A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA

Aragón ha realizado más de 200 exhumaciones en cuatro años

Las asociaciones piden que la DGA busque los restos «de oficio».El ministerio subvenciona los trabajos hasta con 60.000 euros.

02/08/2009 MARTA FRANCO

En Aragón se han llevado a cabo 204 exhumaciones, en los años 2005, 2007, 2008 y 2009, de personas fallecidas durante la Guerra Civil o la dictadura. Se trata de 94 casos en Zaragoza, 66 en Teruel y 44 en Huesca, según datos del Gobierno de Aragón, a las que se suman las actuaciones anteriores. Pero quedan muchos más. De momento, estas intervenciones dependen de las familias de los desaparecidos que, en asociaciones, presentan proyectos para recuperar los cuerpos.

Las exhumaciones en la comunidad dependen de la ley de Patrimonio Cultural Aragonés, ya que los vestigios de las fosas de la Guerra Civil son considerados como restos arqueológicos, y deben ser tratados como tales. Abrir un terreno y recuperar los cuerpos es un largo proceso, en el que hay que tener en cuenta aspectos como la identificación con análisis de ADN o, en ocasiones, la restauración de los terrenos o la construcción de mausoleos. Todo ello conlleva unos gastos elevados. Paco Sánchez, presidente de la asociación Pozos de Caudé, indica que el coste de una excavación, en total, puede ascender a los 70.000 o 80.000 euros, una cifra que depende, en todo caso, de variantes como el número de personas enterradas o si el trabajo se lleva a cabo con la ayuda de voluntarios, como suele ser habitual para reducir gastos. Las subvenciones proceden del ministerio de Presidencia cubren trabajos hasta 60.000 euros –si bien la identificación puede ir aparte–, lo que resulta escaso en las fosas más grandes, como la de Magallón, donde se encontraron 80 personas.

BÚSQUEDA OFICIAL

Las asociaciones reclaman que las administraciones actúen «de oficio» para localizar las fosas y exhumar los restos de las personas enterradas en ellos. Este mismo mes, más de 60 colectivos vinculados a la recuperación de la memoria histórica presentaron un documento en el ministerio para reivindicar que la búsqueda e identificación de los «desaparecidos del franquismo» sea «oficial, efectiva e independiente», de modo que no corresponda a las propias familias iniciar estos procesos. «Es un manifiesto algo genérico, que pide reconocimiento, verdad y resarcimiento», explica Enrique Gómez, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA), uno de los más críticos con las carencias de la legislación.

Paco Sánchez, por su parte, recuerda que estas demandas «ya se plantearon cuando se hizo el proyecto de ley». Ahora, son las propias comunidades autónomas las que pueden adaptar la normativa en su territorio. Cataluña ha sido pionera en este sentido con la recientemente aprobada Ley 10/2009 sobre la localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, conocida popularmente como Ley de fosas, en la que se establece expresamente que la Generalitat «debe procurar localizar y, si procede, recuperar e identificar a las personas desaparecidas en campaña, en cautividad o de forma forzosa, durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, cuyo paradero se ignore», y que los gastos «correrán a cargo de la administración autonómica, sin perjuicio de la aportación de otras administraciones o instituciones».

En Aragón, los colectivos vinculados a la recuperación de la memoria histórica lamentan que las administraciones no solo no se hagan cargo de la búsqueda de manera sistemática, sino que encarezcan los costes y dificulten el trabajo al obligarles a tratar los cuerpos como restos arqueológicos. El programa Amarga Memoria, dependiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, trabaja en proyectos relacionados la investigación del período comprendido entre la proclamación de la II República española y la Transición, como jornadas o publicaciones, además de promover la localización de enterramientos, pero los familiares de las víctimas mantienen que, hoy por hoy, la localización de los restos es «una labor muy complicada». Otros colectivos, como la propia ARMHA, Pozos de Caudé o la Fundación Bernardo Aladrén, impulsada por UGT, también han promovido o promueven la creación de «mapas de fosas» en la comunidad, un trabajo largo porque la documentación es difícil de encontrar o inexistente y los testimonios pertenecen a personas mayores, ya fallecidas o, simplemente, que prefieren dejar atrás estos episodios.

La recuperación se lleva a cabo siguiendo criterios arqueológicos

Los vestigios de las fosas de personas fusiladas son considerados en Aragón como restos arqueológicos, por lo que deben atenerse a la ley de Patrimonio Cultural Aragonés y cumplir una serie de requisitos. Así, para llevar a cabo estos trabajos es necesario contar con un equipo técnico compuesto, al menos, de un arqueólogo director, otro forense y un técnico en conservación y restauración. En las solicitudes se debe adjuntar el currículum de estos profesionales, además del proyecto arqueológico y las medidas de protección y conservación de los restos. Salvo en situaciones excepcionales, que deben ser justificadas previamente ante Patrimonio, no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de medios mecánicos en la exhumación, «dada la sensibilidad de los restos», algo que complica las intervenciones. Además, es necesario especificar los estudios de identificación de los restos, con el lugar y la persona u organismo que los va a llevar a cabo, y el destino final. Una vez concluida la actuación, se debe entregar una memoria con el programa de los trabajos, su situación geográfica, los objetivos de la intervención, la metodología y las noticias históricas relacionadas con el proyecto, entre otras cuestiones.

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