La verdad es que Eduardo Ranz, el abogado de Purificación Lapeña, se enteró por los periódicos. Ni notificación del recurso, ni de la inadmisión ni de nada. Pasó de presentar la petición de amparo de su defendida que pedía recuperar los huesos de su abuelo y su tío abuelo perfectamente localizados en el Valle de los Caídos tras una larga epopeya judicial a encontrarse en el nudo de un conflicto.

El fiscal recurrió la inadmisión…
Y es que el recurso ante el Constitucional de Ranz en nombre de Puri, consiguió lo nunca visto, que dicen los juristas, es decir, que la fiscalía del alto tribunal recurriera la inadmisión de amparo. El fiscal planteaba algo a todas luces razonable: que el Constitucional no ha tenido la oportunidad de analizar los efectos de la Ley de Amnistía sobre el deber de investigación judicial de hechos delictivos y recordaba además el informe del comité de desapariciones forzadas de la ONU sobre la actuación de España.

… pero Torres Dulce le ordenó desistir
Pero si el asunto. estaba pendiente de respuesta por parte de la sección Tercera de la Sala Segunda, según la información que esta mañana publicaba el diario El País indicando fuentes de la Fiscalía, esa contestación era innecesaria: el fiscal general del Estado,  Eduardo Torres Dulce, daba orden de desistir en la acción.

“El Gobierno no lo permite”
Para Gaspar Llamazares, líder de Izquierda Abierta, “una  vez más después del varapalo de Naciones Unidas, se demuestra que la actitud del fiscal general, del Ministerio de Justicia y por ende del Gobierno,  se traducen en no tener ningún  tipo de reconocimiento hacia las  víctimas del franquismo ni permitir en esta materia que haya un informe o determinaciones del  Tribunal Constitucional.

“Fiscalía ofensora del juez, ofensora de las víctimas…”
“La estructura del Ministerio  Fiscal es jerárquica pero no debe ser autoritaria y su misión es la defensa del interés general y de la  legalidad. Pero en casos como en el  de la infanta Elena,   se convierte en abogacía defensora de la infanta y  ofensora del juez. En el caso del que hablamos, del Constitucional, se convierte en fiscalía ofensora de estas víctimas del franquismo”, continuó.

“Amordaza a los fiscales que cumplen su trabajo”
Aunque la defensa de las víctimas es lo importante, según explica Llamazares, “el fiscal general  hace tabla rasa e  intenta amordazar a aquellos fiscales que  cumplen con su trabajo. Convierte el carácter jerárquico de la Fiscalía en censura. Así deviene en censor de aquellos fiscales que quieren que  no haya impunidad hacia las víctimas del franquismo”.

“Confabulación de amnésicos”
“Si sumamos  a esto el extravío de los papeles del indulto al  juez Garzón,  llegamos a la conclusión de que en lo que se refiere a las víctimas del  franquismo y a la memoria histórica asistimos a una confabulación de amnésicos. Es un desastre. Voy a pedir la comparecencia parlamentaria de Torres Dulce para ambos temas: para la pérdida de la solicitud de indulto a Garzón y por esta orden de desistir al fiscal del Constitucional”, concluyó Llamazares.

El abogado no sale de su asombro
Por su parte el abogado de Purificación Lapeña, Eduardo Ranz, mantenía la situación de asombro desde que leyó en prensa la orden de Torre Dulce de que el fiscal desistiera. “Lo leí en el País y me lo volvió a contar una periodista de Europa Press. Pero no tengo ninguna comunicación oficial. Eso me asombra”, explicaba a ELPLURAL.COM.

“Falta de respeto”
“Desde mi propio punto de vista, no el de mi cliente, me parece que esta decisión de no querer admitir a trámite ni debatir un recurso de una víctima del franquismo es propia de otros tiempos. Y creo que hay una falta de repeto a los descendientes de quienes fueron robados, torturados, detenidos ilegalmente y asesinados”.

“Los ciudadanos pagan el sueldo del Fiscal”
El letrado ha hecho público un comunicado en que señala que   las víctimas del franquismo “sólo luchan por una reparación. Nadie quiere enjuiciar la Guerra Civil, tan solo buscan algo tan simple como que se haga justicia y la Justicia se sostiene gracias a los impuestos de los ciudadanos, que también sufragan el sueldo del fiscal general del Estado.”

“Lentitud para el aborto, rapidez para el franquismo”
Resalta Eduardo Ranz un hecho paradójico: “Mientras que un caso como la inconstitucionalidad de la Ley del aborto va muy despacio, la inadmisión a trámite de un recurso que sólo pretende la devolución a sus familiares de restos humanos que fueron robados de sus lugares va muy despacio”.

Víctimas con diferente pensamiento a Torres Dulce
Ranz señala que se trata de  “personas que fueron fusiladas por tener un pensamiento contrario al pensamiento del hoy Fiscal de Estado y que siguen secuestradas junto con su verdugo. Esto no genera la más mínima duda para el sector más reaccionario de este país. Entonces el tiro de gracia, hoy, la inadmisión de Torres Dulce.”

Al Tribunal de Derechos Humanos
El abogado señaló a ELPLURAL.COM que está dispuesto a seguir con su cliente hacia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para intentar que se les escuche.  No queda más camino por recorrer. “Pero no pensamos dejarlo”:

La familia: terrible desgaste emocional
Miguel Angel, el marido de Puri Lapeña, está de acuerdo con esta última aseveración: “ De acuerdo con que es un desgaste emocional terrible darte con la cabeza con la pared. Cansa, pero no lo dejaremos.”

Un trabajo titánico
“Empezamos buscando al abuelo  y al tío abuelo y hemos ido dando pasos y seguiremos dándoles hasta donde podamos. Llevamos  once años buscando de pueblo en pueblo, organizando una asociación, buscando en el barranco, en el cementerio… de un sitio a otro. Ya están localizados, en el Valle de los Caídos donde se los llevaron. Y ahí estamos, en un proceso tremendo. Pero seguimos”.

http://www.elplural.com/2014/01/20/llamazares-harto-de-torres-dulce-convierte-el-caracter-jerarquico-de-la-fiscalia-en-censura/

LA FISCALÍA DESISTE DE PEDIR AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE FIJE DOCTRINA SOBRE LAS DESAPARICIONES DE LA GUERRA CIVIL

EL ABOGADO QUE PRESENTÓ EL RECURSO DE UNA VÍCTIMA DICE QUE LA ORDEN DE TORRES-DULCE SUPONE EL «TIRO DE GRACIA» A LA MEMORIA HISTÓRICA

   MADRID, 20 ENE. (EUROPA PRESS) –

El fiscal del Tribunal Constitucional Manuel Miranda ha presentado un escrito de desistimiento en el que solicita la retirada del escrito que presentó recientemente para que fijara doctrina sobre el deber de los jueces españoles de investigar las desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

   El representante del Ministerio Público defendió hace menos de un mes en un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la necesidad de que el Alto Tribunal se pronunciara puesto que los tribunales están dando respuestas «dispersas, con argumentaciones no pocas veces contradictorias y sin ajustarse a unos mínimos parámetros interpretativos» sobre un tema de «relevancia jurídica y social».

   Sin embargo, la Fiscalía ha solicitado ahora la retirada de este trascendente escrito, en el cual pedía al Constitucional que reconsidara su decisión de no admitir a trámite el recurso de amparo que presentó una mujer para que se investigara la desaparición de su abuelo y su tío abuelo ocurrida en 1936.

   El abogado de esta víctima,  Eduardo Ranz, ha mostrado su sorpresa al tener noticia en el diario El Pais de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado instrucciones para que se retire este escrito, lo que producirá el archivo del procedimiento.

   El letrado considera que la decisión de no querer debatir, resolver ni siquiera admitir a trámite un recurso planteado por una víctima del franquismo es «propia de otros tiempos».

   Ranz, que precisa que habla a título individual y no en boca de la recurrente, critica que se haya dado «carpetazo, sin ni siquiera contestar a las partes o motivar» el cambio de criterio y afirma que este hecho constituye una  «falta de respeto a los descendientes de quienes fueron robados, torturados, detenidos ilegalmente y asesinados».

   «Las víctimas del franquismo han sufrido y sufren, cada día, un atentado contra su dignidad, sólo luchan por una reparación. Nadie quiere enjuiciar la Guerra Civil, tan solo buscan algo tan simple como que se haga justicia», expone, para recordar que la Justicia se sostiene gracias a los impuestos de los ciudadanos, que también sufragan el sueldo del fiscal general del Estado.

   «La inconstitucionalidad de la ley del aborto va muy despacio, en cambio la inadmisión a trámite de un recurso que sólo pretende la devolución a sus familiares de restos humanos que fueron robados de sus lugares, de personas que fueron fusiladas por tener un pensamiento contrario al pensamiento del hoy Fiscal de Estado y que siguen secuestradas junto con su verdugo, no genera la más mínima duda para el sector más reaccionario de este país. Entonces el tiro de gracia, hoy, la inadmisión de Torres Dulce», señala en un comunicado.

EL RECURSO DE LA VÍCTIMA

   Ranz alegó en su recurso de amparo que su clienta había sufrido una violación en su derecho a obtener una tutela judicial efectiva y a la igualdad ante la ley, al haber archivado un juzgado de San Lorenzo de El Escorial y la Audiencia Provincial de Madrid su caso sin haber llevado a cabo unas «mínimas» diligencias de investigación.

   La mujer, María Purificación Lapeña solicitaba que se exhumaran los restos de sus parientes que descansan en El Valle de los Caídos y se procediera a constatar su muerte violenta, a identificarlos y a devolverlos a la familia. Los magistrados del Constitucional inadmitieron su demanda porque no había justificado en un apartado específico la «especial trascendencia constitucional» de su caso.

   No obstante, el fiscal emplazó inicialmente a huir de razones «excesivamente formalistas y rígidas» ya que la mujer detalló a lo largo de su demanda la relevancia de que el TC se expresara por primera vez sobre la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas, los efectos de la Ley de Amnistía de 1977 o los convenios internacionales que instan a España a acometer una investigación judicial efectiva y a reparar a las víctimas.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-fiscalia-desiste-pedir-tribunal-constitucional-fije-doctrina-desapariciones-guerra-civil-20140120141512.html

UN EXPERTO DE LA ONU LLEGA A ESPAÑA PARA ANALIZAR LOS ABUSOS EN LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO

LAINFORMACION.COM – LUNES, 20/01/14

El relator especial de la ONU sobre justicia transicional, Pablo de Greiff, llega hoy aEspaña para evaluar las medidas adoptadas en torno a las graves violaciones dederechos humanos cometidas durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista.

La visita tendrá lugar del 21 de enero al 3 de febrero. Según señaló De Greiff en un comunicado, “los mecanismos de justicia transicional no tienen como fin abrir heridas del pasado, ni están animados por un espíritu revanchista”, sino que estas medidas “buscan remediar el legado de abusos que afectaron a cientos de miles de víctimas”.

Este experto de la ONU estará en Madrid, Andalucía, Cataluña y Galicia y se reunirá con representantes del Estado y de la sociedad civil, así como con familiares de víctimas.

De Greiff se centrará en las medidas adoptadas en favor de la verdad y la memoria, la rendición de cuentas, el acceso a la justicia y la reparación integral de las víctimas y sus familiares.

La justicia transicional se refiere al conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos, entre las que figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales.

(SERVIMEDIA)

http://noticias.lainformacion.com/politica/derechos-humanos/un-experto-de-la-onu-llega-a-espana-para-analizar-los-abusos-en-la-guerra-civil-y-el-franquismo_cwGMja9R2GoxRP4sE25EZ4/

TORRES-DULCE NO DEJA DEBATIR SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA

EL FISCAL ORDENA RETIRAR UN RECURSO EN EL CONSTITUCIONAL PARA SENTAR DOCTRINA SOBRE EL FRANQUISMO

LA MEMORIA HISTÓRICA VUELVE A LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES

ESPAÑA SE RESISTE A JUZGAR EL FRANQUISMO

MARÍA FABRA MADRID 19 ENE 2014

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no quiere que el Tribunal Constitucional siente jurisprudencia sobre las desapariciones de represaliados durante y tras la Guerra Civil; ni que debata sobre los efectos de la Ley de Amnistía de 1977; ni que se dé respuesta a las observaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU que, en 2008, manifestó su preocupación por “los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas”.

La decisión de Torres-Dulce culmina un proceso que se inició con la petición de amparo de una mujer, Purificación Lapeña, por la desaparición de su abuelo y tío abuelo, enterrados sin consentimiento familiar en el Valle de los Caídos. El tribunal decidió en noviembre no admitir a trámite la petición, por lo que ni siquiera entró en el fondo del asunto. Sin embargo, por sorpresa y en un trámite inusual, el fiscal del Constitucional Manuel Miranda recurrió esa decisión el 23 de diciembre con un escrito en el que argumenta que la petición reúne las condiciones para ser admitido a trámite, lo que permitiría que se entrara en el fondo del caso. El asunto estaba pendiente de que la sección Tercera de la Sala Segunda respondiera al escrito del fiscal. Pero no será posible. Torres-Dulce ha ordenado que se retire, según fuentes de la fiscalía.

Los argumentos que esgrimía el fiscal del Constitucional para pedir que se debatiera sobre las desapariciones del franquismo eran claros: “Este tribunal no ha tenido la oportunidad de abordar los efectos que una Ley de Amnistía puede tener sobre el deber de investigación judicial eficaz de hechos delictivos y su conexión con el derecho a la tutela efectiva”, señalaba. Además, destacaba “las diferentes interpretaciones que se vienen sosteniendo por los tribunales ordinarios” y apelaba a la existencia de “respuestas jurídicas, con argumentaciones no pocas veces contradictorias y sin ajustarse a unos mismos parámetros interpretativos” que se hacen para rechazar, una y otra vez, la investigación sobre desaparecidos. Es decir, a la ausencia de doctrina constitucional sobre este asunto.

La Sección Tercera de la Sala Segunda del alto tribunal decidió no debatir sobre el asunto al entender que la petición no incluía la justificación de la trascendencia constitucional que se requiere. Después de que el fiscal la justificara, no podrá hacerse porque Torres-Dulce no quiere.

http://politica.elpais.com/politica/2014/01/19/actualidad/1390165773_833126.html

El fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce. / ZIPI (EFE)

EL CENTRO DE LA MEMORIA DE SALAMANCA SE QUEDA PEQUEÑO ANTES DE SU APERTURA

LOS PAPELES DE LA GUERRA CIVIL NO CABEN EN LAS INSTALACIONES

18.01.14 – 11:57 – FRANCISCO GÓMEZ | SALAMANCA

La ley 21/2005, aprobada el 17 de noviembre que, además de establecer la entrega inmediata de esas507 cajas a la Generalitat de Cataluña (en realidad fueron 500 en un primer momento por una duda legal de última hora), obligaba al Gobierno a que en el plazo máximo de un año, por tanto en noviembre de 2006, estuviera «creado y en funcionamiento» el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca y en el que se integrara el antiguo archivo bélico.

Un proyecto que iría acumulando un progresivo retraso y que, tras muchas dudas sobre su emplazamiento, fue licitado en el año 2009. La primera piedra para convertir en CDMH la antigua sede de la Tesorería de la Seguridad Social en la plaza de los Bandos se puso en el verano del 2011 por la ministra Ángeles González Sinde con un plazo de ejecución de 24 meses y un presupuesto de casi 8 millones de euros.

Ocho años después de la salida de aquellas primeras cajas la obra aún no ha sido oficialmente entregada, aunque se ultiman los remates. Sin embargo, la entrada de los técnicos en este nuevo espacio para preparar el traslado desde el Colegio de San Ambrosio (que continuará funcionando como una de las sedes del organismo) ha deparado la sorpresa de la escasa capacidad del inmueble para acoger los fondos que debería custodiar el centro archivístico.

El centro estatal tendrá que seguir haciendo uso del espacio cedido por la Junta de Castilla y León en el Archivo Histórico Provincial. Una «ocupación temporal» que ya está generando algunas dificultades para la gestión de este centro documental regional.

La apertura del edificio, la gestión de fondos y consultas será en tres espacios, uno de ellos ajeno al propio Ministerio de Cultura, un problema que dificultará el funcionamiento diario del centro de investigación, según advierten los técnicos archiveros.

http://www.elnortedecastilla.es/20140118/local/salamanca/centro-memoria-salamanca-queda-201401181157.html

Cajas con documentos en la sede del Archivo de Salamanca. / AP

NAVARRA CUENTA CON 52 FOSAS CON 350 FUSILADOS PENDIENTES DE EXHUMACIÓN

REDACCIÓN – 16/01/2014

LA SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI CALCULA QUE SE NECESITARÍAN MENOS DE 160.000 EUROS PARA SU EXHUMACIÓN.

Un total de 52 fosas con 350 fusilados en el 36 están pendientes en Navarra de una exhumación que necesitaría una inversión inferior a los 160.000 euros y que se suman a una docena de casos actualmente en estudio que se podrían culminar de forma inmediata con unos 15.000 euros.

Se trata de una cifra que excluye a los casos no viables y que puede variar con el tiempo, según ha precisado Jimi Jiménez, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Junto con su compañero Paco Echeverría, y Olga Alcega, presidenta de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, ha comparecido este jueves ante la comisión parlamentaria de Presidencia, Justicia e Interior.

La comparecencia había sido solicitada por PSN, Bildu, Aralar-NaBai, Izquierda-Ezkerra y el parlamentario no adscrito Patxi Leuza, para que ambas organizaciones expusieran sus demandas para el año 2014 en cumplimiento de la Ley Foral de Memoria Histórica de Navarra, aprobada en noviembre del pasado año.

Olga Alcega ha solicitado al Ejecutiva Foral «un compromiso estable y profundo» con esta ley, cuyo contenido «es prioritario» en su totalidad, aunque «sobre todo» en lo relativo a las fosas.

El forense Paco Echeverría ha señalado que en España han exhumado desde el año 2.000 unos 6.500 esqueletos de unas 300 fosas comunes, «unas cuantas de ellas en Navarra», y ha precisado que en esta comunidad tienen «en cartera» una lista de fosas «para las que ahora mismo no hay financiación».

Una financiación que también ha considerado necesaria para recuperar las inscripciones que hay en la paredes de las celdas del fuerte de San Cristóbal, unos mensajes a su entender «muy interesantes» que «están pidiendo a gritos» que alguien los recupere «decentemente» en consideración a sus autores.

http://www.eitb.com/es/noticias/sociedad/detalle/1912054/fosas-fusilados-navarra–aranzadi-detalla-fosas-exhumar/

IDENTIFICADAS 13 DE LAS 28 PERSONAS CUYOS RESTOS SE EXHUMARON EN LAS FOSAS DEL MARRUFO

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 ENE. (EUROPA PRESS) –

Un total de 13 de las 28 personas cuyos restos fueron exhumados de las fosas del cortijo del Marrufo en Jerez de la Frontera (Cádiz) en el verano de 2012 han sido identificadas. Nueve de los identificados pertenecían a familias diferentes, mientras que los cuatro restantes corresponden por una parte a una madre y su hijo y, por otra, a dos hermanos.

   Según indica el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en La Sauceda, en Cortes de la Frontera (Málaga) y el Marrufo (Afresama) en un comunicado, esta identificación ha sido posible gracias a los análisis de ADN de restos óseos de los cadáveres y su comparación con el ADN de las muestras de saliva tomadas a las distintas personas localizadas de las familias con antepasados desaparecidos en La Sauceda.

   Las identificaciones han sido llevadas a cabo por los técnicos del laboratorio NBT de Bollullos de la Mitación (Sevilla), con los que han colaborado los antropólogos físicos Juan Manuel Guijo y Juan Carlos Pecero. Respecto a los quince esqueletos exhumados que no han sido identificados, Afresama expone que «no ha habido coincidencias que permitan establecer relación segura de parentesco» con las personas que han aportado su muestra de saliva.

   Las familias de las 13 personas cuyos restos han sido identificados han recibido «con gran satisfacción» la noticia, «que ha puesto un poco de paz y sosiego en unas vidas marcadas por la tragedia y la pérdida a edades muy tempranas de seres queridos: padres, madres, abuelos, hermanos o tíos que fueron asesinados por el simple delito de haber permanecido fieles al Gobierno legítimo de la República».

   «Casi todos ellos eran trabajadores del campo, pequeños campesinos, carboneros o ganaderos; uno de ellos era cartero y otro comerciante», detalla el comunicado, que indica asimismo que nueve de los 13 identificados eran vecinos del valle de La Sauceda y otros dos llevaban unos meses viviendo allí como refugiados, procedentes de otras poblaciones de la provincia de Cádiz de las que habían huido.

   Los trabajos empezaron en 2011 cuando se hicieron las catas que permitieron localizar la primera fosa del Marrufo. Familiares de la mayoría de las personas cuyas identidades han sido recuperadas visitaron en la jornada de ayer el cementerio de La Sauceda donde, desde diciembre de 2012, descansan en un pequeño mausoleo los restos de los 28 cadáveres exhumados. Allí les rindieron, en la intimidad, un pequeño homenaje.

   Afresama señala que «saber cuáles son y dónde están los huesos de nuestros antepasados no elimina tanto sufrimiento vivido, pero nos consuela y nos quita la incertidumbre sobre su paradero». Asimismo, resalta que «la verdad, la justicia y la reparación son el objetivo» del foro y la asociación, que recurrirá «ante donde haga falta llegar» para que prospere la denuncia interpuesta en el verano de 2012 ante el juzgado de Jerez «por los crímenes del Marrufo».

   Por último, Afresama destaca que sus dos próximos objetivos son el estreno de un documental titulado ‘La Sauceda, de la utopía al horror’, la publicación de un libro sobre toda la historia de este enclave y la inauguración de la ‘Casa de la Memoria’, que se está terminando de construir en Jimena de la Frontera (Cádiz).

http://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-identificadas-

13-28-personas-cuyos-restos-exhumaron-2012-

fosas-marrufo-jerez-20140113131537.html

Foto: EUROPA PRESS/AFRESAMA

ZAPATERO DISCREPA CON GARZÓN Y RECHAZA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE LA VERDAD

EL EXPRESIDENTE, TRAS DEFENDER LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA, HA DICHO QUE ESTÁ CONVENCIDO DE QUE MANTENER UN «PUNTO DE TEMPLANZA» ES UNA «GRAN VIRTUD».

HA HECHO ESTA REFLEXIÓN TRAS LA CONFERENCIA INAUGURAL DEL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE ‘TRANSICIONES DEMOCRÁTICAS Y CALIDAD DE LA DEMOCRACIA’, EN SEVILLA.

POR SU PARTE, EL EXJUEZ HA RECORDADO QUE «UN PUEBLO QUE NO ES CAPAZ DE RECONOCER LO QUE HA SUFRIDO ESTÁ CONDENADO A VOLVER A SUFRIR LOS MISMOS HECHOS».

EFE. 13.01.2014

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha discrepado este lunes con el exjuez Baltasar Garzón y, tras defender la denominada Ley de Memoria Histórica, ha señalado que no sería «acertado» crear una Comisión de la Verdad, convencido de que mantener un «punto de templanza» es una «gran virtud».

Rodríguez Zapatero ha hecho esta reflexión durante el coloquio celebrado tras pronunciar en Sevilla la conferencia inaugural del seminario internacional sobre ‘Transiciones democráticas y calidad de la democracia’, organizado por las universidades Pablo de Olavide e Internacional de Andalucía.

En el coloquio, Zapatero ha discrepado con Garzón, quien este martes intervendrá en una mesa redonda dentro del seminario y que este lunes ha asistido a la conferencia del expresidente del Gobierno, a quien el exjuez ha recordado que «un pueblo que no es capaz de reconocer lo que ha sufrido está condenado a volver a sufrir los mismos hechos».

«La Comisión de la Verdad es una necesidad y una terapia democrática en este país», ha sostenido Garzón, a lo que Zapatero ha respondido que el consenso alcanzado en la Transición fue que no se intentara «reconstruir» una verdad «institucional» y, mucho menos, «judicial», ese fue «el gran acuerdo social», ha remarcado.

«Puedo estar de acuerdo con que se hiciera en ese momento, pero no con el silencio oficial y permanente, salvo el paréntesis de tu gobierno con la Ley de Memoria Histórica, que es corta», ha respondido Garzón, que ha insistido en que la Comisión de la Verdad es «lo mínimo que se merecen las víctimas».

Tras denunciar que la Transición no abordara los crímenes franquistas y que se hayan «olvidado», Garzón se ha preguntado «dónde está la reconciliación», pues «basta con hablar del tema y saltan ampollas», ha asegurado.

«Estoy más cerca de los esfuerzos que se están haciendo por la verdad en Brasil y en Argentina y por la justicia en Uruguay o Chile», ha confesado el exmagistrado, que se ha preguntado «cuándo va a pedir perdón aquí la justicia por no haber hecho nada jamás».

Rodríguez Zapatero ha expresado su «discrepancia respetuosa» con Garzón, y ha subrayado que «reconciliación, consenso y democracia» no son «separables», al tiempo que ha respaldado la decisión que tomó la generación que le precedió tras afirmar que tiene una «cierta tendencia a la humildad histórica».

Restitución del honor de las víctimas

Respecto a la Ley de Memoria Histórica, ha dicho que su gobierno adoptó la decisión «ponderada» de que fueran «ilegítimos» los tribunales y las sanciones que dictaron durante el franquismo y, en el plano institucional, la reparación y la restitución del honor de las víctimas, aunque ha admitido que dicha norma «puede ser entendida como insuficiente».

«Elegí un camino más arriesgado, intentar que todo el mundo pudiese ceder algo de su verdad», ha señalado Zapatero después de que Garzón insistiera en que la «esencia» del derecho de las víctimas es «el derecho fundamental de justicia y reparación».

A juicio del expresidente del Gobierno, el balance es «bueno», incluida la aprobación en su momento de la Ley de Amnistía y, desde entonces y hasta el año 2000, la restitución «fundamentalmente económica» a las víctimas, hasta el punto de que el 25% de las pensiones llegaron a ser de viudedad por la Guerra Civil.

«Hay un cambio cualitativo a partir del año 2000, cuando empieza a ampliarse el abanico hacia el reconocimiento moral y político de las víctimas», ha recordado Zapatero, que ha resaltado que fue el año 2006 cuando se declaró el ‘Año de la Memoria Histórica’.

Pensión para 2.000 niños de la guerra

«Es una ley de derechos, no de memoria histórica», ha aseverado tras recordar que se reconoció una pensión a más de 2.000 niños de la guerra y la nacionalidad española a más de 300.000 nietos de exiliados, y que se concedieron subvenciones por importe de 25 millones de euros a 8.000 proyectos para la localización de fosas.

También se retiraron cientos de símbolos franquistas y el Ministerio de Justicia tramitó hasta el 2011 más de 2.000 declaraciones de reconocimiento a las víctimas de condenas «ilegítimas», ha destacado Zapatero, que ha remachado que «hasta lo del Valle de los Caídos se trató».

No obstante, ha reconocido que hasta ahora «no hay quien haya podido lidiar con esto y las condiciones arquitectónicas son cada vez peores porque nadie se ha atrevido a hacer algo».

Rodríguez Zapatero ha respondido también en el coloquio a un joven del Movimiento Estudiantil que le recriminó que el Plan Bolonia haya provocado una «mercantilización de la universidad».

«No contaron con nosotros a la hora de hacer la ley», ha denunciado el estudiante, a lo que Zapatero ha contestado que el Plan Bolonia está insertado en el proceso europeo, tras lo que ha señalado: «El gobierno que presidí es el que ha hecho el mayor nivel de inversión y gasto público, con diferencia, en Educación».

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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (d), junto a Baltasar Garzón (i) y la catedrática de Filosofía del Derecho, María José Fariñas, momentos antes de la conferencia ‘Transición y memoria’. (VIDAL / EFE)