«Si quieren, mañana podrían comenzar las obras en el Valle»

Expertos de la comisión que elaboró el informe con propuestas sobre el recinto de Cuelgamuros defienden la importancia de resignificar el lugar manteniendo sus símbolos

PATRICIA CAMPELO MADRID 01/02/2012 

Por una cuestión de plazos, la decisión del anterior gobierno socialista de crear, en el último año de legislatura, una comisión de expertos que formulase propuestas sobre el futuro del Valle de los Caídos no fue del agrado de los familiares que tienen allí, contra su voluntad, a sus seres queridos. Que en esa comisión no estuvieran representados los descendientes de las víctimas tampoco gustó a las agrupaciones de familiares. Las conclusiones que recogió el informe del grupo de expertos, publicado el pasado 29 de noviembre, cerraron la puerta a la posibilidad de exhumar los restos de los republicanos allí enterrados.

También se supeditó la salida de los restos de Franco a una decisión final de la Iglesia, entre otras recomendaciones que generaron controversia. Este malestar se ha dejado entrever hoy en el CSIC durante la mesa redonda sobre las propuestas de la comisión. Entre el público, integrantes de la Agrupación de familiares pro exhumación de republicanos en el Valle de los Caídos trasladaron a los expertos en la mesa, Manuel Reyes Mate, Francisco Ferrándiz, Carmen Molinero y Ricard Vinyes, su postura crítica respecto a las conclusiones del informe. «No discutimos la bondad de las recomendaciones [de los expertos] pero creemos que fue oportunista que se encargara a seis meses de las elecciones; se tenía que haber hecho cuatro años antes», sostuvo Fausto Canales, cuyo padre fue trasladado al Valle en 1959 sin el consentimiento de su familia.

Los expertos, por su parte, analizaron algunos pormenores del informe e incidieron en la importancia de la «resignificación» del lugar. El filósofo y escritor Reyes Mate señaló dos aspectos del Valle que llamaron su atención: «La animadversión de los monjes Benedictinos, que no nos quisieron recibir», recuerda, «y el estado ruinoso en que se encuentra». «Nos planteamos una reflexión sobre lo que significa un proyecto faraónico que quiso desafiar al tiempo y al espacio y que al final la historia se venga y termina destruyéndolo». Frente a las posturas más incrédulas, el filósofo añadió que «es posible hacer la resignificación en un sentido moral» ya que «es una constante en la historia» otorgar distintas interpretaciones a los símbolos.

Reyes Mate aclaró también uno de los aspectos más controvertidos del informe, el de la equiparación de todas las víctimas allí enterradas: «Si hay víctimas también hay culpables, y los hay de ambos lados, de ahí que se abra el capítulo de la reconciliación». Y matizó subrayando que no se debe confundir la resignificación «con cualquier forma de exculpación».

La historiadora Carmen Molinero reconoció que la gestión del Ejecutivo socialista en materia de memoria histórica «llegó tarde y se quedó a medias». Molinero considera que la calidad de la democracia del país «está en cuestión» cuando no se modifica el conjunto del Valle de los Caídos. Por ello centró su argumentación en defender la importancia de edificar un centro de interpretación»para dar coherencia a las actuaciones» en el recinto. «Sigue siendo un lugar de exaltación franquista y eso es lo que hay que explicar».

Francisco Ferrándiz, antropólogo forense, remarcó la necesidad del memorial democrático en la explanada del recinto y llamó a la construcción de otro monumento que tuviera una entidad similar a lugares como los Parques de la Paz de Hiroshima y Nagasaki. «Propongo una intervención que convierta al Valle en una maqueta civil». Ferrándiz, que abogó por la importancia del debate social que se genera en torno al recinto franquista, pidió que el cementerio deje de estar gestionado por los Benedictinos y pase a ser un lugar público. También recordó las dificultades técnicas que entrañan las exhumaciones debido a las dimensiones del lugar: más de 33.000 cuerpos en 28 niveles de enterramiento.

El historiador Ricard Vinyes asumió que el conjunto monumental «sigue siendo la expresión más poderosa del universo simbólico de la dictadura». Recordó al público que la propuesta que hizo el Gobierno a la comisión fue la de una «intervención directa» que «pacificase» el recinto. La respuesta del grupo de expertos, apuntó Vinyes, tuvo que encontrar la «tensión» entre el criterio que les determinó el Gobierno y la voluntad del grupo de expertos de «mantener el monumento como una muestra de lo que fue». Así, Vinyes opina que el Valle de los Caídos no puede ser un monumento pacificado: «Hay que procurar que mantenga la inquietud y la perplejidad en lugar de la corrección política».

Entre el público asistente, Silvia Navarro, de la Agrupación de familiares pro exhumación de republicanos del Valle de los Caídos insistió en que para ellos es muy difícil asumir la resignificación del lugar. «Sabemos que todo esto se tendrá que hacer sin que lleguemos a lograr el fin último: exhumar a nuestros familiares», se resignó Navarro, quien se mostró de acuerdo con la creación de un centro de la memoria pero pidió que se agoten todas las posibilidades de cara a las exhumaciones. «Es difícil pero al menos se debe intentar, no se pueden quedar ahí esos restos; se debería tratar de identificarlos».

El informe no es de obligado cumplimiento pero, según recordaron los miembros de la Comisión, «es pragmático, si el Gobierno quiere, mañana mismo podría empezar las obras» y sobre todo es una propuesta de debate público.

http://www.publico.es/espana/419889/si-quieren-manana-

podrian-comenzar-las-obras-en-el-valle

El Valle de los Caídos coronado por la gran cruz.MÓNICA PATXOT

MEMORIA PÚBLICA

Más de 50 balas acabaron con las ’17 rosas andaluzas’

Una de ellas, localizada con dos tiros en la nuca y boca abajo. La excavación saca a la luz el «ensañamiento» del verdugo

EFE Gerena (Sevilla) 01/02/2012

Los arqueólogos han localizado en el cementerio de Gerena (Sevilla) los restos dequince de las denominadas «17 rosas» de Guillena, que fueron fusiladas hace 74 años por ser familiares de milicianos republicanos, y una de ellas presenta dos tiros en la nuca y su cuerpo está boca abajo.

El arqueólogo Juan Luis Castro ha explicado este miércoles a los periodistas que el cráneo de esa mujer es una «evidencia» de que recibió dos tiros de «gracia» y luego fue arrojada encima del resto de mujeres, de entre 20 y 70 años, cuyos huesos están amontonados.

Otro cráneo localizado tiene aún adosado una horquilla y además se han encontrado entre los huesos varias monedas, una de ellas un duro de plata de gran valor que la mujer quizás quiso usar para salvar la vida, suelas de zapatos, una bala, un peine, botones e incluso un anillo que estaba rodeando un dedo.

Los restos de las dos mujeres que faltan por encontrar estarían bajo los huesos de sus compañeras y uno de ellos se prevé que esté unos cuarenta centímetros bajo una hilera de nichos, según el arqueólogo, que prevé concluir la exhumación la próxima semana.

Tras la exhumación comenzará el trabajo de laboratorio y la comprobación de la identidad de cada fusilada con el ADN de sus familiares antes de darles sepultura en el lugar que elijan los allegados.

Castro ha explicado al consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, y al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, que han asistido hoy a los trabajos, que en esta fosa común es en la que ha encontrado más «ensañamiento» por parte de los verdugos entre las ocho fosas de la Guerra Civil que ya ha abierto en Andalucía.

Así, ha dicho que sólo en el entorno de los cadáveres han encontrado medio centenar de casquillos de balas de tres armas diferentes, dos de ellas de fusiles y otras de una pistola de 9 milímetros largo para los tiros de gracia.

Continuarán las ayudas 

El antropólogo Juan Manuel Guijo, por su parte, ha asegurado que «sin duda alguna» todos los restos localizados son de mujeres porque así lo determinan las pelvis encontradas, y en uno de los esqueletos recompuestos que han mostrado se constata que tenía lesiones artrósicas a pesar de la juventud de la fallecida.

Tras visitar la fosa común, Menacho ha dicho a los periodistas que la Junta va a mantener las ayudas económicas para estos trabajos, que en el caso de Gerena serán algo más de 24.000 euros, a pesar de que casi todas las comunidades autónomas y el Gobierno del PP quieren «darle carpetazo» porque «nunca han creído» en estas iniciativas.

El presidente de la Diputación, al que acompañaban la alcaldesa de Gerena, Margarita Gutiérrez, y el alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, ha dicho que viendo la fosa «se le pone a uno la carne de gallina», y ha añadido que «uno piensa que es imposible» que se produjeran esos fusilamientos, «pero ocurrieron» por la «sinrazón».

Villalobos ha afirmado que la Diputación mantendrá las ayudas para estas exhumaciones «hasta el último momento», y ha dicho que estarán con los familiares de los fusilados «hasta el final».

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/419847/

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Un arqueólogo estudia los restos oseos hallados en la fosa de Gerena.AFP

MEMORIA HISTÓRICA | Exhumación de las ’17 rosas de Guillena’

Un cráneo con ‘dos tiros de gracia’

Uno de los cuerpos rescatados muestra dos disparos de pistola en la nuca

Se han localizado ya 15 de los 17 cuerpos documentados

«Pedimos respeto para aquellas vidas»

La plataforma Solidarios con Garzón recibe en Madrid a las víctimas que declararán hoy como testigos en el proceso contra el juez

ELENA HERRERA Madrid 01/02/2012

Han llegado a Madrid a «defender» al único juez que, dicen, se ha atrevido a investigar qué ocurrió con sus familiares, represaliados en la Guerra Civil o durante la dictadura. Llegan desde varios puntos de España cargados de documentos que corroboran el sufrimiento que sus familias, casi siempre en silencio, han soportado a lo largo de sus vidas. Pero entre sus múltiples objetivos destaca uno: dejar claro a los magistrados del Tribunal Supremo, donde declararán hoy como testigos de la defensa, que fueron ellos, los descendientes de las víctimas del franquismo, los que pidieron al magistrado Baltasar Garzón que «hiciera justicia».

El auditorio de UGT-Madrid acogió ayer un emotivo acto en el que la plataforma Solidarios con Garzón, integrada por colectivos de memoria histórica, asociaciones profesionales, sindicatos y partidos de izquierda, quiso dar la bienvenida a los familiares de represaliados que presentaron denuncias ante Garzón por las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.

Desde el municipio canario de Arucas, cogida del brazo de su prima Pino Sosa, también hija de fusilado y que testificará hoy, llegó a Madrid Balbina Sosa, vicepresidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Arucas. Desde el escenario, Balbina recordó la represión que los defensores del Gobierno legítimo de la II República vivieron en las islas. Recordó el «olvido impuesto» al que fueron sometidos los hijos de los represaliados y contó una anécdota que refleja bien lo que tuvieron que tragar los descendientes de los perdedores de la Guerra Civil. «Nos tocó cuidar a los nietos de los que sacaron a mi padre de mi casa para matarlo», lamentó.

Asimismo, Balbina recordó que si en la Península se habla de «miles de fosas comunes enterradas en cunetas», en Canarias los franquistas «arrojaban» a sus víctimas a pozos donde todavía hoy permanecen muchos de ellos. Esta mujer, dedicada desde hace años a la recuperación de la memoria histórica en Canarias, calificó de «inconcebible» el hecho de que sean las víctimas las que tengan que acudir a «defender al juez». Y lanzó una advertencia que despertó los aplausos del público: «Cruzaremos el charco cuantas veces haga falta para defender a la única persona que ha tenido narices de admitir una demanda como esta».

En nombre de los descendientes de represaliados también intervino Javier Moreno, cuyo abuelo Joaquín fue condenado a muerte en un consejo de guerra en el verano de 1939. Javier habló del «orgullo» que para él supone ser nieto «de una persona que murió por defender la libertad». Una sensación, dijo, que se confronta con el sentimiento de «frustración» por ver que hay gente que no es capaz de reconocer ese legado. Así, recordó a las «miles» de personas que fueron asesinadas en el Cementerio del Este de Madrid y «todas las víctimas» que todavía yacen bajo cunetas en carreteras de toda España. «Queremos justicia porque consideramos que sin justicia no hay memoria. No queremos reconocimientos vacíos ni personalizados, sino que la sociedad entienda que es necesaria la memoria colectiva», aseveró.

«Acto de justicia»

Ángeles Carpeño, descendiente de una familia en la que seis personas fueron represaliadas, recordó la «brutalidad» con la que actuaron los golpistas en la provincia de Toledo. «Hay quien se empeña en que nos olvidemos de los desaparecidos, de los secuestrados, de los asesinados impunemente. Que no tengan ningún miedo, no somos como ellos, sólo pedimos respeto para aquellas vidas. Es un acto de justicia y reconocimiento que todos les debemos», aseguró.

Antes de las víctimas, el secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, intervino para recordar que las personas que estaban en el auditorio sí estaban «orgullosas» de su pasado y de su memoria. En este sentido, aludió a la importancia de que los crímenes contra la humanidad «ni prescriban, ni se olviden» y aseguró que su organización estima «condenable» y «llamativa» la «persecución» contra Garzón. Un magistrado que, aseveró, «pretende que en un mundo de mentirosos prevalezca la verdad».

También acudió al acto Reed Brody, de la ONG Human Rights Watch, uno de los observadores internacionales que está siguiendo el proceso al magistrado. Brody señaló que «los verdaderos crímenes son los asesinatos, las desapariciones forzosas, no su investigación» y preguntó al auditorio si las víctimas que llenaban la sala tenían «menos derechos» que las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, detenido a petición de Garzón.

El hispanista Ian Gibson fue el encargado de cerrar un acto en el que también participó el abogado Bernardo García, que informó sobre el estado de las denuncias en la Audiencia Nacional y ante el Tribunal de Estrasburgo. «España tiene la derecha más miserable de Europa. Si supiesen lo que es la caridad, entenderían que los perdedores tienen derecho a que sus muertos descansen en paz. Ellos tuvieron 40 años para desenterrar a los suyos», aseguró Gibson, que también recordó que el PSOE «dejó muchas cosas por hacer» en lo relativo a la memoria histórica mientras estuvo en el Gobierno.

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/419752/

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Víctimas del franquismo y defensores del juez volvieron a concentrarse ayer en Madrid en las inmediaciones del Tribunal Supremo.-REUTERS

Garzón, en el banquillo. El Tribunal Supremo, degradado

Carlos Jiménez Villarejo 

31-01-2012 – 14:00

Hace unos momentos, el Tribunal Supremo, en el proceso por los crímenes del franquismo, acaba de desestimar las solicitudes, mas que fundadas, de la defensa del Juez Garzón y del Fiscal del Tribunal Supremo de  considerar nula la fase de instrucción contra el mismo dirigida por la extrema derecha española con la activa colaboración del Juez (¿) Varela y de la Sala, luego recusada  y destituida por su evidente parcialidad. Ahora comenzarán los interrogatorios, primero del acusado Garzón y de los escasos testigos propuestos por su defensa que fueron admitidos. Ayer, el Presidente de la Sala que hoy inicia el juicio contra Garzón, el magistrado Carlos Granados, apadrinaba -es decir, respaldaba- al nuevo Fiscal General del PP, el ultraconservador  Eduardo Torres Dulce. No es una coincidencia. Es la expresión de la alianza conservadora que domina el aparato judicial y ofrece las  claves necesarias  para entender la implacable persecución del Juez Garzón, persecución a la que se han añadido, por un efecto cuando menos corporativista, los magistrados supuestamente progresistas. ¿O es que alguien pensaba que el TS iba a desautorizar la “encomiable” labor instructora de Varela, de un miembro destacado de la casta a la que todos pertenecen?.

Hoy es un día de vergüenza para nuestra democracia, que no es la de ellos, hoy es un día en que el valor constitucional “justicia” ha perdido todo su significado; hoy es un día en que los jueces -así con minúscula- del TS se han alejado del pueblo, del que, dice la Constitución, emana la justicia; hoy es un día en que esos jueces no están sometidos únicamente a la Ley porque quien realmente ha impuesto su voluntad y ha ganado la batalla ha sido el franquismo representado por ese grupúsculo que desde el principio, adulterando la acción popular, ha conducido y sigue conduciendo el proceso contra Garzón.

Decía Rousseau. “No hay libertad sin justicia”; la celebración del  juicio oral contra el Juez Garzón, es la máxima expresión del profundo deterioro del Poder Judicial, es un signo más de la crisis de la libertad y el Estado de Derecho en España.

Vuelvo a decir, respecto al juicio contra el Juez por la investigación de los crímenes del franquismo, lo que dije el 13/4/2010 en el Auditorio Ramón y Cajal de la Universidad Complutense, el TS se constituyó y sigue constituido “como instrumento de la actual expresión del fascismo español”.

Y reitero lo que dijo un ilustre jurista, el Profesor Capella: “El acoso jurisdiccional al juez Garzón es el acoso fomentado por la ley del olvido, una norma de la constitución tácita del actual sistema político español”.

El TS debe saber que ya se ha iniciado el juicio popular contra el mismo, el juicio de los ciudadanos libres y demócratas. El pueblo ya no confía en el, pero seguirá exigiéndole que actúe y resuelva de forma  acorde con la Constitución y los valores democráticos, lo que en este caso representa, frente a lo que no han hecho hasta ahora, la rigurosa aplicación de los Tratados internacionales respecto de los Crímenes contra la Humanidad cometidos por la dictadura y la definitiva tutela judicial de las víctimas de dichos crímenes.

El TS debe saber que estará bajo la mirada muda, doliente y desesperanzada  de los familiares de las víctimas de la dictadura y de éstas mismas. La mirada, entre otras,  de los familiares de las 192.684 personas que, según las autoridades franquistas, murieron, la mayor parte de ellas fusiladas, en las cárceles entre 1939 y 1944, de los 1.717 fusilados en el Camp de la Bota de Barcelona entre 1939 y 1952 o de los 6.748 condenados por el Tribunal de Orden Público. Familiares y víctimas que contemplan, incrédulas, la total impunidad del pasado totalitario de España mientras desde otro país nos piden cuentas.

Y todos los ciudadanos, que van a observar y valorar al TS durante el juicio al Juez Garzón, no olvidan que el Juez Varela y dicho tribunal han tomado posiciones, manifiestamente erróneas, para impedir la persecución del genocidio franquista y justificar así la persecución del juez Garzón.

Porque el TS  ha quebrantado el derecho internacional que regula las obligaciones de los Estados ante las desapariciones forzadas, ha reforzado la impunidad de dichas conductas y  ha incumplido el deber de todo tribunal de proteger a las víctimas y proporcionarles la satisfacción adecuada a la gravedad de los delitos que se cometieron contra ellas y  sus familiares.

Ya no sabemos si aún puede esperarse que cambie  el preocupante posicionamiento del Poder Judicial dentro de la “lógica de los Estados”, “la lógica hobbesiana del poder”, frente a la “lógica de las víctimas” abriendo una gran brecha en la confianza de los ciudadanos en los jueces que deberían tutelar y amparar sus derechos.

Ante esta terrible realidad, las “Asociaciones (denunciantes) para la Recuperación de la Memoria Histórica no pretenden solo identificar a los abuelos asesinados por el franquismo y darles una sepultura digna. De paso, quiéranlo o no, están haciendo un juicio político al franquismo, a la transición y a la democracia que, sucesivamente, ocultó, se desinteresó o tardó en entender el alcance de la responsabilidad en una democracia”(Reyes Mate). Es por ello, que el proceso contra el juez Garzón, sobre todo desde hoy, debe ser analizado como un juicio político al TS, que emprendió la persecución del único juez que se ha atrevido a calificar como criminales a quienes inspiraron y ejecutaron el golpe militar de 1936 y la subsiguiente política de exterminio llevada a cabo con una frialdad y terror sin límites.

Con la efectiva celebración de este juicio se consuma un atropello a las garantías y derechos democráticos del Juez Garzón y, sobre todo, como dijeron tres magistrados  de la Audiencia Nacional, “la investigación a la que tienen derecho las víctimas, según el derecho internacional,… ha sido clausurada”.

Como dijeron un grupo de Jueces y Fiscales, estamos ante “un hecho doloroso e injustificable que quiebra nuestra cultura de la legalidad y de la posición del Juez en el Estado Constitucional de Derecho”. Pero la quiebra del Estado democrático es mucho mas profunda.

http://lamentable.org/?p=2282

ADOPCIONES IRREGULARES

Declaran como imputados un ginecólogo y una matrona por un caso de robo de bebés

Los hechos sucedieron en 1975 en el Hospital Provincial. Las testificaciones serán este mes, por orden de un juez de Donostia que les atribuye un delito de detención ilegal