«Mientras haya fosas, habrá rencor»

Las víctimas llevan flores al TS para recordar a los represaliados por Franco

ELENA HERRERA Madrid 09/02/2012

«No nos podemos marchar todavía, tenemos que seguir aquí luchando porque nuestros gritos se escuchan muy bien dentro de esa sala». Julián Rebollo, miembro de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, intentaba ayer megáfono en mano mantener vivo el ánimo de las alrededor de 50 personas que, desafiando las bajas temperaturas, se reunieron en las inmediaciones del Supremo para dar su apoyo a Baltasar Garzón y a los testigos de la defensa en la última jornada del juicio contra el magistrado por la causa del franquismo.

Aunque menos numeroso que en otras ocasiones, el grupo, formando por descendientes de víctimas y militantes del movimiento de la memoria histórica, coreó las ya conocidas consignas de «¡Fosas cerradas, heridas abiertas!», «¡Verdad, justicia, reparación!» o «¡Garzón, absolución!».

Muchos de los asistentes llevaban también claveles rojos en señal de homenaje a los represaliados. Sobre una lona de varios metros de largo, donde las fotografías de decenas de víctimas se mezclaban con signos de interrogación en señal de recuerdo a los desaparecidos, los concentrados arrojaron las flores y guardaron un minuto de silencio que acabó con vivas a la República.

Asesinado en 1936

Gregorio Rodrigálvarez Plaza fue una de las personas que ayer se concentró frente a las puertas del Supremo. Sostenía una pancarta con una foto de su padre junto a varios datos de su triste historia. «Era republicano. Tenía una tienda de telas con otro señor, las cosas le iban bien y eso provocó envidias en Sigüenza (Guadalajara), donde vivíamos», cuenta Rodrigálvarez.

Él tenía algo menos de 3 años cuando, el 8 de octubre de 1936, los golpistas fueron a su casa y se llevaron a su padre. No lo volvió a ver.

Fue fusilado y, desde entonces, está enterrado en una fosa común, bajo una alameda. Como todas las víctimas del franquismo, guarda en su memoria un catálogo de anécdotas que reflejan bien la opresión ejercida sobre los defensores de la República. «Cuando se lo estaban llevando, un hermano mío, que era un poco más mayor que yo, se agarróa la pierna de mi padre. Le dijeron: ¡Quita esto de aquí si no quieres que sufra tu misma suerte!», recuerda.

Ha intentando rescatar los restos de su padre para darle un enterramiento digno, pero asegura que el obispo de Sigüenza se opuso. «Dijo que eso era para hacer rencores, pero yo no busco venganza, sino una reparación. Mientras haya fosas cerradas habrá rencor para siempre. Lo tendrán mis hijos, sus hijos… esto no se va a acabar», lamenta.

A otra generación, la de los nietos de represaliados, pertenece Mercedes. Su abuelo, afiliado a UGT, tuvo que huir a Francia escapando de una condena a pena de muerte. Desde allí, con los primeros ahorros que consiguió envió a sus hijos una enciclopedia, Petit Larousse Illustré, que ahora Mercedes guarda como un tesoro. «No podemos olvidar ni perdonar que un país democrático no quiera identificar a las víctimas de un régimen dictatorial», aseguró tras una de las pancartas.

http://www.publico.es/espana/421090/mientras-haya-fosas-habra-rencor

Garzón, «con la conciencia tranquila» porque actuó para evitar «el olvido»

El juez dice tener «la conciencia tranquila». El fiscal elogia «el atrevimiento» de Garzón y la defensa pide su absolución

PUBLICO.ES / EFE Madrid 08/02/2012

El juicio a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo quedó este miércoles visto para sentencia en el Tribunal Supremo. En su intervención final Garzón aseguró que su conciencia «está tranquila» porque actuó guiado por la defensa y el desamparo de las víctimas paraevitar «el olvido».

En su turno de última palabra el magistrado citó al filósofo alemán Enmanuel Kant para afirmar que «el tribunal del hombre es su conciecia». El juez reiteró que actuó en cumplimiento estricto de las normas procesales en la investigación de los crímenes del franquismo.

«Mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creía ajustadas a derecho, investigar, perseguir y sancionar los crímenes masivos de desapariciones forzadas y detenciones ilegales (..) como única defensa que las instituciones creo que deben a las víctimas para que no se produzca el olvido y la falta de memoria», afirmó Garzón.

El juez, para quien el sindicato ultra Manos Limpias pide 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, recordó que todas las decisiones que adoptó mientras mantuvo la competencia de la causa fueron compartidas y asumidas por las partes, incluido el fiscal y que durante esos dos años desde que se presentaron las denuncias en 2006 tampoco se planteó ningún recurso.

Recordó que una vez que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió que los hechos no eran de su competencia, todas las actuaciones se paralizaron y acordó inhibirse en favor de los juzgados territoriales que por ubicación de las fosas o por las denuncias de los querellantes podían tener la competencia.

«Se hizo en cumplimiento del mandato judicial para dar protección a las víctimas», añadió.

Concluyó Garzón que se puede compartir o discrepar de su criterio pero entiende que sus resoluciones son defendibles de acuerdo a la jurisprudencia nacional e internacional.

En ese último ámbito enmarcó la interpretación jurídica que utilizó para investigar unos «hechos criminales masivos que tienen carácter permanente», ya que en muchos casos se desconoce el paradero de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Esto es lo que a juicio de Garzón sitúa los hechos denunciados ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en un contexto de crímenes contra la humanidad, en el que la «obligación del juez es dar protección a las víctimas e investigar esos delitos».

Así, Garzón afirmó que actuó en el uso de la independencia judicial y la libertad interpretación y quetomó las decisiones que consideró más ajustadas a derecho, guiado por la defensa y el desamparo de las víctimas, que son las que deben guiar a todo juez.

Antes de que hablara el juez, la Fiscalía mosotró sus dudas sobre las verdaderas intenciones del sindicato ultra Manos Limpias al querellarse contra Baltasar Garzón por prevaricación y se preguntó si, de haber sido otro juez el que hubiera investigado los crímenes del franquismo, la acusación popular habría actuado del mismo modo.

Tras admitir que el acusado «no es un juez al uso» y recordar el «extraordinario protagonismo» adquirido por éste tras instruir causas de gran trascendencia mediática y perseguir el terrorismo, la corrupción y a «dictadores del Cono Sur americano», el fiscal se ha preguntado si «esa preocupación de Garzón por investigar determinados delitos» está detrás de las querella contra él.

Navajas solicitó la absolución de Garzón, ha dicho también que el acusado abrió una investigación sobre «los hechos más graves denunciados ante la jurisdicción penal española» y destacó que los perseguidos por el franquismo y sus familias han vivido «una victimización permanente» a la que aún no se le ha puesto «el punto final».

Paracuellos

El abogado defensor de Garzón solicitó la libre absolución de su representado y defendió que la querella archivada por el magistrado sobre los fusilamientos de Paracuellos del Jarama no es comparable jurídicmente con la causa que abrió por las desapariciones durante la dictadura.

Gonzalo Martínez-Fresneda, que se extendió durante dos horas en la exposición de su informe final, comenzó su intervención centrándose en el hecho de que Garzón archivara en 1998 una querella interpuesta en su juzgado por la matanza cometida en este pueblo madrileño en 1936.

Desde el punto de vista político, dijo la defensa, ambos acontecimintos son «igual de repugnantes, con episodios tristes, trágicos, delictivos y criminales, pero jurídicamente no tienen parangón». Entre otras diferenvias, indicó que las víctimas de Paracuellos fueron identificadas y sus familiares indemnizados y reparados en la medida de lo posible —»sabiendo que una muerte no se puede reparar»—, los hechos se investigaron y se procuró sancionar a los posibles responsables.

A su entender, la Sala toleró durante la prueba documental la lectura del auto en el que Garzón archivó la querella pero ello no es suficiente para que la acusación vuelva a «introducir por la puerta falsa y en fraude procesal» este elemento que ha quedado «sin género de dudas» fuera del objeto de este procedimiento, después de que Manos Limpias con «absoluta sumisión» lo excluyera de su escrito de acusación siguiendo las instrucciones del instructor Luciano Varela.

Según Gonzalez-Fresneda, la querella interpuesta en 1998 formó parte de una «contraofensiva» por haber aceptado la Audiencia Nacional hechos relativos a las desapariciones de Argentina o el caso del exdictador chileno Augusto Pinochet.

En todo caso, el juez no aceptó la querella, que no aludía a delitos de genocidio o lesa humanidad,por errores «formales y su mala elaboración» y, por lo tanto, no aplicó la Ley de Amnistía de 1977 ni declaró prescritos los hechos expuestos.

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/421030/garzon-

con-la-conciencia-tranquila-porque-actuo-para-evitar-el-olvido

NATALIA JUNQUERA Madrid 7 FEB 2012 

“¿Sabéis volver a casa?”, preguntaron los falangistas a tres niños de 10, 5 y un año mientras se llevaban a sus padres. El mayor, Felipe Gallardo, dijo que sí. “Agarré a mi padre por la cintura, me soltó, y ya no le vi más”, cuenta hoy, con 84 años. Con una hermana de la mano y otro sobre los hombros, Felipe volvió a casa. Pero al llegar, la estaban saqueando los falangistas, así que tuvo que buscar otro refugio. “Nadie quiso ayudarnos porque les dábamos miedo. Las familias de los niños con los que yo jugaba en el colegio tampoco. Éramos rojos, peligrosos”.

Pasó aquella primera noche en un cobertizo sin tejado por los bombardeos. Su hermano pequeño, recuerda, no dejó de llorar. Finalmente, una mujer se acercó y les dejó mantas y comida. No quiso llevárselos a su casa.

Al padre de Felipe, Pedro Gallardo, alcalde socialista de Valdetorres, lo habían llevado a la plaza de toros de Badajoz, y a su madre, Feliciana Gómez, a la prisión de Trujillo. La familia guarda como un tesoro las cartas que se escribieron de cárcel a cárcel. En los sobres, junto al obligado Arriba España, hay fotos de Franco, Hitler y Mussolini.

Tenía solo 10 años, pero Felipe empezó a tener miedo de morirse. Pensó que iban a ir a por él. “Mataron a una niña de 14 porque había visto algo”, recuerda. “Mataban a los niños que habían visto demasiado y tenían edad suficiente para contarlo”. Su prima decidió sacarlo de allí. “Se disfrazó de falangista y me acompañó en tren a Huelva”. Sus dos hermanos se quedaron con los abuelos.

A su padre lo condenaron a muerte por adhesión a la rebelión y el 13 de junio de 1940 ejecutaron la sentencia. “¡Es un insulto!”, clama su nieta. “¿Él era el rebelde? ¿Él, que había sido votado alcalde de su pueblo, que jamás había cogido un arma? Mataban a todos los que trabajaban para el Gobierno legítimo de la República: alcaldes, maestros…”.

Pedro Gallardo tenía el día que lo mataron 46 años. Por edad no había ido al frente, lo habían destinado a tareas administrativas. “Gracias a ese puesto pudo mediar para que no mataran a dos falangistas”, cuenta Purificación Gallardo, su nieta. “Con él no hicieron lo mismo”.

Feliciana pasó tres años más en prisión después de recibir la última carta de su marido. La arrojaron a una cuneta, viva, pero casi muerta, “para que no tuvieran que registrar otro fallecimiento en prisión”, cuenta su nieta. “Tuvo suerte de que la encontró un médico que se la llevó y logró salvarla”.

Estaba tan delgada que Felipe Gallardo no conoció a su madre cuando la volvió a ver. Feliciana había sufrido mucho: por lo que le habían hecho y por lo que había visto. “Mataban a tantos en aquella cárcel que las descargas hacían ladrar a los perros y molestaban a los señoritos. Así que empezaron a llevarse a los presos a una nave, donde les ataban pies y manos y les machacaban la cabeza a golpes hasta que se morían. A las presas como a mi madre las hacían ir a limpiar luego para que quedase todo listo para el día siguiente, para la próxima tanda. Si exhumaran en aquella nave, verían que lo que digo es totalmente cierto”, cuenta Felipe.

Feliciana no aguantó mucho más y murió poco después. Al volver al pueblo, no la habían dejado reabrir su negocio, una tienda donde antes de la Guerra Civil vendía comida y telas con las que se ganaba la vida.

Para entonces, aquella familia tenía a ocho miembros asesinados y arrojados a fosas y cunetas, el mayor de 70 años y el más joven de 20. “Mataron a mi abuelo, a mi padre, a cuatro tíos, a mi prima y a su madre”, relata Felipe Gallardo. “A ellas dos por ser mujeres de republicanos”, añade Purificación. No saben dónde están los cuerpos. “No figuran en ningún registro. Son desaparecidos”. El hermano pequeño de Felipe estuvo a punto de correr la misma suerte. Cuando tenía 16 años, falsificó su documentación para hacerse guardia de asalto. Fue capturado por el bando ganador de la guerra, trasladado al campo de concentración de Castuera y después, al Valle de los Caídos, donde trabajó en su construcción. Purificación recuerda cómo un día quiso llevarles al mausoleo. “Cuando íbamos por la carretera tuvimos que parar. Dijo que era incapaz de entrar en aquel sitio”.

“En 1963, mi tío pidió un aumento de sueldo en la empresa donde trabajaba, de construcciones aeronáuticas, en Getafe. Le torturaron durante 15 días con alambres, descargas eléctricas…”, relata Purificación. La familia decidió alejarse lo más posible de Franco y emigró a Australia. “En España mi padre tenía miedo todo el tiempo. Porque en España en los sesenta seguía siendo ‘hijo de rojos”. Volvieron en 1985. A Felipe le hubiera gustado contar su historia en el Supremo, pero se emociona mucho. Su hija, Purificación, que ha asistido a todas las sesiones hasta ayer, insiste en el mensaje de todos: “No queremos venganza, sino justicia”.

http://politica.elpais.com/politica/2012/02/07/actualidad/

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Felipe Gallardo y su hija Purificación, en su casa de Móstoles. / CARLOS ROSILLO

Mal día para la memoria

Tres acontecimientos, todos ellos ocurridos ayer. En el Congreso de los Diputados, su presidente, el conservador Jesús Posada, rinde un homenaje a Manuel Fraga. Exalta su papel en la transición a la democracia, pero omite por completo su muy relevante trayectoria durante la dictadura franquista. La bancada del PP aplaude con entusiasmo; los socialistas se dividen: unos aplauden, otros no; los diputados de CiU permanecen impasibles; el PNV y los grupos minoritarios de izquierda abandonan el hemiciclo. A pocos metros de la Cámara, en el Tribunal Supremo, las víctimas del franquismo continúan declarando en la causa contra el juez Garzón. Se quejan del abandono a que los ha sometido durante décadas la Justicia española. Narran historias estremecedoras de familiares desaparecidos a los que sueñan con dar una sepultura digna. Cerca de allí, en el Senado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirma que el Ejecutivo no procederá a transformar el Valle de los Caídos en un gran centro de la memoria, tal como ha recomendado una comisión de expertos, hasta que haya “consenso” en la materia. Es decir, hasta que al PP le venga en gana. Tres ejemplos, en un solo día, de los alcances de la desmemoria que algunos pretenden imponer hasta el fin de los tiempos en aras de una reconciliación mal entendida. Una reconciliación basada en la amnesia forzosa y en un torbellino de interpretaciones históricas que, en el mejor de los casos, establecen equidistancias inaceptables entre los que participaron en el régimen y los que, en consonancia con las exigencias éticas que planteara Hanna Arendt, tuvieron el coraje de decir “no”.

http://blogs.publico.es/versionlibre/737/mal-dia-para-la-memoria/

TAMBIÉN LOS RESTOS DE FRANCO

El Gobierno abordará desde el «consenso» el futuro del Valle de los Caídos

El PNV insta a Rajoy a «hincarle el diente» al asunto aunque sea una «herencia no deseada»

   MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) –

   La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este martes en el Senado que el Ejecutivo está comprometido a abordar el futuro del Valle de los Caídos desde el «consenso», que, además, considera «necesario» especialmente en asuntos como el futuro de los restos del dictador Francisco Franco, para el que todavía «no hay acuerdo».

   Así lo ha asegurado la ‘número dos’ del Gobierno en respuesta al senador del Grupo Parlamentario Vasco en la Cámara Alta Joseba Zubia, quien le ha preguntado si el Gobierno tiene tomada la decisión sobre «qué hacer con los restos» de Franco.

   En su primera intervención como vicepresidenta ante el Senado, Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Ejecutivo «tiene tomada una decisión» sobre este asunto: que «cualquier decisión» que se tome, sea «con el debido consenso».

   La ministra de la Presidencia ha recordado que ésta era precisamente una de las premisas marcadas por el informe elaborado por el comité de expertos que designó el anterior Gobierno, que señaló que «cualquier decisión que se tome» respecto al Valle de los Caídos «deberá contar con el necesario consenso político y social».

«NO REABRIR VIEJAS HERIDAS»

   En concreto, Sáenz de Santamaría ha garantizado que el Gobierno «trabajará de forma cuidadosa» porque cree que es «necesario» para «no reabrir viejas heridas y sobre todo para seguir trabajando entre todos por ese espíritu de reconciliación que permitió la España democrática».

   La vicepresidenta ha reconocido que el consenso en este asunto es «difícil» y ha recordado que, precisamente, sobre el futuro de los restos de Franco se produjo incluso una «contradicción» entre los miembros de la comisión de expertos designado «íntegramente por un Gobierno y por un partido».

   Dicho esto, Sáenz de Santamaría también ha aprovechado para criticar al anterior Gobierno porque «tuvo mucho tiempo para arreglar esta cuestión» y la dejó para el «último momento».

   La vicepresidenta ha insistido en que el Gobierno va a trabajar con la «fórmula» del consenso, porque es «conveniente» y «necesario» y ha recordado que tanto la comisión de expertos como la Abogacía del Estado hablaron de la necesidad de «consenso social y político» y de la «autorización de la Iglesia» para tomar «cualquier decisión».

LA DECISIÓN ES DEL PP

   Zubia ha apuntado que puede que este asunto sea «una herencia no deseada» del Gobierno de Rajoy, pero ha defendido que tiene que «hincarle el diente a la cuestión» y, por tanto, «decidir si trasladan o no los restos de Franco».

   El senador del PNV ha reconocido que el informe de los expertos hablaba de la necesidad del máximo acuerdo parlamentario, pero ha recalcado que esto «depende únicamente» del PP, porque tiene mayoría absoluta en las dos Cámaras, y ha pedido al Gobierno que no trate de «dejar la cuestión en el olvido ni pendiente».

   Dicho esto, Zubia ha recordado que Franco fue un dictador y no «una víctima de la Guerra Civil» y, por ello, considera que no debe estar en el Valle de los Caídos, que debe ser «un monumento a todas las víctimas de la guerra civil. «Ni existe un monumento a Hitler en Berlin, ni a Mussolini en Roma, ni a Salazar en Lisboa», ha remachado.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-abordara-

consenso-futuro-valle-caidos-20120207192909.html

Foto: Reuters

JULIO M. LÁZARO Madrid 7 FEB 2012 

Los tres últimos testigos del juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón reclamaron este martes que la justicia actúe contra los crímenes del franquismo, después de que representantes de la Memoria Histórica hayan relatado estos días algunos de los más dramáticos episodios que tuvieron que vivir a raíz de las sacas y traslados de sus progenitores, a los que nunca volvieron a ver. “La consigna era que de los rojos no quedase ni rastro y había que hacerlos desaparecer. Era la muerte física además de la desaparición jurídica”. Así lo ha explicado el último testigo en comparecer, Antonio Ontañón Toca, presidente de la asociación Héroes de la República, de Cantabria.

Este testigo, autor del libro Rescatados del olvido, en el que ha plasmado una investigación de 30 años, afirmó que a todas las víctimas se les trató como “desconocidos”. “En aplicación de la consigna de que de los rojos no quedase ni rastro, lo que se hacía en la tapia oeste del cementerio de Ciriego era la ejecución y simultáneamente la desaparición. Los ejecutados, a continuación, eran desaparecidos”, relató Ontañón ante los magistrados del Supremo.

“Una vez celebrados los consejos sumarísimos urgentes y dictadas las condenas”, siguió el testigo, “la fecha de la ejecución se personaba en la prisión el jefe del piquete a las seis de la mañana —las ejecuciones eran a las siete— y el director le entregaba el número de presos a ejecutar. La media de ejecuciones era en torno a los 13 a 16, precisamente la cabida de cada camión, aunque hubo días de 42 ejecuciones”.

“Desde agosto de 1937, el capellán castrense del cementerio de Ciriego, que era también el encargado del registro general, seguía la consigna de que había que desaparecerlos. Al final de cada mes, consignaba el número de ejecutados y la fosa a la que eran arrojados. Las fosas eran zanjas comunes, se cavaban para cada 100 ejecutados. A los cadáveres se les acaldaba, se les echaban paletadas de cal viva y se les distribuía capa a capa, como a los arenques, para que hubiera cabida suficiente. Así hasta que se cubría a unos cien por zanja”, prosiguió Ontañón.

En el salón de plenos se había hecho un silencio impresionante mientras el testigo desgranaba pausadamente sus averiguaciones: “Como mínimo hay 12 zanjas con 100 cadáveres en cada una. A todos ellos se les desconocía. No hay constancia escrita de los nombres de los ejecutados, porque lo previsto era ejecutarlos y desaparecerlos”, terminó Ontañón.

El presidente de la asociación de Cantabria explicó que decidieron personarse en la Audiencia Nacional al enterarse por la prensa de las denuncias por desapariciones. “Nos faltó tiempo para personarnos en las actuaciones. Tenemos conocimiento de que son crímenes de lesa humanidad que no prescriben, y queremos adherirnos para que esto se investigue”.

Ontañón explicó después que en Cantabria solo han podido hacer identificaciones de campo. “Pero tenemos”, añadió, “un compromiso moral y ético con los desaparecidos para investigar hasta donde sea humanamente posible para encontrarlos y si es posible devolvérselos a las familias. En una primera aproximación hay unos 2.500 desaparecidos en Cantabria”, concluyó.

El primero de los testigos en declarar este martes, Antonio Solsona, de la asociación de Memoria Histórica de Castellón, explicó que a su padre le aplicaron la “ley de fugas” por dar de comer a los maquis. “El 4 de octubre de 1947, alrededor del mediodía, se presentó un capitán de la Guardia Civil y se lo llevaron a él y a un vecino, Salvador Cabrera. No dieron ninguna razón oficial”, siguió el testigo, que declaró visiblemente nervioso.

El defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, trató de encauzar el interrogatorio preguntando a Solsona si su padre “tenía relación con los maquis”. “Ninguna, pero les dio de comer en las tres o cuatro ocasiones que fueron por casa. Supongo que esa fue la razón. De mi padre sabemos que está muerto, pero el cadáver no lo hemos recuperado. En el atestado pusieron que intentó escaparse”. Solsona, sin embargo, está convencido de que a su padre le aplicaron la ley de fugas.

Emilio Silva Barrera, de la Asociación de la Memoria Histórica de todo el Estado, explicó que es nieto de un desaparecido y que en la fosa en la que se encontró a su abuelo, en Priaranza del Bierzo (León), aparecieron otros 12 hombres de los que no se conoce la identidad de todos

Silva explicó que la asociación surgió de las demandas de la gente y que lo que quieren es que la Justicia actúe, aunque sea en el extranjero. “Queremos que la Justicia actúe”, manifestó, “porque las exhumaciones ya las llevamos nosotros. Son una parte del problema, pero queremos que la justicia actúe como cuando a alguien lo secuestran, lo torturan y aparece con dos tiros en la cabeza”.

Coautor del libro Las fosas de Franco, Silva dijo que después de que Garzón se inhibiese de la causa de la Memoria Histórica, han seguido con las exhumaciones y están personados en Argentina en una causa que se lleva allí.

A preguntas del fiscal, precisó que su asociación está personada en Argentina, “porque entendemos que las desapariciones pueden ser materia de justicia universal”. Ese proceso abierto en Argentina se está investigando desde 1936 hasta 1977. “Igual que España ha aplicado la justicia universal, si una juez Argentina va a ser la que investigue esos crímenes, nosotros queremos estar ahí. La juez argentina ha pedido información al Gobierno español a mediados de diciembre, pero que nosotros sepamos no ha habido respuesta”, indicó.

El testigo agregó que su asociación ha presentado un archivo en Naciones Unidas con “más de 12.000 casos de desaparecidos”.

En agosto de 2002 presentaron en Ginebra una primera denuncia sobre 64 casos de desaparecidos. “No sabíamos cómo hacer, ha sido un proceso de maduración. Muchos han tenido que pasar una travesía de muchos años, de muchos miedos, de muchos años de esfuerzo. Estaban educados para callarse, como ha sido mi caso. Hay que reunir fuerzas para llegar a hacer una denuncia colectiva”, manifestó.

El juicio concluirá previsiblemente este miércoles, con la presentación de los informes finales de la defensa, el fiscal y la acusación de Manos Limpias. El abogado de este pseudosindicato de ultraderecha intentó aplazar su informe hasta el lunes, a lo que el presidente del tribunal le espetó: “Completamente imposible”. Por tanto, este miércoles elevará a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que pide para el juez Baltasar Garzón la pena máxima para el delito de prevaricación, 20 años de inhabilitación.

El defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, reclamará la libre absolución por inexistencia de delito, lo mismo que el ministerio fiscal. Existe expectación sobre el informe del fiscal Luis Navajas, que en la presentación de las cuestiones preliminares expuso con una inusual contundencia su convencimiento de que la actuación del juez instructor, Luciano Varela, “insólita e insostenible”, abocaba irremediablemente la instrucción de la causa a la nulidad de actuaciones.

Este martes, en el curso de la prueba documental, Manos Limpias propuso la lectura del auto por el que Garzón rechazó investigar una querella contra Santiago Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos del Jarama. El propio Garzón explicó en su interrogatorio del pasado día 31 que rechazó esa querella porque en ese asunto no había nada que se refiriese a un delito contra altos organismos de la nación, mientras que en el caso del franquismo la querella contemplaba un “plan sistemático” para eliminar a dirigentes de la Segunda República legítimamente elegidos. Por tanto, los crímenes de Paracuellos debían ser investigados por el juzgado del lugar en que fueron cometidos. “Se puede aceptar o no, pero está perfectamente explicado y razonado”, dijo entonces Garzón.

A propuesta del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, se dio lectura al voto particular de tres magistrados de la Audiencia Nacional que respaldaron la investigación de Garzón y disintieron de la opinión del pleno de la Audiencia de archivar la causa.

http://politica.elpais.com/politica/2012/02/07/actualidad/

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Simpatizantes de Garzón se manifiestan este martes ante el Supremo. / DOMINIQUE FAGET (AFP)

El último testigo narra «la muerte física y la desaparición jurídica» de los represaliados

@DiarioSIGLOXXI  

Martes, 7 de febrero de 2012, 20:44

– Declara también el hijo de un desaparecido en 1947, que no tuvo constancia de la muerte de su padre hasta que acudió a un notario en 1973

– La fase de prueba concluye y este miércoles las partes expondrán sus informes definitivos

MADRID, 07 (OTR/PRESS)

La prueba testifical en el proceso judicial contra el magistrado Baltasar Garzón en el juicio del franquismo ha concluido este martes. La jornada se ha cerrado con la declaración ante el Tribunal Supremo del hijo de un desaparecido en 1947, que no tuvo constancia de la muerte de su padre hasta que acudió a arreglar unos papeles a un notario en 1973. Tras las declaraciones de Antonio Solsona el último testigo ha sido Antonio Ontañón, que ha narrado como se aplicaba «la muerte física y la desaparición jurídica» a los represaliados.

Antonio Ontañón, ha narrado ante los siete magistrados que componen la Sala que a los represaliados se les aplica «la muerte física y la desaparición jurídica», pues existía la consigna de que «de los rojos no debía quedar ni rastro».

Así, Ontañón, presidente de la Asociación de la República de Cantabria y autor del libro «Rescatados del Olvido», ha manifestado a preguntas de la defensa de Garzón que esta obra, que él aportó a la causa abierta en la Audiencia Nacional, es fruto de 30 años de investigación y se refiere al periodo 1937 y 1948, que es cuando se produjo la represión franquista en Santander.

En este sentido, ha señalado que, en aplicación de la anterior consigna, se aplicó el tiro de gracia y se hizo desaparecer a cientos de personas «en la tapia oeste» del cementerio de Ciriego desde el 27 de agosto de 1936, «que es cuando las tropas de Franco entraron en Santander».

Según la investigación de Ontañón, que reflejó en su libro, de edición propia, una vez celebrados los consejos sumarísimos urgentes y dictadas las condenas y fijada la fecha de la ejecución, el jefe de piquete se personaba en la prisión provincial y decía al director el número de presos que a ejecutar, que casi siempre eran entre 13 y 16 personas.

Además, las fosas comunes, «zanjas comunes» para Ontañón, se preparaban para cien cadáveres, cada día se metían los ejecutados y se echaba cal viva encima, hasta cubrir la zanja con el centenar previsto. «Como mínimo en el cementerio civil hay 12 zanjas de éstas», ha puntualizado.

A preguntas del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez- Fresneda, el testigo ha señalado que interpusieron su denuncia en septiembre de 2008, tras conocer que en la Audiencia Nacional se había iniciado un procedimiento. «Como es lógico, nos falta tiempo para sumarnos».

El interés de esta asociación era el de «enmendar una situación arbitraria e injusta, porque se trata de crímenes contra la humanidad». Antes habían acudido al Juzgado de Torrelavega en relación con dos fosas que querían abrir, pero no les atendieron ni se personó nadie de este órgano. Tampoco han obtenido subvenciones.

La declaración de este testigo había obligado a suspender la vista por el espacio casi una hora debido a que Ontañón se encontraba volando hacía Madrid cuando fue citado por primera vez ante la Sala.

ANTONIO SOLSONA AFIRMA QUE NO SUPO DE LA MUERTE DE SU PADRE HASTA 1973

Previamente, había declarado Antonio Solsona, vecino de Castellón e hijo de un desaparecido en 1947. Se trata de la primera víctima que narra su experiencia ante el alto tribunal por hechos acaecidos años después de la Guerra Civil, por la supuesta vinculación de esta persona con los «maquis» que operaban en la zona, que su hijo niega.

Asimismo, Solsona ha llegado a señalar incluso el nombre -M. Lobo- del responsable de la Guardia Civil que se llevó de su casa a su padre y a un vecino. No tuvo constancia formal de su muerte hasta que tuvo que arreglar unos papeles en un notario en 1973, mediante un atestado de la Guardia Civil decía que tuvieron que aplicarle la denominada «ley de fugas» por intentar escaparse de camino al cuartel, pero la familia nunca recuperó su cuerpo.

Por su parte, el abogado de Garzón en esta causa, Gonzalo Martínez- Fresneda, preguntó a Solsona si creía que la detención de su padre estuvo relacionada con un «maquis» que operaba en dicho zona. «No tenía relación alguna -ha contestado el testigo-. Tres o cuatro veces vinieron y pidieron comida, poco o mucho les tuvo que dar». Además, 

Solsona denunció los hechos en la Fiscalía de Castellón pero le contestaron que «estaban prescritos».

Otra de los testigos que ha declarado ha sido Emilio Silva, dirigente del a Asociación por la Memoria Histórica, que opera en toda España, y coautor del libro «Las Fosas de Franco». Ha señalado que, en el momento de presentar denuncia en la Audiencia Nacional esta asociación llevaba ya ocho años ayudando a localizar desaparecidos.

Según Silva, su asociación tiene documentados más de 12.000 casos de desaparecidos en toda España, y si no presentaron denuncia hasta 2006 es porque «las cosas tienen que madurar». Entre otras acciones, el testigo ha narrado su denuncia de 64 casos concretos ante Naciones Unidas solicitando la aplicación del protocolo de desaparecidos de 2002.

Seguidamente, ha tomado la palabra el fiscal Luis Navajas, que es la primera vez que lo hace en este juicio para interrogar a un testigo, para interesarse por la personación de la Asociación de la Memoria Histórica en una causa abierta por una juez argentina por las desapariciones ocurridas en España entre 1936 y 1977.

«Fuimos allí porque en España se investigaron desapariciones en Argentina, y entendemos que, en virtud del principio de Justicia Universal, ello puede ser bidireccional -ha afirmado-. Si tiene que ser una juez argentina la que asuma la responsabilidad, eso es lo que queremos».

LA DEFENSA ENTREGA MULTITUD DE DOCUMENTOS SOBRE DESAPARICIONES

Por otro lado, el abogado defensor de Garzón ha entregado a los siete magistrados del Tribunal Supremo un «acopio» de decenas de resoluciones y documentos emitidos por instancias internacionales sobre desapariciones forzadas, crímenes de lesa humanidad e incluso el exdictador libio Muamar el Gadafi.

Una vez concluido el interrogatorio de dos testigos, la defensa del magistrado de la Audiencia Nacional ha explicado que ha reunido cerca de 60 documentos muy voluminosos, cuyo contenido íntegro ha entregado a la Sala en soporte digital mientras que también ha remitido copia a las partes.

En la sexta sesión del juicio por el franquismo, el abogado Gonzalo Martínez- Freneda ha subrayado que, entre este material, se incluye un comunicado de 28 de marzo de 2009 de organizaciones integradas en Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL) relacionado con la memoria histórica y la posibilidad de juzgar la historia.

Además, la relación de escritos incorpora varios requerimientos de la Oficina de Registro de la Corte Penal Internacional sobre la investigación a Gadafi después de «haber contemplado su muerte en la televisión», así como múltiples resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos o la vulneración del derecho internacional humanitario.

Finalmente, a pesar de que la defensa solicitaba que no se hiciera lectura de la querella presentada contra Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos del Jarama, el presidente del tribunal, ha admitido la propuesta de Manos Limpias.

Ahora, y una vez desarrollada también la fase documental, solo queda que las diferentes partes expongan sus informes finales y se conceda turno de última palabra a su acusado.

El abogado de Manos Limpias intentó que este último trámite se pasara al próximo lunes alegando que necesitaba tiempo tras la abundante documentación aportada este martes por la defensa de Garzón. No obstante, el presidente de la Sala, Carlos Granados, ha denegado esta petición y el juicio se reanudará este miércoles.

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El Gobierno congela el plan de reforma del Valle de los Caídos

El Gobierno socialista recibió el pasado 29 de noviembre el informe de la comisión de expertos para el futuro del Valle de los Caídos

JUANMA ROMERO Madrid 08/02/2012

El Gobierno socialista recibió el pasado 29 de noviembre, ya en tiempo de descuento, el informe de la comisión de expertos para el futuro del Valle de los Caídos. De aquel documento destacó una recomendación: exhumar los restos de Franco para llevarlos «al lugar que designe» su familia.

Ahora el Ejecutivo es del PP y el proyecto entra en vía muerta, como así vino a expresar la vicepresidenta. Cuando le preguntó en el Senado el portavoz del PNV, Joseba Zubia ayer la Cámara Alta celebraba su primera sesión de control, Soraya Sáenz de Santamaría se refugió en la búsqueda del «consenso» para sugerir que Franco no saldrá por ahora del mausoleo.

«El informe de la comisión de expertos dice que cualquier decisión al respecto deberá contar con el consenso político y social. El Gobierno trabajará de forma cuidadosa para no reabrir viejas heridas y trabajar por el espíritu de reconciliación» que alumbró la Transición. Zubia le pidió que no escurriera el bulto, que el Ejecutivo debe «hincarle el diente» al tema porque para eso el PP dispone de una amplísima mayoría absoluta.

La vicepresidenta volvió a rodear el mismo punto. Recordó que la comisión de expertos ya aconsejaba buscar acuerdos parlamentarios y a «negociar con la Iglesia» la autorización» para sacar al dictador de Cuelgamuros y que tres de los 12 miembros del grupo de trabajo rechazaron el traslado del cadáver.

«No se logró el consenso», y eso que era un consejo de sabios «designados por un Gobierno socialista», desdeñó Santamaría. Ahora bien, trabar el consenso será «difícil», avisó. Era como ponerse la venda antes que la herida

http://www.publico.es/espana/420911/el-gobierno-

congela-el-plan-de-reforma-del-valle-de-los-caidos

Santamaría, ayer.-PACO CAMPOS (EFE)

TRIBUNA: JULIÁN CASANOVA

Incómodo pasado