Rocío Gómez Fernández-Blanco 2/10/2009
La letra pequeña de la Memoria Histórica
En julio el Gobierno pospuso hasta diciembre la decisión sobre la subvención solicitada para realizar una exhumación en la localidad de Cetina. Los motivos, la complejidad y el alto numero de solicitudes. La telaraña burocrática añade meses a una espera que dura 70 años y que podría acabar si el estado asumiese la exhumación de fosas.
Zaragoza.- La Asociación para la Recuperación e Investigación Contra el Olvido, Arico, aguardará hasta diciembre la decisión sobre la subvención solicitada para llevar a cabo una exhumación en la localidad zaragozana de Cetina. La resolución, prevista para julio, se pospuso por la “complejidad” de su tramitación y el “alto número de solicitudes recibidas” según el BOE. Arico cuenta con un borrador favorable pero, hasta que no sea oficial, el Gobierno de Aragón no concederá los permisos necesarios para iniciar el trabajo. Los familiares esperan poder enterrar a los suyos setenta años después de la guerra; para muchos, esperar más puede significar no ver acabado el proceso.
La Guerra Civil y la posterior represión que llevaron a cabo los vencedores bajo el amparo del Gobierno franquista dejó un reguero de muchos miles de muertos en España, los datos bailan en función de los historiadores. Y el censo de la época, prácticamente inexistente, dificulta la precisión, pero los muertos siempre son demasiados. Muchos de ellos desaparecieron, no consta dónde, cuándo ni por qué los mataron.
Amnistía Internacional acusa al Gobierno de incumplir sus obligaciones en cuanto a la recuperación de verdad, reparación de los derechos humanos vulnerados y justicia para las víctimas. Pese a que la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, apoya y financia la investigación para esclarecer estas desapariciones forzadas, dos años después AI considera que el Gobierno “no ha desarrollado protocolos de procedimiento ni un proceso de localización de fosas”. Excepto en Cataluña, donde recientemente se ha aprobado una reforma conocida como Ley de Fosas, según la cual, la Generalitat intervendrá directamente en las fosas de las que tenga constancia sin necesidad de que sea solicitado por las familias de las víctimas para promover su señalización y dignificación. Más de sesenta asociaciones pidieron en julio una reforma para desarrollar la ley en este sentido a nivel nacional. La reforma fue rechazada por el voto conjunto del PSOE y el PP. El Tribunal Europeo de Derechos humanos considera que la ausencia de búsqueda oficial de los desaparecidos supone un trato cruel e inhumano con las víctimas, en este caso, las familias.
José y su hijo en la finca de la Torca, Cetina
Amnistía Internacional acusa al Gobierno de incumplir sus obligaciones en cuanto a la recuperación de verdad, reparación de los derechos humanos vulnerados y justicia para las víctimas. Pese a que la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, apoya y financia la investigación para esclarecer estas desapariciones forzadas, dos años después AI considera que el Gobierno “no ha desarrollado protocolos de procedimiento ni un proceso de localización de fosas”. Excepto en Cataluña, donde recientemente se ha aprobado una reforma conocida como Ley de Fosas, según la cual, la Generalitat intervendrá directamente en las fosas de las que tenga constancia sin necesidad de que sea solicitado por las familias de las víctimas para promover su señalización y dignificación. Más de sesenta asociaciones pidieron en julio una reforma para desarrollar la ley en este sentido a nivel nacional. La reforma fue rechazada por el voto conjunto del PSOE y el PP. El Tribunal Europeo de Derechos humanos considera que la ausencia de búsqueda oficial de los desaparecidos supone un trato cruel e inhumano con las víctimas, en este caso, las familias.
En materia de justicia, el juez Garzón abrió una causa para investigar 114.266 casos estimados de desaparecidos. La Fiscalía recurrió solicitando la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 prevista para todos los delitos con componentes políticos cometidos hasta ese año. Asimismo alegó que los presuntos delitos, considerados comunes, habrían prescrito. En este sentido el Comité de Derechos Humanos de la ONU se ha mostrado preocupado por la vigencia de esta ley y ha recalcado que los delitos de lesa humanidad no prescriben.
Mientras el tema se enreda entre bandos que parecen continuar la batalla en el plano jurídico-administrativo, el arduo trabajo de “recuperar la verdad” queda en manos de asociaciones, familiares de las víctimas y voluntarios.
José Nieto tenía 15 años cuando ocurrió
Una aguja en un pajar
Nacho Moreno y Ana Calahorra se conocieron en medio de este caos, ambos buscaban información en un foro de Internet sobre la represión franquista en la zona de Calatayud.
Nacho es historiador y Ana empezó a buscar a su abuelo hace tres o cuatro años, cuando al perder a su padre y a su abuela sintió la necesidad de encontrar sus raíces. “A ellos podía llevarles flores”, cuenta, “pero mi abuelo, no sé dónde está”. Este sentimiento es compartido por aquellos que no han podido velar a los suyos, que han visto negado su derecho a guardarles luto.
Nacho investigaba en la zona porque está realizando su tesina sobre la represión vivida en Calatayud, y así conoció a José Nieto.
En 1936, José tenía 15 años y recuerda la guerra “trabajando mucho”. José araba las tierras que su padre tenía en Cetina, entre las que se encontraba la finca de la Torca donde aquel año, “a finales de octubre o principios de noviembre” fusilaron a doce hombres, “dicen que los traían de Torrijo”. Todos en Cetina lo sabían, “algunas mujeres oyeron los disparos desde el pueblo”, pero el secretario de entonces “aconsejó” al padre de José que sembrara sus tierras como si nada hubiera ocurrido. España vivía los días más tristes de su historia.
Setenta años después del fin de aquella guerra, miles de personas continúan enterradas en los campos, cunetas y fosas comunes, localizadas o no. Diversas asociaciones se ocupan desde hace años de investigar, recopilar datos y biografías de las víctimas. Todavía hoy, a muchos supervivientes les cuesta hablar. Miguel Ángel Capapé, vicepresidente de Arico, reconoce que Nacho Moreno les puso sobre la pista de la fosa de Cetina y fue Ana quien “movió” la exhumación.
“Mi caso empieza con unas cartas que mi abuelo envió desde la cárcel. Las escondía en el cuello de las camisas que daban a las familias a lavar”. Ana se dedicó a buscar a estas familias partiendo de los nombres que aparecían en las cartas. “Cada familiar con el que hablaba me daba razón de otros a los que también les había ocurrido lo mismo. Y así nos íbamos viendo y hablando, rompiendo el silencio que habido durante 73 años. La gente se veía contenta de empezar a romper el silencio”
Poco a poco, Ana consiguió ir quebrando la desconfianza de la gente y el miedo a hablar. Hoy tienen una lista con más de 30 nombres. Doce de ellos estarán en Cetina. Otros, quizá se encuentren en el Barranco de la Bartolina, el fatídico punto en la carretera nacional que une Terrer y Calatayud donde puede haber miles de cuerpos. Allí mismo construyeron un vertedero removiendo las fosas y, a orillas de la carretera, un club de alterne. “Dignificar” el barranco es el siguiente objetivo de Arico, aunque ellos prefieren pensar en recuperar todos los restos que sea posible. Ana recalca que no se trata sólo de unos huesos, son el recuerdo de aquéllos que les fueron arrebatados y para ella “representan la lucha por la libertad”.
Miguel Ángel Capape es vicepresidente de ARICO
Una gota en un desierto
“Nuestra idea es hacer exhumaciones” cuenta Miguel Ángel Capapé cuando explica que Arico se creó al constatar la imposibilidad de que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica llegara a todas las fosas que hay en España.
Para exhumar cuentan con la ayuda de Luis Alvial, geofísico especializado en la prospección con georradar. El georradar realiza el trabajo previo a la exhumación para “verificar que existe un enterramiento en un punto determinado”.
El aparato lleva unas antenas que captan las señales dialéctricas que emite todo elemento en mayor o menor medida, “ya sea una cavidad, un animal o restos osteológicos”. Estas señales son procesadas obteniendo un mapa topográfico de la zona, un falso 3D cuyo posterior estudio mediante ordenadores desvelará ciertas “anomalías”. Gracias a una serie de parámetros, como puede ser el tamaño, “podemos leer” la tierra sin moverla. “Es una especie de tag nuclear, una resonancia, para que nos entendamos, una radiografía. Pero no tenemos que tocar el terreno por eso es fantástico para preservar el medio ambiente y para evitar que los arqueólogos o forenses realicen catas indiscriminadas”, explica Alvial que planea venir a Cetina a hacer una demostración.
En el caso de Cetina van sobre seguro gracias al trabajo previo de recopilación de datos y porque cuentan con José que señalará sobre el terreno dónde hicieron la fosa. Pero lo cierto es que cavar unos metros más allá puede suponer días de trabajo y, como reconoce Alvial, el georradar es caro, pero evita escavar sin garantías.
Luis se metió en esto “por amor a la historia” y “por echar una mano” pese a considerarlo obligación del Estado, “me voy al aspecto material, la gente mayor que conoce la zona, está muriendo por ley de vida y nuestro trabajo es una gota en un desierto”.
Su abuelo también murió en la guerra, pertenecía al bando nacional, pero Alvial considera que no se trata de una cuestión de bandos y lamenta que, precisamente el hecho de que las exhumaciones dependan de las peticiones familiares, hace que nos olvidemos de “todos los caídos” que nadie reclama.
El georradar ayuda a verificar la presencia de restos osteológicos antes de la excavación (Imagen cedida por L. Alvial)
Arqueología y antropología forense
La antropología forense es la especialidad que se ocupa de determinar las causas de la muerte, nos explica Javier Ortiz que como arqueólogo y forense, ha participado en 59 exhumaciones a lo largo de ocho años y reconoce que el tema le ha “defraudado”, ha llegado a sentirse utilizado, porque es un tema demasiado “politizado”. Para él se trata de nuestra historia “es arqueología, es antropología y tiene que estar en manos de los profesionales, no de cualquiera, aunque funcionen con el corazón”, pero no sólo eso, porque no se trata de “arqueología clásica” están en juego los sentimientos de los familiares, “para ellos es un sueño y no se puede jugar con eso”.
Reconoce que sigue exhumando es “por la amistad” que le une con Arico, con quienes ha participado en otras exhumaciones aragonesas como la de Aluenda, Arándiga o Illueca; y porque “cuando estás en tu casa y te llama una persona que se agarra a ti como última esperanza” se crea un “compromiso moral” difícil de eludir. “Siempre que es viable, lo intentamos”.
Ortiz pone como ejemplo de profesionalidad el caso de Argentina, con cuyo Equipo de Antropología Forense trabaja en la formación de un banco de ADN. Realizar este banco en España es otro de los sueños de Arico, tener las muestras para cuando se vayan haciendo las exhumaciones. Para el arqueólogo, el Gobierno español debería “controlar más” el proceso. “Antes de estar en el Gobierno, el PSOE metió mucha caña pero fue electoralista. Se ha dedicado a dar dinero y sin embargo no ha controlado el tema, la profesionalidad, el buen hacer. La DGA ha hecho muy bien en confeccionar un protocolo, que no vaya cualquiera a exhumar fosas de cualquier forma. Sirve de modelo para otras comunidades. También el protocolo catalán es bueno”.
En este sentido, Ortiz defiende el “escrupuloso” trabajo llevado a cabo por la Sociedad Aranzadi, dirigida por Francisco Etxebarría con quien trabaja desde que empezó. A su laboratorio en Bilbao llegan los restos y allí se lleva a cabo el delicado trabajo de reconstruir qué pasó.
Para estos desaparecidos no hubo juicio previo ni condena oficial. “Se pusieron denuncias, en el archivo encontramos responsabilidades civiles pero fueron posteriores a la ejecución. Básicamente se hacía para quitarles lo poco que tenían las familias, las tierras, la casa; había gente a la que le quitaban las sillas, las mesas, mil pesetas…”cuenta el vicepresidente de Arico.
En el artículo cuatro, la Ley de Memoria Histórica contempla el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes “durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa”. El Ministro de Justicia español asegura que se están ocupando de ello respetando la intimidad de los familiares. Ana Calahorra lo ha pedido en la ARMH de Barcelona; allí, todavía no se ha dado el caso de nadie que lo haya recibido, pero esperan.
Memoria viva
Recopilar datos es una larga tarea, pero el momento de la exhumación es el más duro. Por ello, a pie de fosa, Arico cuenta con el apoyo de Psicólogos Sin Fronteras, cuya presencia consuela a los familiares. “Ahí están como en una burbuja, se desahogan con ellos, les cuentan por todo lo que han pasado”. Después debe sentirse un alivio “enorme”, confía Ana.
La sociedad Aranzadi se encarga de entrevistar in situ a los familiares que se prestan, llevando a cabo una valiosa recopilación de los últimos testimonios vivos que relatan lo que pasó hace más de 70 años. Javier Ortiz asegura que “se está trabajando contrarreloj. Es una parte de la historia de este país que hay que recuperar, son testimonios orales y el día que esa persona muera perderemos una parte de la historia”.
Dentro de un tiempo, cuando las rencillas y restos de odio no nublen nuestra mirada, este relato de los hechos será una parte valiosa del puzzle de la historia. Los restos y los documentos también hablarán. Y, al margen de bandos, de héroes o villanos; la búsqueda de la verdad, o de acercarse lo máximo posible a ella, parece una labor legítima.
Asesinatos perpetrados en nombre de la ideología o la mezquindad del hombre. Tropas republicanas ejecutadas por sus propios mandos, sacerdotes, campesinos, obreros y maestros fusilados sin juicio previo. Una guerra entre hermanos. Muertos cuyo recuerdo late bajo el país que somos. Un duelo que hay que afrontar para que termine.
José Nieto es el dueño de la finca donde en 1936 fusilaron y enterraron a 12 personas
http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=66422&secid=9
A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA 