A.R.I.C.O MEMORIA ARAGONESA

La Ley de Memoria Histórica, una norma necesaria pero insuficiente

Gaizka Palacios – publicado Hace 2 horas |

Esa es la opinión de las asociaciones, organismos y grupos que trabajan para esclarecer qué fue lo que ocurrió con los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura: «No se trata de abrir heridas, sino de cerrarlas. Es necesario esclarecer todo lo ocurrido y depurar responsabilidades para poder reparar a las víctimas».

La Ley de Memoria Histórica está compuesta de 22 artículos que buscan reconocer y ampliar derechos y establecer medidas a favor de quienes padecieron la persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Pero, ¿es esta ley suficiente?

Todas las asociaciones, organismos y grupos que trabajan para esclarecer qué fue lo que ocurrió con los desaparecidos coinciden, sin excepciones, en que la Ley de Memoria Histórica salió adelante porque era necesaria, pero que es insuficiente.

Paco Etxeberria, profesor de Medicina Forense en la UPV y actual presidente de la Sociedad de Ciencias de Aranzadi, explica que «a todas las víctimas, en general, del terrorismo, sean del franquismo, del Batallón Vasco-Español, del GAL o de ETA, se les deben reconocer tres derechos fundamentales que son el derecho a conocer la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación».

Sin embargo, critica que a las víctimas de la Guerra y la dictadura no se les reconocen esos tres pilares fundamentales, «ya que no tienen derecho a la justicia».

El número de víctimas civiles aún se discute, pero son muchos los que convienen en afirmar que la cifra se situaría entre 500.000 y 1.000.000 de personas. Muchas de estas muertes no fueron debidas a los combates, sino a las ejecuciones. «Durante la dictadura no se investigaron esas muertes, pero ¿por qué ocurre lo mismo en democracia?», se pregunta Etxeberria.

El presidente de Aranzadi cree que el primer error de fondo de la Ley de Memoria Histórica radica en que la propia comisión encargada de realizar el análisis del estado de la cuestión estuvo formada por personas que realizaron un insuficiente trabajo.

«Todos los partidos políticos salvo el Partido Popular (aunque sí algunos de sus miembros) reconocen que esta ley es insuficiente, que hay que hacer mucho más, pero cuando llega la hora de la verdad, cuando pueden aportar, los políticos se ciñen a las directrices de sus respectivas ejecutivas. Esto es, priorizan el partidismo a la justicia».

Sin embargo, cada vez son más las facultades de derecho y los juristas que se interesan por este tema, ya que hay mucho que investigar más allá de las muertes en combate y ejecuciones. «Hemos encontrado documentación de 55.000 vascos represaliados durante el franquismo por acontecimientos anteriores o durante la guerra y eso sólo según los datos que hay registrados; se dice pronto, pero es una barbaridad», subraya Etxeberria advirtiendo de la gravedad del asunto.

Garzón, ¿querer y no poder?

Las diferentes asociaciones de víctimas del franquismo no cesan en su empeño de que más pronto que tarde se haga justicia. Así, varias agrupaciones, entre ellas la Sociedad Aranzadi, acudieron a los juzgados de instrucciones locales pidiendo la tutela necesaria para llevar a cabo las exhumaciones. La respuesta que obtuvieron fue que investigar dichos sucesos no era de su competencia.

Ante esta negativa, decidieron llevar el caso a la Audiencia Nacional, con la esperanza de que Baltasar Garzón tomara cartas en el asunto. No en vano fue el juez que llegó a abrir diligencias a Augusto Pinochet por crímenes de guerra, torturas y asesinatos.

En octubre de 2008 Garzón accedió a investigar los crímenes ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional interpuso un recurso al considerar que el juez carecía de competencia. El recurso argumentaba que la investigación que pretendía abrir Garzón no constituía un asunto de «justicia universal», por lo que su investigación corresponde «a los juzgados de cada territorio».

La patata caliente vuelve así a los juzgados de instrucción locales, que insisten en que no es su competencia, por lo que los asesores jurídicos deberán trabajar para desbloquear esta situación. Hace algunos días, sin embargo, una juez de Benavente (Zamora) determinó identificar y exhumar los restos de un grupo de civiles que fueron ejecutados por falangistas y que desde 1936 yacen en una fosa común. Esta decisión puede crear precedente.

Cerrar heridas

Los dos objetivos principales de toda investigación deben ser esclarecer los hechos y depurar responsabilidades para poder reparar a las víctimas, aunque esto llegue tarde. Hay quienes señalan que con la apertura de diligencias judiciales se reabren heridas del pasado, pero no es así. El conocimiento de la verdad, la buena acción de la justicia y la reparación servirán para cerrar heridas y pasar esta página de la historia.

Etxeberria opina que detrás de todo esto está «el miedo» a investigar del Estado español, «porque si se llega hasta el final se acabaría implicando a partidos políticos y a su dejación en esta materia que nos ha llevado a la amnesia».

Por otro lado, la ley señala que las administraciones públicas facilitarán las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente. No obstante, acceder a archivos resulta una tarea complicada y en ocasiones imposible.

La responsable del Registro Civil de Gernika, por ejemplo, no permitió a los investigadores de Aranzadi el acceso a la documentación de la lista de fallecidos en el bombardeo de la localidad vizcaína, una actitud que Etxeberria califica como «preconstitucional» y «lamentable».

El caso llegó hasta el Congreso de los Diputados donde Josu Erkoreka (PNV) preguntó si era posible que un responsable de un archivo o registro pudiera denegar el acceso a documentos solicitados. La asesoría jurídica del Ministerio de Justicia analizó el caso y llegó a la conclusión de que un responsable no tiene poder para impedir el acceso a investigadores teniendo en cuenta los fines de dicha investigación.

¿Qué hacen los ayuntamientos?

La Ley de Memoria Histórica es insuficiente y al Gobierno español no le interesa ir más allá, según el presidente de Aranzadi. Pero, ¿qué pueden hacer las Juntas Generales y los ayuntamientos ante esta situación? «Pueden hacer mucho y sin coste económico alguno», responde Etxeberria.

El Ayuntamiento de Beasain, por ejemplo, convocó un acto de homenaje por las 18 personas que murieron durante el franquismo en la localidad guipuzcoana. «Fue un acto muy sencillo, en el que las familias de las víctimas recibieron un documento oficial con los nombres de los fallecidos. Fue un acto de reconocimiento, simple, pero las familias lo agradecieron muchísimo», subraya el presidente de Aranzadi.

A menudo, aquellos gestos que parecen más insignificantes son los que más llegan a las víctimas porque les hacen sentirse arropadas.

http://www.eitb.com/noticias/sociedad/detalle/181899/la-ley-memoria-historica-

norma-insuficiente/

Fosa común hallada en Iragorri (Oiartzun). Foto: EITB