A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA

Exposición [Todos…los Nombres]

02. TLN: base de datos sobre la represión franquista

El proyecto Todos (…) los Nombres_ es una iniciativa de la Confederación General del Trabajo de Andalucía (CGT-A) y la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA) que pretende dar repuesta a la creciente demanda social de información sobre las personas (hombres, mujeres, niños y ancianos) que fueron represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El 14 de abril de 2006 se inauguró la página http://www.todoslosnombres.org, que permite acceder a una base de datos de víctimas de la represión. Desde entonces no se ha cesado de incorporar información sobre víctimas de la represión en sus diversas facetas: asesinatos, consejos de guerra, exilio, encarcelamiento, trabajo esclavo, incautaciones de bienes, guerrilla, responsabilidades políticas, depuración laboral, encausados por el TOP… Las principales fuentes –en términos cuantitativos– de las que se alimenta la base son el vaciado de la bibliografía y trabajos inéditos aportados por los numerosos investigadores que son colaboradores del proyecto. A partir de aquí se genera un proceso interactivo con familiares y otros usuarios de la Web, que mediante el formulario de contacto y el correo-e inician un diálogo con el equipo técnico y demás colaboradores. Este provechoso intercambio permite suministrar la información solicitada, pero también aportar nuevos datos completando los existentes, corregir errores o abrir nuevos registros.

Los resultados obtenidos acreditan la solidez del proyecto. En 2008 Todos (…) los nombres_ aportó datos de 22.000 víctimas mortales de la represión, resultado del trabajo de más de doscientos colaboradores, al sumario abierto por la Audiencia Nacional sobre desapariciones forzosas durante el franquismo. Y a finales de 2009 la base contaba con más de 51.000 registros de todas las modalidades represivas.

03. Todos los nombres: contenidos

Aún queda camino por recorrer. El gran censo de víctimas continuará creciendo, cuantitativa y cualitativamente, a medida que se vaya avanzando en el conocimiento de la represión franquista, se vaya completando la investigación de comarcas y localidades que aún no han sido estudiadas, o se tenga acceso a nuevas fuentes de información.

Todos (…) los Nombres_ nació como un proyecto de ámbito andaluz: andaluces represaliados dentro y fuera de Andalucía, pero también personas represaliadas en territorio andaluz, cualquiera que fuese su origen. La creciente oferta y demanda de información sobre víctimas no vinculadas a Andalucía plantearon la conveniencia de ampliar el ámbito geográfico y se dieron los primeros pasos al incorporar a las víctimas de Badajoz, Ceuta y Norte de África. Paralelamente han ido surgiendo iniciativas similares en otras comunidades autónomas y el gran reto de futuro es avanzar hacia la creación de una base de datos única de ámbito estatal o, cuanto menos, el establecimiento de una coordinación y protocolos de trabajo comunes e interactividad.

Además de la base de datos, que constituye el núcleo del proyecto, la Web ofrece una variada gama de contenidos complementarios. Hasta finales de 2009 se han publicado:

394 microbiografías, firmadas por familiares y por especialistas de diversas disciplinas (historiadores, antropólogos, periodistas…) que reconstruyen la trayectoria vital y el historial represivo de las víctimas;

1.469 noticias han informado puntualmente sobre acontecimientos y actividades;

85 investigaciones y 251 documentos referentes a fosas y exhumaciones, historia oral y testimonios, archivos y registros, normativa y otros contenidos de interés para el movimiento social por la Recuperación de la Memoria Histórica.

04. El genocidio franquista

Los sublevados desencadenaron a partir del 18 de julio de 1936 un sangriento proceso de represión contra sus adversarios políticos e ideológicos. Un verdadero plan de exterminio que adquirió proporciones de genocidio y causó al menos 129.472 víctimas mortales. De ellas, 45.824 corresponden a las provincias andaluzas, 7.603 a Badajoz y 768 a Ceuta, Melilla y el Protectorado de España en Marruecos.

La primera etapa de la represión, la del terror caliente que se inició el mismo día del golpe, no fue –contra lo que tantas veces se ha dicho– una matanza protagonizada por bandas incontroladas de falangistas. Al contrario, esta represión inicial al amparo de los bandos declaratorios del estado de guerra, era minuciosamente controlada en cada municipio y provincia por los comandantes militares y delegados de Orden Público. Durante esa primera fase, que se prolongó hasta marzo de 1937, perdió la vida la mayor parte de las víctimas del suroeste. Lo ejemplifica la provincia de Huelva, donde 5.633 hombres y mujeres fueron asesinados por aplicación del bando de guerra, frente a los sólo 386 condenados a muerte en consejo de guerra. La mayor parte fueron enterrados en fosas comunes en cementerios, cunetas y descampados. Casi ninguno se inscribió en el Registro Civil. Algunos se registraron durante la posguerra y primeros años de la democracia, pero se estima que son dos tercios los que nunca lo hicieron. Han transcurrido más de setenta años desde que fueron asesinados y legalmente siguen siendo meros desaparecidos, incluso cuando sus restos han sido exhumados, mientras la actual ley del Registro Civil impide o dificulta su inscripción.

05. Consejos de guerra: la justicia al revés

Los sublevados utilizaron la Justicia Militar como mecanismo de represión desde el mismo 18 de julio, encausando por rebelión militar o agresión a fuerza armada a quienes se enfrentaron a ellos. Sin embargo, en el verano de 1936 lo común fue que los civiles fuesen eliminados por aplicación del bando de guerra antes de terminar la instrucción sumarial o celebrar un juicio. La excepción fueron unos pocos expedientes abiertos contra personal militar y de institutos armados.

En marzo 1937 los tribunales militares se emplearon a fondo en la recién ocupada ciudad de Málaga, donde causaron una verdadera sangría que se prolongó durante toda la guerra y en la posguerra. En las provincias occidentales fueron detenidos y encausados los izquierdistas huidos que regresaron de la provincia de Málaga y también fueron juzgados algunos ciudadanos que habían sobrevivido a la represión del verano de 1936.

Una nueva oleada de consejos de guerra se produjo cuando en 1939 se derrumbaron los frentes y retornaron los evadidos que aún estaban dispersos, en calidad de refugiados o encuadrados en las unidades del ejército republicano. En algunas zonas de Jaén, Córdoba y, principalmente, en la provincia de Almería, a las que no alcanzó la represión inicial de 1936, fue el aparato judicial militar quien tuvo todo el protagonismo del proceso represivo.

En todos los casos y circunstancias los tribunales militares actuaron desde la premisa de la justicia al revés: eran los rebeldes quienes acusaban, juzgaban y condenaban por delito de rebelión militar a quienes se opusieron o no secundaron la rebelión que ellos protagonizaron en julio de 1936.

06. Cárceles y campos de concentración

Cárceles municipales, comisarías, cuarteles de Falange, cualquier edificio más o menos grande, e incluso barcos, fueron antesala de la muerte y de la desaparición de miles de personas durante el verano y otoño de 1936. Se fueron vaciando a medida que unos iban siendo eliminados y otros eran excarcelados tras semanas o meses de privación de libertad. Volvieron a llenarse cuando se ocupó Málaga (1937) y fueron regresando las primeras oleadas de huidos. Entonces comenzaron a actuar sistemáticamente los tribunales militares, imponiendo penas frecuentes de 20 y 30 años de cárcel. Se saturaron, por tercera vez, cuando en 1939 regresó la nueva avalancha de evadidos desde las últimas provincias libres.

Antes habían estado detenidos en campos de concentración y clasificación de prisioneros desde donde se pidieron informes sobre sus antecedentes a las autoridades de sus localidades de origen. Permanecieron en los depósitos municipales mientras los juzgados militares instruían los sumarios por rebelión militar y fueron pasando a otros centros de reclusión una vez concluidos: cárceles, colonias penitenciarias…

Los presos andaluces recorrieron estos centros de dentro y fuera de la región. Frecuentes cambios de destino que buscaban alejar al preso de su familia y sumar a las malas condiciones carcelarias el desarraigo afectivo y las ayudas que éstas pudieran facilitarles. El denominado turismo penitenciario los llevó por cárceles distantes y mortíferas como las de Burgos, El Dueso (Cantabria), la Isla de San Simón (Galicia), o el Fuerte de San Cristóbal (Navarra). La alta morbosidad registrada en estas fechas también en cárceles andaluzas, como el Penal de El Puerto de Santa María –cuya población reclusa era mayoritariamente de fuera de la región– o la Prisión de Sevilla (Ranilla), son un indicador de sus pésima condiciones de vida, higiénicas y alimenticias.

07. El trabajo esclavo

No bastó quitarles la libertad. También los esclavizaron. Los sublevados no tardaron en descubrir que los presos rojos eran más rentables empleados como mano de obra barata o gratuita que manteniéndolos encerrados y cruzados de brazos en una celda. Empezaron obligándolos a realizar tareas de poca envergadura, como pequeñas obras o la limpieza de vías públicas, y terminaron creando un complejo entramado institucional y burocrático que gestionó la explotación económica de millares de presos.

La primera forma de encuadramiento de los vencidos fueron los Batallones de Trabajadores. Se emplearon primero en obras de carácter militar y, a partir del verano de 1937, cuando nació la Inspección de Campos de Concentración y Prisioneros de Guerra, en obras públicas y privadas consideradas necesarias. En 1938 había casi un centenar de batallones, y los destinados a Andalucía se dedicaban a trabajos que iban desde las fortificaciones e industrias militares hasta labores agrícolas, minería o la reconstrucción de iglesias y conventos.

El gran negocio del que se beneficiaron el Estado y las empresas fue el sistema de Redención de Penas por el Trabajo, que permitía a los reos reducir tiempo de condena por días de trabajo. A cambio, recibían un salario muy inferior al de los trabajadores libres y del que además se descontaban los gastos de alimentación.

El Patronato de Redención de Penas por el Trabajo y el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas gestionaron el trabajo de decenas de miles de presos políticos. En Andalucía su obra de mayor envergadura fue una infraestructura hidráulica de 159 Km., el conocido como Canal de los Presos, que permitiría transformar en regadío unas 80.000 has. del Bajo Guadalquivir.

08. Represión laboral

Los golpistas se deshicieron rápidamente del personal al que consideraban desafecto en las diferentes administraciones. Empleados de ayuntamientos, diputaciones y ministerios y otros organismos, gobernados por el Frente Popular, perdieron sus puestos de trabajo, desde las limpiadoras hasta el personal de oficina. Una represión que afectó incluso a empleados jubilados a quienes se negó el derecho a continuar percibiendo sus pensiones.

Por si aquella primera limpieza del verano de 1936 no fue suficiente, en puertas del final de las operaciones militares, la Orden de 12 marzo 1939 dispuso que se incoasen expedientes de depuración a todos los empleados de las corporaciones locales, cualquiera que fuese la fecha en que accedieron a sus empleos. Se abrió así un minucioso proceso de depuración en el que fueron investigados hasta los camisas viejas que ocuparon los puestos de la administración después del 18 de julio. Los colegios oficiales de médicos, abogados, arquitectos y otras profesiones liberales también investigaron a sus colegiados, que podían ser sancionados con la prohibición de ejercer. De todos los colectivos laborales depurados el mejor conocido es el de los docentes. Se crearon comisiones depuradoras para cada uno de los niveles educativos –instrucción primaria, institutos y universidades– que castigaron a quienes se identificaron con el proyecto de renovación educativa que impulsó la II República. Las sanciones iban desde el traslado de centro hasta la separación definitiva de la función docente.

Está bien documentada la depuración de los empleados de correos y del sector ferroviario. De los miles de obreros que perdieron sus trabajos en fábricas, campos y talleres apenas hay datos que permitan hacer un balance. Pero hubo sectores que quedaron muy diezmados por la falta de personal especializado (como la minería). El primer éxodo del campo a la ciudad se dio en la década de los 40 como consecuencia de la negativa a contratar a campesinos y jornaleros rojos.

09. Represión económica e incautación de bienes

Los rojos no perdieron sólo la vida o la libertad, también sus bienes. Se han conservado imágenes de sus viviendas con los muebles arrojados por las ventanas y amontonados en la calle. También se recuerdan los camiones que regresaban del frente cargados de botín de guerra y los improvisados mercadillos en donde las tropas moras vendían el fruto del pillaje. «Se llevaron todo lo que teníamos, hasta la bombilla», recuerda una víctima de ese expolio.

En el medio rural, las bandas de falangistas recorrieron las casas de campo incautándose de cosechas y ganados. Los abusos iban desde la insignificante consumición del café que las patrullas fascistas se negaban a abonar en el bar donde hacían un alto, hasta la invitación a contribuir en las cuestaciones patrióticas o la extorsión bajo amenaza de denuncia. Junto a los actos de pillaje y expolio, también hubo un mecanismo reglamentado por los golpistas para apropiarse de los bienes de quienes se identificaron con el Frente Popular o se opusieron al golpe militar. En Andalucía Queipo de Llano dictó el 11 de septiembre de 1936 un bando que regulaba el proceso de incautación en el territorio de la 2ª División y, a nivel nacional, la Junta Técnica del Estado creó el 10 de enero de 1937 la Comisión Central de Incautaciones. Subordinadas a ésta estaban las comisiones provinciales, presididas por los gobernadores civiles, que instruyeron los expedientes de incautación contra personas y organizaciones políticas y sindicales.

De este expolio se benefició el nuevo Estado y también sirvió para compensar a gente del régimen por los servicios prestados. Salvo contados casos particulares y el de las organizaciones sindicales y políticas, este capítulo de la represión apenas ha sido objeto de atención, y mucho menos de justicia y reparación.

10. Exilio y deportación

Millares de andaluces iniciaron el largo camino hacia el exilio en el mismo verano de 1936: gaditanos que buscaron refugio en Gibraltar y Marruecos, almerienses y granadinos en Argelia, onubenses y extremeños por la frontera portuguesa, y toda clase de gente que, sin vislumbrar aún que tres años después tendría que abandonar el país, tuvieron que salir de sus pueblos atemorizados por el avance de las columnas rebeldes. Tras recorrer el centro y este peninsular acabaron embarcándose rumbo a una nación extraña o, los más, cruzando los Pirineos: ya a finales de 1938 residían en Francia 45.000 refugiados, y en enero-febrero de 1939 llegó una nueva oleada de 465.000, que fueron internados en campos de refugiados. En pocos meses se puso en marcha una política de reintegración y, también, comenzó a organizarse la evacuación, a través de la Junta de Auxilio a Republicanos Españoles y del Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles, a países latinoamericanos (Méjico, Chile, República Dominicana, etc.). Se ha estudiado a fondo el exilio de las élites políticas y culturales de la República que tanto aportaron a sus países de acogida, pero falta conocer quiénes eran, con nombres y apellidos y su trayectoria vital, el grueso del exilio americano.

Los exiliados que permanecieron en Francia fueron movilizados e integrados en Compañías de Trabajadores Extranjeros, y fueron presa fácil para el invasor alemán. Huyeron del fascismo español y cayeron en las garras del europeo. Los deportados al campo de exterminio de Mauthausen constituyen, hasta el día de hoy, el colectivo mejor conocido: 282 extremeños y 1.494 andaluces deportados, de quienes sólo sobrevivió una tercera parte.

11. Ley de Responsabilidades Políticas

La ley de 9 de febrero de 1939 creo la Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas, que nació con el propósito de continuar el proceso de represión económica que ya se había iniciado en 1936 y 1937 mediante la incautación de bienes. En sus artículos 10º y 15º establecía que todas las condenas conllevaban (salvo alguna excepción) una sanción económica y en caso de fallecimiento del condenado recaía en su familia la obligación de abonarla. Aparte de ésta, también sancionaba con penas restrictivas de la actividad (inhabilitación absoluta o especial) y de la libertad de residencia (extrañamiento, confinamiento, destierro).

Era una ley de carácter retroactivo que pretendía juzgar hechos anteriores a su promulgación, criminalizando actividades que no eran constitutivas de delito cuando se produjeron. Criminalizó a quienes se opusieron a la sublevación militar con actuaciones de cualquier tipo; a los dirigentes de los partidos y sindicatos que fueron ilegalizados por los rebeldes; a los candidatos y apoderados del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936; a los diputados, miembros del Gobierno y sus cargos de confianza, etcétera.

Para su aplicación se creó una estructura de sesenta Juzgados de Instrucción, dieciocho Tribunales Regionales y un Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas. A principios de 1941 se habían incoado más de 114.000 expedientes (25.520 en Andalucía) y a finales de ese mismo año se calculaba que la depuración de las responsabilidades podía alcanzar a un cuarto de millón de ciudadanos. El colapso del nuevo aparato burocrático fue tal que en 1942 fue necesario reformar la ley, suavizando los supuestos de responsabilidad y reestructurado la jurisdicción para agilizar la tramitación de los expedientes.

12. La guerrilla antifranquista

Centenares de personas que desde 1936 quedaron atrapadas en los territorios ocupados por los rebeldes, sin posibilidad de pasar a la zona republicana, prefirieron ocultarse o echarse al monte antes que entregarse. Pero el fenómeno de los huidos comenzó propiamente en 1939, en la primera posguerra. Cuando se derrumbaron los frentes, ante la atroz represión, una minoría decidió resistir con el monte como aliado y luego se les fueron agregando evadidos de las cárceles franquistas y toda clase de fugitivos.

Hubo una primera etapa de escasa organización y casi mera supervivencia, en la que ingenuamente se esperaba la caída del régimen por intervención de las democracias aliadas. A partir de 1944 –el año de la invasión del Valle de Arán– se entró en una fase de mayor organización, con estructura de apariencia militar, jerarquizada y más politizada, que seguía el modelo de la resistencia francesa. En ese proceso fue decisiva la incorporación de exiliados que imprimieron a los huidos autóctonos los métodos europeos de la resistencia antifascista. Se calcula que fueron más de 7.000 los huidos y guerrilleros durante la primera década de posguerra. La mayoría eran comunistas, pero también hubo una guerrilla socialista y libertaria.

Inicialmente los combatieron fuerzas del ejército, pero a partir de 1941 fueron las contrapartidas mixtas de guardias civiles y paisanos quienes los acosaron con métodos de “guerra sucia”, especialmente brutales a partir de 1946. Delaciones, recompensas, torturas, castigos a los familiares y aplicaciones de la ley de fugas fueron los procedimientos con los que diezmaron a las partidas y a sus enlaces y apoyos sociales en el llano. La mayor parte fue aniquilada o consiguió ser evacuada del país durante los primeros años cincuenta.

13. Del Tribunal de Orden Público a la Transición

Dos décadas después de la guerra, los delitos políticos continuaban siendo juzgados por tribunales castrenses. Eso resultaba impresentable ante la Europa Comunitaria y el régimen creyó conveniente gestionar la represión de la disidencia política mediante una jurisdicción no militarizada. La ley de 2 de diciembre de 1963 instauró un Juzgado y un Tribunal (TOP) con sede en Madrid con competencia para conocer en todo el territorio nacional los delitos singularizados por la tendencia en mayor o menor gravedad a subvertir los principios básicos del Estado, perturbar el orden público o sembrar la zozobra en el la conciencia nacional. Persiguieron los delitos tipificados por la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940 y por la Ley de Orden Público de 1959. Hasta su extinción en 1977, se instruyeron 22.600 procedimientos y el TOP dictó 3.889 sentencias en las que fueron juzgados más de 9.000 procesados. El 75% fueron condenados con penas de cárcel o sanciones económicas y los grupos socio-profesionales más afectados fueron los obreros (49%), estudiantes (22%) y administrativos (11%). Gran parte de los andaluces procesados no residían enla región cuando fueron encausados por el TOP, sino en Madrid, Cataluña y otros territorios receptores de inmigrantes en los que desarrollaban su actividad profesional y sociopolítica.

Mientras el sector del franquismo más proclive al reformismo democrático dirigía el proceso de transición política, los cuerpos de seguridad del Estado continuaron actuando con los métodos brutales que caracterizaron la etapa final de la dictadura. La represión de manifestaciones, protestas y conflictos políticos y socio-laborales aún causó varias decenas de muertes después del fallecimiento del general Franco

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