NATALIA JUNQUERA Madrid 21 OCT 2012 

Un grupo de hombres armados irrumpe a las dos de la madrugada en un hogar de Pajares de Adaja (Ávila). Dentro, Valerico, su mujer, Virgilia y sus dos hijos, Victorico y Fausto, de cuatro y dos años, duermen. El grupo saca violentamente a Valerico de la cama, le ata las manos, lo introduce en una camioneta y se lo lleva. Virgilia, Victorico y Fausto no volverán a verle. Ninguna autoridad investigó este secuestro. Nadie intentó buscar a los responsables ni al desaparecido.

Nadie lo investigó entonces porque ocurrió en 1936; los hombres armados eran falangistas y a aquella detención ilegal sucedieron 40 años de dictadura. Pero nadie lo investigó tampoco cuando llegó la democracia y se consolidó y eso es lo que ha llevado a Fasuto Canales, el niño de dos años que dormía aquella madrugada del 36 en la habitación de sus padres, a demandar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por “la violación continuada de su obligación de llevar a cabo una investigación efectiva de la desaparición” de su padre e inclumplir así, según la demanda, de 97 páginas, el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

“Mi padre, jornalero, tenía 29 años cuando nos lo arrancaron de un hogar al que nunca volvimos», explica Fausto. «Esa misma noche, mi madre nos llevó a mi hermano y a mí a casa de mis abuelos, que eran pastores, y después se puso a servir en casas para sacarnos adelante. Apenas la veíamos. Estuvo 30 años de luto. No cobró pensión de viuda hasta 1979 y durante toda su vida fue incapaz de hablar de él sin llorar. Yo siempre estoy pensando en mi padre. Para mí ha sido muy frustrante que las autoridades de mi país no me hayan ayudado. Me entra envidia cuando veo que en Argentina, en Chile, en Yugoslavia… sí ha sido posible».

Fausto ha acudido a Estrasburgo tras agotar todas las vías judiciales y administrativas en España. El pasado 27 de febrero el Tribunal Supremo le cerraba la última puerta con una sentencia sobre la competencia para investigar los crímenes del franquismo que establece que “la búsqueda de la verdad” sobre unos hechos “con apariencia de delictivos” es “una pretensión tan legítima como necesaria”, pero en este caso no es posible “una indagación judicial” por concurrir “una causa de extinción de la responsabilidad penal, muerte, prescripción o amnistía”.

El fiscal del Supremo Carlos Castresana, impulsor, junto a Baltasar Garzón, de los procesos abiertos en España contra las juntas militares argentinas y el dictador chileno Augusto Pinochet, ha incorporado a la demanda de Fausto, realizada por el equipo de Rights International Spain, un informe pericial en el que explica la “indefensión” que han sufrido los represaliados del franquismo. “Las víctimas no ejercen las acciones legales cuando quieren, sino cuando pueden”, afirma el informe. “El incumplimiento por parte del Estado de su deber de restablecer la verdad histórica ha condicionado severamente el accionar de las víctimas españolas. Estas se han encontrado frente a la indiferencia general, cuando no ante la abierta animadversión de una parte de la opinión pública, espoleada por algunos medios de comunicación y por algunos representantes políticos conservadores simplemente porque la mayoría de la sociedad española desconoce su pasado. Y se han encontrado, lo que es aún peor, con la incomprensión y el rechazo de las autoridades gubernativas, que han negado autorización o colaboración para las exhumaciones, y de los jueces, que han rehusado cumplir con sus obligaciones tanto del derecho interno como del internacional”.

Castresana explica cómo en Argentina, las demandas de justicia por parte de las víctimas, se reactivaron precisamente tras los procesos abiertos en España en aplicación del principio de jurisdicción universal y la derogación de las leyes argentinas de punto final y obediencia debida, equivalentes a la ley de amnistía española. Y que cuando vieron que los tribunales españoles abrían procesos para proteger a las víctimas de las dictaduras del cono sur latinoamericano, los represaliados del franquismo pensaron que “con mayor razón deberían hacer otro tanto con las víctimas de su propio país. Sin embargo, la realidad que se han encontrado es que los tribunales españoles no han podido, sabido o querido amparar hasta ahora a las víctimas españolas”. Para Castresana la detención ilegal del padre de Fausto es un delito que no prescribe y que el Estado español “está obligado a investigar”.

La demanda incluye también un informe pericial realizado por los antropólogos Francisco Ferrándiz -que investiga para el CSIC desde el año 2002 las políticas de la memoria en España-, Julián López, María García Alonso, Pedro Tomé y Juan Antonio Flores. El documento expone “la marginación sistemática” de las víctimas del franquismo, frente al “tratamiento privilegiado” de las víctimas del bando de los vendedores de la Guerra Civil (“investigados, exhumados y homenajeados”); la “cultura del miedo” a hablar y reclamar que instauraron 40 años de férrea dictadura y las “limitaciones a medio y largo plazo de los pactos políticos de élite, como el caso de la transición española” a la hora de reparar a las víctimas.

Y finalmente, la demanda incluye un tercer informe pericial realizado por los psicólogos Guillermo Fouce, Conchi San Martín, Ernolando Parra y Luis Muiño, que explica “los efectos de la traumatización que se dieron en España durante la guerra y la posterior dictadura militar”.

Desde que llegó la democracia, y en especial, desde que se jubiló, en 1999, Fausto ha dedicado cada jornada de su vida a intentar averiguar qué le ocurrió a su padre. Se ha reunido con ministros, como Ramón Jáuregui, con representantes de casi todos los partidos políticos; acudió a la Audiencia Nacional —su denuncia fue una de las que animó al juez Garzón a abrir la frustrada causa contra los crímenes del franquismo—, a los juzgados territoriales… y mientras pedía ayuda a las autoridades administrativas y judiciales, inició una investigación privada que le permitió averiguar que aquella madrugada de 1936, en la puerta de su casa esperaban vecinos que habían facilitado a los falangistas una lista con nombres de simpatizantes republicanos, y que aquella noche, aportaron, además, las cuerdas que sirvieron para atar las manos de su padre, de 29 años. Que después, se los llevaron en una camioneta con otros cinco hombres y una mujer y que los fusilaron en una cuneta en Aldeaseca, a 25 kilómetros. Y que en 1959 , por orden del Régimen, aquella fosa común fue abierta para trasladar en secreto los restos al Valle de los Caídos. “Todo eso he averiguado, pero no lo sé con certeza. Quiero que se aclaren los hechos en sede judicial. Que Estrasburgo obligue a España a localizar y si es posible, devolverme, los restos de mi padre. No estoy obsesionado con esto, pero sí determinado a seguir”, asegura Fausto. “Y cuando yo muera, si no lo he conseguido, seguirán mis hijos”.

http://politica.elpais.com/politica/2012/10/20/actualidad/

1350762448_156264.html

Fausto Canales muestra una foto de su padre. / ÁLVARO GARCÍA

Atacan y profanan por tercera vez el mausoleo republicano del cementerio de Candeleda

Esvásticas, cruces gamadas e insultos cubren el monumento levantado en honor a las víctimas republicanas de este pueblo e ideado para albergar sus restos.

En el Ayuntamiento de Candeleda (Ávila) «imaginan que se tomarán medidas».

DIANA SÁNCHEZ 19.10.2012

Candeleda, un bonito pueblo abulense de poco más de 5.000 habitantes, en pleno valle del Tiétar, sigue arrastrando las secuelas de la guerra civil española, que quebró la convivencia del pueblo y dejó heridas todavía abiertas.

Por tercera vez desde que fue inaugurado en 2010, el mausoleo levantado en el cementerio del pueblo en honor a las víctimas republicanas ha sido profanado con insultos y pintadas falangistas y nazis.

«Es un pueblo dividido, el recuerdo de la guerra civil perdura» cuenta a 20minutos.es Mariano López, fundador del Foro por la Memoria del valle del Tiétar y la Vera y uno de los promotores del monumento. López ya ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil, aunque no espera que se inicie una investigación en serio. «La Guardia Civil me ha dicho que no tiene medios» explica, y recuerda que las anteriores denuncias fueron archivadas en el juzgado de Arenas, de quien depende el caso. «La justicia no nos ampara». Él cree que el ataque se perpetró la noche del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, aunque fue descubierto el día 17 por una vecina que visitó el cementerio. El primer ataque también tuvo una fecha significativa: se produjo el día en el que ganó la alcaldía el popular José María Monforte.

En el Ayuntamiento de Candeleda, encabezado por Monforte (PP), se limitan a decir que «no se van a pronunciar» y que «imaginan que se tomarán medidas, pues son actos de vandalismo», sin especificar cuáles. López ha pedido a Rodrigo Muñoz, teniente de alcalde, que al menos celebre un pleno condenando los hechos

En la Subdelegación de Gobierno de Ávila las explicaciones no son mucho mejores: «Es un tema que en un principio no nos atañe. Supongo que seguirá el cauce previsto» y justifican su cautela: » Para las administraciones es complicado entrar en estos tema».

El monumento, levantado en tiempos del alcalde socialista Miguel Hernández, costó 21.000 euros de dinero público, subvencionados por el ministerio de Presidencia siguiendo la Ley de Memoria Histórica. Está pensado para que algún día albergue los cuerpos de los 122 vecinos fusilados por falangistas que todavía permanecen enterrados en fosas comunes distribuidas a lo largo de los caminos del pueblo.

López cree que el anterior alcalde tenía pistas de quiénes podían ser los autores de los ataques, pero nunca quiso dar ningún nombre hasta tener pruebas concluyentes, y muestra su indignación por que un monumento «pagado con dinero de todos» sea «mancillado y ensuciado por auténticos salvajes antidemocráticos«. «En Alemania esto sería perseguible, pero aquí las fuerzas de orden público no mueven un dedo», prosigue tras hacer un llamamiento a la unidad y a olvidar viejos rencores.

No parece una tarea fácil a tenor de otros hechos ocurridos en el pueblo. Al ataque a este monumento se une su polémica inauguración, reventada a gritos de «Arriba España» y «Viva Cristo Rey», o la profanación de otro pequeño monumento levantado en la fosa en la que enterraron a Valeriana, Pilar y Virtudes, tres mujeres republicanas fusiladas al comienzo de la guerra.

«Es la España negra, profunda«, concluye López, que cuenta una anécdota ocurrida no hace mucho en la plaza del pueblo. Dos hombres muy ancianos discuten. Uno le recrimina a otro: «Criminal, criminal, que los mataste con las manos atadas», mientras el aludido se marcha sin mirar atrás.

http://www.20minutos.es/noticia/1622027/0/ataque/

mausoleo-republicano/candeleda/

Mausoleo republicano de Candeleda

El mausoleo republicano de Candeleda, profanado con insultos y pintadas falangistas. (Mariano López)

REPRESIÓN | MÁS DE 200 TESTIMONIOS DE TORTURAS SALEN AHORA A LA LUZ

Mujeres que estuvieron en cárceles para niñas

Los preventorios de Franco, con la gestión de la Sección Femenina, sometieron a cientos de niñas a malos tratos, golpes, ensayos médicos y otras aberraciones.

MARÍA JOSÉ ESTESO POVES (REDACCIÓN)

VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2012.  NÚMERO 183

“En septiembre de 1957, mi hermana, que tenía entonces diez años, y yo con ocho, fuimos al preventorio de Guadarrama, en Madrid. Mis padres nos llevaron allí porque los jefes de mi madre se lo recomendaron. Le dijeron que era un sitio muy agradable para que las niñas pasaran unas vacaciones”, recuerda Alicia García Romera.

“Después de 55 años me he reencontrado con todo esto. Ahora sé que todas las niñas que pasaron por el preventorio de Guadarrama sufrieron las mismas torturas. Hasta ahora, nunca habíamos hablado de este tema” explica Alicia, que desde hace un año y medio empezó a indagar. Hoy son más de 200 mujeres las que han revelado que cuando eran niñas pasaron entre tres y seis meses en el llamado preventorio de Guadarrama, un edificio situado en la sierra donde las pequeñas eran sometidas a un régimen carcelario, que incluía malos tratos y torturas, y que estuvo funcionando hasta 1975. Los llamados preventorios fueron creados por el régimen franquista como lugares donde se “prevenían las enfermedades”. Entonces se decía que “el contacto con el aire puro de la sierra” evitaba el contagio de infecciones a las niñas, sobre todo la tuberculosis.

Captar y reeducar a las niñas

“La mayoría de las niñas eran captadas en los colegios por una señorita de la Sección Femenina que daba charlas a las alumnas sobre lo bien que se lo iban a pasar allí”. Las militantes de esta organización franquista reclutaban a las pequeñas con la excusa de que el Estado las llevaba de vacaciones. “Lo vendían como las colonias a las que las niñas iban a disfrutar. Otras veces los médicos recomendaban llevar allí a las pequeñas para que engordaran”, explica Alicia. Asegura que llegaban sanas y salían enfermas. Su historia y el resto de las vivencias de otras internas ha sido reconstruida gracias a las redes sociales. Juntas, esas niñas hoy adultas han puesto en común aquella experiencia.

Cuando Alicia empezó a buscar información se encontró una web en la que ya había 50 testimonios como el suyo. Después, una de ellas, Chus Gil, creó una página en Facebook donde ya son 200 las mujeres que relatan aquellos días terribles de su infancia. “Ahora sabemos que hubo niñas de entre cuatro y 14 años de edad. Nos metían en aquel enorme recinto y ya no salíamos. Ni siquiera cuando los padres nos visitaban, a pesar de estar en la sierra y al lado del pueblo de Guadarrama. En ese tiempo jamás pisamos la calle”. La estancia mínima era tres meses e incluso algunas niñas estaban algún tiempo más.

Disciplina y orden

“Lo primero que hacían cuando llegábamos era ‘desinfectarnos’. Nos desnudaban y nos ponían unos polvos por todo el cuerpo y en la cabeza también, donde nos colocaban un trapo que teníamos que llevar durante dos días”, relata la exinterna de aquel preventorio como si fuera ayer. “Luego nos ponían a todas desnudas, en fila. Muchas eran niñas, pero otras, ya adolescentes, tenían vergüenza y se tapaban. Las cuidadoras nos lavaban una a una con un estropajo y chorros de agua. Otra nos secaba, a todas con la misma toalla. Después nos ponían la ropa del preventorio y la nuestra desaparecía”. Alicia recuerda que eran escenas muy tristes y que tenían prohibido hablar.

Siguiendo con esa disciplina, todos los días rezaban el rosario y “tras los rezos salíamos a cantar el cara al sol al patio. Las niñas éramos tan pequeñas que ni sabíamos qué significaba aquello. Pasábamos mucho frío fuera. Nos ponían firmes, sin apenas ropa y en alpargatas, mientras las cuidadoras llevaban grandes capas”. La vigilancia era constante y nunca estaban solas. “Íbamos de susto en susto. Casi a diario nos pinchaban, pero no sabemos aún qué nos inyectaban, tampoco nuestros padres”.

Todas estas mujeres están buscando documentación pero no aparece ningún documento oficial sobre aquel centro, tampoco sobre las personas que trabajaron allí. Aquel edificio, situado en el pueblo madrileño de Guadarrama, sigue en pie y hoy es un centro para huérfanos de la Guardia Civil, a quien pertenece.

Alicia García asegura que todos los testimonios revelan lo mismo: a los pocos días las niñas escribían a los padres para que las sacaran de allí. Pero las cartas estaba censuradas por esas cuidadoras e incluso ellas dictaban lo que tenían que poner. Las visitas estaban controladas también. “Teníamos que decir que estábamos encantadas. Siempre había una ‘señorita’ presente durante la visita de los padres y cuando éstos comentaban algo, ellas insistían en que eran cosas de niñas”, explica Alicia.

Pero cuenta que además estaban llenas de moratones: “Tortazos, tirones de pelo, amenazas, por todo nos pegaban…Además, teníamos que salir gorditas y la comida era espantosa. Las niñas que vomitaban tenían que comerse sus vómitos. A otras, pequeñas, que se meaban en la cama, les colocaban ortigas en el culo. A una de las mayores, que insistía en lavarse sola, las cuidadoras la cogieron de los pies y le metieron la cabeza en el lavabo una y otra vez”.

Alicia concluye: “Sabemos que una vez fue un hombre mayor a hacerse fotos con la niñas desnudas en las duchas. Estábamos tan mal… que algunas niñas iban a las ventanas a pedir socorro”. A pesar de todo, Alicia y su hermana tuvieron suerte. Sus padres las sacaron de allí a los dos meses, pero dice que algunas tenían tanto pánico que no contaron nada porque estaban amenazadas. Hoy, algunas de estas mujeres van a unir su testimonio a la causa argentina para juzgar los crímenes de la dictadura franquista

NIÑOS ROBADOS. CRÍMENES QUE NO HAN PRESCRITO

La Audiencia Provincial de Madrid dictaminó el pasado 4 de octubre que el robo de bebés no prescribe. Esta noticia ha sido celebrada por las asociaciones de afectados por el robo de bebés, que piden la reapertura de decenas de denuncias archivadas en todo el Estado español. Al mismo tiempo, desde septiembre, el juez Adolfo Carretero, del juzgado 47 de Madrid, que instruye el caso del presunto robo de la hija de María Luisa Torres, sigue tomando declaración a médicos, enfermeras y exresponsables de la Asociación Española para la Protección de la Adopción implicados en el caso.

Por otra parte, la Diputación de Valencia va a entregar 20.000 euros anuales durante cuatro años a la casa cuna Santa Isabel de esa ciudad, que gestiona la monja sor Juana desde hace más de 40 años y que está presuntamente implicada en el robo de bebés en Valencia. En esa misma comunidad hay previstas próximamente la apertura de varias tumbas de bebés supuestamente robados.

http://www.diagonalperiodico.net/Mujeres-que-estuvieron-en-carceles.html

REENCUENTRO. Alicia García, Ángela Fernández y Chus Gil fueron internas del Preventorio de Guadarrama. Foto: David Fernández.

La causa de Garzón contra el franquismo llega a Estrasburgo

Presentada en el TEDH la denuncia por un caso de desaparición forzada durante la dictadura. Se trata del siguiente paso tras la investigación de Garzón frustrada por el Supremo

PATRICIA CAMPELO MADRID 16/10/2012

Cuando en febrero de este año el Tribunal Supremo cerró la puerta a la investigación penal de los crímenes franquistas en España, abrió al mismo tiempo una ventana. Con la sentencia que absolvió al ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de un caso de prevaricación por tratar de investigar los casos de desapariciones forzadas durante la dictadura, el Alto Tribunal fulminó cualquier posibilidad de recabar justicia en los tribunales españoles. Se daba, de este modo, el último paso de un itinerario obligado antes de llamar a las puertas de Europa. Ahora, una de las víctimas que formaba parte del sumario de Garzón acaba de demandar al estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). Fausto Canales Bermejo, hijo de un desaparecido en Pajares de Adaja (Ávila) el 20 de agosto de 1936, ha interpuesto la denuncia ante el TEDH «por la falta de investigación en la desaparición forzada de su padre», según informa Right International Spain (RIS), el colectivo que integra al equipo de juristas que representa a Canales en este proceso.

El escenario en el que llega esta demanda es bien distinto al que existía cuando otras víctimas interpusieron, sin éxito, denuncias similares ante el tribunal europeo. «Se trata de la primera demanda que se presenta después de la sentencia del Supremo de 27 de febrero por la cual Garzón queda absuelto de un delito de prevaricación y, al mismo tiempo, se anula cualquier posibilidad de realizar una investigación judicial en este sentido», aclara Lydia Vicente, jurista miembro de RIS. Agotada la vía penal en los tribunales españoles, el siguiente y último paso tiene que darse en Estrasburgo. En caso de que el tribunal europeo no admitiese a trámite la demanda y no entrase en el fondo de la cuestión «desaparecerá toda posibilidad de poner fin a las violaciones de derechos y a la obtención de reparación para el demandante», advierte RIS.

Pero la formulación de la demanda, en forma y plazo según los requisitos del TEDH, otorga esperanzas al hijo de Valerico Canales.

La víctima fue sacada a la fuerza de su casa a las dos de la madrugada por un grupo de falangistas y sus restos, según sospecha la familia, podrían estar en la caja 198 de la cripta del Valle de los Caídos. Su hijo Fausto no ha cejado nunca en la búsqueda de la verdad sobre el paradero de su padre y circunstancias de la desaparición. En diciembre de 2007, presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional con la esperanza, al igual que otras víctimas, de «que se aplicaran los mismos principios de derecho internacional utilizados con anterioridad para investigar crímenes y reparar víctimas de otras dictaduras, como la argentina o la chilena».

Inacción de los juzgados territoriales

Hace siete meses, el Supremo resolvió la cuestión de competencia suscitada en 2009 que debía dilucidar sobre qué juzgados debían investigar los delitos del franquismo. El auto de 28 de marzo determinó que los juzgados territoriales serían los competentes en lo relativo a los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo así como las exhumaciones en fosas comunes, cerrando toda posibilidad de investigación penal al no admitir la consideración de «delitos contra la humanidad». La Sala solo aceptó que los descendientes de desaparecidos pudieran acudir a la justicia penal para la apertura de estos enterramientos ante los juzgados territoriales de la zona donde se hallara la fosa, algo que, por otro lado, ya posibilitaba la Ley de memoria histórica. Esta norma ofrece facilidades para la apertura de fosas comunes desde 2007. Es decir, las exhumaciones ya se realizan desde hace años al margen de la competencia que el Supremo dio en su auto de marzo a los juzgados territoriales.

«Ese auto reafirma los argumentos de la sentencia de 27 de febrero que absolvió a Garzón pero que cerraba la puerta de la vía penal para la investigación sobre la suerte y paradero de las personas desaparecidas». «Ese texto determinó que el juez penal no tiene nada que hacer respecto a la investigación de los hechos delictivos y limita su actuación a la mera apertura de fosas», subraya Vicente. Así, los juzgados territoriales no investigan alegando la ley de amnistía, la falta de competencia penal o que los delitos han prescrito. «Existen al menos cuatro casos abiertos en juzgados territoriales que han sido archivados alegando los argumentos dados por la sentencia y por el auto del Tribunal Supremo», añade.

Por todas estas consideraciones, la senda que se abre paso para Fausto Canales y, por extensión, al resto de víctimas del franquismo, toma un cariz optimista. Frente a la docena de denuncias similares presentadas ante el TEDH, y rechazadas, la interpuesta este mes por Canales llega en un contexto favorecedor para exigir al estado el cumplimiento de su responsabilidad en materia de derechos humanos.Casos como el del diputado socialista en 1936 Luís Dorado Luque, el del presidente de la República Juan Negrín o los que se refieren a la apertura de fosas y a la revisión de sentencias de juicios sumarísimos ni siquiera fueron admitidos a trámite por el tribunal europeo. «Estrasburgo aún no se ha pronunciado sobre la violación del estado español de sus obligaciones respecto a las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron en la Guerra Civil y continuaron en el franquismo», arguye RIS.

Responsabilidad de las instituciones españolas

Fausto Canales ha realizado una incesante actividad para conocer la suerte y el paradero de su padre «pero sólo ha encontrado respuestas elusivas y contradictorias por parte de las autoridades españolas, ausencia de información y obstáculos en su investigación». «El estado español ha tenido oportunidades para poner remedio a las violaciones de derechos humanos, por tanto sólo él es responsable de no haber actuado con la debida diligencia», defiende el grupo de juristas.

España suscribió el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en octubre de 1979, lo que implica una serie de obligaciones ante las graves violaciones de estos derechos. La desaparición forzada es una de ellas, «tiene carácter continuado y se debe investigar hasta poner fin a esa violación así como garantizar el derecho a las víctimas a saber la verdad y obtener justicia y reparación», concluyen.

Esta tarde a las 19.00 en el Ateneo madrileño tendrá lugar un acto moderado por el magistrado emérito José Antonio Martín Pallín en el que se explicarán al público los detalles de la demanda ante el TEDH.

Argentina prosigue con la querella

Al margen de las obligaciones que tiene España con las víctimas del franquismo en virtud del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, en Buenos Aires prosigue la investigación penal contra algunos de los responsables de delitos durante la dictadura. La diferencia con la labor del TEDH -al que se le demanda la falta de responsabilidad del estado español en cuanto al cumplimiento del citado convenio- reside en que la querella interpuesta en Buenos Aires el 14 de abril de 2010 busca recabar responsabilidades penales personales entre las autoridades de la dictadura.

http://www.publico.es/espana/443938/la-causa-de-

garzon-contra-el-franquismo-llega-a-estrasburgo

Desaparecidos durante la represion de la dictadura – EFE

Aranzadi exhuma en el cementerio de Tudela el cuerpo de un varón fusilado en 1936

NIEVES ARIGITA – Domingo, 14 de Octubre de 2012

TUDELA. Los voluntarios de Aranzadi exhumaron ayer en Tudela, los restos de un varón «de más de 30 años y menos de 50» que se encontraba enterrado junto a la tapia del cementerio de la capital ribera. Los huesos podrían pertenecer al vecino de Cascante Carmelo Jiménez Munárriz, que fue fusilado el 21 de agosto de 1936, cuando tenía 42 años.

De confirmarse esta hipótesis, se pondría punto y final a la angustia de la familia del fallecido y a la incertidumbre que se cernía sobre unos restos que habían sido localizados por primera vez en febrero de 2010, con motivo de la exhumación de los de los abliteros Bonifacio Gracia e Higinio Arriazu, ambos ya identificados y enterrados en el cementerio de su localidad. En aquella ocasión, al no tener reclamación del cuerpo, los encargados de la excavación marcaron el lugar en el que se encontraba el cadáver y volvieron a cubrirlo. En abril de este mismo año, la zanja tuvo que abrirse de nuevo en los trabajos de búsqueda de los castejoneros Salustiano Plaza y Miguel Hernández. Ayer por fin, miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, bajo la dirección del antropólogo forense Francisco Etxeberria, pudieron sacar de la fosa el cuerpo para efectuar el estudio de los huesos y, en su caso, cotejar su ADN con el de los familiares de Carmelo Jiménez Munárriz, con el objetivo de identificar a la persona que yacía en el cementerio tudelano a una profundidad de un metro y 65 centímetros.

VARIOS DISPAROS La exhumación se desarrolló durante toda la mañana y en ella estuvieron presentes la hija de Carmelo Jiménez, Carmen, y dos de sus nietos. La primera cumplió seis meses el día que fusilaron a su padre, un electricista vecino de Cascante, de 42 años, afiliado a UGT, y padre de 9 hijos. «En mi casa se ha hablado muy poco de esto, pero de mis padres siempre he oído que mi abuelo estaba enterrado en el cementerio de Tudela; no sabía si dentro o fuera, pero sí al lado del muro», recordó Carmelo Jiménez, nieto del asesinado.

Entre los datos que baraja la familia, entresacados de las furtivas y escasas conversaciones que han podido escuchar en los últimos años, también se sabe que Carmelo fue fusilado después de permanecer detenido e intentar cortarse las venas en un vano intento de alargar el tiempo de su condena junto a los suyos. «Cuando se recuperó de esas lesiones, lo arrastraron atado a una furgoneta para desfigurarlo y que nadie lo reconociera, y lo mataron», cuenta el nieto. Los restos exhumados pertenecen a un varón de entre 30 y 50 años. Presentan traumatismos por proyectil de arma de fuego en la cabeza y en ambos brazos, fracturados por los disparos. Junto a un botón, una hebilla y un diente de oro (que podría añadirse a los posibles indicadores de identidad) se halló un proyectil de bala.

http://www.noticiasdenavarra.com/2012/10/14/sociedad/navarra/

aranzadi-exhuma-en-el-cementerio-de-tudela-

el-cuerpo-de-un-varon-fusilado-en-1936

La hija de Carmelo Jiménez (con bufanda), en la exhumación. (Foto: f. p-n.)

El Gobierno local creará una comisión de la Memoria Histórica

Ayuntamiento y Diputación acuerdan realizar acciones vinculadas con esta cuestión

E.P. – Sábado, 13 de Octubre de 2012

DONOSTIA. El Gobierno municipal tiene previsto crear una comisión de la Memoria Histórica. Según informó ayer el Ejecutivo, se trata de una propuesta que el departamento de Derechos Humanos hizo el miércoles a unas veinte asociaciones de diverso carácter que trabajan en favor de la memoria histórica y a un representante del PNV.

Los asistentes a la reunión que tuvo lugar en la Casa de la Paz de Aiete analizaron las bases de la comisión y mostraron su voluntad de hacer aportaciones. Al encuentro se habían convocado formalmente a más de 50 asociaciones relacionadas con la memoria histórica y a todos los grupos municipales representados en el Ayuntamiento, así como al resto de asociaciones interesadas. «Para la segunda reunión, que se celebrará entre diciembre y enero, la convocatoria volverá a extenderse a todas las partes», señalaron. Cabe recordar que hace varias semanas tanto el PP como el PSE-EE decidieron abandonar este órgano por discrepancias con el Ejecutivo de Bildu.

La comisión de la Memoria Histórica será un órgano «consultivo e informativo». «Su función consistirá en recordar y reconocer todas las violaciones de los derechos humanos sucedidas a partir de la Guerra del 36 y analizar las medidas que se puedan tomar para que no se vuelvan a repetir», explicaron desde el Gobierno local. Izagirre aseguró que la memoria histórica «es patrimonio de todos los ciudadanos y las instituciones tienen la responsabilidad de recuperarla».

CONVENIO Por otra parte, el Ayuntamiento y la Diputación firmarán el lunes un convenio de colaboración para llevar a cabo varios proyectos en favor de la memoria histórica. La Diputación concederá una subvención de 50.000 euros al Consistorio para financiar exposiciones sobre el bombardeo de Gernika y la cárcel de Ondarreta (ya realizadas), la publicación del libro Cine y Guerra Civil en el País Vasco y la realización de una investigación sobre los funcionarios municipales represaliados.

La institución foral aportará la cantidad añadida de 24.095 euros para desenterrar y traer los cuerpos de los guipuzcoanos que formaron parte del batallón de Cándido Saseta y están enterrados en Areces (Asturias). En total, hay unos 80-100 cuerpos de miembros vascos del batallón.

El Ayuntamiento se hará cargo de la parte que corresponda al traslado de los donostiarras, valiéndose para ello del presupuesto de otros 50.000 euros que tiene destinado a realizar actividades a favor de la memoria histórica durante este año.

Entre las actividades financiadas se encuentran la de colocar una piedra donde estuvo la cárcel de Ondarreta, crear una página web sobre la memoria histórica, diseñar un plan para cinco años sobre la memoria histórica, y realizar una publicación sobre el que fuera alcalde, el republicano Fernando Sasiain.

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2012/10/13/vecinos/donostia/

el-gobierno-local-creara-una-comision-de-la-memoria-historica

´Cada fosa que se abre y cada resto que se entrega consolidan la democracia´

TERESA DOMÍNGUEZ EL ADN se ha convertido en el nuevo lucero, incluso dios, para la Justicia. ¿Es tan difícil una condena sin su omnipresencia?

Más de ocho mil ejecutados en la Sevilla de Queipo

Españoles leales a la Segunda República fueron ejecutados en la provincia por orden del general Gonzalo Queipo de Llano, a quien se le otorgó un marquesado que ahora acaba de renovar Gallardón

JUAN JOSÉ TÉLLEZ SEVILLA 12/10/2012

Más de ocho mil españoles leales a la Segunda República fueron ejecutados en la provincia de Sevilla por orden del general Gonzalo Queipo de Llano, a quien se le otorgó un marquesado que ahora acaba de renovar Alberto Ruiz Gallardón, como ministro de Justicia, y Juan Carlos I como Rey de España. Otra paradoja de su posteridad: sus restos mortales siguen enterrados en la capital hispalense, en la capilla de La Macarena, el barrio que él contribuyó a reprimir a sangre y fuego junto con el de Triana o San Julián. Y el Ayuntamiento de Sevilla, a partir de la victoria del PP en mayo de 2011, sustituyó el nombre de Pilar Bardem sobre una céntrica avenida de la ciudad por el de Nuestra Señora de las Mercedes, una advocación que guarda relación directa con Genoveva, la esposa del general que no sólo inundaba las calles de muertos sino de soflamas radiofónicas.

La lista de bajas que Público da a conocer ahora viene a confirmar los datos espeluznantes de la sublevación fascista en Sevilla, sobrevenida en las primeras horas del Alzamiento a partir de un golpe de efecto del propio Queipo, que según celebran sus hagiografos redujo por sí mismo y sin disparar un solo tiro a los oficiales que estaban presentes en la Comandancia General. Luego, los dispararía todos. O los mandaría disparar, mientras se oía su voz tenebrosa por los micrófonos de Unión Radio Sevilla EAJ-5, amenazando a todos los alrededores: «Y ahora tomaremos Utrera, así que vayan sacando las mujeres sus mantones de luto».

Las mujeres tendrían que sacar mucho más, como las 17 rosas de Guillena, vejadas antes de ser asesinadas y enterradas en una fosa similar a otras 130 que se reparten por la provincia sevillana, a la cabeza del ránking andaluz en el número de necrópolis republicanas. Para consolidar su supremacía en Sevilla, Queipo contó con la Legión, al mando de Antonio Castejón Espinosa, y con los Regulares de Marruecos llegados desde Cádiz, utilizando la artillería contra los barrios que le presentaron resistencia: ya no más habría de escucharse la vieja copla de «qué bonita está Triana, cuando cuelgan en el puente las banderitas gitanas». Al día siguiente de la toma del Altozano, sobre los balcones colgaban sabanas blancas en señal de rendición.

Las crónicas de Arturo Barea, las aproximaciones más o menos narrativas de Manuel Barrios -«El último virrey» y de Antonio Burgos -«Las cabañuelas de agosto» y «Las lágrimas de San Pedro»– , la pulcra investigación histórica de Francisco Espinosa Maestre, José María García Márquez o Juan OrtízVillalba, entre otros muchos, así como el trabajo de las asociaciones memorialistas ha ido reconstruyendo el retrato robot de aquel militar africanista que no reparó en medios para someter a la República que juró defender a una dictadura tan sangrienta como anacrónica: Jorge Fernández-Coppel, en su libro «Queipo de Llano, memorias de la guerra civil», prefiere quedarse con la imagen de Queipo enfrentándose a Franco. Quizá lo hiciera, pero antes se enfrentó a su pueblo, masacrándolo o esclavizándolo en los batallones de forzados que hicieron posible la construcción del canal que rodea la ciudad.

Entre sus víctimas, figuran nombres ilustres como los de Blas Infante, el notario de Coria que había abanderado el proyecto andalucista, el diputado José González y Fernández de la Bandera o el alcalde sevillano Horacio Hermoso. Claro que también exportó la muerte a otras provincias, como detalla Francisco espinosa en su libro «1936-1945, la justicia de Queipo», en una espiral represiva que se extendió a todoa la II División, que englobaba a las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz, con cómplices tan renombrados como el general Erquicia en Extremadura o Carlos Arias Navarro, que fuera efímero presidente del Gobierno tras la muerte de Francisco Franco pero a quien se conoció popularmente como «carnicerito de Málaga».

Sin embargo, en aquella Sevilla sin apenas guerra civil, se cuentan hasta 3028 muertes sumarísimas desde mediados de julio de 1936 hasta enero de 1937. Ejecuciones sin juicio previo, como la del profesor Joaquín León, abuelo de los actores Paco y María León. En aquel entonces, como reseña el fiscal jurídico militar Felipe Acedo Colunga, que consideraba a Queipo como» la única autoridad legítima ante la tradición de la Patria y su historia futura», la pena capital no era una excepción sino «un preventivo general» y la represión estaba «dotada de cifras con gran riqueza numérica».

Entre sus cómplices, figuran el comandante José Cuesta Monereo, el capitán de la Legión Manuel Díaz Criado, responsable de Orden Público, el auditor Francisco Bohórquez Vecina quien con Acedo Colunga planificó la represión al pairo de la ley marcial dictada por el Bando de Guerra y firmada por Queipo quien nombró inmediatamente como gobernador civil a su amigo Pedro Parias, «algo cacique», en palabras del propio general golpista. La derecha local era dirigida por Manuel Giménez al frente de la CEDA. Queipo daría pronto responsabilidades a personajes como Gregorio Haro Lumbreras, también conocido como el héroe de La Pañoleta, un comandante de la Guardia Civil que llegó a gobernador de Huelva, pero al que los historiadores han demostrado una formidable afición a las alhajas que las señoras de orden regalaron para el sostén de la causa nacional y que se quedaron en sus bolsillos.

A Queipo, en realidad, como él mismo dijo, le habían «largado el mochuelo» de Sevilla, porque sus compañeros de conspiración desconfiaban en el fondo de sus simpatías tricolores, que le llevó a firmar el parte de guerra con un pintoresco «viva la República». A él le hubiera gustado sublevarse en casa, en Valladolid, pero levantó una casa nueva sobre cimientos rojos. Por la sangre y por la ideología de sus víctimas en una operación de riguroso exterminio.

En la capital andaluza contaba, en principio, con el respaldo de un célebre torero llamado José García Carranza El Algabeño, agregado a su cuartel general, que en principio le había ofrecido mil quinientos falangistas que se vieron, sin embargo, reducidos a quince a los que se sumaron otros setenta, tras ser liberados de la cárcel. Ese fue el núcleo de un grupo de pistoleros que aterrorizó inicialmente a la ciudad y que luego sembró el miedo en los campos, una «policía montada», que llegó a utilizar garrochas para reducir a los campesinos fugitivos, en una sórdida atmósfera donde abundaban piquetes falangistas o requetés, sin descuidar a los paramilitares.Emulando sus tardes de gloria taurina, hay algún testimonio que asegura que El Algabeñollegó a torear a algunos presos utilizando su fusil como muleta. Autor de numerosos crímenes de guerra, el diestro de La Algaba murió como consecuencia de las heridas sufridas en la batalla de Lopera contra las Brigadas Internacionales. Eso sí, en virtud de sus méritos, Franco le nombró a título póstumo teniente honorario de Caballería.

La represión de Queipo no acabó en los paredones y en las cárceles que muy pronto se multiplicaron. También en las prohibiciones. Prohibido el luto. Prohibido inscribir a los muertos. Prohibido hacer fotografías en todo el territorio sublevado.

Utilizó los medios de comunicación de su época -el micrófono, el teléfono o el telégrafo-para imponer su ley al grito de «dadles café», el acrónimo de camaradas arriba Falange Española. La represión sumarísima de los primeros meses de su virreinato acabó sorpresivamente un 28 de febrero de 1937 cuando telegrafió a los gobernadores militares de las provincias de su demarcación, las siguientes palabras: «Ordene a todas las autoridades dependientes de su jurisdicción se abstengan de ordenar aplicación mis bandos en que se imponga última pena, debiendo seguirse procedimiento judicial que indique el auditor «. Las ejecuciones siguieron pero ya no fueron clandestinas.

Entre sus cómplices, figuran el comandante José Cuesta Monereo, el capitán de la Legión Manuel Díaz Criado, responsable de Orden Público, el auditor Francisco Bohórquez Vecina quien con Acedo Colunga planificó la represión al pairo de la ley marcial dictada por el Bando de Guerra y firmada por Queipo quien nombró inmediatamente como gobernador civil a su amigo Pedro Parias, «algo cacique», en palabras del propio general golpista. «¡Canalla marxista! Canalla marxista, repito, cuando os cojamos sabremos cómo trataros», seguía retumbando su voz sobre las ondas hertzianas.

http://www.publico.es/espana/443787/mas-de-

ocho-mil-ejecutados-en-la-sevilla-de-queipo

Más de ocho mil ejecutados en la Sevilla de Queipo.

76 años para desandar seis kilómetros

Isabel Alameda entierra ahora juntos a su padre y su hermano, fusilados en 1936

NATALIA JUNQUERA Madrid 8 OCT 2012

Los mataron con poco más de un mes de diferencia. Primero, a finales de agosto de 1936, a Marcial Alameda, de 17 años, y después, el 8 de octubre, a su padre, Tiziano, de 43. A seis kilómetros de distancia uno del otro. Así han permanecido 76 años: enterrados en dos fosas comunes junto a otros esqueletos sin nombre. Hasta el pasado domingo, cuando Isabel Alameda, de 88 años, pudo enterrar a su padre y a su hermano bajo una lápida, junto a su madre, y delante de un sacerdote que ofició la ceremonia en el cementerio de Aranda de Duero (Burgos). “Fue muy emocionante. Está contenta por haber podido darles digna sepultura . Y muy agradecida”, dice Maribel, hija de Isabel.

Los restos de Tiziano fueron exhumados en julio del año pasado en Gumiel de Izán (Burgos) entre una cordillera de cuerpos de más de 30 metros de largo en la que los arqueólogos recuperaron 59 esqueletos cubiertos con cal. Los habían sepultado, obligados, los barrenderos del pueblo. Tiziano llevaba un cepillo de dientes.

El mismo equipo de Aranzadi, dirigido por el forense Francisco Etxeberria, había recuperado en el verano de 2009 los restos de su hijo Marcial de otra fosa en Milagros (Burgos), donde yacía con 44 hombres y un adolescente de 16 años. Una reciente prueba de ADN confirmó su identidad.

“Tiziano era empleado de Renfe y su hijo, estudiante. Marcial tuvo la mala suerte de cruzarse con una camioneta en la que un grupo de falangistas llevaba a un grupo de hombres a fusilar. Y lo subieron a él también”, explica José Ignacio Casado, coordinador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Burgos. Marcial llevaba el día que lo fusilaron tres duros que en algún momento escondió en el calcetín, pensando que lo más que iban hacerle aquel día de agosto de 1936 era robarle. Aparecieron entre los huesos del pie y la suela de la alpargata, junto a las balas que lo mataron.

Su padre estaba entonces preso en la cárcel de Aranda. “Mi madre siempre ha contado que le denunciaron vecinos del pueblo. Que fue una venganza”, explica Maribel. “Todos los días iban a verle a la cárcel a llevarle comida, hasta que un día les dijeron que ya no estaba allí y entendieron que lo habían matado”.

Tiziano dejaba viuda y cuatro hijos de 12, 14, 15 y 16 años. “Emilio, el de 15, estaba entonces en Madrid y pasó la mayor parte de la guerra sin poder volver a casa. Se suicidó poco después de enterarse de que su padre y su hermano habían sido fusilados. En una especie de libro de familia, había escrito, junto a las fotografías de su padre y su hermano: ‘Ejecutado cruelmente por la horda de bandidos fascistas”, explica Casado.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha recuperado los restos de más de 500 fusilados en el Valle del Duero burgalés. El Gobierno acaba de retirar de los Presupuestos la partida que permitía abrir fosas como estas y cerrar heridas como la de Isabel.

http://politica.elpais.com/politica/2012/10/08/actualidad/

1349726131_664371.html

Fosa de Gumiel de Izán (Burgos) donde se recuperaron en julio de 2011 los restos de Tiziano Alameda. / ÓSCAR RODRÍGUEZ

PNV insta a retomar el futuro del Valle de los Caídos y trasladar los restos de Franco, como aconsejaron los expertos

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) –

   El Pleno del Senado retomará el próximo miércoles el debate sobre el futuro del Valle de los Caídos y el traslado de los restos del dictador Francisco Franco fuera de la basílica, una recomendación hecha por la comisión de expertos a la que se pidió consejo sobre qué hacer con este lugar y que el año pasado presentó sus conclusiones.

   El debate vendrá servido por una moción presentada por el PNV para su discusión en el Pleno de esta semana. Los nacionalistas vascos quieren que el Senado inste al Gobierno a «abordar el cumplimiento de los acuerdos de la comisión» y a trasladar «con la debida discreción» los restos de Franco«donde su familia lo estime oportuno».

   El PNV argumenta en la iniciativa que el próximo 20 de noviembre se cumplirá un año de las últimas elecciones y 37 de la muerte de Franco,«tiempo propicio» para abordar la «posibilidad» de cumplir algunos puntos del informe de la comisión de expertos, que también en noviembre de hace un año presentó sus conclusiones.

   Entre ellas, se encontraba la de trasladar los restos del dictador fuera del recinto del Valle, como uno de los pasos para que el lugar se convierta en «centro de memoria que dignifique y rehabilite a las víctimas de la Guerra Civil y la represión posterior».

   Añaden los nacionalistas que tampoco se está cumpliendo la Ley de Memoria Histórica en varios aspectos. Por un lado, la obligada retirada de simbología franquista; por otro, la disposición adicional sexta, que señala que uno de los objetivos de la fundación gestora del Valle de los Caídos ser«honrar y rehabilitar la memoria» de los fallecidos en la guerra y en la dictadura y fomentar «las aspiraciones de reconciliación y convivencia»de la sociedad.

   La comisión presentó sus conclusiones a finales de noviembre del año pasado, tras las elecciones generales, y desde entonces el asunto ha quedado aparcado. Los expertos ya aclaraban en aquel documento que la aplicación de recomendaciones como esta de trasladar los restos de Franco quedaba supedita a que el Gobierno alcance un consenso parlamentario y a la autorización de la iglesia, al ser la autoridad competente en la basílica.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-pnv-insta-retomar-futuro

-valle-caidos-trasladar-restos-franco-aconsejaron

-expertos-20121007123252.html

Foto: EUROPA PRESS