Aremehisa intentará localizar una fosa con doce represaliados

30/09/2010 JOSE LUIS PIÑOL

La Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera comenzará en los próximos meses los trabajos de localización y ubicación de las fosas comunes de la Guerra Civil, existentes en el interior del cementerio municipal de San Sebastián de los Ballesteros, tras recibir ayer, por parte del alcalde, Mateo Luna, la autorización pertinente para realizar esta intervención.

El único suceso de que se tiene constancia de ajusticiados durante la Guerra Civil en San Sebastián de los Ballesteros corresponde a un grupo de doce, entre ellos cuatro mujeres, todos vecinos de La Victoria, que en septiembre de 1936 fueron trasladados a la vecina localidad de San Sebastián de los Ballesteros para, supuestamente, ser interrogados por la Guardia Civil. Sin embargo, al parecer fueron trasladados directamente hasta el cementerio municipal y ante uno de sus muros fueron fusilados y sepultados en una o dos fosas comunes.

Ahora, 74 años después, se pretende encontrar los restos mortales para que sus familiares les puedan rendir el homenaje que se merecen.

http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=587549

Las víctimas citan en Argentina a los dirigentes del franquismo

Reclaman a la jueza que pida al Gobierno español la lista de ministros de Franco aún vivos

DIEGO BARCALA MADRID 30/09/2010 08:20

Si el Estado español, a través de sus diferentes poderes democráticos, ha investigado o está investigando los crímenes del franquismo, lo tendrá que demostrar ante un juzgado argentino. Las víctimas de la dictadura que apelaron el pasado 14 de abril a la justicia universal mediante una denuncia en Argentina contra los crímenes de Franco han solicitado a la jueza encargada del caso que pida al Gobierno español los nombres de los ministros franquistas vivos y muertos, jueces colaboradores, altos mandos de Falange y de las Fuerzas Armadas que cometieron crímenes e incluso el listado de empresas que se beneficiaron económicamente de los trabajos de los presos.

La lista de peticiones de los denunciantes responde a la decisión del pasado 3 de septiembre de la Cámara Federal que obliga a la jueza María Romilda Servini de Cubría a solicitar al Gobierno español un exhorto por vía diplomática para que informe «si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física, llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977″.

Respuesta de Caamaño

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró en el Congreso de los Diputados que el Gobierno colaboraría con la solicitud que llegue de Argentina. Para que esa solicitud se ajuste a lo pretendido por las víctimas de los crímenes de Franco, los denunciantes enumeran lo que se debe solicitar. «Ante la posibilidad de que el Gobierno diga que a través de algunos juzgados territoriales se está investigando, queremos dejar claro que los pocos jueces que han continuado con los procesos abiertos por Garzón apenas se han limitado a localizar la fosa e identificar el cuerpo. Nada más. Y eso no puede considerarse cosa juzgada«, explica el abogado demandante, Carlos Slepoy.

Las víctimas reclaman ocho campos de investigación para determinar lo sucedido y su responsabilidad. Una de esas peticiones reclama el número de empresas que operó durante el franquismo con presos obligados a trabajar. «Tanto las compañías como sus directivos tienen que dar explicaciones y en su caso determinar las indemnizaciones», explica el abogado.

Los querellantes piden que se envíe desde España el proceso abierto en el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón por supuesta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Además, piden el envío del sumario que abrió el magistrado para demostrar que «en este momento» se está impidiendo a las víctimas de un «genocidio», denunciar los delitos que han sufrido.

El letrado de las víctimas recuerda que la justicia argentina no tiene que detener su investigación ante una hipotética respuesta del Gobierno en la que se asegure que sí se ha investigado. «En el caso de los niños robados por la dictadura argentina abierto en España por Garzón había juicios abiertos en Argentina, pero eso no impidió a España investigar. Lo mismo ocurrió en Ruanda, por poner otro ejemplo», explica Slepoy.

La Cámara Federal corrigió la postura del fiscal que recomendó el cierre del caso porque había comprobado «a través de Internet» que en España había ya investigaciones pendientes. Este tribunal ha establecido como periodo a investigar las fechas acotadas por los denunciantes que hablan desde julio de 1936 a junio de 1977. «Los jueces que firmaron las penas de muerte de septiembre de 1975 en juicios sin garantías tienen su responsabilidad», ejemplifica el letrado.

Los denunciantes equiparan la Ley de Amnistía de 1977 con las leyes de impunidad derogadas en Argentina en los juicios a la dictadura militar. Esta ley exime a «los funcionarios públicos» de posibles delitos cometidos «en el ejercicio de sus cargos». «Algunos delitos no prescriben y en estos crímenes no existe la obediencia debida como eximente de la culpabilidad», concluye Slepoy

Policías, jueces y dirigentes de Falange

Sumario de Garzón

Los denunciantes reclaman a la jueza del Juzgado Federal nº1 de Buenos Aires que pida por vía diplomática el proceso de «investigación interrumpida» abierto por Garzón en la Audiencia Nacional y las resoluciones posteriores contra él como prueba de la impunidad del franquismo en España.

Ministros vivos o muertos

Reclaman a los organismos competentes «información sobre los nombres y último domicilio conocido» de los integrantes de los Consejos de Ministros entre 1936 y 1977. El Gobierno debería informar del domicilio de ex ministros vivos y en activo en la vida pública y privada como el senador Manuel Fraga -en la imagen-, el presidente de Sogecable Rodolfo Martín Villa o el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir.

Funcionarios públicos

Las víctimas piden los nombres de los militares, policías, jueces y dirigentes de Falange que durante el periodo citado pudieron colaborar en los crímenes. Los denunciantes destacan que la ley de Amnistía que exime a los funcionarios público que pudieron cometer delitos «en el ejercicio de su cargo» es una norma inválida como lo eran las de impunidad de la dictadura argentina.

Número de víctimas

Los denunciantes piden datos de los torturados, los desaparecidos, los asesinados o los perseguidos por la dictadura fascista en España. El objetivo es establecer el número máximo de testimonios y pruebas de que Franco y sus colaboradores establecieron un plan de terror fascista.

http://www.publico.es/espana/339121/victimas/citan

/argentina/dirigentes/franquismo

Darío Rivas, hijo de fusilado, y Nora Cortinas, de las Madres de Mayo, el día que presentaron la querella.AFP

Covanera

Los restos exhumados de la fosa común reciben sepultura

Al acto en el cementerio asistieron familiares de 14 víctimas localizadas en el año 2007

DIARIODEBURGOS.ES

El pasado domingo se procedió a inhumar, en el cementerio de Covanera, los restos de 14 de las 15 víctimas exhumadas en la fosa común de la localidad durante el año 2007, víctimas en diciembre de 1936 de la represión de los sublevados durante la Guerra Civil.
El acto, que contó con la presencia de las familias de las víctimas, fue organizado por la Coordinadora Provincial para la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos. Durante estos últimos tres años se han realizado trabajos de los antropólogos forenses para la identificación de las víctimas, a instancia de los familiares de los desaparecidos; una vez cumplido positivamente ese trámite, se procedió a darles sepultura.
Las familias de las víctimas, presentes en el acto, decidieron en su mayoría que los restos descansen juntos, en el cementerio del pueblo donde murieron, aunque algunos son de los alrededores.
Una de las familias, optó sin embargo, por recoger los restos de su familiar para inhumarlos en el panteón familiar. En todo caso, cada familia ha podido decidir lo que consideraba más oportuno y todas han respecto las decisiones adoptadas ante un tema tan delicado para los familiares.
El emotivo acto celebrado este último domingo en el cementerio de Covanera contó con la presencia del sacerdote de la parroquia, que dirigió una oración para el descanso de las víctimas y por sus familias.

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Provincia/20100929/

restos/exhumados/fosa/comun/reciben/sepultura/

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Un momento del acto celebrado en el cementerio de la localidad.

En el 2010 se han realizado cinco exhumaciones de fosas de los años 30

A las actuaciones que baraja Patrimonio se suman otras sin terminar o canceladas.Se calcula que en toda la comunidad hay más de 500 enterramientos.

26/09/2010 MARTA FRANCO

Hace un par de semanas concluyeron los trabajos para exhumar a cuatro vecinos asesinados en 1936 en Inogés, en el municipio de El Frasno. Es el último desenterramiento de fosas que se ha llevado a cabo en el 2010 en la comunidad. En todo el año se han llevado a cabo cinco actuaciones, según los datos que maneja el Gobierno de Aragón, que es el que debe autorizarlas. Además, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y sus colaboradores buscaron en junio, en Aladrén, los restos de tres soldados gallegos que fueron fusilados en 1937 por intentar pasar a las filas republicanas. Las labores tuvieron que ser canceladas al no encontrarse los cuerpos.

La Dirección General de Patrimonio tiene contabilizadas 27 actuaciones de este tipo desde el 2005, en algunos casos con varias personas enterradas. Faltan otras, como la de Rubielos de Mora –en la que solo se han encontrado dos de los más de 40 cadáveres previstos y que todavía debe continuar–, o como la que en julio del 2009 sacó a la luz los restos de dos hombres en Valdearnero, en Calatayud, y que enfrentó al departamento con la ARMH, a la que amenazó con sancionar por haber llevado a cabo la exhumación sin contar con los permisos.

519 FOSAS Estas cifras siguen siendo muy bajas. El mapa de fosas presentado en marzo de este año por Patrimonio contempla un total de 519 fosas, y ya el propio director general, Jaime Vicente, reconoció que podrían aparecer más. Una de las principales reivindicaciones de los colectivos en defensa de la recuperación de la memoria histórica es, precisamente, que sean las propias administraciones las que se encarguen de llevar a cabo la recuperación de los cuerpos, tal y como recordó Enrique Gómez, de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA). Hasta ahora son los propios familiares los que –normalmente con la colaboración de otros colectivos– deben encargarse de promover estas actuaciones y de conseguir subvenciones para llevarlas a cabo. Un proceso que puede durar más de un año y que implica largos trámites.

Aun así, el Gobierno de Aragón tiene previsto instalar monolitos en todas las fosas con el objetivo de dignificarlas, que se irán colocando a lo largo de este año y el que viene. Estas actuaciones se enmarcan dentro del programa Amarga Memoria, una iniciativa que pretende fomentar «la investigación y la difusión del período comprendido entre la proclamación de la II República española y la Transición» apoyando, por ejemplo, la organización de jornadas, congresos o exposiciones, la publicación de libros o la investigación, pero no específicamente las exhumaciones.

En la mayor parte de España, la única ayuda que se puede solicitar es la que ofrece el Ministerio de Presidencia, que suele oscilar entre los 20.000 y los 40.000 euros. «Nos gustaría que, ya que no se hace cargo el estado, como debería, que al menos la comunidad autónoma aportara algo», explicó Gómez, antes de lamentar que, de hecho, la subvención máxima que se puede solicitar a Amarga Memoria ha bajado de los 100.000 euros a los 70.000.

COLABORACIÓN Los avances van llegando, aunque despacio. En enero del 2008, la ARMHA firmó un convenio de colaboración con la DGA y la Universidad de Zaragoza para, fundamentalmente, realizar estudios de ADN de los restos encontrados en exhumaciones, una labor costosa en tiempo y en dinero. Esta cooperación, coordinada por la investigadora Begoña Martinez Jarreta, supone un paso adelante en la identificación de los cadáveres, que solo se lleva a cabo en los casos en los que no hay otras alternativas.

Los implicados siguen reclamando una normativa aragonesa propia que sustituya a la mera adaptación de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Congreso de los Diputados en el 2007, que equipara los restos de estas fosas a los vestigios arqueológicos y sigue dificultando las exhumaciones. Mientras tanto, los descendientes buscan a sus familiares desaparecidos para ofrecerles una sepultura digna.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=612531

Foto:EL PERIÓDICO

¿Dónde está mi abuelo?

Las exhumaciones son procesos largos y costosos tanto en tiempo como en dinero Estas actuaciones, aunque se ejecuten con la ayuda de colectivos, solo se pueden poner en marcha a instancia de los familiares.

26/09/2010 M. FRANCO

Olga Maya Júlvez conocía la ilusión de sus familiares por recuperar los restos de su abuelo, fusilado en Inogés y enterrado en un campo de cerezos. Su cuerpo fue exhumado hace solo unos días, pero su madre ya había muerto. Olga Alcega pasó años llevando flores a un terreno de Magallón sin saber con seguridad si el padre de su padre estaría allí, junto a más de 80 personas asesinadas durante los años 30. Puri Fernández no pudo recuperar a su abuelo. A pesar de que los testimonios apuntaban a una sepultura en lo que ahora es el cementerio de Aladrén, es probable que sus restos fueran trasladados posteriormente a un osario, cubiertos por otras tumbas o que simplemente se hubiera construido encima en los más de 70 años pasados desde su muerte.

En cualquiera de los casos, las historias se repiten: años de frustración por heridas sin cerrar seguidas de meses de trámites cuando, finalmente, los descendientes –normalmente los nietos de las víctimas– empiezan el proceso para recuperar los cuerpos de sus familiares. La aprobación de la Ley de Memoria Histórica en el 2007 y la concesión de subvenciones para ejecutar estos trabajos facilitó la búsqueda de cadáveres que ya llevaban décadas desaparecidos. Las exhumaciones, sin embargo, siguen siendo operaciones largas y complejas.

El levantamiento de una fosa puede llevar más de un año de trabajo, dependiendo de los casos, del número de cuerpos y de las circunstancias. En algunas ocasiones, si la zona está perfectamente delimitada y todos los descendientes están de acuerdo, la exhumación puede ejecutarse en unos meses. Si no es así, el asunto se complica.

Estas actuaciones solo se pueden llevar a cabo a instancias de los familiares, si bien es habitual que estos recurran a colectivos como ARMHA o Arico, para agilizar los trámites y recabar apoyos. En otros casos son las propias asociaciones o investigadores los que se dirigen a los descendientes para ejecutar una exhumación, como en el caso de Rubielos de Mora, donde el arqueólogo Luis Avial, de Condor Georadar, impulsó con la Sociedad de Ciencias Aranzadi la búsqueda de la mayor parte de los 46 soldados de la 84 Brigada Mixta que fueron asesinados por sus propios mandos en 1938 tras conocer su historia en el libro Si me quieres escribir, de Pedro Corral.

El protocolo de fosas aragonés, dependiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural, establece que las solicitudes deben adjuntar una autorización de todos los familiares, accediendo explícitamente a la exhumación e indicando el destino final de los restos. ¿Qué ocurre en los casos en los que un descendiente no aparece, o rechaza la actuación? Según esta normativa, los promotores deberán demostrar que han hecho todas las gestiones posibles para la localización de los demás. Ante una negativa, y aunque esta no sea determinante, en principio son los familiares los que deben resolver la situación.

Trámites y ayudas

A partir de ahí comienza un proceso que requiere, por un lado, la petición de la ayuda correspondiente al Ministerio de Presidencia y, por el otro, la definición del proyecto y la búsqueda del personal. Los vestigios de las fosas de personas fusiladas son considerados en Aragón como restos arqueológicos, por lo que deben cumplir una serie de requisitos, que incluyen la presencia de un arqueólogo y un forense y la prohibición de utilizar medios mecánicos, lo que encarece y ralentiza los trabajos.

Por otra parte, no siempre es sencillo establecer con seguridad quién está en una fosa cuando los cuerpos llegaron hasta allí tras fusilamientos ilegales y sin documentación rigurosa más allá de los testimonios de personas que ahora ya son ancianas. En Singra, por ejemplo, la búsqueda en el 2008 de 12 republicanos acabó con la aparición de 36 soldados nacionales sin identificar, que nadie reclamó.

En este tipo de casos, las propias administraciones pueden hacerse cargo de los cadáveres, aunque es habitual que las familias hagan enterramientos comunes con lápidas que recuerdan la existencia de restos de personas desconocidas. Queda, además, la identificación, que se complica cuando requiere de pruebas de ADN. Estos análisis conllevan un proceso que no baja de los dos o tres meses, y que puede ascender a más de 1.000 euros.

Entonces, y solo entonces, termina el proceso. Los descendientes ya pueden tener la tranquilidad de saber dónde reposan los restos de sus familiares y, si quieren, llevarles un ramo. A esas alturas, ya llevan más de medio siglo muertos.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=612528

Foto:SERVICIO ESPECIAL / ÁNGEL DE CASTRO

Debate sobre las dificultades que implica cumplir el protocolo

26/09/2010

Los vestigios de estas fosas son considerados en Aragón como restos arqueológicos, por lo que deben atenerse a la ley de patrimonio cultural aragonés y cumplir una serie de requisitos. En julio del 2009, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) puso sobre la mesa el debate sobre las dificultades que implica este protocolo al exhumar a dos hombres enterrados en Valdearnero, en Calatayud, sin contar con los permisos necesarios. Asociaciones y partidos como CHA e IU se mostraron muy críticos con la actitud de la DGA, que amenazó con multar a la ARMH, aunque finalmente el conflicto se resolvió sin consecuencias. Los colectivos afectados reconocen que las demandas se han flexibilizado un poco, aunque siguen reclamando más cooperación.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=612530

GRAJAL DE CAMPOS / Memoria histórica

Vuelven a casa los restos mortales de los dos jornaleros represaliados

La ARMH recuperó los cuerpos de Jacinto Martínez y Elías Gutiérrez en 2007

C. Domínguez / Grajal
Siete décadas después de su asesinato, los familiares de Elías Gutiérrez de Godos y Jacinto Martínez Santos pudieron dar al fin una sepultura digna a estos dos represaliados de la Guerra Civil que, oriundos de Grajal de Campos, fueron tiroteados el 19 de septiembre de 1936 en un monte próximo a Gordaliza del Pino.
De este siniestro lugar, el Monte Calzadín, fueron rescatados hace apenas tres años gracias a la intervención de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) cuyos miembros, encabezados por Santiago Macías, se encargaron ayer de entregar los restos de los dos ‘paseados’ graliarenses a sus familiares.
El acto, cargado de emociones, tuvo como marco la Casa Palacio de los Condes de Grajal. Familiares, amigos, vecinos y miembros de la corporación asistieron a la entrega de las cajas por parte de la ARMH.
Tras el breve pero intenso acto, las familias de Jacinto y Elías se dirigieron en improvisada procesión hasta el camposanto de Grajal, donde los restos de ambos tomaron sepultura en las unidades de enterramiento familiares. La emoción y el llanto se mezclaron con la alegría de ver a estos dos hombres de nuevo en casa 74 años después de la tragedia.
Dos vidas, dos historias
Según recoge el historiador Vicente Martínez Encinas en su investigación ‘Grajal de Campos. La década conflictiva’ , Jacinto Martínez Santos era un jornalero agrícola “incapaz de practicar el mal a sabiendas y una persona de leyenda por su singularidad”. Implicado en la toma de la Panera Comarcal (una sonada revuelta donde los campesinos reclamaban el acceso al trigo comunal) y en el motín de la Plaza Mayor, (también relacionado con el capítulo de la panera) lo detuvieron el día 16 de septiembre de 1936 cuando estaba limpiando el grano en la era. Jacinto Martínez fue trasladado al centro de Falange de Grajal y de allí a la cárcel de Sahagún. El día 19 de septiembre, hacia las 12 de la mañana, lo sacaron en “un coche verdinegro” y lo fusilaron junto con Elías Gutiérrez de Godos, en el Monte Calzadín. Según los testimonios recogidos por Encinas, “Elías resultó muerto en el acto, mientras que Jacinto quedó malherido. Dada su corpulenta humanidad, arrebató la pistola al guardia que lo disparó y tambaleándose intentó golpearle con ella. Otro guardia civil lo remató”.
Elías Gutiérrez de Godos, también era labrador y jornalero agrícola. Estaba casado y tenía diez hijos. Afiliado en mayo de 1931 a la Derecha Liberal Republicana, su detención tuvo lugar el día 16 de septiembre. Tres días después, a las 12 de la mañana, llegaban a la prisión del partido judicial sus familiares para entregarle ropa y comida. En ese momento, arrancaba el coche que trasladaba a ambos. “Los allegado le siguieron, a duras penas, hasta el Puente Canto ”, recoge Encinas.

http://www.la-cronica.net/2010/09/26/leon/vuelven-a-casa-

los-restos-mortales-de-los-dos-jornaleros-

represaliados-98396.htm

Amigos, familia y vecinos de Jacinto y Elías, acompañaron sus restos hasta el camposanto de Grajal. C. D.

Los torrellanos fusilados en la guerra civil serán exhumados el 9 de octubre

Las cuatro víctimas del franquismo fueron enterradas en una fosa común del cementerio civil

I.Ll.Y.

La Fundación Aranzadi, dirigida por el doctor en Antropología Forense Francisco Etxeberría Gabilondo, procederá en el puente del Pilar a realizar la exhumación de los restos mortales de cuatro vecinos de Torrellas (Zaragoza), Feliciano Lapuente, Gregorio Torres, Luis Torres y Marcelino Navarro, que están enterrados en una fosa común en el cementerio de Ágreda desde hace ya 74 años, tras ser fusilados en plena convulsión de la Guerra Civil.

“Los fusilaron porque eran republicanos. Fue un asesinato a sangre fría porque no eran gente que estaban combatiendo en el frente. Y no tuvieron derecho a abogado, ni a defensa, ni mucho menos un juicio justo. Los sacaron de casa y los fusilaron en medio de la nada. Cada uno lo puede interpretar a su manera. El que lo quiera entender que lo entienda”, señaló Anabel Lapuente, nieta de Luis Torres.
Feliciano Lapuente, Luis Torres y Marcelino Navarro trabajaban como jornaleros para el alcalde de Torrellas de entonces, Gregorio Torres, republicano. Su afinidad con él les marcó al estallar la guerra y apenas tres meses después, en la madrugada del 19 al 20 de octubre de 1936, fueron fusilados cerca de Ágreda. “Fueron cuatro hombres honrados asesinados, como tantos otros, a causa de sus ideas y de su compromiso: representar y defender la legalidad de la II República Española”, explica el nieto de Feliciano Lapuente, Daniel Aldana.
Esa misma tarde les habían llamado para que acudieran al cuartel de la Guardia Civil donde se les tomó declaración. Pero luego les mandaron a sus casas. Sin darse cuenta de que ya habían firmado su sentencia de muerte. De madrugada, les sacaron de sus camas y les condujeron por un camino hacia Ágreda. “No llegaron a la localidad soriana, dado que les asesinaron en el paraje conocido como Los Cabezos. Todavía están las casetas abandonadas junto a las que fueron fusilados”.
La mujer de Feliciano Lapuente estaba embarazada cuando se lo llevaron. Dejó también otra hija. “Había estado de concejal en el Ayuntamiento con Gregorio”, añadió Lapuente.
Marcelino Navarro tenía tan sólo 16 años. Su única culpa, trabajar para el alcalde. Luis Torres también era jornalero para Gregorio. “Fue un buen alcalde; ayudaba a todo el mundo que podía, sobre todo a los pobres, entre ellos a mis abuelos. Estaba casado y tenía una hija y un hijo”.
Marcos Bueno y su hijo, vecinos de Ágreda, se ofrecieron voluntariamente a traer sus cuerpos desde el monte donde tras ser asesinados iban a ser abandonados, explicó Daniel. En el registro del cementerio con fecha de 20 de octubre de 1936 aparecen “cuatro desconocidos hallados muertos en Los Cabezos”.
Pero desde entonces sus familiares han acudido sin perder la esperanza al cementerio civil de Ágreda. “No es cierto que sean las fosas del olvido, porque mi familia aún a riesgo de que denunciaran íbamos a dejar flores rojas, amarillas y moradas a Ágreda, donde sabíamos que estaba enterrado mi abuelo”, manifestó Anabel Lapuente.
Añadió que sus abuelas “vivieron toda la vida calladas porque estaban aterrorizadas. De hecho a mi abuela no la veía nunca llorar. Se ponía roja y sudaba mucho. Es porque aprendió a reprimirse bajo las amenazas. Vivían con tanto miedo que se lo inculcaron a sus hijos. Ahora son los nietos y los biznietos los que han tenido que dar el último empujón para conseguir exhumar los cadáveres y por fin poder descansar”.
La colaboración de la Asociación Soriana para el Recuerdo y la Dignidad ha sido imprescindible para poder acelerar toda la tramitación necesaria, según explicó la nieta de Luis Torres.
El presidente de la agrupación, Iván Aparicio, señaló que en este caso ha pesado más el carácter humanista para con las familias de las víctimas que llevan muchos años deseando conseguir los restos de sus antepasados, que su marcada postura contraria a las exhumaciones actuales al no contar con un levantamiento de actas jurídicas: “Son crímenes contra la humanidad cuyas huellas se están borrando”.
La ausencia de autoridades judiciales en estas exhumaciones es más que patente. De hecho, en Soria no se ha conseguido en ninguna. No obstante, la Asociación enviará una petición, como en anteriores ocasiones, al juzgado de guardia requiriendo que se persone una autoridad judicial en el cementerio de Ágreda con motivo del levantamiento de cadáveres.
“Es curioso porque cuando en este país aparece un cadáver no se puede tocar hasta que no haya una presencia jurídica, salvo que sean rojos víctimas de la guerra civil”.

http://www.heraldodesoria.es/index.php/mod.noticias/

mem.detalle/idnoticia.56065

“El Valle de los Caídos”, la historia completa del símbolo del franquismo

Público/EFE Madrid 25/03/2009

El próximo 1 de abril se cumplen 50 años de la inauguración del Valle de los Caídos, en cuya historia indaga el periodista Fernando Olmeda en un libro que pretende combatir “el desconocimiento” existente en torno al más emblemático símbolo de la dictadura franquista.

“Era una labor necesaria y un reto, porque el problema que ha habido es el desconocimiento”, afirma Olmeda en una entrevista con Efe, tras constatar que no había ningún libro monográfico completo.

“El Valle de los Caídos. Una memoria de España” (Editorial Península), rescata, según su autor, “episodios absolutamente inéditos y aporta nuevos datos sobre los más controvertidos” gracias a que tuvo un acceso completo a los archivos existentes.

Olmeda atribuye a Francisco Franco la idea de su construcción “para honrar la memoria de los caídos del bando vencedor”, edificación que comenzó en 1940 según un proyecto de Pedro Muguruza y Diego Méndez, y en la que trabajaron miles de presos republicanos, junto con obreros y también presos comunes.

Allí reposan los restos mortales de 33.846 combatientes de ambos bandos enfrentados en la Guerra Civil (1936-1939), junto a los de Franco y José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española.

Para recibir sepultura, entre los requisitos era obligado ser español y católico (estar bautizado), pero, según recoge el libro, hay al menos dos extranjeros sepultados en el Valle de los Caídos, el legionario holandés Lamberto Dellmijn Chenalaar, fallecido en el frente de Aragón el 26 de octubre de 1936, y el chileno Juan Francisco Jiménez, ejecutado en el castillo de Montjuic el 25 de junio de 1938.

Para Olmeda “la enorme carga simbólica del monumento ha provocado que los españoles nos acerquemos con el corazón más que con la cabeza al monumento”, además de haber recibido información del mismo solo a través del NO-DO durante 40 años, desde la perspectiva del régimen.

Luego, “no se ha completado esa perspectiva del monumento en los últimos años” y de alguna manera “ese peso enorme, simbólico, ha disuadido a los investigadores a acercarse con normalidad”.

“Yo intenté acercarme sin ideas preconcebidas, predispuesto al hallazgo, y encontré”, destaca el autor, que dice que lo que más le impresionó en su investigación fueron las cartas de los familiares de desaparecidos enviadas a las autoridades o al propio Franco para pedir ayuda para encontrar a sus seres queridos.

Olmeda recorre siete décadas de la historia reciente de España desde el momento en el que Franco concibe la idea de “construir un gran monumento nacional que desafiase al tiempo y al olvido”.

“Si en algún momento Franco o el régimen pensaron que iba a ser un monumento a la reconciliación, creo que se equivocaron de modo estrepitoso, porque realmente el monumento ha sido fuente de conflicto a lo largo de la historia”.
Sostiene que “hay una abrumadora mayoría de documentos en los que se habla de caídos por Dios y por España, caídos (en el frente) y mártires (asesinados en zona republicana).

“Sólo cuando a Franco le interesó -añade Olmeda- cambió el discurso y se apropió del término reconciliación que ya estaba manejando la oposición política e introdujo en la propaganda oficial el término reconciliación. Ese es el origen de que posteriormente se haya hablado de un monumento para todos los caídos”.

“Media España lo cree así, pero la otra media no, por lo tanto no parece que esa idea calase en el pueblo español”, agrega.

La Ley de la Memoria histórica, aprobada en 2007, y que contempla el uso religioso del recinto y prohíbe las manifestaciones políticas y la exaltación del régimen franquista, “no es el final del camino, sino el principio”, sostiene Olmeda, que opina que “tanto el monumento como la sociedad española merecen soluciones a futuro”, como la instalación de “un museo que cuente su historia” como ocurre en otros “lugares de la memoria” de distintos países.
Cada año, decenas de miles de personas visitan el Valle de los Caídos, ubicado a 57 kilómetros de Madrid, y que en 2008 recibió un total de 369.877 visitantes, según cifras de Patrimonio Nacional.

El libro incorpora datos nuevos, como los intentos de fuga, incluida la evasión simultánea de once presos en la mañana del 11 de septiembre de 1944, más allá de la ya conocida protagonizada por Manuel Lamana y Nicolás Sánchez- Albornoz.

También recoge el paso de ilustres visitantes, como el actual Papa Benedicto XVI, quien lo visitó el 7 de julio de 1989, entonces como Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Y describe la profunda admiración que despertó en el dictador chileno Augusto Pinochet cuando éste asistió en 1975 al funeral de Franco, según recuerda -y recoge el libro- Lorenzo Olarte, que en su calidad de presidente del Cabildo de Gran Canaria y Gobernador Civil en funciones recibió en el aeropuerto grancanario al mandatario chileno que hizo escala allí.

Fernando Olmeda (Madrid, 1962), ejerce el periodismo desde hace 27 años y ha desempeñado principalmente esa labor en la Cadena Ser, Telemadrid y en los informativos de Telecinco.

María Luisa González

Una ley franquista rige todavía el Valle de los Caídos

Diego Barcala, Público, 12.9.2010

La tumba de Franco y de José Antonio Primo de Rivera permanecen inalterables al paso del tiempo. Al cuidado de un grupo de monjes benedictinos, tal y como lo dejó escrito en el BOE el general golpista el 23 de agosto de 1957: “Un magno monumento destinado a perpetuar la memoria de los Caídos en la Cruzada de Liberación para honra de quienes dieron su vida por Dios”.

Ese decreto-ley rige todavía hoy la actividad del mausoleo y permite, entre otras actividades, que los monjes, todavía afines al franquismo, reciban del erario 340.000 euros para mantener una escolanía, gestionar una hospedería, alquilar salas del recinto para sectas ultracatólicas o acoger campamentos de verano. Además, gozan de total autonomía para sus negocios bajo el paraguas económico de Patrimonio Nacional, que paga el mantenimiento de las colosales instalaciones, su seguridad o el acondicionamiento de los accesos, pero no obliga a la abadía a rendir cuenta alguna sobre sus actividades.
Pese a la amplia independencia de la que gozan los monjes, las asociaciones neofranquistas pusieron el grito en el cielo cuando el Gobierno se plantó el pasado abril y ordenó el cierre de las instalaciones para la seguridad de los turistas después de que se produjeran varios desprendimientos de las esculturas del recinto. Desde entonces, la basílica sólo está abierta al culto y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos ha recurrido a la Justicia el cierre.

La Hermandad de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, agitada por el abad Anselmo Álvarez, tilda al Gobierno de actuar como “los talibanes o como los antiguos faraones que, en su insana soberbia, nada más llegar al poder, ordenaban picar o destruir toda referencia a lo anterior”. Sin embargo, en los planes del Ejecutivo no se vislumbra ningún cambio de los poderes que el decreto de 1957 otorga a los curas. Fuentes del Gobierno aseguran que en los planes de actuación para el recinto no aparece la posibilidad de aprobar otro real decreto que invalide el franquista en vigor.

Lo que sí forma parte de los planes del Ejecutivo es la remodelación de los colosales conjuntos escultóricos de Juan de Ávalos . El cierre de las instalaciones impide a Patrimonio Nacional ingresar cerca de un millón de euros anuales. En el último ejercició, la venta de entradas y la concesión de la tienda de recuerdos dejó en las arcas de Patrimonio 915.873 euros, según los datos de Presidencia del Gobierno.

Reuniones de los kikos’
Las mismas fuentes desconocen lo que ingresa la abadía por alquilar a partir del próximo 15 de septiembre las instalaciones de la hospedería a los fieles del integrista Camino neocatecumenal, más conocidos como los kikos, por el nombre de su fundador Kiko Argüello. Tampoco explica el abad lo que ha ingresado por el campamento de verano que el colegio privado St. Michaels School ha anunciado en prensa estos meses como “el mejor lugar del mundo”.

“Patrimonio Nacional es competente para la conservación, mantenimiento y seguridad del recinto”, explica la disposición tercera de la ley 23/1982, reguladora de la entidad. Nada más forma parte de sus competencias. En 1984, el Gobierno de Felipe González trató sin éxito de rediseñar la gestión del recinto con una comisión. El intento fue en vano, como lo volvió a ser en 2007 cuando la Ley de la Memoria Histórica tampoco pudo menguar el poder de la abadía. Esta vez fue el grupo de CiU, presionado por los benedictinos de Montserrat, el que imposibilitó el cambio de estatus.

Desde 1957, la costosa obra excavada a la roca del Risco de la Nava con la ayuda de presos políticos no ha parado de sangrar a las arcas públicas. La última factura se emitió en 2004, durante el Gobierno de José María Aznar. Un concurso público por valor de 2.345.513 euros remodeló el funicular inaugurado en 1975 para llegar a la base de la enorme cruz. Esa instalación permanece ahora cerrada para evitar que algún desprendimiento de los evangelistas rompa la crisma a un turista.

http://www.ruedoiberico.org/blog/2010/09/el-valle-de-los-caidos-

la-historia-completa-del-simbolo-del-franquismo/

España rechaza en la ONU investigar desapariciones del franquismo
21 de septiembre de 2010 • 14:15

España dio por «rechazada» la recomendación de México para que investigara las desapariciones forzadas de la guerra civil y la dictadura franquista (1936-1975), en un documento difundido este martes en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

«Los Jueces y Tribunales (españoles) instruyen y juzgan todas las denuncias sobre desapariciones que ante ellos se formulan» con «sometimiento exclusivo a la Ley y el Derecho», señaló el embajador de España, Javier Garrigues, al justificar su rechazo, en una aparente referencia a la Ley de Aministía de 1977, que impide juzgar los crímenes del régimen franquista.

La recomendación de México se produjo en el debate del Examen Periódico Universal (EPU) de España en mayo pasado, un mecanismo de la ONU destinado a vigilar el respeto de los derechos humanos y al que sus Estados miembros deben someterse una vez cada cuatro años.

En su respuesta a México, España afirmó el martes querer investigar los «crímenes contra la humanidad», de acuerdo a lo «que nuestra Constitución reconoce y ampara», pero sin aludir a las desapariciones del periodo 1936-1975, ni a la Ley de Amnistía aún vigente.

México le había pedido a España «investigar y sancionar los delitos de desaparición forzada y prever la reparación de los mismos, independientemente de cuando se hayan producido, habida cuenta del carácter imprescriptible de ese delito y de conformidad con sus obligaciones internacionales».

La ONG Human Rights Watch lamentó que España enjuiciara a Baltasar Garzón, «el juez que trató de investigar esos crímenes», relativos a «la dictadura de Franco y a la Guerra Civil Española».

Esta ONG recordó que Garzón enfrenta un juicio «por investigar los presuntos casos de desapariciones forzadas que causaron más de 100.000 víctimas» y que «los tribunales españoles han cerrado sistemáticamente las investigaciones (…) por invocación de una ley de amnistía de 1977, que cubre todos los delitos de ‘naturaleza política’ cometidos con anterioridad a diciembre de 1976».

A su vez, Amnistía Internacional distribuyó un comunicado en el que hacía un llamado a España a «investigar los crímenes cometidos durante la guerra civil (1936-39) y en la época de Franco, y a asegurar que la ley de amnistía no se aplica a crímenes contra la humanidad».

Esta ONG también dijo objetar «los cargos contra el juez que ha investigado las desapariciones de más de 114.000 personas», en relación con el magistrado Baltasar Garzón y los desaparecidos durante el franquismo.

Por otra parte, España rechazó también 12 recomendaciones que en el mismo examen le hicieron Indonesia, Burkina Faso, Azerbaiyán, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Nicaragua, Palestina, Pakistán, Argentina, Perú, Nigeria y Argelia, para que ratifique la Convención que protege a los trabajadores migratorios y sus familias.

Asimismo, España declinó otra recomendación, de Eslovenia, para que prohíba «expresamente la venta de armas cuyo destino final sea un país en el que puedan reclutarse niños o utilizarlos en las hostilidades».

http://noticias.terra.com.ar/internacionales/espana-rechaza

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