El rescate que recuperó los restos de 133 republicanos del Valle de los Caídos

Los descendientes de los navarros que sacaron a sus familiares de Cuelgamuros en 1980 recuerdan cómo lo consiguieron

DIEGO BARCALA MADRID 05/12/2011

Que esto sirva para que aprendamos a perdonar. Para que ellos y nosotros podamos mirarnos de frente después del horror que he vivido en mi propia carne». Con este discurso reconciliador desde el balcón del Ayuntamiento de San Adrián (Navarra) el alcalde, José Antonio Ruiz Amatria, cerró con éxito el 23 de febrero de 1980 la llamada operación Retorno que devolvió 21 años después a sus pueblos navarros a 133 cuerpos robados de distintas fosas comunes por funcionarios franquistas en 1959 para rellenar los columbarios del Valle de los Caídos. Gracias a peligrosas gestiones de una comisión de familiares con el Gobierno de UCD, este grupo de navarros consiguió impedir que los restos de sus padres, tíos y hermanos asesinados siguieran descansando junto a Francisco Franco.

Tres décadas después, los descendientes de aquellos luchadores contra el olvido relatan aPúblico cómo consiguieron culminar esa aventura con la lápida de la tumba del dictador recién depositada bajo la enorme cruz que honra la «cruzada» en el valle de Cuelgamuros. «Las negociaciones comenzaron en 1978. Mi padre mantuvo reuniones clandestinas en una bodega con varios hijos de fusilados como él para ver quién podría apoyarle en la búsqueda de los cuerpos», recuerda Eva Ruiz Lorente, de 47 años. El padre de Eva, José Antonio Ruiz, fue elegido alcalde de San Adrián por el PSOE en 1979 ocupando un despacho en el mismo edificio que sirvió de cárcel para su padre, Cirilo Ruiz, antes de que fuera fusilado el 24 de julio de 1936.

«Siempre tuvo como objetivo que no se olvidara la muerte de su padre. Decía que sin la memoria de estos muertos se perdían las llaves del futuro. Pero nunca desde el rencor o la venganza. Esa manera de ver la situación les permitió conseguir la autorización para traerse los cuerpos», relata Eva. José Antonio Ruiz tenía 6 años cuando su padre Cirilo, mecánico de Industrias Muerza, propietario de una fragua y afiliado a UGT, fue denunciado por un capitán de la Guardia Civil. Su madre, Emilia Amatria, se quedó viuda con dos hijos a los que atender sin ningún recurso, puesto que la fragua fue confiscada por los golpistas. Sin otra opción, entregó la custodia del pequeño José Antonio a unos frailes que se hicieron cargo de él hasta que a los 15 años se fue al servicio militar. «Estuvo cuatro años en la mili, volvió al pueblo y acabó emigrando a Suiza en 1961. Cuando inauguró la Casa del Pueblo en San Adrián en 1984 vinieron seis ministros», recuerda orgullosa su hija.

La maquinaria franquista

Dos años antes de que José Antonio emigrara, la maquinaria del régimen trabajaba contrarreloj exhumando restos de cuerpos de toda España para inaugurar el Valle de los Caídos. El Gobierno exigió a los gobernadores civiles una búsqueda pueblo a pueblo de las fosas con víctimas de los vencedores y también de los vencidos. El alcalde franquista de San Adrián llegó a escribir en 1958 al gobernador civil de Navarra aceptando la exhumación de diez fusilados en la zona cuyas viudas habían «manifestado en primera instancia su deseo de llevar los restos al cementerio católico local pero que se mostraron gustosas al traslado a Cuelgamuros», según dicen las notas de José Antonio Ruiz.

«¿Cómo pudo hablar de las viudas? Mi abuela nunca supo nada. No sabía ni dónde habían enterrado a su marido», denuncia Eva. Tras la muerte de Franco, los hijos de los fusilados emprendieron la búsqueda de los restos y descubrieron las profanaciones. «Localizaron los enterramientos y al llegar encontraron algún hueso, pero ningún cráneo. Mi abuela se quedó estupefacta», recuerda Eva. Ese hallazgo puso a estas familias sobre la pista del Valle de los Caídos. Una carta del 3 de abril de 1979 firmada por la Real Casa de Patrimonio Nacional certificó que los restos procedentes del «cementerio» (en realidad fueron extraídos de una cuneta) de San Adrián reposaban en el primer piso de la capilla lateral derecha de la basílica. Habían llegado a San Lorenzo de El Escorial el 29 de marzo de 1959.

Como «desconocidos» fueron trasladadas 12.410 víctimas de los 33.847 cuerpos que reposan en el inmenso cementerio construido para honrar a los vencedores. El grueso de los traslados se produjo en 1959 ( 11.329), 1961 (6.607) y en 1968 (2.019), según los datos del reciente informe de la Comisión de Expertos nombrada por el Ministerio de Presidencia, que ha determinado la conveniencia de la salida del recinto de los restos de Francisco Franco. Todavía hoy, muchas familias de republicanos que buscan a sus familiares desaparecidos en fosas de la Guerra Civil desconocen que su destino final fue el Valle de los Caídos. Los 21.423 cuerpos registrados con nombre y apellidos corresponden a víctimas de balas republicanas.

«Ahora dicen que hay que sacar a Franco de ahí. ¿Qué me va a parecer? Pues lógico. Estupendo. Él no es víctima de nada. A él no le mató nadie», reflexiona Félix Valerio, de 82 años. Este vecino de Mendavia (Navarra) recuerda perfectamente la ilusión con la que cogió uno de los dos autobuses que la comisión de familiares fletó en febrero de 1980 hasta San Lorenzo de El Escorial. Félix viajó en busca de su tío, Germán Valerio, que fue en-terrado en una fosa de Arandigoyen en 1936 y trasladado a Cuelgamuros en 1959.

«Nos dieron los restos en unos cajones pequeños que tenían ellos vigilados. A la vuelta, los enterramos en el panteón de Mendavia», recuerda Félix a duras penas y con ayuda de sus mujer, Adoración Elvira, también de 82 años. Lo que no puede olvidar es lo que su padre contaba de la muerte de su hermano Germán. «Lo arrastraron en un camión desde Estella hasta Villatuerta porque era socialista y allí lo mataron». Félix cree que la valentía que tuvo su padre en 1980, cuando indagó el paradero de su hermano, se debió «a que nunca había estado en política». «Cuando lo enterramos, le supuso una gran alegría», recuerda.

Después del viaje en autobús y del traslado en furgonetas de los muertos se sucedieron los homenajes en los pueblos. «En San Adrián se juntaron 21 curas y se celebró una homilía muy emotiva valorando el esfuerzo que hicieron estos hombres por recuperar los cuerpos de los vecinos», recuerda Teresa Lorente, viuda de José Antonio Ruiz, alcalde de esa localidad en 1980. Los 15 cuerpos volvieron en cinco cajas colectivas a este pueblo de la ribera del Ebro que fueron expuestas en la plaza del Ayuntamiento. El homenaje fue un acto multitudinario plagado de las tensiones propias de la Transición. Eva Ruiz tenía 14 años y recuerda perfectamente a un vecino de Sartaguda que se atrevió a ir con una bandera republicana. «Cuando entramos a la iglesia para la misa, gritó: ¡Abajo los matones!’ Y enseguida se le echó la gente encima. El homenaje fue familiar. Nadie quiso reivindicar nada más allá de la memoria los que murieron allí», rememora.

Prueba de ese espíritu de reconciliación es el poema que leyó José Antonio en recuerdo de su padre y el resto de fusilados: «Nosotros, los marginados del mundo siempre sufriendo, cuarenta años con la cruz, cuarenta años de silencio, por el dolor redimido buscando horizontes nuevos. Nuevos, de paz y justicia, de trabajo de concierto, donde el canto del arado, siembre la tierra del pueblo, para recoger buen trigo, no estas cosechas de muertos».

En cajas impermeables

La historia de los protagonistas de la operación Retornocayeron en el olvido salvo para algunas publicaciones locales. Sólo un documento oficial del Archivo General de la Administración deja constancia de los nombres, apellidos y lugares de origen de los componentes de esta comisión. «Les obligaron a no hablar con la prensa y a no montar ruido ni gresca», añade Eva. Las negociaciones, en las que intervinieron dos ministerios, se alargaron durante un año. El Ministerio de Sanidad les otorgó un permiso de higiene para exhumar los cuerpos y el Ministerio del Interior les exigió que las cajas en las que serían depositados los restos debían ser metálicas e impermeables. Además, les ofrecieron la posibilidadde celebrar en la basílica un responso. Desecharon la oferta.

Los tres portavoces de la comisión ya han fallecido. José Antonio Ruiz (en representación de San Adrián), Claudio Gainza (hijo del alcalde fusilado de Allo) y Terencio Ruiz (Cárcar) viajaron innumerables veces a Madrid a despachar con los altos cargos de UCD. «Mi padre apuntó en una especie de diario que su interlocutor fue el consejero delegado gerente de la Real Casa de Patrimonio Nacional, Fernando Fuertes de Villavicencio», describe Eva. Según esas notas, el general Fuertes de Villavicencio, en Patrimonio desde 1963 y que fue segundo jefe de la casa civil de Franco, se sorprendió del tono de concordia que los familiares utilizaron en la negociación. «Somos las ramas de los troncos que asesinaron allí», le llegó a espetar José Antonio Ruiz.

A estos tres portavoces de los familiares les sobraban motivos para la venganza. Pero nunca abogaron por el rencor. El padre de José Antonio fue detenido y fusilado el 24 de julio de 1936, fiesta patronal de San Adrián. El 24 de julio de 1979, José Antonio Ruiz se disponía salir al balcón municipal para lanzar el chupinazo como alcalde local. Antes de salir, un alguacil se acercó y le dijo: «José Antonio, un día como hoy detuvieron a tu padre en este edificio y lo mataron. Y ahora eres tú quién lanza el chupinazo». El que fuera alcalde socialista desde 1979 hasta 1991 contuvo la emoción y salió a saludar a sus vecinos.

Los restos de los fusilados en San Adrián yacen desde 1980 en el cementerio municipal bajo una lápida con la siguiente inscripción: «Derramaron nuestra sangre por tener un ideal, que jamás vuelva este horror, que esto sirva de lección y sea resurrección de vida a la libertad».

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Vecinos y familiares siguen el féretro de uno de los fusilados durante el funeral que siguió a la recuperación de sus restos de los nichos del Valle de los Caídos.

4 de Diciembre de 2011: 70 aniversario de la ley de desapariciones infantiles de Franco.

4 diciembre 2011 por emigro

En el caso argentino denunciado por las Abuelas de Plaza de Mayo se trató de una instrucción secreta de la cúpula militar de aquel País.

En el caso español, en cambio, como en el caso australiano de las “generaciones robadas”, o desapariciones forzadas de niños aborígenes entre 1910 y 1970, se trató de toda una legislación publicada en el Boletín del Estado la que articuló el sistema de desaparición de miles de niños, y selló su destino bajo falsos pretextos.

Ese fue el caso de la “Ley de 4 de Diciembre de 1941 sobre inscripción de niños repatriados y abandonados”, (BOE n. 350 de 16/12/1941, pág. 9819-9820), que habría de suponer la pieza de cierre del sistema de desaparición previamente iniciado por Orden de 30 de marzo de 1940 dictando normas sobre la permanencia en las prisiones de los hijos de las reclusas (BOE n. 97 de 6/4/1940, pág. 2354) y Decreto de 23 de noviembre de 1940 sobre protección a huérfanos de la revolución y de la guerra (BOE n. 336 de 1/12/1940, pág. 8253- 8255).

La ley franquista de 4 de diciembre es de una crueldad y una hipocresía verdaderamente siniestra propia de otras actuaciones de esos responsables para encubrir sus actos, en un día como hoy de hace 70 años el régimen franquista selló el sistema de cambio de apellidos de miles de niños robados a sus madres – detenidas masiva y sistemáticamente ilegalmente y sin otro “cargo penal” que su parentesco familiar – en los “Conventos-Prisión”, en muchos casos arrebatados de sus brazos inertes, golpeadas hasta la inconsciencia para poder arrancarselos de sus brazos, como muchos testimonios recogen y entregados a “piadosas monjitas-guardianas” sin que se volviera a saber de ellos.

Pero también selló el destino de los cientos de niños robados en los paritorios a los familiares de guerrilleros antifranquistas, como en el caso de Emilia Girón y otros, o los cientos de niños de las colonias infantiles de Victoria Kent, secuestrados por toda Europa y América por encargo directo del Gobierno de Franco. 

“La resolución del Consejo de Europa de 17 de marzo de 2006 condenó todo ello sin paliativos pero hasta la fecha el Gobierno de España no ha reconocido nada ni ha emprendido ni una sola medida para buscar a esos niños, a diferencia del australiano cuyo Primer Ministro Kevin Rudd pidió perdón a todas esas familias en un acto solemne en el parlamento de aquel país.

Dicha importante resolución internacional de Condena del “Balance de Crímenes” de Franco y  de la que se ha hablado más fuera de España que dentro era taxativa en sus más de 100 puntos:

“72. Los “niños perdidos” son también parte de las víctimas del franquismo se trata de hijos de presas cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen. (…).

73. Varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba su familia republicana como “inadecuada” para su formación.

74. Niños refugiados fueron también secuestrados en Francia por el servicio exterior de “repatriación” del régimen y situados posteriormente en instituciones franquistas del Estado.

75. El Régimen franquista invocaba la “protección de menores”, pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo. Los niños debían expiar activamente los “pecados de su padre” y se les repetía que ellos también eran irrecuperables. Frecuentemente, eran separados de las demás categorías de niños internados en las instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos.” [1] 

Esos eran los niños perdidos “abandonados” o “repatriados” de la ley de 4 de Diciembre de 1941 de la que hoy se cumplen 70 años, y que había que inscribir en los registros bajo un nombre falso y entregárselos a las “familias adecuadas”, señala Rodríguez Arias. 

Todo ello resulta mucho más chocante todavía, cuando tan solo 3 días después de un día como hoy de hace 70 años, el 7 de Diciembre de 1941, Hitler dictaba la Conocida orden de desapariciones forzadas “Noche y Niebla”, para que las SS hiciesen desaparecer “en la noche y la niebla” a toda persona sospechosa de colaborar con la resistencia en el este de Europa, cuando no existiese la certeza de quede ser sometidos a un Consejo de Guerra iban a poder ser condenados a muerte. Y ese mismo Decreto nazi, del que en sólo tres días cumpliremos el 70 aniversario también, sí que fue enjuiciado en Nuremberg, condenándose al Mariscal Keitel por ello. 

En España se nos ha pretendido decir que los crímenes de nuestra dictadura están fuera del alcance temporal de la jurisprudencia de Nuremberg, con solo tres días de diferencia. Es inaceptable jurídica y democráticamente. 

En España, el circulo de la desaparición se cerraría con esta ley de 4 de Diciembre de 1941, que es necesario que sea recordada hoy, porque además una vez creados los mecanismos de la impunidad, inicialmente con fines de persecución de los vencidos, continuaría posteriormente con fines cambiados, igualmente espureos, de “tráfico o compra-venta de personas”; en uno y otro caso, incontestablemente, “crímenes contra la humanidad” imprescriptibles e inamnistiables, en tanto que unas y otras son conductas sistemáticas llevadas a cabo bajo la promoción y la aquiescencia de la dictadura. No existen distinción entre unos y otros, ni niños robados A y niños robados B, unos y otros, y sus familias que continúan esperando que nuestro país cumpla sus deberes internacionales y los busque a todos, son víctimas de “crímenes contra la humanidad”.

http://segurquetomba.wordpress.com/2011/12/04/4-de-diciembre

-de-2011-70-aniversario-de-la-ley-de-desapariciones-infantiles-de-franco/

REPORTAJE: MEMORIA HISTÓRICA

«El Gobierno ha hecho el ridículo»

 04/12/2011

Lo intentaron muchos y lo consiguieron muchos menos. No se sabe con certeza cuantos. Una de esas fugas de presos del Valle de los Caídos, la de Nicolás Sánchez Albornoz el 8 de agosto de 1948 con Manuel Lamana se llevó al cine (Los años bárbaros, Fernando Colomo). Porque fue de película: en el coche del escritor Norman Mailer, con Paco Benet, la hermana de este y Bárbara Probst Solomon. Les pararon decenas de veces en su huida e incluso se les averió el coche, pero ningún guardia pensó que aquella estampa fuera algo distinto a lo que parecía: dos jóvenes españoles que habían ligado con dos jóvenes americanas.

Han pasado 63 años. Con 85 cumplidos, Nicolás Sánchez Albornoz, hijo del también historiador Claudio Sánchez Albornoz, está indignado por la forma en que el Gobierno en funciones ha presentado un plan para el Valle de los Caídos. «Dicen que esperan que Rajoy no meta el informe de la comisión de expertos en un cajón, cuando su desidia sobre el asunto ha sido absoluta. Todos los Gobiernos democráticos han tenido la oportunidad de resolver este asunto y no lo han hecho. Entiendo que el de González no lo hiciera, porque estaba muy reciente todo, pero este ha tenido ocho años y una ocasión de oro con la Ley de Memoria Histórica. Han hecho el ridículo».

Le gusta el plan de los expertos, pero está convencido de que Rajoy no lo va a ejecutar. «Mientras tanto», dice, «confío en la naturaleza. Que haga lo que tenga que hacer sobre ese atentado ecológico». Sobre los restos de Franco, cree que lo correcto sería entregárselos a la familia. «No soy partidario de hacer como Angela Merkel, que ha tirado al mar las cenizas del lugarteniente de Hitler».

No ha vuelto al Valle de los Caídos desde que se fugó y no piensa hacerlo. «Para mí, Franco es el hombre que me estropeó la vida, y Cuelgamuros, el sitio que se construyó por megalomanía. Se gastó una barbaridad de dinero en levantar ese monstruo cuando la gente vivía en chabolas. Ese monumento es hacer el ridículo delante de Europa porque ningún país europeo tiene monumentos faraónicos para sus dictadores».

En su consejo de guerra le condenaron a seis años de prisión por pertenencia a organización clandestina, la FUE (Federación Universitaria Escolar). «El fiscal había pedido la mitad», recuerda. «Pensé en fugarme incluso antes de llegar a Cuelgamuros». Tuvo la suerte de que le ubicaron de escribiente en la oficina. «Hacía los planillos de los recuentos de presos, cada tres horas. Había tres destacamentos: los que trabajaban en la construcción de la carretera, sin una sola máquina; los del monasterio y los que horadaban la cripta. Unos 800 en total. No todos eran presos políticos. Mi vecino de litera era un mallorquín encantador que había matado a un italiano».

Está convencido de que las obras de construcción del Valle fueron «un gran negocio». «Las constructoras nos tenían alquilados. El Régimen cobraba 10,50 pesetas y por nuestra manutención decían que pagaban cinco». Todavía le hace gracia releer el expediente de su fuga, que recuperó hace poco, y en el que presos interrogados se muestran sorprendidísimos de que alguien quiera fugarse de allí: «El trato es inmejorable», dicen. Según la propia literatura franquista, murieron 14 en las obras.

Pero lo que más le hace reír, todavía, es un encontronazo, al año siguiente de la muerte de Franco, con uno de los guardias civiles que le persiguió por la sierra el día de su fuga. «Trabajaba en un archivo y se negó a darme unos papeles. La directora me explicó que aún recordaba las ampollas que le habían salido aquel día por mi culpa».

http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Gobierno/ha/hecho/

ridiculo/elpepusocdmg/20111204elpdmgrep_7/Tes

Nicolás Sánchez Albornoz, en su casa de Madrid.- ÁLVARO GARCÍA

EL CEMENTERIO DEL RÉGIMEN

Navarros en el Valle de los Caídos

TUDELA, FERMÍN PÉREZ-NIEVAS – Domingo, 4 de Diciembre de 2011

ELÍAS Marchite Jiménez nació en Ribaforada el 20 de julio de 1913. Recién cumplidos los 23 años se marchó al frente enrolado en el ejército de Franco. Hijo de agricultores, Faustino y Flora, eran una familia modesta que en diciembre de 1936 recibieron el cuerpo de su hijo, muerto en el frente cerca de Bergara «en defensa de la patria», siendo enterrado el 19 de diciembre. Veintitrés años después, el 17 de marzo de 1959, sus padres dieron autorización al Gobierno Civil para que se llevaran sus restos al Valle de los Caídos. Con su ataúd fue trasladado también el de Nicolás Pérez García que murió con 21 años en el frente de Valencia luchando contra los republicanos el 13 de agosto de 1938. Nicolás había nacido en una familia de jornaleros el 10 de septiembre de 1916 en Barca (Soria), un pueblo de menos de 100 habitantes. Lejos de su casa fue enterrado con otros tres jóvenes en el cementerio de Tudela, apenas tres días después de fallecer, en la sepultura 2 de la fila 1. Hoy sus restos siguen en el Valle de los Caídos.

CORRESPONDENCIA

Identificados y «sacrificados»

Éstos son dos breves epitafios de dos de los ocho cuerpos identificados que en marzo de 1959 el Gobierno Civil de Navarra decidió que tenían que engrosar las criptas de la recién concluida obra del Valle de los Caídos, iniciada en 1940. En estos ocho casos hubo autorización familiar, pero no así en los otros 241 navarros sin identificar que se desenterraron apresuradamente de fosas comunes (la mayoría en la Ribera) para tratar de llenar aprisa y corriendo un monumento destinado a exaltar la memoria de «los héroes y mártires de nuestra gloriosa Cruzada». Pese a que ésta fue la intención inicial, así se ordenaba en un decreto firmado por Franco el 1 de abril de 1940, más tarde se cambió de criterio y el 23 de agosto de 1957 pasaba a ser un «monumento a todos los caídos, sobre cuyo sacrificio triunfen los brazos pacificadores de la cruz».

Las criptas abiertas bajo aquella cruz megalómana, de 300 metros de altura, había que llenarlas y esa labor se encomendó al ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega. Éste ordenó a todos los gobiernos civiles que antes del 20 de noviembre de 1958 enviaran un informe en el que se detallara la siguiente relación: «a) número de enterrados en cementerios identificados y con conformidad familiar para su traslado; b) número de enterrados en cementerios no identificados o en fosas comunes; c) número de enterrados en cementerios especiales de caídos en el frente que estén identificados y d) número de enterrados en cementerios especiales de caídos en el frente que no estén identificados». A todo ello había que añadir un mapa de 60×60 que determinara «dónde existen caídos a trasladar».

En tan minuciosa orden se explicaba también que las cajas que se construyeran para recoger restos colectivos sin identificar deberían «poder contener restos de 15 personas». Eficientemente, el gobernador civil de Navarra, Manuel Valencia Remón, remitió una misiva el 24 de noviembre preguntando qué debían hacer con los fusilados conocidos o anónimos, a los que denominaban personas «sacrificadas». La pregunta evidencia no sólo el conocimiento que tenían las autoridades de las numerosas fosas comunes de Navarra, dentro y fuera de los cementerios, sino también la seguridad de que muchas personas fueron asesinadas. Llama la atención el término «sacrificadas» que, bajo su criterio, se emplea en aras de la «gloriosa cruzada nacional».

En esa misiva Manuel Valencia preguntaba qué debía hacer en dos casos concretos: «1- Enterramientos hechos en el campo, en lugares más o menos localizados de personas sacrificadas, unas identificadas y otras sin identificar, y 2- Enterramientos colectivos que fueron hechos en cementerios de personas sacrificadas, no identificadas la mayoría, pues sólo en algún caso aislado existen datos más o menos vagos sobre ellas».

En la relación enviada cuatro días después desde Navarra se apuntaban cuatro nombres que tenían autorización familiar para ser sepultados en el Valle de los Caídos: Mariano Sanz Martínez, Ciriaco García Pacheco, Emilio Hernández Cañas y Elías Marchite Jiménez. Los tres primeros procedían del cementerio de Pamplona y el cuarto de Ribaforada. Curiosamente sólo este último era navarro ya que los tres anteriores habían nacido en Tetuán, Gallegos de Argañán (Salamanca) y Santiago de la Puebla (Salamanca). Todos ellos eran muy jóvenes y tenían poco más de 20 años. Además el gobernador civil añadía que esperaban confirmaciones de 13 alcaldías sobre varios enterramientos para su traslado.

Hasta marzo de 1959 las misivas entre ambas autoridades se sucedieron. En la mayoría de los casos se hizo para pedir instrucciones sobre cómo actuar en el caso de los traslados de personas «sacrificadas» y no identificadas. Así el gobernador de Navarra preguntaba si debían realizar averiguaciones sobre la identidad de los fusilados en el caso de «enterramientos de personas sacrificadas no identificadas pero respecto de las cuales existen algunos datos, habiendo concretamente en el pueblo de Azagra un lugar en el que se sospecha existe una fosa común por aparecer todos los años en la festividad de Todos los Santos varias coronas de flores».

Finalmente el 21 de marzo se avisó de que dos días después viajarían hasta el valle de Cuelgamuros 7 cajas individuales («con permisos familiares») y 9 colectivas, un envío que se confirmó a través de un telegrama al día siguiente: «Próximo día 23 serán trasladados restos caídos de esta provincia a Valle Caídos calculándose llegarán monumento sobre 19 horas».

Cada una de las provincias españolas (todas trasladaron restos menos Ourense, A Coruña, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife) se encargaron del traslado y de construir las cajas de pino que portarían los restos (individuales o colectivas para 15 personas donde se mezclaban huesos de distintos pueblos y fosas). Posteriormente, debían enviar las facturas al Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos para ser abonadas. En el caso de Navarra, las cajas y la gasolina empleada para recuperar los cuerpos y enviarlos al monumento supusieron un gasto de 6.847 pesetas que debían entregarse «por cuadruplicado consignándose en ellas el descuento del 1,30% por pagos del Estado».

CONTRADICCIONES

Cuatro recuentos

Es imposible determinar la cantidad de restos que entraron en el laberinto de criptas (dos en cinco niveles a ambos lados del altar mayor de la basílica) y de capillas (seis en tres niveles en la nave central) que se construyeron en el monumento creado para mayor gloria de Franco. Según los registros de los monjes benedictinos, entre 1959 y 1983 llegaron 33.847 fallecidos, de los que 21.178 estaban identificados y 12.669 eran anónimos. Sin embargo, no existe ningún estudio que confirme estas cifras y el mal estado en que se encuentran las cajas y columbarios por la «dispersión y mezcla de restos óseos», hace «imposible relacionar los restos con los libros de registro», tal y como relata un informe del Ministerio de Justicia de febrero de 2011 que califica de «complejidad extrema» la posibilidad de identificar los restos que allí permanecen, en muchos casos esparcidos por el suelo y fuera de las cajas.

En el caso de Navarra existen hasta cuatro cifras distintas. Si el listado enviado por el Gobierno Civil el 17 de enero de 1959 habla de 249 cuerpos (8 de ellos identificados), las fichas de entrada en el registro del Patronato de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (21 de marzo de 1959) citan 81 cuerpos, de los que 7 llegan identificados. A estos dos cálculos hay que unir otros dos, el que ofrece el Ministerio de Justicia (en base a ese mismo registro) y el de la doctora Queralt Solé i Barjau en Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea. El primero cifra en 149 navarros (8 identificados) los que están en el mausoleo, la segunda apunta que llegaron 144 cuerpos de Navarra, de los que 7 estaban identificados.

Semejante galimatías no puede tener otra explicación que la poca rigurosidad con que se hicieron las exhumaciones ya que en los listados no coinciden las localidades en donde se abrieron fosas comunes ni el número de los cuerpos que se extrajeron de las mismas. Para mayor complicación, en febrero de 1980 familiares de fusilados consiguieron sacar del Valle de los Caídos restos de 133 personas, si bien tampoco se registró documentalmente la salida. Este logro-son las únicas exhumaciones que se han realizado en el valle de los Caídos-, se consiguió gracias a la autorización del historiador Javier Tusell, entonces director de Patrimonio Artístico en el Ministerio de Cultura de UCD. Aquellos 133 fusilados procedían de Allo (6), Azagra (19), Corella (27), Larraga (1), Lodosa (5), Los Arcos (6), Mendavia (2), Pamplona (52) y San Adrián (15).

Si bien no coinciden las cifras, más ilógico resulta que tampoco lo hagan los nombres de las localidades de donde se llevaron fallecidos. Si tomamos como bueno el listado del Gobierno Civil, de Navarra se exhumaron cuerpos en Aberin (7), Arano (1), Ayegui (5), Azagra (5), Cadreita (4), Marcilla (7), Milagro (27), Murillo el Cuende (4), San Adrián (10), Tafalla (20), Tudela (1), Ribaforada (1), Pamplona (5), Urraul Bajo (18), Vera de Bidasoa (130) y Yerri (4). El total eran 8 personas identificadas y con consentimiento familiar (cinco de Pamplona y uno de Tudela, Tafalla y Ribaforada), 197 no identificados enterrados en fosas comunes de cementerios y 44 no identificados que habían sido sepultados fuera de cementerios.

Pero las cuentas de los monjes, plasmadas en las fichas de ingreso bajo el lema «relación de los gloriosos restos procedentes de la Cruzada Nacional que se envían para su eterno descanso al Monumento Nacional de la Santa Cruz de los Caídos en Cuelgamuros», no concuerdan con las anteriores. En éstas se apuntan, además de los siete identificados de Pamplona, Tudela y Ribaforada (no aparece el de Tafalla), cajas con cuerpos procedentes de Aberin (5), Cadreita (5), Arandigoyen (valle de Yerri, 10), Ayegui (5), Murillo (Valle de Yerri, 22) y Milagro (27).

Para el Ministerio de Justicia, este listado tampoco es correcto porque en sus archivos figura una entrada de cajas procedentes de Murieta (1 identificado), Murillo el fruto (22 cuerpos), Pamplona (5 identificados), Ribaforada (1 identificado), Tudela (1 identificado), Aberin (8 no identificadas), Ayegui (15 no identificadas), Cabanillas (1 no identificado), Cadreita (68 no identificados), Milagro (27 no identificados).

Ni siquiera los cuerpos identificados que se trasladaron desde Navarra al Valle de Cuelgamuros (lugar donde se encuentra el mausoleo) tienen el mismo registro. Si el listado inicial del Gobierno Civil da la cifra de 8 personas (sin ofrecer nombres), según los monjes benedictinos sólo 7 cuerpos entraron en la cripta. En esas fichas sí se enumera con nombres, apellidos, edad y origen a los únicos que se trasladaron, según las autoridades, con consentimiento familiar. Curiosamente, de ellos seis son nacidos fuera de Navarra, aunque fueron enterrados en localidades de la Comunidad Foral.

Existen testimonios de personas que sufrieron en sus carnes el dolor de la posibilidad de que desaparecieran los restos de sus familiares. Es el caso de los hijos del que fuera alcalde de Estella asesinado en 1936, Fortunato Aguirre. Casi de forma clandestina se hicieron con los restos de su padre, enterrado junto al cementerio de Tajonar, cuando supieron que las autoridades querían trasladarlo. Según publicó DIARIO DE NOTICIAS el pasado mes de septiembre, «empezó a oírse que iban a sacar los cuerpos y los iban a llevar a Cuelgamuros. El ama estaba intranquila y se asustó porque no querían que se lo llevaran. Después de ir de aquí para allá, a Sanidad, al Gobierno Militar, al párroco de Tajonar conseguimos llevárnoslo a Estella».

El historiador Iñaki Egaña relata asimismo como cuatro vecinos de Cárcar fueron desenterrados de un campo de Arizala y trasladados al Valle de los Caídos, junto a otros cinco fusilados en Ayegui que llevaban enterrados junto a la carretera 23 años. Además asegura que los cuerpos de Francisco Nagore y Jesús Azcona, presidente y secretario de UGT en Estella, también fueron conducidos al mausoleo.

Vista de la desinformación, y cómo se realizaron los traslados, se hace evidente la deducción de que nunca se podrá saber ni quiénes ni cuántos fueron exhumados de suelo navarro para ser enterrados en un mausoleo que glorificaba todo aquello contra lo que habían luchado el 99% de los navarros que permanecen bajo la enorme cruz.

http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/04/sociedad/

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Vista aérea del Valle de los Caídos con la enorme cruz sobre el monte. (ARCHIVO)

NIÑOS ROBADOS

Paterna protege las tumbas y fosas comunes de los fusilados por el franquismo

El PP apoya la petición de EU para que la ordenanza incluya que se conserven los nichos históricos

CÈSAR GARCIA PATERNA 

El Ayuntamiento de Paterna garantiza en su nueva Ordenanza General de Cementerios la preservación con carácter permanente de todas las fosas, sepulturas y nichos donde están enterrados los más de 2.200 fusilados republicanos durante la dictadura franquista, entre los que se encuentra el doctor Peset Aleixandre. El camposanto de la capital de l’Horta Nord se ha convertido en un lugar de la memoria histórica en la Comunitat Valenciana, pues hay varios monolitos que recuerdan y homenajean a los represaliados. 
El pleno aprobó por unanimidad una enmienda de Esquerra Unida en la que su portavoz Javier Parra solicitaba que, en la normativa que regula la gestión del cementerio municipal, se insertara que se garantizaría la conservación de todas y cada una de las tumbas que homenajean a los «murieron por la libertad en España», tras caer la II República por la victoria del dictador Francisco Franco en la Guerra Civil. 
El teniente alcalde del área de Servicios Municipal, el popular Alfonso Romero, explicó que era necesario dotar al municipio de una nueva ordenanza para regular la gestión del cementerio, así como proceder a la revisión de las concesiones vencidas y la reutilización de las unidades y nichos que no hayan sido renovados en los últimos tiempos. Posteriormente, se aprobará una modificación de las actuales tasas. 
Romero explicó que el cementerio es un bien inalienable al ser un dominio público por lo que la concesión de derechos a perpetuidad es incompatible y tiene el límite máximo de 99 años. Dada la singularidad de algunos enterramientos de cientos de personas en fosas comunes durante la represión franquista, el edil indicó que no existía inconveniente en hacer la «excepción por su carácter histórico para garantizar a perpetuidad el valor del recuerdo» como homenaje a los republicanos. 
Pero el PP también añadió, a través de la alcaldesa en funciones Sara Álvaro, que la enmienda de EU incluyera la obligación de conservar las tumbas de personajes relevantes de la política, la ciencia o la cultura, como puede ser el enterramiento del popular actor paternero Antonio Ferrandis. Parra aceptó esta propuesta, así como socialistas y Compromís. 

El Gobierno financiará la exhumación de un ejecutado en 1940

El Gobierno aprobó la pasada semana, en uno de sus últimos acuerdos, financiar la primera exhumación que se realizará en una fosa común de Paterna. Se trata de la petición de la familia de José Celda Beneyto, un agricultor de Massamagrell enterrado en una fosa común del cementerio, donde fue fusilado el 14 de septiembre de 1940. Su hija Josefa Celda conserva hasta un mechón del pelo de su padre y los familiares quieren tener localizada la fosa. Al parecer José fue enterrado con una botella entre las manos, en cuyo interior hay un papel con su nombre. Levante-emv paterna

http://www.levante-emv.com/comarcas/2011/12/02/paterna-

protege-tumbas-fosas-comunes-fusilados-franquismo/861676.html

Paterna protege las tumbas y fosas comunes de los fusilados por el franquismo  abelard comes

NIÑOS ROBADOS | LOS PADRES NO VIERON A SUS HIJAS AL NACER, DESPUÉS LES DIJERON QUE HABÍAN MUERTO PERO NO HAY DOCUMENTOS

“El robo de las niñas fue el regalo de navidad”

Matías y Elena, padres de dos gemelas nacidas el 20 diciembre de 1978 en el hospital de La Paz de Madrid que supuestamente murieron, no tienen informes que acrediten el fallecimiento.

MARÍA JOSÉ ESTESO POVES (REDACCIÓN)

VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2011.  NÚMERO 162

“Las niñas nacieron el 20 de diciembre de 1978 en el hospital de La Paz de Madrid. En ningún momento, ni mi mujer ni yo, las vimos”, dice Matías López, padre de gemelas sietemesinas que supuestamente murieron a las pocas horas de nacer. Sin embargo, los padres no tienen ningún documento oficial en el que conste el fallecimiento de las pequeñas, “la noticia nos la dio el médico”, explican. Aunque han pasado 33 años de aquello, Elena López, la madre de las niñas apunta que nunca creyó que sus hijas murieran. «Me acuerdo mucho de ellas, me gustaría decirles que nosotros no las abandonamos…».

Prohibido ver a sus hijas

Los padres tenían 23 años y esperaban su primer hijo. Cuando Elena se puso de parto nació una niña: “La oí llorar, pero se la llevaron corriendo, no me la enseñaron. Pesó un kilo y doscientos gramos según me dijeron después. A los pocos minutos sentí contracciones y nació otra niña, la criatura berreaba. También se la llevaron y no me permitieron ni darle un beso. No sabíamos que venían dos bebés, antes no hacían ecografías”, recuerda la madre.

Mientras ella daba a luz en la planta once del Hospital Universitario de La Paz, su marido esperaba en el hall del hospital. “Me prohibieron estar con mi mujer durante el parto. Luego me llamaron por megafonía, el médico se dirigió a mí y me dijo que las niñasestaban sanas pero tenían que estar en la incubadora y no podía verlas”, relata Matías.

“ESE MÉDICO ME DIJO QUE COMO LA NIÑA MURIÓ A LAS 24 HORAS ERA MEJOR PONER QUE VIVIÓ SÓLO 23 Y ASÍ ME AHORRABA EL ENTIERRO”

Doce horas después le comunicaron que la primera gemela había muerto por insuficiencia respiratoria. Matías pidió ver el cadáver. “Me llevaron al sótano y de una cámara frigorífica, me mostraron un bebé –fueron segundos– estaba envuelto y apenas se le veía la cara”, y añade: “Pero en realidad yo no había visto a las niñas antes. No puedo afirmar que aquel bebé fuera mi hija”. Pasadas otras doce horas, el mismo doctor que le explicó que las pequeñas tenían que estar en la incubadora, le trasmitió que la segunda gemela también había fallecido por insuficiencia respiratoria.

Ese ginecólogo le propuso que donase el cuerpo de la pequeña y le hizo firmar un papel. “Me dijo que como la niña había vivido 24 horas, era mejor poner en el registro una hora menos: que había fallecido a las 23 horas. Él se encargaba… y me explicó que así me ahorraba el entierro y podía ceder el cadáver al hospital para su estudio. Yo accedí pero me encontraba tan mal que esta vez ni siquiera pedí ver el cuerpo de la segunda gemela”, argumenta Matías.

Ese último mes del ‘78, en el que nacieron sus hijas, su hermano acababa de morir en un accidente y se encontraba muy afectado: “No supe reaccionar”, reconoce el padre las pequeñas.

Elena, su exmujer, se lamenta: “me hubiera llevado a mis hijas, fuesen dos o cuarenta entierros”.

Sin informes médicos

El padre repite que confió en ese médico, pero no sabe cómo se llama. Ahora tiene sospechas y asegura que en estos últimos meses le encaja la actitud del ginecólogo: “Era un doctor muy confuso y negativo en sus explicaciones”.Pasados tres días dieron el alta a la madre, pero el hospital no entregó ningún parte de alta ni informe alguno de aquellas muertes.

En enero de este año, el padre de las gemelas rompió su silencio. Llamó a su exmujer y le preguntó: “Elena, ¿tú oíste llorar a las niñas?” Ella le respondió que sí y se echó a llorar. Hasta hoy no habían repasado los detalles sobre el nacimiento de sus hijas.

Él señala que tras escuchar en los medios de comunicación casos “calcados” al suyo, decidieron integrarse en la Asociación Nacional de Afectados por las Adopciones Irregulares (Anadir) y presentar una denuncia.

A primeros de año fueron registrados con el número de socio 2.500 de esa asociación, en la que existen familias con historias similares a la suya, ocurridas en los ‘70 en el hospital de La Paz. Después, Matías y Elena redactaron un documento con los datos del nacimiento de sus hijas gemelas y denunciaron a través de Anadir.

El relato de los hechos fue entregado el pasado 25 de octubre a la fiscal de Madrid que instruye las denuncias de niños robados en Madrid, Olga Herranz Sanz. También adjuntaron los tres documentos de que disponen: la pulsera identificativa de la madre, una cartilla médica de la maternidad que la madre conservaba en la que consta la fecha de nacimiento de las pequeñas, el sexo y el peso, mientras que el apartado de “fecha de alta” permanece en blanco. En ese cartoncito tampoco se consignó El médico que atendió el parto de Elena.

El tercer documento entregado a la fiscalía es un certificado expedido por el registro civil en el que se acredita que “no existe ningún legajo (informe) de aborto” [según registro: bebés nacidos y fallecidos con menos de 24 horas de vida] de la maternidad de La Paz con los datos de la madre. Pero los papeles que arrojarían más luz a los hechos serían el historial clínico de la madre que, en teoría, custodia el hospital de La Paz, pero, de momento, este centro público niega a la familia. “Nos están dando largas desde hace ocho meses –dice el padre–. Además, nos han dado ya dos números distintos de historia clínica, aunque no nos la entregan. Cada dos meses nos cuentan lo mismo: ‘Estamos buscando’. Quieren que nos cansemos”.

UN CERTIFICADO DEL REGISTRO CIVIL ACREDITA QUE “NO EXISTE NINGÚN LEGAJO DE ABORTO DE ESA FECHA CON ESOS DATOS”

En abril solicitaron lo relativo a las gemelas y rellenaron una solicitud con fechas y “motivo”. Pasados los meses les respondieron que no tenían nada, pero el hospital equivocó las fechas del parto. En julio, volvieron a cursar la solicitud y pasados otros dos meses el archivo del hospital les entregó un resumen de cuatro líneas con fecha de nacimiento y peso de los bebés. Nada más. En noviembre solicitaron fotocopia completa de la historia clínica. Están de nuevo a la espera.

Los padres, que tuvieron dos hijos más en La Paz, no entienden por qué tanta demora. “El robo de las niñas fue el regalo de navidad”, concluye con angustia, Matías.

MATÍAS LÓPEZ. El padre de las gemelas supuestamente muertas explica a DIAGONAL desde su tienda de fotografía que La Paz no les entregó ningún papel: «Ahora hemos solicitado la historia clínica pero nos están dando largas desde hace ocho meses”. Foto: David Fernández.

LAS HISTORIAS CLÍNICAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DE MADRID NO APARECEN

El derecho al acceso de la historia clínica de los pacientes esta recogido en la Ley General de Sanidad 14/1986 que refuerza el Real Decreto 63/1995. Sin embargo, desde que muchos medios de comunicación han publicado reportajes sobre el robo de niños en varios hospitales, las asociaciones de afectados denuncian que los hospitales se niegan a entregar los expedientes, argumentando que no existen. Ese es el caso de A.O.C., madre de una niña que supuestamente murió nada más nacer, el 4 de abril de 1976 en el hospital madrileño de La Paz, caso que DIAGONAL publicó en febrero de este año (número 144). José Antonio Usandizaga, ginecólogo responsable de Obstetricia y Ginecología de La Paz y director de la maternidad durante esos años, firmó un documento en mayo de 1981, que el hospital entregó a esta madre, en el se resumía la historia clínica de ella.

El médico certificó que A.O.C, ese 4 de abril, tuvo un aborto de tres meses. No un nacimiento como ella relató a este medio. La madre escuchó llorar a la niña pero no se la dejaron ver. Después tuvo tres hijos más en ese centro. Hace cuatro meses pidió al hospital su historia clínica. La Paz le responde que: “No existe documentaciónalguna asociada a esos datos (los de sus partos)”.

http://www.diagonalperiodico.net/El-robo-de-las-ninas-fue-el-regalo.html

Respuesta expediente Hospital La Paz 2

Garzón dice que en España todavía hay franquismo

DPA. BOGOTÁ

El juez español expresó en Bogotá que por una interpretación subjetiva de las normas está siendo juzgado por algo que según él desconoce.

El juez español Baltasar Garzón dijo este jueves en Bogotá que en España todavía hay Franquismo, al referirse a su procesamiento por haber actuado como jurista en contra de los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco entre 1936 y 1975. 

«Yo hice lo que tenía que hacer desde el punto de vista judicial, creo que cualquier otro juez debería haber hecho lo mismo. Sé que era complicado porque el Franquismo en España es algo que todavía está vivo y latente también, pero yo actué como juez interpretando las normas nacionales e internacionales como había hecho en otros casos similares y no me arrepiento de haberlo hecho», señaló Garzón en diálogo con Caracol Radio. 

El juez, que se desempeña como asesor del gobierno colombiano en materia de derechos humanos a través de la OEA, aseguró que «no había otra opción diferente» a la de juzgar a quienes ejercieron violencia física, económica, política y cultural durante la guerra española y la posterior dictadura que duró casi 40 años. 

Sin embargo, Garzón expresó que por una interpretación subjetiva de las normas está siendo juzgado por algo que según él desconoce. 

«Lo llamativo es que por una interpretación de las normas se puede llevar a la justicia a otra persona, pero los ciudadanos somos iguales ante la ley (.) considero que no hay base ninguna, es más, no sé de lo que me tengo que defender todavía», agregó el juez. 

Al finalizar, Garzón pidió que el juicio se celebre lo más pronto posible y aseguró que seguirá defendiéndose para demostrarle al tribunal y a la sociedad que él no cometió ningún delito. 

http://www.heraldo.es/noticias/nacional/garzon_dice_que_

espana_todavia_hay_franquismo_167278_305.html

Baltasar Garzón.EFE

El Valle de los Caídos, tal como está

Con su mastodóntica cruz y sus basílicas y grutas debe seguir como monumento a la barbarie y el fanatismo

ANTONIO Aramayona 02/12/2011

Una gigantesca cruz de 150 metros de altura, cuyos brazos miden 46 metros, es visible a decenas de kilómetros de distancia del Valle de los Caídos. Allí están hoy enterradosJ.A. Primo de Rivera, fundador de Falange española, y el general golpista y dictador hasta su muerte,Francisco Franco, quien mandó construir ese monumento de estética y significado netamente fascistas. Allí están sepultados decenas de miles de españoles (centenares de ellos sin el consentimiento de sus familiares), muertos en una delirante y criminal guerra civil, que terminó con la democracia y la República española.

Decenas de miles de prisioneros republicanos trabajaron allí con el obligado señuelo de la redención de penas (¡penas por cometer el delito de defender el orden constitucional!), excavaron 200.000 metros cúbicos de roca, sufrieron y murieron, para que los vencedores erigieran una basílica de 262 metros de longitud, regentada (cómo no) por monjes de la SICAR (Santa Iglesia Católica Apostólica Romana). Allí está enterrado desde 1975 el criminal mayor, el «sapo iscariote», como escribió León Felipe Camino. También allí se congregan cada 20-N los nostálgicos de la barbarie.

El hasta ahora ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha rogado que no se meta en un cajón un informe elaborado por unos peritos, donde se propone una reconversión del Valle de los Caídos en un «centro de meditación» y de «memoria reconciliada». Los que se van han tenido ocho años para hacer lo que no han hecho. Los que vienen dicen que hay asuntos más urgentes en España, lo cual, además de ser verdad, anuncia que no tienen la menor intención de hacer algo. La SICAR, como siempre, no sabe/no contesta:Rouco Varela se limitó a retirar sin más explicaciones de la comisión a su obispo representante.

Franco decretó la construcción del Valle de los Caídos para «…perpetuar la memoria de los caídos de nuestra gloriosa Cruzada (…), los heroicos sacrificios que la Victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya». El Valle de los Caídos es un monumento del fascismo y la dictadura, que nadie venga con desodorantes y maquillajes, pretendiendo cambiar lo que no debe ser cambiado.

Eso me recuerda la visita que realicé a inicios de los 70 al campo de concentración de Dachau, aprovechando que pasaba por una carretera secundaria del norte de Baviera muy cercana del campo. Dachau era y sigue siendo un inequívoco lugar para la memoria de la brutalidad nazi, sin más aditamentos. En Dachau no hay nada ni nadie que reconciliar, sino solo que ver, mirar, recordar y quedar sumido por unas horas en el horror y la zozobra. Dachau, como Treblinka, Mauthausen, Auschwitz y tantos otros campos de concentración, están conservados para mantener la memoria nuda, sin edulcorantes ni moralinas.

Hay quien ha pedido colaboración para tal «reconversión» del Valle de los Caídos a la SICAR, la mayor suministradora de la ideología que mantuvo al régimen fascista del bando rebelde. ¿Habrá leído alguna vez, por ejemplo, la «Carta Colectiva del Episcopado español a los obispos del mundo entero» de 1937? ¿Cómo pedir colaboración para reconciliar al pueblo a quienes justificaron un levantamiento militar contra la legalidad constituida, a quienes condenaron en vida y a muerte a decenas de miles de seres humanos en nombre de su cruzada contra el comunismo, el judaísmo y la masonería?

El Valle de los Caídos es un monumento fascista, construido desde y por el nacionalcatolicismo, que aspira a ser por decreto lugar de «memoria reconciliada» en un país donde la verdadera memoria ha sido negada y obstruida. Hace escasos meses la oposición tuvo que exigir aún que Millán Astray deje de ser definitivamente «hijo predilecto» de A Coruña. ¿Es eso memoria reconciliada? Quien propugne asimismo memoria reconciliada, puede ir denunciando el Concordato de 1953 –jamás derogado– y los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y el Estado del Vaticano, pues solo puede conseguirse un marco real de convivencia entre todos los ciudadanos españoles sobre la base de una democracia real y de un Estado aconfesional y laico.

El Valle de los Caídos debe quedar como está, con su mastodóntica cruz y sus basílicas y grutas, como monumento a la barbarie y el fanatismo. Así, los hijos de nuestros hijos y los nietos de nuestros nietos tendrán ocasión de ver con sus propios ojos lo que nunca se debe ser, lo que jamás debe hacerse y consentirse.

Profesor de Filosofía

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/

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