INVESTIGACIÓN DE LAS DESAPARICIONES DEL FRANQUISMO

Garzón pide que se anule el auto del instructor Varela ante el Supremo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón presentó este miércoles un recurso de apelación contra el auto dictado el pasado jueves por el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela en el que éste confirmaba la existencia de indicios contra él, por un presunto delito de prevaricación relacionado con su investigación de las desapariciones durante el franquismo.

En un escrito de 46 páginas, el abogado del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Gonzalo Martínez-Freneda lanza duras críticas al auto del juez Varela, que califica de «insostenible en su valoración de los hechos, infundado en la aplicación del Derecho material y sinceramente incomprensible en la aplicación del Derecho procesal».

Además, se solicita a la Sala de lo Penal del Supremo, integrada por cinco magistrados, que ordene a Varela la práctica de nuevas diligencias de prueba en defensa de Garzón.

Entre ellas, pide la declaración textual de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que realizaron un voto particular en contra de la decisión de la Sala de lo Penal de éste órgano de declararle incompetente para estudiar el denominado caso de las fosas. Se trata  de José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel.

Igualmente, se solicita que testifiquen Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal Anticorrupción, en su condición de miembro del grupo de expertos que él mismo designó para la investigación de esta causa; del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza; y de los abogados Joan Garcés y Fernando Magán, que representan a los familiares de los desaparecidos.

Además, interesa que declaren la actual embajadora de Suiza en la República Argentina, Carla del Ponte, en su condición de antigua fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de la ONU, y el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina Eugenio Raúl Zaffaronni, uno de los jueces que redactó la sentencia de 2005 que declaró la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida del país suramericano.

«CALIFICATIVOS PEYORATIVOS» SIN BASE JURÍDICA

El escrito señala en que, en su último auto, el juez instructor del Tribunal Supremo se limitó a emitir «una sucesión de calificativos peyorativos» acerca de la conducta de Garzón, «a cual más injustificado», pero sin ofrecer ni «una valoración técnica jurídica» sobre su comportamiento.

El auto, agrega el recurso, se dedica a «descalificar todo el actuar del magistrado, con el que parece claro que no está de acuerdo». «Pero no basta estar en desacuerdo para acusar a un magistrado de prevaricador», remacha.

Para la defensa del magistrado, la clave está en que «se ha considerado inaceptable» que Garzón abriera una causa sobre los crímenes de la Guerra Civil y la posguerra y, a partir de ahí, todas las decisiones tomadas en el seno de esa causa «son valoradas en contra del juez, desde la peor de las diversas interpretaciones posibles».

«OMISIONES Y CONTRADICCIONES» DE UN AUTO «PARCIAL»

El escrito repasa algunas de las, a su juicio, «omisiones» y «contradicciones» en las que cayó Varela en su auto «selectivo y parcial». En concreto, le reprocha que guarde silencio sobre la querella presentada por Falange Española de las Jons, en la que se acusaba a Garzón de «vulnerar el derecho al honor de las personas que aparecen reseñadas en su auto como responsables de crímenes contra la humanidad», así como acerca del «rapto de los niños» durante la Guerra Civil y la posguerra.

Critica igualmente que Varela preguntara a Garzón acerca de este asunto en su declaración del pasado 9 de septiembre ante el Tribunal Supremo y, sin embargo, ahora estos «gravísimos hechos punibles jamás investigadados» no aparezcan en su auto.

También se pregunta por qué no se alude a la supuesta vulneración de las normas de reparto de la Audiencia Nacional, tema sobre el que se practicaron diligencias cuya motivación «todavía no se ha explicado». Este silencio, argumenta, sólo puede entenderse «como un desprecio hacia el resultado de cualquier diligencia que no vaya en la dirección de confirmar que todo, absolutamente todo lo hecho por Baltasar Garzón en su procedimiento odioso era irregular».

«Se olvidan sistemáticamente los hechos que no encajan en el marco punible diseñado, se imaginan intenciones, se confunden fechas e incluso se imputa a mi mandante la firma de resoluciones que no firmó, por estar de baja», insiste.

Entre sus «manifiestas contradicciones», el recurso subraya que el auto de Varela «no tiene empacho en imputarle al mismo tiempo una inactividad procesal y una desmedida investigación». «Cualquier comportamiento posible del juez Garzón es culpable», remacha.

«UNICO PAIS QUE NO INVESTIGA SUS CRÍMENES DE GUERRA»

Además, el escrito recuerda por qué Garzón asumió la competencia cuando recibió la denuncia de las asociaciones de Memoria Histórica sobre las desapariciones. Insiste así en que «»se limitó a interpretar las leyes internas de conformidad con las normas del Derecho Internacional ne materia de Derechos Humanos, en la misma línea que lo hacen todos los países civilizados de nuestro entorno», como Alemania, Francia o Italia. «Somos el único Estado europeo que no osa investigar sus crímenes de guerra», lamenta.

También se alega en defensa de Garzón que los delitos de detención ilegal son permanentes y «sólo comienzan a prescribir cuando cesa la situación antijurídica», es decir cuando consta que el detenido es puesto en libertad, y por el momento «no consta que las decenas de miles de desaparecidos en la Guerra Civil hayan sido puestos en libertad».

IGUAL QUE LA DESAPARICIÓN DE ‘PERTUR’

Igualmente, se insiste en que estos delitos no han prescrito, «como no ha prescrito la desaparición de Eduardo Moreno Bergaretxe ‘Pertur’ (1976) o la de los miles de desaparecidos en Argentina (1976-1983) que, «esos sí», se admiten investigar en España.

Por lo que se refiere a la Ley de Amnistía, a la que aludió el juez instructor en su auto, vuelve a defender que no se aplica porque los hechos tipificables como crímenes contra la humanidad no son amnistiables, apreciación que comparte el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En suma, Garzón defiende que en su actuación haya habido un comportamiento prevaricador y rechaza el argumento de que haya actuado con el único objetivo real de eludir la Ley de Memoria Histórica y controlar la realización de exhumaciones».

«No es razonable pensar que ha existido una prevaricación que no han visto ni la Fiscalía ni los 17 miembros de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ni el Consejo General del Poder Judicial, pero que no le ha pasado desapercibida a Manos Limpias y a Falange, que no eran parte en aquel proceso, pero cuyo criterio jurídico será más acertado que el de todos aquéllos», espeta.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-garzon-pide-anule-

auto-instructor-varela-supremo-20100210143025.html

Causa abierta sobre los desaparecidos durante el franquismo

Comunicado del PCE sobre las actuaciones seguidas por el Tribunal Supremo respecto a la causa abierta en la Audiencia Nacional por los desaparecidos durante el franquismo

Secretaria de Derechos Humanos y Libertades del PCE / 09 feb 10

El PCE muestra su disconformidada con la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela de no archivar la querella contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por su investigación de los crímenes del franquismo. El PCE entiende que esta decisión es contraria a las obligaciones de España conforme al Derecho internacional.

El PCE aplaudió en su dia la apertura por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional de una causa para exigir las responsabilidades a que hubiera lugar en Derecho por los graves crimenes de lesa humanidad y contra el derecho de gentes cometidos por el regimen franquista, en especial en los años inmediatamenet posteriores a la guerra civil española, años en los que se calculan que mas de 100.000.- españoles y españolas fueron desaparecidos o ejecutados sumariamente o bien fusilados y desparecidos tras consejos de guerra sumarios sin las minimas garantias legales. Ello sin mencionar a los cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que purgaron penas de carcel en situaciones degradantes y sometidos a trabajos forzados o aquellos otros que tambien por cientos de miles debieron exilarse.

El PCE entendió y entiende un deber del estado de derecho la exhumacion de los cientos de miles de cadaveres que aún hoy continuan sin exhumar en los campos y caminos de media España.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos de 1966, “Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.”, norma que invalida y anula la Ley de Amnistia de 1977 respecto a los crimenes de lesa humanidad como la desaparición forzosa cometidos por la represion franquista, como han manifestado entre otras instancias internacionales el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Parlamento Europeo o el Consejo de Europa.

El PCE muestra su preocupación por el hecho de que el unico juez que hasta ahora se ha atrevido en España a investigar los antedichos crimenes de lesa humanidad pueda acabar juzgado e inhabilitado por el mero hecho de cumplir los mandatos del Derecho Internacional respecto a los graves crimenes cometidos por el franquismo. Una situacion de estas caracteristicas no tiene precedente ni en Europa -donde ningun perdon o amnistia alcanzó nunca a los criminales nazis alemanes o a los criminales fascistas italianos- ni en America Latina, donde la Comisión y la Corte Internamericanas de Derechos Humanos han venido declarando nulas todas las legislaciones de amnistia aporbadas por instituciones democraticas en aquellos paises que tras concluir periodos dictatoriales, en nombre de una “sagrada transicion a la democracia” pretendieron amnistiar los crimenes contra la humanidad cometidos por los regimenes dictatoriales respectivos

Tal y como ha declarado Amnistía Internacional entre otros organismos internacionales especializados en la defensa de los Derechos Humanos, las autoridades judiciales españolas tiene la obligación de adoptar las «medidas necesarias» para investigar, sancionar y reparar «integralmente» los crímenes cometidos en España «durante el pasado». Igualmente Amnistia Internacional ha recordado a España que «muy recientemente» el Comité contra la Tortura se dirigió a las autoridades españolas reiterando que las desapariciones forzadas «no pueden ser objeto de amnistía».

Por ello, el PCE reitera su petición de que se adopten las medidas oportunas para investigar y reparar «íntegramente» a los familiares y las víctimas de los crímenes cometidos durante el franquismo, asi como para castigar a sus responsables en el caso de que alguno de ellos aún permaneciera con vida.

http://www.pce.es/docpce/pl.php?id=3633

Falange y un juez algo resentido, a punto de acabar con Garzón

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado solicitar al Ministerio Fiscal un informe sobre la posibilidad de suspender cautelarmente en sus funciones al juez de la Audiencia Nacional. Lo acusan de un presunto delito de prevaricación por investigar el franquismo. Garzón está un poco más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados.

NUEVATRIBUNA.ES – 9.2.2010

Esta decisión del Consejo se produce después de que el pasado jueves el magistrado del Tribunal SupremoLuciano Varela emitiera un auto señalando que ve motivos para juzgar a Baltasar Garzón por prevaricación, si bien daba la posibilidad al juez de recurrir este escrito ante la Sala de lo Penal del Supremo para que sean los cinco magistrados de la misma los que validen o no esta decisión. En el auto, más parecido a una sentencia condenatoria que a un eslabón del debate jurídico político que rodea a todo el asunto, Varela corroboraba la tesis de los denunciantes, las organizaciones ultraderechistas Falange Española de las Jons, Manos Limpias y Libertad e Identidad, que acusan a Garzón de haber dictado una resolución injusta a sabiendas de que lo era o, lo que es lo mismo, de prevaricación.

El «hecho justiciable» establecido por Varela consiste en que, una vez aprobada la ley de Memoria Histórica de 2007, Garzón decidió en 2008 superar la limitación que dicha ley imponía e intentó «asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar» del franquismo. Elescrito de Varela incluye valoraciones de calado, como la que señala que el examen de las actuaciones «ha revelado, como hecho probable, que el magistrado querellado actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador (…) sabiendo que los horrendos crímenes del franquismo habían sido objeto de anmistía por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar».

Tal y como van las cosas, la instrucción de Varela lleva camino de conseguir lo que no logró hace unos días el abogado del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. José Antonio Choclán, el letrado, también había acusado a Garzón de prevaricación, al espiar las conversaciones en los locutorios de la cárcel entre el propio Correa y su abogado. El juez podía haber sido condenado a entre 2 y 6 años de cárcel, pero la querella no fue admitida a trámite. Aun así, el Colegio de Abogados de Madrid anunció ya su intención de querellarse porque, según su decano, Antonio Hernández Gil, la orden de practicar esas escuchas “no se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico y principalmente a los valores constitucionales decantados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.

De momento, sobre Garzón pesa otra querella más. Se trata de la presentada por los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea, quienes acusan a Garzón de los delitos de prevaricación, cohecho y estafa, en un caso que data de 2005 y 2006, cuando el juez dirigió unos cursos en la Universidad de Nueva York mientras disfrutaba de un permiso en la Audiencia Nacional de Madrid. Los cursos fueron patrocinados por el Banco de Santander, que aportó 300 mil dólares. Los letrados consideran que el patrocinio de estos cursos podría estar relacionado con la decisión de Garzón de archivar, a su regreso a España, una causa que tenía pendiente contra directivos del Banco de Santander, entre ellos el propio Botín. Y denuncian que Garzón ocultó el salario que cobró en esos cursos y que fue él personalmente quien solicitó al Banco de Santander, cuyo presidente estaba imputado en un caso que llevaba él, que los patrocinara.

Garzón, a través de su abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, ha negado haber recibido jamás “ni directa ni indirectamente fondos provenientes del Santander”. Ha reiterado su inocencia y califica las acusaciones de “absurdas y esperpénticas”; asegura también que ha sido tratado peor que un ciudadano cualquiera sólo por el hecho de pertenecer al poder judicial, aunque según él se encuentra tranquilo, a la espera de que llegue el momento de defenderse.

Volviendo al caso de la investigación de los crímenes del franquismo, que instruye el juez Varela, de la redacción de su último auto se desprende que lo que molesta al magistrado es que Garzón se declarase competente para investigar las denuncias de las víctimas de Franco acaparando una vez más todas la atención mediática, por lo que coloca por encima de los «móviles altruistas» el empeño en controlar el proceso de las exhumaciones de las fosas comunes en las que reposan los cuerpos de miles de desaparecidos de la Guerra Civil. Se trata de un reproche que nace de un viejo enfrentamiento entre ambos jueces. Las diferencias entre ambos arrancarían de los primeros tiempos de la lucha contra el narcotráfico, cuando los caminos de Garzón y Varela se cruzaron en Pontevedra. Pero, mientras el primero se convertía en el «juez estrella», el segundo permanecía en las sombras. Fue entonces cuando empezaron a circular las primeras críticas contra el magistrado de la Audiencia Nacional por supuesta falta de rigor en la instrucción de sus casos.

Luciano Varela, que trabajó con Mariano Rajoy Sobredo, padre del actual líder del PP y que fue presidente de la Audiencia de Pontevedra, fue fundador de Jueces para la Democracia. No puede decirse que les separen diferencias ideológicas irreconciliables, pero Varela nunca consiguió ‘brillar’ como Garzón, ni siquiera cuando ascendió al Supremo. Ahora, tiene ante sí la posibilidad de ser quien lleve a su rival ante la Justicia a la que ambos representan.

Lo irónico, y triste a la vez, es que el mismo juez que procesó al dictador Augusto Pinochet, que desmanteló el aparato político y económico de la organización terrorista vasca ETA, que ha perseguido a los capos más importantes de la droga y a los líderes de las mafias rusa e italiana, y que está investigando los abusos cometidos en la cárcel de Guantánamo (Cuba) durante el gobierno de George W. Bush, acabe en el banquillo e inhabilitado durante 20 años.

Además, si se llega a ese resultado, el juez deberá abandonar todos los casos que tiene, incluyendo aquellos que giran en torno a ETA o Guantánamo. Esta última investigación es consecuencia de una querella presentada por varias organizaciones de defensa de los derechos humanos que el mismo Garzón admitió y cuyo juicio, en caso de llevarse a cabo, convertiría a España en el primer país del mundo en iniciar un proceso penal para investigar la torturas cometidas en la controvertida base militar de Estados Unidos.

http://www.nuevatribuna.es/noticia/28231/ESPAÑA/falange-

juez-algo-resentido-punto-acabar-garzón.html

Los restos están en Villanueva de Cauche

El Ayuntamiento de Casabermeja apoyará a los familiares de fusilado

Durante la Guerra Civil, ocho vecinos de Casabermeja fueron fusilados el 23 de junio de 1937

EP El Ayuntamiento del municipio malagueño de Casabermeja aprobó hoy por unanimidad una moción de Izquierda Unida por la que se solicita al Ayuntamiento de Antequera (Málaga) que permita a los familiares de los fusilados en la pedanía de Villanueva de Cauche su exhumación y posterior traslado al municipio del que eran originarios.

Durante la Guerra Civil, ocho vecinos de Casabermeja fueron fusilados el 23 de junio de 1937 y sus restos se encuentran en una fosa común del Cementerio de Villanueva de Cauche. Estos fueron detenidos en Casabermeja y trasladados en camión hasta dicho núcleo poblacional.

El grupo municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía se ha hecho eco de las peticiones del Partido Comunista de Andalucía en Casabermeja, a instancias de los familiares de las victimas mencionadas, para realizar trámites ante el Ayuntamiento de Antequera y apoyar las peticiones a título particular efectuadas por los familiares en ese Ayuntamiento para que se pueda llevar a cabo la exhumación de los restos y posterior traslado a nuestro municipio.

De esta forma, el grupo de IU explicó que según la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, y establece que las Instituciones Públicas quedan comprometidas para la reparación de los daños causados en los tres años de dicha guerra y en las casi cuatro décadas posteriores de dictadura.

Así, destacaron que durante estos años se causaron «gravísimos daños contra la vida, los derechos humanos más elementales, el estado civil, la nacionalidad por el mero hecho de haber pertenecido o apoyado a determinadas creencias políticas, religiosas o morales diferentes a las del bando vencedor», según manifestaron desde IU a través de un comunicado.

La misma Ley en el Artículo 11.1 establece que «las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior».

En el Artículo 13.2. se expone que «las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, establecerán el procedimiento y las condiciones en que los descendientes directos de las víctimas referidas en el apartado 1 del artículo 11, o las entidades que actúen en su nombre, puedan recuperar los restos enterrados en las fosas correspondientes, para su identificación y eventual traslado a otro lugar».

Con este marco legal, los familiares de los fusilados quieren recuperar los cuerpos de estos vecinos y ahora el Ayuntamiento le pide al de Antequera que de curso a las peticiones de estas personas y que facilite las tareas de prospección para localizar los restos.

http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2010/02/09/ayuntamiento

-casabermeja-apoyara-familiares-fusilado/320176.html

El Fòrum denuncia las obras de ajardinamiento de la fosa común

La roturación del terreno y el vertido de tierra dificultan la petición de exhumación judicial sobre la que debe decidir el Tribunal Constitucional

RAFEL MONTANER VALENCIA ?
El Fòrum per la Memòria anunció ayer la presentación de un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Valencia en el que reclama la paralización de las obras de ajardinamiento y de instalación de un monolito Séptima Derecha del Cementerio General de Valencia. En la demanda argumenta que el procedimiento penal para la exhumación judicial de los restos de víctimas del franquismo que fueron enterradas allí continúa abierto en el Tribunal Constitucional.
Dieciocho familiares de víctimas del franquismo y el Fòrum presentaron el 16 de noviembre un recurso de amparo ante el alto tribunal contra el archivo en los juzgados de Valencia de la causa abierta por el juez Garzón por desapariciones forzadas y crímenes contra la humanidad durante el franquismo. Entre las más de 4.000 personas que enterradas en la fosa de la sección 7ª Derecha en los 10 meses siguientes a la victoria de Franco hay 14 desconocidos que figuran como ejecutados así como numerosas personas procedentes de prisiones y centros de detención.

Movimiento de tierra
La petición de exhumaciones del Fòrum puede verse dificultada por estas obras pues ayer, tras casi un mes en marcha, se podía apreciar como los operarios de la contrata habían echado tierra sobre la fosa y estaban roturando el terreno con una mula mecánica.
La batalla judicial entre este colectivo y el ayuntamiento arrancó en 2006 cuando el Fòrum llevó a los tribunales las obras para construir 1.030 nichos sobre la fosa. Ahora el consistorio quiere ajardinar su 9.659 m2 , que se habían convertido en un erial con arbustos de casi dos metros tras cuatro años vallada y abandonada, e instalar allí un monolito de cinco toneladas con la leyenda «En memoria de todos los que dieron su vida por la España que creían mejor» que pactaron PP y PSPV.
El Fòrum considera un «insulto a las víctimas» el construir «sobre sus restos un monolito para honrar a sus verdugos», según se lee en la campaña de cartas que está dirigiendo a la alcaldesa Rita Barberá.

http://www.levante-emv.com/valencia/2010/02/09/forum-

denuncia-obras-ajardinamiento-fosa-comun/677129.html

Imagen tomada ayer de las obras en la fosa 7ª Derecha.  r. montaner

El miércoles, 17 de febrero, a las 19:00 h. en Instituto de Estudios Altoaragoneses en Huesca va a tener lugar la presentación de la publicación Vestigios de la Guerra Civil en Aragón. Huesca, editada por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, a través de su programa Amarga Memoria.

Tras dedicar el primer volumen, Vestigios de la Guerra Civil en Aragón. Zaragoza, a los escenarios bélicos más importantes del frente zaragozano, esta segunda publicación, centrada en la provincia oscense, también es fruto del trabajo de localización de restos de orden militar, que Fernando Martínez de Baños Carrillo lleva realizando, desde el año 2006, dentro del programa Amarga Memoria.

Podríamos considerar que esta publicación es un trabajo de historia de la guerra en la provincia de Huesca, y de geografía descriptiva sobre la situación de los restos (trincheras, búnkeres, aeródromos…) que aún perduran sobre el terreno como testigos mudos de aquella guerra injustificable.

Por cada una de las siete zonas que se presentan hay un comentario de su topografía, una pequeña narración histórica de lo que en ella ocurrió, una explicación sobre el estado de los restos, y un mapa topográfico en el que se aprecia la situación exacta de los vestigios, y la forma de acceder a ellos. Asimismo, las imágenes tomadas por el fotógrafo Pedro Salaverría Calahorra complementan a la perfección las fichas de localización de cada vestigio. Además, la publicación cuenta con dos reconstrucciones 3D de la ofensiva republicana de septiembre de 1937 sobre Gavín y Biescas, y de la ofensiva nacional de junio de 1937 sobre Oturia y Santa Quiteria.

Asistirán al acto de presentación Juan José Generelo Lanaspa, Jefe de Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón; José Miguel Pesqué, Jefe del Área de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca; y los autores de la publicación, el Coronel de Artillería en la reserva y Doctor en Historia, Fernando Martínez de Baños, y el fotógrafo, Pedro Salaverría.

Para ponerse en contacto con Amarga Memoria: amargamemoria@aragon.es

Abrir zanjas para cerrar heridas

UNA DOCENA DE VOLUNTARIOS DE ARANZADI EXHUMARON AYER EN EL CEMENTERIO DE TUDELA LOS RESTOS DE DOS VARONES QUE, CON TODA PROBABILIDAD, PODRÍAN SER LOS DE BONIFACIO GRACIA E HIGINIO ARRIAZU, VECINOS DE ABLITAS ASESINADOS EN AGOSTO DE 1936.

Nieves Arigita

«EN muchos sitios no hemos encontrado a las personas que esperábamos y eso ha representado para las familias un verdadero disgusto. Pero, por lo menos, todos hemos hecho el esfuerzo de intentar localizar a los muertos. Como unos representan a otros porque todos corrieron el mismo destino, fueron asesinados injustamente, todos son los mismos y es lo que debe reconfortarnos ya que nunca podremos encontrar a los más de 100.000 que se dice que desaparecieron en idénticas circunstancias». Es la idea que el director de Antropología de Aranzadi, Paco Etxeberría, intentó transmitir a modo de puntos de sutura en la herida abierta de los familiares de Bonifacio Gracia Enciso e Higinio Arriazu Gil, los dos abliteros asesinados en 1936 cuando tenían 51 y 30 años respectivamente. A instancias de la Asociación Para No Olvidar, podrían reposar por fin en su pueblo, bajo un monolito de piedra de cantera que el mismo colectivo está construyendo en el cementerio de Ablitas para su reposo y el de otros seis desaparecidos.

Metido todavía en una húmeda y fría zanja de más de metro y medio de profundidad, en un rincón del cementerio de Tudela sobre el que durante más de 70 años sólo ha habido una losa de silencio, Etxeberría abría ayer, ya anocheciendo, una nueva puerta: La de la identificación definitiva de los dos cuerpos exhumados después de una larga e intensa jornada de emociones, recuerdos, trabajo, empeño y voluntad por devolver la dignidad a dos hombres que, como recordó la hija de Bonifacio y presidenta de la asociación Para No Olvidar, Carolina Gracia, «el único mal que habían hecho era trabajar y pertenecer a UGT». De hecho, a su padre se lo llevaron cuando ella sólo tenía 5 años, «cuando yo misma estaba sentada sobre sus piernas, sentados en el portal de nuestra casa, junto a mi hermano Rosendo». Tanto Carolina como su hermano, que ayer asistieron a la exhumación, fueron claves para determinar el lugar en el que se encontraban los cuerpos porque «todos los años, el día de Todos los Santos, veníamos con mi madre a poner flores aquí».

A expensas de lo que determinen los estudios antropológicos de los restos (que serán analizados en el laboratorio de la facultad de Medicina de San Sebastián), la posibilidad de que los dos varones encontrados ayer sean Bonifacio e Higinio deja pocas dudas. De hecho, el hijo de otro fusilado el mismo día que ellos, recuperó el cuerpo (metido en un féretro) hace 60 años, en ese lugar. Su testimonio fue clave y siempre aseguró que allí seguían enterrados los otros dos abliteros. Por eso, la docena de voluntarios de Aranzadi que se desplazaron ayer a Tudela centraron su trabajo, desde el principio, en ese punto.

LOS RESTOS

Uno sobre otro y tiro de gracia

La aparición de cal, a metro y medio de profundidad, a las 11.40 horas empezó a relajar la incertidumbre. Como un tétrico sudario, la gruesa capa de óxido de calcio dio paso a los primeros restos. «Hay huesos perfectamente conservados y otros muy estropeados. Se trata de dos varones, uno sobre otro. El de abajo está boca abajo y el de arriba de lado, apoyado sobre el lateral», explicó Paco Etxeberría. Sean quienes sean, sólo hizo falta un primer vistazo sobre el terreno para saber que fueron asesinados ya que el cráneo de uno de ellos, el de más edad, estaba destrozado a causa de un proyectil que, posteriormente, apareció entre la tierra. Antes de llegar a ese punto, habían sido necesarias casi seis horas de pico, pala y hachas para cortar las gruesas raíces del ciprés bajo el que se cavó la zanja. En la labor colaboraron, junto a los miembros de Aranzadi, el nieto de Bonifacio y familiares de otros fusilados, como el murchantino Antonio Bartos que en 2005 recuperó el cuerpo de su tío Genaro Ochoa en una fosa de las Bardenas, en término de Fustiñana, junto a otros seis hombres.

Valió la pena el titánico esfuerzo y quedó en el aire confirmar si los huesos que ahora reposan en bolsas y cajas de plástico sostuvieron alguna vez el sentir y el actuar de dos abliteros que recibieron un balazo «por estar del lado de la libertad, la justicia social y la legalidad de la II República».

http://www.noticiasdenavarra.com/2010/02/07/sociedad/

navarra/abrir-zanjas-para-cerrar-heridas

Rosendo y Carolina Gracia observan restos que podrían ser de su padre. (NIEVES ARIGITA)

Recuperando la «normalidad»

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica entrega en un acto en el Ayuntamiento los restos de tres vecinos de Puente de Domingo Flórez exhumados cerca de Ponferrada

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) entregó los restos de tres vecinos de Puente Domingo Flórez exhumados en una fosa cercana a Ponferrada a sus familias, en un acto celebrado en el Ayuntamiento de la localidad, en el que estuvo presente la alcaldesa del municipio, Raquel Velasco.

Los trabajos para la exhumación de José León, José García y Serafín Blanco comenzaron el pasado año cuando los familiares contactaron con la asociación, según confirmó su vicepresidente, Santiago Macías, tras lo que se inició la labor de documentación para concretar el sitio exacto en el que podría esta la fosa de estos tres vecinos asesinados durante la Guerra Civil, que concluyó en el mes de mayo con la apertura de la fosa y la identificación de los restos.

El acto contribuye, según Macías, a dar “normalidad” a esta tarea, ya que “los ayuntamientos democráticos deben recibir los restos de cada persona, porque salieron del pueblo clandestinamente, fueron asesinados y tienen que regresar públicamente y con todos los honores”.

http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/Recuperando-

La-normalidad-vn43687-vst208

Un instante del acto. (Foto: César Sánchez)

Ensañamiento en La Puebla

Restos exhumados revelan detalles de los fusilamientos

REYES RINCÓN – Sevilla – 08/02/2010

Lesiones previas a la muerte, cráneos hundidos por culatazos, brazos rotos probablemente en un desesperado forcejeo con los verdugos, un chaval de no más de 17 años con tres disparos en el cráneo. El informe de la segunda fase de exhumación de las fosas comunes del cementerio municipal de La Puebla de Cazalla (Sevilla) revela dramáticos datos sobre las circunstancias que rodearon a muchos de los fusilamientos de represaliados de la Guerra Civil.

La exhumación acabó en julio y permitió localizar 49 cadáveres, que se suman a los 17 hallados en una primera excavación. En total, 54 hombres y 6 mujeres. Algunos adolescentes de 16 años y otros ancianos. La mayoría eran vecinos de La Puebla y pueblos cercanos, como Lantejuela y Morón de la Frontera, cuyo fusilamiento los historiadores sitúan entre julio y septiembre de 1936. Los verdugos se deshicieron de sus cuerpos en una antigua cantera de extracción de áridos de cinco metros y medio de profundidad. «Algunos cuerpos estaban metidos con calzador», recuerda Elena Vera, del equipo de arqueólogos Arquatro, responsable de la exhumación.

«Los cuerpos se iban adaptando a la fosa. Los del centro estaban bien colocados, pero los más alejados se quedaban en círculo, algunos aplastados contra la pared», explica la arqueóloga. La forma en la que estaban situados los cadáveres permite presumir también que no pocos de ellos fueron arrojados desde arriba y así quedaron, cayeran como cayesen. Muchos fusilados fueron enterrados con los brazos por delante de la cabeza, señal de que el cuerpo fue arrastrado hasta la fosa. A otros les fusilaron con las manos atadas a la espalda y los arqueólogos han encontrado improntas de las ataduras y los brazos completamente pegados al cuerpo.

«Es muy duro, pero se trata de cerrar una herida abierta en mi familia y en muchas otras», cuenta Mari Carmen España, que ha participado en las labores de exhumación con la esperanza de hallar los restos de su abuelo, Manuel España, jornalero de Lantejuela que desapareció en septiembre de 1936. Para saber si su cuerpo está entre los extraídos falta que la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA), que ha coordinado los trabajos, consiga ayudas para las pruebas de ADN. Además, se cree que los cuerpos hallados son sólo una parte de los hasta 230 que pudieron ser enterrados allí. El resto está bajo dos bloques con nichos de osarios de fallecidos entre 1950 y 1990. El Ayuntamiento aún no tiene respuesta sobre los 62.000 euros pedidos a la Delegación del Gobierno y la Diputación para acometer estos trabajos. El presidente de AMHyJA, Rafael López, mantiene la esperanza: «Esta fosa ha sido complicada desde el principio, pero espero que podamos recuperar todos los cuerpos».

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Ensanamiento/Puebla/

elpepiespand/20100208elpand_4/Tes

REPORTAJE

595, inventario oficial de fosas

La Junta concluye el mapa de las tumbas sin nombre del franquismo y la guerraLos historiadores no se atreven a aventurar el número de cadáveres de las fosas

ISABEL PEDROTE – Sevilla – 08/02/2010

595 es el número oficial de las fosas comunes de la Guerra Civil y la dictadura en Andalucía. Cinco años después de iniciarse los trabajos, la comisión de las universidades a la que la Junta encomendó la validación del inventario de las tumbas sin nombre esparcidas por el franquismo ha dado por concluido el estudio. Aunque una investigación histórica nunca puede considerarse cerrada (siempre es susceptible de sumar nuevos descubrimientos), el presidente de la comisión que engloba a las nueve universidades andaluzas, el catedrático Fernando Martínez López, certificó a finales del año pasado (22 de diciembre), el valor científico de este inmenso plano del horror de los represaliados, dibujado en cada provincia por las asociaciones de la memoria histórica, con las que la Consejería de Justicia había conveniado.

Con el mapa de fosas, en la actualidad en fase de localización detallada (coordenadas cartográficas) a cargo del Instituto Andaluz de Patrimonio, se cumple uno de los preceptos de la Ley de Memoria Histórica que, si bien fue aprobada en diciembre de 2007, hasta ahora ha sido un goteo lento de pequeñas acciones desperdigadas, aisladas, sueltas. La Asociación de la Memoria Guerra y Exilio ha investigado y recopilado los datos de las provincias de Almería, Jaén y Málaga; la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Cádiz, Huelva y Sevilla; el Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica, Córdoba; y la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Granada.La junta de coordinadores de las universidades andaluzas, nombre completo de la comisión de historiadores que ha visado los proyectos, recomendó unos parámetros para uniformar el futuro mapa. De esta forma, cada una de las ocho provincias incluye a su vez otro mapa con todos los municipios, una memoria de la represión pueblo a pueblo -cómo entraron las tropas, qué hicieron, cómo se fraguaron las detenciones y fusilamientos-, la ubicación de las fosas (fotos y coordenadas), el listado de los nombres de los muertos (en algunos casos), testimonios, documentación en archivos y las bibliografías.

«Muchos informes son muy completos y recogen detalladamente quienes murieron, pero no los que están en las fosas, para saberlo tendrían que abrirse», explica Fernando Martínez López, catedrático de Historia Contemporánea de Almería, quien ni siquiera se atreve a aventurar una aproximación. Las fuentes orales son muy valiosas, sin embargo, con los años la percepción va cambiando, lo mismo a la hora de contar los que cayeron como a la de localizar sus improvisadas tumbas. Esta es la razón de que la cifra de fosas comunes que apuntaron en principio las asociaciones -648 dijeron en 2007 y luego 630- haya ido decreciendo hasta el número exacto de 595, si bien podrían ser una menos si se descarta una dudosa en Berja (Almería). También otro matiz. «Se tiende a confundir los enterramientos con las fosas. Los primeros tienen nombre y están identificados, aunque sus moradores fueran asesinados, las segundas contienen cuerpos anónimos apilados de cualquier manera», explica Martínez López.

El historiador se detiene, no obstante, en el número general de víctimas (48.480) que, como no está completo, se trabaja con la proyección de que superará las 50.000. Los ejecutados en zona republicana fueron 8.143.

Bucear en la investigación de las fosas es adentrarse en miles de historias (tantas como vidas segadas) que se entrecruzan hasta componer un trágico enrejado de dolor y desconsuelo. Como la de Encarnita Magaña, fusilada en 1942 con tan sólo 20 años. Martínez López cuenta que su cadáver recibió el caballeroso privilegio de ser arrojado el último a una zanja en la que se amontonaban siete hombres para que una mujer no estuviera debajo de tantos cuerpos masculinos. Una galantería póstuma cargada de sarcasmo si se tiene en cuenta la futilidad de su delito: participar en la distribución del llamado parte inglés, noticiero de la BBC que informaba de la Segunda Guerra Mundial. Sobre la cavidad en la que fueron enterrados la joven y sus siete compañeros, en el cementerio de Almería, se construyeron después nichos, y sus restos quedaron allí, inaccesibles, sin otra distinción que el recuerdo de la matanza y ahora el relato de los historiadores.

Este destino lo comparten otras muchas fosas ubicadas en cementerios (la mayoría). Es el caso de La Puebla de Cazalla (Sevilla), donde la exhumación se interrumpió y está incompleta al descubrirse que encima de más de la mitad de los cadáveres se han levantado nichos y osarios.

La Junta ha iniciado ya el protocolo de exhumación de las 17 mujeres de Guillena (Sevilla), expuestas a la vergüenza pública de desfilar rapadas y bajo los humillantes efectos del aceite de ricino. Eran las esposas de miembros de la CNT huidos a los que las tropas rebeldes no pudieron detener, y en su lugar ellas sufrieron el infortunio reservado a sus maridos: las montaron en un camión, las condujeron a la vecina Gerena y las mataron. Están enterradas allí, se cree que en el cementerio. En una primera fase se harán catas arqueológicas para saber si hay nichos encima.

Juan Gallo, comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, incide en la importancia de tantear antes de montar la excavación. En la mente de todos está lo ocurrido con la fosa de Federico García Lorca: aunque la investigación histórica señaló un lugar allí nunca se enterró a nadie.

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/595/inventario/

oficial/fosas/elpepiespand/20100208elpand_2/Tes